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Recortes de Prensa   Sábado 12 Junio  2010

 

Doce soluciones a la crisis
Enrique de Diego El Semanal Digital 12 Junio 2010

Soluciones a la crisis, las hay. Y tendrían un efecto balsámico e inmediato. Lo difícil es llevarlas a la práctica, porque los partidos actuales se han enfangado en la democracia degenerativa basada en el expolio de las clases medias. Estas doce propuestas se contienen en mi libro El manifiesto de las clases medias:

1.Erradicación del totalitarismo educativo mediante la puesta inmediata del cheque escolar a las familias.

2.Prohibición legal de todo impuesto progresivo.

3.Abolición de toda penalización al derecho de herencia.

4.Supresión de la financiación estatal a partidos, sindicatos, patronales y cualquier otra organización social.

5.Supresión de toda subvención a fundaciones y las llamadas organizaciones no gubernamentales.

6.Supresión de toda subvención al cine y a cualquier actividad de las denominadas culturales.

7.Constitucionalización del equilibro cero, sin excepción, para cualquier institución política de ámbito local, regional o nacional.

8.Drástica reducción a la mitad del sector político y eliminación de cualquier privilegio de carácter funcionarial.

9.Privatización de las empresas estatales y persecución de los oligopolios.

10.Supresión de las ayudas a agricultura, pesca y ganadería.

11.Supresión de los trasvases de fondos de Gobierno a Gobierno: las ayudas denominadas de cooperación al desarrollo.

12.Eliminación del sistema de concesión administrativa en el ámbito de los medios de comunicación.

Erradicar el socialismo
Editorial www.gaceta.es 12 Junio 2010

Porque ésta es la crisis del socialismo lo que hay que erradicar, para salir de ella, es el socialismo, de izquierdas y de derechas, lo que hay de socialismo en nuestra sociedad, que es mucho, y lo que quede en nuestras mentes.

Zapatero sólo es la punta del iceberg, la reducción al absurdo, del gran problema que es el socialismo, la ideología más contraria a la condición humana que han visto los siglos, y que siempre ha conducido a la miseria de las sociedades.

El socialismo es el egoísmo, en la capacidad de vivir de los demás, en el resentimiento, en la disposición a saquear a los otros mediante patrañas del tipo de la redistribución de la riqueza, por la que algunos esperan vivir a base de que se robe legalmente a los demás. Los socialistas actuales han convertido el hurto legal en una costumbre y en un arte. No es despilfarro, es saqueo, pues ellos se enriquecen mientras empobrecen a los demás.
Hemos de pedir explicaciones a los socialistas, a cuantos votaron a Zapatero, a cuantos estuvieron dispuestos a instalarse en la cultura de lo gratis sobre el esfuerzo y el trabajo de los otros.

Hemos de conseguir que en el futuro las siglas PSOE sean pura historia, en que frases como las de que “quien más tiene, más ha de pagar” sean miradas como patentes de corso, expresadas por quienes están dispuestos a instalarse en la vagancia, a promover la pereza, a convertir el Estado en un pesebre y en una cueva de ladrones. El socialismo, en su última mutación, para preservar su inmundicia intelectual, se ha dedicado además a demoler los pilares de la civilización y de la sociedad, extendiendo la cultura de la muerte. Hemos de recuperar, pues, el sentido de familia, el respeto al derecho a la vida; una auténtica regeneración moral frente a la degeneración socialista.

Pero hemos de recuperar también esos valores de dignidad sin los que no hay civilización: el esfuerzo, el sacrificio, la laboriosidad, el amor al riesgo creativo, el altruismo que lleva a poner en marcha iniciativas para responder a las demandas de los consumidores. Y rechazar la reclamación a los más bajos instintos que hace el socialismo y que le conduce a generalizar la prebenda y el pesebre, a la irresponsabilidad, a la prodigalidad con el dinero de los demás, a establecer un Estado insostenible sobre falsas coartadas de supuesto contenido moral, que no son otra cosa que excusas para vivir del cuento y para ofrecer una seguridad que es pura falacia.

Es preciso erradicar cuanto antes el socialismo, intelectual y políticamente. Así saldremos de la crisis. Lo vamos a hacer.

Otrosí: victoria del liberalismo en Holanda con Mark Rutter y del liberalismo antiislámico con Geert Wilders.

La fe del converso
El hermano mayor de la cofradía del Santo Derroche se ha convertido en catecúmeno del ajuste duro
IGNACIO CAMACHO ABC 12 Junio 2010

DE la bendición papal, confirmada luego por ese santón laico que es Felipe González, parece haber salido Zapatero limpio de las culpas del socialproteccionismo y el déficit; en estado de gracia, que dice Berlusconi, para predicar con obras la buena nueva del reformismo. Como no hay fe más activa que la del converso, a la vuelta de la Santa Sede ha anunciado una reforma laboral que es la madre de todas las reformas, la recontrarreforma, el reformazo. El hombre que antes de ayer decía que estas medidas no creaban empleo ha preparado una que si no lo crea va a destruirlo. Despido a mitad de precio con miniERESen saldo, por pérdidas o reorganización empresarial: un coladero para la expulsión de trabajadores caros o con antigüedad excesiva. La caída paulina del caballo va a ser una anécdota al lado de esta conversión meteórica del antiguo paladín de los derechos sociales, el trueno de Rodiezmo, que ha oído en ultratumba la voz del dios de los mercados: Saulo, ¿por qué me persigues? De resultas de esa experiencia mística, el quijote rojo del puño en alto está a punto de pasar por la derecha, y con el turbo puesto, al más liberal de los liberales, al más manchesteriano de los capitalistas. Por favor, que alguien del Vaticano aclare que no ha sido Su Santidad el inductor de esta metamorfosis ideológica.

Como en el soneto quevedesco —«buscas a Roma en Roma, oh peregrino, y a Roma en Roma misma no la hallas»—, es imposible hallar a ZP en el propio Zapatero. El hermano mayor de la cofradía del Santo Derroche se ha transformado en un catecúmeno del ajuste duro, bañado en un misterioso jordán de pragmatismo. Cuando acabe con el mercado laboral irá a por la prolongación de las jubilaciones, y a este ritmo no sería extraño que acabe por proclamar que sobran funcionarios después de haber contratado a más de cien mil. Lo más asombroso es que no se le ha oído una mínima autocrítica, una leve confesión de errores o pecados, un atisbo de explicación de esta diametral voltereta. Ni siquiera se ha molestado en decir dónde ha oído las voces de su nuevo mandato ni en qué Sinaí le han dado las Tablas de la Ley, aunque todo el mundo sospecha que ha recibido instrucciones perentorias de Berlín y Washington, olimpos financieros donde moran los dioses de la deuda. No hay asomo de contrición política, tal como si todo lo visto hasta ahora, el despilfarro sistemático, la apoteosis de los subsidios, la liquidación del superávit con cheques y regalías, fuese cosa de otro, de algún antecesor irresponsable que le hubiera dejado la tesorería tiritando. La penitencia se la deja a los que creyeron en él.

No es lo mismo caerse del caballo que ser apeado a la fuerza del burro
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 12 Junio 2010

Zapatero no se ha caído del caballo, lo han apeado a la fuerza del burro, que no es lo mismo. No ha rectificado- nadie le ha oído una mínima autocrítica por sus errores pasados- sino que le han obligado a hacer lo contrario de lo que hacía y predicaba. El giro de 180 grados no lo exime de haber agravado, con su pertinaz e ilusoria huida de la realidad, y hasta extremos peligrosísimos para España, la crisis económica. Las medidas que ahora no tiene más remedio que tomar hubieran sido mucho menos dolorosas si se hubieran afrontado a tiempo. Su responsabilidad es mucha y no puede ser eximido de ella por su forzada conversión. Dicho lo cual, bienvenida sea la cordura, aunque sea a palos.

Sus exegetas, sus brazos de madera y las siempre dispuestas voces de su amo, defenderán, sin embargo, una cosa y la contraria. Que hizo todo bien antes y que lo está haciendo de maravilla ahora cuando lo que hace es exactamente lo opuesto a lo anterior. Pero por la misma razón tampoco puede criticarse su anterior ejecutoria y la que ahora empieza a tomar. Sería caer en el mismo error que se denuncia.

Puede ,eso también, señalarse su palmaria contradicción y que la improvisación y urgencia obligada, con que ahora ha de actuar, lleva a crueldades como la congelación de las pensiones que quizás hubiera sido posible evitar. Y que ha perdido un tiempo precioso que es particularmente notorio en la reforma laboral, porque quien estaba en el bunker con los sindicatos y además lo lideraba, era él mismo. El que ahora debe hacer a golpe de decreto lo que juro y perjuró no hacer jamás. Pero, sin duda, aunque sea tarde y no le quede más remedio, porque las tropas de la coalición alemano-francesa, con el apoyo del marine Obama, lo han sacado del bunker con lanzallamas, es mejor que lo haga.

En suma, que su prestigio, por los suelos, su credibilidad, socarrada y sus débitos a la sociedad española, son cosa suya y de la que deberá rendir cuentas ante las urnas, si es que llega, pero que haga de una vez lo que debe. Ahora bien, es demasiado pedir que encima se le aplauda, porque no es digno de palmas quien hace las cosas, a la fuerza, contra si mismo y obligado.

Cobardía y sectarismo hasta el hundimiento final.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12 Junio 2010

La cobardía de este Gobierno es evidente en sus actuaciones desquiciadas, erráticas y descoordinadas entre sus propios miembros. El Presidente Sr. Zapatero da una imagen de patetismo que ha quedado plasmada en la retina de todo el mundo ante el atril en la rueda de prensa donde le dejó solo el Sr. Berlusconi. Su sonrisa helada y su perplejidad ante la situación es el fiel reflejo de la falta de respeto y el desprecio que despierta el Sr. Zapatero, cuyas formas y demagogia le han desnudado ante los líderes mundiales. Porque él mismo es el primero en despreciar los protocolos y ejercer su sectarismo ideológico radical, como ya demostró en su visita al Papa.

Un Presidente que, lejos de enfrentarse a las situación de crisis, sigue intentando "parchear" con medidas improvisadas, insolidarias y anti sociales, esperando que sean otros los que le ayuden a salir del atolladero en que nos ha metido por su obstinación suicida de no haber querido reconocer la crisis por razones puramente electoralistas y partidistas. Una acitud hipócrita en la que llamaba anti patriotas a aquellos que le criticaban su pasividad y su sectaria forma de mantener el gasto y pagar favores a cambio de apoyos parlamentarios.

Y lo peor del caso es que se sigue en el camino de querer empobrecer a las clases medias de España y hacer que el capital y las inversiones huyan horrorizados ante la avalancha de subidas de impuestos. Ya se habla sin tapujos de hacer otra subida generalizada de impuestos ante el desplante del Sr. Rajoy que se niega a que en las CCAA donde gobierna el PP se siga la senda de las CCAA donde gobierna el PSOE con una discriminación de subidas de impuestos a sectores sociales determinados, esos que yo llamaba "nuevos ricos".

Tras el descalabro financiero, donde ya nadie quiere comprar deuda española, el Sr. Zapatero quiere obligar a la banca a asumir riegos inasumibles dedicando sus fondos a la compra obligada de esa deuda. Así, no quedan fondos para que esa banca pueda ser el motor financiero de las PyMES y de los empresarios asfixiados por la falta de financiación. Esto inducirá el cierre de esas PyMES y el incremento del paro hasta cifras descomunales. Por otro lado, no ha dudado en echar mano del fondo de garantía de las pensiones para comprar deuda pública, obviando que a pesar de tener unos intereses mayores, su riesgo de impago es muy alto.

España está en quiebra desde el pasado mes de mayo y la situación solo hace empeorar. Lo dicho por el Finantial Times no es solo una intuición o una especulación, sino el adelanto de lo que es una muerte anunciada de la economía española. Y es que, por mucho que se empeñe este Gobierno, no todos pueden estar equivocados en sus análisis. Hace tiempo que España es un lastre para todas las economías de la UE y la solución no es proveer de fondos para que este Gobierno despilfarrador siga gastando, sino obligar a que España abandone la zona euro y no los arrastre en su hundimiento.

Las reformas estructurales que necesita España pasan por un cambio del sistema político y la eliminación o limitación de las competencias autonómicas. La salida de la crisis viene por una disminución del gasto y la eliminación de duplicidades administrativas y gastos suntuarios no justificados. La sociedad española no puede soportar más presión impositiva sobre sus ya paupérrimas economías. El esfuerzo económico debe venir por quien se dedica a derrochar siguiendo como si no pasase nada y manteniendo sus privilegiados estatus y prebendas.

Los ciudadanos no pueden aceptar esta forma de gobernar más típica de regímenes dictatoriales o feudales. Los ciudadanos no pueden aceptar que su voto siga cautivo por un Gobierno y el partido que le sustenta en el poder, porque se ha demostrado que mintió para llegar al poder y negó la realidad de España. El Sr. Zapatero no debe mantenerse en el poder "como sea" y si tuviera dignidad y un mínimo de sentido de Estado, convocaría elecciones generales.

España, subordinada y fragmentada
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 12 Junio 2010

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha desvelado que en su reciente visita a Moncloa observó al presidente del Gobierno “preocupantemente delgado” y le notó “un deterioro físico importante”. Ambas percepciones son ciertas: la presión a la que está sometido Rodríguez Zapatero es intensa y constante y cada día más acusada por la irremediable constatación de que sus errores han sumido a España en una situación, por una parte, de subordinación respecto de los otrora socios europeos ante los que tenemos que superar “tres reválidas” (sic) en el mes de junio, y por otra, de fragmentación, porque las autonomías socialistas –de Andalucía a Baleares—, quebrando la unidad de mercado nacional y rompiendo el concepto de ciudanía, están tomando descoordinadamente medidas de ajuste y fiscales que desarbolan por completo la coherencia general del Estado.

Ya sabíamos en el año 2000 que al ingresar en la eurozona nuestro país, como los demás, perdían buena parte de su soberanía económica porque sus gobiernos quedaban desapoderados del gran instrumento de la política monetaria que pasaba a manos del Banco Central Europeo. Pero la situación era de igualdad y las reglas del club del euro imponían obligaciones paritarias en el pacto de sostenibilidad y crecimiento. En ese contexto, España fue labrándose la mejor reputación de todas las posibles: contuvo el paro en cifras razonables; se ajustó al déficit en el porcentaje establecido (3%); invirtió los fondos de cohesión y estructurales de manera modélica y, en apenas cuatro años, el país se convirtió en un emblema de buena administración y en socio distinguido de los países del euro. Eso fue con el Gobierno del Partido Popular. El quiebro del socialismo “antropológicamente optimista” de Zapatero en 2004, la expansión del gasto público en una política social alocada, el voluntarismo temerario al negar en 2007, primero, y hasta bien entrado 2008, después, la existencia de una crisis de grandes dimensiones y la demora soberbia en adoptar medidas paliativas y reformas estructurales, volatilizaron los activos intangibles y materiales de España en Europa hasta tal punto de que los padres fundadores de UE –Alemania y Francia— y las instancias de gobierno y financieras de la Unión, y hasta las mundiales, como el Fondo Monetario Internacional, nos han sometido a una tutela humillante.

Un país sometido a examen
Nuestra vicepresidenta económica debe pasarse periódicamente por Bruselas para someterse a examen. El ajuste del déficit ha sido una exigencia inaplazable de la UE; la reforma laboral, una instrucción igualmente perentoria requiriendo que sea “urgente y radical”, y estamos advertido de que debemos resolver en pocas semanas la reforma del sistema financiero –es decir, la de las Cajas de Ahorros— y de las pensiones, alargando la vida laboral y revisando los períodos de cotización.

Estas “reválidas” (son palabras de Zapatero) le son exigidas también a Portugal y a Grecia, pero en absoluto a Alemana, Francia, Gran Bretaña o Italia, con cuyas economías veníamos codeándonos. Hemos pasado de la paridad a la subordinación, hemos regresado al peyorativo sur europeo –“África termina en los Pirineos” vuelve a oírse en la vecina Francia— y nuestro Gobierno, por su estricta responsabilidad, es considerado un equipo ejecutivo al que han de ir dictándole los deberes después de unos años de adolescencia política e inconsistencia económica.José Luis Rodríguez Zapatero (Efe)

Si sólo fuese el Gobierno español el que hubiese perdido el más mínimo margen de autonomía, la situación hasta sería soportable. Pero como quiera que las medidas se nos requieren con la mayor rapidez, el Ejecutivo, suplantando al Parlamento y echando mano de una competencia legislativa excepcional, sólo justificada por la “extraordinaria y urgente necesidad” (artículo 86 de la Constitución), utiliza de modo sistemático el Real Decreto Ley que remite al Congreso para que nuestros representantes asientan o rechacen, pero sin posibilidad de debate, de enmiendas, ni siquiera de adiciones. De tal manera que a la soberanía económica ya demediada se une la pérdida de soberanía política del legislativo que –presionado por las circunstancias— se mueve siempre entre dos precipicios: asentir a los planteamientos del Gobierno, o no hacerlo y provocar con ello una inoportuna crisis política más profunda aún de la que padecemos.

El Estado en sus poderes Ejecutivo y Legislativo ha sido arrastrado, en consecuencia, a una postración sin paragón en la historia de nuestro país. Postración que se agrava por la pérdida de los contenidos de la ciudadanía que implican, sobre todo, la igualdad de los españoles. La carrera descoordinada, incompetente, electoralista, de las autonomías socialistas –Cataluña, Baleares, Asturias, Extremadura y hasta la propia Navarra— adoptando medidas de ajuste y de incremento fiscal ha roto, no sólo la unidad de mercado, sino también el tratamiento igual que corresponde a todos los ciudadanos. En una desordenada utilización de facultades autonómicas, en Andalucía se paga más por IRPF, lo hacen allí más los bancos que en otras regiones y se han impuesto “tasas verdes”, por supuesto distintas a las medidas adoptadas en Extremadura (impuestos sobre los depósitos bancarios y transmisiones patrimoniales), a su vez diferentes a las que se pretenden en las Islas Baleares o en Asturias. De tal manera que España se fragmenta en espacios territoriales con normas heterogéneas, mientras el Gobierno —¿para qué está la vicepresidencia tercera que lleva adosado el ministerio de Administraciones Públicas?— abdica de sus facultades de coordinación, precisamente, en las comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE.

En estas circunstancias, no es exagerado suponer que España, además de estar sometida a una subordinación como Estado, se encuentra internamente fragmentada, hechos ambos que hacen que el país se adentre en un diagnóstico de enorme gravedad cuya terapia, una vez superadas las “revalidas” exigidas, requiere un radical cambio de su dirigencia mediante el adelantamiento de elecciones legislativas, comprobado ya, además, que el Tribunal Constitucional ha entrado en colapso y que la reestructuración de las Cajas altera la morfología política y económica de grandes autonomías como la catalana, la madrileña y la valenciana.

Por lo demás, y salvando las distancias, también en aquel enero de 1981, cuando la patriótica dimisión de Adolfo Suárez, sus visitantes y próximos observaban en él signos de “importante deterioro físico”. Como ahora se perciben en José Luis Rodríguez Zapatero. Que dice, mirando a los ojos a su interlocutor, como también lo hacía Suárez, “aguanto hasta el final” y le espeta a Felipe González, en la terapia de grupo que celebraron los socialistas en el Congreso el pasado jueves, que “no estamos depres”. Pues lo parece.

Centenario del PSOE: la pistola de Indalecio Prieto
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 12 Junio 2010

Ayer hablábamos de la tenencia y posesión de armas en Estados Unidos. El socialista Indalecio Prieto se llevó una pistola al Congreso y amenazó con ella a los diputados de la derecha. Un poco más tarde, uno de esos diputados, José Calvo Sotelo, fue secuestrado por escoltas suyos y asesinado. ¡Las armas las carga el PSOE, digo el Diablo!

Los tiempos han cambiado. Con la jubilación de los Fraga y los Ansones, los complejos de la derecha social se están curando. Ayer el PSOE, el partido español que en más golpes de Estado ha participado, celebró el centenario de la entrada de su primer diputado en las Cortes. Y en muchísimos sitios se recordó que el primer discurso consistió en una amenaza de muerte a Antonio Maura, que tenía más votos que Iglesias.

José García Domínguez contó en la tertulia de César Vidal que hace años, en otro programa, un fantasmón de derechas -no dio el nombre- le sostuvo que ese hecho era falso. Por fortuna, pudo demostrarle que se equivocaba.

En la tertulia de Colmenarejo en la COPE, se añadió que Iglesias dijo que el PSOE estaba con la legalidad mientras ésta le sirviera para sus fines y que, cuando no fuera así, la abandonaría; también se elogió la coherencia del PSOE como partido subversivo.

¿Cuándo pedirán perdón los socialistas por todos los crímenes de su partido, desde los GAL la Semana Trágica?

Por medio del blog del historiador extremeño Antonio Barragán-Lancharo, me entero de uno de esos episodios siniestros que la estupidez de la derecha y la maldad de la izquierda han hecho desaparecer: Cuando Indalecio Prieto sacó una pistola en el Congreso en 1934.

según recoge el ABC del 5 de julio de 1934 «el Sr. Prieto avanzó sobre el escaño, relativamente lejano, sacó una pistola, le amartilló e hizo ademán de disparar contra el Sr. Oriol, que estaba caído sobre un escaño. No llegó a disparar, pero se le vio que con el arma agredía al diputado de la CEDA». El orondo y grueso Indalecio Prieto había saltado, con la pistola desenfundada, sobre los escaños.

El Presidente del Congreso, Santiago Alba, hombre anciano y asustadizo, no creyéndose capaz de dominar el tumulto -provocado por los socialistas- abandonó el hemiciclo y se recluyó en su despacho (¡qué basura humana! ¡el típico derechista burgués!). Reanudada la sesión, los protagonistas se explican. Prieto se justifica con el simple argumento de que «un Diputado socialista fue agredido» y que «si es cierto que sacó la pistola, es lo cierto que fue por haber visto otra pistola enfrente». Jaime Oriol, el agredido por los socialistas y amenazado por la pistola de Indalecio Prieto, dijo: «El señor Prieto debe declarar quien es ese diputado que ha sacado la pistola. Lo indudable es que el señor Prieto esgrimió la suya. Y es intolerable que los socialistas cuando no tienen argumento apelen a las armas».

Os dejo el enlace a la página del ABC.

Como recuerda Barragán-Lancharo:
En las fechas del incidente, Indalecio Prieto estaba gestionando el asunto de las armas para la revolución de los socialistas conocido como El Turquesa, y el desembarco de aquélla en Asturias en septiembre de 1934.

Y dos años más tarde, la escolta de Prieto, formada por terroristas, secuestró en su domicilio al diputado monárquico José Calvo Sotelo, lo mató de un tiro en la nuca -como los etarras- y tiró su cadáver en la calle.

PSOE, cien años ¿de qué?, ¿de honradez?
POR EL PLENO EMPLEO, VOTA PSOE.

Impuestos
Cómo la socialdemocracia extorsiona a las clases medias
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 12 Junio 2010

La izquierda siempre se ha llenado la boca diciendo que sus intenciones pasaban por querer igualar las condiciones de partida y de llegada de todos los ciudadanos. Era la zanahoria de este igualitarismo extremista lo que justificaba el palo de la más injusta de las desigualdades, aquella que pasaba por que los políticos se constituyeran en una auténtica casta, en una terrible nomenclatura, que viviera como los antiguos monarcas absolutistas explotando al pueblo.

Sin embargo, el igualitarismo nunca pasó de ser un camelo. Como mucho, allí donde la socialdemocracia supo guardar la compostura y no degenerar en un populismo corrupto y corruptor, las medidas izquierdistas lograron convertirse en un lastre que impidiera a todos enriquecerse y despuntar por igual. Lejos de permitir que la riqueza de todos se acelerara en la misma medida, trataron de colocarles a todos un peso que les dificultara el vuelo de forma equitativa.

De ahí que la socialdemocracia sea la primera enemiga real de los trabajadores, de esas clases medias que aspiran a amasar un cierto patrimonio que les permita jubilarse anticipadamente o completar las remuneraciones que obtienen vía salarios. Es la sencilla idea de una sociedad de propietarios, donde se haya consumado el sueño de Marx pero a la inversa: no que los trabajadores arrebaten, previa aniquilación, a los capitalistas los medios de producción, sino que los trabajadores se hayan convertido, gracias a su ahorro y a sus inteligentes inversiones, en los capitalistas propietarios de los medios de producción.

A cambio de la sociedad de propietarios, nos ofrecieron ese fraude piramidal, ese timo que empequeñece el de Madoff, llamado Seguridad Social. Un castillo de naipes que el propio PSOE ya ha reconocido que no nos aguanta otra década a menos que reduzcamos de un modo u otro las pensiones de los actuales cotizantes.

Pese a ello, o precisamente por ello, quedaban algunos hijos de obreros que, ay ingenuos de ellos, todavía aspiraban a poder promocionar socialmente. Sus padres habían trabajado duramente durante décadass para poderles costear una educación hasta los veintitantos años, habían accedido gracias a ella a una escala salarial que les permitía ahorrar algo más que para entregar propina en los bares, y pensaban acumular un cierto patrimonio que al cabo de 25 ó 30 años les llevara a vivir con comodidad incluso sin trabajar.

Pues bueno, tengo malas noticias para estos hijos de proletarios: gracias a la izquierda que supuestamente defiende sus intereses, seguirán siendo de por vida simples proletarios; ellos, sus vástagos y los vástagos de sus vástagos. Mientras tanto, los hijos de los antiguos capitalistas tendrán su parcelita asegurada con esas SICAVs prácticamente libres de impuestos –no me malinterpreten, yo no aboliría las SICAVs, las generalizaría para todos los ciudadanos– y muchos de ellos incluso vivirán de las subvenciones que el Estado les entregue en concepto de amistad e intereses comunes (por ejemplo, las empresas que han medrado gracias a las renovables).

Vean, si no, cuáles serán los efectos de la reforma que ha propuesto la Fundación Ideas para reducir el déficit sin tocar ni un euro el gasto a los apesebrados, es decir, subiendo salvajemente impuestos a las clases medias. Entre muchas otras medidas: incremento del IRPF al 50% para las rentas superiores a 200.000 euros (no descarten que como Griñán también se lo suban a tramos menores) y aumento de la tributación sobre el ahorro al 25%.

Ahora imaginen a un hijo de obrero como el que les describía antes. En un año muy bueno de su actividad profesional, un año como tal vez no tenga otro en su vida, consigue una renta bruta de 250.000 euros. Puede que haya escrito un libro de éxito, haya vendido un proyecto industrial, haya logrado enormes comisiones de venta... Con la nueva reforma que propone el centro socialista que dirige Caldera, esa renta bruta se reducirá aproximadamente en un 40% hasta los 150.000 euros; si con esos 150.000 euros decide adquirir acciones de una empresa que obtiene unos beneficios antes de impuestos del 10% de su capital, en principio esas acciones podrían abonarle hasta 15.000 euros anuales de dividendos. Pero dado que la empresa debe pagar un 30% en concepto de impuesto de sociedades, el dividendo máximo que podría repartir se reduce a 10.500 euros; y, como a su vez, el hijo de obrero deberá pagar un 25% de impuestos sobre ese importe (paradigma de la doble tributación que padece este país), el dividendo final que podrá percibir será inferior a los 8.000 euros anuales.

Compare, en cambio, qué sucedería sin la intromisión del Estado. El hijo del obrero podría invertir los 250.000 euros en acciones y obtener un 10% de dividendos, es decir, 25.000 euros anuales; lo que, dicho sea de paso, sería una renta muy decente para vivir sin trabajar. 25.000 frente a 8.000 euros anuales. Ése es el empobrecimiento que produce la socialdemocracia: impedir de facto que los trabajadores lleguen a convertirse en capitalistas; atarles durante toda su vida a un empleo que pueden incluso detestar. Progreso.
Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.

Crisis
El problema no es sólo la deuda
GEES Libertad Digital  12 Junio 2010

El Tesoro Público logró vender 3.900 millones de euros de deuda en obligaciones a 3 años. La colocación fue calificada como un éxito por parte del Gobierno en foros políticos internacionales al revelar, por el momento, la capacidad del Estado para financiarse. Sin embargo es necesario prestar atención a detalles significativos. En primer lugar, al hecho de que dicha deuda se paga al tipo de interés del 3,4%, que es un 67% más elevado que la última emisión. Hay que añadir que las instituciones españolas, sin duda "incentivadas" por el Gobierno, coparon buena parte de la misma y que el propio Banco Central Europeo no ha desmentido que acudiera a la subasta para facilitar la colocación y que, además, ha prolongado de forma indefinida las líneas de liquidez debido a los problemas de financiación a corto plazo del sector financiero.

Si a ello añadimos que el Banco Mundial calificó ayer la situación económica española de "muy grave" y que el diario Financial Times, en su edición alemana, anunciaba que la Unión Europea se preparaba ante una posible incapacidad de pago de la deuda española ante los importantes vencimientos de deuda que se avecinan en verano, tenemos un panorama desolador que se percibe en el exterior. Pero, ¿a qué se debe realmente este riesgo de impago del Estado español?

La deuda pública de España puede no ser escandalosa en comparación con otros países europeos. En realidad equivale al 53% del PIB y está muy por debajo de países como Italia (116%), Grecia (115%), Bélgica (97%) o las propias Francia (78%) y Alemania (73%). Sorprendería que si la razón fuera exclusivamente la deuda, el diferencial de tipos de interés con Alemania fuera superior al de Italia cuando este último país tiene en términos relativos más del doble de duda. De hecho, este diferencial con Alemania es un extraordinario indicador para cuantificar en términos prácticos la confianza que despierta nuestra economía. El resultado en los últimos años y en particular, en los últimos meses, no puede ser más desolador.

Una razón inmediata y evidente es la nula credibilidad que tiene el actual Gobierno español. No sólo en materia económica sino que en todas sus facetas: la improvisación y la falta de capacidad política para realizar reformas se traduce en una desconfianza por parte de todos los mercados. La prueba es que incluso con los anunciados planes de austeridad, aún sin concretar en su totalidad, con la inmaterializada reforma laboral –algo pendiente desde hace años–, la desconfianza de los mercados no sólo no disminuye, sino que se incrementa. Otra razón añadida es la elevada deuda privada existente en España. Deuda en la que han incurrido empresas y familias que, beneficiadas por unos tipos bajos –incluso negativos en términos reales al computar la inflación–, decidieron financiarse ante unas buenas expectativas que ahora ya no existen, a partir de entidades españolas que ahora deben asumir un riesgo que afecta a su solvencia.

Pero hay más. Mucho más. El principal motivo de desconfianza de España es la cada vez más clara inviabilidad del Estado tal y como lo entendemos. En dos aspectos especialmente: el modelo autonómico y el Estado del bienestar. Hoy en día el Estado central sólo controla un 20% del gasto público –frente a casi el 37% de las comunidades autónomas–, el 30% de la seguridad social y el 14% de los entes locales. Es evidente que una reducción de la deuda, para ser significativa tendrá que originarse en aquellas partidas más voluminosas. Pero el Estado ha realizado un ejercicio suicida de dejación de responsabilidades en la cuestión de la financiación de las comunidades autónomas: en ellas ni siquiera la contabilidad es absolutamente fiable, si tenemos en cuenta la maraña de empresas, agencias, institutos y demás organismos autonómicos. La tragedia se muestra en el hecho de que el número de estos entes ha continuado aumentando durante la crisis como también lo han hecho sus recursos.

El problema de España va mucho más allá de un presidente inútil y de un gobierno incapaz, o de una coyuntura financiera o laboral. El problema es estructural y para solucionarlo se necesitan unas reformas muy sustanciales y profundas que exigirán un coraje que por desgracia no se percibe en el actual panorama político español.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Crisis
La realidad moral
José María Marco Libertad Digital 12 Junio 2010

Cuando se desencadenó definitivamente la crisis, en otoño de 2008, florecieron los diagnósticos morales que nos machacaban con la idea de que todo aquello era culpa de nuestra avaricia, de nuestra codicia, de nuestro egoísmo. Era una crisis de valores tanto como una crisis económica, y de pronto todo el mundo andaba preocupado con las virtudes, sobre todo las privadas.

Aquello resultaba altamente sospechoso, porque, al final, la mayor parte de aquellos neo moralistas acababan preconizando una mayor intervención del gobierno, como si los políticos y los administradores poseyeran una clave moral de la que los demás carecíamos, y sólo una mayor intervención gubernamental y administrativa nos pudiera rescatar de nuestros pecaminosos desvaríos.

Así era como los sermones acababan exaltando al difunto Keynes, y como Keynes, tan celebrado en su milagrosa resurrección, vino a avalar otra vez políticas socialistas que consiguieron el respaldo de todos los partidos. El resultado era de prever. Sin haber salido de la crisis primera, nos han metido en otra aún más profunda de la que nadie sabe cómo salir porque nadie sabe de dónde sacar el dinero que se requiere para pagar las fantasías morales de aquellos neokeynesianos enfebrecidos.

Entre las consecuencias colaterales de la deriva está el descrédito completo de los políticos. Cuanto más se envolvieron en el lenguaje de la moral para justificar su nuevo poder, menos credibilidad tienen ahora. Aún les queda algo de la ficción de lo "público" que en la práctica, como en todas las economías socialistas, es al mismo tiempo patrimonio de las oligarquías y un recurso cada vez más precario por la ineficacia del sistema económico. Les queda, en otras palabras, la inercia de la costumbre, que al ritmo al que vamos parece que durará poco.

Y sin embargo, la crisis inacabable en la que nos encontramos es también una ocasión para volver a articular –en la medida de lo posible– el mundo de la acción política con el mundo de la moral. Hemos vivido en una ficción que se está desplomando ante nuestros ojos. Los gobiernos no pueden permitirse ya lo que hasta ahora se han permitido: ni los lujos para los políticos, ni los derroches culturales, ni actividades que se decían esenciales y eran pura y simple compra del electorado. Se ha terminado la fábula de los gobiernos todopoderosos, que tenían en su mano la solución de los problemas, la creación de derechos, la felicidad de sus súbditos.

También se han acabado algunas fantasías. Como es fácil de entender, sólo volverá a haber trabajo cuando aceptemos que tenemos que trabajar más... por bastante menos. Que los precios están disparatados. Que nuestra educación, nuestra salud y nuestras pensiones son responsabilidad nuestra, no de los políticos. Que los mileuristas no son seres explotados, sino personas que se ganan muy dignamente la vida, que los inmigrantes no han venido a España para que los españoles nos tumbemos a la bartola o que hay que estudiar para sacar un título, sea cual sea este.

La verdad es que no sé por qué se tiene tanto miedo a afrontar lo que tenemos por delante. ¿Tanto nos gusta vivir en la mentira? ¿Tan terrible es un mundo en el que asome un poco la realidad de las cosas?

Los manirrotos del poder
España es un dislate en el gasto público. Mírese en la dirección que se quiera, salta la liebre manirrota
M. MARTÍN FERRAND ABC 12 Junio 2010

AQUÍ, en España, lo real es casi siempre imaginario o, cuando más, algo dudoso e impreciso. A lo largo de los siglos, y no siempre por las buenas, nos hemos ido acostumbrando a ver lo que no miramos, escuchar con oídos ajenos, palpar con guantes, oler de espaldas y paladear sin criterio: efectos negativos de la poca educación y el mucho descanso que nos sirven como indicadores de conducta colectiva. Por eso es más real en nuestras vidas Hannah Montana que María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, las dos juntas. No es el triunfo de la imaginación, sino la consecuencia de la prioridad contemplativa —tan perezosa, tan estéril— que le hemos dado a nuestras vidas. Montana nos viene dada por Disney Channel y las vicepresidentas son un efecto colateral, y no necesariamente deseado, del voto a José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que convierte a los pobres en parados y a los ricos en pobres. Una lumbrera.

A partir de esa confusión entre lo real y lo fantasioso nos pasa lo que nos pasa y, especialmente, con cuanto afecta al Presupuesto. Ayer se publicaba en estas páginas que el Gobierno, después de congelar las pensiones, autorizó una aportación de 1'4 millones de euros de la Seguridad Social para la formación de sindicalistas en Iberoamérica. Aparte de que nuestros hermanos del otro lado del mar no han hecho nada tan perverso como para merecer el castigo de un sindicalismo clónico del que aquí encarnan especímenes tales que Cándido Méndez o Ignacio Fernández Toxo, ¿está el horno para esos bollos o somos víctimas de otro espasmo de la prodigalidad gubernamental típica del zapaterismo?

España, en el todo y en sus diecisiete porciones, es un dislate en el gasto público. Mírese en la dirección que se quiera, salta la liebre manirrota. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, las Cortes Regionales acaban de aprobar —con la abstención del PP, algo es algo— un aval de 140 millones de euros para el Aeropuerto de Ciudad Real, uno de esos proyectos megalómanos y ruinosos que tanto gustan en las Autonomías. El aeropuerto es una ruina inviable y enterrar en él, sobre los más de 1.000 ya derrochados, otros 140 millones no tiene más explicación que el encubrimiento de quienes financiaron una pintoresca iniciativa privada con dinero público. Ya se llevaron por delante la Caja de Ahorros que lleva el nombre de la Autonomía y, de seguir así, terminarán con todo el patrimonio, incluso el espiritual, de la Región. Incluidos Don Quijote, Sancho, Dulcinea y el mismísimo Plinio, imaginario jefe de la Policía local de Tomelloso. No es que gasten con más o menos justeza, es que destrozan.

Ajustando el ajuste
El poder político se resiste a adelgazar la trama institucional porque confía en volver a la situación anterior
KEPA AULESTIA El Correo 12 Junio 2010

El Gobierno de López aprobó ayer su proyecto de ajuste presupuestario con el equívoco mensaje de quien dice que las instituciones vascas han venido gastando por encima de sus posibilidades pero, al mismo tiempo, trata de justificarse al proceder a «la aplicación menos lesiva posible» de las decisiones de Zapatero. En realidad Ajuria Enea emplea el mismo discurso de La Moncloa: hemos sido obligados a aplicar recortes que, por otra parte, consideramos obligados. En otras palabras, nos conminan a un sacrificio que no deseamos realizar, aunque nuestro otro yo nos dice que es más que necesario. Tan paradójica actitud permite concluir que, en definitiva, nadie está dispuesto a ir más allá de lo inevitable.

Los responsables de las instituciones se debaten entre arriesgarse a perder votos o reducir la arquitectura del poder. Pero les resulta más llevadero adoptar medidas que puedan disgustar a una parte de la población -incluso a la propia clientela- que revisar el organigrama compuesto por los departamentos oficiales, las sociedades públicas y un sinfín de cargos de designación. La temeridad electoral que los gobernantes pueden mostrar al reducir el salario de los funcionarios se queda en nada si la comparamos con la imperdonable candidez que en su ambiente supondría llevarse por delante toda estructura pública que no sea socialmente rentable. La inacción en este sentido goza de un amplio consenso, porque del mismo modo que quien hoy gobierna se resiste instintivamente a desprenderse de sus resortes de poder, quien aspira a gobernar no querría encontrarse con menos recursos que su antecesor. Es este consenso lo que convierte a las administraciones en entramados que crecen sin parar.

El momento ofrece una buena oportunidad para idear un plan de adelgazamiento duradero de las administraciones públicas. Pero nadie está dispuesto a ello. La atomización del territorio en una infinidad de corporaciones locales es una cuestión de poder político más que de interés social. Cabe preguntarse qué parte de la programación que ofrece EITB corresponde a su función de servicio público y justifica su alto coste. O qué beneficio social aporta cada una de las sociedades públicas -autonómicas, forales o locales- creadas supuestamente para una gestión más eficaz del interés común. Especialmente aquellas que parecen diseñadas no tanto para sortear la lentitud o el alto coste de la función pública, sino para evitar los controles legales en los que se fundamenta.

Esta misma semana el diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Pello González, abogaba por dar prioridad a las competencias exclusivas como criterio que permitiría a su Diputación proceder al ajuste presupuestario. El problema es que se trata de una pauta insuficiente, porque la primera cuestión a la que todas las instancias del poder político deberían responder solidariamente es qué coberturas y servicios deben ser públicos, qué iniciativas han de asumir las instituciones y qué sentido han de tener sus ayudas y subvenciones. Sin despejar estas incógnitas, resulta ocioso proceder a la compartimentación competencial del entramado institucional vasco.

Porque la disfunción que se pretende corregir no se produce únicamente a causa de que un determinado nivel institucional asume más responsabilidades de las que le competen, sino porque las competencias propias se ejercen siempre de manera extensiva, más allá de aquello a lo que estaría obligada la Administración pública.

Las turbulencias económicas, el desconcierto reinante en los ámbitos de poder y la indolencia parlamentaria a la hora de preocuparse por la letra pequeña de la actuación gubernamental están contribuyendo a una gestión opaca de un ajuste que se aplica a una ejecución presupuestaria de por sí opaca. El consejero de Sanidad señaló hace unos días que los 84 millones que su departamento ahorrará en fármacos y convenios se dedicarán a otras necesidades sanitarias, pero evitó precisar a cuáles. La titular de Educación asegura que la red pública no sufrirá merma alguna en cuanto a su plantilla de docentes, y que el ajuste en la enseñanza afectará a otras partidas, sin especificar a cuáles. O basta seguir el rastro de las direcciones generales suprimidas en el organigrama del Gobierno central para percatarse de que ha sido un recorte más bien aparente.

En el fondo se sigue confiando en que todo vuelva a ser como antes. De modo que los recortes fijados en el Consejo de Gobierno extraordinario de ayer se compensen con fuertes incrementos salariales pasado mañana. Así es como se ven obligados a pensar los sindicatos, cuando la nueva reforma laboral va a situar en primer plano la contradicción entre un mercado de trabajo en el que todo cambia y la persistencia inalterable de una función pública que continúa acumulando derechos adquiridos.

Hasta el debate suscitado en torno al incremento de los impuestos permite soslayar el problema de la sostenibilidad del conjunto del sector público y de su relación con el interés social. La necesidad de una reforma tributaria que dote de mayor progresividad al cuadro impositivo sirve, también, para que el poder político siga pensando que nunca debe gastar por debajo de las posibilidades del momento.

74 años del asesinato de Calvo Sotelo a manos del PSOE
Redacción Minuto Digital 12 Junio 2010

¿Se imagina usted que hoy fuera asesinado el líder de la oposición Mariano Rajoy a manos del PSOE? Eso mismo ocurrió en 1936. Pistoleros del PSOE asesinaban a Calvo Sotelo. España y Libertad ha querido recordar la fecha en que se cumplen 74 años del asesinato del político a manos de sicarios socialistas.

España y Libertad afirma en un comunicado público que “no viene mal por estas fechas –Calvo Sotelo fue asesinado el 13 de julio de 1936- recordar que aquellos que hoy se quieren hacer pasar por demócratas, todo el Frente Popular, en realidad no mantenían en los años 30 un comportamiento muy diferente al que hoy mantiene Batasuna-ETA. Su idea de la política, al igual que los etarras, pasaba por la premisa de que eliminar a tiros a quienes se oponían a sus dictados e impedían u obstaculizaban su triunfo estaba justificado”.

MEMORIA HISTÓRICA
En fechas tan señaladas los nacional-liberales españoles recuerdan que en la madrugada del 13 de julio de 1936 un grupo de guardias de Asalto y militantes socialistas, dirigido por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condes, que se encargaba de la instrucción militar de la “motorizada”, guardia pretoriana del dirigente del PSOE Indalecio Prieto, detuvo a Calvo Sotelo en su domicilio y le introdujo en el interior de una camioneta de la guardia de Asalto donde Luis Cuenca, militante de las Juventudes Socialistas y también guardaespaldas de Indalecio Prieto le asesinó a sangre fría disparándole dos tiros en la nuca. Inmediatamente después del asesinato el capitán Condes, que fue reconocido por la viuda de Calvo Sotelo, estuvo oculto por una noche en casa de la diputada Margarita Nelken.

Previamente Calvo Sotelo había sido amenazado de muerte en sede parlamentaria por Dolores Ibárruri La Pasionaria (16 de junio), e indudablemente por Ángel Galarza (1 de julio). Posteriormente los dos líderes del PSOE se pronunciaban sin lugar a dudas sobre el significado del crimen. Indalecio Prieto escribía el día 14 de julio en “El Liberal”: “La trágica muerte del Sr. Calvo Sotelo servirá para provocar el alzamiento… Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel”. Largo Caballero iba más allá y el 16 de julio de 1936, en el diario socialista Claridad aprobaba los métodos terroristas y violentos, cualquier cosa menos la democracia: “La lógica histórica aconseja soluciones más drásticas. Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga, cuanto antes, la dictadura del Frente Popular. Dictadura por dictadura, la de izquierdas. ¿No quiere el Gobierno? Pues sustitúyale por un Gobierno dictatorial de izquierdas… ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo. Todo menos el retorno de las derechas.”

Calvo Sotelo, junto a Gil Robles eran los líderes más importantes y populares de la oposición al Frente Popular. Calvo Sotelo cayó asesinado sin haber tenido participación alguna en el llamado ‘Alzamiento Nacional’.

España y Libertad recuerda que si se repasas la lista de víctimas de la guerra civil podremos encontrar a muchos significados líderes de la derecha española, mientras que del lado contrario, a excepción de Companys, no encontramos baja alguna. Dato muy significativo a la hora de comprender la realidad, profundidad y alcance de la represión desatada en ambos bandos.

Yolanda Couceiro Morín, presidenta de España y Libertad, afirma que “lo truculento del revisionismo, que desde el más puro revanchismo ha gestado la Ley de memoria histórica, es que ha llegado al extremo de perseguir la memoria de personajes que como Calvo Sotelo, no sólo nada tuvieron que ver con el régimen franquista o la guerra civil, sino que cayeron víctimas de la violencia política”.

Para finalizar, España y Libertad afirma que “cuando se pretende eliminar su presencia en el callejero de nuestras ciudades, lo que se está haciendo es cometer una autentica barbaridad. Ni más ni menos como si dentro de 70 años las calles y monumentos dedicados a Miguel Ángel Blanco fueran eliminados porque había pertenecido al PP”.

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Filibusterismo
La desesperación les lleva a intentar aplazar con diversos trucos la sentencia del Estatut
Francesc de Carreras. lavanguardia.es 12 Junio 2010

Las últimas peripecias habidas en el curso del proceso de elaboración de la sentencia del TC sobre el Estatut ponen de relieve, una vez más, el miedo que esta sentencia provoca en las filas de los partidos políticos catalanes que le dieron apoyo. Muestra también el poco aprecio de estos partidos por el Estado de derecho, las normas democráticas y la Constitución.

El comportamiento de estos partidos en este asunto ha tenido, grosso modo, dos grandes fases. La primera fue una confianza absoluta en que la sentencia declararía al nuevo Estatuto catalán sustancialmente adecuado a la Constitución española, quizás con algún pequeño reparo de detalle pero, en todo caso, de poca importancia. Esta posición no se sustentaba en razones jurídicas sino simplemente en la convicción de que un Tribunal en el que, por estrecha mayoría, pero por mayoría, predominaba el llamado "sector progresista", no podía ser desfavorable al texto. Era una interpretación meramente política, sin tener en cuenta que los jueces son independientes en todo excepto en que, más allá de sus convicciones ideológicas, sólo pueden interpretar normas jurídicas, en este caso la compatibilidad del Estatut con la Constitución.

Una segunda fase empezó en julio pasado al filtrarse el resumen de un borrador en el que se declaraban inconstitucionales unos quince preceptos y otros veinte eran objeto de una interpretación conforme a la Constitución. En total, unos cuarenta artículos tenían tacha de inconstitucionalidad. Cundió el pánico y comenzó, primero, a sostenerse la peregrina teoría de que se trataba de un pacto político no susceptible de ser enjuiciado por el Alto Tribunal y, después, se procedió a la deslegitimación política de éste. En todo ello colaboró mansamente la llamada "sociedad civil catalana", aquella parte de Catalunya que se beneficia del poder autonómico.

Hace unas semanas hemos entrado en una tercera fase, la de la desesperación ante lo irremediable. Ya no se trata de presionar al Constitucional para que dicte una sentencia favorable sino, simplemente, de obstruir, de impedir que la sentencia salga antes de las elecciones autonómicas, de aplazar el mal trago que se presiente próximo. No importa el derecho, no importa el respeto a las normas, lo único que importa es el poder, es decir, ganar las próximas elecciones. Empieza entonces la etapa de filibusterismo procesal, es decir, mediante trucos de leguleyo, intentar retrasar la sentencia todo lo posible: que el TC se declare incompetente, que habilite ahora a un magistrado recusado y otras inconsistencias jurídicas por el estilo.

Lo más lamentable es que todo ello desprestigia a las principales instituciones públicas catalanas, en especial el Parlament de Catalunya y el Govern. Una nueva demostración de deslealtad al sistema político, por parte de unos, de ignorancia de las reglas jurídicas, por parte de otros: no sé que es menos respetable.

Domingo denuncia el chollo económico de la Plataforma Pro Seleccions Esportives
Redacción Minuto Digital 12 Junio 2010

El diputado autonómico del Grupo Mixto y presidente de la asociación Impulso Ciudadano ha solicitado a la Sindicatura de Cuentas que elabore un informe específico de las subvenciones que recibe la entidad independentista para que valore su legalidad.

José Domingo ha presentado este jueves, en rueda de prensa desde el Parlamento autonómico, el resultado de una serie de indagaciones llevadas a cabo por él mismo sobre las subvenciones que recibe y el destino de estas de la entidad separatista Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, que ha recibido desde 2006 y cada año 1,2 millones de euros, es decir en los últimos cuatro años un total de 4,8 millones de euros.

En este sentido, después de denunciar que el departamento de Vicepresidencia le ha puesto infinidad de trabas para ver los expedientes de los justificantes de los gastos de la Plataforma, y la negativa de la administración autonómica a entregarle copias de los mismos, Domingo ha recordado que ERC, partido al que pertenece Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresidente autonómico, tiene un acuerdo firmado -en 2006- con la Plataforma por el que esta fija los objetivos estratégicos en materia deportiva para que las selecciones autonómicas de Cataluña tengan representación internacional.

Según informa La Voz de Barcelona, con la llegada de ERC al Gobierno tripartito, y desde entonces hasta 2010, las subvenciones a la Plataforma se han multiplicado desde todos los departamentos controlados por los independentistas: desde un acuerdo entre el Consejo Catalán del Deporte y la Plataforma -firmado en 2004 y de carácter indefinido- por el que la Generalidad de Cataluña cede el uso de un inmueble en el centro de Barcelona a la Plataforma hasta la subvención de 1,2 millones de euros anual.

Una auditoría de subvenciones
Domingo ha presentado una moción para el próximo pleno en la que solicita a la Sindicatura de Cuentas que fiscalice a través de un informe exhaustivo y específico el uso del dinero público de los distintos departamentos en materia de subvenciones, priorizando la fiscalización de los departamentos dirigidos por ERC. En dicha moción, se solicita además que se inste al Gobierno de Montilla a crear una Oficina de la Transparencia y una Ley de subvenciones.

La denuncia de Domingo va encaminada en la justificación del gasto de esas subvenciones. En este sentido, el diputado autonómico ha indicado que “no hay ninguna justificacion de los gastos, solo la factura y el ticket” de los viajes y dietas de los responsables de la Plataforma. Así, ha señalado que “han recorrido el mundo en hoteles de gran calidad en Copenhague, Moscú, Frankfurt, Letonia, Lituania, Montevideo, Buenos Aires, Manila, Bogotá, Budapest, El Cairo…”.

El diputado autonómico ha puesto de manifiesto que, pese a las cantidades de las diferentes ayudas económicas que recibe, la Plataforma “solo tiene una persona en nómina” aunque a cargo de la entidad “hay un grupo de entre siete y diez personas que pasan facturas de diferentes cuantías”.

Viajes de selecciones sudamericanas
Es en este apartado en el que Domingo ha puesto el énfasis. “Para justificar los gastos se crean contratos de servicios y se incorporan a las diferentes actividades sin ningún orden”, “también se paga a entidades sudamericanas deportivas”, ha denunciado, como la selección de “hockey patines de Uruguay que ha recibido 19.060 euros” para viajar de Buenos Aires a Sudáfrica. De la misma manera, patinadores colombianos, venezolanos o ecuatorianos viajaron a Chile a costa de la subvención de la Generalidad.

Domingo ha detallado una serie de gastos en viajes, en alojamientos, en dietas -hay un ticket de una cena por valor de 1.758 euros- o en grupos de música que ha valorado como que “alguno está confundiendo el todo por la patria por el todo por la pasta” y ha denunciado que se otorguen “subvenciones claramente ideológicas y no de utilidad pública”. Además, se han encargado estudios a destacados nacionalistas o la compra con dinero subvencionado de merchandising que luego se vende en los actos de la entidad y su web.

Los dirigentes de la entidad “pasan factura de todo”, ha exclamado Domingo, que ha indicado que hay tickets de hasta la compra del periódico del día. Por todo, el diputado autonómico ha pedido al Gobierno tripartito que “no suscriban más convenios que hipotequen los gastos de los ciudadanos en subvenciones públicas”. “Que corten el grifo”, ha dicho para finalizar la rueda de prensa.

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