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Recortes de Prensa   Viernes 18 Junio  2010

 

Desgracias y torpezas del inepto Zapatero
Francisco Rubiales Periodista Digital 18 Junio 2010

La derrota de la selección española de fútbol, a la que llaman "la roja", y la decepción ante una reforma laboral que todos consideran "insuficiente", ponen a la España de Zapatero todavía más de rodillas y presa del desencanto. La agonía del "Zapaterismo" está resultando insoportable y demoledora. España pasa por uno de los peores momentos de su historia moderna.

Ayer, 16 de junio de 2010, fue un día terrible para España, para Zapatero y para su gobierno porque convergieron los dos grandes traumas del "Zapaterismo": la mala suerte (España perdió su partido inaugural contra Suiza, en el mundial de Sudáfrica) y la torpeza (España perdió la oportunidad de aprobar un reforma laboral que vigorice el deprimido mercado de trabajo y relance la contratación).

La ineptitud del gobierno empieza a resultar insoportable para todos: para la sociedad española, para los socios de España en el mundo y para la economía internacional.

Zapatero no deja de afirmar que él tiene suerte y que siempre gana. Debe ser el argumento que necesita para disimular su malísima fortuna (excusa innecesaria, acusación evidente), demostrada con creces a lo largo de su gobierno, en el que ha estropeado todo lo que tocaba. Había planificado cuidadosamente que el anuncio de la reforma laboral coincidiera con la victoria futbolística de España contra Suiza, para disimular así la pérdida de derechos de los trabajadores y la demolición de su política social, pero el destino le deparó un derrota en lo deportivo y una derrota, todavía peor, en lo político y en lo social, con una reforma que no solucionará ni uno solo de los problemas laborales que impiden a España despegar y crear empleo.

El de Zapatero, además de un gobierno sin fortuna, es un gobierno torpe. El problema de España es de crecimiento y no de despido, pero la reforma únicamente ha afrontado el problema del despido, abaratándolo, pero a costa de las finanzas públicas, sin crear una nueva modalidad de empleo que permita a las empresas contratar masivamente sin contraer obligaciones insoportables para tiempos de incertidumbre y crisis.

Casi la totalidad de los economistas y expertos repiten sin cesar el argumento clave de nuestra economía, pero Zapatero y su gobierno permanecen sordos y ciegos: "Si España no crece, no creará empleo y sin crear empleo tendrá que necesitar enormes masas de dinero para subvencionar el paro, lo que le obligará a pedir dinero en los mercados sin poder pagarlo, lo que lleva directamente al colapso y a la bancarrota".

Todo el mundo sabe, menos Zapatero, que lo que España necesita es ser más competitiva y reactivar su economía. El país, mal gobernado, está siendo llevado, con firmeza desoladora, hacia el matadero.

Zapatero aparece hoy ante muchos españoles como un "desgraciado" que estropea todo lo que toca y que ha hundido con sus decisiones de gobierno la economía, el empleo, el prestigio de la política y de los políticos, el prestigio internacional de España, la credibilidad, la confianza y la esperanza.

Pero lo peor para España y para Zapatero es que el día de hoy puede ser todavía peor que el de ayer, aunque parezca imposible. Bruselas, que analizará la reforma laboral recién aprobada, y los mercados, que tendrán que asumir una subasta de deuda española a largo plazo, le harán saber con claridad que sus medidas son inútiles e insuficiente.

El "pobre" Zapatero ha asumido todo el desgaste de hacer la reforma, pero sin solucionar ni uno solo de los problemas, ni obtener reconocimeinto alguno por su esfuerzo. Es el fruto de la torpeza.

La nueva reforma, aprobada ayer bajo presiones de Europa y del Fondo Monetario Internacional (FMI) es un bodrio que no soluciona problema alguno ni gusta a nadie. Había que solucionar tres problemas y abrir una esperanza, pero no ha hecho nada de esos. Los tres problemas eran la "negociación colectiva", rígida y centralizada, lenta e incapaz de adaptar el mercado a las peculiaridades de cada empresa; la terrible "dualidad" que separa a los trabajadores españoles en "fijos" y "temporales"; y crear una "flexibilidad para la contratación" que se adaptara a los tiempos de crisis y quitara a los empresarios el miedo a contratar.

La reforma no soluciona ninguno de los problemas y únicamente abre una vía para que las empresas agobiadas expulsen a sus trabajadores con menos indemnización.

Todo un desastre más para la arrodillada España y para un gobierno que está abrasado, que concita el desprecio y el rechazo de la mayoría de los españoles y que ya solo cuenta con el sostén de los cientos de miles de enchufados que ordeñan a diario la teta del Estado sin aportar nada útil y de los millones de fanáticos sin cultura y cargados de odio que, para desgracia de España, constituyen el principal soporte político y social de la izquierda en el poder.

Con sus errores y daños a España, Zapatero está logrando el "milagro" de que muchos españoles olviden las miserias del Partido Popular, un partido decepcionante e incapaz de ilusionar con sus propuestas y planteamientos, y se sientan dispuestos a votar al mediocre Rajoy, sólo para librarse de un Zapatero que es visto cada día por más gente como la peor "plaga" de España.

Voto en Blanco

NINGÚN PARTIDO SE HACE ECO
El Congreso ignora las críticas de las víctimas del 11-M al Ministerio de Interior
El pasado 2 de junio, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M entregó en el Congreso una carta para todos los partidos políticos, en la que se denunciaba la táctica obstruccionista que Interior está siguiendo en la querella presentada contra dos mandos policiales. Los partidos se mantienen callados.
LUIS DEL PINO Libertad Digital 18 Junio 2010

En julio de 2009, la asociación presidida por Ángeles Domínguez, que agrupa a más de 600 víctimas de la masacre del 11-M, presentaba una querella contra el ex-comisario de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, y su jefa de laboratorio por los presuntos delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y manipulación de pruebas, en relación con las investigaciones del 11-M. Esa denuncia de las víctimas se basaba en la desaparición de las muestras de los trenes y en la no realización de análisis periciales exhaustivos con vistas a determinar el explosivo que se usó en el atentado. La querella fue admitida a trámite y se encuentra en estos momentos en fase de instrucción.

Sin embargo, las investigaciones llevan cuatro meses paralizadas, debido a las trabas que está poniendo el Ministerio de Interior. La juez que instruye el caso le ha solicitado en tres ocasiones que certifique cuáles eran los protocolos de actuación de los Tedax y si éstos obligaban a conservar las muestras recogidas en los trenes del 11-M, que han desaparecido a toneladas. Pero el ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba se ha escudado en la Ley de Secretos Oficiales para negar a la juez los datos solicitados. Y ello a pesar de que las partes relevantes de esos protocolos de actuación son bien conocidas.

Tal y como publicó en su día Libertad Digital, esa información que el Ministerio de Interior se niega a certificar por ser "secreta" fue, sin embargo, aportada por el Gobierno como respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada popular Alicia Castro en el año 2006. Asimismo, el propio comisario Sánchez Manzano aportó los correspondientes textos supuestamente "secretos" en un oficio dirigido al juez Del Olmo y que figura adjunto al sumario del 11-M.

Todo ello pondría de manifiesto que, lejos de tratar de proteger información secreta, lo que el Ministerio de Interior estaría haciendo es dilatar la instrucción de la causa y ganar tiempo.

Ante esa situación, las víctimas del 11-M dirigieron el pasado 2 de junio una carta a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluidos los del grupo mixto, poniendo en su conocimiento los hechos, y solicitándoles que hicieran uso de sus facultades para exigir al Ministro de Interior que cese en su táctica obstruccionista.

Sin embargo, dos semanas después, ningún partido se ha puesto en contacto con la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M para interesarse por el asunto ni para ofrecer su colaboración. De hecho, tan sólo Durán Lleida se ha dignado a contestar, con una escueta respuesta de compromiso en la que confirma que ha recibido la carta de la Asociación y le comunica que se la ha pasado a la Portavoz de Interior de su grupo.

El asunto es especialmente sangrante, por cuanto el próximo día 27 de junio se celebra en el Congreso el día de supuesto homenaje a las víctimas del terrorismo, con lo que se dará la paradoja de que nuestros representantes políticos se dediquen a homenajear solemnemente a unas víctimas cuyas demandas de justicia ignoran olímpicamente.

Los hombres buenos
RAFAEL L. BARDAJÍ ABC 18 Junio 2010

¿Se puede defender a Israel en medio del tsunami de cólera que ha levantado su asalto a la «flotilla de la libertad»? Para los fundadores de la Iniciativa Amigos de Israel no sólo es posible, sino deseable. ¿Qué pueden tener en común José María Aznar, alma de esta iniciativa, el premio Nobel de la Paz David Trimble, el filósofo-político italiano Marcelo Pera, el antiguo embajador americano en la ONU John Bolton, el ex presidente de Perú Alejandro Toledo, el historiador británico Andrew Roberts, el financiero Robert Agostinelli, el exministro español Carlos Bustelo o el teólogo americano George Weigel, entre otros? Que no son judíos.
Y, sin embargo, se han embarcado en una cruzada antipopular. Porque, como dicen, defender hoy a Israel es defender a Occidente. Porque es en Israel donde chocan las platas tectónicas de nuestro tiempo: islamismo contra modernidad, corrupción frente a prosperidad, arcaísmo contra innovación, radicalismo contra tolerancia. En suma, tiranía frente a libertad. No hay por qué secundar todas sus decisiones para darse cuenta de que si Israel desapareciera, Occidente, nuestro mundo, dejaría de ser lo que es. Porque la realidad es que las fuerzas del islamismo radical que rodean a Israel desde el norte y el sur hasta Irán, no se contentarían con la destrucción de Israel, lo siguiente sería poner fin a nuestro modo de vida secular y decadente a sus ojos.

¿Quién se aprieta el cinturón? Las Comunidades disparan su deuda un 28% en sólo tres meses
 La Razón 18 Junio 2010

Ni recorte social, ni tijeretazo, ni austeridad en el gasto. El agujero de las comunidades autónomas es cada vez mayor, hasta el punto de que la deuda de los gobiernos regionales se ha disparado un 28 por ciento en sólo un trimestre. Los ayuntamientos tampoco le van a la zaga. La España de las Autonomías no se aprieta el cinturón.

La deuda de las comunidades autónomas sigue creciendo. En concreto, se incrementó un 28,4 por ciento de enero a marzo de 2010 respecto al mismo período de 2009. Las CC.AA. deben un total de 94.621 millones de euros, lo que supone el 9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada, con 25,079 millones de euros, equivalente al 26,5 por ciento del total de la deuda acumulada de las comunidades autónomas.

En lo que respecta a los ayuntamientos, la deuda total es de 36.085 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que equivale a un 3,4 por ciento del PIB, un 15 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Por su parte, la ciudad de Madrid debe 7.314 millones de euros, un 14,1 por ciento más, y supone una cantidad mayor que la de todas las CC.AA., salvo Cataluña.

De esta forma, el endeudamiento autonómico se ha acentuado como consecuencia de la crisis económica, que está provocando un incremento de los gastos y una caída muy importante de la recaudación. Los datos del Banco de España muestran además que desde el año 1995 el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, y ha batido en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el primer trimestre fue nuevamente Cataluña, con 25.079 millones de euros, cantidad que representa el 26,5 por ciento del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades. Después de Cataluña, se situó Valencia (15.356 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 11.712 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,1 por ciento del total del endeudamiento regional.

A continuación, figuran Andalucía (10.788 millones de euros), Galicia (5.244 millones), Castilla-La Mancha (4.155 millones), Baleares (3.546 millones), Canarias (3.483 millones), País Vasco (3.317 millones), Castilla y León (3.141 millones de euros), Aragón (2.234 millones), y Murcia (1.687 millones).

Completan la lista Navarra (1.495 millones), Extremadura (1.085 millones), Asturias (1.077 millones), La Rioja (627 millones) y Cantabria (595 millones).

En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad autónoma logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año, y destaca el incremento del 103 por ciento en el caso de Canarias, el 73,6 por ciento de Navarra o el 58,2 por ciento de Murcia.

Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana vuelve un trimestre más a situarse a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 15,1 por ciento de su PIB, seguida de Baleares (13,5%), Cataluña (12,9%), Castilla-La Mancha (11,9%), y Galicia (9,6%), todas ellas por encima de la media (9%). Los porcentajes son menores en Canarias (8,4%), Navarra (8,2%), La Rioja (8%), Andalucía (7,6%), Aragón (6,9%), Murcia (6,3%), Madrid y Extremadura (6,2% en ambos casos), Castilla y León (5,6%), País Vasco (5,1%), Asturias (4,7%) y Cantabria (4,4%).

La deuda de los ayuntamientos también crece
Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 36.085 millones de euros en el primer trimestre en relación a igual periodo de 2009, el equivalente al 3,4 por ciento del PIB, lo que representa un aumento del 15 por ciento sobre el mismo periodo del ejercicio precedente. Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.660 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 14,9 por ciento, y de esta cifra, 15.235 millones pertenecen a capitales de provincia.

La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.915 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,7 por ciento.

Destaca, sobre todo, el incremento del 18,3 por ciento de la deuda del consistorio de Málaga, que sumó 725 millones de euros, y el de Madrid, que elevó su endeudamiento un 14,1 por ciento, hasta los 7.314 millones de euros. De esta forma, la deuda del consistorio de la capital es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Además, es más de diez veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona, que se situó en 703 millones de euros, un 5,9 por ciento más que en el primer trimestre de 2009.

Rosa Díez: «El despilfarro autonómico empeora la confianza en España»
Barcelona - Efe La Razón 18 Junio 2010

La presidenta de UPyD, Rosa Díez, ha sostenido hoy que el "despilfarro" económico que supone el desarrollo autonómico "sin control" empeora la crisis económica y agrava la falta de confianza que sufre España en los mercados financieros internacionales.

En el Fórum Europa en Barcelona, Díez ha afirmado que el proceso de descentralización que "ha dejado en manos de las comunidades la mayor parte del gasto público y las competencias esenciales pone en riesgo el mantenimiento de los servicios fundamentales".

La diputada de UPyD se ha preguntado si tiene sentido que el Gobierno central "no pueda actuar" sobre más de la mitad de su presupuesto y ha defendido que el Estado recupere y blinde las competencias en materias como educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, urbanismo y función pública.

Díez ha defendido que hay muchos gastos "evitables" que deberían haberse recortado antes de adoptar las medidas contra la crisis acometidas por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, entre los que ha destacado el "derroche" de las televisiones públicas.

La líder de Unión Progreso y Democracia ha subrayado que en algunas comunidades hay "hasta tres canales que han producido unas pérdidas en 2008 de 1.600 millones de euros".

"Yo las cerraría", ha afirmado Rosa Díez, quien, preguntada por su postura sobre la privatización de las cadenas, ha puesto en duda que alguna empresa privada esté dispuesta a hacerse cargo de las televisiones públicas que son deficitarias.

La presidenta de UPyD ha propuesto una reforma constitucional que defina y concrete los "techos competenciales" de las comunidades autónomas y "cierre" la distribución de competencias para reservar la prevalencia "exclusiva e intransferible" del Estado en las materias "clave para el interés general".

Por otro lado, Díez ha lamentado que el presidente español no haya comenzado a tomar medidas contra la crisis económica hasta que se lo ha impuesto la Unión Europea, y ha asegurado que su formación todavía no ha decidido el sentido de su voto sobre la reforma laboral propuesta por el Gobierno.

En ese sentido, Díez ha recordado que aboga por tramitar la reforma en el Congreso de manera que sea posible el "debate" para mejorar el texto, que en su opinión no soluciona el principal problema del mercado laboral español, la dualidad entre contratos fijos y temporales.

En referencia al semestre de presidencia española de la UE que ha concluido esta semana, la líder de Unión Progreso y Democracia ha juzgado que ha sido un mandato "perfectamente prescindible que no ha dejado ninguna huella".

LA MÁS ALTA DE LA HISTORIA
¿Austeridad? La deuda de las CCAA roza los 95.000 millones
La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 28,4% en el primer trimestre del año en comparación con igual periodo de 2009, hasta registrar 94.621 millones de euros (el 9% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.
EUROPA PRESS Libertad Digital 18 Junio 2010

De esta forma, el endeudamiento autonómico se ha acentuado como consecuencia de la crisis económica, que está provocando un incremento de los gastos y una caída muy importante de la recaudación.

Los datos del Banco de España muestran además que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el primer trimestre fue nuevamente Cataluña, con 25.079 millones de euros, cantidad que representa el 26,5% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.

Después de Cataluña, se situó Valencia (15.356 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 11.712 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,1% del total del endeudamiento regional.

A continuación, figuran Andalucía (10.788 millones de euros), Galicia (5.244 millones), Castilla-La Mancha (4.155 millones), Baleares (3.546 millones), Canarias (3.483 millones), País Vasco (3.317 millones), Castilla y León (3.141 millones de euros), Aragón (2.234 millones), y Murcia (1.687 millones).

Completan la lista Navarra (1.495 millones), Extremadura (1.085 millones), Asturias (1.077 millones), La Rioja (627 millones) y Cantabria (595 millones). En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad autónoma logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año, destacando el incremento del 103% en el caso de Canarias, el 73,6% de Navarra o el 58,2% de Murcia.

Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana vuelve un trimestre más a situarse a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 15,1% de su PIB, seguida de Baleares (13,5%), Cataluña (12,9%), Castilla-La Mancha (11,9%), y Galicia (9,6%), todas ellas por encima de la media (9%).

Los porcentajes son menores en Canarias (8,4%), Navarra (8,2%), La Rioja (8%), Andalucía (7,6%), Aragón (6,9%), Murcia (6,3%), Madrid y Extremadura (6,2% en ambos casos), Castilla y León (5,6%), País Vasco (5,1%), Asturias (4,7%) y Cantabria (4,4%).

La deuda de los ayuntamientos crece un 15%
Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 36.085 millones de euros en el primer trimestre en relación a igual periodo de 2009, el equivalente al 3,4% del PIB, lo que representa un aumento del 15% sobre el mismo periodo del ejercicio precedente.

Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.660 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 14,9%, y de esta cifra, 15.235 millones pertenecen a capitales de provincia. La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.915 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,7%.

Destaca, sobre todo, el incremento del 18,3% de la deuda del consistorio de Málaga, que sumó 725 millones de euros, y el de Madrid, que elevó su endeudamiento un 14,1%, hasta los 7.314 millones de euros.

De esta forma, la deuda del consistorio de la capital es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, es más de diez veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona, que se situó en 703 millones de euros, un 5,9% más que en el primer trimestre de 2009.

El Día del Respeto a la Propia Lengua
Pedro Mª Larrauri www.lavozlibre.com18 Junio 2010

El 16 de junio de 1976, miles de escolares negros tomaron las calles de Soweto (Johannesburgo), en una marcha pacífica en la que pedían el derecho a ser educados en su propia lengua. No aceptaban la imposición del gobierno de los nacionalistas 'afrikaners' de estudiar en idioma 'afrikaan', declarado lengua propia y oficial de Sudáfrica.

La policía tiroteó a aquellos manifestantes y, en las dos semanas de protestas que siguieron al suceso, más de cien personas murieron y más de mil resultaron heridas. Ese mismo año, la asamblea de la ONU proclamó esa fecha el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Sudafricano y después se declaró, el 16 de junio, Día del Niño Africano. La masacre de Soweto fue el comienzo del fin del régimen del apartheid.

Aunque muy cruel, la lucha valió la pena. En la actualidad, hay en ese país 11 lenguas oficiales y, aunque el inglés es el idioma común y el más hablado, se respeta el derecho a ser educado en la lengua materna o tribal y en cada ciudad hay diversos colegios de diversas lenguas, según la demanda.

Es triste comprobar que Núñez Feijóo comparte los criterios de los 'afrikaners' y del apartheid y nos sigue impidiendo a miles de familias gallegas que nuestros hijos reciban la educación en su propia lengua, imponiendo la que los políticos impropiamente llaman lengua propia de Galicia -los territorios no hablan, hablan las personas-. Y es vergonzoso que nos prometiera libertad lingüística a cambio del voto y que después de obtener mayoría absoluta no haya cumplido su palabra.

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Su ponencia avala el preámbulo, los símbolos 'nacionales' y la lengua
Casas receta dos tazas de 'Estatut' a los magistrados del Constitucional
EDITORIAL – EL MUNDO.18 Junio 2010

DE NADA ha servido a la presidenta del Constitucional que el Pleno del Tribunal tumbase, hace sólo dos meses, el borrador presentado por la magistrada Elisa Pérez Vera que avalaba la mayor parte del Estatuto catalán. Si los magistrados no querían una taza, María Emilia Casas les receta dos. Y es que la ponencia que les ha entregado trata de colar como constitucionales el preámbulo del texto, la definición de los «símbolos nacionales» y la marginación del castellano con la imposición, en la práctica, del monolingüismo. De entrada, la posición de fuerza de Casas, avalando los aspectos más soberanistas del Estatuto, demuestra su fracaso. Lejos de buscar consensos trata de salvar a toda costa el Estatut, y echará mano para ello del voto de calidad. Después de cuatro años, ese detalle revela a las claras su incapacidad. Pero teniendo en cuenta que los artículos se votarán uno a uno, es más que probable que el Tribunal acabe alumbrando un auténtico monstruo de Frankenstein. Dada la correlación de fuerzas, pueden caer enunciados soberanistas a la vez que se da el visto bueno a competencias propias de una nación soberana. Casas no podía acabar de una forma más deshonrosa su paso por el Constitucional, prestándose a una operación política para salvar la cara a Zapatero. Desde luego, tenemos la única presidenta de un Tribunal Constitucional que en lugar de velar por la Carta Magna alienta su destrucción. Que la vergüenza le acompañe siempre.

Órdago de María Emilia Casas en favor de un Estatut soberanista
Someterá a votación, artículo por artículo, una ponencia aún más favorable al texto que la ya rechazada de Elisa Pérez Vera
MARÍA PERAL – EL MUNDO.18 Junio 2010

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, convocó ayer al Pleno para el próximo lunes y días sucesivos con el fin de someter a votación su ponencia sobre el Estatuto de Cataluña. En ella plantea que 13 preceptos sean declarados inconstitucionales y otros 24 sometidos a interpretación, una propuesta algo más complaciente con el Estatut que el texto de Elisa Pérez Vera, aunque muy similar en sus líneas esenciales. Casas, que repartió su ponencia a las 23 horas del miércoles, no lleva al fallo las matizaciones sobre la autodefinición de Cataluña como nación, tal como reclama Manuel Aragón.
Es el último intento de que el actual TC se pronuncie sobre el Estatuto catalán antes de que se convoquen las elecciones autonómicas.

Empieza la cuenta atrás. María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), entregó a los magistrados en torno a las 23 horas del miércoles su ponencia sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatuto de Cataluña, y ayer por la mañana convocó al Pleno para el lunes próximo y días sucesivos, según precisa la convocatoria.

No es usual en el TC que las propuestas de resolución se distribuyan tan tarde salvo cuando se trata de recursos electorales, sometidos a plazos muy perentorios. Casas optó por repartir su ponencia en la noche del miércoles, en vez de esperar a ayer por la mañana, porque se había comprometido con los magistrados a que les haría llegar el texto a principios de esta semana y no pudo acabarlo ni el lunes ni el martes.

No quería retrasarlo más y agotó hasta casi la medianoche para dar a conocer su propuesta, en la que se ha encerrado a trabajar desde que el 19 de mayo se certificó el fracaso de la segunda ponencia, elaborada por el vicepresidente, Guillermo Jiménez.

El emplazamiento del Pleno para el lunes y fechas sucesivas se interpreta en el Tribunal en el sentido de que Casas se dispone a afrontar la última oportunidad de que el actual Constitucional se pronuncie sobre la controvertida ley catalana, una última oportunidad en la que ella misma se juega su prestigio.

La presidenta del TC decidió asumir la ponencia en una situación ya muy deteriorada tras el rechazo del quinto texto presentado por la primera ponente, Elisa Pérez Vera, y el posterior fracaso de la propuesta de Jiménez, que ni siquiera se sometió a votación.

La ponencia de Casas asume, aunque con algunas modificaciones de argumentación y con cambios de redacción, el escrito de Pérez Vera y el fallo es sustancialmente el mismo, aunque se inclina algo más a favor del Estatuto catalán.

Si la ponencia de Pérez Vera proponía declarar inconstitucionales 14 preceptos, la de Casas salva uno de ellos, el referido al artículo 218.2. En él se atribuyen a la Generalitat competencias en materia de financiación local, competencias que pueden incluir la capacidad legislativa para establecer y regular tributos municipales.

Este precepto -inconstitucional según la ponencia de Pérez Vera- no pasa a engrosar el bloque de interpretaciones conformes sino que es considerado directamente constitucional en la propuesta de Casas.

Las interpretaciones conformes (mecanismo por el que el Tribunal indica cómo debe ser entendida y aplicada una norma para que sea considerada acorde con la Constitución) se reducen de 25 a 24. Casas rescata el artículo 34, referido a los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios, y respalda su constitucionalidad.

El artículo 34 obliga a la «disponibilidad lingüística» a las empresas y establecimientos abiertos al público en Cataluña, que deben estar en condiciones de utilizar tanto el catalán como el castellano según la lengua que emplee el cliente. En la ponencia de Pérez Vera, este artículo se sometía a una interpretación conforme según la cual el deber de disponibilidad lingüística no permite imponer obligaciones individuales de uso de cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.

Casas da el mismo tratamiento que Pérez Vera al concepto de nación que aparece en el preámbulo y al artículo 8.1, relativo a los símbolos nacionales de Cataluña. Ambos son objeto de una interpretación conforme que reduce el término «nacionales» a su «sentido simbólico» y desprovee al preámbulo de toda eficacia jurídica. La presidenta no lleva estas matizaciones a su propuesta de fallo, en contra de lo que reclama el magistrado Manuel Aragón.

Los preceptos que se propone declarar inconstitucionales
La ponencia sobre el Estatuto de Cataluña elaborada por la presidenta del Tribunal Constitucional propone declarar inconstitucionales los siguientes preceptos o partes de preceptos (en este último caso, el inciso que se considera contrario a la Constitución se indica en cursiva): Artículo 6.1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

Artículo 76.4. Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter vinculante con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a derechos reconocidos por el Estatuto.

Artículo 78.1. El Síndic de Greuges [defensor del pueblo] tiene la función de proteger y defender los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto. A tal fin supervisa, con carácter exclusivo, la actividad de la Administración de la Generalitat (...)».

Artículo 97. El Consejo de Justicia de Cataluña (CJC) es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Artículo 98.2 y 3. Las atribuciones del CJC respecto a los órganos jurisdiccionales situados en el territorio de Cataluña son, conforme a lo previsto en la LOPJ, las siguientes: a) participar en la designación del presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), así como en la de los presidentes de Sala de dicho Tribunal Superior y de los presidentes de las Audiencias Provinciales; b) proponer al CGPJ y expedir los nombramientos y los ceses de los jueces y magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente (...); c) instruir expedientes y, en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre jueces y magistrados en los términos previstos por las leyes; d) participar en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, ordenar, en su caso, su inspección y vigilancia (...); e) informar sobre los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de los órganos de gobierno de los tribunales y juzgados de Cataluña (...) 3. Las resoluciones del CJC en materia de nombramientos, autorizaciones, licencias y permisos deben adoptarse de acuerdo con los criterios aprobados por el CGPJ.

Artículo 95.5 y 6. El presidente o presidenta del TSJC es el representante del poder judicial en Cataluña. Es nombrado por el Rey, a propuesta del CGPJ y con la participación del CJC (...). 6. Los presidentes de Sala del TSJC son nombrados a propuesta del CGPJ y con la participación del CJC (...).

Artículo 99.1. El CJC está integrado por el presidente o presidenta del TSJC, que lo preside (...)».

Artículo 100.1. Los actos del CJC serán recurribles en alzada ante el CGPJ, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma.

Artículo 101.2. El CJC convoca los concursos para cubrir plazas vacantes de jueces y magistrados en Cataluña en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 111. En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. (...)

Artículo 120.2. Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, la competencia compartida sobre la actividad financiera, de acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos que establezcan las bases estatales (...).

Artículo 126.2. Corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de las entidades de crédito que no sean cajas de ahorro (...) de acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos fijados en las bases estatales.

Artículo 206.3. Los recursos financieros de que disponga la Generalitat podrán ajustarse para que el sistema estatal de financiación disponga de recursos suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás Comunidades Autónomas, con el fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado del bienestar prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado, siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. (...).

EL PLENO DEL TC ESTUDIARÁ EL TEXTO EL LUNES
María Emilia Casas presenta una ponencia soberanista sobre el ‘Estatut’
Redacción. El Confidencial 18 Junio 2010

El Tribunal Constitucional celebrará un pleno a comienzos de la próxima semana para estudiar los recursos de súplica interpuestos por la Generalitat relativos a la sentencia del Estatut de Cataluña y para someter a votación la ponencia elaborada por María Emilia Casas. Esta última fue entregada a los demás miembros del TC el miércoles por la noche, ya que no quería retrasar más su fallo.

Según El Mundo, la presidenta, al contrario que los escritos de algunos de sus antecesores, estaría a favor de un Estatut soberanista. Plantea que 13 de los preceptos se declaren inconstitucionales, mientras que otros 24 serían sometidos a interpretación, muy en la línea con la ponencia de Elisa Pérez Vela, que ya fue rechazada. Así, se pretende someter a votación artículo por artículo.

La ponencia de María Emilia Casas es la última oportunidad para desbloquear el caso del Estatut antes de las elecciones autonómicas de Cataluña. Ante el fracaso de los textos de otros miembros del Tribunal Constitucional, a la presidenta no le quedó más remedio que afrontar en solitario una ponencia de consenso en la que se juega parte de su prestigio.

La inclusión de Pérez-Tremps
Otros temas que se podrían tratar en el pleno del TC de la semana que viene son la falta de competencia que el Gobierno catalán atribuye a este órgano para dictar sentencia por estar un tercio de sus magistrados fuera de mandato, y la negativa del tribunal a reintegrar en las deliberaciones al recusado Pablo Pérez-Tremps.

La Generalitat de Cataluña anunció ayer por la tarde la interposición del recurso relativo a Pérez-Tremps, después de que el pasado viernes el Constitucional rechazara su petición para volver a incluir a este magistrado, que fue apartado de la discusión de la sentencia sobre el Estatut instancias del PP por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.

En la misma sesión, el TC tiene previsto resolver el recurso de súplica presentado tanto por la Generalitat como por el Parlamento Catalán contra la decisión de éste órgano de no declarase incompetente.

Companys presidiario
Eduard Escartín La Razón 18 Junio 2010

El pasado 6 de junio se cumplieron 75 años de la condena a 30 años de reclusión mayor al ex presidente de la Generalitat Lluís Companys y todos los consejeros de su gobierno, excepto el más culpable, Josep Dencàs, que estaba huido. El 6 de junio de 1935 el tribunal de garantías constitucionales, máximo órgano jurídico de la República, juzgó a Companys por la intentona golpista del 6 de octubre de 1934 con su proclama del Estat Català dentro de la República federal y la tentativa de sublevar a la guarnición de Cataluña mandada por el general Batet contra el gobierno de la República.

Companys fue juzgado según el código de justicia militar y fue condenado por rebelión militar. No se ha resaltado suficiente que en este juicio Companys tenía muchas probabilidades para ser condenado a la última pena como líder de un levantamiento que produjo casi 40 muertos. Por el contrario, el fiscal de la República, Lorenzo Martínez Gallardo, un gran profesional, alegó que los verdaderos cabecillas militares del levantamiento estaban huidos en rebeldía, o sea Dencàs, por lo que se le aplicaba a Companys la pena menor, la de presidio.

Ante tanta beatificación de Companys sería muy útil difundir la requisitoria del fiscal en la que se demuestra la puñalada que el presidente de la Generalitat propinó a la legalidad republicana.

Los coordinadores de Política Lingüística dimiten en bloque ante el nuevo decreto
Renuncian a su puesto a partir de septiembre al considerar que "se cierra un ciclo". La CIG atribuye la dimisión a "dificultades y falta de apoyo" para impulsar el gallego en las aulas
SELINA OTERO / AGENCIAS | A CORUÑA / SANTIAGO La Opinión 18 Junio 2010

Los coordinadores de normalización de la lengua, vinculados a la Secretaría xeral de Política Lingüística como apoyo a los centros educativos, renuncian a su puesto a partir de septiembre, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo decreto del gallego.

Los cinco asesores lingüísticos (cuatro provinciales y uno de la central de Santiago) comunicaron ayer a los centros educativos, a través de una carta de despedida, su dimisión en bloque al considerar que, con el nuevo decreto, "se cierra un ciclo en materia de normalización" de la lengua gallega. Los coordinadores, profesores que prestan labores de asesores técnicos desde hace tres años en comisión de servicios, volverán el próximo curso académico a sus puestos de docentes, dos años antes de finalizar la duración de las coordinaciones que sacaron por concurso público.

En la misiva remitida a los colegios, aseguran que se trata de una dimisión "bien reflexionada y acordada conjuntamente", convencidos de estar en la recta final de un periodo "de trabajo en común durante tres años y que a partir del nuevo curso se abrirá con nuevos objetivos que también necesitarán de la implicación de todos". Los coordinadores agradecen a los centros su "trabajo y esfuerzo normalizador que incluía compromiso, voluntarismo y apuesta por una pedagogía innovadora que colocase, en el ámbito escolar y extraescolar, a la lengua gallega como protagonista, desde la defensa sin complejos de nuestro idioma propio".

Mientras la Consellería de Educación asegura que, de momento, no le consta ningún documento formal de presentación de dimisión, fuentes próximas al equipo de coordinadores provinciales explican que "las dificultades" para llevar a cabo tareas de normalización lingüística del gallego bajo las directrices y la filosofía del nuevo decreto de la lengua, así como la "falta de apoyos", han llevado a los asesores técnicos a renunciar a sus puestos el próximo curso.

También esta semana la Consellería de Educación envió una circular a los centros educativos anunciando la supresión de las aulas en gallego en el segundo ciclo de Educación Infantil en contextos castellanohablantes, una línea ubicada principalmente en colegios de A Coruña, Vigo Ferrol, Lugo y Ourense.

Los propios padres eran los que solicitaban la escolarización de sus hijos en estas clases, modalidad puesta en marcha por el bipartito que en el curso pasado pusieron en práctica 42 centros educativos y, en el actual, se imparte en más de 30.

Israel es parte integral de Occidente aunque esté enclavado en Oriente Medio. La única diferencia con el post-modernismo en el que nos regocijamos los europeos, genéticamente pacifista y apaciguador, es que los israelíes saben que para seguir existiendo tiene que recurrir al uso de la fuerza. El grupo en torno a Aznar no sólo demuestra coraje, sino claridad moral y liderazgo. Por Israel, por Occidente.

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