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Recortes de Prensa   Sábado 19 Junio  2010

 

Autonomías irresponsables
El Editorial La Razón 19 Junio 2010

Son de agradecer las palabras balsámicas del director del FMI, quien muy cortésmente afirmó ayer ante Zapatero que la deuda española no es peor que la alemana o la francesa. La visita de Straus-Kahn a Madrid cierra el círculo de confianza que ha trazado el Consejo Europeo, con Merkel a la cabeza, en torno a España y a sus reformas económicas. Además de este apoyo explícito, el presidente del Gobierno logró en Bruselas su principal objetivo, que estaba erizado de dificultades, de relajar las tensiones que se habían ido acumulando sobre la capacidad de financiación de nuestra banca. Al hacerse públicos los test de resistencia de los bancos europeos y revelarse que los mejor calificados son dos españoles, el Santander y el BBVA, se vino abajo todo el montaje de rumores, insidias y especulaciones interesadas que pusieron en duda la solvencia de nuestro país y la calidad de su Banca. Sería injusto ningunear o minusvalorar la importancia de lo alcanzado el jueves en la UE, pues no sólo supone un espaldarazo a las medidas de ajuste tomadas por Zapatero, sino también el reconocimiento de que la sociedad española posee los recursos suficientes y la fortaleza necesaria, empezando por los bancos, para plantarle cara a la crisis.

Analizar con realismo la coyuntura requiere también apreciar los puntos positivos y no sumirse en el pesimismo antropológico, tan nocivo como su contrario. Dicho lo cual, y siendo cierto que la deuda española es menor que la francesa o la alemana, Strauss-Kahn también sabe que el problema no es tanto el volumen, sino la velocidad del endeudamiento. Y el acelerón que ha sufrido nuestra deuda en los dos años últimos es el más vertiginoso de la UE. Especialmente preocupante es el ritmo que ha adquirido la deuda de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Según los datos publicados ayer por el Banco de España, la deuda de las autonomías se ha disparado un 28,4% en el primer trimestre del año y ha superado los 94.600 millones, la cifra histórica más alta.

Pese a los compromisos de estabilidad presupuestaria que anualmente adquieren, los gobernantes autonómicos se han lanzado en los últimos años a una carrera de gastos tan innecesaria como suicida. No parece razonable que Cataluña acumule una deuda de 25.000 millones de euros (el 26,5% del total autonómico) o que Valencia adeude 15.000 millones. Lo mismo cabe decir de los ayuntamientos, que lejos de frenar la sangría de sus arcas, en el primer trimestre la han aumentado un 15%. En este capítulo, el ayuntamiento madrileño se lleva la palma, con una deuda superior a los 7.300 millones. Carece de toda lógica que mientras el Gobierno de la nación ha realizado el mayor tijeretazo social de la democracia y se ha sometido al examen de Bruselas, los gobiernos regionales sigan gastando alegremente como si el drama no fuera con ellos. Es urgente poner fin a este despropósito. Del mismo modo que la UE sancionará severamente a aquellos países que no cumplan con los objetivos del déficit, el Gobierno está obligado a corregir enérgicamente a las comunidades manirrotas e irresponsables que están disparando alocadamente la deuda pública.

El final de los barones feudales
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 19 Junio 2010

En la jerga política generalizada los llamados barones autonómicos eran –aún quedan algunos— dirigentes que ocupaban la presidencia de la comunidad, lideraban en ella el partido político en todas sus instancias, decidían sobre el número y la identidad del personal de confianza y asesores que se incorporaban a la administración autonómica, establecían un placaje absoluto sobre los medios de comunicación comunitarios con independencia de su audiencia, rentabilidad y cumplimiento del objetivo de servicio público, repartían las frecuencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y de la radio digital en función de criterios de afinidad, manejaban a su libre albedrío la publicidad institucional y, finalmente, y entre otras muchas facultades menores, utilizaban las Cajas de Ahorro de su territorio con criterios patrimoniales.

Estos barones llegaron a condicionar de manera casi total la vida interna de los partidos –fuera éste el PSOE o el PP— porque la Administración General del Estado, es decir, el Gobierno y los órganos centrales, se han ido desapoderando de competencias en favor de las Comunidades Autónomas, incluidas las correspondiente a materias tan estratégicas como la Sanidad, Educación, medios de comunicación públicos, infraestructuras y, en varios casos, la Policía. Hasta tal punto que son las autonomías y no el Estado las que disponen de más de 50% del gasto público utilizando para ello enormes estructuras político-administrativas que replican la estatal: Gobierno con su correspondiente funcionariado, asambleas legislativas, órganos consultivos y de fiscalización, agencias, empresas públicas, fundaciones…y un largo etcétera de aparataje que absorbe una cantidad ingente de recursos.

El fracaso de la Conferencia de Presidentes
Los intentos por controlar a los barones desde sus propios partidos –no todos iguales, desde luego, ni titulares todos ellos de las mismas virtudes y capacidades— han tenido desigual éxito y, en todo caso, han exigido estrategias de compensación (ministerios, vicepresidencias, presidencia del Congreso, cargos financieros y/o empresariales) y de persuasión pausadas y pesadas. La iniciativa del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, de agruparlos, solidarizarlos y pastorearlos en la llamada “Conferencia de Presidentes” se ha saldado con un clamoroso fracaso, no sólo porque los presidentes autonómicos del PP no han secundado la idea del Jefe del Ejecutivo, sino porque sus propios barones han mostrado una insuperable reticencia a diluirse en una agrupación homogeneizadora con sus colegas de distintas comunidades.

Además, los barones marcan sus presencias y sus ausencias con una prepotencia llamativa: acuden o no a la celebración parlamentaria del aniversario de la Constitución sin explicación o excusa; asisten o no a los actos de la Fiesta Nacional presidida por el Rey en función de criterios muchas veces caprichosos, de mera oportunidad, y pasan olímpicamente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ante la que prácticamente no comparecen. Por si fuera poco, el aforamiento en sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia les ofrece un reforzamiento adicional que eleva su superioridad política y social a unos niveles inconsecuentes.Zapatero en la Conferencia de Presidentes (Efe)

El resultado de este feudalismo político de los barones –proyección moderna del sistema de gobierno de la nobleza feudal en la Edad Media— ha llevado en muy buena medida a una brutal crisis en las finanzas del Estado por la multiplicación de estructuras de gobierno y legislación y ha conducido a que la sociedad española conviva en compartimentos estancos de tal manera que las prestaciones sanitarias, educativas, de seguridad, sociales y de otra naturaleza sean distintas en unas comunidades y en otras. Y lo que es más grave: que el Estado carezca de instrumentos globales, obligatorios, imperativos para lograr objetivos comunes. A esta situación han llevado las baronías que, con una frivolidad despótica, han gastado y hecho gastar lo que el país no tenía.

La Cajas: islas financieras autonómicas
Pero la fiesta ha terminado porque esas “islas financieras autonómicas” (expresión de Juan Ramón Quintás, ex presidente de la CECA) que son las Cajas de Ahorro sobre las que los presidentes autonómicos ejercían la tutela, imponían en muchos casos a sus presidentes, conformaban el consejo de manera clientelar repartiendo vocalías entre sindicatos y partidos, instaban a la financiación de ocurrencias tales como Terra Mítica (Valencia) o un aeropuerto privado (Ciudad Real) y colocaban a cesantes –unas veces competentes y otras no tanto— en cargos bien retribuidos, han entrado en un crisis irreversible que llevará a que salgan de la órbita política para entrar en una bancarización profesionalizada.

Se instaba a la financiación de ocurrencias tales como Terra Mítica o un aeropuerto privado
En este momento se están produciendo hasta once operaciones de fusión o de integración en SIP, algunas de ellas entre Cajas de distintas comunidades que debilitan las facultades de control de los presidentes autonómicos (es el caso de Madrid y Valencia con Caja Madrid y Bancaja) y existe un acuerdo básico entre el PSOE y el PP para reformular por completo –en el contexto de la reforma financiera—la normativa de las Cajas. Dos han sido intervenidas (Caja Castilla-La Mancha y CajaSur), otras, engullidas en fusiones, y muchas diluidas en Sistema Institucionales de Protección que concluirán en concentraciones puras y duras. Por su parte, tanto Rato, presidente de Caja Madrid, como Olivas, de Bancaja, han reclamado la conversión de estas entidades en sociedades anónimas al estilo de la reforma italiana, dejando las leyes autonómicas que las regulan poco menos que en papel mojado. El brazo financiero de las baronías autonómicas se ha acabado después de que bajo su control político, aliado con la dejadez del Banco de España, constituyan, hoy por hoy, el cáncer del sistema financiero español, recojan en sus balances el más impensable cúmulo de riesgos y hayan perdido solvencia a una velocidad vertiginosa.

Medios de comunicación y coches oficiales
Pronto podría acabarse otro de los símbolos de su poder: los medios públicos autonómicos de comunicación. Esto se debe porque a fecha de hoy el coste de las televisiones autonómicas es, nada menos, que de 1.860 millones de euros, la mayoría con fuertes pérdidas, escasas audiencias (fenómeno que se pronunciará en la medida en que se afiance la fragmentación de audiencias que propicia la TDT), programaciones comerciales e informativos fuertemente condicionados por los Gobiernos autonómicos. Y más: se impone la reducción de expresiones de poder hortera y abusivo como son los coches oficiales (la flota autonómica se calcula en más de 1.200 vehículos con sus correspondientes conductores), y la inflación de consejerías, viceconsejerías y secretarías generales y cargos ornamentales pero retribuidos y la abundancia de legaciones autonómicas en el exterior, habitualmente en edificios representativos y con generosa dotación de personal, así como los viajes caprichosos que generan gastos de representación y dietas.

Toda esta locura ha de terminar ahora que la Unión Europea ha pedido que el recorte del déficit para 2011 sea de 0,75% más del previsto y que esa exigencia deban asumirla las Comunidades Autónomas, privadas ya de su instrumento financiero –las Cajas—y con la opinión pública francamente hostil a toda esta inútil y provinciana ostentación de poder y prevalencia.

La Constitución quiso distinguir entre nacionalidades y regiones para resolver la llamada cuestión territorial. Se trataba de una formulación asimétrica que preveía una descentralización para las regiones y un amplio autogobierno político para las nacionalidades. El “café para todos”, la carrera generalizada por emular y epatar al vecino, la auto-atribución de hechos diferenciales arbitrarios, las “deudas históricas” fabuladas en detrimento del interés común y la imposición de la parte al todo, nos han llevado a una estructura del Estado insostenible y nos ha retrotraído al feudalismo medieval bajo la batuta de algunos barones que han practicado el despotismo. Si la crisis ayuda a rectificar este desafuero, algo habríamos sacado en limpio.

Déficit
Hay que seguir recortando gastos
José Barea Libertad Digital 19 Junio 2010

Al haber sobrepasado España en 2008 el límite del 3% de déficit público, la Comisión Europea decidió iniciar un procedimiento de déficit excesivo; al finalizar 2009 el déficit ha alcanzado el 11,2% del PIB. La ministra de Economía y Hacienda ha presentado un Plan de Austeridad que pretende reducir el déficit en 52.000 millones de euros, de los que 11.000 millones se obtendrían por mayores ingresos derivados de las medidas tributarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y lucha contra el fraude y 41.000 millones por reducción de gastos. El Plan es insuficiente ya que el déficit ha de reducirse en 8,2 puntos del PIB, es decir, 86.000 millones de euros.

La falta de transparencia sobre las partidas presupuestarias a reducir en 2010 y en el trienio siguiente y la cuantificación de las bajas en cada una de ellas ha restado credibilidad al Gobierno ante los mercados financieros, dando lugar a que el diferencial del bono español a 10 años frente al alemán haya sobrepasado los 200 puntos básicos. Tal hecho está repercutiendo en el tipo de interés que los prestatarios españoles, tanto públicos como privados, tienen que pagar al solicitar nuevos préstamos.

El recorte de gastos efectuado por el Gobierno no ha afectado al Capítulo 2º "Gastos corrientes en bienes y servicios" de los Presupuestos Generales del Estado consolidado, cuyo importe asciende a 8.542,91 millones de euros. Este capítulo comprende todos los gastos de funcionamiento de los servicios y representa la cuarta parte de los gastos de personal. ¿Qué razones han existido para dejarlos excluidos del recorte presupuestario cuando aquí se encuentran los gastos de los parques móviles de todos los entes públicos de la Administración del Estado, gastos de viaje, indemnizaciones por razón del servicio prestado, publicaciones, compras... que precisamente en época de crisis deben ser los primeros en ser objeto de restricción presupuestaria?

A pesar del fuerte aumento que en el PIB ha tenido la producción de servicios colectivos y de su mayor coste unitario, en relación con la empresa privada, es evidente el deterioro que en la calidad de bastantes servicios públicos viene padeciendo la sociedad española. Cuando en España la producción de servicios colectivos supone el 16% del PIB y el 15% de la población ocupada, con mucho la empresa más grande del país, parece inconcebible que la actividad productiva de las administraciones públicas no se organice con sentido empresarial.

La producción de servicios colectivos nunca ha sido considerada bajo una óptica de eficiencia. En principio, su escasa cuantía, su consideración por los economistas como una actividad improductiva y su alejamiento del mercado, tanto por el lado de la demanda, como por el de la financiación, podría justificar el tratamiento puramente administrativo y burocrático con que se ha concebido la producción de los servicios públicos. Hoy día, no cabe continuar con la postura de ineficiencia. Por ello la organización que la administración pública debería adoptar para producir los servicios colectivos debe ser análoga a la del sector empresarial productor de bienes y servicios privados, introduciendo en la medida de lo posible criterios de mercado. En otro caso siempre seremos ineficientes.
José Barea es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

Templando gaitas
HERMANN TERTSCH ABC 19 Junio 2010

Ahora nos vienen todos los paniaguados del evento interplanetario que jamás existió a decirnos que Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han dado la razón a nuestro Gran Timonel. No es ya que nos crean imbéciles. Nos tratan como imbéciles. Y quizás lo merezcamos por esta patológica falta de indignación que mostramos. Pastueños o cainitas feroces. Pero nunca surge en la masa crítica de la sociedad española la dosis lógica de crítica y entendimiento de lo que sucede en el exterior. Por eso algunos aquí se permiten repetir la obscena mentira de que aquí pasa lo mismo que en el resto de Europa. Pues sepan que no es así.

Cierto es que tanto Merkel como Sarkozy o Strauss-Kahn prefieren unas tiritas a los aplausos a la hemorragia. Que era —los aplausos— exactamente lo que Zapatero y su tropa viene haciendo desde que le dijeron desde todos los rincones del mundo que su economía clientelista e ideologizada llevaba a España al desastre a muy corto plazo. Y cierto es también que ninguno de los tres quiere un desplome de España. Primero porque nos quieren bien. Mejor que muchos protagonistas de esta historia sórdida a la vez de patética en la que nos han metido los chicos del cheque, nuestros sindicalistas y montillas. Y segundo, porque saben que ellos tendrían que pagar gran parte de la factura. La irresponsabilidad no es patrimonio español. Eso lo sabemos. Pero también se ha constatado que cuando nos lanzamos a ella somos estupendos.

Por eso el trío citado, alarmado por la incapacidad del equipo de Gobierno español, templa gaitas. Saben que las tiritas no van a salvar a los españoles de una crisis de caballo y larga como un maratón. Pero esperan que al menos les salven a ellos de tener que pagar un precio demasiado alto.

España postnacional
Los nuestros
José María Marco Libertad Digital 19 Junio 2010

Los nuestros, al parecer, iban a merendar suizos el pasado miércoles aunque al final los dichosos suizos se les atragantaron... Es de las muchas sandeces que se han escuchado y leído en los días previos al partido de la roja, nuevo nombre, como es bien sabido, de la selección nacional de fútbol.

Sea cual sea el resultado de la estancia de los nuestros en Sudáfrica, lo interesante –desde una cierta perspectiva– es que la selección española ha logrado una forma de unanimidad que ha barrido cualquier discusión acerca de los símbolos y las expresiones de lealtad. Entre los miembros de la roja hay conocidos iconos del catalanismo más rabioso, pero no se han distinguido por eso, ni nadie –nadie con convicciones nacionalistas, quiero decir– les ha negado su categoría de portadores de la antorcha española. Y la bandera de España ha lucido mucho más que lo que lo ha hecho en muchos años.

El fenómeno se puede interpretar de muchas maneras. Por una parte, como una demanda de España y de ciertas formas de adhesión que parecían superadas y que vuelven –y volverán con más fuerza– a medida que la globalización, por una parte, y la crisis, por otra, sigan desarrollándose.

También coincide con un momento en el que, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se ha desactivado, al menos en parte, el problema nacional. En realidad, el proceso de deconstrucción de la nación española iniciado poco después de instaurada la democracia ha tomado un giro inesperado. No se ha reconducido la situación hacia la recuperación de la idea nacional, pero sí se ha abierto un nuevo camino que conduce a algo típico de la era Zapatero, como es la España postnacional: una comunidad política sin más identidad que la civil, y que sería capaz, en consecuencia, de integrar las diversas identidades y lealtades nacionales que nos caracterizarían como españoles. El problema que siempre planteaba la famosa fórmula de nación de naciones desaparece por disolución de su primera parte, que deja paso a algo así como un país o una comunidad de naciones. Si alguien no lo remedia, parece que eso es lo que va a ser España a partir de ahora.

El primer efecto de este paso fue la recuperación de los símbolos, vaciados de su contenido nacional. Ya no hay miedo a los colores de la bandera, ni a la bandera en sí misma, y al Gobierno se le llama "Gobierno de España" con toda naturalidad porque España no es ya algo superior a cualquiera de sus partes, ni tiene por qué imponerse a ninguna de ellas. Entre el Gobierno de España y el de Cataluña o el de Andalucía no hay rivalidad ni competencia: no sólo no designan lo mismo, sino que lo que designan forma parte de planos distintos de realidad, que no compiten entre ellos.

Por otra parte, la experiencia de una España postnacional coincide con una desactivación si no del nacionalismo, sí de cierta tensión separatista. Descartada cualquier posibilidad de relato nacional español, los nacionalismos locales se quedan sin fantasma del que alimentar su propia narración. El hecho es bien sencillo: si España deja por fin de querer ser lo que nunca fue, es decir una nación, el nacionalismo pierde sus aristas más feroces. La selección nacional se ha convertido en la roja sin cambiar de colores y los nuestros lo son de otra forma, aunque la decepción del miércoles indica que no hemos alcanzado todavía el grado de universalidad y ecumenismo que se requiere.

Los desafíos que plantea todo esto son múltiples y de muy diversa índole. Habrá quien piense, no sin argumentos, que se trata de un experimento imposible, capaz de arruinar, además, la supervivencia de la democracia liberal en un país que habrá dejado de ser el nuestro de una forma tan original.

Hay que reconocer, no obstante, que el paso era complicado y arriesgado de dar, y que Rodríguez Zapatero ha conseguido algunos objetivos importantes. Con la rehabilitación de los símbolos, aunque sean ex nacionales, ha roto tabúes que parecían intocables, como ha hecho con la reforma laboral. Para todo hay que tener audacia.

Rebajas en el Senado
Editoriales ABC 19 Junio 2010

BAJO la presión de un PSC en horas bajas, el Grupo Socialista del Senado recibió con aparente entusiasmo la petición nacionalista para que se utilicen en la Cámara las diversas lenguas cooficiales. Sin embargo, las cosas han ido demasiado lejos: la escena del «pinganillo» entre Montilla y Chaves provocó la indignación de los ciudadanos ante los gastos sin sentido derivados de la traducción simultánea entre representantes del pueblo español que se entienden con toda normalidad en castellano. Llega ahora el tiempo de las rebajas, con la finalidad de evitar la imagen de Rodríguez Zapatero utilizando auriculares en la Cámara de Representación Territorial. En efecto, los socialistas pretenden restringir el uso senatorial de las otras lenguas cooficiales en determinadas comunidades autónomas, de manera que sólo puedan emplearse en el Pleno cuando se produzca el debate de mociones, ya que este instrumento parlamentario —a diferencia de las preguntas orales— no requiere la participación del presidente del Gobierno. Al parecer, también los proyectos de ley quedarán excluidos por esta interpretación restrictiva de la propuesta inicial.

El objetivo es dejar a salvo, al menos en apariencia, la supuesta «sensibilidad» del PSOE hacia la pluralidad lingüística, pero evitando el desgaste del presidente y los ministros, puesto que la opinión pública rechaza estas maniobras partidistas, sobre todo en una época de emergencia económica. En la misma línea, el Senado podría ahorrar algún dinero utilizando cuando proceda a los traductores de los Parlamentos autonómicos. Todo vale para reducir al mínimo los daños causados por este «ridículo mundial», como denunciaba en su día el Partido Popular.

Ni un euro a los musulmanes, ni un euro a la islamización
Enrique de Diego El Semanal Digital 19 Junio 2010

Cuando publiqué Islam, visión crítica (Editorial Rambla) había un clima generalizado de derrotismo. La islamización de España se daba por supuesto, en atención a datos demográficos y también en relación con las políticas gubernamentales o con el silencio cómplice de la oposición. Las primeras críticas, en sentido positivo, indicaban que el libro llegaba "demasiado tarde". Se suponía que se trataba de un gesto testimonial.

A los pocos meses, el debate ha cambiado muy significativamente de signo. Hoy mismo un digital titula "La prohibición del velo en edificios públicos se extiende por toda España". Las votaciones que se llevan a cabo en los diversos ayuntamientos suelen producirse por unanimidad. Ya está clara la convicción de que el hijab, el niqab y el burka no son manifestaciones de libertad religiosa, sino groseras vejaciones a la dignidad de la mujer, inadmisibles en una sociedad abierta.

La primera conclusión es que las batallas seguro que se pierden cuando no se dan, pero cuando se acude con la razón se rompe la conjura de silencio y el debate se generaliza, como paso previo a las medidas. La islamización ya está siendo frenada, aunque los primeros gestos son muy tibios, pero se mueven en una nueva dirección. La primera moraleja es que podemos salir de la crisis, ganar todas las batallas si las damos con fuerza y convicción, y lo vamos a hacer.

La pedagogía desplegada en Islam, visión crítica , que hará mayor bien en la medida en que se difunda más, ha hecho que los islamistas nos dejen de tratar como estúpidos y pretendan engañarnos con monsergas que hasta entonces eran admitidas como consignas contra las que no se podía decir nada, a pesar de las evidencias de que los musulmanes se concentran en guetos que resultan altamente conflictivos y que están desarrollando una cultura parasitaria a través de las subvenciones, en una sociedad que aspiran a destruir. Con Islam, visión crítica se ha extendido una nueva mentalidad, se ha erradicado la ignorancia. Ahora ningún político de ningún partido se atreve ya a apostar o manifestarse por la islamización. La macromezquita de Cornellá, que empezó a levantarse en suelo público cedido por Montilla, está parada y de seguro el PSC lo pagará muy caro en las elecciones.

Prohibir el burka es obvio, pero es preciso ir más allá. A las mujeres que llevan el niqab o el burka o el hijab, en el futuro, se les debe retirar de inmediato el permiso de residencia y a sus maridos. Sobre todo, hay que cortar la financiación, las subvenciones, a las asociaciones islamistas. Esos ayuntamientos que prohíben el burka, al tiempo subvencionan a los musulmanes, como sucede en El Vendrell. La Comunidad Murciana subvenciona a Justicia y Caridad, que está proscrita por fundamentalista y terrorista en Marruecos. En Valencia se cedieron solares para mezquitas y la Generalitat valenciana subvenciona libros musulmanes contra Isabel la Católica. La Junta de Andalucía quiere financiar a los islamistas promoviendo el árabe. Todo esto tiene que terminar. Además de un suicidio colectivo, no podemos permitírnoslo. Es absurdo congelar las pensiones mientras se desvía dinero de los contribuyentes hacia quienes siguen el principio coránico de "matadlos allá donde los encontréis" o el "golpead" a las mujeres. Mi libro aclara esas cuestiones frente a las conjuras progres y a los complejos del PP.

Según publica La Vanguardia, el 25% de las mezquitas se declaran salafistas, o sea integristas, viveros de terroristas. Ese 25% de imames deben ser expulsados de inmediato y las mezquitas y oratorios cerrados.

Las mociones que deberían generalizarse ya son las que indiquen que deben ser retiradas todas las ayudas y subvenciones a los grupos islamistas. Ni un euro del contribuyente a los musulmanes. Ni un euro a la islamización.

Los gobiernos regionales sigan gastando alegremente como si el drama no fuera con ellos
El derroche y el desastre de la España de las Autonomías
El problema no es tanto el volumen, sino la velocidad del endeudamiento
Redacción Periodista Digital 19 Junio 2010

Son de agradecer las palabras balsámicas del director del FMI, quien muy cortésmente afirmó este viernes ante Zapatero que la deuda española no es peor que la alemana o la francesa.

La visita de Straus-Kahn a Madrid cierra el círculo de confianza que ha trazado el Consejo Europeo, con Merkel a la cabeza, en torno a España y a sus reformas económicas.

Además de este apoyo explícito, el presidente del Gobierno logró en Bruselas su principal objetivo, que estaba erizado de dificultades, de relajar las tensiones que se habían ido acumulando sobre la capacidad de financiación de nuestra banca.

Al hacerse públicos los test de resistencia de los bancos europeos y revelarse que los mejor calificados son dos españoles, el Santander y el BBVA, se vino abajo todo el montaje de rumores, insidias y especulaciones interesadas que pusieron en duda la solvencia de nuestro país y la calidad de su Banca.

Sería injusto ningunear o minusvalorar la importancia de lo alcanzado el jueves en la UE, pues no sólo supone un espaldarazo a las medidas de ajuste tomadas por Zapatero, sino también el reconocimiento de que la sociedad española posee los recursos suficientes y la fortaleza necesaria, empezando por los bancos, para plantarle cara a la crisis.

Analizar con realismo la coyuntura requiere también apreciar los puntos positivos y no sumirse en el pesimismo antropológico, tan nocivo como su contrario.

Dicho lo cual, y siendo cierto que la deuda española es menor que la francesa o la alemana, Strauss-Kahn también sabe que el problema no es tanto el volumen, sino la velocidad del endeudamiento.

Y el acelerón que ha sufrido nuestra deuda en los dos años últimos es el más vertiginoso de la UE.

Especialmente preocupante es el ritmo que ha adquirido la deuda de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Según los datos publicados ayer por el Banco de España, la deuda de las autonomías se ha disparado un 28,4% en el primer trimestre del año y ha superado los 94.600 millones, la cifra histórica más alta.

Pese a los compromisos de estabilidad presupuestaria que anualmente adquieren, los gobernantes autonómicos se han lanzado en los últimos años a una carrera de gastos tan innecesaria como suicida.

No parece razonable que Cataluña acumule una deuda de 25.000 millones de euros (el 26,5% del total autonómico) o que Valencia adeude 15.000 millones.

Lo mismo cabe decir de los ayuntamientos, que lejos de frenar la sangría de sus arcas, en el primer trimestre la han aumentado un 15%.

Carece de toda lógica que mientras el Gobierno de la nación ha realizado el mayor tijeretazo social de la democracia y se ha sometido al examen de Bruselas, los gobiernos regionales sigan gastando alegremente como si el drama no fuera con ellos.

Es urgente poner fin a este despropósito. Del mismo modo que la UE sancionará severamente a aquellos países que no cumplan con los objetivos del déficit, el Gobierno está obligado a corregir enérgicamente a las comunidades manirrotas e irresponsables que están disparando alocadamente la deuda pública.

Once ayuntamientos contra la imposición del catalán en Aragón
Redacción Minuto Digital 19 Junio 2010

Un total de 11 ayuntamientos aragoneses han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Lenguas por entender que, al hacerse efectiva la cooficialidad del catalán en sus municipios, se están invadiendo competencias municipales.

La presentación de este recurso es consecuencia de la campaña que en su día inició el Partido Popular, y cuya finalidad era la protección de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón así como el fomento de su uso como elementos vivos de nuestro patrimonio cultural.

De los once ayuntamientos que presentan el recurso, ocho son del Partido Popular y tres del Partido Aragonés, que ha querido de este modo sumarse a esta iniciativa, a favor de la protección de las modalidades lingüísticas aragonesas, y en contra de la imposición del catalán.

Los ayuntamientos del PP que presentarán el recurso son Fayón y Nonaspe, en la provincia de Zaragoza, Fraga y Lascarrues, en Huesca, y Valderrobres, La Fresneda, Torre del Compte y Fórnoles, en la provincia de Teruel. Por parte del PAR, Aguaviva, La Ginebrosa y La Codoñera, los tres de la provincia de Teruel. En el caso de La Codoñera, la presentación del recurso contó con el apoyo del PSOE.

Ayuntamientos de Aragón recurren la Ley de Lenguas por inconstitucional
Ep La Razón 19 Junio 2010

Un total de 11 ayuntamientos aragoneses han presentado hoy un recurso contra la Ley de Lenguas en el registro del Tribunal Constitucional, al considerar que dicha normativa invade sus competencias.

El senador del PP por Teruel Manuel Blasco explicó, antes de presentar el recurso ante el registro del Alto Tribunal, que estos ayuntamientos aragoneses “creen que hay una invasión de competencias por parte de la Ley de Lenguas”, ya que “se les imponen unas obligaciones que no les impone la Ley de Administración Local, que es la que rige los ayuntamientos”.

“La Ley de Lenguas, por vía de hecho, hace cooficial el catalán, cosa que no hace el Estatuto de Autonomía de Aragón”, añadió el senador popular. Según Blasco, frente a este recurso, “el PSOE, buscando otros aliados que no aprobaron el Estatuto, ha querido normalizar lo que los alcaldes y los vecinos entienden que no es catalán y que es una modalidad ling~ística propia” y “los tribunales están para ver quién tiene razón”.

El senador por Teruel explicó que “el procedimiento es largo, se iniciarán las consultas a las administraciones implicadas, a la Fiscalía, y la media de tiempo de fallo del tribunal está por encima de tres años”. "Esperamos que (la resolución) se dé con la máxima celeridad posible, aunque hemos dicho que si el PP gana las elecciones derogaremos la ley”, porque “creemos que es contraria a los intereses del pueblo de Aragón”, manifestó.

“El retraso de la Justicia debería resolverse sí o sí. Creemos que es posible que nos den la razón; si no, no vendríamos ante este tribunal”, sentenció en declaraciones a los periodistas. Según Blasco, un caso de invasión de competencias se debe abordar ante el Tribunal Constitucional, algo que sólo se ha hecho seis veces en los últimos años por parte de los ayuntamientos, y añadió que “hace poco el alcalde Belloch amenazaba con presentar el recurso; no sé si lo ha hecho”.

Por su parte, el abogado de los 11 ayuntamientos adheridos a este recurso, Ángel Escolano, añadió que “para que el legislador intervenga en la capacidad de autoorganizarse de los ayuntamientos le falta un título habilitante”, pero “ha optado por la ley ordinaria, que no tiene suficiente peso para ello”.

De los once ayuntamientos que presentan el recurso, en ocho gobierna el Partido Popular y en tres el Partido Aragonés. Los consistorios populares son los de Fayón (Zaragoza), Nonaspe (Zaragoza), Fraga (Huesca), Lascuarres (Huesca), Valderrobres (Teruel), La Fresneda (Teruel), Torre del Compte (Teruel) y Fórnoles (Teruel), mientras que los aragonesistas corresponden son los de Aguaviva (Teruel), La Ginebrosa (Teruel) y La Codoñera (Teruel).

Lluvia de palabras en más de 40 países para celebrar el Día del Español
Durante toda la jornada se llevarán a cabo actividades culturales promovidas por el Instituo Cervantes
Ep www.lavozlibre.com 19 Junio 2010

Madrid.- El Instituto Cervantes celebrará el segundo Día del Español en los más de 70 centros que posee en 42 países de los cinco continentes. El encuentro comenzará con el lanzamiento de una 'Lluvia de palabras' desde todos los centros, a las 11 de la mañana y se prolongará a lo largo de toda la jornada con un completo programa de actividades culturales.

Como gran novedad del evento, a nivel internacional se disputará una competición colectiva de palabras cruzadas en formato gigante, a pie de calle, conocida como la 'Liga del Juego del español', cuyos vencedores en 30 ciudades de todo el mundo y, también, en la competición abierta a través de la página oficial de Facebook, www.facebook.com/eldiae, disfrutarán de un viaje a Andalucía otorgado por Turismo Andaluz (www.andalucia.org).

En Madrid, tras la 'Lluvia de palabras' que surcará la fachada de la sede central de la institución sita en la calle de Alcalá, n.º 49, la celebración se trasladará a la Plaza de Vázquez de Mella, donde a lo largo del día se desarrollarán talleres infantiles, actuaciones de folclore por cortesía de las diferentes embajadas hispanoamericanas (Colombia, México, Perú, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana), recitales de poesía, degustaciones gastronómicas, la 'Liga colectiva del Juego del español', etc. A partir de las 19 horas, tendrán lugar las actuaciones musicales al aire libre de los grupos españoles Maui y los Sirénidos, La Shica y Dwomo.

En los más de 70 centros del Instituto Cervantes repartidos por todo el mundo, durante la jornada de puertas abiertas de este sábado 19, el público podrá disfrutar de diferentes actividades. Entre ellas, en Budapest, por ejemplo, un barco surcará el río Danubio para acoger la celebración y los conciertos del Día del Español.

En Burdeos, las calles de la ciudad se convertirán en un circuito de rally con el español como principal motivo. Mientras que el grupo Pauline en la Playa dará un concierto en la ciudad de Casablanca.

Los años dorados del séptimo arte mexicano serán representados en una exposición de carteles cinematográficos en la ciudad de Damasco y en Dublín, los niños podrán disfrutar con un taller sobre el mundo del cómic.

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Tienen hasta el calendario
Editorial www.gaceta.es 19 Junio 2010

Según revela hoy LA GACETA, la izquierda abertzale ha presentado al mediador sudafricano Brian Currin un calendario con los pasos que la ilegalizada Batasuna tiene previsto dar en las próximas semanas a fin de desmarcarse supuestamente de ETA.

Y paralelamente, en la otra orilla, Eguiguren presiona al Gobierno vasco para que cree las condiciones políticas para la legalización de Batasuna (“es contraproducente para el futuro mantener ilegal a Batasuna” …. Basagoiti y López deben “abandonar prejuicios del pasado” dice en una entrevista).

La famosa foto que Zapatero ansía para obtener un balón de oxígeno, puede estar más cerca que nunca. Las evidencias, como las que revelamos hoy, se acumulan. Y se suman a las detalladas informaciones que LA GACETA viene dando en exclusiva desde principios de año.
El sudafricano Brian Currin, autonombrado mediador internacional para negociar una paz falsa según los términos de los terroristas, tiene en su poder una detallada hoja de ruta de los movimientos estratégicos de ETA para el futuro inmediato. Esos movimientos contrastan con el argumento una y mil veces repetido por Rubalcaba, Patxi López, o el propio Eguiguren, de que el Gobierno no tiene contactos. La prueba es que ayer el ministro del Interior y el líder del PSE, cada en su papel, escenificaron un paripé de enfrentamiento. A las declaraciones de Eguiguren sobre Batasuna, Rubalcaba replicaba que el socialista vasco está “equivocado” y que la formación ilegalizada sólo tiene dos opciones: o consigue que ETA deje las armas o rompe con ella.

Pero el tira y afloja es ficticio. Desde el momento en que, como saben los lectores de LA GACETA, nunca ha dejado de haber contactos con los terroristas y las negociaciones, con personajes como Currin en danza, o Rafael Díaz Usabiaga, pendiente de su madre, están muy adelantadas para escenificar una falsa salida negociada. Y desde el momento en que siguen teniendo un desproporcionado ascendiente sobre estas cuestiones de ETA un personaje como Eguiguren, cuya nefasta calidad moral puede colegirse no sólo de su amistad con Otegui sino de conductas personales –agresiones a su mujer– que le han llevado a tener que rendir explicaciones ante la Justicia. Por otra parte, el momento lo que pide no es contemporizar con los etarras: todo lo contrario, ésta es la circunstancia más adecuada para descabezar de una vez por todas a la alimaña terrorista con la presión policial y el rigor de la ley.

Lamentablemente, los planes propagandísticos del Gobierno para su reelección no pasan por dar muerte a ETA, sino porque Zapatero (y paralelamente Patxi López) puedan posar de pacificadores. A cambio, el nefasto trueque consiste en que los etarras declaren otra tregua-trampa para rearmarse, en tanto que el Gobierno concede carta blanca para que Batasuna presente sus candidaturas en las elecciones municipales del año que viene. En este sentido, los contactos tan estrechos de Currin con la banda, y la ristra de propuestas –Acuerdos de Loyola, Declaración de Pamplona– de abandono de la violencia no son sino esfuerzos inicuos por edulcorar la imagen del entorno etarra –¡como si ETA y Batasuna no fueran lo mismo!– a ojos de la opinión pública de dentro y fuera de España. Esto ya es intolerable, pero se hace aún más intolerable cuando además el Gobierno nos engaña y nos insulta como ha hecho durante todos estos meses.

No más confusión sobre ETA
Editoriales ABC 19 Junio 2010

Bien está el desmentido de Rubalcaba y Patxi López a Eguiguren, pero no estaría de más que Zapatero deje claro que bajo ningún concepto habrá otra negociación con ETA

EL lendakari Patxi López y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han negado que se esté preparando otro proceso de diálogo con ETA, dejando en mal lugar a Eguiguren, presidente del PSE, que ha vuelto a las andadas on la legalización de Batasuna, lo que supondría el paso previo para retomar la negociación política con ETA. Bien está el doble desmentido y nada sería más positivo que así fuera, pero el problema es que lo que está pasando ya es conocido y no basta con recluir a Eguiguren en el papel de verso suelto del socialismo. La tregua que anunció ETA en 2006 estuvo precedida de cuatro años de preparativos entre el PSE y Batasuna, y desde 2004 por el propio Gobierno socialista. Las evidencias de aquella negociación fueron desmentidas una tras otra por los máximos dirigentes del PSOE y del Gobierno, cuando realmente se estaba negociando no sólo el alto el fuego de ETA, sino la relación de asuntos políticos que se pactarían con los terroristas a cambio, supuestamente, del cese definitivo de la violencia.

Por todo esto cuesta aceptar este cruce de desmentidos como prueba suficiente de que Eguiguren no está hablando por boca de otros, ni ejecutando sacrificadamente la segunda parte del proceso de negociación con ETA. El dato de que algunos de sus principales dirigentes están libres —Josu Ternera, Díez Usabiaga, Iñaki de Rentería— se suma a la libertad y el convencimiento con el que Eguiguren se está conduciendo en este asunto. No resulta verosímil que el principal dirigente del socialismo vasco insista en legalizar a Batasuna sin que cuente con algún tipo de aval superior. Y si no lo tiene, es entonces absolutamente necesario que Zapatero desautorice pública e inequívocamente las gestiones y las propuestas de Eguiguren, que confirme que la derrota incondicional de ETA es el único final admisible para la banda terrorista y que no hay opción a más diálogos y negociaciones. Tras el bienio negro de postración ante ETA entre 2005 y 2007, la sociedad española no acepta más cese de la violencia que el que resulte de la derrota de los terroristas. Y esta derrota implica también la de sus testaferros políticos de Batasuna y del sindicato LAB. El Gobierno tiene el consenso de la sociedad y del Partido Popular para poner a ETA de rodillas ante las víctimas, pero no para sentarla de nuevo en torno a una mesa de negociación. Y el mejor homenaje que se le haría a las víctimas sería el de expresar claramente el compromiso del Ejecutivo de no abrir más mesas de diálogo.

UNA PONENCIA SOBERANISTA
Casas intentará fallar sobre el Estatut la próxima semana
El Tribunal Constitucional celebrará el próximo lunes un nuevo Pleno para resolver los recursos interpuestos por el Gobierno de Montilla en relación con el Estatuto catalán. Por su parte, la presidenta María Emilia Casas intentará sacar adelante su ponencia que ya está terminada.
ÁNGELA MARTIALAY Libertad Digital 19 Junio 2010

El próximo lunes el Tribunal Constitucional celebra una nueva sesión plenaria para deliberar sobre asuntos relativos al Estatuto de Cataluña. Según han señalado fuentes del Alto Tribunal, en el orden del día se encuentra resolver el recurso de súplica interpuesto por la Generalidad para que el magistrado Pablo Pérez Tremps, recusado en 2007, vuelva a participar en la deliberaciones sobre la norma estatutaria.

El pasado 10 de junio, el Gobierno catalán pidió al pleno del Constitucional que Pérez Tremps pudiese votar en aquellos artículos del Estatut por los que no fue recusado, siempre que el tribunal decida finalmente votar por bloques la sentencia de los recursos sobre el texto autonómico. La recusación de Pérez Tremps se basó en que -antes de ser elegido magistrado- había elaborado un informe sobre la acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de la Generalidad.

Asimismo, el Pleno tiene previsto analizar los recursos de súplica interpuestos tanto por el Gobierno como por el Parlamento catalanes contra la negativa del Alto Tribunal a declararse incompetente para dictar sentencia sobre el Estatuto. Ésta, junto con la de Pérez Tremps, son las dos últimas ofensivas lanzadas por el Ejecutivo que preside José Montilla para evitar que el máximo intérprete de la Constitución se pronuncie sobre la polémica ley autonómica antes de que comience la precampaña de las elecciones catalanas previstas para el próximo otoño.

Será la segunda vez que el TC deba responder a estos recursos en los últimos veinte días. En una primera ocasión ya lo hizo para rechazar ambas peticiones aunque, a posteriori, la Generalidad volvió a recurrir en súplica su decisión.

Una ponencia soberanista
Además, fuentes del Alto Tribunal apuntan a que el Pleno podría prolongarse a lo largo de la semana con el fin de deliberar y someter a votación el séptimo borrador de sentencia, elaborado esta vez por la presidenta María Emilia Casas. Ésta fue entregada a los magistrados en pasado miércoles y la intención de Casas es que sea el último y definitivo.

Según informa hoy el diario El Mundo, el texto de Casas -adscrita también al sector progresista de los magistrados- anula trece artículos del Estatuto y supedita a interpretación de conformidad otros veinticuatro, siendo en su conjunto bastante similar al que redactó la magistrada Elisa Pérez Vera.

La presidenta ha propuesto que se declare inconstitucional la existencia de un poder judicial catalán como última instancia, que el defensor del pueblo de Cataluña tenga carácter exclusivo o que la lengua catalana goce de preferencia en la comunidad autónoma, entre otras cuestiones. Sin embargo, la ponencia reconocería a Cataluña como una nación con símbolos propios.

Este último punto ha sido hasta ahora el escollo principal que ha atascado las negociaciones entre magistrados progresistas y conservadores y que ha impedido que se haya dictado sentencia casi cuatro años después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso del PP.

Previsiblemente, si la ponencia de Casas no adquiere un acuerdo mayoritario en su conjunto, la presidenta hará que el fallo salga adelante como producto de una votación por artículos o por bloques de artículos. Este plan B está amparado en al artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reza que “la votación, a juicio del presidente, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse”.

Una vez más una de las posiciones claves en las negociaciones será previsiblemente la del magistrado Manuel Aragón, quien, pese a su adscripción progresista, votó con los conservadores para rechazar el borrador de Pérez Vera y mantuvo una de las posiciones más críticas con los aspectos del Estatuto que afectaban a la nacionalidad y los símbolos catalanes. Casas tratará de conseguir su apoyo utilizando el novedoso sistema de votación.

Someterá el próximo lunes al Pleno del TC un borrador lastrado por la falta de consenso
Casas acelera para que la sentencia del Estatut esté antes de las catalanas
R. Coarasa La Razón 19 Junio 2010

Dos nuevos recursos planteados por la Generalitat retrasarán de nuevo la discusión sobre el proyecto de sentencia.

MADRID- Los diez magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que tienen en sus manos el futuro del Estatuto de Cataluña debatirán la próxima semana el último borrador de sentencia (el séptimo ya), elaborado por María Emilia Casas. La presidenta del Alto Tribunal echará el resto para conseguir su objetivo de que el fallo se dé a conocer antes de la precampaña de las elecciones catalanas, que se celebrará el próximo otoño. Ese empeño, sin embargo, puede diluirse una vez más ante la falta de consenso entre los magistrados. Además, dos nuevos recursos planteados por la Generalitat entorpecerán aún más el debate. El Gobierno autonómico reclamó al TC que se declarase incompetente para resolver, dado que el Senado ya ha puesto en marcha la renovación de cuatro de los magistrados que están en funciones desde hace dos años y medio (incluida la propia Casas). Además, pidió que el recusado Pablo Pérez Tremps se incorporase a las deliberaciones ante la posibilidad de que la sentencia se vote por bloques. Ambas pretensiones fueron rechazadas por el PP, pero la Generalitat volvió a la carga y recurrió en súplica ambas cuestiones. Fuentes del Alto Tribunal explicaron que el primer recurso ya ha sido trasladado a las partes, por lo que la cuestión si se someterá a la consideración del Pleno el próximo lunes. De hecho, el Gobierno de Murcia, ya ha presentado sus alegaciones y considera que el Constitucional es «plenamente competente» para resolver los recursos interpuestos en su día», informa Efe.

El recurso referente a Pérez Tremps, sin embargo, llegó al TC el pasado jueves, por lo que presumiblemente no se debatirá en esa primera sesión.

Trece artículos cuestionados
Pero al margen de esas cuestiones previas, lo cierto es que el texto pergeñado por Casas, muy similar al que en su día redactó Elisa Pérez Vera (trece artículos son declarados inconstitucionales frente a los 14 que anulaba la propuesta de su compañera) no despierta demasiado entusiasmo entre los magistrados conservadores.

Tal y como informó este periódico, Casas ha trasladado esta semana al resto de magistrados su borrador. Tendrán apenas cuatro días para estudiarlo antes de que se celebre el Pleno del lunes. El magistrado progresista que puede tener la llave para que la esperada sentencia sea una realidad, Manuel Aragón, no parece muy dispuesto a apoyarlo. Conocido es su rechazo a que Cataluña se defina como nación en el Estatut y al artículo 8 de la norma que enumera los símbolos «nacionales» catalanes. Ese posicionamiento impidió que el borrador de Pérez Vera (que no ponía pegas constitucionales a esa definición) saliese adelante con el voto de calidad de la presidenta (una posibilidad de la que Casas no quería ni oír hablar y que ahora se antoja como la única opción para aprobar la sentencia del Estatut).

Pero el posible guiño de Casas a Aragón no se ha producido y su borrador no incorpora en la sentencia la inconstitucionalidad de la definición de Cataluña como nación, una cuestión en la que el magistrado se ha mantenido firme en las deliberaciones.

España
El PSOE intenta evitar a Zapatero el ridículo del pinganillo en el Senado
Propone que sólo se utilicen las lenguas cooficiales en las mociones del Pleno y que los parlamentos regionales cedan sus traductores
PALOMA CERVILLA / MADRID ABC 19 Junio 2010

A los socialistas se le está comenzando a atragantar su apoyo el pasado 28 de abril a la toma en consideración de la propuesta de 34 senadores nacionalistas para que se reforme el Reglamento de la Cámara Alta y se puedan utilizar las lenguas cooficiales (vasco, gallego, catalán y valenciano) tanto en el Pleno, incluida la sesión de control al Gobierno, como en la actividad de las Comisiones. El Grupo Socialista dio su voto favorable, con gran entusiasmo, a esta polémica iniciativa, y ahora trabaja a la desesperada para rebajar una propuesta que disparó las críticas por el coste económico que podría tener en época de crisis — 120.000 euros según los proponentes y un millón de euros, según el PP— y por el «ridículo mundial», a juicio de los populares, que se daría con la imagen de un Parlamento utilizando un «pinganillo» para poder entenderse, cuando todos hablan en castellano.

Aplazarla a enero de 2011
A cuatro días de que se cumpla el plazo de la tercera prórroga solicitada por los socialistas para presentar enmiendas a la propuesta nacionalista, el próximo día 22 —las anteriores fueron el 20 y el 25 de mayo—; el Grupo Socialista ha remitido a los grupos nacionalistas, con los que quiere negociar (CiU, PNV, BNG y la Entesa Catalana) —no lo hará con el PP puesto que votó en contra—, una oferta para alcanzar un acuerdo.

Los términos de esta oferta suponen dar un paso atrás respecto a lo que solicitaban los senadores nacionalistas, según aseguran a ABC todas las fuentes consultadas. El PSOE pretende que las lenguas cooficiales sólo se utilicen en el debate de las mociones en el Pleno, excluyendo la sesión de control al Gobierno y las leyes. Igualmente, quieren que la normalización de las lenguas en las mociones no se lleve a cabo hasta enero de 2011, cuando los senadores nacionalistas la pedían para septiembre de este mismo año. En relación al servicio de traducción simultánea que es necesario contratar para poder usar las cinco lenguas, los socialistas quieren que, en una primera fase, no se cree un Cuerpo de funcionarios sino que se utilicen los servicios de intérpretes de los Parlamentos autonómicos, con los que el Senado tiene acuerdos y que sean cedidos los traductores el día que haya Pleno, como una subcontratación. En definitiva, se trata de descafeinar la propuesta inicial y retrasarla todo lo posible hasta 2011. Finalmente, el punto más polémico de la oferta se refiere a que los grupos se deben comprometer a no trasladar esta iniciativa al Congreso, como así lo ha anunciado ERC.

Con el documento ya sobre la mesa, la negociación está en marcha y el acuerdo podría ser posible, a tenor de lo que han manifestado a ABC los partidos firmantes de la iniciativa, aunque uno de ellos, el Bloque Nacionalista Gallego, ha reconocido a ABC que no están dispuestos a que el uso de las lenguas se reduzca sólo a las mociones del Pleno. Pero cualquier avance en la iniciativa pasa porque el PSOE la apoye, y ello supone que los grupos nacionalistas acepten las enmiendas que pueda presentar.

El portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, se muestra receptivo a la mayoría de los puntos que ofrecen los socialistas, pero precisan que «esto es sólo una primera fase, y a partir de aquí hay que seguir avanzando». El senador catalán asegura que «lo importante es que se visualice que en los territorios se hablan distintas lenguas, sobre todo en el Pleno del Senado, más que en las Comisiones». Sobre el veto del PSOE a que la iniciativa no se extienda al Congreso, advierte que CiU «no pone límites a nada».

Por su parte, el senador de ERC, Miquel Bofill, espera que el PSOE no pida otra prórroga el próximo martes y, aunque admite que acepta «el paso importante que se daríaal incorporar a una parte del Pleno el uso de las lenguas», asegura que los socialistas «pierden una oportunidad, ya que hablan tanto de la España plural. Está claro que están intentando rebajar nuestra propuesta. Han dado dos pasos adelante y uno atrás, pero si cogen una parte de nuestra propuesta, bienvenido sea». En relación a la negativa socialista a crear un Cuerpo de traductores, señalan que «es lo más barato, lo mejor es tener un servicio propio y no subcontratarlo, que no es lo más barato». Por último, rechazan la petición de no extender la iniciativa al Congreso: «No se puede pretender que por un avance de la ley vayamos a renunciar a nuestros principios. ERC hará lo que le parezca bien en el Congreso. Nosotros vamos a cumplir con nuestro programa».

En el caso del PNV, la senadora Lore Leanizbarrutia, afirma que hay que esperar a la negociación, pero que «la filosofía es ir avanzando, aunque sea con unos mínimos, pero si son ridículos o testimoniales no vamos a entrar».

El más crítico con el retroceso que ha planteado el PSOE es el senador del BNG, José Manuel Pérez Bouza, que se desmarca del resto de partidos que firmaron la iniciativa. En declaraciones a ABC asegura que «no estamos dispuestos a que el uso de las lenguas se ciña a las mociones en el Pleno. Si no se da un paso claro y firme, prefiero que no se dé ninguno. El BNG no puede aceptar la propuesta del PSOE, ya que rebaja demasiado nuestra iniciativa».

Catalunya Acció amenaza a las empresas que apoyen a España en el Mundial
Aseguran que se reservarán al derecho de interponer denuncias si vulneran la ley de política lingüística
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 19 Junio 2010

Madrid.- Catalunya Acció, la asociación ultranacionalista e independentista que preside Santiago Espot, advierte que someterán a una estricta vigilancia a las empresas de Cataluña que "muestren colaboracionismo, afinidad o simpatía con la selección española". Así lo recoge la 'web' 'Directe!Cat'.

De este modo, quieren seguir beneficiando a la selecciones deportivas catalanas y extender su proyecto nacionalista con el que intentan construir un imperio exclusivamente catalán.

Santiago Espot, que ha alardeado en numerosas ocasiones de la persecución que realiza a los comercios por no rotular en catalán, asegura que se reservarán el derecho de interponer las correspondientes denuncias si vulneran alguna de las leyes establecidas por la ley de política lingüística de esa comunidad autónoma.

Este anuncio llega en medio del Mundial de Sudáfrica y después de que el Ayuntamiento de Barcelona denegara la instalación de una pantalla gigante en la plaza de Sant Jaume para que los seguidores de la selección española pudieran ver a su equipo jugar en octavos de final.

Así consideran que apoyan a las selecciones deportivas catalanas, cuya finaciación procede de las subvenciones de la Generalitat. Hace tan solo una semana, el diputado del Grupo Mixto, José Domingo, presentó en el parlamento catalán un informe detallado con cada una de las ayudas públicas que José Montilla y su equipo aporta a la Plataforma Pro-Seleccions Esportives Catalanes.

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