AGLI

Recortes de Prensa   Martes 22 Junio  2010

 

Última prórroga para el TC
Hay algo incuestionable: el Estatuto catalán tiene preceptos inconstitucionales, y lo que discuten los magistrados del Tribunal Constitucional es cuántos deben ser anulados
Editoriales ABC 22 Junio 2010

EL Tribunal Constitucional continuará hoy, y durante los próximos días, sus deliberaciones sobre la propuesta de sentencia que ha preparado su presidenta, María Emilia Casas, para la resolución del recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña. La principal novedad frente a otros intentos fallidos de aprobar una decisión mayoritaria es que ahora es probable que se vote la constitucionalidad del Estatuto artículo por artículo, y no el borrador de sentencia en bloque. Este método de decisión es el único que puede desatascar la situación del TC porque no hay otro que permita formar mayorías definidas. Esta posibilidad disgusta al tripartito catalán, empeñado en torpedear las deliberaciones del TC con recursos dilatorios, que se suman a la campaña de presión política y de denigración de sus magistrados, configurando todos estos ataques una agresión sin precedentes al pilar del Estado constitucional, que es la supremacía de la Constitución. En gran medida se ha llegado a esta situación por la falta de determinación de la presidencia del TC para abordar las medidas necesarias para resolver pronto y sin más desgaste del necesario. El procedimiento de votar cada artículo por separado debió utilizarse antes, porque desde hace muchos meses era patente la división interna del TC.

En todo caso, hay algo incuestionable a estas alturas: el Estatuto tiene preceptos inconstitucionales, y lo que discuten los magistrados es cuántos deben ser anulados. Por tanto, la Constitución va a ser el parámetro de validez del Estatuto, no la voluntad «soberana» del Parlamento ni de los ciudadanos catalanes. Las reglas del Estado constitucional se basan en que toda norma debe respetar la Constitución, sin excepciones, y que solo existe una soberanía nacional, que es la del pueblo español. Sea votando en bloque el borrador de sentencia, sea votando artículo por artículo, el deber del TC es preservar la superioridad de la Constitución sobre cualquier ley, incluido un Estatuto aprobado por referéndum. El riesgo que han de evitar los magistrados al dictaminar la constitucionalidad de cada artículo es el de crear una sentencia internamente contradictoria e inaplicable, lo que podría suceder si se formaran distintas mayorías, a favor o en contra, para preceptos relacionados entre sí, de manera que unos fueran declarados inconstitucionales y otros no. Habrá que confiar en el sentido de la responsabilidad de los magistrados para actuar en consonancia con la trascendencia de la decisión que tienen que tomar. No es su prestigio profesional lo que está en juego, sino la continuidad de España como el Estado definido constitucionalmente por los españoles en 1978.

Terrorismo
Maniobra Eguiguren-Rubalcaba
GEES Libertad Digital 22 Junio 2010

En Colombia, Santos ha sido claro al anunciar cuál va a ser su política frente a las FARC: su aniquilación. Hereda de Uribe unas FARC a la defensiva, expulsadas de buena parte del territorio, pero que siguen tendiendo la mano al gobierno para lograr "la paz". Santos no es tan ingenuo. Si la política de seguridad uribista –de la que él, además, es artífice– ha funcionado para causar daños a la criminal banda, lo más lógico es continuar con ella hasta que los miembros de las FARC estén en la cárcel, huidos o muertos. No es verdad que en Colombia haya que buscar la reconciliación para acabar con la violencia de las FARC; acabar con las FARC es la única forma de conseguir la reconciliación.

En nuestro país, el Gobierno ha elegido un camino bien distinto. En el caso español, Zapatero partía de una posición infinitamente mejor, no sólo en términos absolutos –ETA nunca ha sido las FARC–, sino en términos relativos, pues la banda nacionalista vasca se encontraba en el año 2004 al borde mismo de la extinción; al borde de la derrota y la aniquilación. No vamos a repetir una historia más o menos conocida, pero sí a recordar que lo que Zapatero repitió entonces era que había que "normalizar" la política vasca mediante la inclusión en las instituciones de la izquierda abertzale y la modificación del estatus jurídico vasco y navarro, esto es, la convicción de que ETA era, al fin y al cabo, la expresión de un conflicto que habría que resolver para acabar con el terrorismo. Que es lo que Eguiguren siempre ha defendido. Que es lo que Zapatero siempre ha defendido. Y que es lo que Rubalcaba siempre ha coordinado como ministro de Interior.

Ahora otra vez. La maniobra Eguiguren-Rubalcaba ha sido representada este fin de semana en la Cadena SER: el primero anuncia que la izquierda abertzale está por fin dispuesta a participar en el juego democrático; el segundo lo que anuncia es que aún no ha llegado el momento, y que el brazo político de ETA está "verde". El primero laxo, permisivo, como corresponde al que se ve periódicamente con los asesinos; el segundo pretendidamente duro y firme. Sólo pretendidamente: los dos coinciden en el hecho de que el fin es que vuelva a las instituciones. Simplemente discrepan en el cuándo, que Eguiguren quiere ya y Rubalcaba algo después.

Eguiguren puede permitirse defender que Batasuna esté en las instituciones mientras se negocia con ETA. No así el ministro. No así otra vez, al menos. Rubalcaba se ha visto envuelto ya en tres escándalos por los que debería estar, como mínimo, dimitido hace tiempo: el primero, el de la verificación del alto el fuego del año 2006, cuando el ministro anunció que ETA había abandonado sus criminales actividades; después se ha sabido que era falso, que los informes de las FCSE decían justo lo contrario y que incluso Interior disfrazó ataques (el de la ferretería de Barañain en abril) y sembró la duda sobre su autoría. El segundo, el caso Faisán, donde la cúpula de Interior se ve salpicada en un delito de colaboración con banda armada. El tercero, la acusación de que los enviados por el Gobierno –que supuestamente él controlaba y coordinaba– dieron a ETA la fórmula de ANV para burlar la Ley de Partidos en 2007. Por cosas menores, ministros y secretarios de Estado de otros países dimiten, son procesados o ambas cosas a la vez. Un ministro del Interior no puede ser sospechoso de estar más cerca de ETA que de quienes la combaten.

A propósito de la presencia de ETA en las instituciones, Rubalcaba vuelve a caminar por la cuerda floja. La Ley de Partidos ha sido un instrumento fundamental para arrinconar a ETA, y hoy sigue siendo un medio óptimo para llevar a ETA a la extinción, a su aniquilación, en términos del colombiano Santos. Más aún: sólo se acabará con ETA manteniendo a su brazo político prohibido. Y aquí empiezan los problemas, porque Eguiguren jamás ha creído en la Ley de Partidos, pero Rubalcaba dice creer en ella. No lo demuestra.

Si se trata de derrotar a ETA no basta con decir que "la izquierda abertzale está verde", sino de afirmar que la izquierda abertzale nunca volverá a pisar una institución democrática. Si se cree en la Ley de Partidos, no se cree ahora pero no dentro de una semana, dos meses o un año. Hace unos días observamos a Rajoy, Mayor Oreja y Acebes afirmar de manera absoluta que Batasuna no debe volver a las instituciones. Si Rubalcaba estuviese tan seguro de encontrarse en la misma onda de derrota de la banda que sus antecesores, su negativa sería tan absoluta como la de ellos. Pero no. Lo es tan relativa como la de Eguiguren. Lo cual sitúa al ministro en una posición esencialmente distinta a la de los ministros que pasarán a la historia como los que buscaron la derrota etarra.

Lo cual tiene tres vertientes: la estratégica muestra que Rubalcaba no participa de la misma política antiterrorista llevada a cabo antes de las negociaciones de Zapatero. La política tiene que ver con la firmeza, y muestra que Rubalcaba está más cerca de permitir a Batasuna volver a las instituciones que de impedirlo. La penal va por otros derroteros, y tiene que ver con las repercusiones penales que debieran tener los escándalos en los que se ve envuelto el Ministerio de Interior en relación con ETA, que nos recuerdan a los que tuvieron lugar en los últimos años de la etapa de Felipe González. Mientras, la Maniobra Eguiguren-Rubalcaba continúa.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

EA, caballo de Troya de Batasuna
EDITORIAL Libertad Digital 22 Junio 2010

Con las elecciones municipales a menos de un año vista, las terminales políticas de la ETA están buscando ya el modo de revalidar legalmente su presencia en los ayuntamientos. Es más que posible que la jugada que tan buenos resultados les rindió hace tres años –la operación de esconderse tras las viejas siglas de ANV– no pueda repetirse en el futuro, así que los líderes de Batasuna tratan por todos los medios de encontrar una franquicia en la que esconderse para conseguir concejalías y acceso a los presupuestos.

Esta franquicia podría ser la moribunda Eusko Alkartasuna (EA), partido fundado por el ex lehendakari Carlos Garaikoetxea tras su salida del PNV hace ya un cuarto de siglo. Sería una simbiosis de la que ambos partidos se beneficiarían. Batasuna pondría el puñado de votos de sus incondicionales, suficientes para alcanzar algunas alcaldías y varios centenares de concejales. EA, por su parte, contribuiría con unas siglas sólo en apariencia moderadas y, sobre todo, con el pasaporte a la legalidad plena, que el aparato político de la ETA necesita para amamantarse. Se colarían, por lo tanto, toda la antigua Batasuna por este resquicio sin que nadie pudiese hacer nada para impedirlo.

Hasta aquí todo bien, la renovada estrategia electoral de la ETA, su penúltima treta para colarse en las instituciones, parece imposible de neutralizar. Pero no, no debería ser así. Si el Polo Soberanista que ambas formaciones formaron el pasado domingo tiene la intención de concurrir a las elecciones presentando candidatos de Batasuna –o de cualquiera de sus marcas blancas– la Fiscalía General del Estado tendría que intervenir de inmediato. No quedaría otro remedio, pues bastante ridículo se hizo ya en el año 2007 permitiendo que muchos de los candidatos de ANV se metiesen de lleno en las corporacioneso.

Las circunstancias, además, han cambiado, (o eso proclama el PSOE) desde los tiempos de la negociación en los que todo estaba permitido para el entorno etarra. El Gobierno dice mantener una postura firme frente al terrorismo y no estar tentado lo más mínimo a negociar con la banda. Pero, por desgracia, los hechos hacen pensar más bien lo contrario. El PSOE vasco se ha atrevido a actuar por su cuenta y muchos son los indicios que llevan a pensar que, al menos su presidente Jesús Eguiguren, mantiene conversaciones con líderes de Batasuna en vista a resucitar la mesa de negociación con la que la propia ETA acabó suspendiendo unilateralmente la tregua-trampa.

Tal y como ha señalado el popular Antonio Basagoiti, si la lista que el Polo Soberanista presenta a los comicios está “contaminada” por personajes llegados desde Batasuna, es necesario denunciarla sin más demora e ilegalizarla. Si perseveran en esa actitud, la única defensa que le queda al Estado de Derecho sería aplicar la Ley, en este caso la de Partidos, y hacer caer todos su peso sobre EA, que se habría convertido en un caballo de Troya dentro del cual se escondería el brazo político de los terroristas. No hay, en definitiva, muchas más opciones a este nuevo desafío que ha presentado la banda a través de sus organizaciones interpuestas. Ahora sólo resta saber si, por este orden, el PSOE, la Fiscalía y el propio Zapatero están a la altura de que la circunstancia exige.

Camino de Damasco
Luis del Pino Libertad Digital 22 Junio 2010

Independientemente de cuáles sean las razones de fondo que han llevado al SUP a decidir querellarse contra Sánchez Manzano, lo cierto es que dicha querella constituye, desde todos los puntos de vista, un reconocimiento de que teníamos razón aquellos que tanto tiempo llevamos denunciando irregularidades en la investigación de los atentados del 11-M.

El mismo sindicato policial que tanto cargó en su día contra quienes investigamos la masacre reconoce ahora que existe una actuación "cuando menos poco profesional o negligente respecto al control de los restos de los explosivos del 11-M".

Ese cambio de postura deja a los pies de los caballos al ex-jefe de los Tedax en la causa que se sigue contra él a instancias de las víctimas de la masacre, como también deja con el culo al aire a algunos que, desde determinadas instancias mediáticas, no dudaron en jalear los intentos de amedrentar a los escasos periodistas que nos hemos atrevido a plantar cara a una versión oficial infumable.

Porque no estamos hablando de supuestas negligencias menores que pudieran afectar a tal o cual prueba más o menos periférica, sino que hablamos de la desaparición de más de 90 toneladas de restos de los trenes, es decir, de la desaparición del propio escenario del crimen. Y hablamos también de que se rompieron todos los protocolos y no se realizaron los análisis preceptivos, en los laboratorios que para tal fin tiene habilitados la Policía Científica.

Como resultado, seguimos sin saber, seis años después de la masacre, ni siquiera qué explosivo se utilizó en los trenes o cómo estaban confeccionadas las bombas que sirvieron para asesinar a 193 personas y torcer el rumbo de la Historia de España. Cuestionar, como ha decidido hacer ahora el SUP, la actuación de quien tenía la obligación de custodiar las pruebas fundamentales del caso, es un reconocimiento implícito de que la investigación del 11-M estuvo viciada desde el principio. Todo ello, como digo, con independencia de si las intenciones del SUP al personarse en la causa contra Sánchez Manzano son loables o torticeras.

Pero es nuestra obligación, por supuesto, entrar a analizar cuáles pueden ser esas intenciones. Y, teniendo en cuenta que el SUP no ha retirado aún las denuncias contra los periodistas que señalamos en su día esas irregularidades que ahora el SUP repudia, cabe sospechar que algún tipo de gato hay encerrado en esa sorprendente decisión del sindicato policial.

¿Qué puede haber llevado al SUP a protagonizar esa aparente caída del caballo? Por supuesto, una posibilidad sería que dicho sindicato quisiera hacerse presente en una causa que cada vez se le está complicando más a Sánchez Manzano, con el fin de controlar daños y "marcar" procesalmente a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que fue quien en su día presentó la querella.

La segunda posible razón sería el deseo de desvincularse de ese Sánchez Manzano por quien el SUP sacó la cara en su momento, ante la certeza, cada vez mayor, de que la juez podría decidir procesarle. En caso de que se procesara al ex-jefe de los Tedax, el SUP - del que Sánchez Manzano ni siquiera es afiliado - podría verse salpicado mediáticamente; de ahí, quizá, el deseo de marcar distancias, personándose como acusación popular.

Una tercera razón podría ser que el movimiento táctico del SUP responda a una jugada estratégica de más calado, impulsada desde instancias próximas al Gobierno y destinada a utilizar a Sánchez Manzano como cortafuegos: "hubo negligencias, sí" - nos estarían diciendo - "y ahí tenéis al responsable. Pero la versión oficial es cierta en su mayor parte, haya muestras de los trenes o no las haya".

Me resulta muy triste, la verdad, tener que analizar de ese modo una decisión de un sindicato policial y buscarle las vueltas a algo que, en principio, no tendría por qué tener segundas lecturas, pero es que la historia pasada no nos deja, por desgracia, demasiado margen para la ingenuidad.

Reconozco que por algo se empieza siempre. Y estoy dispuesto a creerme que el SUP ha visto de repente la luz. Estoy dispuesto a creerme que ha decidido de pronto escuchar el clamor de tantas víctimas de la masacre y exigir toda la verdad sobre ese atentado monstruoso.

Pero, a la luz del comportamiento pasado de ese sindicato, mucho me temo que hacen falta gestos adicionales para convencernos a todos de que realmente han emprendido su particular camino de Damasco.

Para convencernos de que de verdad están dispuestos a no olvidar lo inolvidable. Y a ayudar a que la sociedad tampoco lo olvide.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Son ETA.
Consuelo Sánchez-Vicente Periodista Digital 22 Junio 2010

MADRID, 20 (OTR/PRESS)

Lo de siempre, sin sorpresas. No se esperaba en realidad que la llamada izquierda abertzale se desmarcase de ETA, solo Eguiguren, Jesús Eguiguren, la "vía Chusito" del nuevo intento de ETA de volver a engañarnos con la paz según los escritos incautados a miembros de la banda ya detenidos. No se esperaba y no ha sucedido. Solo el presidente de los socialistas vascos y cabeza de puente de la negociación del fallido "proceso de paz" de Zapatero, cree que ponerle una pista de aterrizaje a la banda terrorista ETA ayudará a que dejen las armas. Sin entrar en la consideración moral que a cada uno nos merezca tal idea, y voluntarismos bienintencionados aparte, que no todo es impostura y cinismo entre los partidarios de ese aeropuerto: mi impresión es que, aunque sea de buenísima fe, Eguiguren se engaña. Que ve molinos y son gigantes.

Como el mismo Eguiguren ha dicho este domingo, treinta años viviendo (es un decir: eso no es vida) con escolta porque ETA te quiere matar, con una diana día y noche en la nuca, le tienen "obsesionado" con ver o ayudar a acercar el final de la violencia. El mal llamado final dialogado de la violencia, hay que repetirlo una vez más: no es violencia sino terrorismo lo que hace ETA, como tampoco hay bandos, ni guerra. Solo una partida de canallas que extorsionan y matan, asesinos, eso son los etarras.

Y eso es también Batasuna, según sentencia firme del Tribunal Supremo. No cómplices, ni tampoco cooperadores, ni siquiera cooperadores necesarios. Hay que dar y ganar también la batalla del lenguaje. Batasuna y sus mil listas blancas "negras"- la autodenominada arteramente izquierda abertzale - es, según la máxima instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento jurídico, ETA. Ni de izquierdas ni menos aún abertzales, que significa "patriota" en vasco.

Lo de esta mafia no tiene un ápice de ideología, y cómo se nombran, izquierda abertzale, es una mera apropiación indebida de dos términos - uno castellano, el otro vasco - dignos y honorables. En el PP y en el Gobierno, que esta legislatura reman felizmente juntos contra ETA, tienen más que claro qué tendría que cambiar para que esa autodenominada izquierda abertzale pueda presentarse de nuevo a las elecciones vascas: que cumplan la ley, es decir, que sean Aralar, ni una duda de que repudian y condenan a ETA, dicen, y esa es la respuesta.


El Estado Vasco
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 22 Junio 2010

El 14 de mayo de 2006, dirigentes de ETA aparecieron entrevistados en el diario Gara sin hacer ninguna mención al Estado vasco. La expresión tampoco apareció en ninguno de los ocho comunicados, los dos 'zutabes' y un folleto difundidos por la banda terrorista a lo largo de ese año. El 5 de enero de 2008 apareció una nueva entrevista a cabecillas etarras y en ella había quince menciones al Estado vasco, al Estado independiente o al Estado de Euskal Herria.

El acuerdo suscrito el domingo por Batasuna y Eusko Alkartasuna tiene como «objetivo estratégico» la «constitución del Estado vasco», según se afirma. El documento revela, una vez más, la capacidad de ETA y su entorno de imponer el lenguaje político en la agenda nacionalista.

Ocurrió lo mismo con el uso exclusivo de la expresión Euskal Herria utilizada por ETA en sustitución de Euskadi a partir del segundo trimestre de 1992 y que acabó generalizándose en una buena parte del nacionalismo. En los 24 comunicados difundidos por ETA durante 1991 y el primer trimestre de 1992 aparece 21 veces Euskadi y 18 Euskal Herria. En los siete comunicados elaborados entre abril y diciembre de 1992 aparece 77 veces Euskal Herria y ninguna Euskadi. Como si las realidades políticas se crearan a base de repetir la palabra mágica una y otra vez. Algo parecido ha hecho la banda con la idea del Estado vasco.

La expresión apareció en documentos internos de ETA en el verano de 2006, durante la tregua, cuando la banda perfiló el proyecto que reclamaba la «autonomía a cuatro» (el País Vasco más Navarra) con reconocimiento del derecho de autodeterminación, proyecto que haría público Batasuna en febrero de 2007.
ETA elaboró la propuesta pensando no tanto en que podía conseguir sus objetivos a corto plazo por cesión de los Gobiernos español y francés, sino «como instrumento de lucha para alimentar la nueva fase del enfrentamiento», tal y como señala un documento interno fechado en agosto de 2006. Es ese documento el que, por vez primera, refleja el concepto de Estado vasco, ya que ETA expresa que su propuesta debe «establecer una nueva base política para crear un Estado vasco independiente y soberano».

La banda terrorista se ve como vanguardia ideológica que arrastra al resto del nacionalismo a la aceptación de su terminología y sus planteamientos. Documentos como el suscrito el domingo entre Eusko Alkartasuna y los herederos de la ilegalizada Batasuna le ratifican en esa percepción.

Responsabilidad de Casas
José Antonio VERA La Razón 22 Junio 2010

A estas alturas empieza a dar lo mismo que las deliberaciones del TC sobre el Estatut se aplacen un día o cuatro. El daño ha sido ya perpetrado y es irreparable. El tribunal está tocado en su imagen, y mucho más quien lo preside y sobre quien recae el peso de la responsabilidad en la elaboración de la ponencia: la presidenta María Emilia Casas. Circula el run run de que esta vez habrá sentencia, aunque sea en votación uno por uno de los artículos, con incontables votos particulares y el riesgo de parir un engendro incoherente incluso con más materia inconstitucional que la planteada por las ponencias anteriores. Da igual, lo importante es que haya resolución y que el Alto Tribunal haga su trabajo. Cualquier fallo será criticado y tendrá partidarios y adversarios. Las críticas nacionalistas van a existir, pues lo que quieren es que el Estatut sea declarado constitucional, incluso en los aspectos en que no lo es. El desprestigio ya se ha logrado. La responsabilidad principal recae sobre Casas por permitir las presiones, pastelear cuando no correspondía, dejarse llevar por el ambiente, buscar una solución «interpretativa» y carecer de personalidad para imponer que el caso se resolviera hace meses. O sea, diciendo con claridad qué aspectos se ajustan a la Constitución y cuáles no.
Los recursos de la Generalitat obligaron ayer al Pleno a aplazar el debate

¿Eguiguren va por libre?
Carmen GURRUCHAGA La Razón 22 Junio 2010

El líder del PSE, Jesús Eguiguren, sigue empeñado en defender la existencia de un cambio radical en Batasuna encaminado a desligarse de ETA, aunque sólo él lo ve con esa claridad. El domingo, el brazo político de ETA tuvo la oportunidad de demostrar esa determinación para alejarse de los pistoleros anunciándolo en un acto que celebró con EA para crear el embrión de un pretendido futuro estado vasco. Y, sin embargo, la desaprovechó, algo que no extrañó a ningún observador político. Si realmente hubieran querido dar pábulo a esas presuntas intenciones habría sido suficiente con que en el texto del acuerdo existieran unas pocas palabras por las que se condena explícitamente la violencia de ETA. Al no ser así, resulta más plausible pensar que Batasuna está genéticamente incapacitada para apartarse de la banda y no está en condiciones de convencer a esta de que deje las armas. Son demasiados años de intentonas protagonizadas por bienintencionados que al equivocarse siempre en sus conjeturas han insuflado oxígeno a ese mundo, desgastado por la acción policial y judicial. Y pese a tantos antecedentes frustrados Eguiguren sigue empeñado en llevar la contraria a Rubalcaba, convencido de que la izquierda abertzale avanza rápidamente hacia su desvinculación de la violencia, por lo que los partidos políticos deben estar preparados para liderar el fin de ETA. Hay algo difícil de entender. ¿Por qué le permiten a Eguiguren ir por libre, pese a la confusión y división que genera su postura?

El proceso y sus distintas velocidades
Regina Otaola Libertad Digital 22 Junio 2010

Muchos se han pronunciado ya sobre las discrepancias entre Rubalcaba y Eguiguren, discrepancias que yo creo que no son tales. Se trata tan sólo de “distintas velocidades” dependiendo del “ámbito de actuación”, según la jerga al uso de los negociadores de “la Paz”. Pero en el fondo coinciden, y así lo declara Rubalcaba cuando reconoce que “las cosas van bien, pero van más lentas de lo que Jesús cree”, ¡no lo dirá por la velocidad a la que le han aplicado la Ley de Dependencia a Díez Usabiaga!

Al parecer, “Txusito” ha metido la quinta y “obsesionado y trastornado”, según confiesa, pretende conducir el proceso por donde solía, y Rubalcaba va en cuarta pero haciendo el mismo recorrido y buscando lo mismo: el acuerdo con ETA-Batasuna.

Una vez más hay que recordar que Batasuna es una organización satélite de ETA y que por tanto nunca condenará a ETA porque es ETA y sería como condenar su propia existencia como partido político, que sólo obedece a las necesidades y demandas de la organización terrorista. Batasuna hará lo que ETA quiera, como sabe Aralar, ¿no lo sabe EA?, y como lo sabe la escisión de EA, Hamaikabat, todos ellos “izquierda abertzale”. Ahora Eusko Alkartasuna le ha alquilado las siglas a ETA, eso es todo. Y todo esto lo saben Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba, Patxi López y Rodolfo Ares y Jesús Eguiguren, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.

El espectáculo es bochornoso, desde luego, aunque nos estemos acostumbrando a las más graves tropelías después de 6 años de Gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿No habíamos quedado que sólo cabía la derrota del terrorismo, y no "la solución dialogada"? Para los socialistas, por lo que vemos, esto es una quimera que a veces conviene sostener de cara a los españoles, pero no creen en ello y ésa es la baza a la que juega ETA desde hace ya demasiado tiempo.

Esta mañana habla el secretario de Organización del PSE, Mikel Torres, y suelta: "Yo creo que Jesús Eguiguren ha ido más allá de la temporada en la que estamos. Él quiere jugar a un futuro, que esperemos que sea cercano, en el que, por fin, él cree que se puede tener una solución válida a ese tema, pero ni es el momento, ni, por supuesto, se puede jugar ahora a esas cosas". Y continúa: "Sin duda, teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido en los años anteriores, con el último proceso que iniciamos, y que ya no se va a volver a abrir esa puerta, él ha jugado en el presente a una cosa de futuro que todavía no se puede plantear".

Y a la par, el portavoz del PSE José Antonio Pastor, que también entiende que “no hay tanta distancia como la que se pretende” entre Eguiguren y Rubalcaba, se atreve a declarar al respecto: “En cualquier caso, hay una cosa coincidente que es que no es el momento de hablar con ETA”. ¿No habíamos quedado que con ETA no se acababa hablando, sino derrotándola con el Estado de Derecho?

El TC confía ahora en poder dictar la sentencia del Estatut la próxima semana
Ricardo Coarasa La Razón 22 Junio 2010

Los magistradosse reúnen de nuevo hoy, pero deben resolver antes las pretensiones del Gobierno catalán.

El Tribunal Constitucional (TC) ha entrado en la que puede ser la semana decisiva para alumbrar la sentencia del Estatut... sin poder debatir sobre tan espinoso asunto. En la primera reunión del Pleno del Alto Tribunal con el séptimo borrador sobre la mesa –elaborado por la presidenta del TC, María Emilia Casas– las prioridades, como se esperaba, eran otras: sobre todo, desbrozar el camino de los recursos de última hora planteados por la Generalitat. El Gobierno catalán está empeñado en que el Constitucional se declare incompetente para dictar el fallo (dado que cuatro de sus magistrados están en funciones y que el Senado ha puesto en marcha la renovación) y que el magistrado recusado Pablo Pérez Tremps se incorpore a las inevitables deliberaciones artículo por artículo.

El Pleno del TC ya desestimó ambas pretensiones, pero la Generalitat y el Parlamento catalán recurrieron en súplica, lo que obliga a los magistrados a pronunciarse de nuevo, demorando el debate sobre la sentencia, que acumula ya dos años y medio de deliberaciones y cuatro desde que el PP presentó su recurso de inconstitucionalidad.

Fuentes del Alto Tribunal confirmaron ayer que ambos recursos «están sin resolver» tras tres horas de reunión y que los diez magistrados con derecho a voto retomarán hoy la cuestión, por lo que es previsible que ni siquiera hoy puedan entrar en harina con la propuesta elaborada por Casas. Pero después de tantos meses de bloqueo en el TC se barrunta que las próximas dos semanas pueden ser claves para que la sentencia sea, por fin, una realidad. De hecho, según esas mismas fuentes la resolución se dictará «entre esta semana y la próxima». A ese optimismo moderado contribuye la fórmula elegida por Casas para no cosechar un nuevo fiasco: la votación artículo por artículo, que anticipa una sentencia muy dividida, con profusión de votos particulares y con alrededor de una veintena de artículos declarados inconstitucionales.

En su recurso de súplica, la Generalitat ha pedido al Tribunal Constitucional que, antes de tomar una decisión sobre la rehabilitación de Pérez Tremps, consulte al Ministerio Fiscal en relación a lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el «voto fraccionado», que según el Ejecutivo de Montilla abriría la puerta a que el magistrado pudiese votar en aquellos artículos sobre los que no se pronunció en su informe.

El PP insiste en el Senado: López es apto
- El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, registró ayer en la Cámara Alta el segundo recurso contra la inadmisión de Enrique López como candidato al Tribunal Constitucional. En su escrito, los populares alegan que los artículos 112.3 y 159.2 de la Constitución establecen que el requisito para ser miembro del TC es «exactamente el mismo» que para formar parte del CGPJ, del que López fue portavoz. Así, consideran que el magistrado cumple el requisito legal: «más de quince años de ejercicio profesional» o «en su profesión» y achacan el rechazo de su candidatura a cuestiones «políticas». Finalmente, afirman que la «excesiva demora» del Senado «ha contaminado» el actual procedimiento, por lo que exigen que se abra «sin dilación» un nuevo proceso de designación de candidatos. Informa M. Casado

Lenguas cooficiales en el Senado
El PSOE y los nacionalistas se salen con la suya
 www.gaceta.es 22 Junio 2010

El Senado usará las lenguas cooficiales en el debate de las mociones en los plenos a partir de 2011 ya que, previsiblemente, el PSOE contará con el apoyo de la Entesa, CiU y PNV para aprobar las dos enmiendas a la Reforma del Reglamento de la Cámara Alta que recogen esta propuesta.

El Senado usará las lenguas cooficiales en el debate de las mociones en los plenos a partir de 2011 ya que, previsiblemente, el PSOE contará con el apoyo de la Entesa, CiU y PNV para aprobar las dos enmiendas a la Reforma del Reglamento de la Cámara Alta que recogen esta propuesta.

La portavoz adjunta del PSOE, Ruth Porta, ha confirmado a Efe que mañana -cuando finaliza el plazo de presentación de enmiendas- su grupo registrará dos, para limitar el uso de las lenguas al debate de las mociones, y retrasar la entrada en vigor de esta medida al 1 de enero de 2011.

Porta ha confiado en que la Entesa, CiU y el PNV, con cuyos portavoces ha mantenido contactos en los últimos días, apoyen estas dos enmiendas del PSOE que supondrían un avance "importante" en el uso de las lenguas, sin que se produjera un aumento añadido en el presupuesto de la Cámara para el servicio de traductores.

Los proponentes, encabezados por el senador de la Entesa Miquel Bofill (ERC) consideran "muy de mínimos" la propuesta del PSOE, aunque valoran el avance que supondrá que las lenguas cooficiales estén presentes en el pleno de la Cámara, según fuentes de este grupo parlamentario.

Porta ha recalcado que el PSOE ha dejado "claro" a Bofill que su grupo no aceptará que esta propuesta se extienda al Congreso de los Diputados.

El pasado 28 de abril, el pleno del Senado aprobó, con el voto en contra del PP, la toma en consideración de la iniciativa para reformar el Reglamento de la Cámara y ampliar el uso de las lenguas cooficiales presentada por 34 senadores nacionalistas.

El PSOE, que ha solicitado sucesivamente la ampliación del plazo de enmiendas para buscar un acuerdo marco, entregó la semana pasada un documento a estos 34 senadores en el que explica su propuesta.

Este grupo explica que, "dado que ésta es una normativa del Senado y para el Senado" el uso de las lenguas cooficiales "no debería afectar a otras instituciones del Estado, concretamente al Gobierno de España, que participa o puede participar en las sesiones plenarias de la Cámara".

En consecuencia, circunscribe la utilización del euskera, el gallego, el catalán y el valenciano a los debates de las mociones, y deja fuera la sesión de control al Gobierno.

Sobre el coste de la medida, el PSOE argumenta que el objetivo de su propuesta es que no represente "ningún incremento" del volumen del gasto en los presupuestos de la Cámara y pospone su entrada en vigor hasta 2011.

Recomienda asimismo que la Mesa del Senado busque fórmulas de colaboración con los parlamentos autonómicos que dispongan de plantillas de traductores, una medida que daría aún "mas carácter territorial" a la Cámara Alta, según ha asegurado Porta.

La radiotelevisión catalana, en la cuerda floja por fomentar el independentismo
Impulso Ciudadano solicita una investigación al Consejo Audiovisual porque considera que no garantiza el pluralismo y la neutralidad
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 22 Junio 2010

Madrid.- El Diputado del Grupo Mixto, José Domingo, solicita al Consejo Audiovisual de Cataluña que examine si la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) fomenta el independentismo en Cataluña.

La petición tiene su origen en la parcial y privilegiada cobertura informativa dada por TV3 y Cataluña Radio de las consultas independentistas celebradas en diversos municipios de la periferia de Barcelona durante este pasado fin de semana y en la reiterada emisión del reportaje ‘Adiós España’ en TV3 durante los días 3 y 8 de junio de 2010.

El Presidente de Impulso Ciudadano, lamenta que los responsables de la CCMA sirvan de "altavoz continuado y desmesurado" a los promotores de la independencia de Cataluña.

Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, establece que los sujetos que participan en la prestación de servicios audiovisuales deben respetar los principios, los valores, los derechos y las libertades establecidas por la normativa comunitaria, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Además debe garantizar el pluralismo y la neutralidad.

Para Impulso Ciudadano estos requisitos no se están cumpliendo, pues asegura que el tratamiento informativo dado por la Corporación a las consultas independentistas "ratifica una clara línea editorial tendente a promover en la sociedad catalana las tesis que sustentan los defensores de la independencia de Cataluña".
 

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