AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 28  Junio  2010

 

TRAS CUATRO AÑOS
El Constitucional aprueba la sentencia del Estatuto de Cataluña
El pleno convocado este lunes en el Constitucional ha concluido con la aprobación, cuatro años después, de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. La ponencia de Casas ha logrado el respaldo suficiente para ser aprobada por bloques.
ÁNGELA MARTIALAY Libertad Digital 28 Junio 2010

Por fin hay fallo sobre el Estatut. El pleno del Tribunal Constitucional ha finalizado sus deliberaciones y aprobado una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña basada en la ponencia redactada por su presidenta, María Emilia Casas, según han informado fuentes del tribunal. La sentencia se ha aprobado en bloques.

Este sistema de votación se ha llevado a cabo a través de cuatro grandes apartados: un bloque de normas de constitucionalidad; otro de normas que se declararían inconstitucionales; un tercero sobre interpretaciones de conformidad; y el último se reservaría para el Preámbulo.Para saber qué artículos se han aprobado y cuáles se han rechazado hay que esperar a que se haga público el fallo. Éste se hará público en las próximas horas.

El primer bloque relativo al preámbulo ha sido aprobado por 6 votos frente a 4; incostitucionalidades 8 votos frente a 2; el bloque de interpretaciones conformes por 6 votos frente a 4, al igual que el grupo de artículos declarados constitucionales.

El preámbulo con la mención de nación, aprobado
El Tribunal Constitucional no declara inconstitucional la definición de Cataluña como nación que figura en el preámbulo del Estatuto, aunque recalca que no es vinculante en ningún caso, según indicaron fuentes conocedoras del fallo a Europa Press.

El TC no declaró como inconstitucional esta parte del texto al considerar que el preámbulo en ningún caso es jurídicamente vinculante. Pese a ello, remarca la indisoluble unidad de España como nación, apelando a la Constitución española

Votos particulares
El borrador de Casas, el séptimo que se ha sometido a la consideración del pleno desde que éste inició sus deliberaciones hace ya dos años y medio, declaraba constitucional la mayoría de los preceptos impugnados por el PP.

El texto, sin embargo, ha sufrido en las últimas horas varias modificaciones, introducidas por la propia presidenta para atraerse los votos necesarios para que la sentencia fuera aprobada en bloque y evitar así una votación artículo por artículo.

Los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata, Jorge Arribas y Javier Delgado han anunciado sus votos particulares que redactarán en los próximos días, cuando se dé a conocer la sentencia.

Con las víctimas, pero...
Editorial www.gaceta.es 28 Junio 2010

No es de recibo que un acto de tanta trascendencia se haga sin la presencia del presidente del Gobierno. ¿No se podía haber esperado al regreso de Zapatero, posponiendo el homenaje tan sólo unas horas? ¿O acaso es que el presidente del Gobierno, alérgico desde hace años al trato con las víctimas, prefería no tener que comparecer ante ellas?

Comencemos por lo positivo: el homenaje que ayer recibieron las víctimas del terrorismo en el Congreso fue un acto de estricta justicia y el reconocimiento de que, como dijo el Don Juan Carlos, “nos debemos a las víctimas y nos debemos igualmente a sus familias”. El Rey no hacía sino señalar el norte que debe seguir toda política antiterrorista en España: para acabar con el terrorismo de ETA, a quien hay que tener en cuenta de modo eminente y principal es a esas víctimas y sus familiares, a todas esas personas que dieron su vida por España y por la libertad. Del Día de las Víctimas también cabe valorar positivamente que haya servido para que la opinión pública española vuelva a tener presente ese patrimonio espiritual de la nación que son las víctimas y, asimismo, la amenaza siempre patente de ETA; asuntos de perenne actualidad, digan lo que digan las encuestas.

También hay que valorar bien lo que tiene de bueno esa tan cacareada “unidad” de los partidos frente al terrorismo: al menos, se rinde homenaje formal a las víctimas. Pero aquí hay que empezar ya a poner matices. En primer lugar, no es de recibo que un acto de tanta trascendencia se haga sin la presencia del presidente del Gobierno. ¿No se podía haber esperado al regreso de Zapatero, posponiendo el homenaje tan sólo unas horas? ¿O acaso es que el presidente del Gobierno, alérgico desde hace años al trato con las víctimas, prefería no tener que comparecer ante ellas? Pues, a buen seguro, las víctimas le hubieran pedido explicaciones: explicaciones de su olvido de años, explicaciones de tantas veces –recordemos la negociación y la tregua-trampa de años pasados– en que se postergó su voz ante el más inicuo de los diálogos con el terror, explicaciones de las maniobras torticeras de descrédito contra representantes cualificados de las víctimas –pensamos en Francisco J. Alcaraz– que cometieron el pecado de retratar al Gobierno con su crítica. Y también podían, las víctimas, haber pedido a Zapatero explicaciones de sus manejos encizañados con las asociaciones de víctimas, poniendo en ellas a personas fácilmente manejables por el poder. En definitiva, al margen de la política gestual del Día de las Víctimas, el currículo de Zapatero con las víctimas es particularmente artero y maligno. Actos como el de ayer –en el que José Bono siguió haciendo campaña personal de imagen para borrar tantas máculas– no implican que el Gobierno haya rectificado: sigue sin atender ni escuchar a las víctimas.

Y ya que hablamos de ausencias, más sorprendente fue la del prohombre del socialismo vasco, Jesús Eguiguren, quien también tiene que dar muchas explicaciones a las víctimas. Si Zapatero afirmó que Arnaldo Otegi es “un hombre de paz”, Eguiguren ha sido el responsable de retomar con sus amistades de Batasuna, de Elgóibar a París, según ha informado puntualmente LA GACETA, un proceso de blanqueamiento de Batasuna para que este sinónimo de ETA se presente a las próximas elecciones municipales y autonómicas, y así relanzar un proceso de negociación del que Zapatero tiene ya el itinerario documental manufacturado por el propio Eguiguren. Atrás quedan tantos vituperios como tuvieron que soportar Mayor Oreja y los medios que desde el primer momento dieron, como LA GACETA, aviso de una nueva negociación que ya ni siquiera se preocupan de desmentir. Así, es fácil pensar que se celebra el Día de las Víctimas para tenerlas anestesiadas de cara a una nueva traición de Zapatero-Eguiguren.

El legado de las víctimas
El Congreso rinde un homenaje tan tardío como necesario a quienes sufren el terrorismo
EDITORIAL El Correo 28 Junio 2010

El Congreso de los Diputados acogió ayer, en un pleno extraordinario, la primera conmemoración del Día de las Víctimas del Terrorismo, en un acto inédito y unitario presidido por los Reyes en el que Estado de Derecho rindió un tributo pospuesto durante demasiado tiempo a todos aquellos que han sufrido el zarpazo de la violencia. La elección del 27 de junio oficializa el reconocimiento de la niña Begoña Urroz como la primera víctima de un asesinato de ETA, del que ayer se cumplían precisamente 50 años.

En este medio siglo, la organización etarra y otros grupos terroristas han segado la vida de 1.382 personas, además de dejar tras de sí un reguero insoportable de heridos y familias destrozadas que hasta fechas muy recientes no han recibido ni la atención que merecían del sistema democrático, ni tampoco el calor institucional y social que constituye el mejor arropamiento frente a la turbadora soledad que provoca la barbarie. La identificación que hizo ayer Don Juan Carlos de las víctimas como un «referente cívico» las sitúa en el justo lugar que deben ocupar en la memoria colectiva. Que hayan tenido que transcurrir tantos años para que la institución en la que está residenciada la voluntad popular solemnice ese reconocimiento sólo subraya el inaceptable olvido y el dolor íntimo de la indiferencia que han tenido que soportar. Olvido e indiferencia que exigía una fotografía de unidad y de máxima adhesión institucional. Si esto último no se logró del todo fue por la reprobable ausencia en el homenaje de los presidentes autonómicos, con la única y obligada excepción del lehendakari López.

El consenso con que ha salido adelante en los últimos días la Ley que tratará de solventar las fallas y carencias en el resarcimiento de los afectados constituye un imprescindible colchón no sólo en el objetivo de compensarlos en lo posible. Más allá de las diferencias partidarias, debe suponer un marco de acción compartido que asuma el testimonio de las víctimas como el valor común que permite distinguir la razón democrática de la sinrazón violenta. Un testimonio que recuerda que la sociedad no puede desfallecer en su compromiso con los valores y principios que la sustentan ante un eventual final de ETA, evitando que el relato del victimario prevalezca sobre el de su víctima.

España
El Constitucional tumba 15 artículos del Estatuto de Cataluña
Pese a las partes anuladas por una votación de 8 a 2, el Alto Tribunal avala la mayor parte del texto.
El bloque referido a la lengua y la nación tendrá una redacción interpretativa.
NIEVES COLLI / MADRID ABC 28 Junio 2010

Contra todo pronóstico, el Tribunal Constitucional ha sacado adelante la sentencia del Estatuto de Cataluña al aprobar la propuesta de su presidenta, Maria Emilia Casas, por seis votos a cuatro.

Las modificaciones de última hora introducidas por Casas en su ponencia le dieron el apoyo de Manuel Aragón y del vicepresidente, Guillermo Jiménez, votos que, sumados a los de los otro cuatro magistrados progresistas (la propia Casas, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala) suman los seis que han permitido dar luz verde al fallo cuatro años después de que el PP presentara su recurso. Tampoco hizo falta que ésta usara su voto de calidad.

La sentencia contará con los votos particulares de Jorge Rodríguez Zapata, Javier Delgado, Vicentre Conde y Ramón Rodríguez Arribas El pleno del Tribunal Constitucional ha finalizado sus deliberaciones y aprobado una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña basada en la ponencia redactada por su presidenta, María Emilia Casas, han informado fuentes del tribunal.

El borrador de Casas, el séptimo que se ha sometido a la consideración del pleno desde que éste inició sus deliberaciones hace ya dos años y medio, declaraba constitucional la mayoría de los preceptos impugnados por el PP. El texto, sin embargo, ha sufrido en las últimas horas varias modificaciones, introducidas por la propia presidenta para atraerse los votos necesarios para que la sentencia fuera aprobada en bloque y evitar así una votación artículo por artículo.

El pleno se ha reanudado esta tarde a las 17:00 horas y ha acabado poco después de las 19:00 horas. Al parecer, el nuevo texto satisfizo a Aragón y el Constitucional pudo aprobar la sentencia. El texto, que aún no se ha hecho público, se está dando a conocer a las partes.

Aprobado en el Congreso el reconocimiento a las víctimas del terrorismo
Redacción Minuto Digital 28 Junio 2010

Los partidos políticos han sellado hoy en el Congreso el reconocimiento a las víctimas del terrorismo al presentar en la Cámara Baja la proposición de ley pactada por todos los grupos parlamentarios que, entre otras cosas, recoge una nueva tabla de indemnizaciones con efectos retroactivos hasta 1960.

La iniciativa, que entró en el registro del Congreso el pasado viernes, persigue el objetivo de reforzar aún más la ‘memoria, dignidad, justicia y libertad’ de las víctimas, ha recalcado el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, que se ha congratulado por el consenso de las fuerzas políticas, que a su juicio reafirma el valor de la ley.

Se trata, ha afirmado, de una ley dirigida al colectivo de personas que constituyen el ‘auténtico recurso moral’ que tiene la democracia en su lucha contra el terrorismo, y aborda la protección a las víctimas desde una perspectiva integral que abarca todos los niveles -sanitario, social y de asistencia, entre otros-.

Junto a Alonso, los portavoces de todos los grupos parlamentarios han comparecido ante los medios de comunicación resaltar la imagen de unidad en apoyo a las víctimas y frente al terrorismo.

Un consenso que, según la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, es un mensaje a las víctimas para garantizarles que ‘estamos con ellas’, al tiempo que deja ‘bien claro’ a los terroristas que ‘estamos juntos’ frente al terror y ‘no les queda otra cosa que rendirse y dejar las armas’.

Sáenz de Santamaría ha destacado también la voluntad del PP de seguir trabajando y fortaleciendo esa unidad para que ETA sepa que tiene ‘todas las puertas cerradas’.

También el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha resaltado el ‘valor añadido’ que le otorga a esta ley la firma de todas las fuerzas políticas, que seguirán trabajando de forma unitaria durante el desarrollo parlamentario de la misma, en el que también se escucharán las aportaciones de las asociaciones y colectivos de víctimas.

‘La dignidad de una sociedad se mide también por la dignidad de cómo se trata a las víctimas del terrorismo’, ha señalado Duran Lleida, mientras que en nombre de ERC-IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha destacado que la ‘altura moral de una sociedad se demuestra en cómo trata a sus sectores más frágiles y, en particular, a las víctimas’.

Desde el PNV, Josu Erkoreka ha coincido en que la futura ley, avalada por la unanimidad de los grupos, es un paso más en la ruta que se viene desarrollando desde los años 90 en el ámbito del reconocimiento a las víctimas y que está en plena sintonía con la normativa aprobada en el Parlamento vasco.

Otro de los responsables políticos que se han felicitado por la iniciativa ha sido Fernando Maura, de UpD, que pese a no ser diputado ha expresado la opinión de este grupo en ausencia de Rosa Díez, y ha aprovechado también para lanzar un ‘aviso a navegantes’ ante posibles contactos o negociaciones con ETA.

En este sentido, Maura espera que la unidad política sirva para ‘no caer en el error’ de una nueva toma de contacto o negociación’ con la organización terrorista y ha advertido: ‘vamos a estar muy atentos’ y ‘hacemos una llamada para que intentos o intentonas como las que se han producido no se vuelvan a repetir’.

Por último, Carlos Salvador, portavoz de UPN, ha considerado que se ha hecho ‘un acto de estricta justicia debida con quienes dieron su vida por nosotros y por los que la perdieron a manos del fanatismo de los que odian a España’.

La marcha de la economía real
@Roberto Centeno El Confidencial 28 Junio 2010

Los temas del crecimiento acelerado de las deuda, fundamentalmente la de las CCAA, las subidas de tipos, la viabilidad del sistema financiero, las imposiciones explícitas o implícitas al gobierno por parte de la UE y el FMI (la más grave a mi juicio, la revisión del sistema de pensiones, que afectará muy negativamente a 9 millones de personas) han ocupado nuestros últimos comentarios sobre la situación de la economía, dejando completamente de lado la marcha de la economía real.

Aunque el análisis más relevante debería ser el del primer semestre del año (cuyos datos no estarán disponibles hasta finales de agosto), esta vez no será extrapolable al resto del año, dado que la fuerte subida de impuestos en julio, (la mayor de nuestra historia, que reducirá significativamente las renta disponible de familias y empresas, y además, a través de un efecto que los economistas denominan “multiplicador”) reducirá la actividad económica no en forma proporcional, sino en forma multiplicada.

En términos cualitativos, el primer trimestre debería ser el mejor del año, consecuencia de la recuperación del consumo público, y de la industria del automóvil gracias a las subvenciones recibidas. Menos claro se presenta el segundo trimestre, que parece será peor que el primero; y luego el tercero y el cuarto serían claramente peores por las razones antesdichas, a lo que se une la reducción salarial a los funcionarios, la reducción de la inversión pública y los recortes adicionales que han obligado a comprometer a Zapatero la UE y el FMI, y que desconocemos, pero que sin duda son importantes y fuertemente deflacionistas. Pero veamos lo que sabemos.

La crisis en los sectores productivos
Durante el primer trimestre de 2010, según los datos oficiales de Contabilidad Nacional, la economía registró una caída interanual del 1,3%, compara con subidas del 0,5% en la Eurozona. El empleo decreció a un ritmo del 3,6%, lo que supuso una reducción neta de cerca de 652.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Sin embargo, en términos intertrimestrales, se produjo un crecimiento del 0,1%, mayor que el trimestre anterior, debido a una aportación menos negativa de la demanda interna, consecuencia de la mayor aportación del consumo público, financiado con deuda en su totalidad, justo lo que nos faltaba.

Por el contrario la FBCF -inversión- empeoró notablemente, pasando de una caída interanual del -9,9% al -12,9%. Aunque la peor parte se la llevó la construcción que se redujo en cuatro décimas, hasta el -10,8%, en parte por la finalización del Plan E y de otras infraestructuras.

La industria por el contrario reduce aparentemente su caída, y digo aparentemente por el efecto de Semana Santa, que el INE, como es normal, barriendo para dentro, no parece haber corregido suficientemente. Se trata de un tema recurrente, porque las discrepancias en los datos de producción industrial son una constante, como tantas otras de nuestro sistema estadístico, por llamarle de alguna manera. Los datos de Contabilidad Nacional, el VAB, no tiene nada que ver con el índice de producción industrial, y menos aún con las ventas declaradas de la Agencia Tributaria, y aunque, como ya ha he explicado en otras ocasiones, producción o ventas declaradas no es exactamente igual a VAB, las diferencias son demasiado grandes.

Pero si las diferencias en la industria son enormes, en el caso de la construcción ya ni les cuento. Las cifras de fuentes independientes como la estadística de producción de la industria de la construcción (EIPIC), el consumo de cemento, los afiliados a la Seguridad Social, caen entre cuatro y cinco veces más que las cifras que aporta la Contabilidad Nacional. Realmente es una autentica vergüenza, absolutamente impropia de un país civilizado. Las cifras de Contabilidad Nacional en España están al servicio exclusivo de Zapatero y sus secuaces, y no valen absolutamente para nada.

Y si pasamos a los datos correspondientes al mes de abril, corregidos de calendario y deflactados, publicados por la Agencia Tributaria muestran una tendencia a la baja de las ventas industriales, -1,7%, respecto a los del primer trimestre, con la construcción cayendo todavía un -21%, y los servicios han vuelto a caer después de las mejoras experimentadas en trimestre anteriores, el transporte por ejemplo, muy correlacionado con la actividad económica ha caído en abril un 4,7%. Mas importante aún, porque recoge muchos mas sectores, es el Indicador Sintético de Actividad elaborado por el Ministerio de Economía, que muestra que la actividad económica se frena en el primer mes del segundo trimestre.

En definitiva, en el segundo trimestre la crisis en los sectores productivos se ha acentuado en el primer mes, y es obvio que en el tercero y el cuarto la situación empeorará seriamente por la subida de impuestos, la finalización de subvenciones, la caída obligada de la inversión y el consumo público, y la pérdida de poder adquisitivo adicional (bajada de salarios más subida del IPC) de más de tres millones de personas. Esto significa que los más de cinco millones de parados reales apenas tienen posibilidades de encontrar trabajo, y que varios cientos de miles se unirán a lo largo del año a las listas del paro, oficiales o no. Un drama humano que está adquiriendo proporciones inimaginables. Finalmente, confieso no entender de dónde salen las previsiones de crecimiento inferiores al -1%, que son prácticamente todas. Mi apuesta es por una caída superior o cercana al -2%, siempre y cuando no se produzca el desastre que sigue siendo la hipótesis más probable.

El sector público
Y el desastre sigue siendo la hipótesis más probable, porque el 71,5% del gasto de las AAPP, es decir CCAA y CCLL, esta fuera de control, y a nadie – ni gobierno ni oposición- hace nada por solucionar el problema. El sector público, como hemos repetido una y otra vez, es el problema; unido al peor jefe de gobierno en al menos dos siglos. Medido en términos de caja (la única forma de hacerlo, no solo porque en términos de contabilidad nacional es una tomadura de pelo, sino porque es donde se incluyen los mayores pagos por intereses de la deuda) los mayores gastos de personal, de las transferencias al SPEE y de los anticipos a las CCAA por el nuevo sistema de financiación pactado por el loco que nos gobierna, y donde, ¿cómo no?, las CCAA del PP han ido como todas a poner el cazo, en vez de oponerse radicalmente a tamaña barbaridad.

El déficit del Estado ha crecido hasta mayo un 20%, porque aunque los ingresos han aumentado un 12% (en parte por la supresión de los 400 euros) los pagos han crecido en un 15%. Y respecto al gasto de CCAA y Ayuntamientos, los datos del primer trimestre, como explicamos la pasada semana, demuestran que están fuera de control, y nadie hace nada por poner firmes a los señores feudales que campan por sus respetos.
(*) Catedrático de Economía de la UPM

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Por seis votos a cuatro
El TC declara inconstitucionales 15 artículos del Estatut
Madrid - Efe La Razón 28 Junio 2010

Otro bloque de artículos, de 30 a 35 tendrá una redacción interpretativa, tras una votación de 6 a 4 magistrados. En este bloque hay distintos asuntos conflictivos como la nación o la lengua.

El pleno del Tribunal Constitucional ha finalizado sus deliberaciones y ha aprobado una sentencia sobre el Estatut de Cataluña basada en la ponencia redactada por su presidenta, María Emilia Casas, han informado fuentes del tribunal.

El borrador de Casas, el séptimo que se ha sometido a la consideración del pleno desde que éste inició sus deliberaciones hace ya dos años y medio, declaraba constitucional la mayoría de los preceptos impugnados por el PP.

El texto, sin embargo, ha sufrido en las últimas horas varias modificaciones, introducidas por la propia presidenta para atraerse los votos necesarios para que la sentencia fuera aprobada en bloque y evitar así una votación artículo por artículo.

El nuevo Estatut se ha desarrollado en un 75% en lo que depende del Parlamento catalán, pero ha habido pocos avances en la parte que corresponde a las Cortes, más allá de una cuestión de calado como es la nueva financiación autonómica.

Según cálculos del gobierno catalán, desde la entrada en vigor del Estatut, en agosto de 2006, el Parlament ha aprobado 48 leyes, una parte de las cuales puede verse condicionada por el fallo que ha desencallado hoy la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas.

Entre el casi medio centenar de leyes aprobadas por el Parlamento catalán en cumplimiento del Estatut, hay algunas tan importantes como la de Educación, que esquiva el decreto estatal que fija un mínimo de tres horas semanales de castellano en los centros escolares y que blinda la inmersión lingüística en las aulas.

El Estatut ha alumbrado 48 leyes en Cataluña, pero ha avanzado poco en Cortes
Barcelona - Efe La Razón 28 Junio 2010

El nuevo Estatut se ha desarrollado en un 75% en lo que depende del Parlamento catalán, pero ha habido pocos avances en la parte que corresponde a las Cortes, más allá de una cuestión de calado como es la nueva financiación autonómica.

Según cálculos del gobierno catalán, desde la entrada en vigor del Estatut, en agosto de 2006, el Parlament ha aprobado 48 leyes, una parte de las cuales puede verse condicionada por el fallo que ha desencallado hoy la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas.

Entre el casi medio centenar de leyes aprobadas por el Parlamento catalán en cumplimiento del Estatut, hay algunas tan importantes como la de Educación, que esquiva el decreto estatal que fija un mínimo de tres horas semanales de castellano en los centros escolares y que blinda la inmersión lingüística en las aulas.

La nueva ley del Síndic de Greuges, criticada por el Defensor del Pueblo porque entiende que limita su influencia en Cataluña, o bien la de creación del Consejo de Garantías Estatutarias son otras normativas surgidas del Parlament.

La ley de consultas populares por vía de referéndum, la de fosas comunes o la del derecho a la vivienda en Cataluña, que prevé el alquiler forzoso de pisos desocupados, son otros de los frutos del Estatut en Cataluña.

Y lo mismo sucede con la ley de creación de la Oficina Antifraude, con la de creación de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo o con la ley catalana de acogida de inmigrantes, otras normativas aprobadas en Cataluña en cumplimiento de esta ley orgánica.

Además, una quincena de proyectos de ley esperan salir adelante en el Parlament antes de que acabe la legislatura, entre ellos el del cine o el de veguerías, que altera la organización territorial actual de Cataluña en provincias.

Respecto a la parte estatal, la financiación es el punto más importante del Estatut que está en vigor, ya que Gobierno y Generalitat pactaron en julio de 2009 el nuevo sistema, que sitúa por primera vez a Cataluña por encima de la media española.

El Estatut ha permitido incrementar los tributos cedidos a Cataluña al pasar a gestionar el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los impuestos especiales, aunque está pendiente conformarse un consorcio entre la agencia tributaria española y la catalana.

También está en vigor la polémica disposición adicional tercera, que compromete al Estado a invertir en Cataluña durante siete años en proporción a su aportación al PIB, es decir, el 18,8%, que debía comportar, antes de los recortes por la crisis, más de 30.000 millones de euros hasta 2013.

El traspaso del servicio de Cercanías de Renfe o la inspección de trabajo también han surgido de la negociación entre Generalitat y Gobierno en los últimos años.

El Govern, a pesar de que Cataluña sigue siendo la única comunidad que no ha sido capaz de aprobar una ley electoral propia, entiende que ha desarrollado con eficiencia su parte del Estatut, pero se queja de la lentitud del Gobierno en aplicar su parte.

La descentralización del Consejo General del Poder Judicial, que requiere de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la participación de la Generalitat en organismos estatales son dos de las muchos aspectos aún encallados.

Y es que el Estatut prevé que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la "última instancia jurisdiccional", así como la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, unas pretensiones que topan con las resistencias del Poder Judicial español.

Tampoco se ha aplicado la previsión del Estatut por la cual la Generalitat designará o participará en el nombramiento de miembros del Banco de España y de las comisiones del Mercado de Valores y de Telecomunicaciones.

Lo mismo ocurre con el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, el de Radio y Televisión, la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia Española de Protección de Datos.

Escenarios cambiantes para un tiempo político convulso...y "sentencia habemus" del Estatut
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 28 Junio 2010

(Fue la vencida. 6 a 4 votos. Sentencia del Statut. Los detalles que ya se conocen: Quince articulos han sido declarados incostitucionales (votacion 8 a 2) y más de otros 30 tendrán una acotación "interpretativa".El resto del texto se avala, en algunos bloques por votación unánime. Los artículos rechazados tienen que ver con la lengua, el poder judicial y determinadas competencias que se atribuían de manera exclusiva.Primera valoración: siempre será mejor que no tener ninguna).

Los tiempos políticos se retratan en estados de ánimo colectivo, que se reflejan en las encuestas, y en hechos consumados, que son los que cantan las urnas. Ahora andamos por los primeros a la espera de los segundos. Las hipótesis y las profecías son el refugio cabalístico de los periodistas para poder hablar de lo que no sabemos. Lo único a lo que, en verdad, alcanzamos es a entender que las posibilidades van engarzadas las unas con las otras y que depende si lo primero que asoma de la cesta es cereza otras saldrán con ella enristrada o, por el contrario lo que comenzarán a asomar son las manzanas.
Por ejemplo y de entrada, tenemos el Estatut de nunca sentenciar, que dicen que ahora y de esta semana no pasa. Del hecho mismo de que haya o no sentencia y de su signo si se produce dependerán influencias en uno u otro sentido en la votación catalana de noviembre.

Esos comicios serán, además, la primera medida del deterioro socialista que bien pudiera –hoy se da casi por inevitable- arrojarlos del poder en aquella comunidad autónoma. Pero hay muchas variables que tendrán posteriores recorridos A) Triunfo CiU por mayoría absoluta (posible pero improbable) B) Triunfo CiU sin mayoría pero al alcance con PP ( lo más probable) C) El tripartito(PSC-ERC e IC) puede formar aún gobierno (improbable) . Si sale A , CiU tendrá manos libre, allí y a nivel de Estado. Podría mantener al Gobierno en los presupuestos o no hacerlo. Si le faltan escaños: Pues otras tres hipótesis . Un pacto con PSC, no se descarte, aprovechar los votos del PP aunque sin pacto (posible) o con ERC (improbable). Con IC está descartado.

Un pacto, aunque fuera sin firma con el PP significaria en el conjunto de España muchas cosas. La más evidente. CiU podría ya proa al Gobierno y lo dejaría caer si de ellos dependen en los presupuestos. ¿Eso forzaría elecciones anticipadas?. No tiene porque se así. Eso depende de Zapatero.

Y también el que haga o no crisis de Gobierno. En Ferraz dicen que no. Ni ahora ni en otoño. Lo razonan diciendo que para qué. Los ministros nuevos estaráin en la actual coyuntura socarrados en una semana. Pero la lógica diría que a nueva politica nuevas caras o que en septiembre-octubre puede que algunos se presenten a las municipales o autonómicas, rumor de Trini Jiménez en Madrid. En Ferraz lo niegan y dicen que ni uno. Bueno. La política está llena de jamases de mañana que son hecho por la tarde.

Y después de los presupuestos. Pues estaremos ya en la antesala de las municipales. Los barones socialistas no quieren de ningún modo que coincidan con las generales. En eso están hoy todos de acuerdo. No quieren “ajuntarse” con la deteriorada imagen de Zapatero. Pero en poca o mucha parte la gente no los deslindara del todo. Para mi y esta es mi humilde mojadura que si el PSOE sufre una derrota contundente y pierde capitales importantes y alguna comunidad emblemática es ya cuando no habrá remontada ni resurrección para el 2012. Como sucedió en el 95 con el 96. Y entonces estaba González.

ESTATUT | Acuerdo tras cuatro años de espera
El Tribunal Constitucional avala la mayor parte del Estatut por seis votos a cuatro
Acuerdan que el concepto de nación del preámbulo carece de validez jurídica
Habrá votos particulares discrepantes de los jueces del sector 'conservador'
María Peral | Madrid El Mundo 28 Junio 2010

Actualizado lunes 28/06/2010 19:44 horasDisminuye el tamaño del textoAumenta el tamaño del textoComentarios 91 El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la mayor parte del Estatut de Cataluña tras contabilizarse seis votos a favor y cuatro en contra del borrador presentado por su presidenta, María Emilia Casas.

El acuerdo ha sido posible gracias a que la presidenta del TC se ha avenido a la exigencia del magistrado Manuel Aragón de llevar al fallo que carece de eficacia jurídica el concepto de nación utilizado en el preámbulo del Estatut.

Han añadido como precepto inconstitucional el 218, de Autonomía y Competencias financieras, y como interpretación conforme el 34, referido a los Derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios. Ambos puntos figuraban en la ponencia de Pérez Vera y ahora se vuelven incorporar.

Los diez miembros del TC han fallado una parte por bloques, algunos de los cuales han alcanzado la unanimidad. Se trata de un sistema que ha elegido la propia Casas para poner de manifiesto una menor división del Tribunal que podría deducirse de que las partes más delicadas del Estatut han provocado la fractura entre los magistrados.

Fuentes judiciales aseguran que habrá votos particulares discrepantes de los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Ramón Rodríguez Arribas.

Largo proceso
El parto de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Cataluña está siendo duro y, sobre todo, excepcionalmente largo. Casi cuatro años, exactamente, que se cumplirán en julio. El debate en torno al texto estatutario empezó a tomar verdadero impulso en 2003 con la promesa electoral del entonces candidato Zapatero de apoyar "la reforma del Estatut que salga del Parlament de Catalunya". Unas palabras que en apenas dos años, en enero de 2006, perderían todo su sentido por un pacto 'in extremis' con Artur Mas, líder de CiU, y que modificaba elementos esenciales de la propuesta aprobada un año antes por la cámara catalana.

El pacto Zapatero-Mas, además de desautorizar a Pasqual Maragall como gran hacedor del nuevo texto estatutario, logró que uno de los socios del tripartito, ERC, pidiera el 'no' en el referéndum celebrado en junio de 2006 y que apenas logró movilizar al 49,4% del electorado. El apoyo, eso sí, fue masivo: Un 74% de los votos defendían el nuevo modelo.

La aprobación de la ciudadanía catalana, no obstante, no frenó la verdadera carga de profundidad contra el texto lanzada desde Madrid: El recurso de inconstitucionalidad del PP que, ahora, ha visto la luz.

Divididos entre conservadores y progresistas -leáse, escogidos por PP y PSOE, respectivamente- los jueces del TC se convirtieron en el blanco al que durante cuatro años han señalado todos los puntos de mira.

Así, a lo largo de todo este tiempo se han vivido situaciones difícilmente observables en épocas anteriores. Mientras el magistrado Pablo Pérez Tremps fue expulsado de las deliberaciones sobre el Estatut tras la recusación del PP, el gobierno contraatacó garantizando la permanencia de Maria Emilia Casas, proclive a su criterio, como presidenta del TC.

Además, cabe recordar que la disputa entre PP y PSOE ha evitado la renovación de los miembros del TC que debía haberse realizado en 2007. Una situación que partidos como ERC han aprovechado para insisitir en que, fuera cual fuera la sentencia, ésta procedería de una institución "deslegitimada".

REFRENDA LA PONENCIA DE MARÍA EMILIA CASAS
El Constitucional avala la mayor parte del Estatut por seis votos a cuatroEstatut | Constitucional | Cataluña
@Agencias. Madrid. El Confidencial 28 Junio 2010

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) logró este lunes sacar adelante una sentencia sobre el Estatut de Cataluña declarando 15 artículos inconstitucionales, tras una votación en la que votaron seis a favor y cuatro en contra. Otro bloque de artículos, de 30 a 35, tendrá una redacción interpretativa, tras una votación de 6 a 4 magistrados. En este bloque hay distintos asuntos conflictivos como la nación o la lengua. Así, el TC aprobó una sentencia basada en la ponencia redactada por su presidenta, María Emilia Casas. El borrador de Casas, el séptimo que se ha sometido a la consideración del pleno desde que éste inició sus deliberaciones hace ya dos años y medio, declaraba constitucional la mayoría de los preceptos impugnados por el PP.

El texto, sin embargo, ha sufrido en las últimas horas varias modificaciones, introducidas por la propia presidenta para atraerse los votos necesarios para que la sentencia fuera aprobada en bloque y evitar así una votación artículo por artículo. Fuentes consultadas en el tribunal han señalado que con esas modificaciones, incluidas en el texto en los últimos días, Casas trata de conseguir el apoyo del magistrado Manuel Aragón, adscrito al sector progresista pero cuyas exigencias sobre lo que la sentencia debe decir del término nación y de los símbolos nacionales frustraron los últimos intentos de sacar adelante la resolución.

El último de esos borradores fue rechazado por seis votos a cuatro el pasado 16 de abril, cuando Aragón rechazó respaldarlo ante la negativa de la ponente a llevar al fallo de la sentencia -y dejar sólo en los fundamentos jurídicos- que la definición de Cataluña como nación recogida en el preámbulo del Estatut carece de cualquier eficacia jurídica.

LA GUERRA EN EL TRIBUNAL
Una vez aprobado el Estatut por referéndum el 18 de junio de 2006, se interpusieron ante el TC siete recursos contra el texto. El primero en presentarlo fue el PP, al que siguieron los del Defensor del Pueblo y las comunidades de Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
ángela martialay/ agencias Libertad Digital 28 Junio 2010

Hubo, además, cuatro recusaciones contra magistrados del Tribunal que paralizaron el procedimiento hasta que fueron resueltas, lo que ocurrió en abril de 2007. Tres fueron rechazadas y sólo fue estimada la que el PP presentó contra Pablo Pérez Tremps, por lo que quedó excluido de las deliberaciones del recurso interpuesto por este partido. Una recusación que el gobierno catalán nunca aceptó y que ha intentado anular hasta hace escasos días.

En un primer momento, el Constitucional justificó esta recusación porque "resultaría contrario a lo razonable negar la existencia de una intervención indirecta" de éste en la elaboración de la reforma estatutaria. El motivo para apartar a Pérez Tremps de las deliberaciones fue un estudio que el magistrado realizó en 2003 por encargo de una institución catalana que asesoró sobre la reforma estatutaria, y por el que cobró 6.000 euros. Para el TC esto supuso una "toma de postura" acerca de los límites constitucionales sobre la asunción de competencias por Generalidad, "lo que constituye un elemento objetivo que razonablemente permite la suspicacia de la parte recusante acerca de la imparcialidad con la que el magistrado recusado está en condiciones de abordar el enjuiciamiento de la norma impugnada".

La semana pasada el Alto Tribunal rechazó anular esta recusación porque la "decisión es firme e irrecurrible".

Por su parte, desde la interposición del recurso del PP en julio de 2006 y tras resolver las recusaciones contra magistrados y diversas incidencias procesales, fue en el año 2008 cuando el Tribunal comenzó las deliberaciones sobre el preámbulo y los más de cien artículos con alrededor de doscientos preceptos impugnados.

En coincidencia con la tramitación de los recursos, el 26 de mayo de 2007 entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que permitió la prórroga del mandato de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.

Además, tras la recusación de Pérez Tremps en febrero de 2007 y el fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo en mayo de 2008, son diez los miembros del tribunal que han resuelto el recurso planteado por el Partido Popular.

Los siete recursos presentados ante el TC por orden cronológico son los siguientes:

1º) El 31 de julio de 2006 el Partido Popular fue el primero en presentar un recurso de inconstitucionalidad por entender que se trata de "una Constitución paralela".
Impugna diversos apartados de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales del Estatuto, que, en opinión de los populares, "quiebra los principios de libertad e igualdad entre los españoles que establece la Carta Magna".

El 28 de septiembre el Tribunal comunicó la admisión a trámite del recurso, según providencia aprobada el día anterior.
Ponente: Elisa Pérez Vera.

2º) El 19 de septiembre de 2006 el Defensor del Pueblo presentó un recurso contra 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales, referido a siete aspectos: derechos y deberes, lengua, competencias, justicia, Sindic de Greuges, relaciones bilaterales con el Estado y derechos históricos y carácter nacional.

El 11 de octubre se hizo pública la admisión a trámite del recurso, según acordó el tribunal el día anterior.

En noviembre, Parlamento y Generalidad solicitaron la acumulación de los recursos presentados en cuanto a su tramitación y decisión final, que más tarde fue ampliada a los otros recursos interpuestos por algunas autonomías. El 28 de mayo de 2007 el TC rechazó acumular en uno todos los procesos.
El recurso del Defensor del Pueblo dio lugar a una iniciativa parlamentaria de IU-ICV de reprobación y cese de Enrique Múgica, que fue rechazada en febrero de 2007.
Ponente: Pascual Sala Sánchez.

3º) El 25 de septiembre de 2006 el Gobierno de Murcia recurrió varios aspectos del artículo 117 del Estatuto, relativo al agua y las obras hidráulicas.

Murcia rechaza que se otorguen a la Generalidad plenos poderes para fijar el caudal ecológico del río Ebro que discurre por nueve comunidades autónomas.

El TC admitió a trámite el recurso el 24 de octubre.

4º) El 11 de octubre de 2006 el Gobierno de La Rioja interpuso recurso contra doce artículos, siete disposiciones adicionales y una final, relacionados con la gestión del agua, denominaciones de origen supracomunitarias, sistema de financiación, y el principio de bilateralidad en las relaciones Estado-Generalidad.

El TC admitió a trámite el recurso el 24 de octubre.

5º) El 19 de octubre de 2006 el Gobierno de Aragón, recurrió una disposición adicional, referente al Archivo de la Corona de Aragón.

El Gobierno aragonés, única comunidad gobernada por el PSOE que ha recurrido el texto catalán, entiende que el Archivo de la Corona de Aragón -ubicado en Barcelona- es un ente indivisible que debe ser gestionado por las cuatro comunidades implicadas -Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia- y el Gobierno central y que la regulación del estatuto catalán modifica las competencias del aragonés en esa materia.

El 14 de noviembre el TC hizo pública la admisión a trámite del recurso, según providencia aprobada el 8 de noviembre.

6º) El 19 de octubre de 2006 la Generalidad Valenciana recurrió aspectos relativos al Archivo de la Corona y los recursos hídricos, así como el modelo de financiación incorporado al Estatuto por entender que "atenta" contra la solidaridad entre autonomías.

El 14 de noviembre el TC hizo pública su admisión a trámite, según providencia aprobada el 8 de noviembre.

7º) El 20 de octubre de 2006 el Gobierno balear recurrió el Estatuto por considerar que contraviene la Constitución en lo referente al Archivo de la Corona de Aragón. Denuncia que "se apropia indebidamente" de este Archivo sobre el que los ciudadanos de las islas tienen "unos derechos históricos irrenunciables".

El 14 de noviembre el TC hizo pública su admisión a trámite, según providencia aprobada por el Tribunal el 8 de noviembre.

Antes de la aprobación del Estatuto, el 2 de noviembre de 2005 el PP interpuso un recurso de amparo ante el TC contra la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar el texto como una reforma estatutaria, al entender que el procedimiento acordado suponía un "fraude constitucional", ya que se producía un cambio en la Constitución. Pero el 15 de marzo de 2006 el Tribunal notificó que no admitía a trámite este recurso.

Recurso del PP
El recurso del Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña se presentó ante el Tribunal Constitucional el 31 de julio de 2006, al mes siguiente de que fuera ratificado en referéndum por los catalanes y nueve días antes de que entrara en vigor.

La decisión adoptada por el Tribunal con relación al recurso del PP marcará las pautas de los otros seis que interpusieron posteriormente contra el texto catalán el Defensor del Pueblo y los gobiernos de las comunidades de Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.

Los populares entienden que el Estatuto es una "Constitución paralela" y quiebra los principios de libertad e igualdad entre los españoles. En el recurso, firmado por más de cien diputados del PP, se impugnaban diversos apartados e incisos de un total de 114 artículos, nueve disposiciones adicionales y dos finales.

El PP planteó además la recusación de Pablo Pérez-Tremps por haber colaborado en los análisis previos a la redacción del Estatuto, petición que fue estimada por el Tribunal, que apartó al magistrado de las deliberaciones. Por otro lado, el bloqueo en la renovación del intérprete, por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE, también ha lastrado la resolución sobre el Estatuto.

Actualmente y desde diciembre de 2007, cuatro de los doce magistrados del Alto Tribunal están en funciones, entre ellos su presidenta, María Emilia Casas, y su vicepresidente, Guillermo Jiménez. Tampoco se ha cubierto la vacante de Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008, lo que dejó reducido a diez el número de magistrados encargados de resolver sobre el Estatuto.

En coincidencia con la tramitación del recurso, la entrada en vigor en mayo de 2007 de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que permitió prorrogar el mandato de la presidenta y el vicepresidente, complicó aún más la situación al interponer el PP un recurso contra el texto ante el propio Tribunal Constitucional, que fue rechazado en abril de 2008.

Después de resolver las recusaciones y otras incidencias procesales, el Tribunal comenzó las deliberaciones sobre la constitucionalidad del texto a principios de 2008.

La magistrada encargada de elaborar la ponencia, Elisa Pérez Vera, llegó a plantear al menos cuatro borradores de resolución hasta lograr los apoyos suficientes entre los magistrados para emitir una sentencia definitiva.

La tardanza en dictar sentencia ha venido acompañada de una fuerte polémica que llevó, en otoño de 2009, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a pedir "calma" al confiar en un fallo razonable, mientras que el presidente de la Generalitat, José Montilla, subrayaba la "voluntad insobornable" de Cataluña de desarrollar el Estatuto y los partidos que forman el tripartito y CiU alertaban de las graves consecuencias que conllevaría recortar el texto. A su vez, el líder del PP, Mariano Rajoy, instó a "respetar las reglas del juego".

El 26 de noviembre de 2009, en una iniciativa inédita, doce diarios catalanes publicaron un editorial conjunto, titulado "La dignidad de Catalunya", en defensa del Estatuto, que recibió una ola de adhesiones de la sociedad política, civil y económica catalana, mientras que Rodríguez Zapatero afirmó que "respetaba" la libertad de expresión y Rajoy se limitó a decir que "cada uno puede opinar lo que quiera".

Mientras tanto, durante los más de tres años y medio que lleva vigente el Estatuto, Cataluña ha desplegado el texto estatutario y el Parlamento ha aprobado más de una treintena de leyes, entre las que destacan algunas como la Ley de Creación de la Agencia Tributaria o la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias.

También, mientras se esperaba la resolución del Constitucional, el Gobierno central y el catalán han pactado el nuevo modelo de financiación y han cerrado traspasos de competencias como el servicio de Cercanías de Renfe.

Recusaciones de magistrados del Tribunal Constitucional con relación a los recursos presentados.
- El 2 de noviembre de 2005 el PP presentó recurso de amparo contra la tramitación parlamentaria del Estatuto como reforma estatutaria y pidió la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps, por su supuesta participación como asesor de los grupos del Parlamento catalán en la fase inicial del debate.
El 24 de enero de 2006 el Tribunal desestimó la recusación de Pérez Tremps en este recurso, que finalmente no fue admitido a trámite.

- El 31 de julio de 2006 el PP presentó un escrito de recusación del magistrado Pablo Pérez-Tremps por haber colaborado en los análisis previos a la redacción del Estatuto.

-El 5 de febrero de 2007 el pleno del Tribunal aceptó, por seis votos contra cinco, la recusación del magistrado.

-Contra esta decisión, el 21 de febrero la Generalidad presentó un recurso de súplica, que fue rechazado por el Tribunal el 21 de marzo.

- El 2 de noviembre de 2006 el PP planteó la recusación de la presidenta del TC, María Emilia Casas, con el argumento de que su esposo, Jesús Leguina Villa, elaboró por encargo de la Generalitat un dictamen que sirvió de base para redactar el Estatuto. El mismo día de su presentación el TC rechazó por unanimidad la recusación.

- En octubre de 2006 la Generalidad de Cataluña planteó la recusación del magistrado Roberto García Calvo en relación con la tramitación del recurso del PP, por "falta de imparcialidad" en el asunto.
Fue rechazada por el TC el 7 de noviembre de 2006.

- El 2 de marzo de 2007 la Generalidad pidió la recusación del magistrado Jorge Rodríguez Zapata por la elaboración de un estudio sobre temas relacionados con el Estatuto, encargado por una fundación privada antes del inicio del proceso de reforma.

-El 7 de marzo el TC rechazó de plano la recusación del magistrado en relación con el recurso planteado por el PP. El 15 de marzo la Generalidad interpuso recurso de súplica, que fue rechazado por el TC el 19 de abril.

ANÁLISIS | Los artículos más polémicos
Los puntos negros del Estatut
Leonor Mayor | Daniel G. Sastre | Barcelona El Mundo 28 Junio 2010

1. El 'deber' de conocer el catalán
El Estatuto establece por primera vez la obligatoriedad de comprender la lengua catalana. En el ámbito de la enseñanza, la Ley de Educación consagra la inmersión lingüística El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, tras negociar el nuevo sistema de financiación con la Generalitat de Cataluña y obligar al resto de autonomías a sumarse al acuerdo. Se trata de la primera norma de rango estatal que se aprueba en aplicación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, recurrido en el Tribunal Constitucional. Pese a este recurso, presentado hace tres años y todavía pendiente de resolución, la Generalitat y el Parlamento catalán están desarrollando a marchas forzadas el texto estatutario con una batería de leyes que pretenden dificultar una sentencia contraria al mismo. La tradicional política de hechos consumados. Un ejemplo claro es la nueva Ley de Educación de Cataluña, que blinda la política lingüística de la Generalitat de exclusión del castellano.

Artículo 6. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

El desarrollo estatutario
>Ley de Educación de Cataluña. Que la Ley de Educación impulsada por PSC, ERC y CiU "emana del Estatut", como dijo Mariano Rajoy, es tan evidente que basta mirar el preámbulo del texto para darse cuenta. La ley reconoce que desarrolla "un modelo propio de educación en ejercicio de las competencias que el Estatuto atribuye a la Generalitat". Se crea con el fin, entre otros, de "garantizar la normalización lingüística", e invoca el artículo 35 del Estatut, sobre los derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza, uno de los que el PP ha recurrido ante el Constitucional.

2. 'Una nación, una selección'
¿Qué es Cataluña? Oficialmente, una "nacionalidad que ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el Estatut", según reza el artículo 1 del texto estatutario.

Extraoficialmente, "una nación", pues así la ha definido el Parlament "recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña", según establece el preámbulo del propio Estatut, la única parte del texto carente de valor jurídico. Durante la tramitación en las Cortes del Estatut, la definición de Cataluña como nación desapareció del articulado, pero ese "sentimiento ampliamente mayoritario" al que hace referencia el preámbulo se deja entrever en algunos otros artículos, que sí sobrevivieron a los recortes del Congreso. Así, el Estatut consagra la existencia de los símbolos "nacionales" de Cataluña, abre la puerta a que esta comunidad pueda tener selecciones deportivas propias y concede competencias a la Generalitat para que pueda presentarse en el extranjero como un Estado independiente.

Política exterior
Artículo 200. La Generalitat debe promover la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si procede, su afiliación a entidades de ámbito internacional.

Artículo 8. Cataluña, definida como nacionalidad, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno.

El desarrollo estatutario
>La acción de la Generalitat en el exterior. El Govern ha firmado algunos convenios internacionales sobre cuestiones de su competencia, como juventud, cultura o educación. También ha pedido la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores para que Cataluña pueda adscribirse a organismos internacionales como la Unesco.

>Las selecciones deportivas. El Estatut abre la puerta a la integración de los equipos catalanes en federaciones internacionales. No se ha dictado ley de desarrollo, aunque algunos equipos de deportes menores se han federado.

3. Un mapa catalán diferente
¿Hace la historia diferente a Cataluña? Los redactores del Estatut creyeron que sí y dibujaron algunas especificidades respecto al resto de las comunidades amparándose en los llamados "Derechos Históricos".

De acuerdo con esta filosofía, el texto estatutario dibuja un mapa catalán bien distinto al del resto de España, en el que desaparecen las provincias para dejar paso a las llamadas veguerías, que recuperan una tradición procedente de la Edad Media: Cataluña se dividió en veguerías desde el siglo XI hasta el XVII, cuando Felipe V ganó la Guerra de Sucesión y las cambió por las actuales provincias. El mandato estatutario para darle ahora la vuelta a esa decisión y transformar las cuatro provincias en siete veguerías no está muy avanzado. Es complejo técnicamente porque supone desbaratar las diputaciones y modificar el actual reparto del poder municipal. También es complicando desde el punto de vista político: el nacionalismo ansía el cambio, mientras que los socialistas son reacios a la reforma.

Derechos históricos
Artículo 5. El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana.

Artículo 78.1. El Síndic de Greuges [Defensor del Pueblo catalán] tiene la función de proteger y defender los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el presente Estatut (...) con carácter exclusivo.

4. Un tercio del dinero para Cataluña
¿Es Cataluña insolidaria con otras comunidades autónomas más pobres? Para las fuerzas políticas catalanistas, la respuesta es un rotundo no. El tripartito y CiU denuncian desde hace años que Cataluña está mal financiada y exigen un cambio de modelo, que otorgue más recursos a la Generalitat y le permita, entre otras cosas, construir nuevas infraestructuras y prestar más o mejores servicios sociales.

El pasado julio, con un año de retraso, se firmó un nuevo acuerdo de financiación, nacido del contenido del Estatut, que reportará unos 3.800 millones más a las arcas del Govern en el año 2011. Para CiU y Esquerra, este modelo no deja de ser insuficiente, porque está muy alejado del sistema de cupo que opera en el País Vasco y Navarra. En cambio, para el PP, que recurrió el grueso del apartado estatutario referido a la financiación, el nuevo modelo es inconstitucional, porque "ha incrementado la autonomía financiera de Cataluña, sin haber aumentado al mismo tiempo y en la misma medida la solidaridad y la coordinación".

Financiación Artículo 201.4. La financiación de la Generalitat no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña respecto de las restantes comunidades autónomas.

El desarrollo estatutario
>El nuevo sistema de financiación. Se pactó el pasado mes de julio con un año de retraso. La Generalitat calcula que Cataluña dispondrá de 3.800 millones de euros extras para el ejercicio de 2011, un tercio de los recursos adicionales del Estado, muy por encima de la aportación de la economía catalana al conjunto de la española.

>La Agencia Tributaria. Se creó por ley la Agencia Tributaria de Cataluña; por el momento, apenas una reconversión de la antigua Dirección General de Tributos, ya que carece de nuevas competencias. Esta entidad debe consorciarse con Hacienda.

5. Un poder judicial sólo para Cataluña
¿Puede la Generalitat convocar referendos por su cuenta y riesgo? ¿Puede llegar a organizar una consulta independentista con toda legitimidad sin que el Estado pueda impedirlo? ¿Será legal en el futuro una consulta como la del domingo en Arenys de Munt? La competencia sobre consultas populares es una de las que el PP discute en su recurso contra el Estatut. Sin embargo, a la Generalitat no le han frenado las consideraciones de los populares y ha impulsado una ley propia de referendos.

El Govern ha creado también su propio Tribunal Constitucional, el llamado Consejo de Garantías Estatutarias, que se encarga de decidir si las leyes catalanas se ajustan o no a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Este consejo ya está en marcha, y con el beneplácito del PP catalán, pese a que los populares de Madrid lo impugnaron en su recurso. Peor suerte ha corrido el Consejo del Poder Judicial catalán, de cuya creación ni siquiera se ha empezado a hablar.

Artículo 97. El Consejo de Justicia de Cataluña es el órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El desarrollo estatutario
>Ley de Consultas Populares. El artículo 122 del Estatut permite a la Generalitat y a los ayuntamientos convocar referendos previa autorización del Consejo de Ministros. El conseller independentista de Governació, Jordi Ausàs, ha redactado la ley de desarrollo, que ha sido aprobada por el Ejecutivo y se está tramitando en el Parlament.

>Consell de Garanties Estatutàries. Es una suerte de Constitucional a la catalana, creado por ley de 12 de febrero en desarrollo del artículo 76 del texto estatutario. Sus miembros ya han sido nombrados.

POLÍTICA | De la votación a la deliberación del TC
El inacabable periplo del Estatut
Barcelona ElMundo.es 28 Junio 2010

1932. Es el primer estatuto que regula la autonomía de Cataluña.

1979. Tras el restablecimiento de la democracia, se propugna un nuevo Estatut. Es el que estará vigente hasta que se apruebe el de 2006.

2003. Zapatero se compromete, en un mitin celebrado en el Palau Sant Jordi en noviembre, a apoyar la reforma del Estatut que aprobase el Parlament. Estas declaraciones, realizadas en plena campaña para las elecciones autonómicas, han sido repetidas en múltiples ocasiones por quienes han echado en cara al presidente del Gobierno que no respetara la decisión surgida del Parlament.

8 de julio de 2005. Se aprueba el borrador del Estatut con los votos a favor del tripartito, la abstención de CiU y los votos en contra del PP.

1 de agosto de 2005. El Boletín Oficial del Parlament de Cataluña publica el dictamen de la proposición de la reforma estatutaria.

30 de septiembre de 2005. El texto del nuevo Estatut se aprueba en el Parlament por 120 votos a favor y 15 en contra, estos últimos correspondientes al Partido Popular de Cataluña. Después de que Maragall y Mas llegasen a un pacto 'in extremis' sobre financiación y educación. [Propuesta aprobada por el Parlament]

2 de noviembre de 2005. La Mesa del Congreso admite a trámite la proposición con 197 votos a favor, 146 en contra, todos 'populares' y una abstención.

21 de enero de 2006. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, pactan un modelo de financiación y un preacuerdo sobre la definición identitaria de Cataluña.

20 de marzo de 2006. Aprobado por la Comisión. Finalmente, ERC se desmarca del pacto cerrado por PSOE y CiU y vota en contra del proyecto de Estatuto resultante de la Comisión Constitucional. La unidad de los partidos catalanes en la Generalitat se rompe definitivamente en la defensa del Estatuto. Josep Lluís Carod-Rovira anuncia que ERC votará en contra del Estatut en el Congreso, aunque deja la puerta abierta a que se resuelva la cuestión del aeropuerto durante el trámite del Senado y descarta que vaya a hacer campaña por el 'no' de cara al referéndum popular que debe ratificar el Estatuto y que se celebrará en Cataluña en el mes de junio.

30 de marzo de 2006. El Estatut se aprueba en el Congreso con 189 votos a favor y 154 en contra y posteriormente, el 10 de mayo de 2006, en el Senado, donde el PP se opuso y ERC se abstuvo.

11 de mayo de 2006. El cambio de postura de ERC, que tras la presión de su base decide acabar pidiendo el 'no' para el nuevo texto por insuficiente provoca la decisión de Pasqual Maragall de cesar a todos los consellers y altos cargos del partido independentista en el Govern y convocar elecciones.

18 de junio de 2006. El nuevo texto es aprobado en referendum con el 74% de los votos a favor, pero con un 49,4% de participación.
[El Estatut aprobado en referendum]

1 de agosto de 2006. El PP presenta recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo texto.
[El recurso del Partido Popular]

19 de septiembre de 2006 El Defensor del pueblo, Enrique Múgica, presenta el segundo, y quizás el más polémico, de los recursos contra el texto al entender que "existen indicios de inconstitucionalidad".

27 de octubre de 2006 El TC admite a trámite los recursos de las comunidades de Murcia y La Rioja, que temen al Estatut por razones diversas. Mientras Murcia, gobernada por el PP, argumenta contra la potestad catalana sobre el Ebro, en La Rioja intentan impugnar aspectos como la financiación o la relación bilateral Cataluña-España.

2 de noviembre de 2006 El PP pide la recusación de la presidenta del TC, Maria Emilia Casas, porque su marido realizó un dictamen encargado por la Generalitat que sirvió de base para elaborar le ley marco catalana.

14 de noviembre de 2006 Llegan las tres últimas cargas contra el texto estatutario. Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana logran que el TC admita sus recursos.

22 de enero de 2007 El PP pide la recusación del juez del TC, Pérez Tremps, por realizar un informe para conocer si el Estatut se ajustaba o no a la constitución.

6 de febrero de 2007 El Alto Tribunal acepta la recusación de Pérez Camps.

20 de febrero de 2007 La Generalitat recurre la decisión del Consitucional de apartar a Pérez Camps.

27 de febrero de 2007 La Generalitat pide la recusación del juez Rodríguez Zapata por participar en un estudio sobre el Estatut.

7 de marzo de 2007 El Constitucional rechaza la recusación de Zapata.

21 de marzo de 2007 El Constitucional confirma la recusación de Pérez Camps.

18 de septiembre de 2008 Se cumplen dos años de la interposición de los recursos contra el texto legislativo catalán. El Constitucional justifica la demora del fallo achacándolo a las recusaciones de magistrados y los recursos contra la Ley de Igualdad o la consulta de Ibarretxe.

16 de junio de 2009 Se cumplen tres años de la interposición de los recursos. El Constitucional vuelve a justificar su dilación. Maria Emilia Casas sotiene que trabajan "intensamente, sin interrupción y en la intimidad".

16 de abril de 2010 El pleno del Alto Tribunal vota por primera vez un borrador, el quinto que se presenta y que avalaba la mayor parte del Estatut, y es rechazado después de tres días de deliberación.

27 de abril de 2010 Montilla y Mas sellan un acuerdo para pedir que el TC se declare incompetente con el Estatut, además de instar a su renovación en el Congreso y el Senado, y la reforma de su ley integral para evitar la permanencia de magistrados con el mandato caducado.

19 de mayo de 2010. Fracasa la sexta ponencia sobre el Estatut, la redactada por el juez conservador Guillermo Jiménez. La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, asume la redacción de una nueva ponencia.

28 de mayo de 2010. El Constitucional rechaza declararse incompetente para dictar sentencia y su presidenta, Maria Emilia Casas, asegura que la resolución llegará antes de verano.

21 de junio de 2010. El Alto Tribunal emprende el último intento de desencallar la sentencia del Estatut antes de que se inicie la precampaña electoral para las elecciones autonómicas catalanas. Descartada la posibilidad de que la nueva ponencia vaya a ser aprobada en bloque, los diez magistrados que componen el pleno votarán el nuevo proyecto de resolución artículo por artículo.

27 de junio de 2010. Después de dedicar tres reuniones a rechazar los recuros de súplica para rehabilitar al recusado Pérez Tremps, y declararse incompetente para sentenciar, el TC aborda su primera sesión con una orden del día clara "votación y fallo" del recurso del PP contra el Estatut.

28 de junio de 2010. Por fin, el Tribunal Constitucional aprueba una sentencia, ésta avala la mayor parte del Estatut. La ponencia de la presidenta, María Emilia Casas, -modificada en los últimos días para buscar mayor consenso- ha sido respaldada por seis votos a cuatro.


Cataluña
El Estatut como cortina de humo
El «caso Palau» y sus derivadas enfilan días claves en laa semana que presumiblemente será también la de la sentencia del Estatut
JANOT GUIL / BARCELONA ABC Cataluña 28 Junio 2010

El azar —si es que no una estrategia maquiavélica— ha propiciado que en la semana que hoy comenzamos los dos grandes partidos de Cataluña, PSC y CiU, puedan llegar a desear en lo más hondo que la anunciada sentencia del Tribunal Constitucional en contra del Estatut se haga, por fin, carne. Por raro que suene.

De concretarse el fallo negativo del TC esta semana, como así auguraban los mentideros madrileños, la polémica en torno a la carta magna catalana tapará algunas vergüenzas que se ventilan estos días alrededor del «caso Palau»: la comisión parlamentaria de investigación sobre el expolio palaciego, que centra sus miradas en la presunta financiación de CDC a través de Millet y su chiringuito, y la instrucción judicial del proyecto de construcción del Hotel Palau, que ya ha salpicado al Govern, vía su conseller Antoni Castells, y al Ayuntamiento de Barcelona, y que podría concluir esta semana con imputaciones a altos cargos socialistas de ambas administraciones.

La citada comisión y la instrucción del «caso Hotel Palau» retoman hoy su actividad, tras un fin de semana intenso de nuevas revelaciones periodísticas sobre el Palau que han acorralado al presidente de CiU y secretario general de CDC, Artur Mas, a quien el tripartito exige explicaciones; incluso baraja pedir su comparecencia en la comisión parlamentaria.

Porcentajes
Según publicaba ayer La Vanguardia, abundando en lo que en la víspera desveló El Periódico, el ex gestor del Palau de la Música, Félix Millet, repartía supuestas comisiones del 4% por obras públicas con Carles Torrent, responsable de finanzas de CDC y administrador de la Fundación Trias Fargas (ahora CatDem), fallecido en 2005. El rotativo apunta que Millet describía en sus documentos supuestas comisiones del 4% por las obras de la Ciutat de la Justicia y de la línea 9 del Metro.

De este porcentaje, el 2,5% iba a parar a Carles Torrent y el 1,5% a Millet. Millet le pidió a Torrent que mediará para conseguir obras a Ferrovial-Agroman, según consta en los los documentos a los que ha tenido acceso el periódico. Estos documentos, que ya obran en manos del juez del «caso Palau», estaban almacenados en el ordenador personal de Millet, en el de su secretaria y en el de la secretaria de Jordi Montull.

Justo hoy la secretaria de Millet, Elisabeth Barberà, debe comparecer en la comisión parlamentaria que investiga el desvío de fondos del Palau de la Música. También Gemma Montull, hija de Jordi Montull y ex directora financiera del Palau, entre otros comparecientes con menos morbo.

CDC niega el 4%
Por su parte, CDC reaccionó ayer, como antier, vía comunicado. Aseguró no tener constancia ni conocimiento de las relaciones entre su antiguo administrador y Millet y reiteró que las finanzas del partido han sido auditadas y «que no hay ni un solo dato que corrobore ninguna relación extraña entre el Palau de la Música y el partido o la Fundación CatDem».

Convergència afirmó que el hecho de que Torrent haya fallecido no les ha permitido contrastar los citados datos más allá de lo que es la corrección que figura en la contabilidad oficial, auditada por la Sindicatura, así como también por el Tribunal de Cuentas.

Y en paralelo a todo esta polémica, hoy la juez que instruye el caso del hotel del Palau proseguirá con la primera ronda de testificales sobre este proyecto urbanístico. El pasado miércoles el fiscal constató que, aunque no hay una decisión tomada, se podría ampliar la querella con nuevas imputaciones de altos cargos que ya declararon como testigos —como el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Ramón García-Bragado, la directora general de Patrimonio de la Generalitat, Immaculada Turu, o el gerente de Urbanismo del Consistorio barcelonés, Ramón Massagué— al haberse aportado pruebas que podrían reforzar la querella.

La ex concejal de Ciutat Vella, Itziar González, declarará hoy como testigo ante la juez por la tarde. Por la mañana lo hará Joan Llinares, actual director ejecutivo del Palau de la Música.

Esta ronda de testificales acabará el próximo miércoles y luego, si no antes, también en esta semana clave, la juez podría decidir revocar la prisión provisional que impuso para Millet y Montull, residentes en Can Brians II. Su principal argumento para la medida cautelar, que ambos imputados pudieran influir en los testigos, habría caducado. Millet y Montull libres y más autónomos que el Estatut.

La Xunta asegura que la consulta sobre la lengua no tiene ningún coste adicionalEs la respuesta del secretario de política lingúística a las críticas del BNG. Explica que los nacionalistas viven de espaldas a la realidad
 www.lavozlibre.com 28 Junio 2010

Madrid.- El secretario general de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, subrayó que la consulta que se hará a los padres con hijos en Educación Infantil sobre su lengua materna no es "una votación" y replica al BNG que estos cuestionarios no tienen "ningún coste adicional", dado que ya se hacían durante la etapa de Gobierno del bipartito desde la entrada en vigor del decreto 124/2007.

"Los padres o tutores sólo tienen que responder a la pregunta de cuál es la lengua materna de su hijo, no se les pide su opinión sobre cuál deben ser la predominante en el aula ni que se pronuncien sobre el idioma que tiene que hablar el profesor", incidió, preguntado en comisión parlamentaria por la diputada del BNG Carme Adán, a la que reiteró que este cuestionario está encaminado únicamente a "saber la lengua materna de cada niño".

Tras esta explicación, y ante las críticas de la nacionalista a una "consulta torticera y confusa" que "no aporta rigor", el alto cargo de la Xunta atribuyó estas afirmaciones a que a su grupo "no le gusta escuchar" y "vive de espaldas a la sociedad". "No es una consulta, sino una pregunta", insistió.

A mayores, después de que la parlamentaria del Bloque denunciase que el nuevo decreto del gallego en la enseñanza no universitaria abre la posibilidad de que los alumnos de Educación Infantil no tengan "contacto" con la lengua gallega en este periodo por las "ansias plurilingüistas" de la actual Xunta, Lorenzo sostuvo que "garantiza la adquisición de una competencia en igualdad en las dos lenguas oficiales" al tiempo que "apuesta por el conocimiento efectivo de una lengua extranjera".

"El modelo lingüístico continúa siendo el mismo que se desarrolla en Galicia desde el inicio de la autonomía", destacó, y explicó que su objetivo es que "todo el alumnado tenga un conocimiento adecuado" del gallego y el castellano en "un modelo lingüístico educativo dirigido al mantenimiento de la lengua gallega".

SOCIEDAD | En un pueblo de Alicante
Demandan a la Generalitat por no poder escolarizar a un niño en castellano en Biar
Europa Press | Alicante El Mundo 28 Junio 2010

Los servicios jurídicos de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL), en representación de su socia Isabel Aracil, formalizaron la pasada semana la presentación de una demanda contra la Generalitat Valenciana por "la imposibilidad de escolarizar a su hijo en castellano en Biar (Alicante)".

El presidente de la Asociación, Pablo Yáñez, indicó que Biar está considerado por la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià como un "municipio valenciano hablante" por lo que "no es obligatorio" la existencia de una línea de educación en castellano, algo que consideró "anticonstitucional".

Los trámites de la demanda se iniciaron hace algunas semanas cuando se interpuso un contencioso-administrativo en el Procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que admitió a tramite la petición de Isabel Aracil.

La argumentación de la demanda explica que "el pleno desarrollo de la personalidad humana del niño, objetivo de la educación tal y como establece la Constitución Española en el apartado segundo del artículo 27, difícilmente se conseguirá imponiendo una lengua sobre la oficial del Estado".

Asimismo, reivindica "la libertad de residencia y circulación por el territorio nacional de los padres, vulnerada en el caso de que la imposibilidad de escolarizar a su hijo en castellano les obligue a abandonar la Comunidad Valenciana" o el municipio en el que residen para buscar un colegio en el que su hijo pueda formarse en castellano.

Además, la demanda invoca, también, al artículo 139 de la Constitución para que el Tribunal garantice que "ninguna autoridad pública podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas en todo el territorio español".

La ANLL solicita, además, a través de la demanda, que "se eleve cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que anule la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià".

Recortes de Prensa   Página Inicial