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Recortes de Prensa    Martes 29  Junio  2010

 

Zapatero, ante su último fracaso
Editoriales ABC 29 Junio 2010

La conclusión política de esta sentencia es que el PP tenía razones suficientes para denunciar la inconstitucionalidad del Estatuto y que su recurso ante el TC fue un servicio al Estado

LA sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha ratificado la decisión de todos cuantos presentaron contra él un recurso de inconstitucionalidad. Aunque la decisión final haya limitado la anulación a catorce artículos e interpretado una treintena más —abusando así del peligroso método de la sentencia interpretativa que declara constitucional no lo que dice la norma, sino cómo debe ser aplicada—, el Estatuto de Cataluña lesionaba gravemente la Constitución Española de 1978 y gracias a los recursos —encabezados por el PP— se ha reparado en parte esta vulneración. En efecto, el Poder Judicial se mantendrá unitario para todo el territorio nacional, sin caer en el sistema confederal que preveía el Estatuto, auténtica ruptura de la unidad jurisdiccional del Estado.

También gracias al recurso del PP, el Estatuto no será la base legal de la imposición monolingüística que defienden el socialismo y el nacionalismo catalanes. Y queda meridianamente claro que Cataluña no es una nación más que en el diccionario nacionalista y en el terreno de los símbolos. La inclusión de este término en el Preámbulo del Estatuto es, según el TC, irrelevante porque no tiene valor jurídico, sino testimonial. Gracias a esta declaración, la presidenta del TC, María Emilia Casas, logró el apoyo del magistrado Manuel Aragón, hasta ayer baza principal de quienes confiaban en que el Alto Tribunal aprobara un pronunciamiento más defensivo del orden constitucional y del Estado. En suma, casi la mitad de los artículos impugnados por el PP tenían tachas de inconstitucionalidad.

La conclusión política inmediata de esta sentencia es que los recurrentes tenían razones más que suficientes para denunciar la inconstitucionalidad del Estatuto, que su recurso ha sido un servicio al Estado y a la Nación, y que el TC ha reparado en parte la frivolidad con la que Rodríguez Zapatero embarcó a España en una aventura confederal, cuyo objetivo no era otro que sellar una política duradera de pactos con el nacionalismo catalán. Al final, ni una cosa ni otra. El Estatuto con el que se identifica el PSOE, según su secretaria de Organización, atacaba bases esenciales del Estado y su responsabilidad política por haber aprobado esta ley es innegable.

Ahora vendrá una estrategia de propaganda tendente a mitigar los efectos políticos de la sentencia del TC, refugiándose en la minoría del llamado bloque conservador —cuyos cuatro integrantes han anunciado votos particulares a la decisión— y en el limitado número de artículos anulados en proporción a los que fueron impugnados. Será la enésima maniobra de distracción para evitar asumir el daño que el Gobierno y el PSOE han causado a la estabilidad del Estado introduciendo en su ordenamiento jurídico un auténtico «caballo de Troya» contra la soberanía del pueblo español y la unidad constitucional.

La satisfacción impostada del Gobierno socialista ya contó ayer con las primeras reacciones exacerbadas del tripartito catalán y del nacionalismo, convocando a la sociedad catalana a arremeter contra el TC. Su estrategia más reciente ha consistido en negar al TC cualquier legitimidad para decidir sobre el Estatuto, porque había sido votado en referéndum por los catalanes. También este desafío se ha saldado con una derrota de los postulados social-nacionalistas, porque queda claro que la Constitución está por encima de cualquier ley aprobada por el Parlamento, aunque sea ratificada en referéndum. Solo las reformas constitucionales aprobadas por el pueblo español, titular de la única soberanía nacional existente en España, quedan al margen de la competencia del TC.

Una vez que se conozcan los criterios interpretativos aprobados por el TC para la treintena de artículos que la sentencia acomoda a la Constitución, podrá valorarse de qué manera se gestionará el día siguiente a la sentencia. Porque hay dos opciones: o meter a Cataluña en un proceso de insubordinación constitucional, o abrir un período de recomposición del Estado autonómico. La responsabilidad de elegir correctamente es solo de los gobiernos central y autonómico, y especialmente del PSOE y del PSC. Mariano Rajoy ha hecho lo que tenía que hacer: defender, y con éxito, el interés nacional. El problema es ahora de los socialistas entre sí, porque tendrán que resolver sus contradicciones internas. El TC ha despejado del escenario catalán una incógnita que condicionaba el período preelectoral y las relaciones entre partidos. Al PP ya no se le puede exigir que retire el recurso, porque está resuelto, ni reprocharle que lo interpusiera, porque tenía razones para hacerlo.

Pese a que el TC ha reducido la intensidad de los daños causados por el Estatuto, la sentencia se queda corta, porque queda en pie buena parte de una norma estatutaria que se generó como competidora de la Constitución. Por eso, su vicio de inconstitucionalidad era mucho más radical que parcial.

La sentencia y la farsa

Fermín Bocos Periodista Digital 29 Junio 2010

A reserva del conocimiento del contenido completo de la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña, la primera impresión que tiene uno tras conocer el fallo es que la política reafirma su gran deuda con la farsa. Con el teatro en su máxima expresión. Teatral ha sido la salida en tromba de los principales dirigentes políticos catalanistas. Montilla, Mas y Puigcercós. En el caso del presidente de la "Generalitat", el señor José Montilla, cordobés de nacimiento, salida doblemente teatral porque un minuto después de conocer el fallo -ignorante, por lo tanto, del contenido completo de la sentencia- ya tenía preparado un largo discurso centrado en los supuestos agravios infringidos por el TC "al pueblo de Cataluña". Lo tenía todo previsto, hasta la convocatoria de una manifestación.

Teatral, también, la comparecencia de la vicepresidenta Fernández de la Vega. Salió a escena a la misma hora que Montilla para decir exactamente todo lo contrario que su correligionario. Para ella, la sentencia es una derrota del PP.

Y ¿qué dice el PP? Pues, según Federico Trillo, inspirador del recurso, el TC les da la razón en lo que se la da, aunque nada dice de lo que se les niega. A todo esto, como actriz de reparto, Alicia Sánchez Camacho, cabeza del PP en Cataluña, dice estar contenta porque ahora, según su decir, el "Estatut" ya es constitucional. Y lo es -podríamos añadir- pese a que mantiene que el catalán es la lengua "vehicular" en Cataluña (¿no era, también, lengua oficial el castellano?); pese a que consagra la bilateralidad Estado-Generalitat en las relaciones económicas y pese a que mantiene un preámbulo que dice que el "Parlamento de Cataluña declara que Cataluña es una nación". El TC proclama que dicho preámbulo "carece de eficacia" jurídica. No que hay dos exegetas que coincidan al interpretar qué significado tiene está conclusión que preña una duda. Si fuera cierto que carece de "eficacia jurídica, ¿qué sentido tiene mantenerlo, habida cuenta de que el artículo 2 de la Carta Magna proclama que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y lo escribe, así, con mayúscula que no admite plural?

Hablando de preámbulos y de intereses lo explicaba muy bien Jacinto Benavente en el primer cuadro de los "Intereses creados". Porque de eso se trata. De salvar cada uno lo suyo. Ya verán como Rajoy, a quien las encuestas llevan a hombros -y está pensando en que el año que viene puede necesitar el apoyo de CiU para llegar a La Moncloa- no dice nada de la sentencia o a lo sumo pide a los suyos sosiego, tranquilidad y calma. Ya digo, una farsa. Pero una farsa peligrosa porque juega con sentimientos y emociones muy arraigadas entre la gente. En los dos bandos.

Estatutos zapateristas
Lo previsible es que después de una primera fase de condenas, al final todo retome el cauce electoral
VALENTÍ PUIG ABC 29 Junio 2010

HA sido el estatuto de la incertidumbre constitucional y del abstencionismo refrendario. Cuatro años han hecho falta para llegar a la sentencia de ayer por la tarde. Se puede considerar el parto de una criatura con elementos clónicos, dotada de extremidades litigantes, concebida por bloques y de una formalidad amplia en ambigüedades. Digamos que es un ente interpretativo. Prevalece jurídicamente el término «nacionalidad» sobre el de «nación», que no es vinculante. Ahora bien, si el término «nación» «carece de eficacia jurídica», ¿por qué queda plasmado en el estatuto? Es sobre el poder judicial catalán donde el Tribunal Constitucional ha sido más explícito.

Es muy llamativo que el TC ratifique el carácter vehicular de la lengua catalana, siendo la sociedad real catalana ejemplarmente bilingüe. Esa es una realidad que no puede ser rectificada con elementos de ortopedia y que afecta a los derechos de los padres. Las sociedades tienen su aliento y sus tiempos, que van más allá de las construcciones jurídicas. Son los usos y costumbres, las «mores» que Tocqueville anteponía a las leyes.

El PSOE de Zapatero jugó con los límites de la Constitución para ratificarse en su territorio electoral catalán. En fin, practicó el particularismo, lo que hubiese chocado a Don Indalecio Prieto. Los datos históricos son una evidencia: ni el PSOE ni la UGT lograron una implantación significativa en Cataluña hasta conseguir penetrar electoralmente ya en los inicios de la transición democrática y como fruto de la imbricación con el socialismo catalanista, del que deriva la fórmula PSC-PSOE. Para poner en marcha el nuevo proceso estatuario, el PSC-PSOE recurrió a una alianza con el republicanismo secesionista de ERC y el ecocomunismo. Eso fue el segundo tripartito, del que dimanan los contenidos más exóticos del nuevo «Estatut». Ha sido el «Estatut» de Zapatero. En general, las consecuencias jurídicas son de peso y las políticas serán más gestuales y sonoras que significativas y sustanciales. Los partidos políticos conocen el grado de desafecto de la sociedad catalana, el fracaso de las movilizaciones independentistas y la gravedad prioritaria del impacto de la crisis económica en Cataluña, sumada a recientes escándalos de corrupción. Lo previsible es que, después de una primera fase de condenas y lamentos, al final todo retome el cauce electoral, aunque es inevitable que aflore periódicamente la sentencia, como arma arrojadiza.

Considerada la indiferencia de la sociedad catalana, el «establishment» nacionalista urdió un afán determinista: una linealidad histórica requería de ese nuevo estatuto como elemento «sine quan non». Entonces Pasqual Maragall no se recataba en reconocer que el proyecto estatuario era «politique des politiciens». Seguramente sabía que esa es una expresión que en Francia tiene una connotación que no es positiva, pero le daba exactamente igual. Pero el «Estatut» no podía atribuirse exclusivamente al apartado «cosas de Pasqual». Se apuntó Montilla, cuando Zapatero ya surfeaba a sus anchas en la renovación al sesgo de la trama constitucional.
www.valentipuig.com

El término ‘nación’ es incluído en el Preámbulo del Estatut de Cataluña
RedacciónMinuto Digital 29 Junio 2010

El Tribunal Constitucional ha sacado adelante por mayoría una sentencia que avala la inclusión en el Preámbulo del Estatut de Cataluña del término “nación”, si bien deja claro que la misma carece de eficacia jurídica interpretativa, dada la indisoluble unidad de la nación española.

Esta interpretación restrictiva ha contado con el apoyo de seis de los magistrados, los del bloque “conservador” más Manuel Aragón Reyes, y el voto en contra de los magistrados progresistas.

La sentencia del Estatut declara inconstuticionales 14 artículos de la norma, somete a interpretación 23 y cuatro disposiciones adicionales y desestima el resto de los artículos recurridos por el PP.

Los magistrados votaron el fallo en cuatro bloques, siendo el que aglutina los inconstitucionales el único que obtuvo el apoyo de ocho magistrados, en el resto de votaciones (sobre artículos que pasan el filtro de constitucionalidad, los más de treinta que tendrán una redacción interpretativa y sobre el Preámbulo, donde se incluye el término ‘nación’) se saldó con un resultado de seis votos frente a cuatro.

CRÍTICAS DE LOS DEFENSORES DEL ESPAÑOL
La Asociación por la Tolerancia, que viene denunciando la discriminación del castellano en Cataluña, ha criticado que el Tribunal Constitucional haya mantenido que el catalán es “la lengua de uso normal” en esta comunidad autónoma.

Eduardo López, presidente de esta asociación, se refería así al hecho de que el Constitucional haya anulado sólo la expresión “y preferente” del artículo 6 del Estatut.

Este artículo, referido a “La lengua propia y las lenguas oficiales”, dice textualmente lo siguiente: “La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.

En este sentido, Eduardo López se preguntó por qué los magistrados mantienen que el catalán es la lengua de “uso normal”, ya que cabe preguntarse entonces si el castellano es la lengua “anormal, la extraña”.

El presidente de la Asociación por la Tolerancia ha expresado su temor a que el fallo del Constitucional sirva a los nacionalistas para seguir discriminando al español en Cataluña.

… Y A LOS NACIONALISTAS NO LES GUSTA
El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Durán i Lleida ha dicho que el texto que dejan los magistrados tras su decisión “no es el que nos complace”.

Durán i Lleida ha afirmado en declaraciones a Radio Nacionalque la sentencia “llega tarde y mal”, después de casi cuatro años y a pocos meses de que se convoquen las elecciones autonómicas catalanas.

Aseguró que la sentencia merece una “reacción” del pueblo catalán ante la supresión de varios de los artículos aprobados por el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, que los propios ciudadanos ratificaron en referéndum.

“Es prematuro anticipar cuál debe ser la reacción, hay que hacer una lectura más exhaustiva del fallo que no conozco en su literalidad y después de la propia sentencia”, dijo. “Sería un poco temerario decir si la sentencia está en la calle o no está en la calle”.

Sin embargo, advirtió de que CiU no comparte “algunos de los aspectos” del fallo de los magistrados del TC y reclamó “una respuesta unitaria de todas las fuerzas políticas catalanas que hemos defendido la constitucionalidad del Estatuto”.

Una sentencia trascendental
Luis Miguez Macho Semanal Digital 29 Junio 2010

Al leer las primeras noticias relativas al fallo del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, estoy seguro de que muchos lectores habrán pensado: "Ya está. El parto de los montes". Cuatro años de espera para al final descubrir que, como titula algún periódico, "el Tribunal Constitucional avala la mayor parte del Estatut".

No obstante, algo más debe de haber que estos apresurados –e interesados- titulares y el impostado triunfalismo de algunos miembros del Gobierno. Varios artículos declarados inconstitucionales, otros sometidos a interpretación conforme a la Constitución, la declaración de Cataluña como nación privada de todo valor jurídico, incluso del meramente interpretativo, y la reacción de los nacionalistas catalanes (en los que incluyo al PSC), dispuestos a seguir hasta el aburrimiento con la pantomima que les ha hecho perder en el resto de España aquel halo de seny que tuvieron en la Transición y que les había convertido en ejemplo a seguir en otras Comunidades autónomas.

La realidad es ésta. De los preceptos del nuevo Estatuto catalán impugnados por el PP, casi la mitad, es decir, unos cincuenta, han sufrido reproches de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, que han llevado o a su anulación o a su reinterpretación obligatoria. Por lo tanto, la tesis que ha mantenido públicamente el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sobre la completa y perfecta constitucionalidad del texto que contribuyó de manera decisiva a forjar no ha sido compartida por el alto Tribunal. De hecho, es la primera vez que se anulan preceptos de un Estatuto de Autonomía.

Pero, con todo, lo más importante no es esto, sino el que la sentencia se haya dictado finalmente. Aunque parezca increíble, habíamos llegado al punto de que se cuestionaba seriamente, y no sólo en el plano político, sino también en el jurídico, que el Tribunal Constitucional estuviese legitimado para controlar la constitucionalidad del nuevo Estatuto catalán, sobre la base de peregrinos argumentos como el que haya sido sometido a referéndum o su supuesto carácter de "pacto entre Cataluña y España".

Con esta sentencia queda claro que, jurídica y políticamente, nada hay por encima de la Constitución, expresión de la voluntad constituyente del único titular de la soberanía, el Pueblo español en su conjunto. Ni una parte del mismo ni la mayoría política de turno (que cambiará) pueden prevalecer sobre esa voluntad soberana.

Queda igualmente claro que, desde el punto de vista jurídico y político, no existe más nación que la Nación española. Por supuesto que cada uno puede mantener el concepto de nación que le venga en gana; pero el concepto jurídico y político de nación no es ni discutido ni discutible, como afirmó en una desafortunada ocasión el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sino que es el que se desprende de la Constitución, que lo identifica con el Pueblo español en su conjunto, titular de la soberanía. En definitiva, el pretendido Estado plurinacional confederal no tiene cabida en el texto constitucional.

Ningún medio de comunicación contará tampoco el resto de la historia: que muchas de las cláusulas del nuevo Estatuto catalán no corregidas por el Tribunal Constitucional están condenadas a la inoperancia, porque su efectividad depende de la modificación de leyes estatales que o nunca se llevará a cabo, o si se hace, es perfectamente reversible por la voluntad de una mayoría parlamentaria posterior.

Llega así al desastre otro de los grandes proyectos políticos de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno tendrá que fingir que no ha pasado nada, qué remedio. Queda por ver si los nacionalistas catalanes están dispuestos a hacerle pagar el fiasco de la única forma viable, que no es con una revolución imposible en un país democrático desarrollado y bien acomodado, sino con un simple y civilizado adelanto electoral.

Tarde, mal y a rastras
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 29 Junio 2010

A falta de conocer con detalle lo que ayer tarde decidió el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía catalán es posible realizar una valoración de urgencia respecto de un pronunciamiento que se ha producido con cuatro años de retraso. Ese es, de hecho, el primer dato relevante: que, por primera vez en su historia, el Constitucional ha sido literalmente incapaz de cumplir en tiempo y forma la importante misión institucional que tiene encomendada, lo que ha determinado que el máximo intérprete de nuestra ley fundamental se haya dejado en este pleito una buenísima parte de su prestigio.

Del tribunal se esperaba que decidiese, con criterio jurídico, si el Estatuto de Cataluña cabía todo él en la Constitución o si, como sostenía el recurso del PP y sostienen muchísimos juristas que no tienen con ese partido ninguna relación, bastantes de sus previsiones chocan de un modo frontal con nuestro texto constitucional. El hecho de que el alto tribunal haya juzgado que tan solo catorce artículos del Estatuto vulneran las previsiones constitucionales permite poner en duda muy seriamente, sin embargo, que el órgano de control de la constitucionalidad haya actuado llevado solo de un juicio jurídico y no político. Al final, da la sensación de que las fuertes presiones políticas a favor del Estatuto a las que el tribunal ha estado sometido han inclinado la balanza a favor de un pronunciamiento que contribuye a reventar las costuras de la Constitución y que deja en letra muerta muchos de sus contenidos materiales. Siguiendo su línea histórica, el Tribunal Constitucional debería haber contribuido a encajar las piezas de un puzle muy complejo como es el del Estado autonómico español. Sin embargo, hay muchas razones para creer que el tribunal, por razones políticas que están en la mente de millones de españoles, ha renunciado a cumplir con su función y ha dado con ello un impulso formidable a la destrucción de un modelo de descentralización que, tras este pronunciamiento errado y timorato, queda en manos de la incontrolable dinámica política que el nacionalismo ha impuesto a España. Este, y no otro, es el verdadero fondo del asunto.

Inconstitucional
El veredicto parte de un principio más político que jurídico: tratar de contentar a todos a base de no dejar satisfecho a nadie
IGNACIO CAMACHO ABC 29 Junio 2010

PARCIALMENTE inconstitucional: ése es el veredicto objetivo. Sírvase cada cuál sus conformidades y reparos a tenor de sus propios prejuicios; enfóquese la sentencia desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo para adecuarlo a interpretaciones de parte; considérese muy importante, poco importante o relativo el sentido de la depuración; al final, lo único que queda claro es que el Estatuto de Cataluña contiene una quincena de preceptos que no encajan con la Constitución española y más de treinta que requieren de una corrección de sus criterios mediante interpretaciones y coletillas. Ahora viene un debate político cargado de farfolla, demagogia y consignas; ha sido un pleito tan confuso y tan largo que su resolución promete tanto embrollo como la norma que lo ha provocado.

Para lograr un veredicto tras cuatro años de bloqueo, la presidenta del Constitucional ha alumbrado una sentencia-pastel, aunque se trata de un pastel cocinado con demasiada lentitud y servido quizá demasiado tarde. Un fallo que parte de un principio más político que jurídico: tratar de contentar a todos a base de no dejar satisfecho a nadie. De un Estatuto bodrio, farragoso y prolijo, y de un tribunal desautorizado y desgastado no cabía esperar mucho más. Al final, el colapso había llegado a un punto en que cualquier sentencia era mejor que ninguna sentencia, y en ese sentido el TC ha terminado guiándose por la necesidad de acabar de una vez para aliviar una tensión insostenible.

Sea como fuere, medio centenar de artículos han sido anulados, retocados o corregidos, y algunos de ellos contienen aspectos nucleares de la intención soberanista que inspiró el Estatuto. Se revoca el poder judicial catalán, se anulan las competencias de autonomía financiera —por mayoría de ocho a dos— y se desregula, negándole eficacia jurídica y carácter vinculante, el principio esencial de que Cataluña es una nación. Eso es una purga como un castillo, una poda sustancial se mire por donde se mire, y constituye la demostración de que los recursos eran procedentes porque el texto contenía aspectos incompatibles con el vigente marco legal de superior rango.

A partir de aquí, todo es opinable, y va a ser opinado a tenor de las conveniencias de parte propias de una precampaña electoral. Al nacionalismo catalán y a los soberanistas radicales les conviene el victimismo; a los socialistas les interesa resaltar la convalidación de una parte del articulado cuantitativamente amplia y el PP puede presumir de haber logrado embridar cuestiones determinantes para la unidad del Estado. Por encima de esa cháchara inevitable, la única realidad objetiva es que el Estatuto de Cataluña ha resultado ser inconstitucional. Poco, mucho, a medias; pero inconstitucional, al fin y al cabo.

Cuatro años de política
EDITORIAL Libertad Digital 29 Junio 2010

Hace cuatro años, un mes después de que el Estatuto de Zapatero fuese aprobado en un referéndum en el que no participó ni la mitad del censo electoral, el Partido Popular y el Defensor del Pueblo presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que dirimiese con la mayor diligencia posible la legalidad de ciertos conflictos que el Estatuto presentaba con la Carta Magna. Meses más tarde, a esos dos recursos se le unirían otros nuevos provenientes de distintas comunidades autónomas que fueron admitidos a trámite por el Alto Tribunal.

Desde entonces los recursos al Estatuto de Zapatero han dormido el sueño de los justos en las estanterias del Constitucional, un sueño alterado sólo por las continuas recusaciones y recursos para apartar a magistrados que pudiesen ser incómodos en la sentencia final. En circunstancias normales, si el Tribunal se hubiese limitado a tramitar un asunto jurídico, la resolución no se habría demorado más de un mes. Pero no, este asunto ha traspasado la línea de lo judicial para penetrar en el ámbito de lo político, campo donde se ha desatado una feroz batalla entre los verdaderos amos del poder judicial en España, cuya independencia sólo figura ya sobre el papel.

A destacar el lamentable papel que finalmente han decidido desempeñar en todo este sainete el magistrado Manuel Aragón, quien durante cuatró años bloqueó una resolución casi con seguridad muy parecida a la que ha terminado apoyando, y el vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, quien ha terminado votando a favor de la ponencia de Casas muy probablemente para evitar que la sentencia se aprobara por el voto de calidad de la presidencia, quedando así retratada la enorme politización del órgano.

A falta de la sentencia definitiva y echando una mirada a la ponencia que presentó Elisa Pérez Vera, muy parecida, por lo demás, a la que al final ha terminado pergeñando la presidenta María Emilia Casas, todo indica que el nacionalismo catalán ha obtenido una victoria histórica. La práctica totalidad del Estatuto de Zapatero se salva tal cual fue concebido por la Generalidad. Sólo un artículo, el referido al Consejo de Justicia de Cataluña, queda inhabilitado, lo que muestra a las claras el corporativismo profesional de los magistrados. A otros catorce artículos se los somete a un maquillaje ligero, puramente terminológico y que, en ocasiones, tramposo como sucede con el artículo 6 en el que, dependiendo del apartado, se anula (art. 6.1) o se mantiene (art. 6.2) el deber de conocer la lengua catalana, por muy abiertamente inconstitucional que sea este segundo precepto.

Las partes más abiertamente anticonstitucionales y las que más polémica han levantado quedan en el limbo de la ambigüedad al declararse interpretables. Es el caso de la bilateralidad "España-Cataluña" o el sistema de financiación. Esto no es, ni de lejos, una victoria constitucionalista como podría imaginarse. Muy al contrario, esta falta de concreción a lo único que va a invitar es al cambalache político con los nacionalistas, muy necesarios para que Zapatero en los dos años que quedan de legislatura pueda atornillarse al poder pase lo que pase.

Respecto al uso del término Nación aplicado a una comunidad autónoma, la catalana queda definitivamente consagrada como tal en el preámbulo del Estatuto de Zapatero. El Tribunal Constitucional no ha declarado como inconstitucional este punto a pesar de que Nación sólo puede haber una según la Constitución, ya que considera que tal apelación se encuentra contenida solamente en el preámbulo que "en ningún caso es jurídicamente vinculante". Nos encontraríamos una vez más ante el mismo efecto que en puntos anteriores, la imprecisión podría dar lugar a negociaciones posteriores ya totalmente políticas.

Por encima de las cuestiones jurídicas, el verdadero ganador de todo este episodio ha sido, una vez más, el nacionalismo catalán. Saliese lo que saliese podrían seguir quejándose y ejerciendo de víctimas de un presunto Estado centralista que sólo existe en sus ensoñaciones, pero del que viven muy bien. Zapatero se lo ha puesto en bandeja, porque él y nadie más que él es el responsable de este despropósito que tendrá para España severas consecuencias en el medio y largo plazo. Estos cuatro años de política han sido sólo el principio de un problema muy serio que no tardará en manifestarse.

Cataluña como problema o por qué lo peor de Zapatero no es la Economía
Jesús Cacho El Confidencial 29 Junio 2010

Seguramente serán millones los españoles que a partir de hoy comenzarán a visualizar en toda su dimensión la tragedia que para el porvenir colectivo van a terminar significando los ocho años de presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque lo malo del personaje, que también, no es su penosa no-gestión de la crisis económica, con ser ello grave en tanto en cuanto afecta directamente al bienestar de todos. Al final, la crisis que padecemos se terminará superando, por duros que sean los años de estancamiento que debamos superar por delante. Lo peor de los seis años y pico que lleva ZP de presidente del Gobierno es el fenomenal lío político en que ha metido a la nación con la ruptura del marco constitucional pactado entre todos en 1978. Lo de la Economía tiene remedio; tardío, pero tiene remedio. Lo de Cataluña, no. Mucho me temo que no. Es la herencia de discordia que este personaje infame deja a España y a los españoles.

Dejó escrito Pío Baroja en sus Memorias que, poco antes de la proclamación de la II República, Ortega y Gasset pensaba en un cambio mágico para el país. “Yo auguraba algo muy malo y acerté”, dice el novelista de Vera de Bidasoa. “Estaba inclinado a pensar que sólo los Gobiernos viejos y llenos de experiencia pueden dar una vida tranquila a los pueblos. Este convencimiento mío procedía de que, en mi juventud, había leído varias historias de la Revolución francesa, lo que no habían hecho mis compañeros, y a mí aquella Revolución me parecía un esquema que se repetiría en los pueblos de Europa siempre que se intentase un cambio político de esa índole, con sus tres fases: utopía, revolución y reacción”.

Al margen de su empeño en reescribir la Guerra Civil desde la exclusiva óptica de quienes la perdieron, nadie sabe lo que hay de utopía en el magín de un tipo tan pobremente avituallado desde el punto de vista intelectual. El caso es que este licenciado en Derecho por León, que no es precisamente Yale, en su empeño por reformar la Constitución del 78 por la puerta de servicio preparó en 2006 un desaguisado -la revolución- con el Estatuto de Cataluña, cuyas consecuencias –la reacción- ayer noche empezamos ya a calibrar tras el encendido discurso del presidente de la Generalitat, José Montilla. Zapatero dejará a los españoles empobrecidos para una década y políticamente divididos, enfrentados, para varias generaciones, y ello en el mejor de los casos.

El texto del Estatuto catalán no tenía convalidación posible desde el punto de vista Constitucional. O se derogaba la Constitución y prevalecía el Estatut o viceversa. Encajar el texto catalán en la horma constitucional era misión imposible. Y conste que han sido muchos los compatriotas que, en aras a un arreglo fraternal, han defendido una interpretación abierta de la Constitución. Ayer mismo me escribía un amigo palentino enamorado de Cataluña, como yo mismo: “Creo que debieran llegar a una solución de síntesis. A dictar una sentencia que intentara encajar lo máximo del estatuto catalán en una interpretación abierta y dinámica de la Constitución. Se trataría de interpretarla de forma que, sin traicionarla, le diera más vida y recogiera mejor la realidad. Sería una síntesis jurídicamente creativa y políticamente integradora de una compleja y real pluralidad. Sin desarmar el Estado de todos, recogería la legítima diversidad que lo compone”.

Declaración de guerra de Montilla
Tal ha sido el trabajo, en el fondo, de la denostada Maria Emilia Casas. La interpretación más favorable de la Constitución hacia el del texto autonómico, lograda después de que la presidenta del Constitucional consiguiera abducir para sus tesis al conservador Guillermo Jiménez y al progresista Manuel Aragón, los dos vocales del alto tribunal que han terminado “cambiando de bando” tal vez inmolando sus prejuicios en el altar de la concordia, no ha servido para nada. La declaración de guerra del señor Montilla anoche mismo habla a las claras del empecinamiento de una clase política –abocada, además, a elecciones autonómicas casi inminentes- que parece dispuesta a romper todas las compuertas de la convivencia dentro del marco constitucional.

Recogemos los frutos podridos de la política de un personaje que llegó en 2004 a la presidencia del Gobierno sabiendo muy poco o nada de la Historia de España y de lo peligroso que a lo largo de los siglos ha resultado siempre abrir la puerta a los demonios familiares históricos de los españoles, a los que es menester mantener en todo momento bien cerrados bajo siete llaves. Zapatero es el gran responsable del enfrentamiento que se avecina porque fue él, conviene recordarlo, quien actuó de motor de un nuevo Estatuto que apenas interesaba al 6% de la población catalana cuando estaba siendo discutido en el Parlament.

Aquel Estatuto parecía embarrancado, más muerto que vivo, hasta que el Presidente del Gobierno no tuvo mejor idea que llamar una infausta noche a Moncloa a Artur Mas (CiU) y darle nueva vida, enloquecida vida a una especie de prolija Constitución que invade algunos derechos fundamentales de la persona que en Europa se consideraban sagrados desde la Revolución francesa, un proyecto que únicamente convenía a su mentor en Madrid y a una clase política alejada de las preocupaciones diarias de la gente y empeñada en juegos de poder en su personal provecho.

El culpable tiene nombre: Rodríguez Zapatero
Aunque moleste mucho a los nacionalistas, es inevitable recordar aquí que los votantes dieron mayoritariamente la espalda al Estatuto en el referéndum celebrado en junio de 2006: únicamente votó el 48,85% de un censo electoral de 5.202.291 personas, de las cuales 1.882.650 respaldaron el texto con un “sí”, lo que equivale a decir que solo el 36,18% del censo aprobó el Estatuto o, lo que es lo mismo, uno de cada tres catalanes. Porcentajes estos, por lo demás, significativamente peores que los registrados en el referéndum celebrado en 1979 para aprobar el Estatuto nacido de la Constitución del 78, que contó con la participación del 59,7% de los catalanes, el 88,15% de los cuales aprobaron el texto.

El recordatorio anterior es doloroso, lo sé, pero la lección que cabía extraer de la consulta de junio de 2006 es que el catalán de a pié no necesitaba ningún nuevo Estatuto, porque ya tenía uno y había demostrado funcionar aceptablemente bien. Tres años de Gobierno tripartito y ríos de tinta, cientos de horas de televisión y miles de horas de radio no consiguieron movilizar a los votantes en apoyo de un texto que la inmensa mayoría consideraba innecesario. Aquella lección no fue ni escuchada ni atendida, y de aquellos polvos vienen estos lodos.

Conviene recordar, también, que ZP negó su apoyo al Plan Ibarretxe en el Parlamento de la nación por llegar a Madrid con el respaldo de solo el 51% del parlamento vasco. El daño que la irresponsable conducta política del inquilino de Moncloa ha ocasionado a los españoles tiene difícil arreglo. Y bien, ¿qué hacemos ahora, señor Zapatero? ¿Qué hará usted ahora, aparte de obsequiarnos con alguna de sus famosas frases entre lo lapidario y lo bobo? No es que sea usted el único culpable, no señor, de lo ocurrido, pero la sentencia del Constitucional conocida ayer en sus líneas maestras es una enmienda a la totalidad de su estrategia de demolición de la Constitución del 1978, un clamoroso fracaso personal que debería conducirle, si tuviera usted vergüenza, a convocar elecciones generales y a irse a su casa de inmediato. Dimisión. Los españoles, catalanes y no catalanes, no nos merecemos tanta desgracia.

La FUNDACIÓN DENAES reclama una reforma constitucional ya que la sentencia del estatuto catalán agrava el problema político
Fundación DENAES  29 Junio 2010

La sentencia dictada por los magistrados del tribunal constitucional no resuelve el problema político e institucional existente en España. «No se puede pedir a los jueces nombrados por políticos que resuelvan un problema político», afirmo Santiago Abascal, Presidente de la Fundación DENAES, para la defensa de la Nación española.

La sentencia dictada por los magistrados del tribunal constitucional no resuelve el problema político e institucional existente en España. «No se puede pedir a los jueces nombrados por políticos que resuelvan un problema político», afirmo Santiago Abascal, Presidente de la Fundación DENAES, para la defensa de la Nación española.

Para el Presidente de Fundación DENAES la sentencia es solo un paso más en el camino de la disgregación, y en la demostración inapelable de que la clase política catalana, en su mayoría, está de espaldas al, por otra parte nebuloso, proyecto común de España. La sentencia es solo el certificado de defunción del consenso creado alrededor de la Constitución del ’78.

Para Fundación DENAES la sentencia puede considerarse un apaño que ha dividido en dos mitades al Tribunal Constitucional. «Un apaño —afirma Abascal— no es jamás una solución ni para la pervivencia de la Nación Española, ni para la convivencia democrática, ni para la vigencia de la Constitución del ‘78».

La Fundación DENAES cree que la sentencia consagra la inestabilidad de las relaciones entre Cataluña y el resto de España en todos los órdenes: económicas, políticas e institucionales. «Es evidente que los nacionalistas tienen activada una estrategia basada en la consecución de objetivos que les lleve de forma progresiva a la separación de España».

Para la Fundación DENAES la única salida es promover una reforma Constitucional sobre la base de la restauración del Estado nacional español. Esta reforma debe contener la recuperación de competencias esenciales, como por ejemplo educación, para el Estado. Asimismo esta reforma constitucional debería implicar una modificación de todos los estatutos de autonomía para adaptarlos a esa nueva realidad constitucional y verdaderamente democrática y soberana que hiciera de España un estado viable y una nación unida.

fundacion@nacionespanola.org
www.denaes.es

Los nacionalistas catalanes son, más que insaciables, inaguantables
Señora Cataluña: deje de refunfuñar y, si no está a gusto, ¡váyase!
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 29 Junio 2010

Están amenazando con que la señora Cataluña se enfadará mucho y reaccionará si el Tribunal Constitucional se atreve a tocarle el culo, digo el estatuto.

Ya está hecho. El Tribunal Constitucional, dominado por andaluces, como decía el racista Enric Juliana, ha reconocido el aborto del estatuto catalán. Cataluña es independiente de hecho; debe serlo también de derecho para que el resto de los españoles tiremos las autonomías por la borda y nos salvemos.

ZParo llegó con la finalidad de pacificar las relaciones con las comunidades autónomas agriadas por el neocentralismo (sic) de Aznar. Pues ya vemos la paz y la unidad que reinan entre los hombres y las tierras de España, como dijo Franquito. Tal vez para ser libres tengamos que hacer como el lobo atrapado en un cepo: amputarnos una extremidad.

Los nacionalistas catalanes son, más que insaciables, inaguantables. Y están amenazando con que la señora Cataluña se enfadará mucho y reaccionará si el Tribunal Constitucional se atreve a tocarle el culo, digo el estatuto.

A las chulerías de Carod, Joan Laporta y de Montilla, que no valdrían más que para conserjes en una oficina municipal -y que me perdonen los conserjes-, les contesto lo siguiente:

¡¡QUE SE VAYAN DE UNA PUÑETERA VEZ Y QUE NOS DEJEN EN PAZ!!
Que se queden con los aeropuertos, con el oasis, con el Barça, con el Archivo de Salamanca, con el aeropuerto de Lérida, con la tumba del golpista Companys, con el cava, con Montserrat, con las autopistas de peaje que construyó Pujol, con La Caixa, con sus embajaditas, con sus selecciones de bolos, con Gas Natural, con el Liceu, con Pascual Estevill, con los bienes religiosos de la Franja, con la infanta Cristina y Urdangarín...

¿CUÁNDO VAN A COGER LA PUERTA Y MARCHARSE?
Ya está bien de insultos, de mentiras, de chantajes, de engaños, de robos, de amenazas...

Y quienes se abstienen en las elecciones -la mitad del censo- que se joroben. Haber espabilado.

¿A QUE NO TIENEN AGALLAS PARA PROCLAMARSE INDEPENDIENTES?
Nos asustan los progres con que Expaña se romperá si el TC raspa un poco del nuevo estatuto catalán. No es que se hayan vuelto patriotas; es que sin los diputados socialistas catalanes, sin los de CiU, sin los de ERC y sin el de ICV, el PSOE perdería el Gobierno. Y para mantenerse cogidos a la teta, los progres están dispuestos a entregar todo el Estado a una oligarquía y destrozar la Nación. Para evitar el desastre, el magistrado socialista Pascual Sala -el mismo que redactó la sentencia que anuló la condena a los Albertos- ha parado una sentencia adversa. ¡La Constitución es un chicle!

¡¡LO REPITO: QUE SE VAYAN!!
(Y la izquierda expañola apoyando una norma que va contra la igualdad. ¡Así son los progres!)

Una ley ejemplar
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 29 Junio 2010

La nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, recién aprobada, sitúa a España como el país que mejor trata a sus víctimas y se convierte en un modelo para otros países que sufren el mismo problema. Esta norma establece un reconocimiento político, moral y económico que concede a las víctimas muy importantes compensaciones, les otorga una estatura simbólica y trata de reparar su pérdida en la mayor medida posible.

Le ley ha sido aprobada por todos los grupos del Congreso y ha permitido una imagen inédita: todos los políticos en sintonía tras un mismo fin. Esta foto de unidad demuestra hasta qué punto el discurso político de apoyo a las víctimas está incorporado por todos los partidos, izquierda y derecha; nacionales o autonómicos, españoles o nacionalistas vascos y catalanes. Nadie plantea diferencias importantes, porque se ha conseguido que las víctimas sean patrimonio de todos los demócratas.

Esta imagen de unánime unidad está lejos de los 'años de plomo', cuando la banda terrorista ETA mataba y mataba en medio de la indiferencia de la mayoría de la población, cuando nuestro aparato legal no estaba preparado para las dimensiones del ataque y con los partidos incapaces de legislar desde el punto de vista de quienes peor lo pasaban. Baste decir que la primera asociación de víctimas del terrorismo se creó en 1980; la ejemplar Ana María Vidal Abarca fue su promotora. En aquel año ETA asesinó a 92 personas y había cinco organizaciones terroristas diferentes, unidas por un mismo fin: el asesinato. Los crímenes eran algo diario y se mataba de uno en uno o de diez en diez. Para ese año el terrorismo llevaba veinte de vigencia y centenares de víctimas.

Fueron aquellas asociaciones clandestinas, como lo era la forma de tratarlas; no existía casi ni el concepto de víctima del terrorismo y circulaban coartadas criminales como el 'algo habrá hecho', que descargaba en la víctima la culpa de su asesinato y eximia al victimario, presentado como héroe y no como criminal.

La ley cierra un ciclo, establece un estatus nuevo, modélico y reparador, y se aprueba en uno de los momentos de máxima debilidad del terrorismo. Las noticias que llegan de la banda son en forma de detenciones, capturas en el momento adecuado: antes de que se ejecute el crimen. Llevamos casi un año sin atentados mortales en España y dentro del entorno político crecen los que han llegado ya a la conciencia de su derrota y al intento de salvar los muebles desde la vía política. La población vasca y del resto de España se conduce con absoluta indiferencia respecto de los criminales, de los que sólo quieren saber el día y la hora en que darán por terminado este sangriento y antiguo partido que nunca debió empezarse.

El Poder Judicial de Cataluña tampoco pasa el filtro del Constitucional
Considera la creación del Consejo de Justicia de la comunidad autónoma es incostitucional
Efe www.lavozlibre.com 29 Junio 2010

Barcelona.- El desarrollo de la Administración de Justicia autonómica y el Poder Judicial autónomo en Cataluña previstos en el Estatut tampoco han pasado el examen del Constitucional.

Seis de los 14 preceptos que el TC ha declarado contrarios a la Carta Magna tienen relación con las modificaciones que en materia de Justicia introdujo la norma estatutaria en 2006, entre ellas la creación del Consejo de Justicia de Cataluña (CJC) como órgano de gobierno del Poder Judicial catalán.

En concreto, son los artículos 95.5 y 95.6, 97, 98.2 (a,b,c,d y e), el 99.1, el 100.1 y el 101.1 y 101.2, que han sido declarados nulos, regulaban la creación y competencias del "Consejo de Justicia de Cataluña" con funciones que, según la Constitución, corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El CGPJ es en el artículo 122 de la Carta Magna el "órgano de gobierno" del Poder Judicial en España y, entre sus competencias, están los nombramientos de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, potestad que el Estatut también transfería al Consejo de Justicia de Cataluña.

Asimismo, supera también las previsiones constitucionales la regulación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la previsión del Estatut (artículo 95) para que los nombramientos del presidente del Tribunal Superior de Justicia y los de sus salas se realicen a propuesta del CGPJ y "con la participación" del CJC.

Entre los artículos declarados inconstitucionales están también el 76.4, que establece el carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias, y el 78.1, que otorga al Síndic de Greuges la supervisión "con carácter exclusivo" de la actividad de la Generalitat, invadiendo así competencias del Defensor del Pueblo, que también recurrió el Estatut.

La regulación en materia fiscal prevista en la carta estatutaria también ha suspendido la prueba en el TC, que considera inconstitucional el artículo 218.2 cuando afirma que las competencias financieras de la Generalitat pueden "incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales".

Se anula también el artículo 206.3, que establece que la Generalitat aportará recursos financieros para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás Comunidades Autónomas (...), "siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar".

Además, es inconstitucional el artículo 111 sobre "competencias compartidas" que atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado potestades legislativas, reglamentarias y ejecutivas "como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto".

El catalán deja de ser lengua 'preferente' en Cataluña
Susituyen ese término pero mantienen que éste es el idioma de uso normal en los entes públicos
 www.lavozlibre.com 29 Junio 2010

Barcelona.- La sentencia sobre el Estatuto de Cataluña aprobada este por el Tribunal Constitucional rechaza, por ocho votos a favor y dos en contra, que el catalán sea la lengua "preferente" en Cataluña.

En el artículo 6.1, que regula que la lengua propia de Cataluña es el catalán, el Constitucional elimina la expresión "y preferente", pero mantiene que ésta es "la lengua de uso normal de las Administraciones y de los medios de comunicación".

Así, la redacción definitiva de este artículo quedaría de la siguiente manera: "La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".

La lengua es uno de los puntos más conflictivos en la sentencia del Estatut de Cataluña. Son muchas las reacciones ante la decisión tomada por el Tribunal Constitucional ante esta medida.

El PSOE y PP, en Madrid, se han mostrado satisfechos con el fallo por distintos motivos. Los populares creen que el TC les da en parte la razón, y el PSOE aplaude que el grueso del texto no se haya modificado. En Cataluña, el mismo partido lo analiza de diferente forma.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, José Montilla, acata pero no se resigna a lo que sentencia el Tribunal Constitucional. Montilla llama a la movilización en la calle con las elecciones en el horizonte catalán, mientras que CIU no quiere perder la baza electoral que les puede devolver el gobierno y, de momento, se suma a la calle.

La anomalía como sistema
Hasta en Estados Unidos, el secretario del Tesoro cita expresamente a España como excepcionalidad
HERMANN TERTSCH ABC 29 Junio 2010

NO fuimos pocos los españoles, civiles y militares, que reaccionamos con perplejidad ante el nombramiento en su día como ministra de Defensa de una política socialista, Carmen Chacón, que sólo había destacado por su sectarismo, su pacifismo antimilitarista y el nacionalismo catalán que con tanto celo practican los charnegos. Ese celo, tan propio de Montilla, la llevó a solidarizarse con el actor Pepe Rubianes cuando este entonó su célebre «Puta España». Más de 1.700.000 citas tiene el «Puta España» en Google. Más de 21.000 citas relacionan el «Puta España» con la ministra de Defensa. Estarán de acuerdo con que da cierta impresión de que se eligió al animal equivocado para cuidar a las gallinas. Ahora parece que existe un inmenso interés por quitar a Ejército y Guardia Civil el lema de «Todo por la Patria». Debe de molestar a alguien este lema tradicional, tan querido y tan lógico para unas fuerzas militares dedicadas precisamente a eso, a darlo todo, incluida la vida, por la Patria. Pero no, «Todo por la Patria» parece un lema ofensivo para algunos. Y «Puta España», un lema al que adherirse. Reconocerán aquí una cierta anomalía. Pero ésta se ha convertido ya en sistema. Patrocinada por Zapatero, que es en sí la mayor anomalía que sufre este país. La que nos aleja cada vez más de la normalidad de los países desarrollados de nuestro entorno.

Curiosa anomalía también la que supone que nuestro Parlamento celebre una solemne ceremonia, bajo presidencia del Rey, en honor de las víctimas —que por supuesto aplaudimos—, pero siga sin revocar el permiso que dio a Zapatero para negociar con la banda. ¿Cuánto hemos de esperar para que se revoque esa vergonzosa resolución? Quizá tanto como para saber quiénes fueron los altos mandos policiales que colaboraron con ETA en el escándalo Faisán y quién les dio la orden. El hecho de que mandos policiales colaboren con los asesinos de sus subordinados resulta una anomalía tan macabra que sólo se puede explicar como acto de suprema obediencia. Por eso nos preguntamos a quién debían obediencia. A las víctimas no se las honra sólo con sentidos homenajes, sino persiguiendo a sus verdugos y quienes colaboran con ellos. La anomalía que suponemos ya en Europa es la que habíamos logrado dejar de ser durante la transición y que precisamente los enemigos de la transición se han ocupado de reimplantar. Hasta en Estados Unidos, el secretario del Tesoro cita expresamente a España como excepcionalidad. Con Grecia. Anomalía son sin duda ciertos personajes de este Gobierno que producen vergüenza ajena cuando hablan aquí y vergüenza nacional cuando lo hacen fuera. En fin, el catálogo es ya infinito porque lo ha generado la subcultura ideológica y el desprecio a la cultura, a la tradición intelectual, a la verdad y al valor de la palabra de ZP y su tropa.

Los políticos españoles merecen un castigo masivo en las urnas
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Junio 2010

Obligados por la crisis, la escasez de dinero y la intervención exterior, que les impone ser austeros, los políticos españoles solo practican "ajustes" temporales que pretenden abandonar cuando la prosperidad retorne. Los ciudadanos, sin embargo, deberíamos exigirles cambios de política definitivos, que terminen con el abuso, con privilegios inapropiados y con el cúmulo de injusticias e irregularidades que caracterizan a la degradada e inmoral democracia española, en la que las cautelas y controles al poder no funcionan y el protagonismo ciudadano ha sido sustituido por la dictadura de los políticos y de sus partidos.

No han cambiado, ni admiten culpas, ni la necesidad de cambios profundos, ni quieren ser verdaderos demócratas. Sólo ahorran y son más prudentes porque no tienen otro remedio. Siguen siendo déspotas, temporalmente cautos.

La desvergüenza de la "casta" política española no tiene límites. Cuando los parados siguen creciendo, la pobreza continua haciendo estragos, las empresas siguen desapareciendo y medio país está al borde de la quiebra, los políticos españoles anuncian que recortarán un 15 por ciento en los fondos que el Estado aporta a los partidos políticos para que los empleen en propaganda electoral.

Lo que el pueblo desea es que esos gastos superfluos y abusivos dejen de ser sufragados por el erario público y que el escaso dinero existente sea empleado en paliar el dolor y el sufrimiento de los ciudadanos. Lo que el pueblo quiere en estos momentos es que los partidos y los sindicatos se financien con las cuotas de sus afiliados y simpatizantes, sin distraer recursos públicos que deberían emplearse en causas más nobles y éticas.

Los políticos españoles no tienen conciencia del inmenso malestar que inunda la sociedad, ni del profundo rechazo que generan. Si realizaran una investigación sociológica científica, descubrirían que el número de los que les odian crece como la espuma, que los políticos no son ya el tercer gran problema del país, como reflejan las encuestas maquilladas por el poder, sino el primero, el gran problema de España, porque ellos son los culpables de todos los demás dramas y carencias, desde la situación económica al desempleo, sin olvidar el avance de la pobreza, la caída de los valores, la decadencia, la desconfianza y la corrupción generalizada.

En estas circunstancias de crisis y de angustia, dedicar decenas de millones de euros del erario público en sufragar la mentira colectiva de los partidos políticos, las promesas que nunca se cumplen, la lluvia de carteles electorales inútiles y contaminantes y esos mítines a los que solo acuden los fieles, plataformas de la mentira y del engaño sin interés alguno para el ciudadano, es un verdadero delito contra la decencia y la razón.

Con su repugnante comportamiento y con su insoportable falta de sensibilidad, los políticos españoles demuestran no solo que están alejados de la realidad, y divorciados de la ciudadanía, sino que son opresores, arrogantes y horteras, incluso en tiempos de crisis, a pesar de sus sonados fracasos, cuando los ciudadanos ya los rechazan masivamente.

Nuestros políticos merecen un castigo tan duro que nunca más puedan olvidarlo. Tienen que aprender que la mentira y la traición tienen un alto precio en política. El comportamiento de la "casta" política española es de una indignidad hiriente y de un descaro insultante. Cuando el país está de rodillas, desconsolado ante el presente y temblando de miedo ante el futuro que los mismos políticos, con su mal gobierno, nos han deparado, la "casta" sigue despilfarrando y aprobando medidas que producen indignación y vómito a la ciudadanía.

Han hecho pagar sus propios errores a los pensionistas, a los funcionarios y a la ciudadanía en general, reduciendo los sueldos y aumentando los impuestos hasta límites de abuso, mientras ellos se niegan a asumir la austeridad, a reducir el número de altos cargos y ministerios, a despedir a los miles de asesores y enchufados que sobran, a viajar en los medios públicos y a reducir el gasto de manera drástica, como la situación económica exige. Cada día pueden leerse en la prensa noticias que indignan sobre viajes de ministros en aviones militares, desplazamientos de altos cargos en helicópteros públicos, remodelaciones millonarios de despachos y edificios públicos, comilonas, regalos a amigos, concursos públicos amañados y un largo etcétera que demuestra hasta que punto los políticos españoles han perdido el norte, se han alejado de los ciudadanos y se han convertido en una casta arrogante y opresora que ampara la corrupción, que nada en la arbitrariedad y que nada tiene que ver con la auténtica democracia.

Están pidiendo a gritos un castigo y la mejor forma de castigarlos es llenando las urnas, cuando se abran, de votos en blanco y de votos nulos de reproche, de papeletas que contengan cualquier frase o leyenda que refleje el desprecio que los verdaderos ciudadanos sienten por sus pésimos gobernantes.

Es la hora del voto de protesta en cualquiera de sus modalidades (blancos, nulos o de reproche), es la hora de que los políticos sean obligados a abandonar sus burbujas alienadas de lujo y privilegios y choquen de frente con la realidad de una sociedad que los rechaza y desprecia, que les quiere castigar por sus muchos errores y traiciones: por haber asesinado la democracia y haberla sustituido por una oligocracia de partidos, por habernos conducido hacia la pobreza y el fracaso, por haber abandonado el servicio público y haberlo sustituido por el privilegio, por haber inundado España de corrupción y abuso, por habernos arrebatado la confianza, la esperanza y la alegría, por haber abrazado la mentira, convirtiéndola en una política de gobierno, y por haber transformado la noble política en una verdadera pocilga.

Voto en Blanco

Una salida de izquierdas para la crisis
Javier Orrico Periodista Digital 29 Junio 2010

La idea vendría a ser ésta: ahorrar es de derechas; gastar, de izquierdas. A partir de esta simpleza, empezarían los matices. La derecha limitaría el llamado gasto social (pensiones, sanidad, educación, subsidios varios), y reduciría el Estado, privatizando servicios y bajando los impuestos para dar oportunidades de negocio a la clase dominante a la que pertenece. Al contrario, la izquierda incrementaría el gasto social, subiría los impuestos y agigantaría el Estado, creando cada vez más nichos de compromiso público (lo que otros llaman el pesebre), extendiendo sus tentáculos y subvenciones a todos los ámbitos de la sociedad, ocupando crecientemente los espacios de libre iniciativa, e invirtiendo ingentes cantidades en aparatos ideológicos que convenzan al ciudadano de las ventajas de la estatalización, para ser guiados en la vida por el Estado Gran Hermano que les proveerá de cuanto necesiten.

La derecha liberal, por tanto, dejaría a los hombres abandonados a su suerte, les haría dueños y responsables de su destino; la izquierda les resolvería la vida.

Así, cuando desde la izquierda más ortodoxa se reclama una salida social para la crisis, lo que se está pidiendo es más gasto público, más impuestos, más subsidios, más endeudamiento que permita seguir tutelando a la sociedad. Esta misma semana lo reiteraban desde Izquierda Unida (a la que ya le están preparando la traición desde dentro sus socios catalanes) aprovechando la presencia en Murcia de Felipe Alcaraz, buen novelista, del que en su día me leí “Sobre la autodestrucción y otros efectos” (Akal, 1975), relato marxista sobre la decadencia 'científica' de la burguesía, que, en efecto, se hizo de izquierdas.

Y una semana antes, invitado por un sindicato de obreros de la enseñanza –en la enseñanza ya no hay maestros ni profesores, se llaman a sí mismos “trabajadores de la enseñanza”, lo cual define muy bien la proletarización de la docencia-, aparecía por estos lares un economista de la Universidad Autónoma de Barcelona que demandaba las siguientes medidas para hacer frente a nuestra ruina: más impuestos y más funcionarios. Como lo están leyendo y en titulares.

El genio, aun de aspecto no muy espabilado, se llama Albert Recio, y es nada menos que “trabajador de la enseñanza” de ¡Economía Aplicada! El dato y el genares podrían, quizás, explicarnos por qué no hay una sola de nuestras universidades entre las primeras trescientas del mundo, por qué hemos llegado a donde estamos dirigidos por tales eminencias, y acaso también por qué a la Generalidad de Cataluña ya no hay banco en el mundo que le fíe un puñetero euro.

Ya lo saben ustedes. El que pensara que Zapatero nos había arruinado por gastarse lo que no tenía ni era suyo, y que la única salida posible era ahorrar los gastos innecesarios, todo ese ingente aparato de compra de voluntades y conciencias que ha dispuesto cual hijo pródigo, con el apoyo inmarcesible de sus clones autonómicos, estaba equivocado: la solución es endeudarse más y contratar a más servidores públicos. Luego se les deja de pagar y tampoco pasa nada. No es necesario que cobren, puesto que tienen garantizado el trabajo.

El zapaterismo, de hecho, ha emprendido este camino, esta auténtica tercera vía con la que el Líder Zupremo siempre soñó. Un socialismo liberal y hasta libertario, un socialismo flexible para el que bajar impuestos era de izquierdas hasta que se lanzó a subirlos, un ZoZialismo de rostro humano, de mucho rostro, capaz de adaptarse a la cambiante realidad como hace él cada día.

No estoy, por ello, de acuerdo con quienes dicen que Z se ha pasado a la derecha: Zapatero no se ha puesto a ahorrar, no ha eliminado ninguno de esos gastos ideológicos que para él son imprescindibles. Además de que la izquierda y la derecha posmodernas ya no se definen por lo que hacen, sino por quién lo hace, lo que ZP ha abierto es un camino nuevo: recortar, que no es lo mismo que ahorrar. Recortar lo que sí es necesario: los sueldos de la gente, las pensiones de los viejos, las prestaciones por una dependencia que nunca llegará a independencia, las inversiones productivas. Pero las subvenciones no se tocan.

Confieso mi estupor ante lo que queda de la izquierda, una agonía travestida, un mero sectarismo al que su incompetencia ha dejado desnudo, y que aún se atreve a insistir en su morralla ideológica post-berlinesa. Ríamos por no llorar. Zapatero no es más que el niñato rico que dilapida la herencia de sus adustos padres hasta que los bancos dejan de prestarle. Es una historia tan vieja como el mundo. ZP ha sido escrupulosamente de izquierdas, según los baremos de sus voceros, durante todos estos años: gastó, compró, contrató e invitó a la fiesta a sus amiguitos autonómicos (incluyendo a los socialdemócratas de derechas), a la Alianza de Civilizaciones y a media humanidad. Y cuando los negocios que lo alimentaban se hundieron, a lo que él mismo contribuyó desacreditandolos, siguió gastando en alocada espiral hasta dirigirnos a la ruina, que no pagará él, sino nosotros.

Así pues, si las salidas de izquierdas para la crisis consisten en llevarnos a la ruina o recortar los salarios y las pensiones, que viene a ser lo mismo, entonces la sinistra saldrá de esta crisis muerta para muchos años. Y Zapatero será su enterrador: él, que ha reconocido, con su giro imposible, con su desvergüenza, que el socialismo sólo es una imparable maquinaria de gasto, de pesebre expandido, incapaz de crear riqueza, que hace del Estado no un instrumento de equilibrio social, sino un botín para piratas.

Crisis nacional
La reforma autonómica
Ignacio Moncada Libertad Digital 29 Junio 2010

Son muchas las reformas necesarias para una salida rápida de la crisis económica y política en la que chapoteamos desde hace años. Algunas tienen que tomarse con urgencia, como la reforma laboral, la reestructuración del gasto público o la despolitización de las cajas de ahorros. Pero no podemos olvidarnos de que, entre la vorágine de medidas apremiantes, también es necesario ir esbozando las reformas necesarias a medio plazo. Se trata de la reforma de la Seguridad Social, la energética, la educativa, la fiscal, la reforma del mercado interno, de la Justicia, y, tal vez la más importante, la del modelo de Estado. Precisamente ahora, en plenas turbulencias nacionales en torno a la sentencia del Estatuto de Cataluña, es un buen momento para ir planteando la reforma autonómica.

Es habitual escuchar que el Estado de las autonomías ha traído la prosperidad a España. La afirmación tiene truco. El nacimiento de nuestro modelo de Estado coincidió con la puesta en marcha de la democracia, y por tanto con una gran expansión de la libertad política y económica. Es probable que la aportación de las autonomías en términos de prosperidad haya sido poco significativa en comparación con la llegada de la libertad. En mi opinión, la Transición fue un gran paso, pero nada más que un paso. Las naciones prósperas no se forjan de la noche a la mañana, sino mediante un proceso de mejora continua de las instituciones y del marco económico y político que puede durar siglos. Hay que detectar los fallos de la Transición y reformarlos para seguir avanzando. Y la reforma del sistema autonómico es una de nuestras tareas pendientes.

El Estado de las autonomías ha tenido efectos negativos tanto en el ámbito económico como en el político. En términos económicos, ha funcionado como un sumidero de gasto público. El problema no es que los líderes autonómicos sean más despilfarradores que los demás políticos, sino que el sistema ha generado unos incentivos perversos. Lo normal es que si un gobernante quiere elevar el gasto público, debe soportar el coste electoral de subir los impuestos. Esto no existe en las autonomías, pues la recaudación está centralizada en la Administración Central. Para un presidente autonómico, el gasto es gratuito en términos electorales, y por tanto se lanzan a gastar hasta instalarse en el despilfarro permanente. Existen dos soluciones posibles: o se centralizan ingresos y gastos, o se descentralizan ambos. Yo soy partidario de la segunda opción. Si cada región se encarga de recaudar lo que gasta, en primer lugar, se limitará la propensión al gasto público. Pero además permitirá introducir la posibilidad de que las regiones compitan entre sí, de tal forma que se incorporan incentivos a bajar los impuestos y a generar un marco económico más competitivo.

En términos políticos, el sistema autonómico ha favorecido el mercadeo de competencias entre políticos. Cada vez es más habitual que los partidos minoritarios apoyen medidas nefastas para el país a cambio de una inyección autonómica de competencias, permitiendo la proliferación de duplicidades que provocan una sangría en las finanzas públicas. Como en el caso anterior, éste es el resultado de un perverso sistema de incentivos. La solución es tan sencilla en la teoría como difícil de aplicar en la situación actual: hay que blindar en la Constitución las competencias de los distintos niveles del Estado, de forma que dejen de ser una mercadería parlamentaria. Así no sólo se ganará en estabilidad política, sino en certidumbre económica, y por tanto, en prosperidad.

Es necesario reformar el sistema autonómico, por tanto, incrementando la corresponsabilidad fiscal para controlar el gasto público e incrementar la competitividad; y cerrando las competencias autonómicas a nivel constitucional para impedir el mercadeo parlamentario. Aún quedarían cosas por hacer, y esquinas por limar, pero el día que esa reforma impensable se lleve a cabo habremos dado otro paso de gigante en el camino a la prosperidad.
Ignacio Moncada es ingeniero industrial por ICAI y trabaja en la gestión de proyectos energéticos internacionales.

Islamismo
El exterminador de Alcalá
José García Domínguez Libertad Digital 29 Junio 2010

Cierto hijo de Alá, un tal Abu Omar Hussein, parece que imán de los fieles en Alcalá de Henares, gusta de ver lapidadas a adúlteras, homosexuales y demás transgresores de la ley del Profeta. E igual complacen en grado sumo a ese Abu las mutilaciones de manos, brazos y otros miembros de los impíos, costumbres ilustradas que ansía difundir en España, tal como se desprende de una deposición suya en el periódico local alcalaíno. Loables querencias, las de Abu, que, por lo demás, vienen siendo premiadas con una subvención anual del Ministerio de Justicia. Cinco mil euros, sólo durante el ejercicio pasado.

Ese asunto, el de la barbarie islamista, constituye la prueba de hasta qué grado se han invertido los valores que en tiempos distinguieran a la izquierda de la derecha. Y es que si los conservadores comparecieron ante el tribunal de la Historia en calidad de abogados del orden establecido frente al desafío de los progresistas, ahora sucede justo lo contrario. Hoy, es la derecha quien encarna la libertad intelectual ante la esclerosis moral llamada "corrección política", el sucedáneo ideológico al que se ha aferrado la izquierda toda tras el colapso del socialismo. Algo nada baladí, por cierto. A fin de cuentas, la corrección política, esa constante perversión de la democracia en nombre del desprecio a la cultura occidental, representa la mayor amenaza totalitaria que haya sufrido Europa desde la eclosión de los fascismos en los años veinte del siglo pasado.

Pues, a ojos de sus devotos locales, las leires, las bibianas, los caamaños, los joseluises, tardíos imitadores de una plaga ya hegemónica entre la progresía atlántica, la verdad objetiva carece de interés alguno. Que Abu predique a voz en grito el crimen, se les antoja baladí. Nada importa, en realidad, el contenido expreso de palabras, ideas o hechos. Sólo su relación de fuerza frente al canon occidental resulta éticamente relevante: cualquier minoría, por principio, posee la razón; sensu contrario, la mayoría –tanto da cultural, étnica, religiosa o moral– deviene invariable reo de culpabilidad. Razón última, por ejemplo, de que la izquierda bienpensante se alinease con el asesino marroquí de aquel Theo van Gogh que osó insultar al islam. O del feliz idilio entre nuestro Caamaño y el airado Abu. Y aún no hemos visto nada.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

"República"
Santos Juliá va enterándose

Pío Moa Libertad Digital 29 Junio 2010

En un reciente artículo, Santos Juliá parece que empieza a enterarse de que en la "república", como bautiza, según tradición propagandística, al Frente Popular, los republicanos eran pocos e impotentes frente a los partidos revolucionarios, a quienes culpa, con cierta injusticia, de los incontables crímenes perpetrados por entonces. ¡Algo es algo! Aunque, la verdad, poco todavía. Inmediatamente nos suelta el cuento de que los crímenes de la izquierda fueron la "consecuencia inmediata de la rebelión militar". ¡Qué mala memoria! ¿Y los incontables asesinatos y agresiones de las izquierdas contra las derechas desde el comienzo de la república? ¿Y el terrorismo desatado por el PSOE en 1934, antes de emprender la guerra civil? ¿Y la oleada de asesinatos que siguió a las elecciones del Frente Popular, apoyados por la policía? Mal que le pese a Juliá, quienes empezaron los crímenes y trataron de organizar la guerra civil fueron las izquierdas, como he documentado exhaustivamente. No todas las izquierdas propiamente republicanas, claro está, pero sí las obreristas y revolucionarias, con las cuales se aliaron, precisamente, aquellas izquierdas. ¿Cómo alguien que quiere pasar por historiador puede olvidar estos hechos cruciales, como si los crímenes empezaran solo al reiniciarse la guerra civil en 1936?

Con sentimentalismo barato, Juliá califica de "horrible" nuestro pasado. Pues no. Hubo hechos horribles, cierto, como suele ocurrir en las guerras, pero también hechos heroicos, aparte de que la guerra duró solo algo menos de tres años de "nuestro pasado". Y lo "nuestro" fue mucho menos de lo ocurrido en casi toda Europa muy poco después de nuestra guerra civil. Ahora bien, dado que tales cosas suelen suceder cuando la legalidad se viene por tierra y cada bando lucha por su existencia, Juliá debería enterarse de cómo se destruyó la legalidad republicana. En cambio, da como un hecho la desvergonzada afirmación de Osorio de que "ellos (los nacionales) comenzaron". Pues no: empezaron los llamados republicanos, que usaban con falsedad ese nombre, porque eran solo republicanos de izquierda, y el grueso de los republicanos era de centro derecha. Una usurpación entre tantas. Y comete Juliá otra falsificación al restringir las matanzas y crímenes izquierdistas a "los primeros meses de la guerra", cuando prosiguieron hasta el final mismo, cuando los izquierdistas escapaban hacia los Pirineos fusilando de paso a los prisioneros, o cuando se mataban entre ellos mismos en Madrid.

Tampoco parece muy enterado Juliá cuando distingue en los nacionales una especial vesania "implacable y metódica política de limpieza" aparte de los "50.000 fusilados tras inicuos consejos de guerra una vez la guerra terminó". A ver si algún día nos especifica de dónde saca esa cifra, al margen de las "investigaciones" subvencionadas por el poder. Y nos aclara también si entre esos "españoles fusilados" no habría algún que otro culpable de delitos espantosos. Juliá trata de explicar, por Dionisio Ridruejo, unas matanzas realizadas por los nacionales, que alcanzarían el grado de genocidio... pero que nunca existieron en tal grado. "La historia se ha contado ya mil veces", dice Juliá. Se ha falseado mil veces, debería decir. Dejo aquí sus fantasías sobre los contactos de posguerra entre algunos ex franquistas y la oposición o el exilio: aquella oposición nunca fue democrática en modo alguno. Como, en el fondo, tampoco lo es Juliá, por mucha sensiblería que derroche. La falsedad no es democrática y solo sirve para envenenar a la gente, sobre todo la falsedad sentimental.

Menos mal que Juliá respeta la transición, al contrario que los estafadores de la "memoria histórica". Pero olvida nuevamente, vaya por Dios, que la transición se hizo desde la legalidad franquista, no desde la "republicana", como persisten en bautizar a la del Frente Popular. Y que se hizo por iniciativa de los franquistas y en contra de los rupturistas. Por lo tanto no se hizo "recusando la herencia recibida", como pretende Juliá, sino sobre la base de ella. La oposición seguía sin ser democrática, y de haberse impuesto sus rupturas, la descomposición democrática que hoy sufrimos se habría producido inmediatamente después de la transición, como ocurrió con la república.

Quedémonos, en fin, con el reconocimiento por Juliá, aun si algo confuso, de que las principales fuerzas del Frente Popular no eran republicanas. Y lamentemos que Juliá ignore –voluntariamente, supongo– la enorme responsabilidad de los republicanos de izquierda en los aciagos sucesos. Por ejemplo, muchas chekas y la matanza de la cárcel Modelo procedieron muy directamente de aquellos republicanos a quienes Juliá intenta exculpar. Más historia, señor Juliá, y menos cuentos.

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El estatut era inconstitucional ...y lo sigue siendo
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 29 Junio 2010

Nada más conocerse la sentencia comenzó a funcionar la propaganda. Y uno no puede dejar de comprender el clamoreo del Gobierno intentando hacer pasar como una derrota del PP lo que es un grave tropezón suyo y de Zapatero, autor intelectual de este monumental desaguisado, que tras las sentencia, no se puede ser optimista, lo seguirá siendo. Pero hay un hecho evidente. Había razones para el recurso de inconstitucionalidad , 14 artículos han sufrido esa tacha, y cerca de otros 30 han sido “interpretados” para que así puedan caber aunque sea a pescozones. O sea, que había razones para el recurso, más de 40 razones algunas de ellas avaladas, los preceptos que claramente conculcaban la ley máxima de todos los españoles por 8 de los 10 magistrados y más allá de alineamientos ideológicos. El Estatut era inconstitucional en esos preceptos. Eso está juzgado. Y para algunos, entre los que me cuento, lo sigue siendo en otros.

Comprendo, digo, el clamoreo para tapar la evidencia y aún más en clave interna, electoral y política pues el PSOE ha de ponerse esta venda de “hemos ganado” cuando el PSC (y dos ministros, Chacon y Corbacho pertenecen a él) se ha echado al monte nacionalista gritando que les han violado. Tienen que decir eso, lo suyo de siempre, que “no ha pasado nada” que deja de inmediato en entredicho un Montilla que se rasga las vestiduras y pretende liderar una especie de revuelta que ni siquiera CiU escenifica con tanto espumarajo. ERC si, claro.

La sentencia ha llegado aderezada con todo tipo de triquiñuelas que serán motivo de numerosos conflictos jurídicos en el futuro. El termino nación del preámbulo se mantiene pero se le deja nulo de valides jurídica, se elimina la “preferencia” del catalán sobre el castellano pero se le permite “vehicular” la enseñanza y se es mucho más implacable en la unidad jurisdiccional del conjunto del Estado. Los organismos “independientes” y “soberanos” en este aspecto, a los jueces le tocaban la toga, son eliminados sin contemplaciones. También los asuntos tributarios sufren recortes.

En suma, que como en los embarazos, el Estatut lo estaba. Lo poquito que quiera decir el Gobierno o que ya ha parido incluso y hay niños suyos correteando por todas partes, que otros señalan con bastante razón y tras atroz retraso en poner las medidas necesarias para interrumpir el embarazo. El Constitucional, más vale tarde que nunca, ha emitido su juicio. Y , aunque sea de los que vea la botella más vacía que llena no dejo de congratularme por al menos haberlo hecho, aunque desesperantemente tarde, con cierto aseo. Es importante que se hayan roto los bloques en algunos supuestos: el de los artículos declarados inconstitucionales y que se hayan producido mayorías (6-4) con trasvase de opiniones del uno al otro. Y ha sido de agradecer que al final y tras cuatro años se hayan dado alguna prisa y hayan entendido que el asunto no podía seguir pudriéndose más tiempo. Era lo que pretendían Montilla y los nacionalistas e independentistas catalanes , que no hubiera sentencia alguna, que era lo mismo que decir que el Tribunal Constitucional no era competente para hablar de Cataluña.

Así pues que no es mal día. Me quedo, ya digo, con dos hechos meridianamente claros: Había razones para el recurso y hay sentencia. Ahora ya lo que hay son elecciones. Y el todavía presidente Montilla lo que teme es que las tiene muy perdidas y tanto, porque perderlas las perdió por goleada también la vez pasada, que ni con alianzas desquiciadas con ERC podrá mantener el poder. Que es lo que duele.

El órdago soberanista, en pie
Editorialwww.gaceta.es 29 Junio 2010

El causante final del desaguisado no es otro que el hombre que dio alas al Estatut: Zapatero

No hemos pretendido ser agoreros, ni jugar a Casandra, pero LA GACETA lo venía anunciando desde hacía meses, la sentencia del Estatut iba a tener mucho de lampedusiana: que todo cambie para que no cambie nada. Una retoque para guardar ciertas apariencias, dejando intacto el corazón soberanista del Estatut. El resultado después del largo e indecente culebrón que terminó ayer con la sentencia de seis votos a favor y cuatro en contra tiene tres consecuencias muy negativas: una amenaza para la convivencia nacional, la confirmación del descrédito de una institución como el Tribunal Constitucional y, finalmente, el estímulo del órdago separatista del nacionalismo catalán, que lejos de contentarse sube el listón de sus peticiones.

La sentencia emitida ayer por el Tribunal Constitucional avala buena parte del contenido del Estatut y sólo criba el articulado sobre los poderes autonómicos de la Justicia. Al menos, pone los puntos sobre las íes al negar a Cataluña la última instancia judicial de la casación. Ya es algo. Admite el término “nación”, uno de los grandes caballos de batalla del largo litigio, aunque subraye que el término “no tenga eficacia jurídica”. Y reconoce expresamente la “indivisibilidad de la nación española”. Pero puede que todo esto sea un juego ambivalente, sujeto a la interpretación. Es la opinión de destacados especialistas, como el antiguo presidente del tribunal Rodríguez Bereijo, que insiste en la importancia doctrinal del Preámbulo, tal como subraya la jurisprudencia del Alto Tribunal.

La suma de chapuzas sólo puede engendrar una nueva chapuza aún mayor y ésa es la sensación que transmite la sentencia. Y de graves consecuencias para España. No es habitual en regímenes democráticos un nivel de inseguridad institucional como el que hemos vivido en estos casi cuatro años. Inseguridad creada, en primer lugar, con la propia figura del Estatut, que según diversos constitucionalistas implica invalidar la Carta Magna en Cataluña; y, en segundo lugar, con la tomadura de pelo del tribunal, su parálisis derivada del grado de partidismo de sus desprestigiados miembros, y su escandalosa tardanza en emitir el fallo.

La farsa ha tenido destacados Polichinelas, a cual más patético, con María Emilia Casas oficiando este cierre en falso. El fallo final ha sido posible gracias a los votos de los magistrados Guillermo Jiménez y Manuel Aragón, que han coadyuvado a desbloquear el impasse y a que salga el resultado. Por no hablar de quienes, desde el nacionalismo catalán o el PSC han presionado de forma intolerable sobre los jueces.

Pero si hubiera que buscar un culpable del fracaso que implica el Estatut, bendecido por la sentencia, no es otro que Zapatero, la persona que acumula todas las responsabilidades de los fiascos (económicos, políticos, institucionales) que, como una plaga bíblica, azotan a España.

El líder socialista fue quien dio alas al Estatut, al asegurar que bendeciría la reforma que saliera del Parlament. Un montaje del tripartito fraguado a espaldas de la mayor parte de la ciudadanía catalana, como demuestran el exiguo apoyo que recibió en las encuestas previas, y el manifiesto desinterés que despertó el referéndum, con una participación inferior al 50%.

Pero implicaba una severa amenaza contra el diseño del Estado surgido en la Transición. Tanto por el contenido, desde el concepto de Nación, puesto en tela de juicio por Zapatero, hasta los ataques a la unidad del poder judicial. Pero también por el contexto político en el que se enmarcaba, y no por casualidad: tras una tregua de la banda terrorista ETA para Cataluña, después del famoso viaje de Carod, y con el Plan Ibarretxe en ristre, y en paralelo con una negociación de Zapatero con la banda.

La mancha original del Estatut, impulsado por Zapatero, puede explicar los zigzags, tejemanejes y presiones que han marcado la deriva del Tribunal Constitucional durante tres años y siete ponencias. Con contaminaciones tan burdas como la de Pérez Tremps, recusado por el Partido Popular por haber firmado un contrato con la Generalitat. O a presiones cercanas a las prácticas mafiosas como la campaña orquestada contra García-Calvo, juez contrario al Estatut, a través de los servicios de Inteligencia, como reveló ÉPOCA en su momento.

Si en el último año han apretado el acelerador parece que ha sido por razones políticas: la renovación que favorecería al ala progresista de la actual composición del tribunal. Con estos mimbres, la sentencia iba a ser inevitablemente política. Es decir, acomodaticia.

La prueba es que, en muchos aspectos, la sentencia no soluciona el daño hecho en estos años en los que el Estatut ha operado como una norma constituyente, por la vía de los hechos consumados. Un caso emblemático es el castellano ya ha sido laminado por el catalán, y continuará siendo multado como si fuera una lengua de segunda.
Los nacionalistas han subido su apuesta soberanista (“ahora, la autodeterminación” amenaza Convergència i Unió; y Montilla llama a la movilización de los catalanes), pero gran parte del daño ya estaba hecho previamente.

En efecto: España no se rompe, pero es gracias al TC, no a Montilla
José Antonio Gundín Semanal Digital 29 Junio 2010

Zapatero llegó al Gobierno hace seis años prometiendo que solucionaría para varias generaciones la tensión nacionalista que Aznar había generado, sobre todo en Cataluña, con una frase que ha pasado a la historia: "Aprobaré en Madrid lo que el Parlament apruebe en Cataluña". Hoy, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, Cataluña está incendiada por los cuatro costados; su presidente, el cordobés José Montilla, ha llamado poco menos que a la rebelión; los nacionalistas han desempolvado sus ropajes a base de retales de supuestos agravios y presuntos derechos; y los independentistas se frotan las manos a la espera de aumentar la cosecha. Nunca como hasta ahora, en estos treinta años que han transcurridos desde el "Ja soc aquí" de Tarradellas, ha habido tanta tensión entre Cataluña y el resto de España por obra y gracia de los aprendices de brujo.

A expensas de un análisis más pormenorizado y en detalle de la sentencia, que sólo será posible una vez que se publique dentro de unos días, parece bastante claro que el fallo del Tribunal Constitucional desactiva el núcleo duro del Estatut al anular catorce artículos y someter a interpretación otra treintena. En total, unos cincuenta artículos, lo que supone casi la mitad de los que fueron recurridos. Algunos recortes son de gran importancia, como dejar vacía de contenido y eficacia jurídica el término "nación" atribuido a Cataluña; o suprimir el carácter preferente del catalán y limitar sus competencias en el Poder Judicial.

Es comprensible que a los nacionalistas catalanes, desde CiU a ERC, les haya sentado muy mal la sentencia, pues no es eso lo que el Gobierno socialista de Madrid les había prometido. Pero lo que no tiene justificación alguna es el exabrupto en forma de declaración institucional de Montilla. En vez de actuar como representante del Estado en Cataluña, que eso es precisamente la Generalitat, el político cordobés ha reaccionado como un "hoolligan" del nacionalismo, como alguien necesitado de sobreactuar para tapar con gritos su fracaso real y su pésima gestión. Porque éste es un fracaso de los socialistas, tanto de Madrid como de Cataluña, que no han sabido ni liderar el proceso con sentido de Estado ni han dado la talla como gobernantes. Nunca una comunidad ha tenido dirigentes tan mediocres, que sólo destacan en el ejercicio de engaño y la impostura.

En todo este largo, lamentable e impresentable proceso del Estatut de Cataluña sólo ha habido dos instituciones, con sus dos presidentes al frente, que han actuado con el coraje, la determinación y la responsabilidad necesarios: Mariano Rajoy, líder del PP, y Enrique Múgica, Defensor del Pueblo. Contra viento y marea, el político popular mantuvo el recurso ante el Constitucional, lo que le valió insultos y descalificaciones como "anticatalán" y "catalanofobo". Pues bien, no iba muy desencaminado y hoy todos los españoles, los catalanes incluidos, deberán reconocer que Rajoy cumplió con su deber y su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución.

En contra de lo que pregonan los nacionalistas, que hablan de ruptura, de humillación y de otras catástrofes, Cataluña es más España que ayer porque su Estatuto es más constitucional tras haber sido sometido a las reglas del juego democrático. Pero sobre todo porque quien prevaleció ayer fue la arquitectura del Estado de Derecho que se ha dado el pueblo español, único sujeto de soberanía, en el que está subsumido el pueblo catalán, que por sí solo no tiene ni soberanía ni capacidad para alterar una realidad que le supera, España. Así consta en la Constitución y no serán los toques a rebato de un político cordobés quien lo tuerza por un puñado de votos. Por cierto: en efecto, España no se rompe. Ahora así.

El Constitucional sentencia
La decisión sobre el Estatut no debería avivar desafíos de incierto resultado
EDITORIAL El Correo 29 Junio 2010

La decisión del Tribunal Constitucional que, por seis votos a cuatro, avala la mayor parte del Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña y por las Cortes españolas y refrendado por la ciudadanía catalana pone fin en el terreno jurídico a la injustificable inseguridad legal que pesaba sobre la norma autonómica. El hecho de que el contenido literal de la sentencia y de los votos particulares vaya a demorarse varios días obliga a analizar con cautela el alcance del fallo, que recorta 15 artículos de la ley estatutaria, fuerza una reinterpretación de otra treintena y remarca que la inclusión en el preámbulo del término 'nación' carece de validez jurídica al tiempo que incluye una mención expresa a la indivisibilidad constitucional del Estado español. Pero a la espera de conocer el texto exacto de la resolución del TC, inclinada finalmente hacia la denominada mayoría progresista en la que se encuadra la presidenta de la institución, María Emilia Casas, el fallo tiene la virtualidad de zanjar un debate judicial que se había prolongado de manera inasumible durante cuatro años. Un largo tiempo en el que la dilación del Tribunal sólo ha contribuido a dañar su credibilidad en medio de una continuada diatriba política, provocando, además, la paradoja de que un texto cuya constitucionalidad estaba siendo cuestionada hubiera entrado en vigor y estuviera aplicándose con la legitimidad propia de la aprobación parlamentaria y ciudadana. Pero una vez producida la sentencia, los actores directamente concernidos deben conducirse con extrema responsabilidad para no agravar con sus posiciones las divergencias a las que pueda dar lugar una decisión jurídica que estaba condenada a no satisfacer después de todas las zozobras provocadas por la turbulenta gestación y refrendo del Estatut. Esta apelación afecta al Gobierno de Zapatero en un momento muy delicado de la legislatura; al PP, principal recurrente de la norma estatutaria; y singularmente a la Generalitat y a los partidos catalanes, ya en la precampaña para las autonómicas. La actuación del Constitucional se ajusta al funcionamiento del Estado de Derecho, y como tal debe ser respetada sin incurrir en la tentación de avivar desafíos de resultado tan incierto como inquietante.

En ES LA MAÑANA DE FEDERICO
Requero: "Ya no será el Waterloo del Estatut sino una guerra de guerrillas"
El magistrado, José Luis Requero, ha valorado en esRadio la gravedad de la sentencia del TC sobre el Estatut. Considera que "a partir de ahora va a regir un estado federal" y que creará una inseguridad jurídica "tremenda". "Esto en insalvable por muchas interpretaciones que quieran hacer", dijo.
LIBERTAD DIGITAL- ESRADIO 29 Junio 2010

José Luis Requero, ex portavoz del CGPJ y juez de la Audiencia Nacional, valoró en Es la Mañana de Federico una sentencia del Estatut que, a su juicio, generará "una inseguridad jurídica tremenda". De hecho, se mostró muy crítico con los 27 artículos que el Constitucional considera interpretables. Para él, este hecho es "una escapatoria", una maniobra que la experiencia "demuestra que se convierte en una estafa".

De este modo, Requero afirmó que todo lo ocurrido es "fruto de la partitocracia" en un Tribunal Constitucional donde "prevalece más la fuerza de la idea política que la razón jurídica". Así, critica que esta interpretación deja abiertos temas clave como los derechos históricos, la bilateralidad o las provincias.

El magistrado de la Audiencia Nacional insistió en que las sentencias interpretativas "van a dar lugar a una inseguridad jurídica tremenda" y cree que a partir de ahora, una vez aprobado el Estatut, va a ser "ley a ley y decreto a decreto donde nos vamos a jugar lo que es España". La clave, en su opinión, estará "en la letra pequeña" o como definió Requero: "ya no será el Waterloo del Estatut sino la guerra de guerrillas de pequeñas normas".

En la entrevista indicó que todo esto "va a acabar mal" porque "la Constitución ha sido vaciada de contenido porque se ha dicho que una norma que la reinterpreta sustituye a un estado autonómico por uno federal". Y es que cree que ahora todas las comunidades no van a querer un modelo inferior al de Cataluña, refiriéndose a la clausula Camps del estatuto valenciano.

En este sentido, el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial define el estatut como un "proyecto de Constitución, de un estado que pretende ser soberano y que se vincula a España por conveniencia y que le dice como va a estar presente en el Estado". Por ello, se mostró contundente al afirmar que "esto es insalvable por muchas interpretaciones que se quieran hacer".

DESDE LEVANTE
¿Existe persecución del castellano en la Comunidad Valenciana?
Una familia residente en el municipio alicantino de Biar demanda a la Generalitat Valenciana por no poder escolarizar en castellano a su hijo que tendrá que estudiar en valenciano.
David Lozano Semanal Digital 29 Junio 2010

Si atendemos a una denuncia interpuesta por una organización la respuesta al titular de este artículo es simplemente: "sí". Sin embargo, a día de hoy, no creo que realmente exista ese desprecio a la lengua española en la Comunidad Valenciana y, ni siquiera, tengo constancia de que estén documentados problemas de convivencia entre castellano y valenciano-parlantes. Pero considero que el Gobierno valenciano debería evitar lo que me parecen "malentendidos" como el que les voy a contar a continuación y que ponen muy en tela de juicio la política lingüística del Consell de Francisco Camps en general y del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en particular.

Los hechos nos trasladan a la alicantina población de Biar. Allí, los abogados de la Asociación Nacional por la Libertad Ligüística han presentado una denuncia, en nombre de su asociada Isabel Aracil, contra la Generalitat Valenciana por, según mantiene la demanda, "la imposibilidad en Biar de escolarizar a su hijo para que estudie en lengua castellana". En este sentido, el presidente de la mencionada asociación, Pablo Yáñez, ha señalado que Biar está considerado por la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià como un "municipio valenciano hablante" por lo que "no es obligatorio" la existencia en los colegios de una línea de educación en lengua castellana, algo que su organización de inicio ya considera como "anticonstitucional".

Los trámites de la demanda se iniciaron hace algunas semanas cuando se interpuso un recurso contencioso-administrativo en el Procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que admitió a tramite la petición de la madre del niño escolarizado, tal y como han asegurado desde la asociación a El Semanal Digital. La argumentación, que no es nueva ni mucho menos, de la demanda explica que "el pleno desarrollo de la personalidad humana del niño, objetivo de la educación tal y como establece la Constitución Española en el apartado segundo del artículo 27, difícilmente se conseguirá imponiendo una lengua sobre la oficial del Estado".

La demanda también reivindica "la libertad de residencia y circulación por el territorio nacional de los padres, vulnerada en el caso de que la imposibilidad de escolarizar a su hijo en castellano les obligue a abandonar la Comunidad Valenciana" o el municipio en el que residen para buscar un colegio en el que su hijo pueda formarse en castellano. Además, la demanda invoca, también, al artículo 139 de la Constitución para que el TSJCV garantice que "ninguna autoridad pública podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas en todo el territorio español". La asociación solicita, además, a través de la demanda, que "se eleve cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que anule la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià".

La Generalitat subvenciona con un millón de euros el independentismo en el exterior
www.gaceta.es 29 Junio 2010

Las cantidades corresponden a los años 2009 y 2010. Estas organizaciones agrupan a 15.000 personas. La de Quebec promovió un referéndum independentista.

Los catalanes residentes fuera de su tierra se cuentan aproximadamente en torno a los 400.000, de los que sólo 15.000 son miembros de la red de 117 agrupaciones y casales reconocidos por la Generalitat de Cataluña. Entre los años 2009 y 2010, el Departamento de Vicepresidencia, a través de su oficina de Asuntos Exteriores y Cooperación, de la que Josep Lluís Carod-Rovira es el máximo responsable, ha desembolsado más de un millón de euros en concepto de ayudas a estas comunidades de catalanes en el exterior, conocidas como casales.

Las subvenciones, que este año han ascendido a 527.090 euros, se otorgan con la finalidad de financiar la realización por parte de los casales de actividades sociales o culturales extraordinarias, pagar los gastos de reforma y rehabilitación de sus sedes, locales e instalaciones, o en concepto de ayudas sociales.

El abanico de actividades subvencionadas por la Generalitat es muy amplio, y abarca desde la celebración por la Comunidad Catalana de Colombia de un concurso de cocina catalana –con un coste de 3.000 euros– a la participación del Casal Cataluña de Paraná en el “Taller de capacitación de directivos de las Comunidades Catalanas del Exterior del Cono Sur” –con un coste de 12.000 euros–.

Entre otras partidas subvencionadas, se pueden encontrar también unas “Jornadas de poesía contemporánea catalana y mexicana” que organizó el Orfeón Catalán de México con un coste de 7.000 euros; una campaña de lectura dirigida por el Centro de Cultura Catalana de Andorra por valor de 4.000 euros; o la participación del Centro Catalán de Caracas en el XXXI Festival Internacional de Danzas, con un coste de 20.000 euros.

Además, los catalanes y sus descendientes se ven beneficiados por las ayudas asistenciales que otorga el Gobierno de José Montilla. En 2010 estas ayudas han alcanzado los 127.600 euros, y casi la práctica totalidad ha sido destinada a los afiliados a la Sociedad de Beneficencia de Naturales y Descendientes de Catalanes de La Habana, que han recibido 110.000 euros. Esta agrupación, pionera entre las asociaciones del exterior, fue fundada en 1840 y actualmente cuenta con 1.417 socios, de los que sólo 63 son naturales de Cataluña. El resto son descendientes de catalanes y catalanófilos.

Entre las distintas comunidades a las que se han otorgado las ayudas, la que se ha visto más beneficiada es la cubana, que ha obtenido un total de 120.380 euros sólo en 2010. La preferencia por esta agrupación ya la evidenció Carod-Rovira en julio de 2009, cuando durante un viaje a Cuba para participar en el programa cultural “La huella catalana en el Caribe”, aprovechó para visitar a los catalanes del casal de La Habana.
Independencia

Hay casales que dedican las ayudas recibidas a algo más que promocionar y mantener la cultura catalana en el exterior. Algunos, como el Casal Català del Quebec, promueven abiertamente la independencia de Cataluña. El 9 de enero de este año, la asamblea general del casal acordó organizar el 25 de abril un referéndum por la independencia en el que, además de los catalanes, podrían votar los catalanófilos. El resultado: 33 votos a favor, 1 en contra y dos en blanco. Además, en esa misma asamblea los catalanes de Quebec se adhirieron oficialmente al editorial pro Estatuto “La dignidad de Cataluña”, publicado conjuntamente por 12 periódicos catalanes en noviembre del 2009. Este año el casal ha recibido 8.800 euros en subvenciones; en los últimos tres años, la cifra aumenta hasta alcanzar los 27.000 euros.

Por su parte, el Casal dels Països Catalans de La Plata, en Argentina, también ha promovido sin pudor la independencia mediante conferencias. Así, el 14 de mayo del 2009, el casal organizó junto al Centro Vasco Euzko Etxea de La Plata la conferencia “Euskal Herria y Catalunya, dos naciones sin Estado” en la Universidad Nacional de La Plata. Los oradores fueron Leandro Etchichury y Gustavo Capdevila, ambos acérrimos defensores de la independencia de vascos y catalanes. Etchichury, autor del libro Patria vasca y libertad. Política, identidad y violencia en el Occidente europeo, ha publicado en Gara y es miembro del nacionalista Centro de Estudios de la Cultura y el Nacionalismo Vasco Arturo Campion.

Capdevila es miembro por Sudamérica de las Comunidades Catalanas en el Exterior y vicepresidente del casal, y un fecundo articulista en la web Rebelion.org, con más de una cuarentena de textos en su haber. El Casal dels Països Catalans de La Plata ha recibido en los últimos dos años un total de 27.200 euros, y en su boletín informativo de julio del 2009 aseguran que “gozamos de un alto concepto ante la Generalitat”.

El Casal Catalán de Córdoba, también en Argentina, fomenta la independencia incluyendo en sus boletines informativos la clásica arenga “Visca Catalunya Lliure!” (‘¡Viva Cataluña Libre!’) o artículos del diario Avui a favor de la autodeterminación catalana. Las subvenciones que ha recibido este casal entre 2009 y 2010 rozan los 62.000 euros. Por otro lado, el Casal dels Països Catalans a California, creado en 2005, opta en su web por eslóganes reivindicativos menos típicos, como el que exige una Cataluña “de Salses a Guardamar y de Fraga a Mahón”.
No cuadra

Si bien hay casales que mantienen una apretada agenda y una intensa vida a la catalana, otros pasan inadvertidos la mayor parte del año. El Casal Catalán de Cultura de Copenhague recibió en 2009 la cantidad de 11.450 euros en subvenciones. Sin embargo, según su web, ese año el casal sólo realizó unas pocas actividades extraordinarias, todas de bajo coste, como la proyección de dos películas, una cena de Navidad, una fiesta de San Juan, sardanas al aire libre o una feria de productos catalanes, entre otras varias.

También la Catalan Association of China, ubicada en Hong Kong, recibió en 2009 una subvención de 7.450 euros, que parece no corresponderse con el elenco de actividades realizadas ese año. Según su página web, tan sólo participó en la organización de un acto extraordinario: un concurso de fotografía en el que los participantes debían hacer una instantánea que permitiera descubrir la herencia cultural de Hong Kong. El concurso, de nombre International Heritage Photographic Experience fue patrocinado junto a la Generalitat de Cataluña y el Consejo de Europa.

El casal de La Plata organizó una conferencia con el independentista Gustavo Capdevila como orador.

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