AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 2  Julio  2010

 

Leyes con interpretación
Parece la persecución del español y ni tan siquiera es la defensa del catalán como lengua
Eduardo Méndez www.gaceta.es 2 Julio 2010

Tenía que pasar, era lo lógico, el resultado de tener un poder judicial elegido –y sobre todo mal elegido–, por los políticos no es otro que el que estamos viviendo. Leyes que se interpretan en el sentido que mejor le venga al partido de turno. De esta forma, una ley puede dictar una cosa y la contraria dependiendo del signo del juez que la interprete, o lo que es peor dependiendo de los intereses a los que ese juez les deba su cargo.

Así nos encontramos con una Constitución que defiende la igualdad ante la ley de todos los españoles, pero que gracias al poder interpretativo de unos magistrados se plantearía la existencia de una nación dentro de otra nación. Con esto se cargan de un plumazo ese principio de igualdad, y se dan situaciones tan anacrónicas como las que está propiciando la lengua en Cataluña. Sí, sí. En esta autonomía dependiente del Estado español mientras los magistrados del Tribunal Constitucional lo permitan, se puede poner cualquier negocio siempre y cuando se rotule o se atienda al consumidor en cualquier idioma que no sea el castellano.

No estoy confundido. Cualquier idioma que no sea el castellano sirve. Veamos: puedo abrir en la misma Plaza de Cataluña un burger pero no puedo abrir una hamburguesería; puedo comprar algo en una tienda regentada por chinos y que se dirijan a mí en algo parecido al catalochino, pero si me hablan en castellano los pueden multar hasta con un millón de euros... Cosas de estas leyes y sus interpretes. Podría parecer a simple vista que es la persecución de un idioma, pero no lo es, ni tan siquiera es la defensa del catalán como lengua. Creo que es algo mucho más grave: es poner la ley al servicio de los intereses de unos políticos que no pocas veces nos han demostrado que sólo les mueve su beneficio personal –¿cuánto dejaré de ganar si pierdo las próximas elecciones?–, y que bajo el engaño de servir a la comunidad se sirven de los votos para seguir en la cadira, o sea, el sillón. Por cierto que la Selección española de fútbol cada vez lo esta haciendo mejor, felicitémonos y continuémos en esa linea hasta la final. Los romanos que eran muy listos ya distraían la atención ofreciéndole al pueblo pan y circo o lo que es lo mismo fútbol y toros. ¡Estamos tontos!

¿Necesitamos el Estatuto de «Gataluña»?
Roberto Blanco Valdés La Voz 2 Julio 2010

Que todas las regiones españolas lleven años sometidas a los ritmos políticos que, en materia autonómica, marca Cataluña, explica que, nada más conocerse la sentencia sobre el Estatut, se haya desatado entre la clase política gallega una fiebre de reforma estatutaria de la que, por suerte, nos habíamos librado en los meses previos de la actual legislatura. Pero las cosas son así: Cataluña estornuda y Galicia se acatarra.

La primera consecuencia de ese fenómeno de imitación -que dice poco, ciertamente, de la autonomía de acción y pensamiento de unos líderes que se llaman autonómicos- es que, de la noche a la mañana, se ha convertido en urgente lo que, con toda la razón, nadie tenía en su agenda hasta hace un par de días.

Esto último era, desde luego, muy sensato, pues, con la que está cayendo, lo que menos necesita ahora Galicia es empantanarse con un asunto que nos descoloca de las auténticas prioridades del país: luchar contra la crisis y la más grave de sus muchas consecuencias -el desempleo- e intentar salir de ella en las mejores condiciones para competir en un mercado cada vez más global y más abierto. Máxime cuando es fácil constatar que ninguno de los problemas de verdad a los que hoy nos enfrentamos depende de que se reforme o no nuestro Estatuto.

De hecho, si las regiones españolas no estuvieran literalmente enganchadas a la droga identitaria, lo responsable hubiera sido aprovechar esta crisis para reflexionar en serio sobre si podemos permitirnos el carísimo Estado que tenemos o si, por el contrario, deberíamos reorganizarlo de un modo en que la autonomía local y regional fuese compatible con la eficiencia pública y la cohesión territorial, económica y social. Todo ello será mucho más difícil, por no decir imposible, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha laminado la Constitución como marco jurídico de juego.

Pero, por si fuera poco esta urgencia sobrevenida sobre la reforma estatutaria, mucho peor sería equivocar los términos del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pues el hecho de que un órgano incapaz de cumplir con sus funciones no haya tenido el coraje de declarar inconstitucional lo que lo es a todas luces, no significa que muchas de las previsiones del Estatut que ahora se convalidan no sean un verdadero desatino.

Por eso, si Galicia no necesita hoy meterse en el charco de una reforma que no aportaría a nuestra vida más que enfrentamientos y problemas, mucha menos falta le hace todavía copiar un texto disparatado que, tras traicionar la letra y el espíritu de la Constitución, está construido al servicio de un proyecto confederal que en Galicia solo defiende el BNG. Las prioridades de Galicia no pasan hoy por hacer otro Estatuto y mucho menos por hacer el gatalán.

Pujol, Cataluña y España
La gestión llevada a cabo por los gobiernos socialistas del señor Rodríguez Zapatero en relación con Cataluña puede calificarse de lamentable.
IGNACIO CAMUÑAS SOLÍS (PRESIDENTE DEL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL) ABC 2 Julio 2010

El excelente y habitual columnista de ABC Valentí Puig publicó el domingo día 20 de junio en este periódico una muy interesante y, a mi juicio, grave entrevista con el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Decir que Jordi Pujol representa lo más serio, lo más cuajado y coherente del nacionalismo catalán, es no decir más que la verdad y lo que casi todo el mundo sabe y admite como cierto. Por eso sus pensamientos y sus palabras deben enjuiciarse con la importancia que revisten.
El conjunto de sus manifestaciones, leídas con atención, deja claro, para cualquier observador alerta, lo que puede ser el núcleo esencial de la doctrina del nacionalismo catalán para los tiempos venideros. Para ayudar al lector a centrarse en lo sustancial de sus propuestas, permítaseme resumir en algunos enunciados el contenido principal de sus manifestaciones.

1. Para Pujol, Cataluña y España son dos realidades bien distintas.
Esta afirmación se deduce de dos de sus respuestas a Valentí Puig. La primera, cuando dice que «Cataluña no es solo una comunidad autónoma, sino realmente un país», y cuando añade a continuación: «No acepto el proyecto altamente centralista y homogeneizador que ahora quiere imponernos España». Para concluir declarando: «La oferta de incardinación en España que se nos hace significaría la dilución de Cataluña a cuarenta o cincuenta años vista. O sea que, a mi entender, hay que rechazarla totalmente». Pujol, con estas declaraciones, se enfrenta de manera flagrante a los postulados fundamentales de nuestra Constitución, apartándose de lo que realmente supone la España de las Autonomías. Para él, Cataluña no es una comunidad autónoma más, es un país, y no dice textualmente que es una nación, aunque naturalmente lo piensa; y, por tanto, es una realidad aparte y distinta de España, con la que pretende entenderse de tú a tú y llegar a un acomodo que a los nacionalistas catalanes les resulte satisfactorio.

2. En relación con las propuestas independentistas que hoy recorren el territorio de Cataluña, el astuto y viejo timonel de la política catalana se manifiesta, como es habitual en él, con una calculada ambigüedad. Y así, afirma: «A la propuesta independentista no me adhiero, pero no la critico, porque no estoy en condiciones de defender una solución de concordia, de respeto mutuo y de progreso común». Es decir, sin proclamarse independentista parece ver bien y razonable que otros lo sean. Además, dice que está poco interesado en defender una solución de concordia y de progreso común. Por tanto, lejos de rechazar las consultas a favor de la independencia, considera admisible que existan y da en el fondo razones para su legitimidad y puesta en escena.

3. Por último, y en relación con la sentencia del Estatuto de Cataluña, considera que en todo caso será un fracaso, pues, según manifiesta, «será una sentencia absurda, repleta de contradicciones». Y para finalizar, añade: «Lo que propugno es una acción catalana de fortalecimiento en todos los terrenos, pero sin asumir el compromiso de un proyecto común». En definitiva, lo que argumenta Pujol es que hay que seguir fortaleciendo Cataluña sin asumir ningún compromiso con el proyecto común, es decir, con lo que él llama España. En definitiva, digo yo, seguir reclamando lo que Cataluña viene demandando desde hace treinta años, esto es, más dinero, más competencias y más inmersión lingüística, bajo la apariencia de prestar su apoyo a la gobernabilidad del Estado, como les gusta decir generalmente a los dirigentes de Convergencia de manera habitual.

El siguiente objetivo, a no dudar, será pedir un concierto económico para Cataluña igual al concierto vasco, ya que, si el País Vasco disfruta de un concierto económico, ¿por qué nosotros no lo vamos a tener también?, parece defender Artur Mas en algunas de sus más recientes declaraciones. Pues bien, a mí me parece entendible que los nacionalistas catalanes aspiren y piensen de esta manera. En el fondo, ellos quieren y ansían la independencia dentro del marco europeo, y España, como ellos dicen, es un obstáculo permanente para ese propósito. Un sector del nacionalismo defenderá ese programa abierta y frontalmente, mientras que otro sector que pretende lo mismo considera que la táctica debe ser otra, más oblicua y más taimada, más gradual y más pausada, para no despertar excesivos recelos ni manifiestas sospechas. Pero a la altura en que nos encontramos, y después del tiempo transcurrido, solo los ignorantes o los miopes podrán negar una realidad palmaria cien mil veces puesta de manifiesto, a saber: el nacionalismo catalán en su conjunto, pero con un reparto inteligente de papeles, trabaja día a día en pro de la independencia.

Lo que ya no me parece tan razonable es que los que pensamos y defendemos que Cataluña es una parte entrañable e irrenunciable de esta vieja nación que es España no tengamos los arrestos democráticos para defender como es debido, sin complejos y a cara descubierta, nuestra posición, pues yo me pregunto: ¿por qué va a ser más democrático y más progresista tolerar las ínfulas independentistas de una minoría del pueblo catalán, mientras se tacha de reaccionaria y poco democrática la posición de aquellos que queremos defender la unidad de nuestro país tal y como la consagra nuestra propia Constitución?

¿No habría, pues, que advertir muy seriamente, en este sentido, a los dos partidos nacionales en relación con los guiños negociadores y los flirteos que por lo común practican con el nacionalismo catalán en sus diferentes versiones? Se me dirá que la aritmética parlamentaria obliga las más de las veces a ello, pero, siendo esto tal vez cierto, cabría pensar que en esta cuestión la competencia ciega y absurda entre los dos grandes partidos nacionales tendría que encontrar otras vías de solución.

Los que estuvimos en el período constituyente creímos que nuestra Constitución y el Estatuto de Sau serían respuestas más que satisfactorias para el encaje y normal funcionamiento de Cataluña dentro de España. Hoy observamos con decepción no exenta de amargura que los esfuerzos de entonces no han servido para calmar la insaciable vocación reivindicativa de las fuerzas nacionalistas, que, por lo que hemos podido comprobar, necesitan de esa permanente reivindicación para justificar su razón de ser y asegurar su sustento político.

Las cartas están sobre la mesa. La gestión llevada a cabo por los gobiernos socialistas del señor Rodríguez Zapatero en relación con Cataluña puede calificarse de lamentable. El nuevo Estatuto, según asegura el propio Pujol, no servirá más que para aumentar la confusión y la frustración, mientras España, añado yo, continúa deshilachándose y el mal ejemplo catalán se extiende por otras comunidades autónomas poniendo en riesgo la necesaria cohesión de nuestro país. El señor Rajoy, como principal candidato a ocupar la Presidencia del Gobierno, en caso de ganar las próximas elecciones, debería tomar buena nota de ello, a menos que le preocupe más llegar a La Moncloa que asegurar la unidad y la estabilidad de España en su conjunto.

Estamos, por desgracia, en una pendiente inclinada, sin que nadie se atreva a revertir la situación. Es cuestión de tiempo. Cualquier atento observador puede verificar que el sentimiento independentista en Cataluña se multiplica año tras año, mientras la clase dirigente continúa mirando a otro lado por miedo a enfrentarse a esta lacerante situación. El que avisa no es traidor. De no actuar a tiempo y con energía democrática, pagaremos un alto precio.

¿Es Cataluña el modelo a seguir por Galicia?
A la luz de los hechos, aquel intento de «reforma» de 2006, siguiendo el modelo catalán, fue un error
CARLOS RUIZ MIGUEL ABC Galicia 2 Julio 2010

El bipartito impulsó la elaboración de un nuevo Estatuto gallego en 2006. En su momento, el PP cometió el error de sumarse a esa iniciativa. Afortunadamente, un tiempo después, el PP se desmarcó de aquella operación que no buscaba sino cómplices para la «operación Estatuto catalán».

La reciente sentencia del TC sobre el nuevo Estatuto catalán y la situación económica actual de España nos invitan a reflexionar, no sólo para juzgar aquella operación intentada en Galicia, sino para prevenirnos de lo que puede intentarse en el futuro. La sentencia del TC sobre el Estatuto catalán es una mala sentencia para un mal Estatuto. Pero independientemente de que, en mi opinión (y a la vista exclusivamente del fallo, que es lo que se ha hecho público), esa sentencia no contribuye a la claridad y a la seguridad del sistema político hay algunas conclusiones que sí se pueden extraer.

La primera es que las propuestas de Estatuto que se hicieron desde ámbitos cercanos al PSOE de Galicia y al BNG ha quedado claro que eran inconstitucionales. Si lo que se buscaba era un «Estatuto de nación» está claro que eso no es conforme con la Constitución. La segunda es que el borrador que presentaba la Xunta también contenía aspectos inconstitucionales. No es extraño siendo el inspirador de ese borrador el actual ministro de Justicia, el mismo que contribuyó a la redacción del texto catalán.

La sentencia no contribuye a la claridad y a la seguridad del sistema político
Tenemos que destacar que, a la vista del fallo del TC, el nuevo Estatuto catalán ha sido declarado en una parte esencial como inconstitucional y en otra parte importante como necesitado de una interpretación correctora. La consecuencia evidente, a la luz de los hechos, es que aquel intento de «reforma» estatutaria en Galicia, siguiendo el modelo catalán, que emprendió el bipartito fue un error. Que el PP al sumarse inicialmente a esa «reforma» se equivocó y que el PP acertó al descolgarse de la dicha «reforma».

Eso es el pasado. ¿Y qué decir para el futuro?
Para el futuro conviene tener en cuenta algunos datos. El nuevo Estatuto catalán lleva en vigor cuatro años y parece relevante a la hora de juzgar la situación actual de Cataluña. Y la situación actual de esa región es que es la comunidad autónoma más endeudada de España: ¡25.000 millones de euros! (más del 25% del total de la deuda autonómica), y que el Producto Interior Bruto de la región catalana ha bajado más que el del resto de las comunidades autónomas. A la luz de estos datos hay una conclusión que es evidente por sí misma: el tener un nuevo Estatuto de autonomía, con más competencias, con más órganos autonómicos, no sólo no garantiza más prosperidad, sino que hay razones para sostener que produce mayor pobreza.

Emitida la sentencia del TC, el medio que más descaradamente promociona al actual ministro de justicia vuelve a la carga y dice que Feijóo no tiene ahora «excusa» para no promover una «reforma» estatutaria. Lo que hará Feijóo no lo sé. Lo que está claro, sin embargo, es lo que no debería hacer.

11-M
Homenaje a las víctimas del terrorismo
Gabriel Moris Libertad Digital 2 Julio 2010

El domingo veintisiete de junio tuve la ocasión de presenciar un acto televisado en homenaje a las víctimas del terrorismo. A pesar de tener noticias de su celebración quedé sorprendido por el mismo y por su estructura. Como víctima del terrorismo desde el fatídico 11-M vaya por delante mi felicitación a todos los que de buena fe participaron en él. En cualquier caso, me gustaría compartir con los lectores algunas reflexiones.

Me resultó agradable a la vez que chocante ver reunidos a todos los representantes de las altas magistraturas del Estado pronunciando discursos de apoyo a las víctimas y de condena del terrorismo. La ausencia del presidente del Gobierno, aunque habitual en actos de las víctimas, no hizo más que confirmar el interés que constantemente suscitamos en su acción de Gobierno. Respecto a los organizadores, he de confesar que tampoco se han prodigado con su presencia en actos o congresos de las víctimas del terrorismo.

El acto en sí, con dos breves intervenciones del presidente del Congreso y del jefe del Estado, y completado con la interpretación de una agradable obra de Dvorak, resultó sencillo. Las víctimas que participaron tuvieron el privilegio de saludar a los auténticos protagonistas del mismo: las autoridades. Habría resultado interesante que los representantes de las víctimas hubieran podido intervenir con libertad y exponer directamente a los responsables de nuestro Estado las necesidades e inquietudes con las que llevamos a diario la pesada carga que nuestros victimarios colocaron sobre nuestras vidas. Carga que no siempre sentimos correctamente tratada y aliviada desde las instituciones.

Después de saludar a las víctimas, los representantes de las instituciones pasaron al Salón de los Pasos Perdidos. No deja de resultar sugerente el nombre del salón en que supuestamente departieron las autoridades.

Como resumen del acto, a mi juicio el protagonismo lo tuvieron, no las víctimas, sino los organizadores. Tuve la sensación de presenciar una puesta en escena que no respondía ni a las necesidades de las víctimas ni a la simulada unidad de todos frente al terrorismo. Estas afirmaciones se fundamentan en que ya existe un día de recuerdo y homenaje a las víctimas a nivel europeo, ese día es y será para todos el 11 de Marzo. Las víctimas no tenemos necesidad de tantas celebraciones, sólo exigimos a nuestras instituciones que satisfagan nuestras demandas de Verdad, Memoria Dignidad y Justicia. Todas estas exigencias, no sólo son escamoteadas, cada poco sufrimos ataques desde las instituciones por pedir lo que es justo.

Por último, quisiera reseñar en este artículo algunos pensamientos que no lograron evitarme las imágenes de la televisión estatal:

* La presencia de presidente del Congreso me hizo recordar su papel en una manifestación convocada contra la excarcelación del criminal De Juana Chaos simulando una agresión inexistente.

* El escenario del Congreso me recordó la triste jornada del cierre de la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11-M, de la que fui testigo mudo. Entonces se dio por finalizado un simulacro de investigación del atentado con un gran sentimiento de utilización partidista del mismo en la mente y en el corazón de las víctimas asistentes. Sólo un grupo parlamentario se opuso al cierre en falso de la comisión alegando que no había clarificado las responsabilidades políticas del atentado. También entonces Rodríguez Zapatero hizo mutis por el foro.

* Los primeros planos del ministro del Interior me hicieron rememorar la frase: "España no se merece un Gobierno que le mienta". Él forma parte del Gobierno nacido del 11-M y todavía no nos han informado ni política ni judicialmente quién lo perpetró. Es más, desde su ministerio se hace obstrucción clara y permanente sobre el juicio que se sigue en la Audiencia de Madrid contra Sánchez Manzano, manteniendo la misma actitud respecto al caso Faisán.

* La Administración de Justicia –representada por Carlos Dívar y María Emilia Casas– resumió el olvido judicial del 11-M.

Creo que todo lo que antecede justifica nuestro escepticismo ante la simulada unidad de los representantes del Estado y las víctimas del terrorismo.

Aznar se mete de lleno en el lío del Estatut y arremete contra el PSOE
El Semanal Digital 2 Julio 2010

En cosa de varios días ha habido reacciones para todos los gustos acerca de la sentencia del Constitucional, pero falta la del ex presidente del Gobierno, como siempre, la más afilada.

El ex presidente de Gobierno José María Aznar achacó este viernes al PSOE y a su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, toda la responsabilidad del "lío" que ha habido estos años en torno al Estatut catalán pero cree que la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque adolezca de exceso de "interpretación", marca los límites del Estado autonómico por lo que debe darse por concluida la "irresponsable deriva de inestabilidad y deterioro institucional´.

En su intervención inaugural del Campus de Verano de la fundación FAES que preside, Aznar remarcó que el proceso estatutario catalán fue una "obra más bien chapucera de albañilería política", de la que exculpa a los nacionalistas, que ha llevado al país a una "profunda sima jurídica y política". Y todo, según explicó, motivado por el empeño de los socialistas de mantenerse en el poder.

En su discurso de bienvenida a los alumnos del Campus, el ex presidente dedicó casi la totalidad de sus palabras a valorar el fallo del Tribunal Constitucional y a criticar al PSOE por haber permitido que la reforma saliera adelante en 2006.

Afirmó que el problema generado por el Estatuto de Cataluña es "un lío de socialistas", ya que fueron ellos los que con la reforma convirtieron "un problema de gobierno en un problema de Estado para encubrir sus propias responsabilidades". Aznar eximió de culpa a CiU, de quien dijo que en las elecciones autonómicas de 2003 "no pujaba en su programa por un nuevo Estatuto". La culpa, sentenció, es del PSOE, del PSC y especialmente de José Luis Rodríguez Zapatero por permitirlo.

Un Estado fallido
Aznar responsabilizó al PSOE, y en particular a Zapatero, de sacar adelante el Estatuto a toda costa "en un empeño de alteración del marco político y de exclusión del adversario más cargado de imprevisión, de frivolidad y de sectarismo". "Es preciso tener muy claro quiénes nos han llevado al borde de una profunda sima jurídica y política y quiénes nos han arrastrado, por su estricta conveniencia partidista, al límite de un Estado constitucionalmente fallido, sin nada que lo justificara", remachó.

A su juicio, nada de esto habría ocurrido si el PSOE de Zapatero "no hubiera roto los consensos constitucionales básicos y esenciales para la estabilidad del modelo de Estado". Aznar celebró que, al menos, la sentencia del Constitucional ha rechazado la definición de Cataluña como una nación propia y recalcó la unidad indisoluble de la nación española. Asimismo, ensalzó que el debate sobre la nación catalana "ya ha sido zanjado", aunque desde la Generalitat se cuestione el fallo y se llame a la rebeldía con la convocatoria de una manifestación ciudadana.

Una obra chapucera
Argumentó que la sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que el Estatuto "no estaba cepillado", como se dijo desde el PSOE cuando salió aprobado en las Cortes Generales, y que el recurso que presentó el PP fue "un acto de responsabilidad, de lealtad y de compromiso constitucional".

"Lo que ha quebrado no es ningún proceso de llamada construcción nacional, sino una obra más bien chapucera de albañilería política para sostener en el poder a quienes ya se han cobrado con largueza los réditos del Estatuto", dijo sobre la sentencia.

Eso sí, Aznar lamentó que los magistrados del Constitucional hayan utilizado "en exceso" la técnica de la reinterpretación para corregir 27 artículos del Estatuto de Cataluña, ya que entiende que sería mejor "fortalecer el valor normativo de la Constitución y su primacía efectiva sobre el resto del ordenamiento jurídico". Por eso, señaló que conviene esperar a conocer el contenido concreto de la reinterpretación que el tribunal hace de esos 27 artículos para "calibrar en su integridad el alcance de la sentencia" sobre el Estatuto.

Para terminar, pidió "dar por concluida esta irresponsable deriva de inestabilidad y deterioro institucional" y abrir una nueva etapa que asuma la "exigencia de reconstruir el consenso constitucional" de 1978.

Los expertos lingüísticos auguran 'un futuro muy halagüeño' al español en EE.UU.
En 2050 podría ser el primer país hispanohablante del mundo
 www.lavozlibre.es 2 Julio 2010

Madrid.- Castilla y León acoge esta semana diferentes actos como el congreso 'Comunidad Ele', que organiza la Junta de la comunidad, o el 'V encuentro de Enseñanza del Español' que organiza la Universidad de Valladolid, en el que el castellano está siendo el principal protagonista. Participan centenares de profesores de idiomas y expertos de la lengua. La jornada del jueves se caracterizó porque todos los expertos presentes en el congreso destacaron “la fuerza que actualmente tiene el castellano en Estados Unidos”.

El secretario general de la Asociación de las Academias de la Lengua Española, el puertorriqueño Humberto López Moralez, ha pronosticado un “futuro extraordinariamente halagüeño” para la lengua hispana. Los datos son espectaculares. El castellano es lengua oficial en 18 países y es la cuarta más hablada del planeta. El 5,7% del mundo utiliza el español.

Uno de los temas que se está debatiendo es la manera de hacer un castellano más homogéneo para todos. López Morales recibió la propuesta de un filólogo mexicano sobre la posibilidad de elaborar un Diccionario Internacional de la Lengua Española (DILE) que haga del español un idioma “más uniforme, claro y coherente”. El proyecto tiene que presentarse aún a la Asociación de Academias de la Lengua Española.

El profesor Milton Azevedo es responsable de la cátedra de Español en la Universidad de Berkeley (California). Él, que conoce la evolución de primera mano al residir allí, asegura que el crecimiento del castellano en Estados Unidos es “un fenómeno imparable, por lo menos en quince o veinte años”. Cifró en “cuarenta millones de personas las que tienen contacto con la lengua española”. Las colonias de inmigrantes procedentes de México y Centroamérica son, para el profesor, las causantes de esta expansión. “Hay una comunidad hispanohablante muy fuerte que debe ser considerada, por lo que cada vez el español es más frecuente en páginas 'web' del Gobierno federal o de los estados y ayuntamientos”. Las estadísticas aseguran que Estados Unidos será el primer país hispanohablante en el año 2050.

También en Brasil el uso del castellano seguirá disparándose. Dentro de diez años, el país carioca tendrá, entre su población, unos treinta millones de hispanohablantes como segunda lengua.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Tras el fallo, el bloque
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 2 Julio 2010

El Estatut fue un desafío a la Constitución. ¿O no lo presentó ZP como la muestra del nuevo modelo de Estado? Y, por esa vía de los hechos consumados se hicieron los debates partidarios (en los que participó el PP), la votación del texto en el parlamento catalán, la aprobación de las Cortes y el refrendo de la calle. El vicio original venía ya del 78, de una Constitución que no había cerrado el modelo de Estado y que, al reconocer las «nacionalidades», daba por supuesto un pacto político en la transformación del Estado autonómico.

El criterio de los que piensan que el protagonismo de los nacionalismos se ha debido a una reciente dimisión de los partidos estatales es producto de la pura inconsciencia. Las propuestas de ZP han sido la continuación de un proceso que comenzó con la afirmación del proyecto Galeusca (Galicia/ Euskadi/ Cataluña), que en Cataluña supuso la aceptación del «hecho diferencial», defendido por Pujol, y en el País Vasco el proyecto del PNV con el apoyo real del terror. Lo más escandaloso del Estatut ha sido tratar de superar el modelo autonómico ¡en el marco de la Constitución! La prueba del desgobierno al que conducía el Estatut como proyecto es que la sentencia obligará a la creación de nuevas leyes que, por otra parte, ni siquiera van a poder enmendar errores básicos. Por ejemplo ¿de qué vale afirmar que el catalán no puede ser lengua «preferente» cuando en la práctica no queda recurso alguno que permita hacer del castellano una lengua «vehicular»?

De este arreglo de mínimos al que ha llegado la sentencia del TC ; de la sucesión de trampas administrativas que quedan en el texto definitivo; de este inmenso disparate político que utilizarán todos los partidos de forma electoralista ... queda un hecho claro: la unión de los partidos que creen en la nación catalana, esto es, CiU, el PSC, ERC e IU. El bloque soberanista. Lo único que nos dirá el tiempo es si el signo confederal será el predominante o el independentista….

El coste de la negación de la libertad lingüística
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 2 Julio 2010

Después de varios titubeos el gobierno del PP de Galicia, presidido por Núñez Feijoo, presentó su "Decreto lingüístico". El Decreto no está a la altura de las promesas electorales... pero tampoco de las necesidades de los alumnos y las familias. Estas son las razones de mi opinión.

Negar la libertad tiene un coste, no sólo emocional o político, sino económico. Andrés Freire ha ilustrado perfectamente en este diario sobre el coste político del “Decreto del gallego”. El Decreto 79/2010, de 20 de mayo, titulado “para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia”, y publicado en el “DOGA” del día 25 de mayo, trata sobre algo más que la lengua de los profesores y de los alumnos. Trata también sobre la lengua de los libros y materiales de texto En su artículo, el 13.1 dice: “Los materiales y libros de texto de las materias impartidas en gallego y en castellano estarán redactados en la lengua en que se imparta la materia”. O dicho de otro modo, no sólo se impone una lengua (gallego o español) al profesor, sino también, y esto es más grave, se impone la lengua del libro de texto.

La única crítica a este punto hasta ahora se debe al diputado del BNG Carlos Aymerich que según el diario Xornal de Galicia se preguntaba qué va a hacer la Xunta con los libros de texto de una asignatura antes impartida obligatoriamente en gallego y que ahora deba impartirse en castellano. El diario en cuestión le atribuye unas declaraciones según las cuales el Sr. Diputado se preguntaba si con estos libros la Xunta va a “facer un auto de fe no Obradoiro”, ao xeito “do filme Fahrenheit 411”. Antes de seguir adelante, convendría aclarar que esa película es la adaptación de una novela escrita algunos años antes por Ray Bradbury y que la cifra que acompaña a Fahrenheit no es “411”, sino “451” pues es precisamente a la temperatura de 451 grados de la escala Fahrenheit a la que arde el papel. Pero lo importante aquí no es saber si es el diputado Aymerich o el redactor de ese periódico quien desconoce la obra de Bradbury. Dejemos la anécdota y vayamos a la categoría.

La prohibición del uso de libros de texto en lengua distinta de la lengua en que se imparta la asignatura puede ser discutible desde un punto de vista constitucional: pues parece claro que estamos ante algo que contraviene la libertad de mercado de libros de texto. Y la libertad de mercado, aunque alguno no lo sepa, está consagrada en la Constitución.

La prohibición en cuestión también puede ser cuestionable desde un punto de vista pedagógico, por un lado, porque un libro en la lengua materna del alumno, sin duda, le ayudaría a aprender mejor la materia, y por otro, porque se supone que el profesor tiene que recomendar no el libro que esté en uno u otro idioma, sino el mejor libro de la asignatura, pues ese, si no lo es, debiera ser, el objetivo de la enseñanza.

Pero es que, además, finalmente, esta prohibición contribuye a encarecer los libros de texto. No hay duda de que un libro con amplia tirada es mucho más barato. Resulta difícil de explicar, y de justificar, que un padre se vea obligado a pagar más caro un libro de texto (ya de por sí caro) porque el mismo ha tenido que ser editado en gallego en una edición muy reducida y no pueda comprar un libro de texto sobre la misma materia que puede ser más barato y de más calidad… sólo porque está en castellano.

[NOTA:
Este artículo fue publicado en el ABC, edición de Galicia, el día 25 de junio de 2010]

Estatut
La nación catalana a debate
Jorge Vilches Libertad Digital 2 Julio 2010

Ahora que se ha dado vía libre al nuevo Estatuto de Cataluña, es frecuente oír que el nacionalismo catalán es nocivo o malo porque quiere "romper España". En realidad, sostener que quiere “romper España” es seguirle el juego al victimismo independentista y reforzar la imagen estereotipada del españolista, lleno de tópicos que al catalanista le es fácil vincular con el viejo discurso del franquismo. No; ese nacionalismo es rechazable por otras razones más poderosas y ciertas: el tipo de Estado catalán que propugna y la invención forzada de su nación.

Todo parte de la construcción de la nación catalana por parte de unas élites políticas que tomaron la cultura y la lengua como hechos diferenciales, e interpretaron la historia, maleándola a su conveniencia, para que diera un anclaje secular a "la nación de los mil años", como un día dijo Jordi Pujol. Antes de 1898 ya se fue configurando un catalanismo que buscaba su redención a través de la crítica a "la capital", a la ciudad y a su vida urbanita, epicentro del vicio y de la corrupción de la vida natural, y ajena a la naturaleza verdadera del hombre. Esto fue moneda común en todos los movimientos nacionalistas conservadores, que en algunos casos derivaron hacia el autoritarismo y el fascismo, como fue el caso japonés. Por ese camino transitó, por ejemplo, el catalanista Valentín Almirall, que en su libro España, tal como es, se despachaba groseramente con Madrid, una ciudad que nunca le negó nada, ni siquiera el ser federal en 1868.

Al repudio al supuesto "centralismo" le siguió la pretensión, expuesta por Prat de la Riba y luego por Cambó con matices, de ordenar España desde Cataluña, pero motivada por un sentimiento de superioridad. No faltó entonces la xenofobia y el racismo de, entre otros, Gener y el doctor Robert. Por aquellos días surgieron voces sobre el “troceamiento” del país que, lejos de convencer a alguien, alimentaron el independentismo.

La élite política catalanista se dedicó a incentivar la invención de la nación catalana a través de las expresiones culturales y del idioma propio. A esa "nación" se le añadió, además, un pasado histórico, que permitía conferirle una personalidad que, naturalmente, había sido mancillada por un Estado más poderoso, el español, y que era preciso recuperar. En su competencia por el poder, dicha élite política local atribuyó al pueblo catalán la misión de restablecer un Estado-nacional basado cultural, jurídica e históricamente en artificios, exageraciones o falsedades creadas por los mismos políticos. De esta manera, los partidos catalanistas recrearon en el primer tercio del siglo XX la necesidad del autogobierno, con la excusa de escapar del supuesto "fracaso español", pero con el ánimo claro de tener el poder en exclusiva.

Y esa es la clave, expresada con mucha brevedad, del segundo motivo para rechazar ese tipo de nacionalismo: su vínculo con el poder. El reconocerse nacionalista es una coartada, un salvoconducto para acceder y permanecer en la vida política, social, cultural o académica. Se ha convertido en obligatorio. Los nacionalistas entienden que sólo hay una voluntad, un deseo y, por tanto, un interés, y de ahí sacan leyes, normas y reglamentos que destruyen la separación y contrapeso entre poderes, y que limitan los derechos individuales, sobre todo de aquellos que no creen en la obligación de ser nacionalista. El tipo de Estado que propugnan está, en consecuencia, muy alejado de las modernas formas de las democracias liberales y occidentales, adquiriendo los tics de uno autoritario.

El problema no es, por tanto, que quieran "romper España", sino lo discutible que resulta su condición nacional y el perjuicio claro que para los derechos individuales supondría (y supone) su proyecto de futuro.

Estatut
El Constitucional no avala la inmersión
Antonio Robles Libertad Digital 2 Julio 2010

No es la mejor sentencia (fallo, de momento), pero no es la peor de las posibles. Agrieta la igualdad de todos los españoles (en espera de las interpretaciones de la sentencia, ningún español podrá alegar desconocimiento del catalán ante el requerimiento de trabajo en Cataluña), abre nuevos frentes de confrontación contra la cohesión social y sentimental de España (la reivindicación de selecciones deportivas propias, distintas de la española, incluido el fútbol o los juegos olímpicos), deja otros dispuestos para litigios interminables (como la bilateralidad o la financiación), pone una venda sobre la infección simbólica del concepto de nación, que es donde reside su eficacia y no sólo en su fundamento jurídico, y sobre todo no cierra heridas ni impone el imperio de la ley con personalidad de Estado, sino que abre un avispero de incalculables consecuencias para la estabilidad nacional, cuyos costes los acabará pagando de su bolsillo el ciudadano de a pie en litigios judiciales cada vez que el desarrollo de la norma se cruce con sus derechos. En una palabra, no apacigua a la fiera del sentimentalismo nacionalista, ni la reduce a la legalidad.

Pero el fallo no es el peor de los escenarios: impide la venta del poder judicial por parcelas, reduce la financiación a la solidaridad nacional, el defensor del Pueblo recupera su capacidad jurisdiccional en Cataluña, o deja posibilidades legales para que los derechos lingüísticos de los castellanohablantes no sean excluidos. Habría sido el comienzo irreversible del proceso soberanista si no hubiera eliminado la aspiración a parcelar el poder judicial o si no hubiera eliminado la primacía del catalán a través del término "preferente". En ellos tenían la materia real de la construcción nacional, y no tanto en la financiación (que la conseguirán igualmente por atajos políticos), ni en el simulacro de arremeter contra el término jurídico de nación, sin ser consecuentes hasta el final y extenderlo al valor simbólico que conserva en el preámbulo. Fallo inmenso dejarlo vivo en el imaginario colectivo, pues aunque sea sólo en el plano simbólico, lo utilizarán como realidad negada y sometida a un Estado externo. Una fuente inagotable de victimismo que servirá de coartada para vender un repertorio infinito de contrabando político. Como hasta la fecha han hecho.

Desactivado el problema del poder judicial, el escenario lingüístico no empeorará. Incluso si el gobierno de la nación es consecuente, el Congreso de los Diputados se decide a hacer una ley de derechos lingüísticos para toda España y los jueces son tan diligentes como lo han sido los magistrados del Tribunal Constitucional para eliminar los artículos del Estatuto que ponían en riesgo sus propios intereses judiciales corporativos, el articulado lingüístico no podrá impedir la libertad de cualquier ciudadano de Cataluña a utilizar la lengua de su elección en las instituciones, incluida la escuela.

Eliminar el "uso preferente" de la lengua catalana del artículo 6.1. permite que el castellano y el catalán puedan ser lenguas de uso en la escuela, y no sólo el catalán, ya que el adverbio "normalmente", que prima el uso de la lengua catalana, pero a la vez limita su uso exclusivo como lengua docente, pasa a ser el elemento corrector de la exclusividad. Ello hará posible que las autoridades académicas de la Generalitat no puedan impedir que el castellano pueda ser utilizado como lengua vehicular y los libros de texto puedan ser, además de en catalán como hasta ahora, también en lengua común española. Tal como queda este artículo, el catalán ocupa un lugar de privilegio, pero no preferente ni exclusivo y, por tanto, el TC no abala la inmersión (mecanismo de exclusión vehicular del castellano por excelencia), por mucho que sus defensores nacionalistas se empeñen en repetir lo contrario hasta convertirla en verdad publicada.

Ya lo consiguieron con motivo de la sentencia 337/1994 del Tribunal Constitucional, cuya doctrina de la "conjunción lingüística" fue manipulada hasta hacerle decir lo contrario de lo que decía. Efectivamente, este modelo consagra que catalán y castellano han de convivir como lenguas vehiculares sin que ninguna de ellas pueda ser excluida como lenguas de enseñanza. Así de claro lo dejó ya la doctrina constitucional 337/1994 en el apartado (FG 10) cuando, en atención a su protección como lengua aún por normalizar, se le otorga el derecho de ser lengua vehicular de la enseñanza: "siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la comunidad autónoma". Es precisamente este fundamento jurídico el que se ha esgrimido ahora.

Es decir, aunque prime al catalán, no lo hace exclusivo como lengua docente. Ello permite que si no es preferente ni única, el castellano tiene legítimo y constitucional derecho a compartir el derecho a ser lengua vehicular.

Sabemos que la administración nacionalista nunca permitirá esa interpretación, incluso hemos comprobado que no rectificarán ni con sentencias firmes de los tribunales, pero sabemos que ella tampoco podrá actuar judicialmente contra quienes impartan clases en castellano, den libros en la lengua de todos los españoles o se relacionen así con la comunidad escolar. Tendrán problemas, por eso digo que sólo si hay un Gobierno nacional de verdad, un Congreso valiente y unos jueces atentos, nadie podrá impedir que se vayan recuperando espacios de libertad y derechos hasta ahora conculcados.

Todo indica, además, que las aclaraciones e interpretaciones de otros artículos abundan sobre esta doctrina hasta dejarla meridianamente clara. A la espera de esos fundamentos jurídicos y de las interpretaciones de la sentencia, la inmersión obligatoria será inconstitucional. Los ciudadanos nos habremos de hacer valer y denunciar ante los tribunales la conculcación de nuestros derechos lingüísticos. No hay otro camino, los nacionalistas no rectificarán. Bueno, sí hay otro camino: los votos.

El Estatut o "no es cuestión de cantidad"
Pablo García Mexía* EC 2 Julio 2010

Esta semana se daba a conocer el fallo de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, probablemente la más difícil en toda la historia del Tribunal Constitucional: era la primera vez que se veía obligado a enjuiciar una norma, no únicamente aprobada por un legislador, sino también por un pueblo en referéndum.

Es cierto que el Tribunal Constitucional convalida amplios e importantes contenidos del Estatuto. La mejor prueba es que el fallo estima sólo parcialmente el recurso del Partido Popular al declarar inconstitucionales una serie limitada de preceptos, a la par que condiciona la constitucionalidad de un número algo mayor de ellos a su interpretación conforme a los criterios fijados por el Tribunal. Por el contrario, el fallo desestima el recurso “en todo lo demás”.

En efecto, el mero número de defectos frontales e indirectos de inconstitucionalidad es relativamente bajo (si bien ese número -en torno a 40- tampoco es despreciable si se compara con los 114 que figuraban en el recurso popular y los 245 preceptos del Estatuto). No obstante, un análisis detenido permite deducir que, si no especialmente en cantidad, nos hallamos ante defectos verdaderamente sustanciales en calidad. De hecho, no hay uno solo de los aspectos nucleares del Estatuto catalán que no se haya visto afectado por la sentencia en mayor o menor medida: desde la realidad nacional de Cataluña hasta los derechos y libertades, desde el sistema competencial hasta la bilateralidad, desde el régimen local hasta la financiación, la lengua, o la organización judicial, entre algunos otros.

"Todo es Derecho"
En su fallo, el Tribunal Constitucional comienza por negar “eficacia jurídica interpretativa” a las referencias del Preámbulo a “Cataluña como nación” y a “la realidad nacional de Cataluña”. Esta es una decisión fundamental. Con ello, el Tribunal viene indirectamente a reconocer -por cierto, conforme a su misma jurisprudencia- que los preámbulos de las normas, lejos de carecer de toda relevancia (como si de simples brindis al sol se tratara), tienen plena eficacia jurídica, justamente la de servir como principios de interpretación del conjunto de la norma correspondiente. Algunos suelen despreciar este argumento, alegando que tiene poca relevancia práctica; olvidan así que bastan apenas treinta palabras (aquí sí que cuentan los números), las primeras del Preámbulo de la Constitución, para sintetizar todo su articulado. El derecho no consta solamente de reglas, también se compone de principios. Si “hasta el rabo todo es toro”, desde la primera palabra del preámbulo hasta la última de la disposición final, “todo es Derecho”.

Al negar por otro lado virtualidad jurídica a esas alusiones a Cataluña como nación, el Tribunal reivindica el principio de la soberanía nacional tal y como la recoge la Constitución, en el doble sentido de encomendarla al pueblo español en su totalidad; y de fundamentarla en la indisoluble unidad de la nación española, sin perjuicio de reconocer y garantizar la autonomía. Ya lo había hecho así, y muy contundentemente, el Tribunal Constitucional en su muy reciente sentencia sobre el llamado Plan Ibarretxe. Y no es de extrañar: con gran cuidado, la Constitución reserva en exclusiva el término “Nación” al pueblo de España en su conjunto, evitando en todo caso que ninguna de sus partes pueda denominarse así.

La médula del Estatut, seriamente cuestionada
A partir de aquí, el fallo declara inconstitucionales, entre otras, disposiciones sobre: el carácter preferente de la lengua catalana; la naturaleza vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias; la exclusividad del defensor del pueblo de Cataluña para conocer de las quejas dirigidas contra la Administración de la Generalitat; y el Consejo de Justicia de Cataluña.

Además, se detecta inconstitucionalidad en dos asuntos singularmente importantes: el primero de ellos se refiere a las competencias compartidas entre el Estado y la Generalitat y pretendía limitar el juego de las bases del Estado en Cataluña, con el argumento de que la autonomía catalana se venía pareciendo a un “lenguado”, con muchas competencias, pero de poca hondura; de este modo, el Tribunal asegura que la legislación de interés general, que afianza un mínimo común en toda España, se aplique sin excepciones también en Cataluña. El segundo asunto es la financiación, donde el Tribunal anula la potestad de la Generalitat para establecer tributos locales; y, sobre todo, hace lo propio respecto de una de las cláusulas más controvertidas del Estatuto, la que condicionaba la contribución de Cataluña a los fondos de solidaridad a su apreciación -tan subjetiva como discrecional- de que las demás Comunidades Autónomas llevaran a cabo un “esfuerzo fiscal similar”.

La otra vía de estimación parcial del recurso es la que condiciona la constitucionalidad de algo más de veinte preceptos a su interpretación conforme a los criterios del propio Tribunal. Comparada con las demás, esta parte del fallo vendría a ser “el patito feo”, siendo generalmente escasa la atención que se le ha venido prestando. Es un error, porque al hacer uso de esta técnica de enjuiciamiento, el Tribunal salva desde luego la inconstitucionalidad del precepto en cuestión, pero no deja con ello de dar a entender que la redacción original no basta para acreditar la constitucionalidad; de ahí que el Tribunal se vea forzado a complementar in extremis esa obra inicial imperfectamente ejecutada por el legislador, como si se tratara de prestarle respiración asistida.

Más aún, tras la interpretación conforme que el Tribunal Constitucional exige, la gran mayoría de los preceptos así reconstruidos pierde el sentido que el legislador pretendió darles, quedando prácticamente privados de su misma razón de ser: es el caso, entre otras cuestiones, de los derechos históricos (no asimilables a los vascos o navarros); el deber de conocer y de usar el catalán (que no se puede imponer); los símbolos nacionales (que no han de lesionar la unidad de España); el carácter “supremo” del Tribunal Superior de Cataluña; o las competencias exclusivas de la Generalitat, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, la cláusula de inversión mínima del Estado en infraestructuras en Cataluña y los porcentajes de cesión de impuestos (ninguno de los cuales podrá menoscabar las competencias o las políticas del Estado, ni cuando proceda, las de otras Comunidades Autónomas, en los correspondientes órganos multilaterales de cooperación).

En síntesis, el fallo no afecta quizá a un gran número de artículos, pero sí a algunos de mucha sustancia. Bien puede pues afirmarse que, si no descompuesta, la médula del Estatut ha quedado seriamente cuestionada.

Solo cabe esperar que, si esa recomposición se hiciera, fuera con mayor respeto al artículo 2 de la Constitución, auténtica clave de nuestro Estado autonómico, y que el Tribunal ha tenido permanentemente en mente al pronunciar este su fallo más esperado: un artículo que garantiza por supuesto la autonomía, pero también la unidad.

*Pablo García Mexía, Letrado de las Cortes

Ya sólo falta saber cuál era el objetivo
Santiago González El Mundo 2 Julio 2010

A un amigo mío, gran sofista mediante el procedimiento de no atenrse a reglas durante las discusiones, le espetó en cierta ocasión un contertulio: "No se puede razonar contigo. estás en todas las posiciones al mismo tiempo". Hay otra martingala para tener siempre razón y escapar a la dialéctica del adversario. la movilidad, lo que podríamos definir con el título d euna novela de Ross MacDonald: ser el blanco móvil.

Zapatero las emplea las dos a la vez. "Conseguido el objetivo", dice el nota, y todos los medios lo convierten en titulares sin más. ¿Y cuál era el objetivo, si puede saberse? Eso, ¿a quién le importa? Durante la primera legislatura, y en lo que se refiere a Cataluña, la creación de una España plural y diversa, mucho más integrada y solidaria, dónde va usted a parar, que la España que Zapatero había recibido de Aznar. Después de lo catalán vendría lo vasco: los socialistas prepararon un proyecto de reforma de Estatuto para dar la réplica al proyecto de Estatuto Político no nato que conocimos como 'Plan Ibarretxe'. Tengo para no olvidar el borrador que manejaba el PSE, en el que se definía a España como una 'Comunidad Nacional', concepto que algunos desempolvamos para mostrarlo en su desnudez: creado en los albores del siglo XX por los austromarxistas, fue aplicado por todos los fascismos del siglo XX. En los años 20 forma parte de los Estatutos del Partido Obrero Alemán, creado por Hitler El concepto lo usan Mussolini, Ramiro Ledesma Ramos y era la piedra angular de cuatro de las Leyes Fundamentales del Movimiento. Aquí más detalles.

Era una cuestión histórica: conseguir que los vascos y los catalanes vieran reconocido su hecho diferencial y encontrasen acomodo en una España democrática y autonómica, por decirlo con palabras de Zapatero: plural y diversa, plural y diversa. Los cinéfilos recordarán el comienzo de 'Divorcio a la italiana': la cámara muestra las calles con las paredes llenas de carteles electorales llamando al voto. En una iglesia, el cura dice desde el púlpito: "Como sabéis, amados hermanos, hoy es día de elecciones y sin pretender condicionar el sentido de vuestro voto quiero recordaros vuestra obligación de votar a un partido que sea demócrata y cristiano, demócrata y cristiano."

Yo también he creído en una España acogedora en la que se reconocían los nacionalismos vasco y catalán. Es el error histórico de la izquierda española. Zapatero es una pieza importante en este error, pero no lo inventó él. En mayo de 1932, tuvo lugar en las Cortes republicanas el debate sobre el Etatuto de Cataluña. Confrontaron sus posiciones Manuel Azaña y José Ortega y Gasset. Azaña era un gran parlamentario y allí defendió la Cataluña a gusto en una España comprensiva y abierta. Sin embargo, el que tenía razón era Ortega: el problema catalán, a lo más que podemos aspirar es a conllevarlo, dijo. Azaña reconoce implícitamente su error en sus Diarios, concretamente een la conversación que transcribe el 29 de julio de 1937 entre el jede de Gobierno, Negrín, y él mismo.

Pero lo nuestro es tropezar dos veces en la misma piedra y aquí tenemos una España plural y diversa, gracias a un Estatuto que el nacionalismo hegemónico catalán nunca pidió en los 23 años de gobierno pujolista, pero que hoy, gracias al genio de Maragall, al PSC y al PSOE, han hecho de él un casus belli. No es que los nacionalistas de siempre no se encuentren a gusto; es que se encuentran contrariados los nacionalistas del PSC. Es la ley universal de las pistas de aterrizaje: nadie tomatierra sirviéndose de ellas. Son más bien pistas de despegue para sus constructores.

¿Recuerdan los resultados del referéndum? Diez puntos menos en todo que el Estatuto de 1979 al que sustituyó. "Conseguido el objetivo", debió de pensar Zapatero aquel 18 de junio de 2006. Dieciséis meses antes, durante el debate en el que el Congreso rechazó el Plan Ibarretxe, el propio Zapatero dijo en la tribuna:

Alguien hablaba, el señor Erkoreka, de la historia constitucional española. No es para sacar enseñanza, al menos estaremos de acuerdo en eso. Salvo en estos últimos 25 años, nuestra historia constitucional es un recetario de fracasos, una gran página de fracasos. ¿Saben por qué? Todos lo sabemos porque todos la conocemos: porque normalmente se hicieron constituciones de partido, se hicieron normas políticas con el 51 por ciento, y las normas políticas con el 51 por ciento para ordenar la convivencia acaban en el fracaso. (Aplausos.) Esa es la diferencia, que uno puede, con toda legitimidad, gobernar con el 51 por ciento, pero para construir con legitimidad un orden político, una norma institucional básica, me da igual que sea una constitución o un estatuto político -busquemos la denominación que queramos-, no sirve el 51 por ciento. Lo que expreso en esta Cámara es que busquemos el 70, el 80, el cien por cien para una norma política institucional básica de Euskadi.

En fin, no sé si me explico.

La ANLL califica la Ley del Cine de Cataluña de 'nueva burla al Constitucional'
Considera que coloca al Gobierno de Montilla como 'el enemigo número uno del sector'
 www.lavozlibre.es 2 Julio 2010

Madrid.- Para la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL), la Ley del Cine y el Código de Comercio, recientemente aprobados por el Gobierno de Cataluña, son “nuevas burlas al Tribunal Constitucional". De esta manera, la asociación presidida por Pablo Yánez muestra su disconformidad con unas normas que han levantado mucha polémica en Cataluña en los últimos días.

Desde la asociación aseguran que la sentencia del Tribunal Constitucional provoca que aumenten “las burlas que hacia este tribunal se venían produciendo desde las semanas previas a la sentencia. Con la aprobación este jueves del Código de Comercio, esas burlas ganan fuerza”.

La clave es el artículo 34 del Estatuto, que según la sentencia queda a interpretación con el término “disponibilidad lingüística”. Por ello, la ANLL teme que el Constitucional “dejará libre la sombra de la imposición, y con multa de hasta un millón de euros, algo que ha provocado incluso la abstención de CiU, padre de la criatura de la imposición lingüística”.

De igual manera, el colectivo también ha manifestado su oposición a la Ley del Cine, por la cual las películas comerciales deberán doblar al catalán el 50% de las copias. Ya desde que se empezó a gestar la nueva norma, mostraron su rechazo. La aprobación definitiva supone “la estocada de muerte. El enemigo número uno del cine ya no es la piratería, es la imposición lingüística de la Generalitat”.
 

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