AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 4  Julio  2010

   

La desnacionalización
El difuso proyecto político de ZP se ha basado desde el principio en la descreencia del concepto de nación española
IGNACIO CAMACHO ABC 4 Julio 2010

AUNQUE ha sido la crisis económica el factor determinante del desplome de Zapatero en la opinión pública, desnudando ante la mayoría de los ciudadanos españoles y los dirigentes extranjeros su incompetencia como gobernante y su frívola temeridad política, el doble mandato zapaterista contiene un elemento mucho más pernicioso que su manifiesta incapacidad para hacer frente a una profunda quiebra social y financiera: la desvertebración del Estado que tenía la responsabilidad de dirigir como primer ministro. El pésimo manejo de la recesión sólo demuestra al fin y al cabo su falta de preparación para ejercer la responsabilidad de Gobierno, una clamorosa ineptitud que cuestiona los filtros de selección de la vida pública española; la desnacionalización de España, sin embargo, constituye una estrategia de grave inconsciencia que ha comprometido, por intereses tácticos de corto vuelo, la urdimbre que sostenía la cohesión de nuestra sociedad democrática.

El Estatuto catalán es la pieza clave de esa intención disgregadora, afortunadamente embridada por el Tribunal Constitucional en una sentencia que al menos fija doctrina sobre unos mínimos infranqueables que el presidente permitió rebasar para establecer una alianza de intereses con los grupos soberanistas. Su difuso proyecto político se ha basado desde el principio en la descreencia del concepto de nación española, que todavía siendo jefe de la oposición consideró «discutido y discutible». Una vez en el poder aplicó ese relativismo suicida hasta unos términos nihilistas que suponían de hecho la transformación del modelo constitucional en un vago territorialismo confederativo, aflojando de forma decidida —mediante una oleada de reformas estatutarias regionales— los pernos que sujetaban desde 1978 el equilibrio del Estado de las autonomías. Para ello no tuvo reparos en mentir y engañar a unos y a otros, incluyendo a los propios nacionalistas, sorteando los obstáculos que él mismo levantaba con fintas improvisadas que han ido cuarteando las reglas y compromisos de la convivencia colectiva. Todavía esta semana, enfrentado a la realidad de un veredicto que pone freno a parte de su deriva fragmentadora, se ha permitido decir que el Estatuto es «básicamente» constitucional —como si un presidente pudiese conformarse con eso— y que da por cumplido el impreciso objetivo que le llevó a abrir la demencial carrera de soberanismo a la carta.

No parece, empero, que la exigencia del nacionalismo catalán se conforme ahora con el recorte del impulso al que dio alas la irresponsable dejación de las funciones presidenciales. Los primeros indicios apuntan a que, lejos de cerrar la desconstitucionalización encubierta, Zapatero se dispone a entregar, para mantenerse a flote, nuevas concesiones que avancen en esa inquietante deriva sin freno.

El Estatuto catalán o la crónica de un desastre anunciado
Roberto Blanco Valdés La Voz 4 Julio 2010

En su novela Crónica de una muerte anunciada, en la que Gabriel García Márquez logra la absoluta perfección, el lector se agarra, página tras página, a la esperanza de que al fin no pasará lo que el autor ya ha desvelado en su párrafo inicial. El proceso del Estatuto catalán ha sido el mismo: la crónica de un desastre que, mucha gente esperaba no ocurriría, aunque todo estaba inscrito en el despropósito inicial. Esta es la historia.

Maragall exigió un día elaborar otro Estatuto no porque fuese necesario, sino porque confiaba en ganar así las elecciones. Abierta la carrera, y al grito de «centralista el último», los partidos catalanes, salvo el PP, comenzaron una pelea de todos contra todos, en la que las propuestas de reforma nada tenían que ver con la racionalidad de un Estado descentralizado, sino con la enloquecida dinámica del sistema de partidos catalán. Una dinámica que Zapatero no frenó, sino que azuzó al prometer que las Cortes aceptarían el Estatuto que se aprobase en Cataluña.

Fruto de esa dialéctica infernal de oportunismos, el Parlamento catalán elaboró un texto que, además de un bodrio jurídico mayúsculo, constituía un disparate político que situaba a nuestro Estado en el confederalismo. Tal era el despropósito en el que leguleyos a sueldo y simples botarates metieron la cuchara que incluso el PSC se mostró dispuesto a hundir aquella nave de los locos con tal de poder echarle la culpa a CiU y ERC. Pero Zapatero vino en auxilio de sus socios nacionalistas, y el Estatuto, tuneado en las Cortes para engañar a los incautos, se aprobó.

Como era obvio, ese Estatuto, que rompía las costuras de la Constitución hasta dejarla echa unos zorros, fue recurrido ante el Constitucional, que, tras cuatro años, y después de haber hundido su prestigio, dicta una sentencia en la que la política vence al derecho, y envía así el peor mensaje imaginable: que todo es posible dentro de la Constitución, cuyo contenido es letra muerta.

Para completar el desatino, Zapatero, en un intento de frenar la intifada que se está preparando en Cataluña contra las reglas de juego de nuestro régimen político, acaba de anunciar, cerrando el círculo, que hará por ley orgánica lo poco que el Constitucional no ha permitido.

El balance de la aventura resulta, claro está, desolador: el PSOE, en manos de los nacionalistas; el TCE, hundido; España, metida de lleno en la dinámica confederal; Cataluña, en plena desafección al proyecto común, y el modelo territorial, abierto y camino del Estado más caro e ineficiente que es posible imaginar. ¿Y Zapatero? Zapatero, ¡el mismo que prometió resolver la cuestión territorial!, como si nada: él es, bien lo sabemos, un optimismo antropológico. ¿O era antropofágico?

Objetivo cumplido
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 4 Julio 2010

Lo ha dicho, seguro y optimista, Zapatero. El ayer no existe: el Estatuto no ha provocado ningún desaguisado en el modelo territorial, ningún deterioro institucional, ningún distanciamiento social en estos años. El mañana lo encara como el rapaz temerario al volante, tranquilos que yo controlo. Los ministros, un frente de frases a cual más tonta para eludir responsabilidades: a porcentajes, palabras y artículos ganamos, y pierde el PP, claro. Nadie en el Gobierno, jurista o no, aseguró la absoluta constitucionalidad del Estatuto. La responsabilidad, central en la política democrática, aquí no existe. A la dirigencia catalana el asunto le ha indignado.

Atentos a la primera gran manifestación contra el Estado. Su Estatuto era el que aprobó, brindando con cava, el Parlamento de Cataluña, no el que rebajaron las Cortes, de modo que se entiende su indignación con lo que ha pasado. Para Miquel Roca se rompió el pacto constituyente. Si no tanto, desde luego tocado queda porque el fallo del TC ha afectado a puntos sensibles del Estatuto. A algunos a fondo y claramente. En otros, las interpretaciones parece que rebajan la letra y la música, el aliento de Constitución que mantenía el texto ratificado en referéndum. Por algo Zapatero se ha apresurado a decirle a Montilla que hará lo que esté en su mano para reforzarlo. Para regatear al TC. Cualquiera sabe lo que hará, mucho, poco o nada, según sus conveniencias. No según su proyecto porque carece de uno que dure más allá de veinticuatro horas. En el PP, satisfacción moderada. El TC ha justificado la interposición del recurso y Zapatero, dígase lo que se quiera, ha tropezado seriamente con Cataluña. El TC decepcionante. Lento y consentidor de presiones, filtraciones, y trifulcas. Si la sentencia peca de espesa y ambigua, se necesitarán muchas más para que la gestión de la asimetría autonómica sea llevadera y efectivas la supremacía estatal y constitucional. En pudiendo, lo mejor sería parar el reloj, renovar entero el TC y revisar a fondo su ley: sus tareas, la selección de magistrados, el cumplimiento de los plazos, sus excesivas dotes interpretativas.

Lo he escrito varias veces en esta columna: desde el pacto del Tinel, Zapatero y Maragall descarrilaron el modelo y el PSOE se equivocó de medio a medio apostando por las ensoñaciones nacionalistas. Ahora estamos ya en otra cosa, ni hacerse mala sangre ni caer en melancolías, aunque se deben exigir responsabilidades. Lo importante ahora es entender y asumir que Cataluña quiere ocupar en el Estado de las autonomías una posición singular, porque tiene los mimbres para ello y la voluntad de mantenerse en esa línea. Porque puede y quiere, democráticamente. Para no allanar la senda a Carod Rovira hay que estar atentos a una sociedad que se siente distinta y en esa condición quiere ser atendida, de momento sin interés mayoritario en el independentismo.

El fallo del TC ha agitado en Galicia las ansias de reforma. Menos que nunca tiene ahora sentido el debate identitario porque el nacionalismo tuvo hace un año el 16% del voto válido, nada más. Si el PSdeG quiere imitar al PSC, que lo diga. Una declaración de derechos propia es gratuita, porque somos titulares, por españoles, de los que la Constitución garantiza. Ni están los tiempos para agrandar la administración gallega con más organismos y cargos públicos ni para ser iguales hay que copiar a Cataluña o Andalucía. Se trata de incorporar al Estatuto las competencias que faltan para mejor gestionar los intereses de los gallegos. No se requieren consensos forzados ni retóricas sin sustancia. Hay que mejorar el autogobierno, no engordarlo porque sí.

Tras la sentencia seguiremos manga por hombro. Como los habitantes, algo locos también, de aquel pueblo maravilloso donde el sol salía por poniente, podremos seguir diciendo, al menos, que amanece que no es poco.

Alejamiento peligroso
El Editorial La Razón 4 Julio 2010

De la encuesta que hoy publica LA RAZÓN en torno a los efectos que ha tenido en la opinión pública el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán se desprende un preocupante divorcio de percepción entre los catalanes y el resto de los españoles. Es comprensible, y a nadie debería extreñar, que existan diferencias de sensibilidad y que la emotividad se exprese a veces de manera opuesta. Pero lo que se deja traslucir a propósito del Estatuto va más allá y ningún político o gobernante responsable debería archivarlo a beneficio de inventario y, menos aún, aprovecharlo para sacar tajada partidista.

La encuesta tiene especial interés cuando plantea una pregunta clave: ¿a quién perjudica más la sentencia, a Zapatero o a Rajoy? Las respuestas son muy nítidas: la mayoría de los españoles estima que el más perjudicado es el presidente del Gobierno, que se erigió en el gran impulsor del Estatuto, mientras que en Cataluña se considera que el peor parado es el líder del PP, aunque el TC le haya dado en parte la razón y, sobre todo, haya avalado su decisión de recurrir. Más allá de la valoración ad hóminem, lo que subyace a estas respuestas es que el Estatuto catalán se ha vendido como un pulso entre el PP y el PSOE, en vez de lo que fue: una respuesta que los socialistas ofrecieron a las demandas nacionalistas para garantizarse el poder tanto en Madrid como en Barcelona. Las alianzas tejidas en torno a la reforma son las mismas que han permitido a Zapatero estos seis años de gobierno y a Montilla, los últimos cuatro.

En vez de abordarse con el espíritu de consenso que configuró el mapa autonómico hace treinta años, con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales, el nuevo Estatuto se planteó como un trágala al centro derecha, sobrepasando las costuras del traje constitucional. Esta polarización premeditada y alimentada por intereses partidistas ha hecho mella en la sociedad catalana, hasta el punto de que hoy, cuatro años después de abierto el proceso, el distanciamiento con el resto es mucho más acusado, más agrio y más visceral. Así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que la gran mayoría de los españoles encuestados esté conforme con el actual desarrolo autonómico, mientras que una mayoría catalana reclame más soberanía. Todo ello nos lleva a redoblar el llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad que venimos haciendo desde que se publicó el fallo del Tribunal Constitucional.

Salvo los que se aferran dogmáticamente a sus errores, como el PSOE, todas las demás fuerzas políticas coinciden en que esta reforma estatutaria ha sido una experiencia nefasta para la convivencia, negativa para la salud del Estado y desestabilizadora para Cataluña. En contra de lo que prometió Zapatero, que acusaba a Aznar de envenenar la convivencia con los nacionalismos, hoy existe más crispación, más suspicacias y más incomprensión mutua que entonces. Pero llegado a este punto, se debe exigir a los socialistas, como gobernantes en ambas orillas, que actúen con sentido de Estado, no azuzen más a una sociedad catalana necesitada de otras políticas para salir de la crisis, y retomen el camino del consenso constitucional con el PP, que nunca debieron abandonar por cordones sanitarios y pactos de exclusión.

Por el mar corren las liebres
Que el Gobierno intente burlar al Estado para congraciarse con los nacionalistas asombra y asusta
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 4 Julio 2010

QUE los nacionalistas traten de burlar al Estado es casi normal. Que lo intente el Gobierno para congraciarse con ellos, asombra y asusta. Pero es lo que intenta Zapatero, según El País, dispuesto a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir a las Autonomías tener su propio Consejo General del Poder Judicial, tachado por el Tribunal Constitucional del Estatut. Pese a que el propio Zapatero ha dicho que la sentencia «ponía fin al proceso de ampliación de la descentralización política». Pero lo que dice Zapatero no vale arriba de 24 horas. También su vicepresidenta primera ha dicho que la subida del IVA apenas tendría repercusión en los ciudadanos, después de decir la segunda que supondría recaudar 5.150 millones de euros más. ¿De dónde van a sacarlos? Porque el IVA sale del bolsillo de los españoles. Miente la una o miente la otra. Posiblemente, las dos, pues ni se recaudará tanto ni será tan liviano a los ciudadanos. Este gobierno está instalado en el engaño y la ocultación. Cada vez que uno de sus miembros abre la boca, miente, sin importarle contradecir a la realidad o a sí mismo, como acaba de ocurrir al presidente.

Lo más indignante es que nos toman por idiotas, incapaces de distinguir lo negro de lo blanco, el día de la noche. Claro que muy listos no debemos de ser cuando les hemos aguantado seis años. Pero hay diferencia entre la ingenuidad y la estupidez. Diferencia que se ha sobrepasado conforme la crisis avanzaba y apoderaba del país como una inmensa marea de chapapote. Porque a los españoles puede engañársenos, dada nuestra tendencia a dejar todo para mañana y no ocuparnos jamás de él. Pero al resto del mundo, no. ¿Cómo queremos que las agencias de calificación no rebajen la nota de España? ¿Cómo vamos a pagar una deuda cada vez mayor y más cara? ¿No se dan cuenta nuestros gobernantes de que al engañar a su pueblo, se están engañando a sí mismos, al tiempo que cavan la sepultura de todos? ¿Qué pretenden con prolongar la ficción de que las cosas están encauzadas con las medidas que han tomado, si al mismo tiempo se descalifican negando lo obvio y proclamando lo inviable? ¿No advierten nuestras vicepresidentas de que no pueden anunciar al mismo tiempo un aumento considerable de la recaudación fiscal y una incidencia mínima de la fiscalidad? ¿No se percata el presidente de que no puede aceptar la sentencia del TC y disparar un torpedo contra ella?

No sé si los niños cantan todavía aquello de «Vamos a contar mentiras/En el mar corren las liebres/y en el monte, las sardinas/tra,la,la». Sólo temo que, a este paso, no queden liebres ni sardinas en España.

No soy fan de Cataluña
No puedo ser fan de una tierra que tiene por presidente a un charnego de Iznájar que ha renegado de su nación andaluza
ANTONIO BURGOS ABC 4 Julio 2010

HAY en Madrid un nuevo Kilómetro Cero sin Puerta del Sol. Es la estación de Atocha. Yo creo que el mote ferroviario de Puerta de Atocha se lo han puesto a manera de Puerta del Sol. El machadiano rompeolas de todas las Españas es ahora el vestíbulo de entrada a la estación, con las palmeras de su falso Caribe en el microclima de húmedas neblinas, con el estanque de las tortuguitas, con sus estatuas de inmóviles viajeros de bronce. Allí confluyen todas las Españas. Atocha tiene la culpa de gran parte de la deuda y del déficit. Cada capital de provincia quería tener un Ave que la pusiera en un par de horitas en esa nueva Puerta del Sol. Y en ese rompeolas de todas las Españas demenciales que quieren su propio Ave, su propia Universidad y su propia tele autonómica, la propaganda de los que no quieren ser España. Los carteles de la campaña del «Soy fan de Cataluña», que nos habrá costado un congo. Iba con prisas para coger un Ave de viernes con operación salida y no estaba para pararme a leer anuncios en las rampas de salida y, la verdad, no me quedé con la copla de Atocha conquistada por los catalanes. ¿Será que ya han tomado Madrid las invictas tropas de Montilla? ¿Qué será eso de «soy fan de Cataluña»? Quizá lo del Guerra: «Hay gente pá tó».

Pero más tarde, ya en Sevilla, viendo el Mundial en la tele, me vino la provocación del anuncio de la Generalidad: «Soy fan de Cataluña». Unos señores conocidísimos en Tarrasa a la hora de comer, como Custo Dalmau o Gemma Mengual, sobre paisajes maravillosos, cielos pictóricos o litorales de ensueño, van diciendo: «Soy fan de los grandes escenarios», «Soy fan de hacer Historia», «Soy fan de los colores atrevidos», «Soy fan de coger aire». ¡Pues váyanse a tomar viento, porque todo lo que anuncian esos famosísimos catalanes absolutamente desconocidos en el resto de España es justo lo que lo que Dios creó y sorprendentemente el amor catalán por la pela aún no ha estropeado! La Naturaleza, gracias a Dios, no impone que se hable en catalán ni usa la Constitución a modo de papel Renova.

En buen sitio han ido a poner la era y en buen tiempo quieren aventar la parva estos catalanes. Cuando las cinco barras de su bandera son cinco versiones en estéreo de la línea roja de la propia existencia de España cuyo peligro ha advertido Aznar, vienen estos tíos y quieren que nos hagamos fans suyos. Vamos, como si fueran, ¿qué digo yo?, Paco de Lucía, José Mercé, Bisbal, Curro Romero o el Betis. Pues mire usted, sin que esto salga de Atocha ni aparezca en los anuncios de la tele, mal que le pese a don Fernando Adrián y al camelo de su nueva cocina con oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, yo no soy fan de Cataluña. «Ni Dios lo premita», que decía Lola Flores cuando le preguntaban si sabía inglés. No puedo ser fan de unos señores que no quieren ser españoles y vienen a restregarnos su separatismo hasta los tuétanos de Madrid. No puedo ser fan de unos tíos que impiden que los padres manden a sus niños a estudiar en castellano. No puedo ser fan de quienes multan a los que ponen el rótulo de su comercio en español. No puedo ser fan de una tierra que tiene por presidente a un charnego de Iznájar que ha renegado de su nación andaluza y de la lengua de Lorca y de Juan Ramón, y que usa ridículamente el pinganillo para que lo entienda el ceutí Chaves. Soy fan de Andalucía. Que es la mejor forma de ser fan de España. ¿Passssa algo?

La desafección catalana
Editorial www.gaceta.es 4 Julio 2010

La palabra, diría que en ciertos momentos la monserga de moda, es “desafección”. Aquí, en España, nunca se inventa nada, todo se recrea, de modo que durante el tardofranquismo, que yo recuerde, se tildaba de desafectos a todos aquellos individuos que se permitían pensar por su cuenta y no guardaban una simpatía obvia por el general. El desafecto era mirado desde el búnker del régimen como un sujeto peligroso sobre el que, además, se vertían todas clase de chanzas e improperios.

Ahora han vuelto los desafectos. Los periódicos (¿se llaman aún así los diarios que se editan en Cataluña?) de la región ven desafectos por todos los lugares de España. Son los que opinan/opinamos que la sentencia del Tribunal Constitucional ha logrado, apenas, sostener el último vestigio orgánico de España como Nación. Un político no tan antiguo, y que en su momento tuvo una relevancia única, dice que el dictamen se ha quedado “en el hueso del hueso”, porque debajo de eso, y desde luego por encima, ya no había más que ruina e inanidad. La desafección, en todo caso, es una constatación preocupante. Dicen, los que la denuncian, que nunca hasta ahora había existido en Cataluña este sentimiento de que ya no se puede estar con España; es más, “que no nos conviene estar con España”. No hay vínculo común que nos una a todos los que no tenemos la suerte de haber nacido catalanes con estas personas que ya no notan en su carnes la menor atracción por España.

¿Culpable?: Aznar
La desafección, al parecer, tiene responsables. O culpables, como quieran. Los análisis más elementales, y no por ello simplistas, atribuyen a José María Aznar la equivocación, la flaqueza de haber despertado esa antiquerencia con España. Pero, en realidad, ¿qué hizo José María Aznar? Recordemos: en su primera legislatura, y tras el estudiado Pacto del Mayestic, el presidente, entonces, de España, otorgó a los nacionalistas una papel preponderante, accedió, a mayor abundamiento, a muchas de sus exigencias (por ejemplo, a la desaparición práctica del Estado en Cataluña) y colocó a los convergentes en una posición mucho más relevante de la que le habían deparado las elecciones. Pero como para los nacionalistas –incluidos los que no son independentistas declarados, o sea, los accidentalistas de la Unió Democrática de Cataluña– todo es poco, cuando en la segunda legislatura de mayoría absoluta de Aznar éste decidió que ya no había “nada más que darles”, resucitaron el victimismo tan propio de los que o se accede a todo lo que demandan o es que le tienes rabia.

El ‘encaje’
Así sucedieron las cosas. Volcar sobre el ex presidente Aznar la pena dolosa de la desafección es, aparte de una demasía injusta, una enorme estupidez. Aveces, los catalanes, no todos por la gracia de Dios, resultan parecerse a esas novias empalagosas que siempre requieren un “te adoro”, mientras, claro está, exigen que el rendido amante acompañe sus requiebros con alguna dádiva más practica, digamos. Desde toda España se entiende muy poco que estos mismo personajes, tan bien situados en los periódicos que, como La Vanguardia colaboraron tan a gusto con el antiguo régimen, repitan machaconamente una expresión tan torpe e insultante como ésta: “El encaje de Cataluña con España”.

Para los que creen/creemos que un encaje sólo se produce cuando se trata de ajustar piezas diferentes, la expresión parece humillante. Salvando las distancias, pocas, es una variante de otra frase de intenciones aviesas que utilizan algunos independentistas muy a menudo: “O esto, o me voy”. No saben los catalanes de infantería, que son los más, cuánta irritación causa en todas las provincias de España esa suerte de chantaje emocional y político que cada día es más frecuente entre nosotros. Tanto enojo causa la malhadada manifestación que desde fuera del Principado se contesta contra un aberrante: “Pues que se vayan”.

Y no es eso, no es eso. Para qué decir lo que pensaría Ortega sobre el particular. Lo que sucede en realidad es que ya nadie piensa en España que lo próximo de los nacionalistas catalanes sea lo último en su susodicho encaje con España. No me refiero a los escisionistas enrabietados como Puigcercós o el aprovechado Carod, que tantos réditos personales está sacando de su colaboración con los socialistas, la cita tiene como destinatarios a los que, apenas conocen no ya la sentencia del Estatuto, sino sólo su esqueleto, se apresuraron a presentar el dictamen como, primero una auténtica ofensa a Cataluña y, después como, sencillamente, una prueba más de que no es posible “entenderse con Madrid”, otra referencia que resulta humillante y cabreante para casi todos, repito, los que no hemos tenido la suerte de nacer o vivir en Cataluña. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es dejar sentado, con todas las matizaciones que se deseen, que a partir de ese texto “ya no hay nada más”. Aznar suele afirmar que los magistrados han sido conscientes de que otro paso adelante conducía directamente al abismo, a situar a España en una posición horrenda de Estado fallido. Claro está: esta visión no coincide con el catalanismo feroz que ahora se empecina en doblegar a este Zapatero débil y medio iletrado histórica y políticamente para que se avenga a reformar, vías leyes orgánicas, o como sea (ésa es su fórmula de cabecera) los recortes morigerados que el Constitucional, con fórceps y todo, ha podido sacar.

De ida y vuelta
Y no tengan duda de que van a conseguir lo que quieran de este hombre pegado a su sillón monclovita, enfrascado además en la idea de que es un icono del reformismo mundial, de la modernidad más revolucionaria. Lo que dijo hace unos días Teresa Fernández de la Vega como resumen de los penosos seis meses de Presidencia europea de España: “Muchas generaciones de europeos se acordarán de nosotros”, es perfectamente trasladable a este otro y más preocupante asunto. Si Zapatero se empeña, y lo va a hacer, en ampliar el Estatuto hasta los límites que el Constitucional no se ha atrevido a conculcar, será cierto que muchos españoles se acordarán de lo que Zapatero, sus cuates y sus aliados dinamitadores de una Nación milenaria han hecho con el país.

La desafección por todo esto es, por lo menos, de ida y vuelta. Los voluntaristas, quizá bien encaminados, intentan que sea reversible. ¿Lo puede ser? Personalmente, lo dudo. Se han creado tantos problemas, los más artificiales, en esa gran parte de España que se llama Cataluña, que un 30% de la población regional ya no quiere revisar, repito otra vez, el término, su desafección. Sería pedagógico, y lo vamos a hacer desde este grupo y, desde luego, desde La Gaceta: vamos a explicar qué es lo que debería preocupar directamente a los ciudadanos de allí y de aquí. La pésima, hórrida, abyecta gobernación del tripartito, y la conversión separatista del catalanismo mediático no está por esa labor. Está por seguir asegurando que toda la culpa llega de la Meseta, del odiado Madrid. Esta misma semana que ha pasado escribía un periodista atolondrado: “Sólo con un autogobierno (se refería naturalmente a la independencia) total, Cataluña volverá a ser próspera”. Lo firmaba un desafecto.

El ‘lobby’ gay y políticos de izquierdas, en defensa de los homosexuales.
El ‘lobby’ gay y Sebastián quieren amordazar a Intereconomía con 100.000 euros de multa
 www.gaceta.es 4 Julio 2010

Este grupo de comunicación no ha recibido notificación escrita de la sanción administrativa

El Consejo Audiovisual de Andalucía señaló que “no se advierte la existencia de un mensaje homófobo”.La sanción será recurrida una vez que se haya recibido

Resulta cuanto menos sospechoso que un día antes de la celebración del Día del Orgullo Gay, en Madrid, el Grupo Intereconomía se haya enterado por un teletipo de la agencia Efe de que el Ministerio de Industria le ha sancionado con 100.000 euros por una falta grave al emitir un vídeo que resaltaba los “364 días de orgullo de la gente normal y corriente”.

A fecha de hoy este grupo de comunicación no ha recibido constancia escrita de la decisión sancionadora del Ministerio de Industria que dirige Miguel Sebastián. Según relata el teletipo, el Ministerio considera que el vídeo promocional de Intereconomía atenta contra la ley que establece que “la publicidad televisiva no puede vulnerar el debido respeto a la dignidad de las personas o a sus convicciones religiosas y políticas”, aparte de que “no pueden ser discriminadas por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad y opinión”.

Según el Ministerio de Industria, el anuncio se emitió 273 veces entre el 22 de julio y el 17 de septiembre del pasado año.

Esta decisión administrativa tiene su origen en una resolución del Consejo Audiovisual de Andalucía, fechada el 17 de diciembre de 2009, que resolvió la queja de una ciudadana referida a una cortinilla de Intereconomía sobre el Día del Orgullo Gay que se emitió en una televisión local de Alhamilla TV (Almería).

La resolución señaló que “el Consejo Audiovisual de Andalucía no advierte la existencia de un mensaje claramente homofóbico, en el sentido literal de que incluya expresamente un sentido de aversión o de odio hacia el colectivo homosexual”. Así las cosas, el Consejo Audiovisual de Andalucía relata que “el vídeo era un montaje de 20 segundos de duración en la que aparece una imagen fija de una mesa sobre la que van cayendo fotografías que se superponen las unas a las otras como parejas o grupos de homosexuales con obreros trabajando en una zanja, un grupo de amigos o el rostro de dos mujeres que parecen madre e hija”.

La decisión del Consejo Audiovisual de Andalucía consta de un voto particular que muestra la discrepancia con la decisión final. En este sentido, afirma que se trata de “una proposición absurda que no puede entenderse más que en un contexto intencionado políticamente”.

ENCUESTA DE METROSCOPIA
Un sondeo en El País habla de divorcio con el resto de España por el Estatuto
El País publica un sondeo de Metroscopia en el que se desgrana la relación entre Cataluña y el resto del territorio de España tras la sentencia del Estatuto. Los resultados de metroscopia hablan de "divorcio" con España.
LIBERTAD DIGITAL 4 Julio 2010

Así, un 61% de los catalanes consideran que el fallo del TC es un agravio para Cataluña, según este sondeo que ha encargado El País a Metroscopia, mientras que un 54% no comparte ese planteamiento en el resto de España. Es un divorcio entre Cataluña y el resto de España que, no obstante, en ningún caso supone un riesgo de ruptura para el país, se esfuerza en aclarar el diario.

La división en la opinión pública generada por el texto continúa. El 51% de los catalanes, según la encuesta, aseguran que el fallo no aleja a Cataluña de España, opinión que comparten el 58% de los encuestados en el conjunto de España. Sólo el 79% de los votantes de ERC creen que sí lo es.

Tal y como contextualiza el diario, en vísperas de las autonómicas de otoño, todas las formaciones catalanas buscan la forma de canalizar y rentabilizar ese sentimiento ciudadano, con la única excepción del PP, que sigue, según El País, explotando el victimismo.

La posición política de los encuestados es un importante factor en la encuesta. El porcentaje de rechazo es proporcional al teórico grado de nacionalismo de cada partido. Así, entre los votantes de ERC, un 97% nada menos se apuntan a la tesis del agravio hacia Cataluña. Entre los nacionalistas de CiU, el porcentaje baja hasta un 79% y en el PSC, se sitúa en un 54%.

En el resto de España, el porcentaje de votantes críticos con la sentencia aumenta. El Tribunal, en todo caso, no sale bien parado se opine de una u otra manera. La polémica sentencia, que ha tardado cuatro años en llegar tras sucesivos retrasos, filtraciones y enfrentamientos, ha calado en la consideración hacia la instancia.

El 54% de los catalanes niegan así la legitimidad del tribunal para dictar esta sentencia. Y el 39% de los votantes del resto de España defienden la legitimidad del TC tal y como está compuesto ahora. La opinión mayoritaria que la encuesta de El País atribuye a los españoles es que se debe buscar una salida con una negociación entre la Generalidad y el Gobierno central, algo que prepara ya el terreno para el acercamiento que Zapatero ha prometido a Montilla.

El 62% de los catalanes aseguran que ambos ejecutivas tienen que negociar y buscar la manera de recuperar las premisas catalanistas incluidas en el Estatuto. No obstante, el porcentaje baja hasta un 44% para los votantes del resto de España. Finalmente, el diario también señala discrepancias a otras posibles alternativas, como pueden ser un nuevo referéndum o una manifestación.

Una manifestación como la que han acordado celebrar todos los partidos menos el PP en Cataluña, para mostrar el rechazo a la sentencia y que sin embargo apenas congrega el apoyo del 52%. La encuesta muestra que Artur Mas está cerca de la mayoría, con un porcentaje de votos del 39%. La muestra impide hacer la traslación a escaños y se aprecia un retroceso de CiU, que El País atribuye al caso del Palau. El PSC, continúa el diario, baja dos puntos y se queda en el 24,7%, siendo aún más pronunciada la caída de ERC, que tenría casi la mitad del apoyo logrado hace cuatro años.

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Oda a Cataluña
Jesús Cacho. El Confidencial  4 Julio 2010

Imposible bucear en la historia del nacionalismo catalán sin tropezar de inmediato en con la famosa Oda a Espanya de Joan Maragall, quizá el poema que con mayor desgarro describe el drama que para la España de finales del XIX supuso la derrota ante los Estados Unidos de América y la pérdida de Cuba. El desastre de Santiago vino a poner en evidencia no solo la inferioridad militar del paquidérmico, viejo y mal pertrechado ejército colonial español, sino la situación de atraso secular de un país que parecía reñido con la modernidad y el desarrollo. “Escucha, España, la voz de un hijo que te habla en lengua no castellana; hablo en la lengua que me ha legado mi tierra áspera; en esta lengua pocos te hablaron; en la otra, demasiado”. Del profundo sentimiento de frustración que significó la “crisis del 98” surgió con fuerza el brote de un catalanismo que, en una doble vertiente, reclamaba la modernización de España en línea con los valores de la Europa mercantil e industrial de la época, por un lado, y el reconocimiento político de la pluralidad del Estado español, por otro, lo que implicaba la aceptación del hecho diferencial catalán frente a la uniformidad impuesta por Castilla.

Tras las dos dictaduras que España conoció en el siglo XX, el desarrollismo franquista de los sesenta sentó las bases para la modernización del Estado y el arraigo de la democracia. A la muerte del dictador, el nacionalismo catalán de derechas, mayoritario, participó en condiciones de igualdad con el resto de fuerzas políticas, fundamentalmente el Partido Socialista y la UCD heredera del franquismo, en el diseño político de la España Constitucional, árbol del que nacería en 1979 un Estatuto para Cataluña que otorgaba a los catalanes un grado de autogobierno superior al de la mayoría de regiones autónomas europeas. De alguna manera, la España democrática ha sido capaz, casi 100 años después del desastre cubano (“Yo vi barcos zarpar repletos de hijos que a la muerte entregabas: sonriendo iban hacia el azar, y tú cantabas junto a la mar como una loca. ¿Dónde tus barcos? ¿Dónde tus hijos? Pregúntalo al Poniente, a la ola brava: perdiste todo, a nadie tienes. ¡España, España, vuelve en ti, rompe el llanto de madre!”), de hacer realidad las transformaciones que el catalanismo proponía para el país tras la pérdida de las colonias, proceso al que ha contribuido decisivamente CiU con su papel de bisagra tanto con los Gobiernos de Felipe González como de José María Aznar.

España es hoy un país moderno en lo económico, con una amplísima base de clases medias que no existían hace tan solo 50 años, mientras que en lo político es uno de los más descentralizados del viejo continente. La constatación de ambas realidades podría hacer pensar a un observador recién llegado que las aspiraciones más queridas del catalanismo –riqueza y reconocimiento del hecho diferencial sobre la base de un territorio y una lengua propias- se han alcanzado ya, de modo que Cataluña y España tendrían que vivir ya instaladas en la normalidad de un postnacionalismo en el que los partidos catalanes tendrían que ser de derechas, de izquierdas o mediopensionistas a palo seco, como en todas partes. Nada más lejos de la realidad. Una parte de aquel catalanismo que perseguía la regeneración moral y material de España vive instalado desde hace tiempo en una deriva independentista que mezcla lo sentimental y lo político con una actitud victimista de permanente agravio frente a “Madrid”, inextricable mejunje que provoca la irritación de aquellos españoles que siguen añorando la uniformidad y piensan que “el nacionalismo nunca tiene bastante”. Es un nacionalismo que ha puesto en el frontispicio de su quehacer político el “¡Adeu, Espanya!” con que termina la oda maragalliana: “¿Dónde estás España, dónde que no te veo? ¿No oyes mi voz atronadora? ¿No comprendes esta lengua que entre peligros te habla? ¿A tus hijos no sabes ya entender? ¡Adiós, España!”.

Agotado el modelo autonómico y cuando millones de ciudadanos podían pensar que el catalanismo había alcanzado la mayor parte, si no todos, de sus objetivos fundacionales, la clase política nacionalista intentó, tras la llegada de ese pirómano de nombre Rodríguez Zapatero al que los españoles pusieron a partir de 2004 al cuidado del polvorín, ir más allá con un nuevo Estatut que venía a suponer la validación de derechos e instituciones propios de un Estat Catalá al mejor estilo Francesc Maciá: lengua preferente en el orden administrativo, reconocimiento de Cataluña como nación, poder judicial propio, Consell de Garanties Estatutaries cual Tribunal Constitucional catalán, centralismo autonómico frente a autonomía financiara municipal, etc. Ello mediante un texto profundamente antiliberal convertido en remedo de Constitución al estilo de las viejas dictaduras comunistas, que interfiere en ámbitos de derechos y libertades individuales irrenunciables en cualquier democracia occidental. Apenas un 6% de los catalanes se mostró interesado en el nuevo texto cuando se estaba discutiendo en el Parlament, según reveló una encuesta, y solo el 36,18% del centro electoral lo avaló en el referéndum de junio de 2006. Porque esta es una de las señas de identidad de este nacionalismo: su progresiva ruptura de amarras con la base social a la dice representar

El nacionalismo ha gestionado mal
En la base de ese desapego se encuentra la pérdida de prestigio de una elite política que, al margen de su verborrea irredentista, ha fracasado a la hora de hacer posible una vida mejor para el ciudadano de a pie, ha sido incapaz de ofrecer esa calidad de vida democrática que supuestamente le negaba Madrid. El nacionalismo no ha sabido gestionar. La Generalitat se ha dotado de una estructura organizativa elefantiásica que devora recursos sin medida y que se ha demostrado ineficaz para resolver cualquier imprevisto de gravedad, como se vio en el apagón de marzo de este año. Si a ello se le añade un gasto sanitario desbocado, tendremos dibujado el panorama de un endeudamiento autonómico imposible de asumir con sus propios recursos. La banca no considera hoy solvente a la Generalitat, como acaba de demostrar el intento fallido de La Caixa de sindicar un crédito de 1.000 millones que le había encargado el tripartito. Toda la banca extranjera se negó a participar. “Aquí nadie se atreve a decirle a Pujol que hemos hecho muchas cosas mal”, asegura un prominente barcelonés, “y que no podemos sostener el coste de tres Administraciones a cual más grande y más ineficiente. Esto no se aguanta, y alguna culpa tendremos los catalanes en lo ocurrido”. Cataluña ya no es la región más rica de España, como lo fue durante el siglo XX. El nacionalismo ha gestionado mal, y de eso no cabe echarle la culpa a Madrid.

El nacionalismo ha gestionado mal, y de eso no cabe echarle la culpa a Madrid
Seguramente consecuencia de la frustración que le produce el resultado de tantos años de Gobierno autonómico, Jordi Pujol ha pasado en los últimos tiempos a integrar las filas del catalanismo más radical cercano al independentismo. Para él, el fallo del TC ha sido “una humillación para Cataluña”. Tesis compartida por Miquel Roca, otro “radical”, padre que fue de la Constitución del 78 y hoy cabeza de un bufete que se está haciendo de oro gracias al monopolio que en temas legales de enjundia mantiene en Barcelona. Es otra de las características de ese nacionalismo: su capacidad para repetir los peores vicios de la corrupción que hoy exhibe la democracia española, como demuestran dos de los escándalos más recientes: el caso Millet y la operación Pretoria, redes de corrupción en estamentos públicos ambas, que afectan por igual a PSC y CiU. En el sistema clientelar que dirige esa elite política se integra, cual hermano siamés, la totalidad de los grupos de comunicación catalanes, acostumbrados a vivir de las ayudas públicas. En el cuadro solo falta esa Justicia genuina y exclusivamente catalana que reclama el nuevo Estatut, a la que cabe imaginar bien sujeta por el ronzal del establishment barcelonés, para componer el cuadro tenebrista de un Régimen manejado por ese grupito de políticos, periodistas y jueces, todos obviamente nacionalistas. Alejamiento de los ciudadanos y corrupción. Para ese viaje, no hacían falta alforjas.

La reacción del nacionalismo ante el auto dado a conocer el lunes sobre el Estatut ha consistido en negar legitimidad al Constitucional para decidir el futuro de las relaciones entre España y Cataluña. El argumento que soporta la protesta es que el criterio más o menos ilustrado de diez magisters no puede prevalecer sobre la decisión del pueblo catalán representado mayoritariamente en su Parlament, una idea que echa raíces en las insuficiencias de la Constitución de 1978. En efecto, en aras del sacrosanto consenso y por miedo a los entonces temibles “poderes fácticos”, el texto constitucional no cerró el catálogo de decisiones políticas sobre el modelo territorial, a consecuencia de lo cual fue necesario delegar en un órgano jurisdiccional –el TC- la solución de los conflictos surgidos en el desarrollo posterior del modelo. Estamos en la reedición, 80 años después, de la polémica que en 1931 enfrentó a Carl Schmitt y Hans Kelsen acerca del defensor de la Constitución. Frente a la tesis de Kelsen, recogida en la Constitución austriaca de 1920, que atribuye a un tribunal especializado el monopolio del control de la constitucionalidad de las leyes, la propuesta de Schmitt hace recaer en el Reichpräsident, en su condición de poder elegido por el pueblo, la custodia de las esencias de la Constitución cuando resulte amenazada.

Es hora de reconocer errores y rectificar
Buena parte del Estatut, por la vía de la declaración directa de inconstitucionalidad, por la vía de la ausencia de eficacia jurídica de su Exposición de Motivos o Preámbulo, o bien por la indirecta de la interpretación obligada conforme a la Constitución, ha resultado afectado por el fallo del tribunal presidido por María Emilia Casas, y con él los Estatutos que, por mimetismo, han pretendido ponerse a la cola en la orgía del ¡Viva Cartagena! autonómico en que ha devenido la España de nuestro Zapatero pirómano. Su responsabilidad en lo ocurrido es total, y tendrá consecuencias importantes en el resultado de las elecciones catalanas y en las relaciones futuras entre PSOE y PSC, aunque quizá no sea esto lo más importante habida cuenta de lo que está en juego. La sentencia del TC, desconocida todavía en su fundamentación, puede convertirse en un semillero de futuros conflictos en virtud de la interpretación que la fuerza política dominante en cada territorio vaya a hacer de la misma. Y un anuncio de nuevos recursos ante el propio TC a resultas de tales disposiciones autonómicas, porque donde hay una interpretación caben nuevas interpretaciones.

Llegados a este punto, los españoles, catalanes incluidos, se hallan ante uno de esos cruces de caminos que marcan el destino de una nación para muchos años. Si el modelo de organización territorial no está cerrado; si, además, no se respetan las decisiones del órgano llamado a dirimir los conflictos, y si, encima, el mantenimiento de dicho modelo, imposible de financiar, nos conduce a la ruina, es hora de coger el toro por los cuernos y reconocer, 32 años después, que cometimos un error, que se equivocaron los padres de la Constitución, que el “café para todos” autonómico con el que se pretendió enmascarar el hecho diferencial catalán y vasco fue un dislate, y que ha llegado el momento de corregir el rumbo asumiendo la reforma de la Constitución del 78. Operación muy difícil, cierto, porque habrá que lidiar con la intransigencia de quienes, desde la extrema derecha hasta el independentismo más ramplón, solo están interesados en echar leña al fuego (lista en la que hay que incluir al propio ZP, que ya se ha ofrecido a José Montilla para dar esquinazo al TC), por no hablar de la dificultad de desmontar los aparatos de poder levantados en estos años por los distintos virreyes autonómicos.

Los esfuerzos que tantos catalanes sensatos (“si Madrid no puede vivir sin Cataluña, Cataluña tampoco puede vivir sin Madrid”) están realizando estos días para templar los ánimos, sofocados por la sentencia del TC y la llamada a la rebelión efectuada por Montilla en la tarde noche del pasado lunes, así como la intencionada sordina que el Partido Popular le está poniendo al entero episodio, son señales que apuntan al triunfo del sentido común y alimentan la esperanza. La próxima legislatura puede ser clave, porque parece difícil que esto pueda aguantar mucho más. Dijimos el pasado domingo que Mariano Rajoy podía ser la última oportunidad de regenerar el Sistema desde dentro del Sistema. Como es precisa una mayoría parlamentaria de 3/5 para abordar la reconversión del Estado autonómico, la tarea reclamará el esfuerzo común de PP y PSOE, bloque al que habría que tratar de incorporar al nacionalismo democrático catalán y vasco. Un gran pacto de esta clase, incluso con Gobierno de coalición o concentración, no solo permitiría anclar de forma estable el futuro de Cataluña y el País Vasco dentro de la España plural, sino que, además, posibilitaría la adopción de las reformas estructurales capaces de procurar libertad y bienestar a los españoles a lo largo del problemático siglo XXI. Un gran pacto dispuesto a primar la calidad de vida democrática de los ciudadanos, en lugar de las ensoñaciones de poder de la clase política. El reto es inmenso, cierto, pero la recompensa puede ser aún mayor. Y soñar no cuesta dinero.

Rajoy certifica que España ya no se rompe
Juan Carlos Escudier. El Confidencial 4 Julio 2010

Hace cuatro años, cuando España se rompía, se materializó “la iniciativa política más respaldada de la historia de la democracia desde 1978”, tal y como la definió entonces Mariano Rajoy. Su partido desplegó por las calles de todas España mesas petitorias, evitando, eso sí, colocar al frente de las mismas a señoras con abrigos de visón para que aquello no pareciera el Domund, en las que recogió firmas en las que se pedía un referéndum sobre el Estatut de Cataluña con la siguiente pregunta: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?”.

Según el PP, un total de 4.028.396 españoles secundaron esta llamada de auxilio en defensa de la indisoluble unidad de la patria y con sus firmas, embaladas en cajas azul celeste, Rajoy presentó en el Congreso una iniciativa popular que no recabó un solo voto distinto a los de su grupo. Una hora duró el trámite aquel 16 de mayo. Tras incendiar el país de anticatalanismo, el del PP se olvidó rápidamente del asunto. Mientras, para custodiar las cajas, el Congreso tuvo que alquilar un almacén que pagan todos los españoles, tanto los que creen conveniente que España siga siendo una única nación como los que no. Allí siguen.

Con esos antecedentes, se esperaba con expectación la reacción del líder de la oposición al fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, propiciado por el recurso del PP. Por mucha indignación aparente que la sentencia haya causado en los partidos catalanistas, lo cierto es que viene a avalar el núcleo fundamental del texto, aunque desmonte en cierta medida la pretensión de construir un Estado dentro del Estado, que es a lo que podía conducir la existencia de órganos como el Consejo de Garantías Constitucionales o el Consejo de Justicia, émulos del propio Constitucional y del CGPJ. La existencia del Consejo de Justicia no debía preocupar mucho al PP, ya que apoyó en Andalucía con sus votos una réplica del mismo.

El fallo no toca la regulación sobre la lengua y, mantiene incluso la definición de nación contenida en el Preámbulo, que ni siquiera era tal porque se limitaba a dejar constancia del pronunciamiento del Parlament, con la apostilla de que carece de eficacia jurídica. A falta de conocer la interpretación que el Constitucional hace de 27 de sus artículos, el grueso se mantiene en pie. Pues bien, el hombre que entendía el Estatut como “una estrategia bien urdida para, utilizando los sentimientos más atávicos de los ciudadanos como cobertura, establecer un sistema intervensionista y de control sobre la sociedad catalana que haga depender todo del poder político” dice ahora que “hay que mirar el futuro con ánimo de concordia”. Las vueltas que da la vida.

La esquizofrenia de Rajoy tiene explicación, claro, como la tiene la fingida pataleta de Montilla ante un fallo ciertamente benévolo. No es extraño que, como se ha contado en este diario, la durísima reacción del president estuviera escrita antes de conocer el pronunciamiento del Tribunal, aunque a Alfonso Guerra y al resto de los mortales les pareciera una contradicción reconocer que se había respetado el 95% del Estatut mientras se anunciaba al mismo tiempo poco menos que el fin del mundo.

Sacando los pies del tiesto, Montilla trataba de no ceder a CiU la bandera de la defensa del Estatut en vísperas de las elecciones catalanas y, de paso, hacer más difícil que los nacionalistas catalanes se apoyen en el PP para llegar a la Generalitat. ¿Cómo podría Artur Mas, ante tan terrible recorte del autogobierno, acceder al Gobierno de Cataluña de la mano de quien lo había propiciado recurriendo su inconstitucionalidad? Así es como hay que interpretar también la afirmación del de Iznájar de que jamás pactaría con el PP, lo que daría luego pie al rifirrafe con Cospedal a cuenta de si era fascista él o su actitud.

Las claves de esta estrategia las sugería privadamente esta semana un ministro de Zapatero, para quien la actitud de Montilla respondía a esa ley de los gases, según la cual, dejar un espacio vacío o disponible es hacer oposiciones a que llegue otro y lo ocupe. Este mismo ministro se refería así a la otra gran esquizofrenia, la de los lamentos de Montilla y la desbordante alegría del Ejecutivo central: “Yo no digo que haya sido así, porque no lo sé, pero lo lógico en estos casos es que las reacciones estén pactadas. Yo mismo lo hubiera planeado de esa forma”.

Volviendo a Rajoy, su certificación de que España ya no se rompe y la moderación que sobre la sentencia ha impuesto al resto del PP, incluido a Aznar, es la demostración de que ya ha empezado a tomar clases de catalán para hablarlo en la intimidad. Su actitud responde al cumplimiento estricto de las exigencias que CiU, expresadas así por uno de sus principales dirigentes: “El PP no tendría que pedirnos nada a cambio de su apoyo y entender que lo hace como una inversión de futuro”. Obviamente la inversión de futuro sería el respaldo de los nacionalistas catalanes a una hipotética investidura de Rajoy como presidente en el caso de que gane las próximas elecciones generales y precise de su concurso.

Como se ve, a estas alturas el Estatut interesa tan poco a sus principales protagonistas como al conjunto de los ciudadanos, a los que Mas pedía que participaran masivamente en el manifestación del 10 de julio aunque no estuviera entre sus preocupaciones. Han sido cuatro años de deterioro de la convivencia y de desprestigio de las instituciones. Todo para llegar a este punto en el que hay verdadera prisa por pasar página. Nos lo podíamos haber ahorrado, sinceramente.

A España se le atraganta Cataluña. ¿Culpable? Rodríguez
Federico Quevedo. El Confidencial 4 Julio 2010

Cuando a la muerte del dictador los padres de la patria y autores de la Constitución se plantearon el nuevo modelo de Estado, llegaron a la conclusión de que frente al exceso de centralismo vivido en la dictadura, había que contraponer un modelo similar al federalismo existente en otros países como Estados Unidos, donde lo que prima es el acercamiento de la Administración a los ciudadanos por la vía de la descentralización política. El modelo casaba a la perfección con la idea de Estado liberal que fundamentó aquel proceso: un Estado abierto, plural, diverso y próximo al ciudadano, pero que en ningún caso se alejaba del principio esencial de unidad de la nación española. Se buscaba, en definitiva, la mayor participación de los ciudadanos en la vida política por la vía del acercamiento de ésta a la sociedad, al tiempo que se pretendía garantizar un mejor y más accesible servicio por parte de la burocracia administrativa. Esa idea descentralizadora se completó con un paso más que los constituyentes dieron en el caso de las llamadas comunidades históricas, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco, a las que por una razón sentimental se dotó de algo más de autogobierno que al resto –aunque luego se fueron igualando todas las autonomías-, aun sabiendo que al abrir esa puerta se corría el riesgo de que el nacionalismo nunca estuviera satisfecho, como así ha ocurrido.

La ‘cesión’ a la presión nacionalista se completó con una ley electoral que ha permitido que partidos realmente minoritarios en términos de representación nacional tengan, sin embargo, una presencia en el Parlamento que supera con mucho la que en justicia les toca, otorgándoles un papel moderador de la política nacional que no les pertenece en la medida que su anhelo nunca es el interés general, sino el particular que les caracteriza. Con todo, los constituyentes, conscientes del riesgo, siguieron adelante confiados en que la firmeza de principios de los partidos nacionales llamados a gobernar España –el PSOE por la izquierda y la UCD, primero, y el PP, después, por el centro-derecha- nunca les llevaría a traicionar la Constitución y el espíritu unitario que la impregna. Hasta que llegó Rodríguez. Seguramente los padres de nuestra Carta Magna nunca pudieron imaginar que alguna vez este país pudiera estar gobernado por un hombre sin principios y absolutamente dispuesto a todo por el poder, pero así ha sido. Lo cierto es que durante toda la Transición y los distintos gobiernos que la han protagonizado, la unidad de la Nación ha sido de las pocas cosas que ha logrado importantes consensos, de tal manera que nunca se ha llevado a cabo reformas que afectaran al modelo territorial sin el concurso de las dos principales fuerzas políticas, fueran estas reformas estatutarias o legislativas.

Tal era su entrega a la ofensiva nacionalista, que los primeros borradores del Estatuto implicaban, en la práctica, la separación definitiva de Cataluña de España

Pero al final de la última legislatura del PP las cosas empezaron a cambiar. El proceso de traición al espíritu constitucional se puso en marcha con el Pacto del Tinell, avalado por Rodríguez, todavía en la oposición, y se completó a partir de 2004, aunque todavía las dos principales fuerzas políticas llegaron a un último acuerdo en esta materia: parar el Plan Ibarretxe, pero no por convicción de Rodríguez, sino porque no le convenía a sus planes que el País Vasco se adelantara a Cataluña. Superado ese escollo, Rodríguez –el Rodríguez que dijo aquello de que respaldaría el Estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña- abrió la puerta al proceso secesionista catalán, impulsado por un Partido Socialista que, traicionando su propia idea de España, en aquella comunidad se hizo más nacionalista que el propio nacionalismo –algo que, por cierto, ya hizo en otras fechas de infausto recuerdo hace un siglo-. De hecho, tal era su entrega a la ofensiva nacionalista, que los primeros borradores del Estatuto implicaban, en la práctica, la separación definitiva de Cataluña de España. Consciente de que ni su propio partido aceptaría semejante reto, se propuso rebajar el tono de la reivindicación y, dejando de lado a los socios de su partido en el Tripartido, pactó con Artur Mas, en aquella famosa noche en que ambos se fumaron un cartón de Marlboro, un nuevo Estatuto más dulcificado pero que, en la práctica, era tan inconstitucional y tan provocador como lo que proponía ERC con palabras más gruesas.

El Estatuto se aprobó en las Cortes –pese a que muchos socialistas votaron tapándose la nariz- y en un referéndum que puso de manifiesto el escaso interés de la sociedad catalana por el asunto. Entonces no solo el PP, sino también otras instituciones, recurrieron ante el TC una norma que claramente suponía una reforma encubierta de la Constitución sin los trámites obligados para llevarla a cabo. Lo primero que hay que decir es que tanto el PP, como el resto de los recurrentes, cumplen una doble obligación moral, la de responder a la demanda de una parte muy importante de la sociedad española, y la de hacer valer la ley y el Estado de Derecho, razón por la que no puede ser censurable su actitud salvo que se haga desde una posición sectaria y, como bien dijo el jueves la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fascista. Y es que, independientemente de lo ofendidos que se sientan algunos, cuando a un partido político o un grupo de personas se les pretende negar el derecho a discrepar, eso se llama fascismo, lo miren por donde lo miren. Y el caso es que, finalmente, después de una eternidad, el TC le ha venido a dar la razón al PP: había motivo para presentar el recurso, y eso es probablemente lo que más les ha incordiado. La sentencia, para que voy a negárselo a ustedes, deja mucho que desear, porque abre muchas puertas a que Cataluña mantenga una relación con España diferente a la del resto de Comunidades Autónomas, pero al menos anula los capítulos más secesionistas del Estatuto.

Si todo esto se quedara así, y se emplazara a un debate posterior, cuando en este país las aguas bajen más tranquilas, ya no esté Rodríguez en el poder y se pueda entonces hablar de una reforma de la Constitución que sirva para blindar al propio Estado de estas ofensivas nacionalistas, podríamos decir que bien está lo que, probablemente, bien acabe. Pero no es así. Lejos de dejar reposar la sentencia –a la espera de conocer la parte interpretativa de la misma-, el presidente Rodríguez se ha mostrado dispuesto a ir más allá y, como le pide Montilla, desarrollar la parte anulada del Estatuto por la puerta de atrás, es decir, mediante leyes que vulneren claramente la doctrina del Tribunal Constitucional. De nuevo nos encontramos en manos de un irresponsable que, dispuesto a todo por mantenerse en el poder, quiere hacer saltar por los aires el Pacto Constitucional y el modelo de Estado. Miren, cuando algunos advertimos de que este tipo de aventuras son peligrosas porque rompen la unidad de la Nación, no lo decimos por decir, ni pretendemos con ellos que esa ruptura se vaya a visualizar en un mapa distinto del territorio nacional. No, miren, esa ruptura se produce cuando resulta que un ciudadano español no puede hablar en su idioma natal en Cataluña, ni rotular en su tienda en castellano, ni ver una película de cine doblada al español. Y el único responsable de que el Estado haya dado un paso atrás y haya cedido en sus funciones de defensa de la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos en aquella región, se llama José Luis Rodríguez Zapatero.

La presidenta del TC intuía que atraerse al progresista Aragón era clave para sumar también el apoyo del conservador Jiménez y desbloquear el fallo / Así logró evitar el voto de calidad
El «efecto dominó» de Casas
Madrid - Ricardo Coarasa La Razón 4 Julio 2010

Entre algún magistrado conservador el apoyo de Jiménez a la ponencia de Casas cayó como un jarro de agua fría.

Tres años, diez meses y 28 días después de que el PP interpusiese su recurso contra el Estatut, el pasado 28 de junio hubo al fin fumata blanca en el Tribunal Constitucional (TC). Suena a condena, y en cierta forma así ha sido para el crédito del Alto Tribunal, que se ha visto sometido en ese tiempo a un fuego cruzado dia-léctico sin precedentes. El pasado 19 de mayo, cuando el sexto borrador del fallo cosechó un nuevo fiasco, muy pocos confiaban en que los diez magistrados fuesen capaces de ponerse de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que dos ponentes –la progresista Elisa Pérez Vera y el conservador Guillermo Jiménez– habían fracasado en el intento y que la precampaña electoral catalana asomaba ya en el horizonte.

Ese mismo día, la presidenta del TC, María Emilia Casas, se vio obligada a dar un paso al frente. La responsabilidad de elaborar la séptima ponencia iba a ser ahora suya y en ese envite estaba en juego que el prestigio de la institución no continuase despeñándose ante la imposibilidad de dictar la esperada sentencia.

Las cartas estaban sobre la mesa desde la votación del borrador de Pérez Vera el 16 de abril, cuando el progresista Manuel Aragón se había alineado con el sector conservador para rechazar la ponencia. A Aragón se le colgó (merecidamente, como luego se demostró) el cartel de hombre clave. Para la presidenta, sin embargo, suponía mucho más: su apoyo podía venir acompañado del aval del vicepresidente Guillermo Jiménez, adscrito al sector conservador, que le eximiría de recurrir a su voto de calidad, una posibilidad que todo el mundo daba ya por segura. La sombra del ex presidente del TC Manuel García Pelayo, decisivo para que el Gobierno de Felipe González pudiese respirar tranquilo por la expropiación de Rumasa, era demasiado alargada.

«Era una batalla perdida»
«Lo de Aragón era una batalla perdida desde hacía tiempo; se trataba, por tanto, de aprovechar las partes en las que había acuerdo y buscar una fórmula para el resto: la votación por bloques», explican fuentes próximas al Alto Tribunal. En definitiva, había que dejar a un lado el preámbulo (con la polémica definición de Cataluña como nación que Aragón había señalado como «casus belli») y abordar los artículos menos conflictivos.

Pero, ¿qué cambió desde que el TC despachó los recursos de la Generalitat hasta el Pleno definitivo de cinco días después para que Aragón y Jiménez diesen el sí a Casas? En ese plazo, Casas habló con Aragón. Para la presidenta, era innecesario herir sensibilidades incluyendo en el fallo la no validez jurídica de la definición de Cataluña como nación, pero finalmente tuvo que ceder. «Aragón quemó sus naves con ese argumento –aseguran esas mismas fuentes– y a partir de ahí se vio entre la espada y la pared». La sentencia ya era una realidad. Ahora, se trataba de evitar el voto de calidad. «Hubiera sido un horror».

Pero, qué llevó a Jiménez, ponente de un borrador bastante menos permisivo que el finalmente aprobado (anulaba una veintena de artículos) a variar su postura? Según las fuentes consultadas, al vicepresidente no le hizo ninguna gracia que ni siquiera sus compañeros conservadores apoyaran en bloque su proyecto de sentencia el pasado mayo.

El revés de Jiménez
La ponencia no llegó a votarse y las versiones más optimistas apuntan que únicamente fue capaz de atraerse el respaldo de dos de sus compañeros. Otras, que ni siquiera eso. ¿Pudo afectar ese revés para su repentino cambio el día decisivo? «Jiménez siempre ha ido de la mano de Aragón en las deliberaciones sobre el Estatut y también votó con el sector progresista cuando el TC avaló la constitucionalidad del estatuto valenciano», subrayan.

Pese a esas expectativas, cuando Casas convocó el Pleno del 28-J la semana anterior no veía el camino despejado. «No pensaba que podía haber sentencia. El viernes, de hecho, no era muy optimista, porque no veía clara la votación por bloques. Sabía que sin Aragón no se atraía a Jiménez, eso seguro». Luego, todo cambió y el 1+1 de Casas surtió efecto.

El 28-J estaba señalado en rojo desde tres semanas antes
La fecha del 28 de junio como posible «alumbramiento» de la sentencia estaba marcada en la agenda de Casas. «Desde hacía tres semanas estaba prevista, sin saber todavía el medio para alcanzar el acuerdo», aseguran las fuentes consultadas. Para entonces, Casas todavía confiaba en no tener que recurrir a su voto de calidad para que el fallo saliese adelante. «En realidad, cuando estuvo más cerca de utilizarlo fue cuando se votó la ponencia de Elisa Pérez Vera, porque si entonces Aragón (dcha.) hubiese votado a favor no le hubiese quedado más remedio», añaden. Antes de que el Pleno se decantase por el voto por bloques, todavía estaba abierta la posibilidad de forzar una votación artículo por artículo, algo que –recalcan esas mismas fuentes– «sólo querían los que buscaban un fallo deslegitimado».

La democracia pobre

«El esfuerzo fiscal de Euskadi está a la cabeza de Europa. Vamos, que si no tenemos servicios suecos es porque nuestro PIB no es el sueco, y no porque paguemos menos impuestos», explica el autor, que reclama un debate serio sobre fiscalidad
J. M. RUIZ SOROA EL Correo 4 Julio 2010

No existe un momento práctico que mejor realice los ideales de la democracia moderna que el del debate público sobre la fiscalidad, puesto que a través de ésta se establece el reparto de las cargas y los derechos en los que, al final, se plasma nuestra idea de lo que es la igualdad entre los ciudadanos. Y no existe tampoco mejor índice de la pobreza de nuestra cultura política que el hecho de que, año tras año, la sociedad vasca asista indiferente al hecho de que ese debate se le escamotea por arte de birlibirloque. Es decir, por el arte del institucionalismo neoforalista que consigue hacer opacas, borrosas y secretistas las decisiones públicas en materia de impuestos. Y es que el foralismo ha consistido desde antiguo en una hábil técnica para disimular unos repartos interciudadanos de la carga fiscal radicalmente injustos mediante la ventaja que obtiene el colectivo del privilegio (los sustanciales mayores recursos obtenidos gracias al sistema de Concierto).

Parece (sólo parece) que el Gobierno quiere ahora relanzar un debate sobre la fiscalidad, ese debate que las diputaciones hurtan anualmente a la ciudadanía. Puede perfectamente hacerlo, puesto que una cosa es que el Parlamento carezca de capacidad legal en materia recaudatoria y otra muy distinta que carezca de capacidad de debate y orientación políticos en tales materias. Pero lo menos que se le puede exigir es que se trate de un debate informado, un debate serio en el que no se trate a los ciudadanos como menores de edad o débiles mentales, un debate con un poco más de altura que el de los eslóganes facilones. Pero hay preocupantes signos de que en eso, y sólo en eso, se puede quedar la reflexión pública iniciada por López.

De entrada, necesitamos conocimiento. Necesitamos información sobre aspectos estructurales básicos de nuestra sociedad, que resulta literalmente increíble que no sean todavía públicos y de fácil acceso. Por ejemplo, sobre el índice de distribución social de la renta y de la riqueza, para evaluar el grado de igualdad o desigualdad social de nuestra sociedad. Por ejemplo, un cuadro que muestre la procedencia de los ingresos públicos desglosada por tipos impositivos, y permita relanzar aquel debate clásico y fundamental (aunque hace tiempo olvidado) entre los regresivos impuestos indirectos y los equitativos impuestos directos. Por ejemplo, un cuadro que muestre dónde están realmente las diferencias de recaudación que produce el sistema vasco por relación al común español y que, de esta forma, permita al ciudadano identificar qué es lo que hacen exactamente las diputaciones con su capacidad fiscal propia. Y, por último, precisamos de una cuantificación seria y fiable sobre la evasión y fraude fiscal que se producen aquí y ahora, y de las medidas que pueden adoptarse para reducirlos.

No es serio que se inicie el debate desde el poder diciendo que «no pueden tenerse servicios sociales suecos con impuestos africanos», comparando presiones fiscales brutas de diversos países entre sí. Es archisabido que el índice de presión fiscal no mide bien lo que pretende medir porque no tiene en cuenta el nivel de renta de cada país. Si se pretende comparar el esfuerzo fiscal que hacemos los vascos con el de los nórdicos u otros europeos, utilícese un índice que mida efectivamente el sacrificio fiscal de unos y otros, que los hay. Y que por cierto arrojan resultados sorprendentes: nuestro esfuerzo fiscal está a la cabeza de Europa. Vamos, que si no tenemos servicios suecos es porque nuestro PIB no es el sueco, y no porque paguemos menos impuestos que un sueco.

Y, sobre todo, no es serio que se recurra al latiguillo simplón de «los ricos deben pagar más» sin aportar ni la más mínima explicación del por qué esos llamados 'ricos' pagan hoy poco. Para poder hacer un análisis mínimamente serio hay que empezar por establecer que el IRPF es hoy un impuesto que grava sólo a las rentas del trabajo y a una parte de las profesionales: es el impuesto de las clases medias y de unos pocos 'ricos'. Pero los ricos de verdad no tributan por el IRPF, sino por el Impuesto de Sociedades, a través de personas jurídicas constituidas para imputar las rentas fiscales correspondientes. Como decía un inspirado Fernández Ordóñez hace años, «casi todos mis amigos son ahora personas jurídicas». Y resulta que, ¡oh casualidad!, el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades en las provincias vascas es del 14%, nada menos que 10 puntos menos que en el territorio español común. Es la diferencia más notable y llamativa entre el sistema fiscal vasco y el común español. Que pretende justificarse usualmente con el llamamiento de «hay que favorecer a nuestras empresas en la dura competencia», disimulando que de paso favorece a esos 'ricos' que el lehendakari dice querer gravar de acuerdo a sus posibilidades.

Es voz común entre fiscalistas que mientras el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades no converja con el tipo marginal del IRPF se estará creando un agujero negro de irresistible atracción para las rentas empresariales y profesionales más altas, que buscarán su camuflaje societario adecuado para tributar por uno y no por otro. Y si este agujero no se corrige, y toda la facundia demagógica de 'los ricos' se limita (como es de temer) a subir un poco más los tipos del IRPF, lo único que se estará haciendo es gravar un poco más a las clases medias. Lo cual puede ser justo en sí mismo, ciertamente, pero no es desde luego equitativo cuando los verdaderamente ricos no pagan lo que deben.

Hace unos años, un correligionario del lehendakari, el hoy ministro Miguel Sebastián, escribió que era inevitable que los ricos no tributasen apenas en España, que no merecía la pena esforzarse por luchar contra ese tipo de evasión y que más valía olvidarse de ellos y centrarse en problemas más abordables. Un perfecto ejemplo de democracia pobre. ¿Podemos aspirar a algo un poco mejor por aquí?

Tribunal Constitucional
Tenemos derecho a criticar y cambiar lo que es contradictorio con un Estado democrático
ROSA REGÀS El Correo 4 Julio 2010

Al margen de cuál sea nuestra opinión sobre el Estatut de Catalunya, de que estemos a favor o en contra del torpedo en la línea de flotación que el PP lanzó contra esta comunidad; al margen de que se hayan anulado artículos que han sido aprobados en otros documentos de otras comunidades y de que estemos dispuestos a acatar lo que dicta el Tribunal Constitucional porque así lo establece la Constitución, nos creemos en el derecho de criticar, disentir y hacer lo imposible para que se debatan y cambien aspectos de determinadas leyes o incluso de la Constitución que nos parecen contradictorios con un Estado democrático. Porque lo que no dice la Constitución es que no podamos opinar sobre la actuación del Constitucional ni de ningún otro tribunal. Y mucho menos que esté prohibido pensar, razonar y llegar a la conclusión de que algo no casa en nuestra Constitución.

Por esto somos muchos los ciudadanos, y no sólo catalanes, que nos preguntamos cómo se explica que en una democracia donde se supone, se dice y se insiste, incluso por parte de los que no creen en ella, que el poder está en el pueblo a través de referéndum o de sus legítimos representantes, venga el Tribunal Constitucional -cuyos miembros no han sido elegidos por el pueblo sino por los políticos, después de años de encontronazos que les han llevado a mantener en él a varios de sus miembros 'caducados'- y esté por encima de lo que ha decidido el pueblo soberano.

Simplemente no se comprende. El Estatut fue aprobado en referéndum legal por más del 80% de los votantes, fue ratificado por la decisión del Parlamento de Catalunya, y por si fuera poco lo fue también por el Parlamento de España. Así que el pueblo de Catalunya, su Parlamento legalmente elegido y el Parlamento de España se equivocaron todos. Y el TC, tras largos meses de deliberaciones, casi siempre en contra de todo lo aprobado, ha decidido por fin que hay aspectos que son constitucionales y otros que no lo son, incluso si constan en los documentos que avalan a otras autonomías.

Todo esto no hay quien lo entienda. Por más que Zapatero se empeñe en lanzar optimistas afirmaciones de megalomanía política para intentar compaginar las múltiples declaraciones que ha hecho sobre el Estatut desde que es presidente. Y por más que, habiendo perdido el embate al que sometieron al pueblo catalán, quienes lo llevaron a cabo lancen insultos de 'fascista', como ha hecho Cospedal con el president Montilla porque éste disiente de la sentencia del TC. ¡Ella y ellos, me refiero a su partido, que en 30 años han sido incapaces de condenar el fascismo de Franco que les dio el ser!

Pero los movimientos ciudadanos poco a poco nos hacen comprender que hay que seguir luchando por lo que creemos que es justo. Aunque el centro se oponga, como siempre.

!Viva Cartagena¡
Nota del Editor 4 Julio 2010

Resuelvo el problema del título con el famoso grito de independencia, sin menoscabo de mi mas profundo respeto y admiración por Cartagena.

Si hay algo inadmisible es pretender imponer su lengua regional a los demás, pretender que los demás seamos siervos de un grupo que ha aprobado
tal disparate. Por muchos "referendums" que algunos catalanes hayan realizado, en caso alguno pueden imponer asuntos que afecten a los españoles.

El uso de tal mecanismo democrático implica que se hace con control y participación de toda la ciudadanía. Pretender que la decisión de algunos
catalanes afecte a las libertades, derechos humanos y constitucionales y a la economía y servicios públicos de los españoles es una gilipollez que no debemos dejar de denunciar.

Los catalanes que se han dejado embaucar por los políticos que pretenden seguir pastoreándolos, pues allá ellos, solo tienen que pensar un poquito
en español para darse cuenta del lavado de cerebro al que han sido sistemáticamente sometidos a lo largo de todos estos años en los que la minoría
hidalgo feudal sigue disfrutando y apropiándose del dinero de los demás.

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