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Recortes de Prensa    Domingo 11  Julio  2010

 

España existe
Los españoles hemos vuelto a nuestros peores hábitos y mucho me temo que esta sentencia no haga más que azuzarlos
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 11 Julio 2010

MENOS mal que nos queda el fútbol porque el resto es para volverse loco. Nadie está conforme con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán. Unos la juzgan demasiado estricta; otros, demasiado floja, e incluso hay quien considera las dos cosas al mismo tiempo, Que la critiquen ambos extremos ideológicos debería ser prueba de que no es mala, al buscar el punto medio. Pero eso ocurre en las democracias asentadas, donde la política está guiada por el consenso, no por la imposición de un bando sobre otro. Ese fue el espíritu de la Transición y el que impregnó la Constitución del 78. Pero de un tiempo a esta parte, los españoles hemos vuelto a nuestros peores hábitos y mucho me temo que esta sentencia no haga más que azuzarlos.

Personalmente, considero que, tal como se estaban poniendo las cosas, es la mejor de las posibles. De entrada, deja meridianamente claro, no una vez, sino una docena, que la única nación que hay en este país es España. Cataluña, y cualquier otra comunidad, puede autodenominarse nación, estado o imperio, como yo puedo llamarme Napoleón, Einstein o Leonardo da Vinci. Pero jurídica y constitucionalmente, Cataluña es una nacionalidad, como yo soy José María Carrascal. El segundo punto clarificado es que no puede descentralizarse la Justicia, cuyo órgano de gobierno es el CGPJ, y su última instancia, el Tribunal Supremo. Por último, la sentencia rechaza toda bilateralidad entre Cataluña y el Estado, estableciendo claramente la subordinación de la parte al todo. Tal vez debería haber sido más específica en algunas competencias, pero, repito, los puntos fundamentales quedan a salvo, al salvarse la unidad nacional, la prioridad jurídica y el orden legislativo.

Los catalanes pueden protestar, indignarse, decir incluso cosas tan peregrinas como que es «imprudente», como si las sentencias judiciales fueran normas de etiqueta. Cuando si de algo peca es de exceso de prudencia. Imprudente es la reacción de la clase política catalana echándose a la calle tras, primero, haber creído a Zapatero cuando le dijo que le daría lo que le pidiese. Luego, al haber hecho un estatuto claramente anticonstitucional. Y por último, no aceptando la poda de lo más anticonstitucional del mismo, Contemplando el comportamiento de esa clase política, uno comprende por qué Cataluña nunca ha llegado a ser un Estado-nación. No por imposición ajena, sino por incapacidad de sus dirigentes.

Aunque peor es decir que se trata de una derrota del PP. Si tachar 14 artículos y enderezar 27 es una derrota, no sé qué será una victoria. Aparte de que, de no haber sido por el PP, posiblemente no podríamos hablar hoy de una nación llamada España.

España como pasión
La larga galopada victoriosa de la selección en Sudáfrica ha provocado el rescate de España como pasión, pero no como la pasión inútil que definía su imaginario moral, sino como moderna forma de patriotismo
ignacio camacho ABC 11 Julio 2010

HUBO un tiempo, un tiempo demasiado largo y pesaroso, en que España era apenas una punzada de dolor moral, una maldición histórica, un ideal imposible, un fracaso colectivo. Varias generaciones de españoles solo encontraron en su país y en sus símbolos el testimonio de un sueño roto y de una esperanza malograda. El pesimismo nacional, que ilumina muchas de las mejores páginas de nuestra literatura y de nuestro pensamiento, de Quevedo a Ortega, de Larra al 98, es el fruto intelectual de la constatación de una recurrente derrota: la de la concordia, la del progreso, la de la razón, la de la modernidad. Siglos de frustraciones, páramos de desencanto, desiertos de melancolía por oportunidades perdidas e ilusiones tantas veces truncadas, por repetidas decepciones de ruina, de pobreza, de oscuridad y de mal fario. Y la presencia desoladora, sombría, consternada, del «viejo país ineficiente» de Gil de Biedma, ese cuya triste Historia siempre termina mal porque acaba dominada por los demonios del rencor y de la sangre. El viejo, lánguido, cansino problema de España.

Todo ese desencantado rosario de tristezas está hilvanado por episodios de incomprensión interna, de sectarismo cainita y de encono político, casi siempre cifrados alrededor de la eterna cuestión identitaria. De todas las naciones de nuestro entorno, España es de las más atormentadas por la duda eterna sobre sí misma, sobre su propia condición de hecho nacional, sobre su desempeño común. El interminable debate sobre la estructura y el ser de España, cuajado de particularismos egoístas, enfrentamientos territoriales y reivindicaciones fragmentarias, ha intervenido siempre como un factor perturbador de la cohesión y de la convivencia y ha producido numerosas deserciones morales del concepto de patriotismo, agravadas por la grosera manipulación y la apropiación simbólica que la dictadura franquista efectuó del patrimonio inmaterial de la españolidad. Gran parte de los ciudadanos actuales han heredado una noción patriótica enferma de recelos, tullida de prejuicios, afligida por un profundo desaliento. En contraste con este agotamiento de la esperanza, con este desfallecimiento sentimental, los nacionalismos periféricos han levantado sus banderas emotivas para construir nuevos patriotismos a su medida al amparo del generoso marco que la Constitución otorgó a las fórmulas de autogobierno en la búsqueda —ahora sabemos que fallida— de una solución para el perpetuo conflicto de las reivindicaciones de identidad. El resultado de todo ese proceso ha sido una España menguada en su musculatura emocional e incapaz de enorgullecerse de sí misma por culpa de un virus pesimista inoculado en sus generaciones maduras. Una España que pese a haber desarrollado un tránsito democrático ejemplar parece, o parecía, resignada a la insatisfacción, el cansancio histórico, el remordimiento y la culpa.

De repente, y alrededor de un fenómeno de apariencia trivial como el fútbol —«lo más importante de lo que no es importante», dijo alguien—, ha brotado en todo el país una sacudida de orgullo que exhibe en medio de una euforia sin prejuicios un alborozado sentimiento de pertenencia. Ya había ocurrido hace dos años, en la Eurocopa de Austria, cuando la selección española trituró con un éxito incontestable el malditismo que se había apoderado de su trayectoria como un trasunto de todos los fracasos colectivos de la nación. El triunfo de Viena, que culminó en el deporte más popular una emergente trayectoria victoriosa en otras modalidades —baloncesto, ciclismo, tenis, automovilismo, etcétera—, desencadenó una eclosión de entusiasmo que sobrepasaba el ámbito de la alegría épica para rescatar una pasión nacionalista integradora. Una nueva generación de españoles jóvenes, nacidos en la democracia, se reivindicaba a sí misma reflejada en los grandes deportistas como un grupo humano rebelde a la resignación y el conformismo, refractario a las divisiones artificiales y a los sempiternos cainismos cernudianos, entregado a la solidaridad y satisfecho de encarnar un país igualitario, moderno y sin deudas históricas.

La continuidad del éxito futbolístico en el torneo de mayor prestigio y valía, la Copa del Mundo, ha permitido que cristalice el optimismo como una seña de autorreconocimiento. Las multitudinarias celebraciones callejeras, con la bandera nacional como representación emblemática asumida con generalizada espontaneidad, han rescatado un patriotismo emocional e integrador desprovisto de agresividad y de rencores, sin complejos ni trabas. La selección de fútbol, compuesta por un crisol de jugadores de diversas procedencias en el que destaca una potente y estratégica representación catalana, se ha convertido en el símbolo de una España plural rebelde a los prejuicios divisionistas y las convulsiones que envilecen la vida política, un país abierto y acogedor en el que la juventud se reconoce con fluida naturalidad e impetuosa llaneza. Los valores de esa nueva nación democrática, identificada con el entorno europeo y despegada de la tradición derrotista, han estallado en las calles para rescatar una España satisfecha, al fin, de sí misma. Una España como pasión que permanecía oculta tras el impostado velo de sectarismo que ensombrece la escena pública oficial.

ESPAÑA como pasión, pero no como la pasión inútil que era hasta ahora el rasgo más acentuado de su imaginario moral. La larga galopada victoriosa de la selección, allá en Sudáfrica, ha provocado el rescate de España como motivo de orgullo y su rehabilitación como marca. Eso es lo que refleja la marea radiante de cánticos y enseñas: el autorreconocimiento de los españoles en las virtudes de esfuerzo, discreción, dignidad, solidaridad y trabajo bien hecho que han aglutinado el éxito futbolístico como un compendio de conducta colectiva capaz de rescatar nuestra maltratada imagen ante la opinión pública internacional. Una nueva forma de sentir el patriotismo, honorable y respetuoso, despojado de animadversiones arrojadizas y de malquerencias disgregadoras, reacio a dejarse secuestrar por las suspicacias y las frustraciones. Un sentimiento desenfadado, sin fantasmas, que ha dado la vuelta a la desmoralización, al abatimiento y a la tristeza, precisamente en unas circunstancias sociales críticas en que el país parece agarrotado por las incapacidades de su dirigencia, que trata de subirse al carro de la euforia popular con patético ventajismo oportunista.

El efecto balsámico de esta sacudida emotiva —que puede ser un verdadero cataclismo si el equipo nacional vuelve esta noche con el título mundial en el equipaje— ya no tendrá vuelta atrás por más que los viejos vicios públicos de desapego, inercia, corrupción y sectarismo reaparezcan cuando se disipen los ecos de la fiesta. La irrupción de una generación emergente que reclama valores nuevos es un catalizador imparable de energías colectivas a las que nadie va a poder levantar diques de fracaso. Este patriotismo emocional, vívido y desenvuelto, participativo y abierto, constituye una experiencia decisiva que permanecía pendiente desde la Transición y consolida una sentimentalidad común y un estado de ánimo diferente al doloroso lamento esencialista. Para esta gente que canta en las plazas el estribillo de «yo soy español, español, español» se han acabado las excusas del fracaso. España es, parafraseando a Blas de Otero, la camisa roja de su esperanza.

Impostura y oportunismo
Editoriales ABC 11 Julio 2010

Los socialistas catalanes van a lo suyo y se incorporan a regañadientes a un planteamiento independentista que no les va a servir para mejorar sus expectativas electorales

LA manifestación de ayer en Barcelona contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán es fiel reflejo de las maniobras oportunistas de un amplio sector de la clase política en vísperas de las elecciones autonómicas. Es falso, en efecto, que exista una unidad de acción entre los partidos y asociaciones convocantes, como demuestran las graves dificultades para alcanzar un acuerdo sobre símbolos y lemas y la ausencia de un comunicado conjunto. Los mismos líderes que ayer escenificaban una unidad ficticia se van a enfrentar sin tregua durante los próximos meses al servicio de sus intereses particulares y partidistas en unas elecciones que prometen tensión en Cataluña. El PSC ha sido incapaz de tomar una postura coherente: José Montilla encabezaba la marcha, aceptando las proclamas independentistas de otros grupos —que en teoría el PSC no asume— y refugiándose en la bandera regional como símbolo institucional. Aunque ha desempeñado su papel con escasa convicción, es inaceptable que Montilla asuma el derecho a decidir y el principio de autodeterminación, rechazado nítidamente por la sentencia. A su vez, Rodríguez Zapatero mira para otro lado y el PSOE pretende echar la culpa de todo al supuesto «anticatalanismo» del PP. El caso es que los socialistas catalanes van a lo suyo y se incorporan a regañadientes a un planteamiento independentista que no les va a servir para mejorar sus escasas expectativas electorales.

Es notorio que ayer se sumaron a la manifestación múltiples entidades que configuran la parte del tejido social catalán que vive de subvenciones públicas y paga en especie la deuda contraída con los partidos que controlan las instituciones. Muchos miles de personas respondieron en las calles de Barcelona al llamamiento del tripartito; pero también muchos otros miles han preferido disfrutar del fin de semana y aguardan con ilusión la final del Mundial, dejando al margen a unos líderes partidistas a quienes se reprocha —con razón— que actúan con impostura. Una vez que se ha pronunciado el supremo intérprete de la Constitución, la sentencia debe ser acatada por todos. Por tanto, no valen los atajos ni las artimañas jurídicas para eludir los principios esenciales confirmados por el TC. El presidente del Gobierno puso en marcha un proceso de reforma constitucional encubierta que ahora deja secuelas en forma de actitudes radicales y deterioro de las instituciones.

En todo caso, hay que cumplir las reglas del juego y nada justifica una protesta, por ruidosa que fuera, para reclamar el incumplimiento de una sentencia y deslegitimar al Tribunal Constitucional.

Cuando la irresponsabilidad azuza el independentismo
EDITORIAL EL MUNDO 11 Julio 2010

LA MULTITUDINARIA manifestación de ayer en Barcelona contra el fallo del Tribunal Constitucional sirvió, como era de prever, de megáfono y trampolín para el nacionalismo radical. La escenografía, con abrumadora presencia de banderas independentistas, y la profusión de lemas contra España borran del mapa cualquier otro matiz que pretendiese dársele al acto.

El error de Montilla al convocar y calentar la marcha le convierte en cómplice de lo ocurrido. El presidente de la Generalitat jamás debió abanderar la protesta contra el Tribunal. Al hacerlo, azuzó irresponsablemente el enfrentamiento entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado, de las que él mismo forma parte y recibe legitimidad. Pero además, resulta esperpéntico ver a un miembro del Comité Federal de un partido que se define «Español» al frente de una marcha contra España, la más numerosa de nuestra historia. No cabe mayor deslealtad.

Sería una equivocación taparse los oídos y cerrar los ojos a lo ocurrido ayer en la calle, tanto como no analizar las causas que han llevado a este punto. De entrada, resulta paradójico que cuando Cataluña lleva tres décadas gobernada de facto por el nacionalismo, cuando tiene mayores cotas de autogobierno que nunca y goza de una autonomía que ni siquiera alcanzan a soñar comunidades históricas de otros Estados de nuestro entorno, el sentimiento que existe en buena parte de la sociedad catalana y de sus dirigentes es el de ser un pueblo sojuzgado.

Desde esa perspectiva se explica, por ejemplo, que el grueso de los partidos catalanes haya arremetido y calificado de «provocadores» a los mismos magistrados que han hecho lo imposible por validar la mayoría de artículos de un Estatuto radicalmente inconstitucional y que han acabado salvando el 95% del texto. Bien puede decirse que no encontrarán otro Tribunal más condescendiente con sus aspiraciones.

Si en realidad Cataluña quiere alumbrar una soberanía política propia, distinta de la española; si pretende que su definición como nación tenga un sentido jurídico; y si busca que sus instituciones mantengan una relación de bilateralidad y al mismo nivel con las del Estado -y todo ello se consignaba en el Estatuto-, lo que deberían hacer sus representantes políticos es plantear una reforma de la Constitución.

Bien es cierto que podrían aducir que el propio Zapatero prometió que aceptaría el Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña. La metedura de pata del presidente del Gobierno, que dio alas a reivindicaciones maximalistas, ha contribuido a este desenlace. Ahí tiene el fruto de su operación oportunista de sumar a la izquierda con el nacionalismo, cuando son opciones que encarnan valores antitéticos.

La verdad es que Zapatero se propuso acabar con los debates y las tensiones en torno al modelo de Estado y ayer pudo ver con toda crudeza el fracaso de su propósito. Las enormes pancartas exhibidas en favor del Estat Català recordaban dramáticamente a la proclamación unilateral realizada en octubre de 1934 por Companys.

Al Gobierno y al PSOE se les ha vuelto en contra el Estatut como un bumerán. No pueden arremeter contra el Constitucional, porque hacerlo sería asumir que el Tribunal ha mutilado el texto que ellos han defendido como plenamente legal. Pero tampoco quieren pararle los pies a Montilla, con el PSC a las puertas de las elecciones.

Es ridículo acusar al PP de estimular el independentismo -como interesada y machaconamente defienden los nacionalistas y la izquierda- y luego ver a Montilla al frente de la grey soberanista, como un pelele en sus manos. Al final, la imagen del molt honorable siendo perseguido por los radicales al grito de «botifler» (traidor) y teniendo que refugiarse a toda prisa en un edificio oficial es el triste colofón a tanto despropósito y la prueba evidente de que la situación le ha acabado estallando en las manos.

De gigantes, pigmeos y farsantes
pedroj.ramirez@elmundo.es
P.J. RAMÍREZ – EL MUNDO  11 Julio 2010

El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos Earl Warren, famoso por su tan extenso como contestado informe sobre la muerte de Kennedy, decía que «mientras las conquistas del ser humano se reflejan en las páginas de deportes, sus fracasos suelen ser los que ocupan las portadas de los periódicos». Desde el mismo día de su nacimiento, EL MUNDO ha resuelto esta paradoja publicando muchas noticias de fútbol, tenis, ciclismo o baloncesto en su portada y nos sentimos especialmente orgullosos del tono cosmopolita de nuestra sección de Deportes, concebida como plataforma de lo que es a la vez un abigarrado retablo de pasiones y el mayor fenómeno cultural contemporáneo.

Otros, que alardearon incluso de la fantasía fundacional de no publicar información deportiva, han tenido que rendirse a la evidencia. El deporte puede ser el opio del pueblo, pero también una excelsa expresión de talento y entrega colectiva que canaliza los sentimientos de identificación y pertenencia de las personas. Benditas sean estas «guerras sin el sentimiento de culpa», como decía ya en el siglo XVIII el poeta inglés William Somerville, sobre todo cuando las ganamos nosotros. Y, sobre todo, cuando nos ayudan a entender, como viene sucediendo estos días con providencial elocuencia, la clave de lo mejor y lo peor que nos ocurre.

El resumen del resumen de estas jornadas memorables es que mientras el miércoles el acrobático testarazo de un mocetón desgreñado de La Pobla de Segur y los portentosos reflejos de un galán mostoleño de patronímico vasco culminaron el grandioso esfuerzo de un equipo de superdotados procedentes de todas las regiones españolas para alcanzar la antesala de la gloria, ayer sábado varios cientos de miles de «españoles que se creen no serlo» -Madariaga dixit-, encabezados por un farsante oportunista, se manifestaron en Barcelona para exigir que esto no pueda volver a repetirse.

Y es que no hay más claro compendio del espíritu separatista del Estatut que sus pretensiones en materia de selecciones deportivas, incluidas, cómo no, en el capítulo dedicado a la «acción exterior de la Generalitat» -véase el artículo 200- que ha superado intacto el esperpéntico parto de Torcuata. No una sino mil veces hemos oído a todos los partidos de ese rincón nororiental de la península, con excepción del PP y de Ciutadans, reclamar el derecho de la «nación» catalana a competir en los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol frente a la nación española. O sea, que Puyol le hubiera metido su golazo a Casillas… o Casillas hubiera neutralizado con su paradón el remate de Puyol… o ninguno de los dos habría llegado demasiado lejos por separado.

Entendemos muy bien ese mensaje: ya que hay algo en lo que no tiene vuelta de hoja que la unión entre españoles hace la fuerza, vamos a ver si nos lo cargamos, no sea que cunda el efecto contagio. Con franqueza, a eso -cambiar para peor, separarse para ser más débiles- se le llama mear y no echar gota.

Con cinco titulares en el equipo que eliminó a Alemania y otros dos cracks en el banquillo, Cataluña es la comunidad que más jugadores aporta a la selección nacional. Sin embargo, esa simbiosis decisiva con un portero madrileño, un defensa sevillano, un centrocampista guipuzcoano y otro albaceteño o un delantero asturiano y otro canario es considerada por la clase política y los popes mediáticos barceloneses como algo vergonzante que debe ser escamoteado o al menos camuflado en los espacios públicos. De ahí la respuesta de Jorge Lorenzo cuando Alejandro Sanz le reprochó su negativa a exhibir no ya la bandera española sino la propia camiseta de la selección tras su victoria de la semana pasada en Montmeló: «Aquí en Cataluña es complicado salir con ella. No quiero problemas».

El episodio demuestra que por mucho que vaya a convertirse en nuestro primer campeón del mundo en la mayor cilindrada, Lorenzo no ha pasado todavía de ser un chavalín que monta en moto y está muy lejos de la consistencia personal de un Gasol o un Nadal, cuyas experiencias cosmopolitas no han hecho sino reafirmarles en que la única manera natural de proyectar a Cataluña o Baleares en el mundo es como partes de una España a la vez cohesionada y diversa. Pero el acoquine es libre y es indiscutible que ese clima de coacción antiespañola existe, pues 30 años de gobiernos nacionalistas -incluidos estos nefastos tripartitos en los que el PSC ha vendido su alma por el poder- no pasan en balde para la vida pública de una sociedad.

Hace tiempo que tenía ganas de escribir que jamás había sentido primero tanta vergüenza ajena y enseguida tanto desprecio por un rebaño a la vez ovino, caprino y porcino como el día en que el minuto de silencio en memoria de Juan Antonio Samaranch fue acogido con una nutrida pitada en el Camp Nou. Nunca tantos le debieron tanto a uno solo en un mismo sitio como los barceloneses al hombre irrepetible que puso su nombre en el mapa de la globalización a través de los Juegos del 92. Ese abucheo póstumo sonó como los cañonazos con que el imbécil del marqués de Sully desmochó las torres de su maravilloso castillo del Loira cuando, al abrazar las ideas nuevas, decidió aplicar con rajatabla arquitectónica la egalité revolucionaria. Claro que hoy me desquito, pensando que nadie habría sido tan feliz con la victoria de una selección nacional plagada de jugadores de Sabadell, Tarrasa o Arenys como este grande de España que quedará a la vez como el catalán más universal del siglo XX.

Con la excepción de Duran Lleida, que nunca ha creído en los mitos circundantes, hace años que la clase política catalana dejó de tener el problema de cómo desembarazarse de alguien que destaque. El raquitismo político de sus intérpretes ha venido a enfatizar la inanidad intelectual del nacionalismo cuando se trata de afrontar los problemas reales de una sociedad sacudida por crisis de gran calado. Y conste que esta re- flexión la hago extensiva a todos los patrioterismos, hasta el extremo de que si España no existiera yo no sería partidario de inventarla.

Pero al menos el nacionalismo mantiene su coherencia irredentista, tanto en sus expresiones moderadas como radicales, como respuesta romántica a la racionalidad del Estado moderno. Pedirle a Convergència que dé por cerrado el proceso de transferencias es como plantear a la Asociación de Amigos del Bistec que se hagan vegetarianos. Y bastaba visitar la página de e-noticies -web de referencia de la información en catalán- para contemplar el ambientazo que había en el principal casal de Esquerra Republicana en Barcelona, desde que los admirados alemanes empezaron a competir por la pelota con los «gitanos» de la «puta» España. Sí, ésas eran sus exclamaciones. Contentos se fueron a la cama los chicos de Carod y Puigcercós…

Los temores de los líderes independentistas a que este fin de semana hubiera en los balcones más banderas españolas que senyeras prueban hasta qué punto consideran una prioridad romper la unidad victoriosa de la selección nacional de fútbol. Por algo las páginas webs de aquellos de sus compinches a quienes mejor se les entiende todo estaban plagadas de banderas alemanas, y desde el miércoles alternan los insultos al «botifler» y «feixista» de Puyol con las enseñas holandesas. «El domingo iré con Holanda», ha declarado el tal Santiago Espot, promotor de campañas tan ejemplares como los silbidos al Rey en la final de Copa o las denuncias contra los comerciantes que no rotulen en catalán.

El que Montilla haya quedado retratado ayer en compañía de esta tropa, precisamente en el momento en que más embarazoso e inconveniente podía resultar para él, es un acto de justicia poética. El muy impostor tenía preparados el discurso de repudio y la convocatoria de la manifestación antes de conocer cuál era la sentencia del Constitucional, pero no contó con el calendario del Mundial. De ahí que hasta el último momento tratara de buscar un pretexto para echarse atrás a cuenta de la pancarta y la consigna. Al final sus socios y compañeros de viaje le cerraron toda escapatoria al acceder a que los lemas Som una nació y Nosaltres decidim -equivalente al que ETA impuso a Zapatero en el proceso de paz- no figuraran en el centro sino en los laterales de la pancarta. Ha sido una manera de ponerle aún más en evidencia: Montilla quería encabezar una manifestación soberanista, pero sin que se notara que lo era. Y, claro, como dijo Oriol Pujol, «cuando uno hace una cosa que no se acaba de creer, termina metiéndose en un problema».

Montilla es como aquel tosco e iletrado pescador napolitano, paradigma de demagogos, llamado Massianello, que a comienzos del siglo XVII empezó enfrentándose al virrey, logró imponerle sus condiciones y cuando fue elevado al poder y se creyó que de verdad podía ejercerlo terminó siendo liquidado por sus seguidores más radicales. En su loca huida hacia delante, el otro día llegó a acusar al PSOE de «esconderse» y tener «miedo al federalismo» frente a un PP que «le ha comido la moral». ¡Como si un Estatut basado en la bilateralidad y en la exigencia de competencias vedadas a todos los demás fuera una expresión de federalismo y no de insolidaridad!

Si hubiera que reproducir en la selección los esquemas que los nacionalistas y Montilla se empeñan en hacer tragar al conjunto de los españoles, los siete jugadores catalanes aprovecharían su número y su fuerza para reunirse por separado con Del Bosque e imponerle cuotas en la alineación y baremos diferentes en la distribución de las primas. Sería la garantía del fracaso del equipo, tal y como le ocurrirá antes o después a nuestro Estado constitucional.

Es una lástima que en el tira y afloja sobre la pancarta de la cabecera no se incluyera también la música de la manifestación, pues el resto de los convocantes podrían haber cedido en todo a cambio de que al paso de Montilla siempre sonara L'Opportuniste del gran Jacques Dutronc. Bastaría cambiar la mención del «comunismo» por la del nacionalismo para que su primera estrofa quedara perfecta: «Je suis pour le nationalisme/ Je suis pour le socialisme/ Et pour le capitalisme/ Parce que je suis opportuniste».

La mayoría de las estrofas posteriores ni siquiera precisarían el más mínimo lifting. Por ejemplo ésta: «Je suis de tous les partis/ Je suis de toutes les patries/ Je suis de toutes les coteries/ Je suis le roi des convertis». O no digamos esta otra: «Je crie vive la revolution/ Je crie vive les institutions/ Je crie vive les manifestations/ Je crie vive la collaboration».

Pues bien, ahí tienen al Conde don Julián, al obispo don Oppas, a este Iscariote de tres al cuarto que se entiende por el pinganillo de la traducción simultánea con su compadre Manolo Chaves, evita a sus hijos la inmersión obligatoria que impone a los de los demás y necesita sacar los apuntes hasta para escribir una dedicatoria en catalán; ahí le tienen encabezando una manifestación antiespañola en la víspera de la primera final española del Campeonato Mundial de Fútbol.

«Pobre converso: teme la insignificancia y se abandona a veces a la melancolía, sin saber que tiene ante sí un horizonte agónico porque ya está muerto». ¿Cómo no dedicar este epitafio, extraído del estupendo artículo que el ensayista Higinio Polo publicó hace ya unos años sobre los chaqueteros, a este tonto útil al que todos los focos han sorprendido haciéndoles el juego a quienes pretenden que Carles Puyol no siga sumando su inteligencia, su pundonor y su estado de gracia a los de Iker Casillas?

«Conocer el catalán no es jurídicamente exigible»
Declara que el castellano «no puede dejar de ser lengua vehicular»
PALOMA CERVILLA / MADRID ABC 11 Julio 2010

El Tribunal Constitucional ha querido dejar muy claro cuál es la importancia del castellano en Cataluña, tumbando el artículo 6.1 que obliga a usar el catalán como lengua de uso preferente de las Administraciones Públicas. Así, justifica su rechazo con el argumento de que «toda lengua española es de uso normal por y ante el poder público» y que, en consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones Públicas catalanas que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales».

Junto a la inconstitucionalidad de este artículo, la sentencia reinterpreta otros como los relativos al catalán en la enseñanza (35.1 y 2) el catalán como lengua propia y deber de conocer (6.2), los derechos lingüísticos de consumidores (34), el uso del catalán ante el TC y tribunales estatales (33.5) y el uso obligatorio en lasAdministraciones Públicas (50.5). Así, señala que conocer el catalán no es jurídicamente exigible.

En relación a la obligatoriedad en el sistema educativo, el TC deja claro que «el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza». En este sentido, aunque reconoce que «el catalán debe ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza», no es la «única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano».

Sobre la relación con las administraciones públicas, señala que «el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas».

El problema no es Montilla, es el PSOE
EDITORIAL Libertad Digital 11 Julio 2010

Por más que se quiera confundir a los españoles con el juego de siglas del socialismo según los territorios donde opera, lo cierto es que el PSOE, actualmente al frente del Gobierno de España y de la Generalidad, ha sido el organizador de la manifestación en contra del orden constitucional y el estado de Derecho celebrada ayer por las calles de Barcelona.

José Montilla es miembro del PSOE, ha sido ministro del Gobierno de la Nación, representa en Cataluña la principal autoridad del Estado y en calidad de tal ha instigado a las terminales separatistas para echarse a la calle reclamando lo que de sobra sabe, o debería saber, no cabe en la Constitución a pesar de la terrible andanada que le ha dirigido esta semana precisamente el órgano que debe velar por su vigencia.

A la manifestación de ayer acudió lo más granado del separatismo subvencionado, cuya principal razón de ser es precisamente actuar de agitador del sentimiento antiespañol de una minoría de catalanes. No es extraño, porque los varios cientos de entidades sedicentemente culturales, profusamente subvencionadas desde todos los órganos de la Generalidad, se limitan a cumplir con el papel que exige su vasallaje, pero lo que resulta asombroso es que en el centro de esta operación, ilegal en el fondo y grotesca en las formas, aparezca un partido político, el PSOE, cuyos cargos electos han jurado cumplir y hacer cumplir la norma contra la cual se rebelan sin el menor recato.

Ni siquiera la cercanía de las elecciones en Cataluña puede disculpar el hecho de que un partido con la más alta responsabilidad de gobierno en aquella región y el resto de España se subleve contra el actual ordenamiento jurídico, porque la Historia acredita que las derivas revolucionarias que se inician con apoyo de las instituciones tienen terribles resultados y muy difícil marcha atrás.

José Luis Rodríguez Zapatero es, en tanto que Secretario General del PSOE, el principal culpable de que su partido haya alentado una operación que busca sin disimulo acabar con la unidad de la Nación española, cuya existencia es el fundamento mismo de nuestro sistema democrático. Suya es la principal responsabilidad de que este golpe de estado difuso por institucional haya adquirido carta de naturaleza en las calles de Barcelona sin que quepa la menor matización, por más que los miembros de su gobierno intenten aparentar que lo normal en un país serio es que el partido que gobierna organice manifestaciones en contra del orden constituido que tiene la obligación de defender.

Zapatero no estuvo físicamente ayer junto a su compañero de partido José Montilla pero tampoco era necesario, porque los españoles saben que si el cordobés protagonizó este sábado esa peligrosa astracanada es porque cuenta con la aprobación de su jefe. Como ocurre desde hace seis largos años, el problema no es el nacionalismo; es el Partido Socialista Obrero "Español". El PSOE de Zapatero.

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El final de la escapada
«El pacto del Tinell con el que Zapatero sentó las bases que le han sostenido en el poder prueba su sectaria concepción de la política, que ha querido sustituir la confrontación democrática por la deslegitimación del adversario»
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 11 Julio 2010

Para alguien que lleva más de seis años gobernando a salto de crisis, lo que está ocurriendo a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional parecería a primera vista más de lo mismo: la continuación de ese modo divisivo de entender la política en el que Rodríguez Zapatero cree brillar; la permanente recreación del enemigo -el PP- como argumento cohesivo de esa suma de minorías que hasta ahora han otorgado al PSOE su ventaja electoral.

En esa tendencia irrefrenable a la fabricación de crisis, Rodríguez Zapatero ha exhibido su profundo desdén hacia los consensos fundacionales del sistema constitucional. El apóstol del talante y el diálogo ha demostrado ser un fiel continuador de la peor tradición política española de exclusión del adversario. Y si el abuelo fusilado pasa por ser su conexión emocional con la República, su parentesco político y su gusto instintivo por aquélla radica en la sectaria reinterpretación azañista del régimen republicano que Rodríguez Zapatero ha querido importar al sistema de la Constitución del 78.

La operación estatutaria catalana, promovida a dúo por Maragall y Rodríguez Zapatero, condensa bien todos estos elementos con los que el presidente del Gobierno amuebla su política. Pero expresa también los límites de esa estrategia de exclusión, tantas veces intentada. Aquel «apoyaré lo que apruebe el Parlamento de Cataluña» señaló el comienzo de lo que podríamos denominar el 'zapaterismo' y puede marcar su final. El pacto del Tinell con el que Rodríguez Zapatero sentó las bases que le han sostenido en el poder se ha convertido en la prueba de cargo de su sectaria concepción de la política, que ha pretendido sustituir la confrontación democrática por la deslegitimación del adversario.

El desenlace de la operación estatutaria en Cataluña parece marcar el final de la escapada para Zapatero por dos razones fundamentales. La primera, porque el Estatuto catalán ha quedado en evidencia como una mera operación de poder del socialismo español -PSC y PSOE-, revestida con la retórica de la 'España plural'.

La segunda, porque esa operación se basaba en un presupuesto indigerible para el sistema democrático como es la exclusión del primer partido de la oposición.

Las dos audiencias a las que se dirigía Zapatero se ven de nuevo defraudadas. La catalanista se encuentra con que el Estatuto es algo así como un título político 'subprime' que compró confiando en el aval de solvencia que el propio presidente del Gobierno le había concedido. Y la del resto de España, que puede preguntarse qué pasó con aquellas garantías según las cuales el Estatuto catalán haría posible, por fin, el 'encaje de Cataluña en el Estado'. La consecuencia es que los socialistas se han quedado manifiestamente solos cuando pretendían encabezar de nuevo un ataque concertado contra el PP para esconder el efecto de la sentencia. Un fiasco no menos visible que el de Montilla, que no ha encontrado solución mejor que taparse con la 'senyera' y salir a la calle para manifestarse contra una sentencia que sus compañeros en Madrid afirman que avala plenamente el Estatuto.

Está claro que el pueril triunfalismo del Gobierno al proclamarse vencedor en la sentencia y declarar la derrota del Partido Popular no ha convencido a casi nadie. Tampoco a Montilla.

Lo que se puede concluir del fallo es que, si bien la amputación del Estatuto ha sido limitada, con la reinterpretación de 27 artículos y la declaración de ineficacia del Preámbulo, el Tribunal ha practicado una significativa esterilización química del texto. La sentencia no es modélica, pero tampoco inocua. Con todas sus carencias, y aun siendo manifiestamente mejorable, fija límites y define elementos estructurales del Estado autonómico que habían llegado a considerarse disponibles para los estatutos.

La respuesta de Rodríguez Zapatero ha sido la de ofrecer mecanismos para eludir el fallo del Tribunal. Es decir, el presidente del Gobierno, en vez de favorecer la asimilación de un fallo que debería estabilizar el modelo autonómico, se ha comprometido a lo contrario, a fomentar la conflictividad, a continuar con la precariedad, a no dar tregua en este tejer y destejer institucional. De nuevo, la crisis como instrumento de gobierno.

En términos de réditos electorales, no hay duda de que el Estatut ha sido rentable para los socialistas. El PSOE ha hipotecado su discurso a la estrategia en Cataluña consciente de la importancia decisiva de esos votos. El problema para Zapatero es que debe mantener muy alta la rentabilidad electoral de su apuesta radical-catalanista para que el PSOE siga aceptando sin tensiones insuperables esa hipoteca.

Pero las cosas no apuntan en dirección al éxito electoral de los socialistas en Cataluña, sino todo lo contrario. Si se confirma lo ya probable, que los socialistas pierden la Generalitat en las elecciones autonómicas de otoño, esos comicios pueden dirimir algo más que el Gobierno catalán. Ése será el momento en que muchos socialistas dirán que tienen que replantearse algunas cosas importantes, y abogarán por que el péndulo nacional del socialismo se disponga a oscilar. Todo el socialismo sufrirá los efectos de esa derrota, que será vista como la imagen en negativo de aquella otra en la que Zapatero, saludando desde el balcón del Palacio de la Generalitat, abría su apuesta de poder, ahora ya sin apenas capital político que la sostenga.

La interpretación constitucional, un filón inagotable
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 11 Julio 2010

Comencé esta columna conociendo el borrador publicado por El Periódico gracias a una filtración que, entre nosotros, parecen formar parte del contenido esencial del derecho a recibir información veraz. Hoy, conocida ya la sentencia se comprueba que el borrador nos contó ya lo principal del asunto y que, en efecto, la filtración nos había proporcionado información veraz. Queda por saber lo que al respecto hará el Tribunal Constitucional que, apuesto, será nada.

El asunto está bastante claro, aunque habrá que esperar a leer con detenimiento la sentencia completa y los votos particulares, alguno de los cuales sostendrán no ya una opinión distinta sino una muy diferente concepción del Estado de las autonomías. La mayoría del TC, dejando a un lado el enredo sin sentido sobre el preámbulo que no merecía tanto énfasis y algunas cuestiones cuya inconstitucionalidad era evidente como la del Sindic des greuges o las que afectan al poder judicial, lo cierto es que ha sido partidaria de la interpretación más favorable a la descentralización, al aumento de competencias de las Comunidades, a su libre expansión. Por eso interpretan muchos artículos del Estatut con las técnicas con las que se argumentan en favor de la causa que se apoya. Es lo que han hecho los magistrados de la mayoría.

Defienden que los contenidos de un Estatuto de Autonomía pueden llegar a ser amplísimos, no limitándose a, como dice el artículo 147 de la Constitución, fijar la denominación y el territorio de la Comunidad Autónoma, sus instituciones y competencias. Un Estatuto puede contener derechos, definir el alcance de las competencias estatales, perfilar el poder del Estado y el ámbito de sus normas. No son Constitución, pero casi. El TC es el único que puede declarar la inconstitucionalidad del Estatuto y lo hace en contadas ocasiones y cuando no le queda más remedio. Para no llegar a eso el TC ensaya interpretaciones, muy forzadas para unos, correctas para otros.

Un sencillo ejemplo: cuando leemos que Cataluña tiene símbolos nacionales, o sea, de nación en el lenguaje común y político, el TC dice que no se refiere a los de la nación porque Nación no hay más que una, sino a los de Cataluña como la nacionalidad que es. Podía rechazar el término pero no, el TC lo admite y le cambia el significado. En otras ocasiones el TC se vale de los recursos propios del lenguaje jurídico para decantarse a favor del Estatuto. Por ejemplo, cuando un artículo atribuye una competencia o una facultad a Cataluña y añade la coletilla elusiva de "en los términos que la ley establezca", el TC acepta la técnica y dice que hay que esperar a lo que esa ley diga en su momento.

De esa forma mucho de lo que el Estatuto dice queda, de momento, en pura hojarasca, pero queda en el Estatuto y veremos que pasa más adelante. Es lo que sucede con bastantes derechos que reiteran los de la Constitución. Nada añaden pero ahí quedan y en el futuro, ya se verá. O lo que ocurre con la llamada disponibilidad lingüística que obliga a un comerciante a atender a un cliente en la lengua en que este pida ser atendido, en los términos que diga la ley. El TC lo deja estar, pero queda en el Estatuto para cuando llegue el momento. Muy arriesgado. Como cuando sobrevuela sobre muchas cuestiones lingüísticas.

En otros casos, materia judicial, por ejemplo, la inconstitucionalidad deriva de que eso debe decirlo una ley estatal, de modo que en cuanto esta se cambie, Cataluña tendrá un órgano similar al Consejo General del Poder Judicial. Sí, Cataluña ha consolidado tras la sentencia del TC, tras sus interpretaciones en gran medida, un paso importante en la dirección marcada por el nacionalismo de nación o de nacionalidad. Quien no desee dar ese paso, mejor que apruebe un Estatuto distinto.

Quienes creyeron que la Constitución decía una cosa ahora se dan cuenta de que dice muchas más de las que expresamente dice; a veces lo contrario de lo que creían. La Constitución es, por voluntad del TC, extraordinariamente elástica y dice lo que el TC le hace decir. Así de sencillo. Se explica que la elección de los magistrados sea una cuestión decisiva en la política española; así será hasta que los políticos reformen la Constitución, que es más difícil que interpretarla, pero para los ciudadanos sería más claro, más lógico y más democrático.

¿Que «vosaltres decidiu»? ¿Dónde está escrito?
Roberto Blanco Valdés La Voz 11 Julio 2010

Blanco y negro (Black and White) se titulaba un maravilloso musical que vi en Broadway en mi primer viaje a Nueva York. Blanco y negro es también lo que sobre la sentencia del Estatut afirman PSOE y PSC, dos partidos hermanos, que eligen una dirección federal común, tienen el mismo secretario general y forman, desde hace un cuarto de siglo, un único grupo parlamentario en el Congreso

¿Es verdad, como sostiene el Gobierno, que la sentencia resulta plenamente favorable al Estatut? Y, si eso es cierto, ¿puede serlo, al propio tiempo, lo contrario? Es decir, lo que proclama el PSC: que ¡la misma sentencia! desnaturaliza la norma, ofende a Cataluña y justifica que miles de personas, con Montilla a la cabeza, se manifiesten contra ella. Pues bien, la pura verdad es que en este asunto el Gobierno miente y miente el PSC.

El Ejecutivo lo hace, a diario, a través del ministro de Justicia. En realidad, no hay que conocer al personaje para saber que Caamaño habla más por vanidad profesional que por ser útil al Gobierno. Y ello porque -no como ministro, sino como valedor en su día de la plena constitucionalidad del bodrio estatutario-, Caamaño, que debería estar rojo de vergüenza, se resiste a la evidencia: que el TCE le ha quitado la razón cuando afirmó una y mil veces que ¡todo! el Estatuto era constitucional. Lejos de ello, El TCE ha declarado inconstitucionales partes del Estatuto que algunos sostuvimos que lo eran mientras Caamaño lo negaba. Esa es la verdad, aunque él se empeñe en lo contrario.

¿Justifica tal declaración la marcha de ayer en Barcelona? Desde luego que no, sobre todo vistos los esfuerzos del TCE para, contradiciendo su jurisprudencia y su forma de razonar en la sentencia, declarar conformes con la Constitución un buen número de artículos que a todas luces no lo son.

Pero los organizadores de la marcha no lo ven porque parten del descabellado principio que figuraba en su pancarta: «Nosaltres decidim» (nosotros decidimos). Animados en esa inaceptable doctrina por lo que proclamó hace años Zapatero («Lo que se apruebe en Cataluña lo apoyaremos en las Cortes» o, lo que es igual, «vosotros decidís»), el nacionalismo catalán, con el PSC de comparsa, sienta así un principio que destruye el equilibrio de poderes de cualquier Estado, unitario o federal: según él, Cataluña puede decidir sin control alguno, político y jurídico, ulterior. Que postule tal cosa el independentismo forma parte de un guión ya conocido. Que lo haga el Partido Socialista, con el representante ordinario del Estado en Cataluña a la cabeza, demuestra la terrible deriva de una fuerza política que fue un día, no hace tanto, una de las columnas vertebrales del Estado autonómico español. Una tragedia.

Hora de renovarse
El Tribunal Constitucional ha dictado, por fin, el fallo en el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Partido Popular contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Alfonso Villagómez. www.gaceta.es 11 Julio 2010

Una sentencia que llega así , tarde, mal y a rastras, puesto que cuando ha llegado la hora de resolver quizá el caso más importante de su historia reciente, el actual Tribunal fue durante demasiado tiempo incapaz de emitir un juicio de constitucionalidad. Sus magistrados, por tanto, no estaban cumpliendo con la principal obligación que justifica el cargo que ocupan.

En Derecho se utiliza la expresión non liquet (literalmente, “no está claro”) cuando un órgano jurisdiccional no puede responder a la cuestión controvertida por no encontrar solución para el caso, o bien por no haber norma directamente aplicable. La fórmula era empleada, con estos fines, por los juristas romanos para permitir que una cuestión permaneciese imprejuzgada de manera indefinida. Pero hoy en día no es posible: la mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales prohíben que el juez se niegue a dar solución al caso que se le plantea. Y así ocurre en el sistema español, en el que nuestro Código Civil, en su artículo 1.7, prescribe que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Se parte del dogma que dice que el ordenamiento jurídico es pleno por lo que, utilizando las herramientas interpretativas adecuadas, el juzgador ordinario o constitucional siempre tiene que poder encontrar una solución necesaria y urgente, cuando lo que está en juego son los principios y valores que asientan el modelo de convivencia.

Sin duda, ha sido intensa la presión externa que el Tribunal ha tenido que sufrir en relación con este asunto del Estatut. Pero también sus actuales componentes han demostrado una disposición interna a entrar en todas las batallas que afuera se estaban dilucidando. Hasta el punto de que hoy en día es un ejercicio imposible para los ciudadanos percibir que las resoluciones del Constitucional responden a criterios jurídicos de normatividad y no a criterios de pura oportunidad política. El daño a la autoridad funcional de la institución parece así irreversible. La existencia del Tribunal Constitucional se justifica porque sus decisiones son incondicionalmente aceptadas por todos sus principales destinatarios, es decir, el poder judicial, los partidos políticos, el Gobierno y las comunidades autónomas. Pero es que, además, el mal ejemplo que el Constitucional ha dado a raíz de este caso del Estatut se extiende como si fuera una mancha de aceite sobre todo lo jurisdiccional, sobre todos los tribunales y juzgados.

A estas alturas, por mucho que sigamos insistiendo en que el Tribunal Constitucional no forma parte de nuestro sistema de Justicia, a la opinión pública no se le puede exigir que diferencie nítidamente entre el Constitucional y los demás órganos jurisdiccionales de este país cuando se habla de la politización de la Justicia. Un mal que ante los ojos de los ciudadanos contamina todas las instancias judiciales, cuando el foco de putrefacción está perfectamente localizado y sólo hace falta que se pongan en acción los operarios que pueden y deben acabar con la infección. Mientras tanto, los miles de jueces de este país que día a día cumplen con su trabajo deberán seguir con las mascarillas puestas al servicio de la Ley y el Derecho, que han de aplicar, precisamente de conformidad con los principios que derivan de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Si la renovación es siempre conveniente y saludable en todos los aspectos de la vida, es todavía más necesaria cuando se trata de la vida de las instituciones. Y es que así lo quiso el legislador constituyente, y su voluntad no puede continuar violentada un minuto mas: es hora de renovar ya el Tribunal Constitucional.
El Partido Socialista y el Partido Popular tienen ahora la gran oportunidad de congraciarse con una ciudadanía que cada vez desconfía más de la clase política, y demostrar que disponen de “sentido de Estado” para encontrar a los juristas que reemplacen a los que han de salir ya del Tribunal. Además, una vez superado el obstáculo que para ello suponía la resolución pendiente sobre el Estatut, saldada con la solución de “compromiso” por todos conocida, no hay, por tanto, excusa para que no se proceda a la renovación inmediata de los cuatro magistrados que han de ser votados en el Senado.

Ha llegado la hora de renovarse. Por supuesto el Tribunal Constitucional, pero también los dos grandes partidos de este país en sus planteamientos y propuestas. Los responsables de los mismos no pueden seguir incumpliendo la obligación que tienen pendiente para acercar las posturas, que todavía los alejan, superar los obstáculos del proceso y favorecer el consenso necesario que haga finalmente posible la renovación del Alto Tribunal.

*Alfonso Villagómez es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ex letrado del Tribunal Constitucional.

Proclamas independentistas centran la marcha contra la Constitución
 www.gaceta.es 11 Julio 2010

Tres presidentes de la Generalitat y tres presidentes del Parlament formaron ayer la cabecera de la manifestación en Barcelona contra el Tribunal Constitucional.

Una manifestación marcada por el independentismo convocada justo el día después de conocerse la integridad de la sentencia sobre el Estatut, y en la que participaron más de un millón de personas, según la Guardia Urbana.

Abriendo la marcha, tras una senyera de 250 metros cuadrados, estaban el presidente de la Generalitat, José Montilla, el del Parlament, Ernest Benach, y junto a ellos sus predecesores en estos cargos: Jordi Pujol y Pasqual Maragall; y Heribert Barrera y Joan Rigol. Tras ellos, la pancarta de la polémica con el lema soberanista Som una nació. Nosaltres decidim (Somos una nación. Nosotros decidimos).

Tras esta pancarta, la mayoría de líderes políticos. Estaban Josep Antoni Duran Lleida (UDC), Artur Mas (CDC), Joan Herrera (ICV), Joan Puigcercós (ERC), Jordi Miralles (EUiA), junto a la presidenta de Òmnium Cultural, entidad organizadora, Muriel Casals.

También había una amplia representación de las más de 1.500 instituciones y asociaciones catalanas que se han sumado a la marcha: los secretarios regionales de UGT y CC OO, Josep Maria Álvarez y Joan Carles Gallego; y el presidente de la patronal Pimec, Josep González, entre otros. El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, animó a los catalanes a salir a la calle.

La marcha, convocada para las 18.00 horas, comenzó con retraso. La anécdota fue el intento de agresión a José Montilla por un joven con una estelada. Pese al sol y al fuerte calor, cientos de miles de personas llenaban la práctica totalidad del paseo de Gracia. Los accesos desde el metro quedaron colapsados.

Cuatripartito roto
La marcha contó con el apoyo de los cuatro partidos que en su día aprobaron el Estatut (PSC, CiU, ERC e ICV). Pero hasta ayer mismo demostraron desuniones. Joan Puigcercós acusó a CiU y PSC de buscar una manifestación “de baja intensidad”. Puigcercós echó en cara a Montilla y Mas la discusión por el lema. No se pudo leer, por falta de consenso, un manifiesto final, aunque hubo proclamas soberanistas y en favor de la autodeterminación de los actores Lluís Soler y Txe Arana.

La marcha finalizó con el canto de Els Segadors por el Orfeó Català, en la plaza Tetuán. Con la cabecera en este punto, aún mucha gente estaba en el punto del inicio, en la confluencia de Diagonal con paseo de Gracia y no pudo completar el recorrido. Los manifestantes portaban miles de senyeras, muchas esteladas (independentistas) y pancartas en favor de la independencia y la autodeterminación. Los convocantes se mostraron también independentistas. Ernest Maragall (PSC) dijo que la manifestación demuestra que las aspiraciones de Cataluña no caben en la Constitución; Artur Mas destacó que habrá un antes y después; y Joan Puigcercós dijo que es el primer paso hacia la independencia.

Los dos partidos parlamentarios que no apoyaban la manifestación se mostraron muy críticos con el tripartito y CiU. La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, recordó que la manifestación era “partidista y electoralista” y no defendía la unidad de Cataluña, sino la independencia de Cataluña de España. Para la líder del PP catalán, esta manifestación intenta tapar “las incompetencias y el fracaso” del tripartito y algunos aspectos “no del todo claros” de CiU. Calificó de irresponsable a Montilla por encabezar una manifestación independentista y señaló que Artur Mas ha mostrado su verdadera cata. Albert Rivera (C’s) aseguró que fue una manifestación de “los incompetentes y subvencionados”.

El nacionalismo catalán reescribe la historia con mentiras y manipulaciones
 www.gaceta.es 11 Julio 2010

La independencia de Cataluña se cimenta sobre dos mitos falseados. El sentimiento de agravio que cultiva la Generalitat es un invento de finales del siglo XIX.

El semanario Alba publica en su última edición un reportaje sobre los mitos, mentiras y manipulaciones que ha utilizado el nacionalismo catalán para reescribir la historia de Cataluña. El reportaje es prolijo en detalles y se remonta a los orígenes del movimiento, allá por el siglo XVIII.

El 11 de septiembre de 1714 en Barcelona se produjo una revuelta popular. El Consejo de Ciento decidió resistir hasta la muerte a las tropas de Felipe de Anjou que comandaba el general Berwick. Los barceloneses no querían la nueva dinastía borbónica, preferían al archiduque Carlos de Austria, al que tenían en alta estima y en cuyo bando habían peleado durante la ya terminada Guerra de Sucesión. Pero éste ya no estaba interesado en ser rey, ni de España ni de Cataluña.

España / EL TEXTO DE LA SENTENCIA DEL ESTATUT
El TC subraya que «la Constitución no conoce otra Nación que la española»
El texto acepta que Cataluña tenga «símbolos nacionales», pero resalta que sólo como «símbolos de una nacionalidad constituida como Comunidad Autónoma»
E. Montañés | I. Zamora | b. bergareche | d. álvarez | n. villanueva / MADRID ABC 11 Julio 2010

El Tribunal Constitucional ha publicado este mediodía los 881 folios del texto de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña (PDF completo), cuyo fallo hizo público el pasado 28 de junio. El alto tribunal comunicó entonces que consideraba inconstitucionales 14 de los artículos del texto y que 27 debían ser reinterpretados, de los 116 que impugnaba el Partido Popular en su recurso.

Nación, sólo la española
Sobre el término nación, el texto del Constitucional dice: «De la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación española».

De todas formas, el TC admite que Cataluña tenga «símbolos nacionales», pero explica que se refieren únicamente a «su condición de símbolos de una nacionalidad constituida como Comunidad Autónoma en ejercicio del derecho que reconoce y garantiza el art. 2 (...). Se trata, en suma, de los símbolos propios de una nacionalidad, sin pretensión, por ello, de competencia o contradicción con los símbolos de la Nación española».

Concluye más adelante el texto: «Por todo ello, los términos "nación" y "realidad nacional" referidos a Cataluña, utilizados en el preámbulo, carecen de eficacia jurídica interpretativa, (...) y el término "nacionales" del art. 8.1 EAC es conforme a la Constitución interpretado en el sentido de que dicho término está exclusivamente referido, en su significado y utilización, a los símbolos de Cataluña, "definida como nacionalidad" (art. 1 EAC) e integrada en la "indisoluble unidad de la nación española"», algo en lo que el Constitucional insiste en diversas ocasiones a lo largo del texto.

Lengua: el castellano, también vehicular
La sentencia deja claro que «las admnistraciones públicas catalanas no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales», porque «toda lengua oficial es lengua de uso normal por y ante el poder público». Anula, por tanto, el término «preferente» con el que el Estatut describía al catalán. De esta forma, zanja con la pretensión inicial del Estatut de discriminar al castellano en el acceso a puestos administrativos regidos por concursos públicos y oposición.

En cuanto al sistema educativo, deja claro que no se puede excluir el castellano como lengua vehicular del sistema educativo: «Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza».

Según los jueces, no puede ponerse en duda la legitimidad conforme a la Carta Magna del uso de una lengua cooficial en un territorio y que el vehículo de comunicación en la enseñanza sea la lengua propia de la Comunidad, pero «junto al castellano».
La sentencia también deshace la imposición de atender en catalán en las entidades privadas, empresas y establecimientos abiertos al público siempre que el cliente lo solicite. En el ámbito privado, "no cabe entender que el Estatuto imponga de modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos", sentencia el Constitucional.

Poder Judicial, único para toda España
El Tribunal Constitucional considera un «evidente exceso» la creación de un Consejo de Justicia en el Estatut. Los magistrados tumban el articulado en el que las autoridades catalanas se arrogaban un órgano de gobierno de los jueces propio, el cual, rompía con el principio de unidad del Poder Judicial dispuesto en la Carta Magna.

La «impropiedad constitucional» de un Consejo catalán no significa que sea inconstitucional. Sin embargo, lo vacía de contenido más allá de las competencias ya atribuidas a las comunidades autónomas, es decir, las relativas a la organización Administración de Justicia. El TC, por tanto, mantiene la obligación de circunscribir a las autonomías en la competencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Otra limitación de la sentencia es la pretensión del Estatut de considerar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «la última instancia jurisdiccional» de todos los procesos y recursos iniciados en Cataluña. El Alto Tribunal limita la pretensión inicial y afirma que el TSJC es sólo la última instancia en el espacio jurisdiccional catalán, sin perjuicio de las competencias en materia de unificación de la doctrina y otras que la legislación reserva al Tribunal Supremo.

Consultas populares, pero no referendos
La sentencia aclara que podrán celebrarse «consultas no referendarias en Cataluña, mediante las cuales se recabe la opinión de cualquier colectivo sobre asuntos de interés público». El recurso planteado sobre el artículo 122 del Estatut que permite la celebración de consultas populares alegaba, para cuestionar la constitucionalidad del mismo, que no era posible distinguir entre «consultas populares» y «referéndum» -estos últimos sí requieren consentimiento estatal-. Era por ello por lo que el recurso consideraba «ilegales este tipo de consultas al no estar autorizadas por el Gobierno. El TC aclara, no obstante, que el artículo 122 sí establece esa distinción y establece que «no puede haber afectación alguna del ámbito competencial privativo del Estado».

Comisión Bilateral, sólo para cooperación voluntaria
Respecto al artículo 183 del Estatut, referido a la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y que establecía relaciones de bilateralidad entre la Generalitat catalana y el Estado, la sentencia del TC determina que dicha relación sólo podrá referirse a aquella que medie entre la Comunidad Autónoma y el Estado central, es decir, entre ambos gobiernos, y no entre Generalitat y Estado. La relación, por tanto, será constitucional siempre y cuando se refiera únicamente a las relaciones que puedan mediar entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Estado central. Así, las competencias de la Comisión se darán únicamente «en términos de cooperación voluntaria» quedando exluidas las competencias legislativas, cuyo ejercicio es competencia de las Cortes Generales y del Parlamento de Cataluña.

Síndic de Greuges: no supervisa solo
El Síndic de Greuges o Defensor del Pueblo catalán no tiene competencia para supervisar a la Generalitat «con carácter exclusivo». El TC liquida el artículo 78 del Estatut que atribuía al Defensor del Pueblo catalán la capacidad que, de acuerdo a la Constitución, sólo puede darse al Defensor estatal.

Acogida de inmigrantes: corresponde al Estado
El TC recoge en la sentencia del Estatut que la inmigración es una materia reservada exclusivamente al Estado. Tal y como se desprende de la página 587 de dicha sentencia, la Generalitat tendrá, no obstante, determinadas potestades en materia de inmigración, siempre que se ciñan a actuaciones con carácter asistencial y social y que "en ningún caso" podrán relegar la competencia exclusiva del Estado. De este modo, las actuaciones de acogida de inmigrantes que recoge el Estatut y que fueron objeto de recurso, deberán ceñirse a este tipo de actuaciones.

Financiación: los tributos locales, del Estado
La sentencia del Constitucional reconoce al Estado como el único competente para legislar sobre impuestos locales. De esta forma, los tributos locales se operarán a través del legislador estatal, por lo que se mantiene la competencia exclusiva sobre la Hacienda General. Las autonomías no podrán interferir sobre esta materia.

Relaciones internacionales
El TC avala las acciones externas de la Generalitat, pero reserva al Estado la política de las relaciones internacionales. Dentro de la competencia estatal está el deber de informar a las autonomías si emprende acciones que incidan en sus «intereses» regionales.

Veguerías
El Constitucional permitirá llamar veguerías a las actuales provincias catalanas, sin que varíe su actual delimitación geográfica. Por consiguiente, las Diputaciones provinciales se podrán llamar Consejos de veguerías. La Generalitat rehúye la posibilidad de una convivencia entre provincias y veguerías como una duplicidad administrativa.

Lo que sí salva el Constitucional
El derecho a morir con dignidad, la creación de una Agencia Tributaria catalana o la inversión del Estado en infraestructuras son algunos de los puntos que el TC mantiene intactos
m. j. cañizares / barcelona ABC 11 Julio 2010

El Tribunal Constitucional dio a conocer ayer los 881 folios de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña (consulta aquí el PDF completo), cuyo fallo hizo público el pasado 28 de junio. De los 14 artículos declarados inconstitucionales y 27 sometidos a interpretación estos son los puntos que el Constitucional sí salva de la «purga» al Estatut:

Morir con dignidad
El Tribunal Constitucional respeta el artículo 20, donde se regula el derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte. Durante su tramitación parlamentaria, los populares advirtieron de que este párrafo podría suponer una «eutanasia encubierta». También se salva el artículo 21, en el que se establece que la enseñanza en las escuelas de titularidad pública es laica.

Embajadas en el exterior
La competencia estatal en el ámbito de las «relaciones internacionales» no impide que las comunidades autónomas realicen actividades en el exterior que sean proyección de sus competencias materiales, siempre que no perturben o condicionen la competencia estatal». Quedan avaladas, por tanto, las polémicas —y costosas— «embajadas» catalanas en el exterior.

Cajas de ahorro
La sentencia del Tribunal Constitucional ha rechazado la mayoría de impugnaciones al artículo 120 del Estatuto relativo a cajas de ahorro, al entender que la norma catalana recoge competencias recogidas en la Constitución y prevé la competencia compartida, aunque anula un inciso concreto que acota la participación del Estado sobre la actividad financiera.

Agencia tributaria
El fallo respeta el apartado donde se contempla la creación de la Agencia Tributaria Catalana, con la que la Generalitat aspiraba a implantar una administración tributaria única. Se trata de la disposición adicional segunda, recurrida por el PP. Ningún problema de constitucionalidad suscitan las potestades autonómicas de gestión tributaria enunciadas en el art. 204.1.ia

Reforma de los estatutos
Los magistrados avalan los artículos del Estatut en los que se recoge el derecho de realizar referendos a nivel autonómico para la reforma estatutaria al entender que son consultas que sólo requieren el pronunciamiento del electorado de una comunidad autónoma. Defiende que un presidente autonómico tiene potestad para convocar estos referendos ya que lo hace en nombre del Rey.

Inversión del Estado
La sentencia califica como «una medida adecuada y no desproporcionada» el que se prevea paliar el déficit histórico de inversiones en infraestructuras en Cataluña. Así valora el Constitucional la disposición adicional tercera —apartado 1— del Estatuto de Cataluña sobre inversiones del Estado en infraestructuras en esta comunidad.

Cesión de tributos
El TC da también por válidos los apartados del artículo 210 recurridos por el PP, referidos a la bilateralidad Cataluña-Estado a la hora de negociar el sistema de financiación, puesto que entiende que no excluye los mecanismos «multilaterales» del Estado. También avala los apartados sobre la cesión de tributos.

También Feijóo quiere enseñanza en inglés
José Cavero Periodista Digital 11 Julio 2010

Algunos presidentes de CCAA, como Esperanza Aguirre, Francisco Camps, y ahora Alberto Núñez Feijóo, en Madrid, Valencia y Galicia, respectivamente, han mostrado su decidido propósito de impulsar la enseñanza en inglés en centros dependientes de sus respectivos gobiernos. Aguirre abre centros para el cultivo de español e inglés; Camps quiso que se diera en inglés la asignatura Educación para la Ciudadanía, y ahora Feijóo también se lanza al cultivo del inglés en la educación de los gallegos del futuro. Como hoy señala La Voz de Galicia, éste es un objetivo más cauto del comprometido por Feijóo en su programa electoral, pero que se presume ambicioso en una comunidad cuyo Gobierno admite la necesidad de formar a 13.000 docentes de primaria y secundaria para que adquieran las competencias necesarias para impartir asignaturas en inglés. El Plan de Potenciación das Linguas Estranxeiras, que este jueves recibió luz verde de la Xunta, pretende incrementar en 29.000 el número de alumnos que en la actualidad cursan alguna materia en un tercer idioma, preferentemente en inglés, para que en el curso 2012-2013 un mínimo de 40.000 escolares dominen esa lengua, frente a los 10.800 que recibían enseñanza plurilingüe hace un año.

Según el relato del diario gallego, Feijoo admite que el reto, que tiene en la necesaria preparación docente su mayor escollo, también está condicionado por la crisis: "Si no podemos formar a más alumnos y profesores es porque no tenemos más dinero", dijo en gallego. La meta marcada por la Xunta para esta legislatura requerirá una inversión de 51,5 millones de euros en ese horizonte, que permitirán poner en marcha 160 centros plurilingües, que serán los primeros en Galicia; y 1.080 secciones bilingües, lo que permitirá pasar de las 720 actuales a 1.800. Esos centros impartirán en inglés un tercio de las materias, atendiendo al equilibrio entre gallego y castellano establecido en el decreto que entrará en vigor en el próximo curso. El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, que compareció junto a Feijoo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, explicó que cabe la posibilidad de dar Matemáticas en inglés, aunque los alumnos siempre podrán dirigirse al profesor en la lengua que quieran.

Esa inyección de 51,5 millones también se destinará a la formación de 13.000 docentes, un aspecto que será clave en la elección de los centros plurilingües. Vázquez apuntó al respecto que Educación evaluará a los colegios que quieran acceder al plan, para lo que será necesario un profesorado que demuestre un "nivel axeitado" de dominio del inglés como para impartir materias en ese idioma. El conselleiro aseguró que existe una predisposición por parte de los centros, aunque matizó que Educación está analizando la competencia de los docentes. El itinerario formativo incluye el paso de profesores por escuelas de idiomas y estancias en el extranjero, que beneficiarán a 3.500 docentes hasta el 2013. El plan, que también contempla multiplicar por seis el número de auxiliares de conversación nativos en los centros públicos, comenzará a aplicarse el curso que viene con la apertura de los primeros centros plurilingües de forma experimental. Feijóo defendió el cumplimiento de la palabra dada con esta iniciativa, que enmarcó en la apuesta por una educación "completa e competitiva", que garantice el dominio por el alumno del gallego y del castellano, y potencie el aprendizaje del inglés. Propugnó que ese acceso a la lengua extranjera que apoya el 91% de los padres "debe estar financiada polos impostos que pagan para levar aos seus fillos ao ensino público". Vázquez precisó que, en todo caso, los centros concertados también podrán beneficiarse de un plan que duplica lo que destinó el bipartito al aprendizaje de una lengua extranjera.

No bastan las enseñanzas bilingües, hay que cultivar el otro gran idioma internacional...

El País enseña el plumero pro nacionalista catalán.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 11 Julio 2010

Que El País es pro nacionalista no es noticia, pero no es lo que llaman nacionalista español sino periférico. Se le suele ver el plumero cada dos por tres noticias pero con lo de la manifa en Barcelona ya el plumero se lo ha puesto sobre la testuz para que los nacionalistas catalanes no carguen contra PRISA y les quiten parte del momio del que gozarán por aquella región.

Es ya costumbre arraigada el que ante cada manifa gorda, El País eche mano de su famoso manifestómetro y calcule cuantos han sido los asistentes. Era tal su exactitud que ha habido manifestaciones en las que los organizadores han dicho que la asistencia fue de 1.200.000 personas y los chicos de Prisa nos informaron que habían contado exactamente 54.678 o algo así.

Absolutamente en todas las mediciones realizadas por El País con su manifestómetro les salía una cifra enormemente más pequeña que la dada por la organización e incluso que la aportada por las autoridades municipales o de la comunidad autónoma y dado que eso mismo era de prever que pasaría con la manifa de Barcelona, El País ha ajustado el manifestómetro para que el resultado sea menos capitidisminuidor, No ajustar al alza el medidor habría hecho reaccionar a los nacionalistas catalanes tildando de anticatalanista a El País y ese baldón no están dispuestos a llevarlo sobre sus cobardías.

En lugar de malquistarse con los nacionalistas, El País ha preferido darles un tratamiento exquisitamente preferente en la cosa de los titulares, para ver el estilo con el que manipulan los mozos y mozas de El País analicemos la noticia que dan sobre la manifestación multitudinaria de Barcelona y la que dieron sobre otra gran manifestación organizada en Madrid por la AVT en febrero de 2007.

Manifa de la AVT. Asistentes según la organización: 1,5 millones, según la Comunidad Autónoma: un millón y medio, según la Delegación del Gobierno (PSOE): 181.201, según el manifestómetro de El País: 210.000. Con todos estos datos el titular que puso El País a la noticia fue: Miles de personas rechazan en Madrid la negociación con ETA.

Manifa antisentencia en Barcelona: Asistentes según los organizadores: 1,5 millones, según la guardia urbana: 1,1 millones, según el manifestómetro de El País: 425.000 personas, según la medición de Lynce para EFE: 56.000. Con estos datos, el titular que ha puesto El País a la noticia ha sido: Decenas de miles de catalanes se echan a la calle contra el recorte del Estatuto

En resumen, en la de la AVT El País dio una cifra que era el 14% de la aportada por la organización y la autoridad local, en la de los nacionalistas en Barcelona, El País da una cifra que es un 28% de la aportada por la organización y un 38% de la aportada por la autoridad local. Diferencia muy significativa.

El titular para la de la AVT habla de “miles de personas” para referirse a un millón y medio, en la de Barcelona, para la misma cifra, habla de “decenas de miles de catalanes”, sin olvidar la cifra dada por un organismo pro gubernamental como EFE de 56.000. A eso se le llama titular con un orden de magnitud más la de Barcelona que la de Madrid, algo buscará PRISA, seguramente tres o cuatro prebendas nuevas.

Yo creo que todos se equivocan al dar la cifra de asistentes, el experto de Coña Press ha recurrido al pulpo Paco, al que se le pusieron quinientas cajitas con un mejillón gordo en cada una, y ha elegido la caja con la cifra de 2.845.456 asistentes, ni uno más ni dos menos. Este es el sistema más barato y más exacto y el que se debería utilizar a partir de ahora en todas las manifas.

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