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Recortes de Prensa    Domingo 18  Julio  2010

 

Golpe feroz a la Constitución
EDITORIALES www.gaceta.es 18 Julio 2010

La magnitud de las culpas que acumula el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es de tan amplio alcance que se hace difícil establecer una jerarquía de responsabilidades.

Como presidente, Zapatero es responsable de la crisis económica más grave que se recuerda en España, del mayor nivel de descrédito de las instituciones en toda nuestra historia democrática, de negociar con los terroristas de ETA buscando un pacto humillante para los españoles; españoles, de un asedio sin precedentes contra la oposición política y el pensamiento crítico, y de una ley del aborto de iniquidad insuperable. Ha sido con la presidencia de Zapatero que se ha cumplido aquella profecía de Alfonso Guerra, según la cual España sería irreconocible una vez el socialismo hubiera desarrollado su labor.

Como fuere, todo el proceso del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña amenaza con representar un antes y después irreversible para el devenir de España como nación. Es, sin duda alguna, una de las culpas más gravosas, y de mayor alcance histórico, del malhadado Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña fue un error desde el principio y ha de causar daño hasta el final, con el agravante de que ese daño no era imprevisible. La irresponsabilidad manifiesta, absoluta, de Zapatero, al proclamar su intención de aceptar el nuevo Estatuto tal y como saliera del Parlamento catalán, dio alas a un proceso estatutario que resultó en un texto difícilmente superable como engendro jurídico, y de un carácter intervencionista atroz. El PSOE se abandonaba así a un particularismo directamente nacionalista, por seguir acumulando cuotas de poder, y el nuevo Estatuto, tan innecesario y artificioso que ni siquiera lo había contemplado la política del rencor de Jordi Pujol, pasaba a ser el peor fruto de una clase política, la catalana, sin parangón en el resto de España por corrupción e incompetencia. De ahí que el propio Estatuto lograra el desinterés masivo de los catalanes y una abstención en masa a la hora de votarlo. Aun así, desde entonces, los cuatro penosísimos años de debate en el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del Estatuto no sólo han situado al Alto Tribunal a los pies de los caballos, sino que, en la práctica, han dado alas al nacionalismo y al independentismo catalán, que, además de desarrollar legislativamente el Estatuto, han metabolizado como un agravio, con su bien conocido victimismo, tanto la espera del fallo como la propia sentencia.

Al contemplar la manifestación del sábado pasado en Barcelona, teóricamente pro-Estatut, pero en la práctica pro-independencia, algunos pensaron en la manifestación de 1977 a favor del Estatuto de Autonomía. Es una manera de no ver la gravedad de una manifestación que, encabezada para más inri por un socialista cordobés, ha sido la mayor muestra no ya de la desafección sino del rechazo a España instilado en las conciencias por el Gran Hermano nacionalista. Pero en algo tienen razón, sin embargo, los defensores del nuevo Estatuto: por culpa de Rodríguez Zapatero, de ese tacticismo suyo con que ha irritado a unos y a otros y ha logrado que entre en turbulencia la nave del Estado, la España de todos, la España del 78 y, por supuesto, la España de las autonomías, está escribiendo su final. Es lo que ha logrado un presidente para el que España como nación es algo “discutido y discutible”, y sin embargo ha defendido y sigue defendiendo un contrafuero histórico como la condición nacional de Cataluña.

Por si fueran pocas las culpas de Zapatero en este ámbito, el presidente está empeñado en añadir nuevas dosis de ofensa y de burla. Resultó, en efecto, ofensivo que Zapatero no se atribuyera ni una sola porción de culpa en la actual situación de inestabilidad nacional. Y también resultó ofensivo que el presidente proclamara a los cuatro vientos, con frialdad escalofriante, su voluntad de negociar el desarrollo de los puntos inconstitucionales del Estatuto de Cataluña directamente con Montilla: entonces, ¿para qué se ha reunido durante cuatro años y ha dictado sentencia el Constitucional? ¿Puede un presidente saltarse con toda impunidad y frivolidad las normas del Estado de derecho, que le obligan a acatar la sentencia? A la vista de una sentencia que, pese a su alcance pusilánime y su clara voluntad de salvar el Estatuto por la vía de la ambigüedad interpretativa, lo invalida y lo reencauza en distintos puntos de su articulado, ¿puede Zapatero sostener, como ha sostenido, que no había que presentarlo? Es más, Zapatero también aprovechó para menospreciar la repulsa al Estatuto que, a iniciativa del Partido Popular, expresaron millones de españoles a título individual, y a los que la sentencia del Constitucional, que ha detenido in extremis el último paso de la nación hacia el abismo, ha dado la razón.

Ahora, Zapatero suma, como se decía, la burla a la ofensa. Ya ha presentado una propuesta de resolución con el PSC que insta a una “fuerte acción política” para desarrollar el Estatut, aunque sea en desacato a la sentencia del Constitucional. Así lo expresó antes y durante el Debate sobre el Estado de la Nación, y así lo ha refrendado en el Comité Federal del PSOE. De lo que se trata es de conculcar la sentencia mediante apaños mano a mano con Montilla y el resto de partidos nacionalistas catalanes. Por supuesto, no es nada imprevisible en un hombre como Zapatero, que por dos veces ha alentado la formación de un Gobierno autonómico catalán con republicanos independentistas y comunistas. Con su ampliación del Estatuto en rebeldía práctica a la sentencia del supremo intérprete de la Constitución, Zapatero, además de consagrar la desigualdad entre los españoles, se salta las normas del Estado de Derecho hasta los extremos que rozan el golpe de Estado constitucional. Ahora mismo, tal y como Zapatero ha dejado al país, y en el temor de los pasos que ha anunciado que ha de dar respecto del Estatuto, es posible que el rumbo de España ni siquiera se enderece si, según pidió Rajoy, se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones generales. Al fin y al cabo, de todas las culpas de Zapatero, la del Estatuto de Cataluña es singularmente grave en términos históricos para una España considerada por todos como la nación más antigua de Occidente

El pastor mentiroso
Editorial www.gaceta.es 18 Julio 2010

Josu Erkoreka es un sólido parlamentario vascongado que, cuando sobrevuela el rancio nacionalismo que a él, aparentemente, le va como a un Cristo unas pistolas, cuenta cosas en el Congreso de los Diputados que son de las pocas que se pueden escuchar sin exclamar seguidamente. “¡Jo, este tío es un botarate!”. El miércoles le sacó las vergüenzas a un Zapatero en lisis con sólo recordarle episódicamente la fábula del pastorcillo y el lobo. Aquella misma noche, en una emisora oficial, decía un contertulio: “Erkoreka se pasó con la fábula de Samaniego”. Bueno, no es de Samaniego, tal cuento es de Esopo, pero eso es lo de menos; tampoco es fácil que el destinatario de esta pedagogía zoológica, Zapatero, sepa nada de ninguno de los dos fabulistas. Al fin y al cabo, de uno de los dos, Esopo, se duda incluso de que existiera. Al cuento. Dice la fábula:

–“Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa, alarmó a los habitantes tres o cuatro veces gritando:
‘¡El lobo, el lobo!’

Pero cuando los vecinos llegaba a ayudarle, se reía viendo sus preocupaciones. Más el lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El joven pastor, ahora alarmado él mismo, gritaba lleno de terror: ‘Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está matando a las ovejas’.

Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho menos pensó en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, hirió y destrozó a su antojo al rebaño”. Esopo, narraba el suceso y extraía, según costumbre, su enseñanza: “Al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad”.

Falta de usos democráticos
O sea, y perdóneseme la licencia si va un poco más allá de la pura intención del que recordó la fábula: Erkoreka llamó literalmente mentiroso al presidente del Gobierno. ¿Pero qué importancia –se preguntarán ustedes– tiene que alguien le afee esta conducta a un individuo como Zapatero? Pues sí: en España hemos perdido los usos democráticos. En Estados Unidos, cuando un responsable público es sorprendido en una trola, es enviado directamente a las tinieblas exteriores de la política; no se le permite una. En un país europeo, un pobre secretario de Estado que ha confesado haber recibido como regalo una suculenta y fragante caja de puros, ha tenido que irse con viento fresco a su casa de toda la vida. Aquí, a Zapatero durante toda una tarde y parte de una mañana (hasta que subió a la tribuna su patético compañero de pupitre, el sectario juez Alonso) se le llamó embustero en todos los tonos posibles: en el duro, más que nunca de Rajoy; en el educado plastinoso de Duran i Lleida; en el citado y sarcástico de Erkoreka; en el excitado (nadie le conoce como ella) de Rosa Díez... ¿Y?, pues nada, como si no fuera con él: “Yo –vino a responder– a trabajar por España”. Él no está para sufrir pequeñas miserias.

Y está también para dar clases de maestro Ciruela, que eso lo añado yo. Espetó a un Rajoy que se encogía de hombros como diciendo: “... Y esto, ¿a qué viene?”, que en democracia la confianza la conceden los ciudadanos. ¡Pues naturalmente; no van a concederla los lacayos de su séquito! La confianza, claro está, es la palabra clave. En los últimos días al menos he escuchado a cinco personas, de las que mueven influencias, poder y dinero, en España, el siguiente y crucial diagnóstico: “Con este tío, no se puede seguir; lo hace mal y encima nos ha engañado a todos”. Uno de ellos –empresario de enorme fuste multinacional– añadía: “Nadie entre nosotros (se refería a su oficio profesional) confiaría la solución de la crisis de una empresa a quien la ha arruinado; nadie”. La sentencia es tan incontrovertible que parece extraño que lo que obra en la vida civil no sea también de obligado cumplimiento en la pública. Pero, ¿qué se puede hacer?

Y aquí radica el problema. ¿Qué se puede hacer con este hombre que, como escribía el propio jueves en el “Títere irritado”, “ni tiene reputación, ni crédito exterior, ni autoridad moral, ni inspira confianza?”. Realmente –vuelvo a los usos– si en España fuéramos mucho más rigurosos con el cuidado de nuestra democracia, tendríamos que reprochar constitucionalmente el hecho inconcebible de que, nada menos que en el Parlamento, el presidente del Gobierno haya anunciado, sin pudor alguno, que se dispone a “arreglar”, por la vía del acuerdo bilateral con su desdichado y torpe Montilla (“un residuo”, así le define un empresario catalán) los preceptos del Estatuto de Cataluña que el Tribunal ha declarado ilegales. A este personaje no le asusta nada: ni cargarse para siempre la propia doctrina del Constitucional. Es un estacazo sin precedentes que en ningún otro país sería tolerado. ¿Está penada tal conducta? Los juristas mayoritariamente dicen que sí (aparte de apodar tal comportamiento como una desvergüenza), sugieren que en el Código Penal hay munición suficiente como para responder a la provocación y que, incluso en nuestra Norma Suprema, existe algún artículo que se refiere al castigo que puede sufrir un presidente que viole su propio juramento de lealtad.

O los mercados o Europa
Pero, claro, no nos pongamos tan finos. No es de esperar que el Partido Popular, el mismo que lleva anunciado que va a presentar una querella contra José Bono por su inexplicado enriquecimiento, se vaya a meter en estas honduras. ¡Ni hablar!, Rajoy le pidió a Zapatero elecciones anticipadas en la sabiduría de que ni éste y ni sus ganapanes que le rodean como si se tratara de un enviado providencial, no se marcharán de La Moncloa hasta el último día en que se cumpla el plazo legal de su legislatura. Ni un día antes. Los nacionalistas de Cataluña y el País Vasco conocen también que de un mentiroso (es su adjetivo) también se pueden seguir aprovechando. Y lo van a hacer. Bajo la pléyade de descalificaciones que le adjudicaron el propio Erkoreka y Duran esta semana, se adivinaba, como siempre, el siguiente mensaje: “Claro que si usted se aviene a darnos...”. Y se lo va a dar. A octubre llegaremos con unos presupuestos impíos plenos de compromisos baldíos que no se cree nadie con los que Zapatero volverá a engañar a base, también, de datos torticeros y dádivas varias, un pastelazo indigerible que, al final, lo verán, se lo comerán los susodichos. Porque, vamos a ver: ¡qué le importa a Zapatero comprometerse otra vez a hacer de Pasajes un enorme puerto de mar!, ¿no le ha dicho ya a Duran que no tendrá el menor reparo en darle al Consejo de Garantías de Cataluña la última instancia judicial de casación?

Desengáñense: a Zapatero antes de tiempo sólo le echarán o los mercados, de los que tanto habla, a los que tanto teme y a los que horriblemente aborrece, o sus colegas europeos, que, según queda claro en todos los periódicos de la Unión, le tienen sencillamente por un sujeto infiable: de fuera vendrán, que malo le harán. Ni él convocará elecciones anticipadas, ni Rajoy le presentará una inútil moción de censura. Nos esperan dos años de destrucción masiva; eso sí, con dos Rodiezmos de por medio. Este país se volvió loco el 14 de marzo de 2004 y nadie ha querido averiguar la verdad de aquella tra-gedia. Quien la sabe, Rubalcaba por ejemplo, que dijo: “Nos merecemos un Gobierno que no nos mienta?”, bastante se ha aprovechado el desmán. ¿Y él? ¿Zapatero? Claro está: aquello no fue sólo una mentira: fue un atentado. Y ahora continuamos, menos cruentamente, enmerdados en la mentira: Erkoreka tiene razón.

Ninguneo al Parlamento
El Editorialn La Razón 18 Julio 2010

Estos días los grupos parlamentarios intentan reunir las mayorías suficientes para sacar adelante las resoluciones del Debate sobre el Estado de la Nación. Esas propuestas son tomas de posición y compromisos políticos que supuestamente responden a los problemas de la nación y de la gente. Otra cosa muy distinta es que las iniciativas que salgan adelante sean cumplidas por aquel a quien se dirigen: el Gobierno. El balance de la actitud del Ejecutivo ante los acuerdos del Parlamento raya en lo desolador, y más si se tiene en cuenta que la máxima del presidente y de su partido fue el compromiso de que las Cortes se convertirían en el centro de la vida política. Ése fue su primer incumplimiento de muchos. LA RAZÓN publica hoy un informe sobre la situación de las propuestas de resolución refrendadas en el Debate de política general de hace un año. Entonces, los grupos, incluido el PSOE, alumbraron iniciativas en distintos ámbitos de la vida nacional. Zapatero prometió controlar el déficit y frenar el desempleo y anunció la Ley de Economía Sostenible con carácter de urgencia para impulsar un nuevo modelo de crecimiento.

El resultado en déficit y paro es conocido y la ley, pese a las prisas, permanece anclada en el Congreso un año después. Tampoco hay novedad sobre la reforma de los organismos reguladores sectoriales, el acuerdo sobre el desarrollo del Pacto de Toledo, la reforma del sector eléctrico, que debía eliminar gradualmente el déficit tarifario, la ley de igualdad de trato, el nuevo marco legal de la libertad de conciencia, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la nueva demarcación y planta judicial y la reforma más amplia de la Administración de Justicia. Nada.

Pero el evidente ninguneo al Parlamento afecta también a las mociones y proposiciones no de ley. En lo que va de Legislatura, más de un centenar de proposiciones y 99 mociones han sido apoyadas por la mayoría del Congreso sin que el Ejecutivo se haya dado por enterado. Es cierto que estas iniciativas no son vinculantes, pero si el Gobierno no las atiende, cuál es su utilidad, para qué se votan. Es obvio que existe una actitud deliberada y persistente de ignorar al Legislativo. Es una posición que debilita el Estado de Derecho y fractura el crédito de las instituciones, con el consiguiente riesgo de desafección de los ciudadanos hacia la esencia de la democracia, lo que ya se percibe en las encuestas de forma inquietante. Si los españoles asumen que los acuerdos del Congreso son desoídos como un automatismo, pueden concluir con toda razón que es prescindible y que el equilibrio de poderes ha sucumbido a manos del Ejecutivo.

Rajoy avisó en el pasado Debate de que el principal problema del país era la desconfianza que generaba Zapatero. Recordó precisamente el incumplimiento de los compromisos y le acusó de ir de engaño en engaño. La realidad es tozuda. Esta semana se votarán las propuestas de resolución del último pleno, entre ellas alguna en apoyo al desarrollo del autogobierno catalán y respaldo al sentimiento nacional de Cataluña, entre otras. No hay motivos para creer que el presidente piense cumplir lo que salga de la Cámara, salvo que los cálculos políticos y electorales así lo aconsejen. La democracia se sustenta en complejos equilibrios, que no se sostienen cuando la soberanía nacional es adulterada.

Interpretadores se imponen a juzgadores
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 18 Julio 2010

JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA ES CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
Una conclusión, al menos, cabe extraer de la sentencia sobre el Estatuto catalán: no ha resuelto definitivamente casi nada y ha dejado las cosas más confusas aún de lo que estaban. Es la consecuencia de un pronunciamiento tardío en exceso, en exceso negociado y mucho más académico, especulativo, interpretativo, creativo que jurisdiccional y decisor. Tenga mucha o ninguna importancia el preámbulo, la clase política catalana seguirá proclamando que Cataluña es una nación cuyas aspiraciones políticas siguen insatisfechas. ¡Y lo iban a apaciguar! En el Estatuto, hoy con la interpretación del TC, pero mañana con la que imponga el poder y sirvan los excelentes juristas catalanes, permanecen conceptos y expresiones que prefiguran a un sujeto no definido que, desde luego, desborda lo que entendemos por comunidad autónoma. El pueblo de Cataluña es la fuente de la que emanan los poderes de la Generalitat y sus derechos históricos son fundamento de su autogobierno; Cataluña tiene símbolos nacionales que es lo propio de las naciones; su lengua, propia y oficial, es el catalán y los ciudadanos de Cataluña tienen el deber de conocerlo; el deber de disponibilidad lingüística se impone en la relación comercial privada. Todo eso queda escrito, fijo, inmutable en el Estatuto; las interpretaciones son las que mudan al son del humor del intérprete. Ya lo decía el sabio Humpty Dumpty.

La letra, que es lo perdurable y la herramienta de la que los juristas sabrán extraer lo que el poder les pida, dice lo que dice. Escrita queda una suerte de tabla de Derechos de Cataluña llena de fuerza expansiva. Escritas las previsiones estatutarias de participación de la Generalitat en instituciones y organismos estatales, y en la toma de sus decisiones. Escritas las relativas a la Comisión mixta económica y fiscal Estado-Generalitat. Escritas, artículos 110 a 112, las que enmarcan la atribución de competencias, en docenas de artículos, a la Generalitat y perfilan las del Estado. Todas esas previsiones quedan pendientes de la legislación estatal pero no hasta el extremo de ser vaciadas por ella y, por descontado, seguirán siendo fuente de conflictividad con el Estado y motivo de atasco para el TC.

Pese al impacto inicial, algunas declaraciones de inconstitucionalidad carecerán de efectos reales, ¿qué alcance tiene que la lengua catalana no sea preferente si es propia, vehicular, normal y debe conocerse?, y, en otros casos, podrán ser regateadas mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la LOFCA.

La sentencia no cierra el modelo autonómico y las tendencias centrífugas tienen el campo abierto a resultas de lo que pacten los partidos según sus conveniencias y de cuál sea en el futuro la correlación de fuerzas en el TC. Muchas de las interpretaciones esconden, a mi juicio, lo que debieran haber sido declaraciones estimatorias del recurso, reanimadoras probablemente del impulso de reforma constitucional, la que ¡ahora! también pide Montilla. Es, por todo ello, lógica una cierta decepción con el estamento de juristas que alumbró el Estatuto y con la mayoría que firma la sentencia. Y con la clase política que impulsó la reforma, más que decepción, es lógico el hastío. Escuchando a Montilla, Mas y Zapatero, sin que ninguno asuma responsabilidades ¿qué, sino hastío, hemos de sentir? Entre el objetivo cumplido del presidente y la exigencia del Honorable de cambiar leyes y reformar la Constitución; entre los lamentos de unos independentistas que de verdad no lo son y de unos socialistas que nunca fueron federalistas salvo de libro; entre unos juristas que ven blanco lo que sus colegas ven negro, sólo nos queda el hastío y para combatirlo no se me ocurre más que pedirle a la FIFA que celebre el Mundial todos los años.

Galicia: tan antigua, tan moderna
Roberto Blanco Valdés La Voz 18 Julio 2010

Si nuestros líderes políticos deseaban conocer qué opinión tenemos los gallegos sobre la necesidad de reformar nuestro Estatuto, ya lo saben: según el último barómetro del CIS, al 53% le da igual que la autonomía sea mayor, menor o igual que la actual, mientras tan solo un 26% está a favor de que haya más. Las cifras son concluyentes, pero ocurre, ¡ay!, que nuestros líderes no desean saber aquello que, por la razón que sea, les conviene poco o nada.

En realidad, el barómetro confirma lo que todo ciudadano bien informado ya sabía: que en Galicia se juzga a la autonomía por su capacidad para resolver nuestros problemas; que los gallegos estamos en general orgullosos de serlo, pero también de ser españoles (así lo manifiestan, respectivamente, un 97% y un 92% de los entrevistados); que las cuestiones identitarias no le preocupan más que a una exigua minoría (7%) y que, en coherencia con ello, los gallegos que están a favor de la independencia del país, casi el 2%, son bastantes menos de los que suelen votar al BNG.

La pregunta es, claro, si estos datos son, como sostiene el nacionalismo, un síntoma de que vivimos alienados (en comparación con, por ejemplo, amplios porcentajes de la población vasca y catalana) o si constituyen, por el contrario, una manifestación inequívoca de normalidad política y social frente a lo que sucede en dos comunidades donde viven docenas de miles de personas transidas de dolor patriótico que, en el peor (aunque, por fortuna, muy minoritario) de lo casos les lleva a pegar tiros; y en el mejor, que es el más general, a dar todo el día la matraca con que quieren más, con que no se sienten cómodos y con que los demás les ofendemos al no dejarles ser una nación, que es lo que el otro día nos afeó el presidente del Gobierno, el único quizás en el planeta que parece sentirse, además, nacionalista periférico.

Aunque yo reconozco que mi posición esta mediatizada por lo poco que me preocupan patrias y fronteras (me gusta el cine norteamericano, la novela francesa, la comida italiana, la música alemana, la ciudad de Nueva York y las playas del Caribe), les diré, con humildad, que creo que nuestro tranquilo y escéptico país es mucho más moderno que esos territorios ahogados de identidad, a los que algunos desean que imitemos.

Ello no quiere decir, claro, que no tengamos nada que mejorar: tenemos muchísimo, empezando, desde luego, por el cuidado del territorio y del paisaje, que podría ser como el británico y es, en realidad, como el de muchos países en vías de desarrollo. Pero, puestos a escoger entre el sufrimiento nacional y el mayor catálogo de fiestas gastronómicos del mundo, me quedo con las fiestas. Con su permiso, por supuesto.

El mejor negocio de España
Si catalanes y vascos votan nacionalista es porque el nacionalismo es el mejor negocio en la España actual
josé MAría carrascal ABC 18 Julio 2010

SI sólo el 7,9 por ciento de los catalanes se sienten ajenos a España, sin formar parte del Estado español, según una reciente encuesta del CIS, ¿cómo se explica que la mayoría de ellos voten a los partidos nacionalistas, incluidos los de clara tendencia independentista? Ya sé que pocas cosas hay menos fiables que las encuestas, por muy científicas que sean, al existir entre ellas y la realidad la diferencia que hay entre lo pintado y lo vivo. La gente suele decir al entrevistador lo que siente, sabiendo que no tendrá consecuencias. Pero a la hora de la verdad, actúa según sus intereses.

Lo que explica las discrepancias entre encuestas del CIS y resultados electorales. Si los catalanes, como los vascos, votan mayoritariamente nacionalista, es porque el nacionalismo es el mejor negocio que existe en la España actual. Diría incluso el único buen negocio, visto como va el resto. Sin ir más lejos, el PNV obtuvo la transferencia de la alta investigación tecnológica —un buen pico de millones— por su apoyo a los presupuestos del año pasado, aun sabiendo que eran más falsos que las cuentas de Madoff, y espera que el mismo apoyo le permita seguir ocupando la Diputación de Álava —que son todavía más millones—, pese a que el PP fue el partido más votado en aquella provincia. Mientras nacionalistas y socialistas catalanes esperan que Zapatero anule aquellos aspectos de su estatuttachados por el Tribunal Constitucional —como la creación de un Consejo de Justicia para Cataluña e incluso el reconocimiento como nación— a través de decretos-ley. Ante tan suculentos beneficios, ¿tiene algo de extraño que catalanes y vascos voten a sus partidos nacionalistas, aunque se sientan también españoles? Conociendo la naturaleza humana, lo extraño sería que no lo hicieran.

Ello da a esos partidos un peso en la política española muy superior al que proporcionalmente les corresponde, convirtiéndolos de hecho en árbitros de la misma. Algo que se ha venido agrandado a medida que su peso aumentaba y que PSOE y PP se disputaban su apoyo, hasta el extremo de que el presidente del Gobierno parece dispuesto a adaptar la Constitución al estatut, en vez del estatuta la Constitución, un auténtico fraude de ley, que no escandaliza, tras haber estado gobernados durante seis años por un hombre que no tiene palabra, ni principios, ni otra causa que sí mismo. Mientras PSOE y PP antepongan sus intereses a los de España, el nacionalismo seguirá creciendo y España, disminuyendo. Con un Gobierno que tiene la desfachatez de preguntar con guasa si España se rompe. Peor que eso: la está malvendiendo a unos españoles que alardean de no serlo y están haciendo el gran negocio con ella.

Oligarquías
La política nacionalista se asemeja a un franquismo que sólo permitía la expresión pública al apoyo incondicional
JON juaristi ABC 18 Julio 2010

LOS regímenes oligárquicos, basados en la exclusión, producen mayorías sociales despolitizadas, pero fácilmente movilizables ante cualquier atisbo o mera sospecha de agresión o simple antipatía desde el exterior. El franquismo fue un ejemplo redondo de dicha categoría, como bien lo supo ver y describir, ya en 1957, un gran periodista norteamericano, Herbert Matthews. En tiempos más cercanos, las últimas manifestaciones masivas de adhesión a Franco (las famosas concentraciones en la Plaza de Oriente) se abastecieron de grandes contingentes de población apática (o, como mucho, tibiamente franquista) en torno a un franquismo activo muy minoritario.

Este comportamiento tiene su explicación. El régimen convertía las críticas que sobre él se vertían desde el extranjero en ofensas contra España. La apelación al orgullo herido de los españoles proporcionaba a las mayorías pasivas, permanentemente excluidas de la cosa pública, un sucedáneo de acción política que el régimen rentabilizaba en su provecho. Desde luego, se han dado casos mucho más trágicos de manipulación del sentimiento patriótico por dictaduras de diverso signo, como la invasión de las Falkland o Malvinas bajo la Junta Militar argentina. Ahora bien, sin llegar a tales extremos, fenómenos de tipo semejante no son del todo desconocidos en el seno de las democracias, allí donde se constituyen poderes regionales excluyentes. Aparecieron incluso en los Estados Unidos, donde la segregación racial contó con el amparo de las autoridades locales en vastos territorios del Sur hasta los años sesenta del pasado siglo.

Si en España existe hoy un caso claro de régimen oligárquico, se halla, sin duda, en Cataluña, donde el nacionalismo transversal ha conseguido silenciar toda alternativa al mismo recurriendo tanto a la presión institucional como a la violencia abierta. En Cataluña domina una especie de franquismo cuatribarrado que excluye del juego y sume en la apatía política a la mayoría de los catalanes. Una mayoría pasiva, que se abstiene en el referéndum de la reforma estatutaria, pero que se moviliza, al menos parcialmente, cuando el tripartito agita el espantajo de la agresión centralista. Ante esta evidencia, la única estrategia razonablemente democrática, tanto desde el gobierno como desde la oposición, pasaría por el fomento común de una resistencia cívica al nacionalismo. Así se ha hecho en el País Vasco, y con buenos resultados. Pero el gobierno parece considerar que no hay otra Cataluña legítima que su oligarquía nacionalista, y la oposición, confiando en una improbable división del frente estatutario, mira hacia otra parte y permite que medre en su campo un anticatalanismo visceral que se parece mucho al nacionalismo friqui de los maulets, con su empeño en recordar que Montilla es un maldito charnego. Así no se logrará otra cosa que la consolidación del régimen oligárquico y la rápida desaparición, en Cataluña, de los últimos restos de una democracia constitucional minada por los dispositivos de la exclusión. Precisamente lo que se está consiguiendo evitar en el País Vasco. Lo que allí es lucidez se vuelve estúpida ceguera cuando se mira hacia Barcelona.

Huelga funcionarios públicos
No ha parado de crecer
El número de funcionarios se dispara: 200.000 más en tan sólo dos años
 www.gaceta.es 18 Julio 2010

El freno en las contrataciones hubiera ahorrado 4.800 millones anuales a las Administraciones. En el sector privado se han destruido dos millones de puestos. El sector público sólo pierde peso en Asturias, Galicia y Navarra.

Durante los dos últimos años, probablemente los más duros de la peor crisis económica y laboral desde 1929, la plantilla de las Administraciones públicas no ha parado de crecer, obviando así una de las reglas básicas de toda política de austeridad: evitar gastos como el de personal, consolidables año tras año.

Solamente entre el primer trimestre de 2008 y el primero de 2010, el Estado, las comunidades, los ayuntamientos y las empresas públicas contrataron a casi 200.000 empleados y ya gestionan una plantilla récord de más de tres millones de trabajadores.

Mientras, durante el mismo periodo, en el sector privado se destruyeron más de dos millones de empleos.

Sin control regional
Los datos, que recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencian que sólo en tres comunidades –Galicia, Asturias y Navarra–, el peso del empleo público –menos productivo y más caro– ha disminuido frente al del privado.

Uno de cada cinco trabajadores españoles ya está empleado por una Administración o una empresa pública, un porcentaje que ha aumentado en un punto en sólo dos años y que ni siquiera se conoció en el mejor momento económico y con las arcas públicas con excedentes.

Este considerable incremento del empleo público, en una etapa de destrucción de puestos de trabajo en el sector privado y que exige rígidas políticas de austeridad, es superado en seis comunidades autónomas socialistas –Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura– y una gobernada por el Partido Popular, la región de Murcia. El caso más dramático se da en la comunidad extremeña, una región en la que uno de cada tres trabajadores recibe su nómina del sector público, mientras que la tasa de paro en el sector privado es una de las más elevadas del territorio nacional.

La mayoría de las Administraciones, que no habían hecho nada para evitar el desmesurado aumento de sus plantillas, se han visto ahora obligadas a emprender duras políticas de ajuste del gasto. Entre éstas, la mayoría han sido anunciadas muy recientemente, se incluyen la rebaja del sueldo de los funcionarios, la eliminación de departamentos “innecesarios” y evitar la cobertura de las vacantes que se produzcan en las Administraciones públicas.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha decantado por esta última opción, una vez que ha decidido descontar de la nómina mensual de los funcionarios hasta un 7% del sueldo que cobraban hasta ahora.

Sin haber sugerido siquiera la posibilidad de reducir el número de ministerios, una iniciativa reclamada desde toda la oposición, lo que sí hará el Ejecutivo socialista es cubrir sólo un 5% de las vacantes que se den en la Administración estatal.

Una medida similar ya fue aplicada durante las dos presidencias de José María Aznar. En aquel momento, la tasa de reposición de vacantes se situó en el 25% y la iniciativa fue duramente criticada por los socialistas, que entonces se encontraban en la oposición.

Además, una decisión que pretendía evitar el aumento de la plantilla pública tuvo el efecto contrario, ya que muchas corporaciones locales se saltaron la restricción contratando personal laboral y eventual, lo que provocó que la tasa de temporalidad alcanzase a uno de cada tres empleados, un porcentaje que superaba por primera vez al del sector privado.

La limitación de la tasa de reposición que ahora plantea María Teresa Fernández de la Vega, responsable de la Función Pública, pretende ahorrar cerca de 250 millones en tres años, evitando la cobertura de 10.600 puestos de trabajo, el 75% de ellos funcionarios.

El ahorro por cada empleado que se dejará de contratar en la Administración estatal supera los 23.000 euros. Teniendo en cuenta un coste similar por empleado en el resto de las Administraciones, éstas hubieran evitado en conjunto un gasto de casi 4.800 millones anuales si hubieran mantenido sus plantillas en los niveles del año 2008.

Buena parte del aumento del empleo público se debe a que tanto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como la mayoría de los 17 Ejecutivos regionales no han dejado de incrementar el número de altos cargos y asesores. Algunos, no todos, han decidido ahora prescindir de ellos.

Sólo el Ministerio de Presidencia cuenta con 430 asesores y con 66 altos cargos. Éstos suman 409 para todo el Ejecutivo, frente a los 341 del último Gobierno de José María Aznar.

Los altos cargos y personal de confianza cuestan cerca de 200.000 euros anuales, según el Partido Popular, mientras que el sueldo de los funcionarios oscila entre los 17.000 euros y los 31.000 durante el primer año de su incorporación a la Administración.

Otra de las causas del aumento de la plantilla pública son las contrataciones de las empresas dependientes del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Las vinculadas a las Administraciones regionales superan ya las 2.100.

El aumento del sector público que han llevado a cabo las Administraciones contrasta con las recomendaciones de numerosos organismos y organizaciones –la última, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales– que abogan por por reducir la maraña pública y burocrática.

El pasado jueves, CEOE reclamaba medidas de “gran calado” para recortar más el gasto público, en el sentido de reducir el número de funcionarios, empezando por los menos productivos, permitir la participación de empresas privadas en la prestación de servicios públicos o la privatización de empresas públicas deficitarias. La pelota , si se quiere reducir el gasto, está ahora en el tejado del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El Islam aprovecha el órdago nacionalista catalán para expandirse
Redacción. Minuto Digital 18 Julio 2010

El imán de la mezquita del Nord de Lleida, Abdelwahab Houzi, es un viejo conocido de los servicios de inteligencia españoles. Hace un par de meses ya se posicionó a favor del uso del burka. En aquella ocasión afirmó que el velo integral no discrimina. “No es discriminación porque la mujer misma, ella por su propia voluntad, con su propia libertad ha elegido este tipo de vestimenta, entonces nadie le obliga”, aseveró.

Abdelwahab Houzi, también es un viejo conocido de la justicia. Una mujer lo denunció por haberse casado con ella cuando ya tenía otra mujer, maltratarla y abandonarla en un viaje a Marruecos. Los malos tratos tuvieron lugar el pasado mes en Rabat, donde la pareja se encontraba de viaje.

Pues bien, ahora está convocando reuniones para expandir el salafismo wahabi en Lérida a través de una federación de mezquitas que quiere presidir. En el último encuentro, el pasado domingo, Abdelwahab Houzi animó a los musulmanes a aprovecharse de los independentistas.

La esposa de un marroquí asistente a las reuniones ha contado que el domingo pasado el imán dijo: “Hay que aprovecharse de los independentistas pues ellos se apoyan en nosotros para conseguir votos pero lo que ellos no saben es que cuando nos dejen votar todos votaremos a los partidos islámicos pues nosotros no pensamos en izquierdas y derechas. Esto nos hará ganar alcaldías y a partir de ahí con las grandes competencias de las autonomías empezará a implantarse el Islam.”

No todo era de ‘color de rosa’ en la Selección Española
Redacción. Minuto Digital 18 Julio 2010

El portero de la selección española de fútbol, Iker Casillas, ha revelado en una entrevista en la Cadena Ser que los jugadores catalanes de la Selección son “los catalufos”, a pesar de querer aclarar que este utilizaba este adjetivo “cariñosamente” . Casillas también explicó que durante su estancia en Sudáfrica había dos mesas para comer y cenar.

“Nos separamos, como decimos cariñosamente, los catalufos comen en una mesa, el resto de España en la otra”, afirmó, además de señalar que Javi Martínez también cenaba con los catalanes, mientras que Fernando Llorente lo hacía “con nosotros”. El portero también apuntó que los jugadores catalanes “hablan en catalán”, por lo que “estamos todo el día con las coñas”.

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La Cataluña real

El Editorial La Razón 18 Julio 2010

El Parlamento de Cataluña acogió ayer un pleno extraordinario sobre el Estatut, en el que los grupos del Tripartito y CiU apenas pudieron ponerse de acuerdo a última hora en presentar como resolución conjunta contra la sentencia del Tribunal Constitucional el preámbulo de la norma estatutaria que define a Cataluña como nación. Sin embargo, el apaño no tapó el desencuentro que quedó patente el día anterior cuando la reunión de estos líderes catalanes fue la expresión de sus diferencias. El desacuerdo entre los avalistas de la norma estatutaria está marcado por el horizonte electoral, del mismo modo que la abrupta toma de posiciones es imposible interpretarla al margen de la cita con las urnas. Del pleno en el Parlament quedó claro que los grupos catalanes insisten, por una u otra vía, en la necesidad de cambiar las reglas de juego con el propósito de que el orden constitucional se adapte al Estatut y no al contrario. Suena a despropósito, porque lo es. José Montilla reclamó una reforma profunda de la Constitución que reconozca la pluralidad nacional de España y las reformas de las leyes necesarias para que el Estatut no se resienta, mientras que CiU aspira a un gran salto adelante soberanista y ERC proclama la ruptura y el independentismo. El objetivo es arañar votos o no perderlos. Montilla es muy libre de entender que lo mejor para los intereses de Cataluña sea realizar una catarsis constitucional, pero abrir ese melón es una temeridad que no compartimos y que nos parece injustificada. La clase política catalana se ha embarcado en un bucle melancólico del que los problemas reales de los ciudadanos –la crisis, el paro, la vivienda, la inseguridad– no forman parte. La verdad es que el Estatut nunca fue una demanda de la ciudadanía ni una inquietud general, sino un proyecto de los políticos para los políticos.

Lo cierto es que las prioridades de la ciudadanía son otras y que su concepto de Cataluña y de España tiene poco que ver con el que expresan una parte de esos dirigentes. Los resultados del último barómetro del CIS, publicados ayer, son esclarecedores y confirman la secuencia de otros estudios de opinión. El 65,7 por ciento de los catalanes está orgulloso de ser español, mientras que, cuando se les pregunta qué significa España para ellos, la respuesta mayoritaria es la de que es su país. Tan sólo un ínfimo 7% siente a España como un «Estado ajeno». Ésa es la Cataluña real, la de la calle.

La consecuencia de ello es la desafección de la sociedad catalana hacia sus dirigentes. Es llamativo y censurable cómo los partidos no han dedicado el mínimo esfuerzo a interpretar la creciente abstención en las citas electorales en Cataluña, cuyo máximo exponente fue el referéndum sobre el Estatut, por no citar el de las denominadas consultas soberanistas. Este desapego es peligroso. Las sociedades necesitan políticos responsables y sensatos, que solucionen problemas y no que los creen o los alimenten. Que PSOE y PSC, por ejemplo, hayan pactado hacer una «fuerte acción política» para desarrollar el Estatut no sólo supone desafiar la autoridad del Tribunal Constitucional, sino que es el mensaje de que los intereses partidistas están muy por encima de los de las familias catalanas.

El debate autonómico, crispado hasta límites irrespirables por la cuestión del Estatut catalán, provoca sarpullidos internos en el propio PSOE. Ayer mismo, el ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla lanzó un fuerte ataque al actual modelo autonómico, al que calificó de «agotado», y reclamó «dar un salto» para construir un Estado federal. Sevilla, en un acto en San Sebastián, considera que el Estado está aún «a medio hacer». Y se apoya en el recuerdo de que la Constitución española «reconstruyó» un Estado centralista en uno con 17 administraciones más una y una nación compuesta de nacionalidades y regiones, organización que, a su juicio, debe articularse «de una manera diferente a como está ahora». Sevilla, como ya han hecho algunos otros dirigentes socialistas, reclama a Zapatero que retome el programa de la «España plural» de su anterior legislatura. Los nacionalistas cuentan con más apoyos de los que se pensaba dentro del mismísimo PSOE.

Cuidado con las palabras
«El término federalismo es utilizado como argumento en contra de todo lo que suponga plantear dudas y críticas a los planteamientos en los que se sustenta el Estatuto catalán»
JOSEBA ARREGI El Correo 18 Julio 2010

Decía el maestro Mitxelena, con la pasión que le caracterizaba, que las cuestiones semánticas, tantas veces declaradas sin importancia, eran lo más importante para la lengua. En su naturaleza comunitaria radica que cada individuo no pueda disponer arbitrariamente de ellas.

En torno al nuevo Estatuto catalán, a la sentencia del Tribunal Constitucional y a la respuesta de la clase política y mediática catalana, ha aparecido la afirmación de que con esta sentencia se ha cerrado la puerta al desarrollo de la España constitucional en línea con el pensamiento y los planteamientos del federalismo. Nadie de los que lo afirman, sin embargo, se toma el trabajo de explicar qué entiende por federalismo. Porque este término es utilizado como argumento en contra de todo lo que suponga plantear dudas y críticas a los planteamientos en los que se sustenta el Estatuto catalán.

Suponen los que recurren al federalismo como argumento a favor del Estatuto, y en contra de las dudas críticas frente al mismo, que existe en Cataluña, y en el conjunto de España, un sector progresista a quien el término federal le sugiere posibilidades y potencialidades prometedoras para el desarrollo de la Constitución española.

Pero primero hay que decir lo que entiende cada uno, y lo que entiende tanto el derecho constitucional como la ciencia política en su gran mayoría, por federalismo, por federación, y lo que algunos desde Cataluña entienden cuando usan esos términos. Porque nos podríamos encontrar con que lo que quieren defender, y lo que en su núcleo pretende el Estatuto catalán no es la federalización de España, sino la confederalización del Estado. No defienden, pues, el federalismo y la federación, sino que plantean que España se transforme en una confederación, algo radicalmente distinto, y opuesto, a una federación.

Si seguimos, por ejemplo, a Daniel Elazar -uno de los académicos más citados en los estudios sobre el federalismo, si no el que más- veremos que afirma que España, bajo la Constitución del 78, es una federación 'in all but in name', en todo menos en el nombre. Si miramos a la historia de EE UU, veremos que la Guerra de Secesión fue una guerra en defensa de la Unión, llamada federación, en contra de la confederación, considerada secesionista. Si tomamos la Constitución de EE UU veremos que afirma que su propósito radica en formar una mejor unión a través de la federación.

Si nos acercamos a la Constitución de Suiza del año 1999, año de la última reforma si no me equivoco, leeremos que la federación suiza se constituye por los cantones individualmente nombrados y 'por los ciudadanos suizos'. Desde una tradición de confederación en la que eran los cantones los constituyentes originales del Estado suizo, Suiza da el paso a proclamar el Estado suizo constituido por los cantones y por los ciudadanos suizos, reconociendo así la existencia de un pueblo suizo de ciudadanos, además de la existencia de los cantones.

Si nos acercamos al estatuto de autonomía de uno de los Estados alemanes, el Estado del Norte del Rhin y Westfalia -NRW-, el Estado más poblado de Alemania con más de 18 millones de habitantes, veremos que afirma que el Norte del Rhin y Westfalia se da 'esta constitución' -no tienen empacho en llamar constitución a su estatuto de autonomía- en unión con todos los alemanes, es decir no para separarse del resto de alemanes, sino en unión con todos ellos. Y al igual que en otros Estados federales, la federación alemana se rige por el principio de la lealtad federal: del todo con las partes, y de las partes con el todo. Además establece la supremacía de las leyes federales sobre las leyes de los Estados. Federación tiene que ver, por lo tanto, primordialmente con unión. Y según el citado Elazar, las confederaciones y otros tipos de pactos estatales no federativos, o se convierten en federaciones más bien antes que más tarde, u optan por la constitución de Estados nacionales separados.

Existe, desde luego, una razón por la que algunos desde Cataluña están interesados en confundir federación con confederación. Para ello usan el término del federalismo plurinacional, implicando que no existe democracia real si no existe en las federaciones un reconocimiento explícito de su plurinacionalidad constitutiva -Ferrán Requejo, Miquel Caminal-. Partiendo de esa premisa, afirman que España no será nunca un Estado federal si no llega al reconocimiento de las naciones que existen dentro de ella y que le son constitutivas.

Es cierto que el pluralismo, también en el sentimiento de pertenencia, es consustancial con la democracia. Otra cosa es que el pluralismo de pertenencia nacional sea fácilmente territorializable en condiciones de segunda modernidad, de complejización creciente de nuestras sociedades. Es evidente que en la medida en que existen individuos que se sienten pertenecientes a la nación catalana, o a la vasca, o a la española, esas naciones existen como algo de hecho, y a pesar de Pujol, quien llegó a afirmar que la nación española no existía. Es también evidente que en esa medida España como Estado, España como nación política, es plurinacional.
Pero también es evidente que en Cataluña, en Euskadi y en Galicia existen muchas personas que se sienten pertenecientes a la nación española, y que la mayoría de individuos en cualquiera de esas sociedades se sienten pertenecientes al mismo tiempo en distintos grados a varias naciones, a la catalana, a la vasca, a la gallega y también a la española.

Es cierto que España es plurinacional. Y tan cierto, o más, es que Cataluña y Euskadi son plurinacionales de forma estructural. Hasta ahora los nacionalistas huyen de asumir esa realidad plurinacional propia escudándose en afirmar la plurinacionalidad de España. Si algún día fueran independientes tendrían que abandonar esa comodidad y enfrentarse a su propia realidad plurinacional. Por eso no se puede utilizar la excusa de la falta de reconocimiento plurinacional en España para tratar de confundir federación, que significa reforzar los lazos de unión desde la diversidad, con confederación, que implica abrir las puertas a la disolución del Estado. Por algo los nacionalistas vascos y catalanes han estado siempre en contra de las soluciones federales.

Fragua de un nuevo fraude
Ana Samboal www.gaceta.es 18 Julio 2010

Sin despeinarse, sin perder un ápice de sonrisa, es capaz de mantener con un cinismo digno de estudio una cosa y la contraria. Aseguró, para transmitir imagen de vencedor frente al PP, que la sentencia del Constitucional avalaba su Estatuto –él es el principal valedor– y, al mismo tiempo, se muestra dispuesto a burlar ese fallo modificando las leyes que haga falta para satisfacer la insaciable ansia de poder de los nacionalistas de su propio partido en Cataluña. Dice que las reformas se han hecho “desde la Constitución y en la Constitución”. ¿Por qué entonces este revuelo? Porque miente. Y lo hace sin inmutarse. No es eso lo que ha dictaminado el Alto Tribunal. La abierta insumisión del presidente de la Generalitat tiene un último y gran responsable: Zapatero. ¿Con qué cara nos instarán y coaccionarán los poderes del Estado a los ciudadanos para que acatemos las decisiones de los tribunales cuando uno de ellos, el poder ejecutivo, el mismísimo presidente del Gobierno, se declara abiertamente en rebeldía?

La Carta Magna no es inmutable, en su interior recoge los principios para reformarla. Si no le gusta, si no se adecúa a sus necesidades para mantener, como sea, a toda costa, los votos que necesita en Cataluña –que no es otra la causa de su comportamiento–, que no intente falsearla con leyes orgánicas, que lleve la reforma a las Cortes Generales, donde, mal que le pese, reside la soberanía de la única nación, y convoque un referéndum para que sean los españoles los que den su veredicto. No hay más cauce, lo demás son atajos interesados, tramposos e inmorales. En todo esto tiene también el PP su responsabilidad. El silencio de Rajoy le convierte en cómplice. Fue él quien recurrió el Estatuto, fue él quien recogió firmas a lo largo y ancho de España. Que, tras la sentencia, evite dar la imagen de triunfalismo para evitar la confrontación y una hipotética pérdida de votos en Cataluña tiene un pase, pero su papel como líder del principal partido de la oposición le obliga a alzar la voz para defender con contundencia la legalidad vigente.

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