AGLI

Recortes de Prensa    Martes 27  Julio  2010

 

Galicia y las dos sentencias del TC sobre el Estatuto catalán
Roberto Blanco Valdés La Voz 27 Julio 2010

Contra lo que tras la publicación del fallo pudo parecer, la lectura detenida del pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña demuestra que aquel ha dictado dos sentencias en una. Aunque maliciosamente cabría suponer que por eso ¡ha tardado cuatro años!, lo cierto es que su escandaloso retraso en decidir tiene que ver, en efecto, con tal duplicidad, que trataré seguidamente de explicar.

El breve fallo del TC (dos páginas) anula por inconstitucionales (total o parcialmente) 14 artículos del Estatuto e interpreta otros 27, lo que parece tan poca cosa que el Gobierno pudo batir palmas y afirmar que el TC les había dado la razón a quienes apoyaron políticamente y defendieron jurídicamente el texto estatutario.

Pero, ¡su gozo en un pozo!, la publicación, varios días después, de la larguísima sentencia (casi 900 páginas) demostró que las cosas eran bastante diferentes. Y ello porque el TC, por vía de reinterpretación, lo que ha hecho en realidad es declarar inconstitucionales aspectos centrales de la norma.

¿Que cómo ha sido eso? Dirán ustedes: es sencillo. Por falta de coraje, el TC, que se ha dejado presionar por los que lo amenazaban si no confirmaba la constitucionalidad del Estatuto, ha hecho lo siguiente: declarar, por vía de interpretación que 27 artículos (o partes de artículos) son constitucionales siempre que se interpreten del modo que el TC estima compatible con nuestra ley fundamental... que es justamente el contrario del que se deriva de la literalidad de los preceptos afectados.

Así las cosas, lo que ha hecho a la postre el TC es declarar inconstitucionales (en todo o en parte) no 14 artículos, sino 41, aunque, por pura cobardía, solo se ha atrevido a anular 14 de forma directa. La cosa no es irrelevante si se tienen en cuenta los temas afectados: nación, lengua, competencias, poder judicial, presencia en órganos estatales, bilateralidad y financiación. De este modo, no hay más nación que la española; no cabe la inmersión ni la bilateralidad; no es posible que un Estatuto defina las competencias, legisle sobre la presencia regional en órganos del Estado o fije criterios generales sobre la financiación; ni lo es que tenga un órgano de gobierno judicial. Así son las cosas, aunque el ministro de Justicia no se haya enterado todavía.

Por eso, el BNG y el PSdeG, que el domingo volvieron a exigir, con motivo del Día de Galicia, un texto estatutario similar al catalán, deberían encargar a alguien que sepa del asunto, que se lea con calma la sentencia del Estatuto, no vaya a ser que, confundidos por quien cuenta la inconstitucionalidad al peso, se crean que cabe en el Estado autonómico lo que el TC ha dicho de un modo -indirecto, aunque taxativo- que no cabe.

Los ciudadanos ya han pactado
Una amplia mayoría de españoles se decanta en contra de incrementar los poderes de las autonomías
IGNACIO camacho ABC 27 Julio 2010

EL pacto de Estado que deberían firmar el PSOE y el PP sobre el modelo territorial ya lo han suscrito sus respectivos votantes sin necesidad de ponerse de acuerdo. Una amplia mayoría de españoles (67,6 por ciento) se decanta en el último sondeo del CIS en contra de incrementar los poderes de las autonomías, cuya percepción negativa se ha desplomado en los últimos cinco años coincidiendo con las reformas estatutarias auspiciadas por el zapaterismo. Y esa mayoría procede del electorado de los dos principales partidos, que se pronuncia además de forma abrumadora (entre el 88 y el 75 por ciento) a favor de la identidad nacional española. Aunque los porcentajes críticos sobre la deriva autonómica sean lógicamente más amplios entre simpatizantes del PP, la encuesta oficial revela una enorme base de acuerdo en la necesidad de reconducir el proceso en dirección opuesta a la que ha marcado el Gobierno. La crisis, el despilfarro de recursos y la duplicidad de competencias han generado en la ciudadanía un estado de opinión propicio como mínimo a la reflexión sobre el modelo de Estado. Pero como de costumbre, la dirigencia oficial marcha en sentido contrario hacia un avance centrífugo que inquieta, preocupa o genera rechazo en el sentir ciudadano.

La principal razón para embridar la diáspora territorial debería ser precisamente la propia defensa del Estado de las Autonomías, cuyos resultados globales a lo largo de tres décadas son objetivamente positivos y no merecen caer en el desprestigio que empieza a causar el descalzaperros del último quinquenio. La desestructuración promovida por Zapatero podrá satisfacer a las minorías nacionalistas —en la práctica ni siquiera sucede eso— pero está destruyendo el consenso social sobre el modelo de Estado y ha empezado a generar desconfianza respecto a sus virtudes funcionales. La gente percibe con recelo el desarrollo autonómico y es menester que la política impida su descrédito definitivo mediante un acuerdo en defensa de la cohesión nacional. La proporción de electores socialistas que ha incrementado sus juicios negativos es lo bastante importante como para merecer una reflexión de un Gobierno tan habitualmente atento al pulso de la demoscopia.

La sensibilidad actual de la opinión pública refleja una situación madura para un acuerdo político que, aunque ahora mismo no parece viable, tendrá que producirse más tarde o más temprano. Con Zapatero es imposible porque su proyecto (?) es justo el inverso, pero ahí hay fondo sólido para un programa electoral alternativo… y acaso para un liderazgo alternativo en la propia izquierda. En el PP es más fácil de plantear la cuestión de la estructura de España, pero el PSOE tendrá que pensar alguna vez en que el zapaterismo no va a ser eterno.

Sentencias y arreglos
ANDONI PÉREZ AYALA El Correo 27 Julio 2010

Aunque los temas relativos a la organización territorial del Estado nunca suelen estar entre nosotros exentos de polémica, llama especialmente la atención la radicalidad de las reacciones provocadas por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. De acuerdo con los términos en que durante estos últimos días se está desarrollando la aguda controversia sobre esta compleja resolución del TC, da la impresión de que, más que sobre lo que realmente se dice en ella, se está aprovechando la ocasión para afirmar y defender posiciones preconcebidas de antemano sobre las más variadas cuestiones políticas, que en muchos casos poco tienen que ver con las que el máximo intérprete de la Constitución ha dirimido en esta controvertida sentencia.

Así, por ejemplo, se ha cuestionado, además desde posiciones y con argumentos contrapuestos, la propia legitimidad del TC para ocuparse del caso sugiriendo incluso que rechazara hacerse cargo de él; ha habido también variadas propuestas para cambiar la configuración del TC antes de dictar sentencia, llegando a pedir su supresión; y por último, se ha planteado la necesidad de reformar la Constitución, también desde posiciones contrapuestas (por una parte para que la nación catalana tenga acomodo en ella y, por otra, para recentralizar el Estado y poner freno a las reivindicaciones nacionalistas); cuestiones todas ellas que, como todo en esta vida, son discutibles, pero que exceden por completo el ámbito de la cuestión sometida a la consideración del TC, limitada a pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña.

Conviene centrar las cosas en sus justos términos y tener un sano relativismo sobre casi todo, en general, y más sobre estas cuestiones en particular; entre ellas, la controvertida sentencia del TC que nos ocupa y las cuestiones colaterales que se han suscitado en torno a ella. En este sentido, y a pesar del ardor guerrero con que se afrontan estos temas, la primera observación que a nuestro juicio conviene hacer es que los efectos prácticos de la sentencia sobre el régimen real del autogobierno estatutario catalán son muy limitados, sin que pueda sostenerse, como se ha hecho, que éste queda desnaturalizado tras la intervención del Tribunal Constitucional; como tampoco puede sostenerse, desde posiciones opuestas, que ha sido la intervención del TC mediante esta sentencia la que ha conjurado el riesgo de desintegración de España que representaba el Estatuto catalán.

La desmesurada extensión de la sentencia (casi novecientas páginas), además de dificultar su comprensión, puede inducir a confusión sobre su alcance real, que no cabe evaluar en términos cuantitativos. Es preciso reseñar, de todas formas, que esta excesiva dimensión del texto de la resolución judicial que nos ocupa deriva directamente de la no menos excesiva dimensión del recurso de inconstitucionalidad, que impugnaba más de un centenar de disposiciones estatutarias de las 245 que integran el, a su vez, sobredimensionado texto estatutario. Tiene interés reseñar estos datos cuantitativos porque parece ser que para compensar la falta de acuerdo en cuestiones sustanciales, el tamaño de la cosa -sentencia, recurso, texto estatutario- es lo que más importa.

Al margen de estas digresiones sobre la magnitud de las cosas (que en este caso constituyen un elemento a tener en cuenta) y de acuerdo con el espíritu relativista al que aludíamos, puede decirse que en las condiciones en que se ha planteado y se ha desarrollado todo este proceso, nada ejemplar, que ha culminado con la reciente sentencia del TC, ésta bien puede ser considerada como 'un mal arreglo'; pero entendiendo esta expresión en el sentido positivo que le da el sentir popular cuando, precisamente en relación con las eventuales intervenciones judiciales, asevera que hay ocasiones en las que 'vale más un mal arreglo que un buen juicio'.

A pesar de las fuertes críticas de que ha sido objeto el TC, algunas de ellas justificadas por la excesiva tardanza en emitir el fallo, y todas las demás descalificaciones completamente infundadas ya que los miembros del TC no son en absoluto responsables de su no renovación en el cargo, ni de tener que pronunciarse sobre un texto que ha sido sometido previamente a referéndum ni, por último, de las mastodónticas dimensiones de los textos -estatutario y recursos- sobre los que tenía que pronunciarse, así como de la excesiva sobrecarga ideológica que los lastraba, hay que decir que la controvertida sentencia adoptada finalmente, más que el resultado de un buen juicio no podía ser algo muy diferente de lo que ha sido: un arreglo trabajoso, como puede comprobarse leyendo el texto que, sin embargo, quizá sea el menos malo de los remedios posibles.

Esta sentencia no da la solución definitiva sobre la cuestión del autogobierno catalán; entre otras razones porque no puede hacerlo. No es razonable, ni tampoco deseable, esperar del Tribunal Constitucional -ni de éste ni de ninguno- que solucione los problemas relativos a la organización territorial del Estado (lo que no quiere decir que no tenga que intervenir si se cuestiona la constitucionalidad de cualquier norma, incluidos los Estatutos de las comunidades autónomas). Habrá más sentencias, igualmente controvertidas, sobre estos mismos temas. Ahora, tras esta sentencia, discutible como todas pero que ni cierra las posibilidades de desarrollo del autogobierno catalán ni tampoco abre la puerta de la disolución de la nación española, sólo cabe reemprender de nuevo el camino conducente a la búsqueda de acuerdos que permitan seguir avanzando en el desarrollo del Estado autonómico.

Triste herencia
Vicente García-Hinojal, www.gaceta.es 27 Julio 2010

El lamentable incidente acaecido en una universidad española –otrora centro de intercambio de ideas, de formación y tolerancia– al agredir unos supuestos estudiantes pro islamistas a unos científicos judíos.

Lo que parece más propio de la Alemania nazi que de un país civilizado del siglo XXI– hay que enmarcarlo en el totalitarismo propio de los pseudodemócratas de izquierda y en la demagogia imperante en esta España claudicante y a la deriva, producto de seis años de gobierno de ZP y sus partidarios. Todo este tiempo de iniquidad moral, de posibilismo buscando el voto fácil y el aplauso agradecido del marasmo de inanidad a que se ha sometido a nuestros escolares –luego universitarios merced a normas educativas cambiantes y a cual menos exigente–. Todo este tiempo de demagogia constante amplificada por los medios adictos y apesebrados, reconvertidos en altavoces del tremendismo político y en hagiógrafos del culto al líder, han conducido a la España decadente, sin principios, sombra de lo que fue y camino de la nada, en la que nos encontramos.

Desde el principio –obedeciendo supuestamente a un plan preconcebido– la obstinación presidencial consistió en dilapidar el patrimonio y reservas económicas; aislar “sanitariamente” a la oposición; dialogar taimadamente con asesinos; cercenar todo atisbo de crítica; romper la unidad de la patria dando alas a independentistas y nacionalistas de doble cara y discurso; rescatar de sus cenizas el pasado más oscuro –superado gracias a la generosidad de la Transición cuando los españoles miramos al futuro para no repetir el pasado–, reviviendo una guerra olvidada para así volver a enfrentarnos en el cainismo de las dos Españas.

Consistió en atacar a la vida más desamparada en aras de un supuesto progresismo social; debilitar la autoridad familiar y la Familia; desacreditar y atacar a la Iglesia católica; desprestigiar sutilmente a la Corona; atacar los principios y valores tradicionales que conforman lo español; atacar las instituciones y el Ejército; vestir en público la kufiya palestina tomando una clara postura antisemita propia de progres que desconocen el verdadero motivo de la expulsión de los moriscos –hoy, sin embargo, reivindicados– y la injusticia que supuso la de los judíos; mancillar el nombre de España en el mundo y –finalmente– hundir la economía convirtiendo al país uno sujeto a tutela, cuando lo más fácil habría sido, olvidando la demagogia, aprovechar los activos para crear políticas sociales duraderas y eficaces; regular adecuadamente el fenómeno de la inmigración, así como el mercado laboral y aminorar los efectos de la crisis sólo con controlar a los bancos y el mercado hipotecario.

Pero no, había que presumir de progresismo; crear una inutilidad rimbombante llamada Alianza de Civilizaciones, ser el hazmerreír del mundo libre y culto, detentar la Presidencia de la UE más vacua que se recuerda; glorificar una aberración histórica –por lo mal planteada y peor desarrollada– llamada Segunda República para conseguir reescribir la Historia y que ganen la guerra en el BOE los que no supieron ganarla en los campos de batalla.

En suma, unos indocumentados han conseguido ante la pasividad de la sociedad civil hacer realidad lo que ni el felipismo intentó: dejar a España irreconocible. Triste herencia para las generaciones futuras, que para nuestra desgracia no podemos repudiar ni aceptar a beneficio de inventario. Pero tanto ataque sectario ha hecho que surjan más patriotas que no se avergüenzan de serlo y de manifestarlo públicamente.

Entre todos, debemos procurar que la infamia no se olvide, recordar que sus causantes tienen nombre y apellidos y obedecen a doctrinas de siglas concretas. Que lo que ha pasado no es fruto de la casualidad y debe marcar a sus autores para siempre.

Hoy más que nunca debemos esforzarnos todos en salvar España y en defenderla, ya que es lo que, basándose en nuestro pasado, conforma nuestra unidad y proyecta nuestro futuro. No pensemos que apoyar puntualmente a la Roja es suficiente. España necesita nuestro trabajo y esfuerzo todos los días.

El Príncipe de la Paz ataca de nuevo
Editorial www.gaceta.es 27 Julio 2010

La legendaria capacidad de Zapatero para no dejar que la realidad le arruine una de sus ocurrencias es, como se sabe, perfectamente compatible con su impavidez para decir digo donde había dicho Diego.

Hay asuntos en que, sin embargo, Zapatero nunca dará marcha atrás, porque forman parte de su más íntima vocación, de sus deseos más hondos. Uno de ellos es el anhelo de pacificar, a su manera, las relaciones con ETA. No se trata de una rareza, porque se encuentra en perfecta sintonía con la idea de que la España constitucional está mal hecha, y que esa mala hechura debe ser modificada y rota para que españoles, catalanes y vascos, como él lo diría, puedan vivir en paz. La fórmula política que ha de garantizarlo será la nueva izquierda que él está creando: una coalición que impida definitivamente el triunfo de la derecha, de quienes son los responsables de las tensiones que rompen este país, según la sectaria e interesada historia con que se nutre.

En su virtud, Zapatero tendrá que pasar por encima de la sentencia del Constitucional y, sobre todo, tendrá que lograr la paz con ETA. En una entrevista reciente se ha apresurado a declarar que el fracaso del proceso de paz sembró la “solución definitiva”, o sea, que él sigue en ello. A un tiempo, y de manera harto sospechosa, el órgano oficial de la banda se las promete muy felices: algo sabrán. Este Gobierno es un desbarajuste, salvo en la coordinación de sus feos negocios con ETA, como lo demuestra la férrea armonía con que se coordinan sus acciones y sus despistes. Es imposible atribuir a la casualidad las delicadezas del señor Rubalcaba con los inquilinos de Nanclares, los acercamientos de presos, la desaparición de De Juana Chaos o la liberación de Usandizaga, para que se ocupe de su mami. Los gestos del Gobierno hacia los asesinos, que se nos presentan como dóciles corderos deseosos de ser concejales de la unión de izquierdas, se multiplican y se aceleran, es decir, que el Gobierno tiene un plan porque Zapatero tiene una obsesión, y necesita exhibir algún triunfo, por más que sea aparente y vaya manchado de sangre, ante el período electoral en el que estamos entrando.

Todo indica que estamos ante una repetición del escenario de 2005. Lo que entonces podía ser visto como síntoma de la fortaleza política del Gobierno que se atrevía, insensatamente, con todo, es hoy consecuencia de su debilidad, de la necesidad de ofrecer algo que justifique de algún modo una política cobarde, miope, indistinguible de la alta traición.

España no es tan débil como Zapatero y no tiene que pagar con gestos y con prebendas el uso de las bombas y el asesinato indiscriminado de inocentes. La banda está débil, pero nuestro Gobierno lo está todavía más, y pretende sacar pecho a costa de un nuevo paso en falso que dará nueva vida a ETA para que nos amargue un poco más la nuestra. Hasta el más lerdo de los analistas reconocerá que cuando una banda de asesinos obtenga premio por sus crímenes, lo que se garantiza es que cometa tropelías mayores, porque cualquiera de sus asesinos entenderá que las mercedes han sido logradas a golpe de pistola, y que sería una necedad dejar las armas, aunque, como es obvio, haya que disimular que así se ha hecho. Hoy mismo publica este periódico que la banda ha robado coches, matrículas y troqueladoras en el sur de Francia. Como se ve, todos a lo suyo, la banda a extorsionar y matar, y Zapatero a engañarnos de nuevo, a ver si su sueño le convierte en Príncipe de la Paz, a ser posible, a título vitalicio.

Los ciudadanos ya han pactado
Una amplia mayoría de españoles se decanta en contra de incrementar los poderes de las autonomías
IGNACIO camacho ABC 27 Julio 2010

EL pacto de Estado que deberían firmar el PSOE y el PP sobre el modelo territorial ya lo han suscrito sus respectivos votantes sin necesidad de ponerse de acuerdo. Una amplia mayoría de españoles (67,6 por ciento) se decanta en el último sondeo del CIS en contra de incrementar los poderes de las autonomías, cuya percepción negativa se ha desplomado en los últimos cinco años coincidiendo con las reformas estatutarias auspiciadas por el zapaterismo. Y esa mayoría procede del electorado de los dos principales partidos, que se pronuncia además de forma abrumadora (entre el 88 y el 75 por ciento) a favor de la identidad nacional española. Aunque los porcentajes críticos sobre la deriva autonómica sean lógicamente más amplios entre simpatizantes del PP, la encuesta oficial revela una enorme base de acuerdo en la necesidad de reconducir el proceso en dirección opuesta a la que ha marcado el Gobierno. La crisis, el despilfarro de recursos y la duplicidad de competencias han generado en la ciudadanía un estado de opinión propicio como mínimo a la reflexión sobre el modelo de Estado. Pero como de costumbre, la dirigencia oficial marcha en sentido contrario hacia un avance centrífugo que inquieta, preocupa o genera rechazo en el sentir ciudadano.

La principal razón para embridar la diáspora territorial debería ser precisamente la propia defensa del Estado de las Autonomías, cuyos resultados globales a lo largo de tres décadas son objetivamente positivos y no merecen caer en el desprestigio que empieza a causar el descalzaperros del último quinquenio. La desestructuración promovida por Zapatero podrá satisfacer a las minorías nacionalistas —en la práctica ni siquiera sucede eso— pero está destruyendo el consenso social sobre el modelo de Estado y ha empezado a generar desconfianza respecto a sus virtudes funcionales. La gente percibe con recelo el desarrollo autonómico y es menester que la política impida su descrédito definitivo mediante un acuerdo en defensa de la cohesión nacional. La proporción de electores socialistas que ha incrementado sus juicios negativos es lo bastante importante como para merecer una reflexión de un Gobierno tan habitualmente atento al pulso de la demoscopia.

La sensibilidad actual de la opinión pública refleja una situación madura para un acuerdo político que, aunque ahora mismo no parece viable, tendrá que producirse más tarde o más temprano. Con Zapatero es imposible porque su proyecto (?) es justo el inverso, pero ahí hay fondo sólido para un programa electoral alternativo… y acaso para un liderazgo alternativo en la propia izquierda. En el PP es más fácil de plantear la cuestión de la estructura de España, pero el PSOE tendrá que pensar alguna vez en que el zapaterismo no va a ser eterno.

Zapatero remendón
Maite Nolla www.gaceta.es 27 Julio 2010

Lo absurdo es como estar embarazada: no hay término medio. Por eso es difícil graduar las declaraciones de los políticos nacionalistas desde que se publicó la sentencia del Estatuto.

Yo creo que la mejor forma de ordenarlas es por orden cronológico y así nos ahorramos discusiones. La semana pasada José Montilla, el hombre del glamour, el que considera casposa la referencia a la unidad de España, le dijo a Zapatero que Cataluña exige una “reparación moral y material” por la sentencia del Estatuto. No es cierto que todas las opiniones sean respetables. Por ejemplo, lo que yo les pueda decir sobre epizootias o sobre la construcción de un puente deben ponerlo ustedes en cuarentena. Y sobre lo que ha dicho Montilla, les sugiero que hagan lo mismo. Es algo así como que un delincuente pida que el Estado le indemnice por el tiempo que pasó en la cárcel, pero no por una condena injusta, sino por haber cometido un crimen.

Ya sé que analizar unas declaraciones de José Montilla hace chirriar el intelecto de un europeo medio, pero aplicado al caso el ejemplo que les he puesto, resulta que lo que ha declarado el Tribunal Constitucional es que el Estatuto de Cataluña, tal y como se aprobó finalmente, vulneraba unos 40 artículos de la Constitución. Con lo cual, si algo debe ser reparado es el orden constitucional que estos neonacionalistas han pretendido cargarse. Pero como Cataluña es el mundo al revés, nadie discute sobre si lo que ha dicho Montilla es un absurdo y una ofensa al sentido común, sino cuál debe ser el alcance de esa reparación. Algunos, delirando, sugieren que Montilla debe llamar directamente a las puertas de la Zarzuela y pedirle cuentas al Rey.

Eso sí, cualquiera que diga que la única reparación posible es derogar todas las leyes aprobadas en desarrollo del Estatuto y que ahora resultan inconstitucionales, corre el riesgo de ser acusado de españolista, casposo y contrario a la pluralidad –perdón, plurinacionalidad– de España.

La lengua sentenciada
ALBERT BRANCHADELL. El País 27 Julio 2010

El tratamiento de la lengua catalana es uno de los aspectos más sensibles del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cuando se publicó el fallo del Tribunal Constitucional, muchos partidarios del Estatuto respiraron aliviados: de la extensa regulación lingüística solo el uso "preferente" del catalán en las Administraciones públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña merecía la declaración de nulidad. Pero el alivio no duró, porque el texto de la sentencia no solo invalida importantes aspiraciones catalanas en esta materia sino que plantea sonoras dudas sobre un modelo lingüístico escolar considerado vital para el conocimiento y uso del catalán.

Una de las principales novedades del Estatuto era la introducción del deber de conocer el catalán. Por obra y arte de la "interpretación conforme", el TC salva la literalidad del artículo que introduce ese deber pero viene a declarar nulo su sentido original. En nombre de la igualdad de derechos y deberes lingüísticos, el legislador catalán pretendía imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente al que rige para el castellano. Pues bien: el TC declara que bajo esa interpretación el artículo en cuestión sería inconstitucional y nulo.

Otra de las novedades del Estatuto catalán era la introducción del derecho de los ciudadanos a relacionarse en catalán con los órganos constitucionales y los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal. En nombre de la igualdad de derechos y deberes lingüísticos, el legislador catalán pretendía otorgar al catalán la cualidad de medio de comunicación jurídicamente válido entre los ciudadanos de Cataluña y los órganos mencionados. Ante esta posibilidad el TC es tajante: bajo esa interpretación, el artículo correspondiente sería contrario a la Constitución.

Una tercera novedad del Estatuto era la introducción del derecho de los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarios o consumidores, con el consiguiente deber de "disponibilidad lingüística". En este punto, el TC no puede evitar la exhibición de su gran plumero. Por un lado, asegura que habrá que examinar en qué términos se regula legislativamente el deber de disponibilidad lingüística, pero al mismo tiempo zanja el asunto salvando una vez más la literalidad del texto pero invalidando su sentido original.

Hasta aquí hemos podido ver que ninguna de las tres novedades lingüísticas estatutarias supera el filtro constitucional con el sentido que quiso imprimirle el legislador catalán. Pero eso no es nada comparado con el estropicio que el TC introduce en la regulación lingüística del sistema educativo, un ámbito en el que el legislador catalán se limitaba a elevar a rango estatutario la legislación catalana.

Los que respiraron aliviados al ver que el fallo no anulaba la declaración del catalán como "la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza" tuvieron un gran susto al leer la sentencia. En 1994 el TC estableció la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el catalán sea el "centro de gravedad", con el límite de que "ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente". Más allá de la controvertible cuestión de si es constitucionalmente obligado o sociolingüísti-camente deseable que una o más materias se impartan en castellano dentro de un modelo en que el catalán es el centro de gravedad, lo que hace ahora el TC es flirtear con un modelo diferente.

El legislador catalán cometió un gran error en el planteamiento de la cuestión lingüística. Su plausible lógica de equiparar los derechos y deberes lingüísticos asociados a las dos lenguas oficiales quedó severamente dañada con la introducción del derecho a recibir la enseñanza en catalán (pero no en castellano), una disposición por lo demás vacua dado que el catalán es la lengua de la enseñanza. Y he aquí que ahora el TC le hace pagar ese error con un buen trabucazo: salva el derecho a recibir la enseñanza en catalán pero lo interpreta "en el sentido de que no impide el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".

¿Estamos ante un llamado a reformar el vigente modelo "de conjunción lingüística"? ¿O es una apuesta por un sistema separatista electivo? En su voto particular, Rodríguez Arribas no lo duda: desde ahora, "no será jurídicamente posible impedir que cualquier ciudadano en Cataluña pueda elegir que la enseñanza de sus hijos se produzca en cualquiera de las dos lenguas oficiales". Si la "interpretación de la interpretación" que se impone es esta, el TC no solo habrá frenado en seco aspiraciones razonables del legislador catalán, sino que reabrirá un contencioso que ya estaba sellado, con efectos potencialmente explosivos.

Distintos actores han afirmado que después de la sentencia es la hora de la política. ¿Con quién hay que negociar? ¿Con el mismo líder que se ha declarado satisfecho con la sentencia? ¿Con el que impulsó el recurso de inconstitucionalidad? Una cosa es segura: para este viaje estatutario no hacían falta tantas alforjas. Los líderes políticos catalanes pueden haber sido inconscientes al lanzar su propuesta de un nuevo Estatuto. Pero ahora tienen detrás una sociedad que está empezando a pensar en serio que las sendas estatutarias ya no son su camino.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

TL2: ¿Qué ajuste? ¿Qué plan?
Ramón TAMAMES La Razón 27 Julio 2010

El plan español de ajuste que a retazos ha ido elaborando el Gobierno hasta julio de 2010 tiene su principal meta en pasar de un déficit fiscal del 11,2 por 100 del PIB en 2009, al 3 por 100 en 2013. Un recorte de 8,2 puntos de PIB (equivalente en números redondos a 90.000 millones de euros a lo largo del trienio 2010/2012 begin_of_the_skype_highlighting 2010/2012 end_of_the_skype_highlighting), que no será fácil de alcanzar y que puede tener notables efectos contractivos en la actividad y el empleo.

Inevitablemente, como las dos hojas de una tijera, la mecánica de ese ajuste –impuesto por el Ecofin, el FMI, la OCDE y Obama, tras fuertes renuencias de un Gobierno siempre a remolque de los acontecimientos–, consiste en el intento de aumentar los ingresos vía elevación de tarifas de ciertos impuestos, buscando al propio tiempo reducir el gasto público.

En cuanto a la elevación tributaria, anotamos las subidas del IVA y de los gravámenes sobre el ahorro, vigentes desde el 1 de julio. A lo cual se añade la previsión de recrecer el impuesto sobre las rentas más altas; sin precisar todavía si retocando al alza las tarifas del IRPF o si recurriendo a un fantasmagórico «tributo sobre las grandes fortunas».

En lo concerniente a recorte de gastos, ya se sabe: reducción de un 5 por 100 a los empleados públicos y congelación de las pensiones. A lo cual debe agregarse la disparatada contracción de las inversiones públicas en infraestructuras, que deberían haberse mantenido, o incluso recrecido, por ser la mejor política anticrisis (Sr. Blanco: ¿pero qué ha hecho Vd.?).

Al lado del tijeretazo que hemos esquematizado, llegan las llamadas reformas estructurales. Empezando por la del mercado laboral, con un nuevo contrato de empleo fijo con despido de 33 días por año trabajado (frente a 45 en los hasta ahora estables), una compensación de sólo 20 días para empresas en números rojos y una más que extraña penalización del empleo temporal. A lo que se une la decisión del Congreso del 21.VII.10: la nueva LORCA, la Ley de ordenación de las cajas de ahorro, con toda una serie de ambigüedades, pero que finalmente abre la senda a su privatización.

Así acotado el plan de ajuste y sus aledaños, la pregunta del millón es si todas esas medidas servirán para sacar a la economía española de su actual situación. Respecto de lo cual, cabe hacer algunas observaciones.

En el caso de los impuestos, la elevación del IVA puede frenar –no demasiado, ésa es la verdad–, el repunte de un consumo de por sí muy debilitado. Y el anunciado «mayor gravamen para los que más tienen», ya está impulsando una considerable salida de capitales, según está detectando el Banco de España.

Reducir los salarios en el sector público, apenas es una anécdota, pues el problema radica en la plétora de 3,2 millones de funcionarios y asimilados; con niveles de productividad en general muy bajos, y un gran efecto de obstrucción burocrática para el desarrollo económico.

En lo tocante a pensiones, en vez de congelarlas, tendría que haberse planteado su reforma en profundidad, reconociendo las duras circunstancias actuales y futuras.

Por último, en lo que concierne al mercado laboral, el RDL ahora en trámite de Ley, constituye un todo confuso, profuso, y difuso; con zonas muy obscuras sobre el papel de las autoridades laborales y judiciales, que ya sabemos cómo funcionan. Por lo demás, persiste el inaceptable dualismo entre quienes disfrutan de empleo estable y los temporeros.

Hechas las críticas anteriores, el mayor de los problemas pesa cada vez más: el crédito no acaba de fluir normalmente, a pesar de las prometidas facilidades del ICO y demás. Con una sequía de fondos conducente al más fuerte estrés, que a la postre lleva al cierre de empresas; de las que, desde el comienzo de la crisis han desaparecido unas 250.000. A lo cual ha de agregarse la expectativa de que la prestación crediticia podría hacerse aún más difícil por las normas de Basilea-III y los ajustes en las cajas de ahorros.

En resumen, después de tanto tiempo sin prestar atención suficiente a una crisis grave y de larga duración, las medidas reseñadas configuran una situación caracterizable como TL2: too little, too late; demasiado poco, demasiado tarde, con la previsión global de una larga y difícil recuperación.

Terminando: la victoria en los mundiales de fútbol, los ajustes examinados, el salvamento in extremis del Gobierno en el Parlamento (CiU y PNV siempre al quite, a cambio de nuevas gabelas) y las vacaciones de verano parece como si abrieran un cierto remanso. Pero al comenzar el nuevo curso, en septiembre, volveremos a la cruda realidad; en un contexto de «Síndrome Roosevelt 1937», por aquello del presidente de EE UU promotor del New Deal, que ese año retiró los estímulos para la economía y el empleo, precipitando así una nueva fase recesiva tipo W.

En Europa, EE UU y Japón (Asia oriental es otra cosa), la polémica está en marcha: las medidas para recortar el déficit público rápidamente, ¿no incidirán en una nueva recaída económica? Terciaremos en la controversia en próximo artículo.

RASTR0 DEL TIRANOSAURIO
Europa tiene el turbio privilegio de haber dado aliento a la teoría comunista y al engendro nazi
VALENTÍ puig ABC  27 Julio 2010

SEGUIMOS en el eurocentrismo que considera un genocidio en Africa o un holocausto en Asia como elementos remotos de un destino que todavía minimizamos como una anécdota de lo inexorable. Así ocurrió con la Revolución Cultural de Mao, sangrienta y homicida, a la que no pocos intelectuales de Occidente prestaban una solidaridad ideológica que humanamente negaban a sus víctimas. Una imperdonable desmemoria ha acabado por borrar de la historia universal de la infamia el genocidio totalitario que los Jemer Rojos practicaron en Camboya, con un método inspirado en Hitler y Stalin.

Entre 1975 y 1979, los Jemer Rojos liquidaron un mínimo de 1.700.000 camboyanos, en nombre de la reeducación en el comunismo. Ayer fue condenado el torturador jefe de los Jemer Rojos, ante un tribunal por crímenes contra la humanidad que tanto ha tardado en ponerse manos a la obra. Faltan por juzgar otros imputados por tortura, exterminio y esclavitud. Liderados por Pol Pot, ellos plantaron la huella del tiranosaurio en los campos de la muerte. No poco de la ideología totalitaria de Pol Pot procedía de Occidente: esa es una vieja historia que se repite en cada atrocidad de la resistencia anticolonial.

Aquel torturador jefe es conocido como «Duch». Según el tribunal auspiciado por las Naciones Unidas, le corresponden 35 años de prisión, rebajados incomprensiblemente a 30. Pol Pot murió en 1998. Sus seguidores habían acabado con una quinta parte de la población camboyana. Los juicios en curso han llevado a la Camboya actual prácticamente al borde de la guerra civil. De ahí tanta dilación, tanto cautela con el tiranosaurio —la bestia más depredadora de los primeros tiempos de la humanidad— en su versión de la revolución tercermundista asiática.

El biógrafo de Pol Pot, Philip Short, lo vio de cerca en China y lo describe como un hombre de cierto carisma y amabilidad, con la calma santa de un monje budista: había despoblado las ciudades, reeducado en el terror a cientos de miles de camboyanos y ordenado el asesinato de otros cientos de miles de sus compatriotas. Como el vietnamita Ho Chi Minh, estudió el marxismo en París. Europa tiene el turbio privilegio de haber dado aliento a la teoría comunista y al engendro nazi, arquitecturas del horror en el siglo XX de la megamuerte y el totalitarismo.

Como subraya Short, fue en París y no en Moscú o Pekín, donde Pol Pot se educó ideológicamente. En París imperaba el magisterio de Sartre. Luego, como Ho Chi Minh, aprendería a camuflar la ideología comunista con maquillaje nacionalista. Eso dio un gran resultado. Lo demás lo aprendieron de Sartre, el sacralizador de la violencia en el Tercer Mundo. El totalitarismo seguía siendo el legado más mortífero de Occidente. No hay revolución sin terror. Cayó después el muro de Berlín, salvo en Cuba o Corea del Norte, por ejemplo. Treinta y cinco años después del apogeo genocida de Pol Pot, Camboya busca inversores extranjeros y China está a punto de ser la segunda economía mundial. Estamos hablando, ni más ni menos, de la historia de la humanidad. Al tiranosaurio no lo quieren en la nueva Disneylandia.
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Entelequias
No se sabe muy bien de qué Cataluña, tan gravemente ofendida por el Tribunal Constitucional (y por el PP), habla José Montilla
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 27 Julio 2010

Asegura José Montilla, en una hipérbole tan melodramática como falaz, que la sentencia del TC sobre el estatuto ha causado «graves daños a Cataluña». No parece, sin embargo, que los catalanes respiren por esa herida. Para comprobarlo, basta descender de abstracciones grandilocuentes a realidades ordinarias; de entelequias tan manoseadas como esa de la ciudadanía a los ciudadanos de carne y hueso.

Aunque no se destacó suficientemente, fotografías aéreas de la manifestación del 10 de julio en Barcelona cifraban en unos setenta mil, como máximo, el número de participantes. Un 1,3 por ciento de los electores. Y el viernes pasado, el Periódico de Cataluña, próximo a las posiciones del PSC, publicaba una encuesta en la que el cuarenta por ciento de los catalanes deseaba más autogobierno dentro de un Estado federal, justo lo que garantiza el nuevo estatuto en una España que lo único que no tiene de federal es el nombre. Un treinta por ciento se conforma con lo puesto y apenas dieciséis de cada cien está por la independencia, más o menos la misma cantidad que antes de la sentencia. Es decir, que tres de cada cuatro catalanes se sienten satisfechos con el status quo, actual o mejorado.

Los datos coinciden, en sus líneas de fondo, con el último barómetro del CIS, según el cual el cuarenta y dos por ciento de los catalanes no pide más autonomía mientras que el quince reclama menos. Así que no se sabe muy bien de qué Cataluña, tan gravemente ofendida por el Tribunal Constitucional (y por el PP, por pedir algo tan elemental como el control de constitucionalidad de una ley orgánica), habla José Montilla. O sí: de esa Cataluña formada por las elites políticas, intelectuales y mediáticas que siguen sin querer enterarse de que muchísimos catalanes no les han seguido en una aventura a años luz de las preocupaciones reales de la calle.

El dogma las Autonomías (I)
Juan Manuel Blanco* El Confidencial 27 Julio 2010

A pesar del carácter modélico con el que la propaganda oficial ha venido presentando el proceso autonómico español, algunos de sus aspectos no dejan de resultar, cuando menos, sorprendentes. Se ha acometido un intenso proceso de traspaso de competencias del Estado a las Autonomías sin analizar previamente qué servicios pueden prestarse más eficientemente en al ámbito nacional y cuales en el ámbito autonómico. Se han identificado, con frecuencia, los traspasos de competencias con derechos o logros para los habitantes de una región, olvidando que lo que realmente importa a los ciudadanos es la prestación eficaz del servicio, con independencia de cual sea la administración que lo proporcione. La descentralización nunca acaba de cumplir sus objetivos pues cuantas más competencias van asumiendo las Autonomías, mayor insatisfacción se genera en éstas y más reivindicaciones de otras nuevas aparecen.

Se han presentado los traspasos de competencias como una manera de prestar los servicios de manera más eficiente y barata pero, dado que el gasto de las Autonomías ha crecido por encima de la asunción de funciones, podría sospecharse justamente lo contrario. Se ha argumentado, como justificación de la descentralización, que ésta acerca la administración al ciudadano pero, en contradicción con este argumento, no ha existido una segunda descentralización hacia otros entes menores y, teóricamente, más cercanos al ciudadano, como las diputaciones o los ayuntamientos (descentralización en España, pero centralismo en cada Autonomía). Y se ha identificado frecuentemente la descentralización con una profundización de la democracia y de la libertad de los individuos pero la creciente imposición de regulaciones, control de la vida ciudadana y establecimiento de barreras a la movilidad y a la competencia en muchas Autonomías, son hechos que invitan a poner en duda este planteamiento.

Desde su inicio, los análisis críticos rigurosos del Estado de las Autonomías español han constituido una rara excepción. En su lugar, hemos escuchado durante muchos años un discurso plagado de lugares comunes, frases hechas, declaraciones altisonantes, supuestos agravios regionales o apasionados llamamientos a defender la dignidad mancillada de un territorio. En definitiva, mucha carga ideológica y política, muchos elementos emocionales y frases huecas pero poco debate racional, como si de un dogma cuasi religioso se tratase. Y la controversia acerca del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene visos de desarrollarse con la misma pobreza argumental. Por ello, se echa en falta un nuevo enfoque que, lejos de tabúes y autocensuras, proponga una visión crítica serena y objetiva, que ponga de manifiesto los elementos que hay detrás de este proceso autonómico, señale sus ventajas e inconvenientes, explique los fallos y aciertos cometidos e inicie el debate sobre el mejor camino que debe seguirse en el futuro.

La descentralización de un país puede aportar ciertas ventajas si se realiza de forma adecuada pero, si el proceso no está bien diseñado, como ocurre en el caso español, esta descentralización puede acarrear muchos más problemas que ventajas, favoreciendo los intereses de ciertos grupos locales a costa del resto de los ciudadanos. En los años en que se establece el Estado de las Autonomías en España, la literatura económica y política era claramente favorable a la descentralización pero los malos resultados en muchos países y la investigación posterior han llevado a un serio replanteamiento: ahora los estudiosos son mucho más críticos y cautos con estos procesos.

Las primeras teorías sobre la descentralización
Los líderes de la independencia los Estados Unidos de América consideraron que el esquema de un país unido pero descentralizado (en este caso federal) permitía combinar las ventajas de un país grande (comercio a mayor escala, mejores posibilidades de defensa ante una agresión exterior, facilidad de recaudación de impuestos) con los de un país pequeño (mayor cercanía al ciudadano, que puede controlar mejor a sus representantes) y evitaba la concentración del poder en un solo gobierno, repartiendo éste entre diversos entes territoriales.

Ya en el siglo XX, la literatura económica comenzó a formalizar lo que hoy se conoce como “primera generación de federalismo fiscal” o una teoría sobre las ventajas de la descentralización. Con este esquema, la prestación de ciertos servicios en el ámbito regional lograría adaptar mejor las características de estos servicios a las particularidades locales y, debido a una mayor cercanía, los votantes podrían ejercer un mejor control sobre los gobiernos regionales. Se generaría una sana competencia entre las administraciones regionales por realizar una buena política y gestionar los recursos eficientemente con el fin de atraer ciudadanos de otras regiones que contasen con peores servicios y mayores impuestos. Como corolario, los gobiernos regionales tenderían a reducir su tamaño, contribuyendo así a la consecución de un estado pequeño y eficaz.

Todo este consenso científico, junto con el buen funcionamiento de sistemas federales como los Estados Unidos o la República Federal de Alemania, llevó a la puesta en marcha de procesos de descentralización territorial en algunos países. Sin embargo, ya en los años 90 del siglo XX, los estudios observan que, al contrario de lo que predecía la teoría, los resultados habían sido, en general, bastante decepcionantes. La descentralización parecía generar más corrupción, una gran ineficiencia, una administración hipertrofiada y crecientemente intervencionista, enorme inestabilidad presupuestaria con tendencia a déficits abusivos, mayor inflación y, en ciertas condiciones, menor crecimiento ¿En que había fallado la teoría? ¿Cómo podía explicarse que la descentralización funcionase bien en algunos países pero generase nefastos efectos en otros?

La teoría del federalismo fiscal había fallado por sus erróneos supuestos acerca del comportamiento de la administración y del sistema político: a) los gobernantes no son meros entes altruistas que buscan el bienestar de los ciudadanos, sino agentes que tienen sus propios intereses y b) el mecanismo del voto no constituye un control directo sobre los gobiernos sino un control muy indirecto e imperfecto. Por ello, el tipo de instituciones que se crean en la descentralización van modelando los incentivos de los dirigentes regionales para desarrollar unas políticas u otras, en busca de sus propios beneficios. Se hacía necesario, a la luz de estas nuevas consideraciones, explicar los problemas que crea la descentralización, describir los intereses particulares que pueden impulsarla y definir las condiciones óptimas que debe cumplir. Todo esto se expondrá en la segunda parte del artículo, comparando las condiciones recomendadas con las que han caracterizado el caso español.

*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

González y Chacón
La España postconstitucional
Guillermo Dupuy Libertad Digital 27 Julio 2010

Tras criticar en mi último articulo la antihistórica, inconstitucional y contradictoria expresión que se refiere a España como "Nación de naciones", me encuentro este lunes en El País con un articulo, escrito al alimón nada menos que por el ex presidente del Gobierno, Felipe González, y la actual ministra de Defensa, Carme Chacón, en el que se defiende esa misma delirante concepción de España, al tiempo que se critica el recurso de inconstitucionalidad del PP y, en parte, la sentencia del Constitucional sobre el escasamente recortado estatuto soberanista catalán.

Ni qué decir tiene que tampoco González y Chacón tienen la gentileza de la que les hablaba yo el otro día, consistente en decirnos, ya puestos a inventar, el número y el nombre de esas "naciones" que, según ellos, componen a su vez la nación española. Sólo dicen que es "una concepción que nos fortalece a todos", no sin antes haber definido a Cataluña como "uno los sujetos políticos no estatales, llamados naciones sin Estado".

En principio, no es de extrañar que quien sostiene semejante disparate contra la lógica elemental y contra la realidad histórica y constitucional de Cataluña y del resto de España, le parezca una "obsesión injustificada" la "indisoluble unidad de la nación española". Sin embargo, lo bochornoso, más que extraño, es que ese precepto constitucional le parezca una "obsesión injustificada" a un ex presidente de Gobierno español y a la actual ministra de Defensa de nuestro país. ¿Se imaginan a cualquier ex presidente del Gobierno y a un ministro de Defensa de cualquier país civilizado considerar una "obsesión injustificada" o una "expresión ofensiva" la indisoluble unidad de su nación? Más aun, cuando ese reproche de González y Chacón va dirigido contra los magistrados de un Tribunal encargados de enjuiciar un estatuto precisamente a la luz de la letra y del espíritu de una Carta Magna que no reconoce más nación que la española, patria común e indivisible de todos los españoles. Denigrar como obsesión ese desvelo exigible a los magistrados sería tanto como criticar a los encargados de llevar a cabo un chequeo médico de estar "injustificadamente obsesionados" por la salud de su paciente.

González y Chacón, sin embargo, rizan el rizo cuando, a renglón seguido, se permiten decir que los votos particulares que respaldan la impugnación del PP "escatiman la condición de parte del Estado a la Generalitat" y expresan, nada menos, que "una visión preconstitucional del Estado". Y lo dicen ellos, González y Chacón, que acaban de elogiar la noción de "bilateralidad entre Cataluña y España" y que acaban de respaldar algo tan igualmente contrario a la Constitución como que Cataluña es "una nación sin Estado" o que España es una "nación de naciones".

Las groseras contradicciones y las simples mentiras del ex presidente y de la ministra contra los votos discrepantes van en aumento cuando salen en defensa de la "inmersión lingüística que cohesiona Cataluña" o cuando, en flagrante falsedad, acusan a los magistrados de negar "la noción misma de autogobierno" o de "invocar como autoridad jurídica y política" nada menos que la Biblia.

Resulta bochornoso que quien reivindica una realidad por nadie cuestionada como es la diversidad de España defienda, sin embargo, como "cohesionadora" la inmersión lingüística que coactivamente cercena la libertad y la diversidad lingüística de los catalanes. Tampoco es por ello de extrañar que para González y Chacón sea una "negación del autogobierno" lo que no es más que la constitucional distinción entre lo que son competencias autonómicas y competencias del Estado.

No se crean, que el ex presidente del Gobierno y la ministra de Defensa de España también tienen dardos contra los magistrados condescendientes con ese engendro soberanista sobre el que el propio Maragall reconoció que era necesario una "reforma previa" de la Constitución para darle cabida. Además de la ya mentada reprimenda por su "injustificada obsesión" con la unidad de España, también les critican por otras "expresiones ofensivas" como la que simplemente trata de no reconocer derechos distintos entre españoles por razón del territorio donde vivan o la que tratan de preservar la jerarquía normativa que ya la propia Constitución, no por nada llamada Ley de leyes, establece. Eso por no hablar de la dilación, ciertamente criticable, pero de la que es principal responsable quien se ha empeñado en que los magistrados aceptaran el pulpo como animal de compañía.

Finalmente, y tratando de hacer equivalente el amplio respaldo que la Constitución tuvo en Cataluña con el ridículo apoyo que los catalanes han brindado al nuevo estatuto, González y Chacón concluyen señalando que "la Constitución de 1978 fue punto de encuentro y de partida".

Y tanto que ha resultado ser "punto de partida"; como que esa Constitución y ese consenso han sido dejados atrás. Sólo que no es un avance, sino una involución que debilita las fronteras jurídicas que configuran a la nación española como estado de derecho, retrotrayéndonos a los reinos de Taifas.

Excesos autonómicos
Editoriales ABC 27 Julio 2010

La encuesta del CIS debería mover a la reflexión de una clase política cuyos intereses se alejan con cierta frecuencia de la opinión generalizada entre sus electores

CRECE a pasos acelerados la desconfianza ciudadana en el Estado autonómico como modelo de organización territorial. Así se desprende de una encuesta del CIS, que refleja el distanciamiento de muchos españoles hacia un sistema que —según esta opinión mayoritaria— no ha conseguido encauzar las reivindicaciones nacionalistas y que, además, resulta insostenible en tiempos de crisis.

La valoración negativa se acentúa en el caso de los votantes del PP, con una espectacular caída de 23 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior, de 2005, pero también es llamativo el descenso de diez puntos entre quienes se declaran votantes del PSOE. Unos y otros comparten una clara preferencia por la identidad nacional sobre la regional (88 por ciento en el caso del PP y 75 para el PSOE), y resulta significativo el número abrumador de encuestados (95 y 89 por ciento, respectivamente) que se manifiestan «orgullosos» de ser españoles.

Otro dato que abunda en el mismo sentido es el rechazo de dos de cada tres encuestados a que su comunidad obtenga un grado superior de autonomía, frente a solo el 16 por ciento que reclaman más autogobierno. Esta encuesta debería mover a la reflexión de una clase política cuyos intereses se alejan con cierta frecuencia de la opinión generalizada entre sus electores.

Mucha gente está irritada con el soberanismo de algunos y el despilfarro de muchos, y reclama por ello una racionalización del modelo autonómico, que se ha desviado del equilibrio establecido por la Constitución entre el poder central y los poderes territoriales. La opinión pública tiene muy claro que no son admisibles la duplicidad de órganos políticos y administrativos ni la utilización de los recursos de todos al servicio de proyectos egoístas e insolidarios.

Propaganda
Más antisemitismo con dinero público
GEES Libertad Digital 27 Julio 2010

Recordarán nuestros lectores el escándalo derivado de las ayudas de la AECID a organizaciones políticas que bajo el disfraz de ONG se caracterizan por llevar a cabo un antisemitismo desatado, del que el GEES dio buena cuenta en Libertad Digital hace un tiempo. Unas, ONG extranjeras que operan en la zona ejerciendo labores de apoyo y propaganda del gobierno de Hamás. Otras, españolas que dedican fondos públicos para realizar actividades propagandísticas contra Israel, allí y aquí. La mayoría se caracterizan por dos cosas: primero por no ser organizaciones humanitarias, esto es, de envío y organización de ayuda económica a los pueblos necesitados. Y segundo, por ser organizaciones de ultraizquierda, radicalizadas y tan hostiles a Israel como a la democracia liberal y parlamentaria occidental.

En el caso de la flotilla proislamista organizada por la asociación turca IHH –acusada de colaboración con el yihadismo–, fueron varias las organizaciones extremistas occidentales que la apoyaron y se involucraron en ella. Entre ellas la española "Cultura, Paz y Solidaridad", cuya cabeza visible es el activista y denunciador Tapial. Respecto a éste, es un viejo conocido dentro de los grupos antisemitas y antiamericanos de corte antisistema. Participaba desde bastante antes de 2007 –fecha de inicio del bloqueo a Gaza– en actividades de fuerte contenido antisemita. Cómo serían las cosas que hasta el diario El País se escandalizaba en el año 2004, cuando informaba del papel de Tapial como distribuidor en España de la bebida islamista "Mecca Cola". Su tunecino islamista fundador, contaba El País, era bastante claro sobre la iniciativa de la que formaba parte Tapial:

Mecca Cola es un producto político que utiliza una plataforma comercial. Es un acto de protesta contra los crímenes de América y el sionismo. Sentimos un odio inconmensurable hacia la política americana, que se basa en el crimen, la segregación, la explotación de los demás, el pillaje y el robo (CNSNews.com, 30/4/2003)

'Se trata de combatir el imperialismo americano y el sionismo, facilitando un sustituto a los productos americanos. Nuestro propósito es más político que comercial (BBC News Online, 8/1/2003).

Hasta para beber un refresco son nuestros activistas antisemitas.

Pero a fin de cuentas, las actividades empresariales de Tapial son asunto suyo y de "Cultura, Paz y Solidaridad", aunque definen perfectamente la distinción entre "cooperante" y "activista". Ese no es el problema, y tampoco las relaciones de la organización con grupos islamistas internacionales –como la propia IHH, bien conocida por los servicios de inteligencia o las fuerzas de seguridad–, que afectarían al Código Penal, algo hoy inverosímil. El problema, genuinamente político, aparece cuando la ONG de Tapial recibe cuantiosas ayudas en dinero público por parte de la AECID y por parte de diversos ayuntamientos para supuestas campañas humanitarias que nada tienen de humanitario.

Esa es la cuestión. ¿Mediante qué mecanismo el dinero que los españoles pagan con sus impuestos va a parar a mediáticas denuncias en la Audiencia Nacional? ¿Cómo el dinero destinado supuestamente a ayudar a los más necesitados se acaba destinando a violentas campañas publicitarias contra Israel y de apoyo al régimen genocida de Hamás? Puede ser legal utilizar la devaluada Audiencia Nacional para denunciar lo que uno considere apropiado, aunque lo sea por quienes están más cómodos con Hamás que con un gobierno occidental; lo que no lo es, es que el soporte sea el dinero de todos los españoles.

No es escandaloso que los activistas de la flotilla presenten las denuncias que crean oportunas; lo que sí lo es, es que sus organizaciones se lleven el dinero que podría ir a parar a proyectos verdaderamente cooperantes y humanitarios. Urge un control para saber a quién y para quién van a parar los fondos públicos. Una cosa es que éstos se dediquen a organizaciones dedicadas a la construcción de canalizaciones, casas, escuelas, o a la alfabetización de niños y adultos, y otra bien distinta que millones y millones vayan a parar a grupos de activistas caracterizados por hacer propaganda de la violencia contra razas o pueblos, que además han mostrado su voluntad de volver a llevar la tensión y el enfrentamiento a aguas israelíes.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

España
La crisis y el despilfarro distancian a los españoles de las autonomías
La mayoría de los ciudadanos, el 67,6 por ciento, se pronuncian en contra de incrementar el poder de las Comunidades, según el CIS
M. CALLEJA / MADRID ABC 27 Julio 2010

Hay algo que los ciudadanos no suelen perdonar cuando hay crisis y los cinturones se aprietan más de lo habitual: el despilfarro de las administraciones públicas. La falta de respuestas ante la crisis y la carestía del modelo autonómico, con competencias duplicadas y cargos públicos multiplicados, ha producido un distanciamiento de los españoles hacia el Estado de las Autonomías, algo muy pronunciado entre los votantes del PP pero también visible entre los del PSOE, según se observa en el último barómetro autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se realizó en el primer trimestre de este año pero que acaba de hacerse público.
Ahora que el centro de la tensión política se sitúa de nuevo en la cuestión autonómica, el CIS refleja una evolución ligeramente crítica hacia el funcionamiento del Estado de las Autonomías, respecto a su anterior estudio regional, realizado en 2005.

Los votantes del PP muestran, primero, una intensa conciencia nacional, y así el 88,4 por ciento afirma que España es su país o la nación de la que se siente miembro. El electorado del PSOE también expresa esa conciencia, pero se queda en el 75 por ciento. En cambio, solo tres de cada 10 votantes de CiU optan por esas respuestas y prefieren de forma mayoritario hablar de España como «Estado». El 95,3 por ciento de los simpatizantes populares se sienten orgullosos de ser españoles, frente al 89,9 por ciento de los socialistas.

El electorado del PP se muestra bastante crítico y poco satisfecho con algunos rasgos del Estado autonómico y proclive a corregir sus «excesos». Así, ocho de cada 10 votantes del PP (80,5 por ciento) afirman que no quieren «mayor autonomía» de las Comunidades. Entre todos los españoles, el 67,6 por ciento se decanta en contra de incrementar los poderes autonómicos. Tan solo el 16,6 por ciento de los españoles prefieren una «mayor autonomía». Únicamente en Cataluña y País Vasco los ciudadanos piden de forma mayoritaria más autogobierno. En Galicia, sin embargo, los partidarios de una «menor autonomía» doblan a los favorables a una «mayor autonomía».

Al examinar si la creación y desarrollo de las Comunidades Autónomas es «más bien positivo», «más bien negativo» o «ni positivo ni negativo», hay más electores del PP (39,2 por ciento) que lo consideran «más bien negativo», frente a los que lo ven «más bien positivo» (36,2 por ciento). En el barómetro autonómico anterior, el de 2005, creían que era «más bien positivo» el 59,3 por ciento de los electores del PP, 23 puntos más que ahora, mientras que respondían «más bien negativo» un 25,2 por ciento de estos votantes, 14 puntos menos que ahora. También en el electorado del PSOE se ha seguido la misma evolución: el 21 por ciento responde ahora que el desarrollo de las Comunidades ha sido «más bien negativo», 10 puntos más que hace cinco años. La mayoría (55,4 por ciento) opta por la visión positiva, aunque hace cinco años era el 76,5 por ciento.

Entre las razones que explican estos juicios negativos se citan el incremento del gasto público, el aumento de la burocracia y el «mal funcionamiento» de las Comunidades, algo que se relaciona con la crisis.

La opinión crítica respecto al Estado de las Autonomías se ve en otras preguntas. El 62,9 por ciento de los electores del PP están muy o bastante de acuerdo en que las Comunidades han contribuido al desarrollo de los separatismos, 4 puntos más que en 2005. En el PSOE también gana esa posición, con un 44,9 por ciento, 6 puntos más que cinco años antes.

En cuanto al funcionamiento del Estado autonómico, el 25,4 por ciento de los votantes del PP dicen que está «bien» o «muy bien», 20 puntos menos que en 2005. Un 26,1 por ciento responde que funciona «mal» o muy mal», 14 puntos más que hace cinco años. En el electorado del PSOE, un 39,3 por ciento dice que funciona «bien» o «muy bien» (en 2005 era el 56,4 por ciento) y un 11,6 por ciento responde que «mal» o «muy mal» (antes era el 5,9 por ciento). El resto se queda en «regular».

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Zapatero-ETA
Encantado con la serpiente
Francisco José Alcaraz Libertad Digital  27 Julio 2010

Las declaraciones de Zapatero en una entrevista a El País dejan en evidencia que el "proceso de paz" sigue su curso. Así, el presidente aclaró que una de las cosas por las que se siente más satisfecho y que reconoce como " un acierto" es el proceso, del que tiene la convicción de "que sembró una solución definitiva".

Trinidad Jiménez dice de Zapatero que no llega a ser encantador de serpientes, calificativo adjudicado en su día a Felipe González. En mi opinión, a Zapatero se le podría atribuir otro sobrenombre como es la de "encantado con la serpiente", habida cuenta de la defensa que hace del proceso de rendición ante ETA en esa entrevista, en lugar de arrepentirse por lo que a todas luces ha sido su mayor error como gobernante.

Y sin abandonar la metáfora de la serpiente, lo que está haciendo Zapatero es utilizar su veneno para anestesiar y desactivar a toda una sociedad. Lo dosifica para que se pueda digerir poco a poco y para que pueda mantener bajo control los síntomas del envenenamiento.

Puede parecer una exageración, pero si volvemos la mirada hacia atrás, hasta hace apenas tres años, podemos corroborar mi pesimismo.

El continuado acercamiento, excarcelaciones y beneficios penitenciarios que Rubalcaba gradúa en el tiempo con la peregrina excusa de estar sometido a la legalidad y de intentar romper a ETA, ha logrado ofrecer las suficientes contrapartidas a los terroristas en la "negociación sumergida" sin sufrir las consecuencias que habría tenido hace tres años.

En el mes de marzo del año 2009 salieron a la luz otros acercamientos y prebendas a los etarras; y los mismos que hoy han susurrado a remolque una calculada denuncia, concedían "aprobados" a Rubalcaba y apoyaban la política de Zapatero porque, decían, iba por el buen camino.

Pudiera pensarse, siendo muy generoso y bastante ingenuo, que fruto del veneno dosificado algunos ciudadanos no son conscientes del engaño al que estamos sometidos, pero no puedo dar a estas alturas un mínimo margen de confianza a la política antiterrorista de un Gobierno que reiteradamente ha mentido y traicionado los pactos.

La advertencia de Jaime Mayor Oreja no es sólo para tenerla presente. El diagnóstico de una persona sobradamente preparada e informada requiere dar un paso adelante y cuestionar la política penitenciaria misma, donde se está llevando a cabo una aplicación torticera de la ley. Además, es menester exigir un gesto inequívoco como la derogación del permiso para negociar con ETA.

Permitir, por acción u omisión, que Zapatero avance en el proceso de negociación es ser cómplice de sus consecuencias.
Francisco José Alcaraz Martos es víctima del terrorismo.

González y Chacón
Sean, al menos, coherentes
Cristina Losada Libertad Digital 27 Julio 2010

Por si alguien mirara hacia la vieja guardia socialista con la esperanza de que, desde esa lujosa casa de retiro, se contrarrestara el anunciado desacato a la sentencia del Constitucional, Felipe González en persona ha venido a despojarle de ilusiones. El ex presidente acaba de avalar, en artículo firmado con la ministra de Defensa –"soy la niña de Felipe"– la maniobra que urden Zapatero y Montilla para saltarse el dictamen. Lo hace, desde luego, con naturalidad. Con la naturalidad de quien nunca se ha sentido sujeto al imperio de la ley, esa carca querencia anglosajona, ni ha tenido respeto por la separación de poderes, una absurda invención de Montesquieu que ata de modo intolerable las manos a un Gobierno, razón por la que González la liquidó cuanto pudo allá por los ochenta.

"Esa sentencia no es la Constitución", escriben ambos tan frescos. Y es que sólo los malvados centralistas pueden pensar que la Constitución no dice lo que convenga, en cada instante, al Partido Socialista. Ya hemos mencionado al malo malísimo del cuento de la pareja: el centralista, el que desea acabar con la diversidad, destruir el "autogobierno" e imponer el español como única lengua. No busquen más a ese monstruo: es el Partido Popular, que disimula arteramente esas ansias, toda vez que ha descentralizado tanto como cualquiera. Recuérdese, en cuanto a la lengua, que fue Alianza Popular quien se adelantó al Estatut en muchos años al legislar, en Galicia, el deber de conocer el gallego. Y que el propio González recurrió el precepto ante el TC, que le daría la razón en 1986. ¿No se avergüenza el ex presidente de aquella actuación "centralista"? ¿Y de otras?

Bajo conceptos respetables como descentralización y federalismo viene tapando el PSOE su sumisión a los credos identitarios del nacionalismo. La tapadera, sin embargo, no resiste el test de consistencia. Si, como aseguran Felipe y su niña, Cataluña es un "sujeto político no estatal", una nación sin Estado, lo consecuente sería dotarla de un Estado propio, como reclaman los nacionalistas auténticos y como pretendía, de facto, el Estatuto. Pero los socialistas quieren la plurinacionalidad de España y, al tiempo, que esas pobres naciones permanezcan en condición subalterna, inferior y mendicante. Desean que España subsista para poder gobernarla y que no exista para poder gobernar.

Sean, al menos, coherentes. Y si les parece ofensiva la "indisoluble unidad de la nación española", declárenla extinguida y háganlo votar.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Cataluña
Apuntes sobre Chacón y Felipe
José García Domínguez Libertad Digital 27 Julio 2010

Al fin, ya sabemos por qué la ministra Chacón no concedió pasar revista a aquellos aguerridos maulets que pugnaron por propinarle una patriótica paliza a Don José, muy cívico conato de linchamiento que llevaría a la perentoria disolución de la célebre bullanga de Barcelona. Y es que andaba ocupada en pergeñar, al alimón con Felipe González, un sentido homenaje al movimiento surrealista, ése que bajo el título Apuntes sobre Cataluña y España acaba de airear El País. Así, en Los campos magnéticos, escribía Louis Aragon: "El surrealismo no es sólo un modo de escritura, sino una actividad psíquica que corresponde bastante bien al estado de ensueño, estado que hoy en día es muy difícil de delimitar".

Y tan difícil. Por algo, presas ambos, Chacón y González, de esa imprecisa narcolepsia, entre bostezo y bostezo, han dado en pastar juntos dentro del mismo campo semántico que Batasuna y la Esquerra. Era lo que nos faltaba por ver, Mister X embutido en una señera y apropiándose de la retórica abertzale de Josu Ternera y su cuate Carod Rovira. De tal guisa, desconsolados, lloran Carme y Felipe por la ruin perfidia de quienes han dejado a su "nación sin Estado", Cataluña por más señas, huérfana de la una y el otro. ¿Cómo no imaginar el íntimo desgarro del padre de la LOAPA al contemplar a Celestino Corbacho desposeído de sus atributos nacionales?

Sin embargo, en el de profundis identitario falla la premisa mayor. Pues aún hoy constituye un ignoto misterio quién le robó el carro a Manolo Escobar, pero en cuanto al hurto de la nación de Carme, el enigma está resuelto en las actas del Congreso de los Diputados. Culpable convicto y confeso fue el PSOE, que contó para el empeño con la impagable connivencia activa del PSC. Al cabo, el Tribunal Constitucional no ha necesitado tocar ni una coma del artículo primero del Estatut, ése que, merced a una oportuna enmienda socialista, define a Cataluña como nacionalidad, y no como nación. Algo que luego ratificarían en el referéndum los catalanes. Quizá, cuando despierte de su plácido sueño, la diputada Chacón recuerde que fue ella misma quien frustro en las Cortes el supremo anhelo del cándido Felipe, la "Nación de naciones". ¿Pero por tan lerda tendrán a su gente?
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

El Ministerio de Defensa no pagará facturas en catalán
Redacción Minuto Digital 27 Julio 2010

El diputado de ERC y vicealcalde de Figueres (Girona), Francesc Canet, ha mostrado hoy su indignación durante una rueda de prensa al denunciar que el Ministerio de Defensa le ha devuelto unas facturas a abonar por haberlas enviado en catalán.

“Es de un mal gusto extraordinario, por no decir que es indignante”, ha asegurado.

“Adjunto se remiten facturas al objeto de que sean emitidas en castellano y posteriormente enviadas a esta Sección Económico Administrativa para su abono correspondiente”. Esta ha sido la respuesta de Defensa al pueblo catalán.

Las facturas, tres correspondientes a las tasas de agua de equipamientos militares y que suman 227 euros, no son las primeras que se envían en catalán. Según Canet es algo que se hace “siempre” y reconoce que “no está en mi imaginario” enviarlas en castellano.

Así, Figueres no recibirá el dinero a no ser que acceda a enviar las facturas en castellano y pasaría a hacerse cargo de los costes de los equipamientos militares. Por ello, Canet confía en que la ministra Carme Chacón rectifique la decisión.

“Estoy convencido de que la ministra no conocía la situación. En cuanto lo sepa, hará que se paguen las facturas. Se trata de una negativa militante anticatalana y peligrosa”, asegura y vincula el hecho con la sentencia del TC sobre el Estatut.

TRAS LA PROTESTA DE ERC
Chacón obliga a rectificar a un militar que se negó a pagar facturas en catalán
La base aérea de Zaragoza devolvió el pasado jueves tres facturas al Ayuntamiento de Figueras por estar redactadas en catalán. Tras la protesta de ERC, Chacón se ha apresurado a corregir al comandante en jefe de Zaragoza y pagará los recibos.
Libertad Digital 27 Julio 2010

El comandante jefe del negociado de contratación de la base aérea de Zaragoza devolvió el pasado jueves al Ayuntamiento de Figueras las facturas que el consistorio le había enviado redactadas en catalán, según informó El País. "Adjunto se remiten facturas [...] al objeto de que sean emitidas en castellano y posteriormente enviadas a esta Sección Económico Administrativa para su abono correspondiente", decía la carta del militar.

El vicealcalde de Figueras, Francesc Canet calificó de "indignante" la actitud del comandante y dijo que "no está en su imaginario" enviar las facturas en castellano y se mostró seguro de que Carmen Chacón haría rectificar inmediatamente al comandante. Acertó. La ministra se ha apresurado a desautorizar al militar y ha asegurado que Defensa pagará los recibos, informa La Vanguardia.

"Atribuimos la situación a un hecho aislado", dijeron fuentes de Defensa a La Vanguardia. "La factura se va a abonar tal cual llegó. Defensa ha pagado siempre las facturas indistantemente del idioma en el que han llegado. En Catalunya cohabitan el catalán y el castellano. Hasta ahora, nunca se había producido un hecho como el que nos ocupa".

En concreto se trata de trata de tres facturas que ascienden a 227 euros por tasas de agua de distintos equipamientos militares.
 

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