AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 28  Julio  2010

 

Sin novedad
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 28 Julio 2010

AHÍ le tienen, tan contento, pese a reconocer que ha pasado alguna noche en vela y que se le pusieron por corbata aquel 7 de mayo en el que estuvimos a punto de irnos por la cañería junto a Grecia. Pero por lo demás, bien. Ha invertido su agenda, ha renunciado a Rodiezmo y le han tenido que marcar los deberes desde Bruselas, pero José Luís Rodríguez Zapatero se muestra satisfecho de lo alcanzado, dispuesto a nuevas batallas y seguro de nuevas victorias. ¿Un error? «Estar demasiado tiempo en el debate de si crisis o desaceleración» (de que empezó negando ambas cosas, ni palabra). ¿Su gran acierto? «El proceso de paz» (se refiere, por si no lo adivinan, a la negociación con ETA, de la que le despertaron las bombas en Barajas, porque si no, aún sigue). ¿Una meta? «Llevar a cabo la tercera gran transformación económica de la democracia» (o sea, que el mismo que nos ha llevado al furgón de cola, pretende llevarnos de nuevo a la cabeza). Uno no sabe si reír o llorar, como ocurre con demasiada frecuencia desde que nos gobierna. Resulta que todos los fracasos, angustias, advertencias, dolores y sufrimientos de los últimos años no han servido de nada. El presidente sigue convencido de que lo peor ha pasado, de que la negociación con ETA fue un proceso de paz y de que las reformas que nos han impuesto desde fuera nos permitirán «hacer la transformación económica en un año, en vez de los cinco o seis que hubiésemos necesitado». Así de sencillo.

Del clima de confrontación, de su incapacidad para llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición, del formidable lío creado por el estatutcatalán que apadrinó, aprobó y ahora intenta remendar, ni palabra. Como de la desconfianza que inspira dentro y fuera de casa. Voluntarismo puro. «Esto será así, porque yo creo que debe de ser así», y tan campante. Con una cohorte que no le contradice por mucho que los hechos le contradigan, eso sí, «para contribuir al bien de España», según uno de ellos, al final de la entrevista-reportaje que le dedicó «El País» el último fin de semana.

¿Usted compraría un coche de segunda mano a un individuo así? Supongo que no. Pero los españoles le hemos elegido no una vez, sino dos. ¿Le elegiremos una tercera? Pues si quieren que les diga la verdad, no estoy seguro, de esto ni de nada, en una España que parece haber perdido el pulso, la confianza y la esperanza, aunque la inmensa mayoría dice sentirse antes español que de su terruño. ¿Pero qué importa eso a una clase política cuyo único desvelo es entenderse con los nacionalistas para conservar o conquistar el poder? Resultado: que la mejor baza de Zapatero no es eso que dice sino … Rajoy.

El dogma las Autonomías (II)
Juan Manuel Blanco* El Confidencial 28 Julio 2010

A partir de los años 90, la literatura económica y política comienza a analizar los graves problemas que generaba la descentralización territorial y a proponer ciertas normas para intentar paliarlos. Los gobiernos regionales tendían a llevar a cabo políticas contraproducentes para el crecimiento económico, a incidir en un enorme gasto clientelar y a incurrir en una intensa indisciplina presupuestaria. Y la causa estribaba en los perversos incentivos que crea el sistema de financiación regional a través de transferencias del centro, ya que rompe el nexo existente entre crecimiento económico de la región y mayores ingresos fiscales así como el vínculo entre gasto regional y presión fiscal.

Dado que las arcas regionales se benefician poco de la recaudación adicional generada por el crecimiento en la región, las políticas favorecedoras de este crecimiento se tornan menos atractivas para los políticos locales, que se inclinarían más por el trato de favor a ciertos grupos de presión a cambio de su apoyo electoral. Se generaría una tendencia hacia la indisciplina presupuestaria ante la perspectiva de que mayor gasto no lleva a la necesidad de tomar una medida impopular como aumentar la presión fiscal en la región: los ingresos dependen, en realidad, de otros criterios, como pudiera ser el poder de negociación con el centro. Por ello, se recomienda establecer un régimen de disciplina fiscal de las regiones, un sistema por el que cada región pueda beneficiarse fiscalmente del crecimiento económico que se genera en su territorio y un centro fuerte capaz de imponer un control del gasto a las regiones.

En contra de lo que se pensaba, el control que ejercen los votantes sobre los gobernantes tiende a ser más imperfecto a nivel regional que nacional. La existencia de varios niveles de administración hace difícil a los votantes atribuir la responsabilidad o los méritos a una administración o a otra. Es fácil que las administraciones autonómicas culpen al gobierno central de unos malos resultados que podrían ser atribuidos a sí mismas. Además, a los gobiernos regionales les resulta más sencillo controlar su parlamento, disfrutar de una relación más cercana con la judicatura o lograr un cierto grado de sometimiento de los medios de comunicación locales (que son más frágiles y pueden depender más de las concesiones o subvenciones de estos gobiernos). Si se añade el hecho de que, en un espacio más pequeño, existen más interacciones entre los agentes privados y los políticos, no resulta extraño que los gobiernos regionales o municipales tiendan a ser más corruptos que los nacionales.

Para reducir la incidencia de estos problemas, se recomienda que el sistema de descentralización esté muy bien diseñado e institucionalizado, con unas reglas del juego perfectamente definidas y una asignación de responsabilidades bien clara a cada una de las administraciones. Esto incluiría el traspaso a las regiones solamente de aquellas competencias cuyos servicios puedan prestarse mejor en el ámbito regional que en el nacional.

Tampoco se observaba la necesaria competencia sana entre regiones, prevista por la teoría del federalismo fiscal, ya que muchos gobiernos regionales tendían a entorpecerla estableciendo toda suerte de trabas, regulaciones, intervenciones administrativas etc., que llegan a poner en peligro la unidad de mercado. Por tanto, la descentralización debe preservar la unidad de mercado y la libre movilidad.

Algunos problemas en el diseño autonómico español
El Estado de las Autonomías español parece adolecer prácticamente de todos los defectos descritos en la literatura internacional sobre la descentralización. A pesar de que se ha intentado impulsar un sistema de financiación objetivo, fomentando la responsabilidad fiscal de las regiones, lo cierto es que, en la práctica, los ingresos de la mayor parte de la autonomías dependen, en mayor medida de un proceso negociador que de sus logros económicos Esto fomentaría la indisciplina presupuestaria, la enorme expansión del gasto, los comportamientos clientelares y las prácticas contrarias a los intereses de los ciudadanos, observadas en buena parte de las autonomías.

Lejos de responder a un diseño meditado, que contemplase las consecuencias a largo plazo y estableciese un claro reparto de competencias entre el centro y las regiones, el proceso autonómico español estuvo caracterizado por la improvisación, la componenda y la falta de visión de futuro. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para cerrar y definir bien el sistema, los constituyentes tuvieron la feliz ocurrencia de dejarlo abierto, al albur de las necesidades e intereses de los gobernantes de cada momento y de la correlación de fuerzas parlamentarias. Desde entonces, el Estado de las Autonomías parece haber evolucionado respondiendo a los intereses de las clases políticas regionales y de los partidos y no a los intereses de los ciudadanos.

Los traspasos de competencias no han seguido un criterio racional de eficacia en la prestación del servicio sino una regla de conveniencia política. Raramente se han beneficiado los ciudadanos de unos servicios más baratos y eficientes pero los partidos políticos descubrieron que un traspaso de competencias del Estado a las Autonomías multiplica por 17 los cargos a repartir entre sus miembros. Aunque un partido pierda el gobierno nacional, siempre tendrá puestos para repartir en algunas regiones. Se crea, por tanto, una gran estructura política y burocrática que, ante la gran imperfección de los mecanismos de control locales, tiende a acaparar casi todos los resortes del poder, a politizar cada vez más espacio de la sociedad civil y a favorecer a los grupos de presión locales, como si en buena parte de nuestras autonomías se fuera instalando un sistema de favoritismo, privilegio y sumisión al poder. Y las políticas de los Gobiernos Autonómicos han tenido, en general, un carácter muy intervencionista incluyendo infinidad de regulaciones que, en opinión de muchos autores, ponen en peligro la unidad de mercado.

Es explicable la insatisfacción permanente de los Gobiernos Autonómicos con las competencias que manejan pues la autonomía va creando una casta política regional, una burocracia y unos grupos de presión que viven del presupuesto público, cuyo mantenimiento requiere más gasto, más presupuesto y más competencias. No es sorprendente que el enorme entusiasmo de estos grupos ante las reformas de los estatutos de autonomía contraste con la manifiesta indiferencia de la mayor parte de la ciudadanía.

Pero la crisis económica ha contribuido a poner sobre la mesa muchos problemas estructurales e ineficiencias que, en otros momentos, pudieron enmascararse fácilmente. Es hora de replantear el proceso autonómico, sacando el debate de la esfera de las emociones, los impulsos primarios, los tabúes y los dogmas para introducirlo en el de la racionalidad y la argumentación. Y, sobre todo, es momento de proponer las reformas necesarias para que los beneficiados sean los ciudadanos y no solamente los políticos y los grupos de presión aledaños.

Cierto, hay propuestas que parecen imposibles... ¡salvo en épocas de crisis!
*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

Nacionalismo
De la revolución al separatismo
Pío Moa Libertad Digital 28 Julio 2010

O, más justamente, de la revolución obrerista a la revolución separatista, pues se trata en los dos casos de auténticas revoluciones, ya que se proponen cambios históricos radicales. España se enfrenta a una larga serie de problemas, ligados entre sí, pero tal como en los años 30 el problema más decisivo era el revolucionario, que abocó a una guerra civil, en la actualidad es el separatista. Quiere esto decir que resolver ese problema contribuiría a la solución de muchos otros. Por lo tanto es preciso dedicar las energías principales a afrontarlo, y tal debe ser el punto clave de un programa político.

Es precisa una visión clara del asunto: no basta señalar la evidencia de que el separatismo es cosa de minorías y de políticos corruptos, etc., ajenos a la masa de cada región, porque la masa siempre es dirigida por alguna minoría (todo partido lo es), y frente a esas minorías más o menos separatistas no existe hoy ninguna minoría organizada opuesta. No lo son, desde luego, el PP ni el PSOE, pues ambos contribuyen al proceso de descomposición de España. Y contribuyen no sólo por pasiva, al aceptar la iniciativa separatista con más o menos restricciones, sino también por activa, impulsándola como ha hecho el PSOE con el estatuto catalán, o imitando ese estatuto en Valencia o Andalucía, como ha hecho el PP. Todo ello deslegitima a esos políticos. Paralelamente, la información de la inmensa mayoría de la gente sobre esta cuestión crucial es rudimentaria y falseada por mil prejuicios.

Vidal-Quadras lo ha explicado así: los separatistas de diversas regiones tienen un plan, consistente en disgregar España, concebida como un mal histórico. Un plan que llevan más de un siglo persiguiendo tenazmente, adaptándolo a las circunstancias de cada época, y que en varias ocasiones, pero principalmente hoy, han parecido próximos a realizar. Y frente a ese plan no existe hoy un plan contrario capaz de reconducir el proceso, pues hasta ahora no se ha pasado de las críticas y las denuncias dispersas, a menudo en plan francotirador. Y quien tiene un plan termina por ganar la partida a quienes actúan de forma divagante, sin un objetivo preciso.

La gravedad de la situación radica precisamente ahí. Frente a los proyectos revolucionarios de los años 30 (que incluían el separatismo, aunque en segundo término), existían proyectos opuestos, sobre todo el de la CEDA, si bien estuvieron a punto de ser anegados por la marea revolucionaria e izquierdista. En la actualidad, el empuje separatista es incomparablemente menor que el revolucionario de aquellos años, pero extrae su fuerza y audacia precisamente de la ausencia de una oposición estructurada. No obstante, en España es tradición que cuando las clases dirigentes fallan, como en el caso de la invasión francesa, el pueblo tome los asuntos en sus manos. Y ahora es la ocasión. Todos los partidarios de la unidad de España deben plantearse seriamente cómo invertir la presente deriva balcanizadora.

El desacato del Parlamento catalán. Aplique la Ley Sr. Zapatero.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 28 Julio 2010

¿A dónde cree que va Sr. Zapatero? Como Presidente del Gobierno de España es su deber cumplir la Ley y hacerla cumplir. Tiene usted ante sí a una Autonomía con un camarada suyo al frente, que está cometiendo un delito de desacato ante una Sentencia del Tribunal Constitucional. El Parlamento de Cataluña, acaba de aprobar una Ley de Veguerías donde les da cobertura jurídica y se arroga competencias claramente inconstitucionales. Este nuevo desafío a la autoridad del Estado, no puede ni debe ser admitido.

Lo último que necesita España en la situación de recesión a la que su ineptitud en el Gobierno nos ha llevado, es tener además focos de rebelión e insumisión al Estado de Derecho. La actitud del Sr. Montilla es gravemente inaceptable y merece su inmediato cese como Presidente de la Comunidad Autónoma. Ya sufrimos en su día otro desacato sobre una Sentencia del Tribunal Supremo de España que el Sr. Atucha y el Parlamento Vasco se negaron a aceptar, sin que su Gobierno, Sr. Zapatero, hiciera nada por impedirlo.

La Constitución da potestad al Gobierno de España en su artículo 155 para actuar contra este desacato y obligarles a devolver la situación a la legalidad.

Artículo 155.
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

El Sr. Montilla lleva tiempo en una actitud de desafío y enfrentamiento desde que el Tribunal Supremo editó su Sentencia sobre el recurso al Estatuto de Cataluña. Desde organizar y presidir una manifestación con el lema de "Somos una Nación" "Nosotros decidimos", hasta la promulgación de leyes basadas en artículos sujetos a interpretación inequívoca del TC sobre su alcance jurídico. Entre estos se encuentra el famoso de la división territorial en Veguerías de las cuatro Provincias actuales que componen la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Solo espero que el Sr. Zapatero, su Gobierno y su Delegado de Gobierno cumplan con su deber y tomen las medidas necesarias para no permitir este nuevo reto. Si llegara el caso, se debería estudiar seriamente la supresión temporal de la Autonomía de Cataluña. Ahora bien, la pregunta que cabe es si el Sr. Zapatero, directamente implicado en ese Estatuto y que se ha declarado también en insumisión ante la Sentencia del TC, va a ejercer como Presidente del Gobierno de España y no como un vulgar sectario del PSOE y necesitado de apoyos mercenarios del PSC.

Zapatero y ETA confirman la negociación a su manera
Isabel Durán Periodista Digital 28 Julio 2010

Con motivo de su décimo aniversario en la secretaría general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha regalado al diario El pais unas declaraciones que son para echarse a temblar. Asegura el presidente que el segundo acierto clave de su mandato ha sido el proceso de paz. Y añade textualmente: "tengo la convicción de que ahí se sembró una solución definitiva. Tengo esa confianza".

Esta afirmación se produce tras conocerse los privilegios concedidos por su Gobierno a 9 presos de ETA que suman 38 asesinatos y 785 años de cárcel que han sido trasladados a la prisión alavesa de Naclares de Oca y de los que Pérez Rubalcaba ha dicho que "ninguno de ellos es preso de ETA porque ya no están en ETA. Todos han pedido perdón a las víctimas, han condenado la violencia y están pagando lo que deben a sus víctimas" (sic).

No se puede mentir más en menos tiempo. Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, declaró en La Espuela de Radio Intereconomía el 22 de julio que llamó uno a uno a los familiares de las víctimas y que a ninguno de ellos les han pedido perdón, ni les han resarcido económicamente y ni siquiera han condenado la violencia públicamente. Blanquear etarras como si jamás hubieran cometido sus crímenes es algo que no se hace ni con los estafadores, los ladrones, los violadores o los vulgares asesinos. Tal actuación humilla doblemente a las víctimas y las hunde todavía más en su tragedia.

La solemne confianza de Rodríguez Zapatero en la "solución definitiva" sembrada en el mal llamado proceso de paz se produce además al día siguiente de que tres encapuchados leyeran un comunicao en nombre de la banda durante el homenaje al etarra fallecido Jon Anza en la Plaza del Ayuntamiento de Ciboure (Francia). Los terroristas proclamaron el "resultado fructífero" de su lucha y aseguraron que "Euskal Herria está a las puertas de vivir un periodo de cambio para poder recuperar su propia voz".

Verde y con asas. Nueva negociación con ETA al canto confirmada al tiempo por los propios etarras y el inquilino de La Moncloa cada uno a su manera. Un desastre de proporciones siderales.

Mentira instituida
Alfonso USSÍA La Razón 28 Julio 2010

Los nacionalistas mienten. Se han inventado la gran mentira del español antivasco y anticatalán. Es su coraza. En su muy antipático proceder, ellos son libres de despreciar a quienes se sienten españoles, vascos y catalanes incluidos. Pero la mínima crítica a una acción, pensamiento o actitud nacionalista les autoriza a sentirse víctimas de una persecución en la que el perseguido es su único perseguidor. La crítica y el desacuerdo con el nacionalismo es una manera de afirmar el amor que, como español, se siente por esos territorios amordazados. Entonces se abre la nueva mentira. El nacionalista español. No puede existir el nacionalista español por cuanto el español es consecuencia de la unión y el mestizaje, no de la desunión y la elevación a alturas imposibles de las diferencias. Como madrileño, y también vasco, y catalán, y andaluz, y montañés, me considero un afortunado por formar parte de Madrid, de las Vascongadas, de Cataluña, de Andalucía y de la Montaña. Por formar parte y ser parte de todos y cada uno de los rincones de España. El español no puede ser llamado nacionalista porque no quiere distinguirse de unos u otros, y menos aún, dar una patada al resto para confirmar su separación o instinto de superioridad. Es nacionalista el que quiere separar, no el que desea unir lo que lleva unido más de mil años.

Está claro que se han cometido, a lo largo de nuestra Historia, graves errores. Pero las víctimas sufrientes de esos errores no han sido siempre las tierras vascas o catalanas. España es la grandeza de sí misma y la miseria de sí misma, por todos compartidas. Castilla, la gran y discreta callada, asiste con pasmo a la descomposición. Y el Reino de Valencia, y el de Aragón, con sus Señeras cuatribarradas que inspiraron a Carlos III, para su Armada, la institución de la Bandera de España. Eso, la Bandera de España, la «franquista», como le dicen los mentirosos y analfabetos. Así que Franco le dijo a Carlos III: «Diseñe mi Bandera». Y todavía los hay que lo entienden así.

El español está orgulloso de todas las tierras y peculiaridades de España. Somos mestizos de españoles con españoles. Y llevamos en nuestra sangre a los celtas, los visigodos, los romanos, los árabes y los judíos. También fenicios, comerciantes y mercaderes, no siempre de objetos sino de conceptos. España ha dejado su palabra, navegada por castellanos, extremeños, andaluces, vascos, catalanes, canarios, gallegos, asturianos, montañeses, valencianos, mallorquines y murcianos, en América, en Filipinas, en África… No lo hicieron discutiendo en la navegación hacia lo desconocido de este o aquel problema o diferencia local. Lo hicieron como un cuerpo compacto e irreductible. Y España se mezcló con aquello que encontró, principalmente con la maravilla de América. Instaló en el Nuevo Mundo la palabra y el cristianismo, con rotundos errores, en ocasiones con crudeza y sangre, pero hoy no se pueden entender los derechos del hombre, los avances de la justicia y la prosperidad de los pueblos sin el amparo evolucionado del humanismo cristiano. Cataluña está en América porque es España, y los vascos llegaron allí y prosperaron como españoles. Todo eso es lo que pienso cuando advierto las pequeñeces ridículas de nuestros nacionalismos, y escribo «nuestros» porque también son españoles. España está instalada en el mundo y sólo en España se siente discutida. Y quiere abrazarse, pero algunos sólo piensan en darse una patada a sí mismos despreciando a los demás. No hay un solo español anticatalán o antivasco. Sería un antiespañol. Es decir, un nacionalista.

Cuestión de cuernos
Luis del Pino Libertad Digital 28 Julio 2010

Cuando un periodista le preguntó a El Espartero, un torero particularmente temerario, que si merecía la pena arriesgar de esa manera, su respuesta fue: "Más cornás da el hambre". Y de una corná moriría, no mucho tiempo después, en la plaza de Madrid.

No he podido evitar acordarme de aquella anécdota al conocer, hoy, la decisión del Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros y ver las indignadas reacciones que dicha decisión ha suscitado.

Me van a permitir ustedes que me desmarque del fervorín general de indignación. Cierto es que dicha decisión del Parlamento es una cacicada más, propia de quien está convencido de que el poder sólo puede demostrarse prohibiendo. Cierto también que las razones que han impulsado dicha prohibición no tienen nada que ver con la defensa de los animales, sino con el deseo de eliminar cualquier vínculo simbólico con España.

Pero la prohibición de las corridas de toros tiene, más allá de las intenciones de quienes han adoptado esa decisión, una importancia a mi juicio menor.

No estamos hablando de una negación de derechos fundamentales. Me causa bastante estupor - ¡qué quieren que les diga! - ver la indignación de ciertas personas que, sin embargo, no han levantado su voz en ningún momento para denunciar lo que sí son atropellos de derechos fundamentales en Cataluña, como por ejemplo el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano. Comparado con eso, la prohibición de los toros en el territorio catalán es una simple anécdota.

La prohibición de celebrar corridas de toros no es sino una restricción más al libre mercado, impuesta desde los poderes públicos. Grave y rechazable, pero no más grave y rechazable, por ejemplo, que las restricciones al consumo de tabaco en los restaurantes (¿quién es el Estado para decirle a un restaurador lo que debe hacer en su propiedad?), que las limitaciones a los horarios comerciales (¿por qué el Estado puede dictaminar cuándo compramos o vendemos?) o que la afiliación obligatoria a las cámaras de comercio (¿a santo de qué se mantienen esas antiguallas?).

Puestos a criticar lo que hoy ha hecho el Parlamento de Cataluña, hay algo que me parece mucho más preocupante que el afán prohibicionista, que los deseos de abofetear simbólicamente a España en cada ocasión que se presenta o que las restricciones a la libre iniciativa privada. Lo que verdaderamente es para echarse a temblar es que Cataluña es una comunidad con más de 600.000 parados (uno de cada seis catalanes en disposición de trabajar), de los cuales una quinta parte (más de 100.000) no cuenta ya con ningún tipo de cobertura social. Sólo en el último año, se han perdido en Cataluña 300.000 puestos de trabajo.

A pesar de lo cual, el Parlamento catalán se dedica a perder el tiempo, haciéndose pajas mentales a cuenta de las corridas de toros. Y a los problemas reales de los ciudadanos, de aquéllos que si que saben lo que es el hambre y lo que son las cornás, pues que les vayan dando.

Hace falta ser cornúpeta, verdaderamente.

Ver los toros en el exilio
Editorial www.gaceta.es 28 Julio 2010

Con toda probabilidad, el Parlamento de Cataluña prohibirá hoy las corridas de toros en el ámbito de su comunidad autónoma.

Frente a tal acto de arbitrariedad del poder político, frente al desafuero histórico de desarraigar las corridas de toros del territorio catalán, LA GACETA, hoy más que nunca, muestra su apoyo a la Fiesta Nacional, en solidaridad con todos los catalanes que aman la tauromaquia y con aquellos otros que, como mínimo, aman lo suficiente su libertad y la libertad de todos como para indignarse por el atropello cometido por una clase política que ha optado por el intervencionismo más inicuo.
Los socialistas y nacionalistas abandonan así, paradójicamente, uno de sus viejos mitos sesentayochistas, aquel que respetaba las opciones del individuo conforme al eslogan de “prohibido prohibir”. Ahora, con la abolición de la Fiesta, esos mismos socialistas y nacionalistas reactivan otro rasgo implícito en ellos: el tic totalitario de intervenir en las actividades privadas –incluso en las de mero disfrute personal– de sus administrados, en línea con injerencias en la autonomía individual como los abusos de la Ley Antitabaco, la finalmente suspendida cruzada contra el vino o las batallas, en menoscabo de la autoridad paterna, contra bollos y refrescos.

No hay ninguna casualidad en que una clase política como la catalana, la más corrupta de España y una de las más ineficientes, abandone los legítimos fines y las necesidades más acuciantes de la actividad política –el paro creciente, la deslocalización de empresas en Cataluña, etc.- para hacerse fuerte con gestos artificiosos de propaganda centrados en lo aparentemente accesorio. Pero ocurre que los recortes de libertades no son nunca accesorios, y el Parlamento va a legislar contra los toros aunque sea a costa de muchas cosas. A costa de la voluntad de sus ciudadanos, pues la iniciativa legislativa contra los toros reunió menos de doscientas mil firmas. A costa, también, de la raigambre histórica de una fiesta que, como reconocen los prohibicionistas, tiene en Cataluña antiquísimo arraigo y popularidad. A costa del precio que la abolición tendrá sobre el contribuyente, cifrado en cientos de millones de euros. A costa del oprobio moral de haber legislado contra los toros en el Parlament, pero nunca contra los anuncios de prostitución en la prensa. No se puede soslayar la lectura de guerra cultural que han hecho nacionalistas y socialistas a propósito de la prohibición de los toros. Es una prohibición que tiene toda la doblez de la hipocresía: si es por sufrimiento animal, nos preguntamos si prohibirá también los correbous y otros entretenimientos taurinos que, con los toros al agua o con la cornamenta en llamas, también implican el dolor del toro.

Así, en el fondo, lo que se quiere es, en primer lugar, reputar como bárbara esa Fiesta Nacional que ha despertado la admiración de algunos de los mejores artistas de todos los tiempos –por lo que tan bárbara no será– y, en segundo lugar, situar artificialmente a Cataluña en oposición al gran magma de la cultura hispánica.
En definitiva, muchos diputados nacionalistas y socialistas fingen hoy votar contra las corridas de toros y en realidad votan la independencia sentimental y cultural. Para vergüenza de los prohibicionistas, a partir de hoy los catalanes tendrán que ejercer su libertad de ver la lidia como en otros tiempos menos democráticos, cuando tenían que ejercer su libertad de ver algunas películas en esos antiguos condados catalanes de Francia donde, por cierto, tanto éxito tiene la tauromaquia. ¿Intervendrá Zapatero para detener esta espiral de irracionalidad? Pueden ustedes apostar que no.

Dicen toros, pero es España
Editoriales ABC 28 Julio 2010

EL Parlamento catalán puede hoy certificar la defunción de la fiesta de los toros en Cataluña si finalmente aprueba, como es lo previsto, la iniciativa legislativa popular que aboga por su prohibición. Para que este objetivo prohibicionista salga adelante bastará con que se repita la mayoría que el pasado año admitió a trámite el procedimiento parlamentario instado por la denominada «Plataforma Prou». La libertad de voto que ha concedido el Grupo Socialista a sus diputados ha aumentado las posibilidades de los prohibicionistas y ha decepcionado a quienes, sean o no protaurinos, confiaban en que los socialistas actuaran como dique de una estrategia que de forma interesada y sin pudor mezcla ecologismo y nacionalismo.

Los sentimientos que generan las corridas de toros son muy diversos, todos ellos legítimos y causa de polémica no solo en Cataluña. Sin embargo, en esta comunidad autónoma se han conjugado unos movimientos ecologistas muy activos con el oportunismo nacionalista de unos grupos políticos que no pierden ocasión para acosar en Cataluña las manifestaciones culturales comunes con el resto de España. Es cierto que hay parlamentarios nacionalistas que votarán contra la prohibición y algunos socialistas que lo harán a favor, pero, excepciones al margen, la tendencia social y política de esta prohibición es evidente.

Lo más grave de esta obsesión prohibicionista es que revela un intervencionismo ético en los valores sociales incompatible con el respeto a la libertad individual y a la tradición cultural. Las justificaciones pretendidamente morales de la prohibición de los toros —crueldad, maltrato— ignoran a conciencia aspectos esenciales de la Fiesta que van desde la naturaleza misma del toro bravo, destinatario de unos cuidados que ningún otro animal recibe, hasta el sentido ritual de la lucha con el torero.

La ausencia de estos contenidos en los discursos antitaurinos más radicales —que son, por otro lado, los más exitosos— es consecuencia más de la ignorancia intencionada que de la reflexión crítica. La principal motivación de estos movimientos prohibicionistas y de sus aliados políticos es el activismo intervencionista, por el que consideran legítimo uniformar a la sociedad con un ideario sedicentemente progresista, basado en criterios arbitrarios sobre lo bueno y lo malo. La cuestión no es, por tanto, discutir si el Parlamento catalán puede o no —que sí puede— legislar sobre la fiesta de los toros, o si son más o menos los ciudadanos catalanes a los que les gusta esta fiesta. No se trata de estadísticas de público, de número de corridas o, siquiera, del coste económico que conllevaría la prohibición. Es un problema fundamentalmente de respeto a la libertad y a la tradición, no de protección a los toros, utilizados como coartada para otros objetivos, y también víctimas de una evidente doble moral, que condena las corridas, pero salva los «correbous». El estruendoso silencio de la sociedad catalana ante esta agresión a las libertades —aceptado con la misma pasividad, ya reactiva, con que asiste a los recurrentes debates identitarios que marginan de la agenda regional sus verdaderos problemas— solo es comparable con el que el socialismo y el Gobierno central han manifestado durante los últimos meses para evitar el desgaste generado por un nuevo roce con el PSC.

Resulta imposible eludir el carácter político de esta iniciativa, ligada al rumbo adoptado por una clase política catalana que, empezando por los socialistas, rivaliza internamente por abanderar el soberanismo y la desafección hacia España. No son los defensores de la Fiesta, sino el segmento político de sus detractores, los que han impregnado de ideología la iniciativa prohibicionista que hoy vota el Parlamento catalán. Asociar la fiesta de los toros a la cultura y la historia de España no es hacer «españolismo», sino constatar una evidencia. Pero pretender alimentar la prohibición antitaurina con sentimientos nacionalistas es una forma de «limpieza cultural» de Cataluña, instrumental de una estrategia mucho más amplia que busca convertir en cuerpo extraño a la identidad catalana cualquier vínculo con lo español. No todos los que hoy voten a favor de la prohibición estarán animados por esta aldeanismo pseudoecologista, pero si el resultado final aprueba la prohibición esta será considerada por los nacionalistas y sus publicistas como una nueva expresión diferencial entre Cataluña y el resto de España, como otro síntoma de que la avanzada sociedad catalana quiere cortar amarras con el arcaísmo castellano que predomina en España. No hay que engañarse. Este lenguaje frentista y contendiente es el que impulsa las dinámicas centrífugas en Cataluña y el que explica la tensión con que el Parlamento de una comunidad autónoma aquejada de graves, muy graves problemas políticos e institucionales, puede cerrar su legislatura con un gesto de desplante, nada taurino y sí muy cobarde, por oportunista, a una parte de su historia común con España.

Además de los toros, ¿por qué no prohibimos los políticos?
Francisco Rubiales Periodista Digital 28 Julio 2010

Las mismas razones que se esgrimen para suprimir la corrida de toros sirven para justificar la prohibición de los numerosos malos políticos de España.

La Cataluña política, cada día más proclive a la prohibición y al totalitarismo, ha suprimido la tauromaquia por voluntad parlamentaria, con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, sin que esa prohibición responda a demanda popular alguna. Lo han hecho en realidad porque la lidia "huele" a España, pero las razones esgrimidas son otras, básicamente dos: la llamada "fiesta nacional" tortura a los animales y el espectáculo taurino es contraproducente y poco recomendable para una sociedad moderna.

Es curioso, pero esos mismos argumentos sirven para prohibir a los malos políticos, causantes de la tortura diaria de los ciudadanos españoles y protagonistas del obsceno y deleznable espectáculo de la "democracia degradada" española, corrupta, infectada de ladrones y poco recomendable para la ética y para la salud de una sociedad moderna y avanzada.

Suprimir a los políticos sería, además, más popular, rentable y ejemplarizante que suprimir la fiesta taurina. El suplicio que los políticos causan al ser humano no es comparable con el que los toreros y la "industria" que se mueve en torno a la tauromaquia causan al toro de lidia.

Los ciudadanos no derramarían una sóla lágrima por esos políticos que ya aparecen en las encuestas señalados por la ciudadanía como el tercer gran problema de España. Los toros, curiosamente, no aparecen en esa lista, ni quiera entre los cien problemas principales del país.

Por culpa de los políticos, muchos ciudadanos son despojados a diario de su derecho al trabajo, arrojados sin misericordia a la pobreza, despojados de sus viviendas por falta de pago, avergonzados porque no pueden llevar comida y dignidad a sus hogares.

Prohibir las corridas de toros va a costarle a cada ciudadano de Cataluña poco más de 50 euros, pero prohibir a los políticos nos haría prósperos y, probablemente, ricos a todos los españoles, que no tendríamos que pagar sueldos del erario público a cientos de miles de parásitos, que no aportan a la sociedad nada positivo.

Si el espectáculo de los toros heridos y muertos en la plaza es deplorable, el de los políticos es dantesco. La corrupción pública, los privilegios inmerecidos, la arrogancia, el despilfarro, el endeudamiento y el mal gobierno constituyen una exhibición que avergüenza, degrada al ser humano como especie y produce tortura, insatisfacción y rabia a millones de ciudadanos españoles.

La política, cuando está degradada y en manos de dirigentes pésimos, es mil veces más vil y deplorable que la fiesta nacional.

Prohibir a políticos de la estirpe de Carod Rovira y de otros muchos nacionalistas catalanes, despilfarradores, arrogantes, estimuladores de la reivindicación permanente, del odio y de la envidia, empeñados en separar, dividir y enfrentar, tiene más sentido, más dignidad y más alcance ético que prohibir los toros en Cataluña.

Os lo juro.
Voto en Blanco

Toros
España como souvenir
Cristina Losada Libertad Digital 28 Julio 2010

En abril de 1991, la comunidad autónoma de Canarias prohibió las corridas de toros sin que los periódicos nacionales le dedicaran una línea al asunto. El promotor de la proscripción es hoy un diputado del Partido Popular que no se arrepiente de su iniciativa, aunque fallara en el propósito de acabar con las peleas de gallos, de gran arraigo en las islas. Nadie vio en aquella decisión un deseo de marcar distancias con el resto de España. Los toros no gozaban allí del favor popular, igual que ocurre en tantos otros lugares. En realidad, no era necesario prohibirlos, como tampoco era necesario hacerlo en Cataluña.

Siempre me ha parecido un espectáculo cruel, el de las corridas de toros. Mi sensibilidad, urbanita y ñoña, me impide disfrutar de los innegables valores estéticos asociados a la tauromaquia. Pero tengo la certeza de que el nacionalismo, el catalán como otros, no la rechaza por compasión hacia las reses, sino para dar cuerda a su cansina cantinela de que Cataluña no es España, como si España pudiera encerrarse en el cliché de toros y flamenco que con tanta gracia kitsch representan las figuritas de las tiendas de souvenirs; las de las Ramblas, sin ir más lejos. De ahí que esos antitaurinos sobrevenidos no estén por liquidar las tradiciones que consideran "propias", aunque entrañen maltrato a los animales. Quieren fabricar un "hecho diferencial" y ocultan toda una historia de afición taurina catalana.

Esa contumaz pretensión nacionalista pervierte la discusión sobre las corridas de toros, que tiene –la discusión– larga tradición en España. En todas las épocas ha habido partidarios y adversarios. Y los adversarios no eran, por serlo, menos españoles. Pero en torno a la catalana ha surgido, como contestación, otro reduccionismo identitario, que hace de los toros una cuestión de política nacional con mayúsculas. Por tradicional que sea, no es más que un espectáculo y no será por el declive de la afición taurina ni aun por su desaparición, que España vaya a dejar de ser España. Curiosamente, suscita mayor atención y controversia la represión de los toros en Cataluña que la que allí se dirige, desde tiempo ha, contra la lengua común. Así nos va. En cualquier caso, flaco favor nos hacen los prohibicionistas catalanes. La alianza de dos fanatismos no podía resultar en nada bueno.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

El nacionalista González
EDURNE URIARTE ABC 28 Julio 2010

Cuando Felipe González se apunta al socialismo nacionalista de Montilla, el lunes, en el El País, en el increíble artículo firmado con Carme Chacón, es hora de aceptar que no hay un socialismo nacional como alternativa al socialismo nacionalista que domina hoy el PSOE. Hora de constatar que esa vieja guardia en la que algunos habían puesto sus esperanzas como impulsora de un socialismo diferente al de la nación discutida y discutible de Zapatero se ha hecho completamente zapaterista.

Es grave que un ex presidente como González deslegitime una sentencia del TC con conceptos y argumentos que nada envidian a la agresividad nacionalista. E insólito que convierta en centralista y anticatalanista a todo el autonomismo español que él reduce groseramente al ámbito del PP. Cuando una buena parte de los votantes socialistas comparten ese mismo autonomismo. Y toda esta operación con el fin de acabar en el mismo lugar que Montilla y los nacionalistas catalanes. En el cuestionamiento de la sentencia del Constitucional y en la exigencia de que se restituyan los preceptos anulados del Estatuto.

La renuncia ahora también de González al socialismo de vocación nacional plantea dos graves problemas al PSOE y, por ende, a los españoles. Deja sin partido a los autonomistas de izquierdas, a no ser que decidan emigrar masivamente a la UPyD. Y, sobre todo, convierte al PSOE en una comparsa de los partidos nacionalistas y sus programas.Que no se engañe ni pretenda engañar González. No hay una alternativa federal al centralismo y al independentismo, los tres ángulos del debate según él y Chacón. Más que nada porque eliminan nada más y nada menos que el autonomismo, el valor más compartido por los españoles y esencia de la Constitución. Y porque el federalismo de González es un puro eufemismo para enmascarar la plena coincidencia con las exigencias nacionalistas.

Al lado del nacionalismo catalán, Franco un demócrata.
Alfredo CasqueroEl Semanal Digital 28 Julio 2010

La prueba más evidente de que la payasada nacionalista contra la fiesta nacional es política y no "animalaria", es la libertad de voto que tanto el PSC como CIU han otorgado finalmente a sus diputados. Parece ser que apela más la conciencia una corrida de toros que la vida de un ser humano, de un niño, puesto que en la aprobada ley nazi del aborto no se permitió la libertad de voto, y en la votación que prohibe los toros en Cataluña, sí se permite votar en conciencia. Nada nuevo se puede decir. Sólo confirmar la muerte de un proyecto nacional del PSOE, defunción avalada además por el propio Mister X, adalid de corrupciones y de la etapa menos democrática de nuestra democracia, quien en un artículo escrito a la limón con doña Fotos Chacón, alude a una nación de naciones refiriéndose a España.

La prohibición, un hecho ya, consuma el proyecto totalitario del nacionalismo catalán, que a base de mentiras y corrupciones, han conseguido expulsar (más bien arrinconar) los sentimientos españoles en Cataluña. Franco no se atrevió a tanto. A comparación de cómo se ha ido extendiendo el régimen nacionalista, Franco fue un demócrata. Lo que se ha venido en denominar el oasis catalán, no es sino una enorme manta que ha venido tapando todo lo que pudiera perjudicar al nacionalismo. Corrupción, mentiras históricas, subvenciones escandalosas a medios afines, persecución del disidente, y así un largo etcétera que desde la época de Pujol hasta nuestros días, ha culminado en una vergonzosa votación en la que arrancan de cuajo, esta vez sin referéndum, una fiesta tan catalana, y por tanto tan española.

Del Gobierno de Rodríguez Zapatero no se puede esperar mucho. Como en la II República, el PSOE se alía con quienes se saltan la ley, y hará dejación de funciones para no hacer cumplir la sentencia del TC. Del PP, tampoco cabe esperar mucho. A poco que CIU necesite un voto ya estará allí doña Alicia entregando, a cambio de una palmadita, los diputados necesarios.

¿Qué se puede hacer? No tengo ni la más remota idea. A parte de lo apuntado aquí en muchas ocasiones, poca cosa más. Confieso que mi decepción es máxima, mi desesperanza mayúscula y mi hastío hacia lo catalanista, que no hacia lo catalán, roza la estratosfera. Supongo que confiar en nuestro patrón, Santiago, y en la Virgen del Pilar a cuyo corazón está entregada España.

Y comenzar a pensar qué productos catalanes serán sustituidos en mi cesta de la compra el día que Cataluña se declare independiente.

Sálvate, toro de España
Lo peor de la Fiesta es que está en manos de los aficionados... al maldito parné
ANTONIO BURGOS ABC 28 Julio 2010

EMPEZARON por el toro de Osborne, y hoy van a por el toro de España. Al toro, que es una mona. Quieren apuntillarlo. Amontillarlo. Un renegado paisano de Manolete y del Cordobés será quien lo prohiba en Cataluña. Empezaron por la zaina silueta del toro de Osborne encampanado en El Bruch. Le aserraron las patas. ¿Cómo quienes dicen defender a los animales pueden cortar la pata a un toro, como si fueran Chamaco en la Monumental de don Pedro Balañá en los años 50? Los animales les importan una higa. A don Fernando Adrián ni le tosen si hidrogena langostas vivas. Estaban contra el toro de Osborne porque lo vieron como escudo de la bandera de España, pues campea en el albero de su central franja amarilla cuando los chavales cantan: «Yo soy español, español».

¿Por qué quieren prohibir la Fiesta Nacional? ¿Por Fiesta o por Nacional? Por Nacional. En Cataluña no hay más fiesta nacional que la sardana, San Yordi, la fuente de Canaletas y la butifarra. Y no sé por qué la han tomado contra los toros, si antes no han prohibido otros símbolos patrios. ¿O esto es sólo el comienzo? Si es por prohibir cuanto huela a España, tendrán que declarar fuera de la ley la tortilla española, el Ave, el flamenco, la sangría, la paella, los bocadillos de calamares, el pasodoble, el sombrero de ala ancha de Tío Pepe y ni te cuento la Feria de Abril de Barberá del Vallés. Y si prohiben los toros como institución nacional, más institución nacional es el Cortinglés, la única que hoy por hoy une a las Españas por encima de estatutos y separatismos, y ahí la tienen, encampanada en la Plaza de Cataluña. O la Liga Nacional de Fútbol. ¿Por qué prohiben los toros y consienten que el Barcelona gane una Liga absolutamente españolista, donde milita el Real Madrid, máximo símbolo del centralismo?

Claro, como los toros están en las manos que están... Las más ardorosas, valientes y razonadas defensas de la Fiesta Nacional en Cataluña las han hecho quienes no viven del toro. ¿Es apoderado de Ponce, o empresario de Málaga, o ganadero de bravo acaso don Alberto Boadella? No, es un aficionado. Un aficionado a la libertad y a la cultura, no al maldito parné. Lo peor de la Fiesta es que está en manos de los aficionados... al maldito parné, al jurdó, que no ven más allá de su pliego de condiciones, su poderdante y su camada. Me lo dijo en Antequera un cultísimo aragonés, don Manuel Cisneros, gran egiptólogo, pues fue apoderado del Faraón de Camas: «El fútbol es un negocio de torpes en manos de listos, y los toros, un negocio de listos en manos de torpes». ¿Dónde está la CEOE del toreo, la UGT y Comisiones del Toreo, dónde la Liga Profesional del Toreo, la SGAE del Toreo? Los que viven de la Fiesta ¿qué han hecho para impedir que la España que no quiere serlo tome a los toros como víctima propiciatoria? No han sabido, ni querido, ni podido impedir el ritual sacrificio del Toro de España en el ara del Parlamento catalán. El toro de Miguel Hernández: «Despierta, toro: esgrime, desencadena, víbrate./ Levanta, toro: truena, toro, abalánzate./ Atorbellínate, toro: revuélvete. Sálvate, denso toro de emoción y de España./ Sálvate.» (Sálvate, sobre todo, toro, de los que viven a tu costa y de los que te odian porque eres España.)

El toro catalán
Martín PRIETO La Razón 28 Julio 2010

La Reina Sofía no acude a las corridas de toros aunque nunca ha criticado la Fiesta. Su antecesora doña Victoria Eugenia acudía a los cosos por congraciarse con el pueblo, pero calzaba unas gafas oscuras tras las que desmayaba sus párpados. Los Príncipes de Asturias tampoco frecuentan a menudo las plazas y Su Majestad El Rey prácticamente limita su presencia al callejón en la madrileña Corrida de la Prensa o la de la Beneficencia, donde solía fumarse los puros que ahora sus médicos le acaban de prohibir. Pero hacer Ley de comprensibles tan egregios disgustos no da para prohibir la tauromaquia. Es paradójico que en las periferias, donde tienen su asiento los diferentes separatismos, sea tan poderosa la afición a la fiesta nacional, aunque sea el fútbol quien gane la batalla.Tras Sevilla y Madrid, el toreo crece en su apasionamiento en la Semana Grande de Bilbao, en San Fermín en Pamplona y en La Monumental en la ciudad condal, donde en un tiempo llegaron a tener hasta tres plazas abiertas y donde José Tomás, un madrileño, ha levantado su santuario.

Si los toros salieran a la arena con la senyera como divisa no se habría forzado la surrealista votación de hoy, que nada tiene que ver con el derecho animal, sino con la monomanía identitaria de pasar la garlopa por la ramita más pequeña del recuerdo de una España imperialista, opresiva y extranjera. Ni un catalán como José Borrell logró quitar de las carreteras españolas la figura del toro de Osborne. Expertos en crear problemas de la nada, sólo conseguiremos que los huesos de Ava Gardner, Orson Welles, Jean Cocteau, Goya o Picasso se remuevan en sus tumbas.

Acosando a Al Qaida
GABRIEL ALBIAC ABC 28 Julio 2010

MICHEL Germaneau fue decapitado anteayer por los islamistas de Al-Qaida en el Maghreb. Ayer mismo, Nicolas Sarkozy declaró solemnemente que los asesinos no quedarán impunes. Ni en Mauritania, ni en Malí. Dichas por un Zapatero, palabras así hubieran provocado un sofocón de risa a los mártires de Alá. Que tienen la fea costumbre de estar bastante informados de lo que pasa en territorio enemigo. Y de saber cuál diferencia marca el riesgo de asesinar a un ciudadano de un país cuyo Estado defiende a sus contribuyentes y un Estado para el cual los contribuyentes son cajeros automáticos a cuya costa financiar la alianza de las civilizaciones, esto es, las armas y munición —espiritual como física— con que Al-Qaida ejecuta.

Moratinos, claro está, ha declarado lo de siempre: ¿y qué otra cosa puede hacer, el pobre? Que eso de matar rehenes es cosa que nuestros civilizatorios aliados sólo harán con los franceses, cuyo Gobierno se empecina en la fea costumbre utilizar a su ejército y sus servicios de inteligencia para combatir, en vez de plegarse al ejemplo humanitario de los nuestros: «antes morir que matar», Bono dixit. Sarkozy no sabe de eso. Ni su primer ministro, que anunció, tras el crimen, cómo «la lucha contra el terrorismo continuaría…, para acosar a los asesinos y llevarlos ante los jueces». ¿Se imagina alguien a Zapatero o Moratinos —de la señora Chacón, mejor ni hablo— dictando órdenes para que el ejército español «acose» a humanitarios guerreros de Al-Qaida? No, por Dios. Sería un inmoral sabotaje islamófobo contra la angélica alianza de las civilizaciones.

¿Retóricas diferentes? Puede. Pero también otra cosa. En la prisión de Poissy se pudre Ilich Ramírez Sánchez. Se pudrirá de por vida, por más que el colega Hugo Chávez se desgañite en Caracas exigiendo a Francia la libertad de su guerrillero heroico. No hay riesgo de que a Chávez nadie se lo tome en serio: esas cosas quedan sólo para la humillada diplomacia de la España socialista. Ilich Ramírez Sánchez fue, durante veintiún años, más conocido por su alias como jefe de operaciones exteriores del FPLP palestino: Carlos. Aunque la prensa francesa lo apodó «el Chacal», tras el asesinato en 1975 de dos policías en París. Diecinueve años después, el héroe de Chávez entraba en el quirófano de Jartum para una cirugía estética que garantizase su cambio de identidad. Era el 14 de agosto de 1994.

Cuando salió de la anestesia, se encontró en París. Ni el mejor penalista de Francia —y también el más caro— pudo salvarlo de lo inexorable. Para el asesinato con premeditación, el código francés prevé cadena perpetua. Esa que fue dictada contra Ramírez Sánchez. Esa que cumplirá, hasta el último de sus días, el guevariano reciclado en islamista. Sin redención posible de pena.

No, no todos los Estados son iguales. Los hay que apuestan por socorrer a quien tortura y mata a ciudadanos propios que pagan sus impuestos. Los hay que, en la paciencia y el tiempo largo que es el de los servicios de inteligencia, invierten el dinero de los ciudadanos en defenderlos de místicos matarifes. Lo que es lo mismo, en hacer —con la ley por delante— que ningún acto terrorista salga gratis. Ninguno. Que cada cuál elija cuál Estado prefiere.

El peor lado del Derecho
J. M. RUIZ SOROA El Correo 28 Julio 2010

Hay ocasiones en que al Derecho se le acusa de ser una disciplina que abusa de la sutileza y que está llena de trampas semánticas, se le critica por ser una forma de razonar muy alejada de la práctica lingüística normal entre las personas. El dictamen emitido por el Tribunal Internacional de Justicia el 22 de julio sobre la declaración unilateral de independencia de las instituciones provisionales del Gobierno de Kosovo pasará a la historia como un perfecto ejemplo de cómo puede llevarse la sutileza jurídica hasta unos extremos que rozan el ridículo.

Porque, verán, cualquiera que haya leído las referencias y comentarios de prensa sobre esta opinión del TIJ habrá entendido que este tribunal ha dictaminado que la declaración unilateral de independencia de Kosovo frente a Serbia era válida de acuerdo al Derecho Internacional y que, como consecuencia de ella y en ejercicio de su derecho de autodeterminación, Kosovo ha pasado a ser un Estado independiente y soberano en lo que respecta al Derecho Internacional. Pues bien, si tal cosa ha deducido el lector, se equivocará de medio a medio, porque el Tribunal no ha dicho eso ni nada parecido. Lo que ha dicho es que, precisamente sobre esos puntos, no se pronuncia. Y si no lo creen, léanse el texto del dictamen, cosa que no parece haber hecho ningún comentarista.

Para entender este aparente galimatías es necesario no perder de vista que el Tribunal se ha limitado a responder a una pregunta muy concreta, la que la Asamblea General de Naciones Unidas le planteó. Era la siguiente: «¿Es conforme a Derecho Internacional la declaración unilateral de independencia de las Instituciones Provisionales de Autogobierno de Kosovo?». Cualquier persona normal habría entendido que lo que se preguntaba al Tribunal era si dichas instituciones tenían derecho a declarar unilateralmente su independencia, es decir, si esa declaración era válida y producía efectos al amparo del Derecho Internacional. Pero el Tribunal ha sido más sutil que esto y ha decidido interpretar la pregunta de manera rebuscada y abstrusa; lo que se me pregunta, dice, es si el Derecho Internacional 'prohíbe' a una institución interna efectuar una declaración de independencia unilateral, y he de concluir que no, que no hay norma general o particular alguna que se lo prohíba.

Otra cosa muy distinta, dice, es si esa institución 'tiene derecho' a hacerla, es decir, si el Derecho Internacional otorga a un territorio la posibilidad de 'secesionarse' de su Estado. «Es perfectamente posible -dice- que un acto concreto, tal como una declaración unilateral de independencia, no constituya una violación del Derecho Internacional sin que por ello constituya necesariamente el ejercicio de un derecho otorgado por ese Derecho Internacional. A este Tribunal le han preguntado sobre lo primero, no sobre lo segundo» (pf. 56).

En términos más sencillos, es como si ante la pregunta de si es conforme al Derecho Civil que un copropietario de un piso en un inmueble se declare independiente del resto de copropietarios y de la comunidad de propietarios, el tribunal de turno respondiera: lo que entiendo que se me pregunta es si el Derecho le prohíbe a alguien hacer esa declaración unilateral, y mi respuesta es que no, porque ni en el Código Civil ni en los Estatutos de la comunidad de propietarios existe precepto alguno que prohíba expresamente ese tipo de declaraciones. Otra cosa sería si usted me hubiera preguntado si ese convecino tiene derecho a hacer esa declaración y si esa declaración tiene algún valor y fuerza jurídicos. Pero como no me ha preguntado exactamente eso, me reservo mi opinión sobre esos extremos. Una curiosa manera de entender la pregunta, sin duda sutil aunque también estéril.

Es por esto por lo que el Tribunal Internacional subraya (pf. 55) que la cuestión que se le plantea es marcadamente distinta de la que resolvió el Tribunal Supremo de Canadá en 1998. Porque en Canadá se preguntó al Tribunal si las instituciones territoriales de Quebec tenían derecho a la secesión o autodeterminación de acuerdo al Derecho Internacional (y se respondió que no), mientras que ahora se pregunta sólo si el Derecho Internacional prohíbe declararse independiente a una región o gobierno local. Y esto es muy distinto, porque prohibírselo, lo que se dice prohibírselo, no se lo prohíbe ningún texto o práctica internacional. Otra cosa es que tenga derecho a ello y, sobre todo, que esa declaración tenga algún valor o efecto. En este sentido, el Tribunal se preocupa mucho de resaltar que no se pronuncia sobre el valor de la declaración de independencia, ni formula opinión acerca de si en virtud de ella Kosovo ha pasado a ser un Estado independiente, ni se pronuncia acerca de si los demás Estados pueden o deben reconocerle como nuevo Estado (pf. 51).

Es también por esto que el Tribunal Internacional se cuida de subrayar que la solución a la pregunta planteada no necesita de ningún análisis del derecho de autodeterminación y su alcance. Eso sería necesario, dice, si lo que se debatiera en este caso fuera el supuesto derecho de un territorio a separarse o secesionarse de su Estado. Y de eso no se discute en el caso, sino sólo de si un territorio puede formular declaraciones unilaterales de independencia sin violar el Derecho Internacional general o particular.

Pocas dudas caben de que el Tribunal Internacional, por razones que no vienen al caso ahora, ha eludido responder a la cuestión de fondo que se le planteaba y se ha amparado para ello en una interpretación exasperantemente sutil de sus términos. Pero, al hacerlo, ha dado a luz una opinión o dictamen que es perfectamente irrelevante para el problema planteado: porque todo el mundo entendía que lo que se le preguntaba es si Kosovo tenía derecho o no a declararse independiente, si esa declaración era válida en Derecho y si producía el efecto de convertir a Kosovo en un nuevo Estado. Y sobre esto el Tribunal no ha respondido, en un ejercicio jurídico de rigor intelectual tan artificioso como estéril. El peor lado del Derecho.

Se habla menos catalán desde que el Tripartito llegó al poder
 www.gaceta.es 28 Julio 2010

Llega el fin de la legislatura del Gobierno catalán y toca hacer cómputo. El lunes se publicó el Balance de Política Lingüística 2004-2010 con unos datos significativos.

Después de todo el dinero invertido en política lingüística por parte del Gobierno catalán, unos 192.765.738 euros, los datos indican que las personas que usan el catalán como lengua habitual han disminuido en un 11% y destaca el aumento de la gente que se declara bilingüe, es decir, que habla con asiduidad tanto el catalán como el español, que ha pasado de un 4,7% en 2003 hasta alcanzar el 12% en 2008.

Del presupuesto total, las subvenciones para las entidades sin fines de lucro para proyectos de fomento del uso social ascienden a 5.550.597 euros de 2004 a 2010 mientras que las subvenciones para el fomento del conocimiento y el uso del occitano fueron de 458.000 euros.

El punto más sensible de las subvenciones son las dirigidas al cine catalán. Mientras muchas distribuidoras se negaron a someterse a la Ley del Cine porque no obtendrían unos ingresos mínimos con la traducción, las subvenciones en este ámbito ascienden a 14.090.374 euros que se concretan en ayudas otorgadas a 31 empresas para el doblaje de 130 películas, la subtitulación de 12 y el doblaje y la subtitulación de dos más. Según las cifras del balance, en estos seis años, más de 4,5 millones de espectadores han visto películas en catalán.

Con el objetivo de fomentar el uso público del catalán en 2005 se presentaron dos campañas populares con el lema “Da cuerda al catalán. El catalán va contigo” centrado en el público de entre 18-29 años

Cataluña prohíbe las corridas de toros
 www.gaceta.es 28 Julio 2010

El veto se ha decidido con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones. CiU y PSC finalmente han decantado la balanza a favor de las tesis de los antitaurinos, respaldadas por ERC e ICV y rechazadas por PP y C's.


El Parlamento de Cataluña ha decidido prohibir la celebración de corridas de toros en este territorio a partir de 2012, en una ajustada votación en la que los diputados de CiU y PSC han decantado la balanza a favor de las tesis animalistas, respaldadas por ERC e ICV y rechazadas por PP y C's. Han votado a favor de la prohibición 68 diputados, 55 en contra y 9 abstenciones.

Tras meses de polémicas entre detractores y aficionados a la fiesta, el Parlament se ha pronunciado este miércoles sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 180.000 ciudadanos. Se trata de la segunda autonomía --después de Canarias-- que acuerda la prohibición de los toros en su territorio, alegando motivos de defensa de los animales y haciendo uso de sus competencias en materia de festejos.

En la práctica, la decisión política comportará la desaparición en un año y medio del único coso de la comunidad: La Monumental de Barcelona, por donde han desfilado últimamente figuras como José Tomás. No obstante, se mantienen los 'correbous' y 'correllaç', la suelta de toros y vaquillas en fiestas de poblaciones del sur de Tarragona, que no implican la muerte del animal.

Montilla regala casi 500.000 euros a la UFEC para ‘proyectar Cataluña como país deportivo’
Redacción Minuto Digital 28 Julio 2010

El Gobierno tripartito ha aprobado una nueva subvención a la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC). La UFEC tiene entre sus objetivos ‘proyectar Cataluña como país deportivo’ y ‘potenciar’ las selecciones deportivas catalanas a nivel ‘internacional’.

El Ejecutivo de Montilla ha aprobado destinar 470.000 euros a las 65 federaciones deportivas de Cataluña que forman parte de la UFEC, que tiene entre sus cuatro objetivos los siguientes: ‘fomentar y promocionar las actividades de las selecciones deportivas catalanas o de los clubes deportivos deferados y de sus deportistas, a nivel autonómico e internacional‘ y ‘proyectar Cataluña como un país deportivo’.

El artículo 200 del texto estatutario establece que ‘la Generalidad debe promover la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si procede, su afiliación a las entidades afines de ámbito internacional, en el marco del cumplimiento de sus objetivos’, y pese a ser un artículo recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, los magistrados del Alto Tribunal no han considerado inconstitucional.

La UFEC ha recibido en los dos últimos meses otra subvención directa del Gobierno autonómico. Tras la reunión del Consejo Ejecutivo tripartito del pasado 8 de junio se aprobó que la UFEC recibiese una ayuda de dinero público por valor de 1.480.000 euros, destinado también a la promoción de las federaciones deportivas en el ámbito internacional.

Un Ayuntamiento de Aragón impone el catalán en una revista con más de 40 años
Con la nueva Ley de Lenguas prohíben escribir en Tamaritano, el dialecto de Tamarite de Litera
Álvaro Rubio www.lavozlibre.es 28 Julio 2010

Madrid.- 'La Voz De la Litera' es una revista que lleva publicándose en la comunidad autónoma de Aragón desde 1969 con contenidos de interés comarcal y provincial escritos tanto en castellano como en Tamaritano, la modalidad lingüística de Tamarite de Litera. Ahora con la nueva Ley de Lenguas el Ayuntamiento de esa localidad ha prohibido contenidos en Tamaritano para dar paso al catalán.

El Consistorio ha decidido prohibir la posibilidad de que los lectores y vecinos de la comarca escriban en literano en una revista, que desde hace más de 40 años se edita en Tamarite con artículos tanto en castellano como en tamaritano e incluso daban cabida al catalán si llegaban escritos en esa lengua.

Desde la Asociación Cultural Lliterana ‘Lo Timo’ denuncian esta medida adoptada por el consistorio porque entienden que “se trata de un paso más para eliminar cualquier vestigio de la lengua y cultura propias para dar vía libre al catalanismo que desde PSOE y CHA se fomenta desde hace años en Aragón”.

Amado Forrolla, presidente de 'Lo Timó', manifiesta que “han engañado a los aragoneses. "El PSOE y CHA han hecho creer que con la Ley de Lenguas se defenderían y fomentarían las hablas locales y que el catalán sería voluntario y resulta que ahora no sólo el catalán pasa a ser obligatorio en algunos usos sino que nos prohíben expresarnos en nuestra modalidad lingüística".

La portavoz del PP en Taramite, Sandra González, fue la que recibió la noticia en primera persona. El alcalde de la localidad le confirmó que a partir de ahora el catalán se imponía y la modalidad lingüística del tamaritano dejaría de aparecer en dicha revista."Este es el mejor ejemplo de la imposición del catalán a la que nos hemos opuesto desde el Partido Popular", explica Nevado a LA VOZ LIBRE. Asegura que no están en contra del catalán pero se oponen a que exista esta imposición linguística. "Hasta el momento no había habido ningún problema, ahora con la Ley de Lengua están creando problemas donde no los hay", concluye.

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Los desvelos de Zapatero
Javier Algarra www.gaceta.es 28 Julio 2010

Resulta insultante que el boletín oficial del socialismo salga al rescate de Zapatero.

Conmovedor reportaje el que dedicaba El País este domingo a un abnegado Zapatero que confesaba haber pasado noches sin dormir debido a los problemas de España. Debería nuestro presidente preguntarse cuántos miles de españoles se desvelan a causa de la crisis, el paro, las dificultades para llegar a fin de mes y el oscuro horizonte que les plantea su futuro.

Resulta insultante que el boletín oficial del socialismo salga al rescate de Zapatero y trate de presentarnos una imagen edulcorada de un dirigente que ha agotado ya cualquier dosis de credibilidad y que ha demostrado con creces ser el peor gobernante de la democracia.
De poco servirán las tiernas fotografías publicadas por el periódico de cámara del PSOE, que fue tan crítico con este Gobierno cuando las prebendas del poder se desviaban hacia sus competidores de Mediapro, convirtiendo en niños mimados a Público y La Sexta. Ahora, cuando el desastre hace que hasta las ratas más próximas ideológicamente abandonen el barco, acude la armada de Prisa al rescate de un gobernante que no es más que un juguete roto, pero a fin de cuentas es “su” juguete. Ya le pasará factura a cambio de propaganda.

Y si patética es la envoltura de la entrevista, no es mejor su contenido. Llama poderosamente la atención que Zapatero presuma de que su mayor éxito ha sido la negociación con ETA. Es decir, mintió al negar que existían esos contactos, escupió sobre la tumba de las víctimas al negociar con sus asesinos, y puso en cuestión la fortaleza institucional al romper la máxima de que un Estado no debe nunca ceder al chantaje de los terroristas. El que dijo que “el año que viene estaremos mejor” horas antes que que los etarras volaran la T-4 de Barajas matando a dos personas, dice ahora que su manera de dialogar con los asesinos es el modo de sembrar “una solución definitiva”. Que Dios nos pille confesados.

Comienza el desacato al Tribunal Constitucional
EDITORIAL Libertad Digital 28 Julio 2010

Aunque el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, considerase que "nada se opone, a efectos estrictamente autonómicos, a que las provincias catalanas pasaran a denominarse veguerías, ni nada impide, tampoco, que en ese supuesto los consejos de veguería sustituyeran a las diputaciones provinciales", el Alto Tribunal fue muy claro al dictaminar que cualquier alteración de los límites provinciales o de creación y modificación de las provincias compete al Estado y que "de ninguna manera" está al alcance "del legislador autonómico". Y en esa línea, concluyó que, "para ser conformes con la Constitución", los "consejos de veguería pueden sustituir a las diputaciones en el exclusivo caso de que los límites geográficos de las vueguerías coincidan con los de las provincias".

Pues bien, el Parlamento de Cataluña acaba de aprobar la llamada Ley de Veguerías que, lejos de limitarse a un cambio de nombre, suprime la demarcación provincial en Cataluña y la sustituye por siete veguerías (Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran), en lo que supone un claro desacato al Tribunal Constitucional. Y es que, por mucho que inicialmente sólo sean operativas cuatro de las siete veguerías, y por mucho que, a toro pasado, se acordase en Cortes Generales una modificación de la legislación estatal que incluyese cambios en los límites provinciales, la voluntad del tripartito de saltarse a la torera la sentencia del Constitucional es tan clara como ya la dejó de manifiesto el propio Montilla hace quince días cuando, al referirse a este asunto, dijo que "las leyes deben aprobarse; puede que con algunas observaciones del Consell de Garanties Estatutàries, pero no a la luz de lo que diga la sentencia del Constitucional".

El presidente de la Generalitat expresaba así, dicho sea de paso, una doble voluntad de desacato por cuanto la sentencia del Constitucional no sólo preservaba la competencia estatal en este asunto, sino que también había retirado al Consell de Garanties la capacidad de emitir cualquier dictamen vinculante porque "perjudica al monopolio de rechazo a las normas con carácter de ley reservado por el artículo 161 de la Constitución al propio Tribunal Constitucional".

Lo mas bochornoso de todo es que este acto de rebelión institucional contra nuestro estado de derecho que se ha vivido en el parlamento autonómico catalán ni siquiera ha contado con el respaldo de todos los que, dentro y fuera de él, han impulsado el soberanista estatuto catalán. Así, al voto negativo del PP y del Grupo Mixto, se ha sumado el de CiU, formación irritada con el tripartito por aprobar la ley por el trámite de urgencia y sin consensuarla con la oposición. A eso hay que sumar el hecho de que desde Lérida se ha criticado la pérdida de peso que supone que la provincia quede dividida en tres veguerías; que los ayuntamientos de Tarragona y Reus han traslado su enfrentamiento casi histórico a la capitalidad de la nueva veguería: Camp de Tarragona; que Reus exige que ambas ciudades compartan la capital (como pasa con Sabadell y Terrassa en el Vallès) y Tarragona, además de negarse en rotundo, reclama que la nueva veguería se denomine simplemente Tarragona.

Todo este reaccionario y conflictivo galimatías, con la que los nacionalistas tratan de evocar una demarcación administrativa propia de la Edad Media, no sólo desafía a nuestro estado de derecho, sino que también constituye un desprecio a los problemas reales de los ciudadanos catalanes. Aunque los redactores de este desacato en forma de ley aseguran que a las veguerías se les asignaran los mismos recursos que, en la actualidad, reciben las diputaciones provinciales, lo cierto es que ocultan todo lo referente al coste del cambio, ya sea en comisiones de traspaso, contratación o bajas de trabajadores o informes técnicos. Y eso dando por hecho que la duplicidad de la administración será solo transitoria y que el Gobierno de Zapatero accederá a una modificación legislativa estatal –que deberá incluir, por cierto, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se basa en la circunscripción provincial– para que la burla hacia el Tribunal Constitucional que se ha producido este martes en el parlamento autonómico quede menos descarada.

El PP de Baleares, verlo y no creerlo
Alejo Vidal-Quadras Minuto Digital 28 Julio 2010

La afirmación de que el Partido Popular tiene un problema con su organización en Baleares es una descripción suave de una realidad que está adquiriendo ya tintes de esperpento. Después del milagro de los panes y los peces protagonizado por su anterior presidente, hoy en libertad bajo fianza y a la espera de juicio, sin olvidar su brillante fichaje de una notoria pancatalanista para las listas de las últimas autonómicas, acierto sublime que le costó las elecciones a su formación, ahora el supuestamente brazo político del centro-derecha del archipiélago sorprende a la afición votando a favor o absteniéndose en la propuesta de la plataforma independentista Avançam que solicita la celebración de referendos de autodeterminación, iniciativa que, a imitación de la ya puesta en marcha en Cataluña, se ha presentado en diversos municipios de Mallorca.

El asunto sólo admite tres interpretaciones: 1) el PP de Baleares está infiltrado por sus adversarios que han sembrado de eficaces agentes sus filas 2) un número significativo de ediles populares en Mallorca no se han enterado todavía de en qué partido militan y 3) el número de débiles mentales entre los concejales del PP balear es claramente superior a la media nacional. Y lo de la debilidad mental no es a humo de pajas porque algunos de estos estadistas llegaron a la conclusión de que la moción podía ser apoyada si se añadía una coletilla del tipo “dentro del respeto a la Constitución y a la legalidad vigente”. En fin, algo así como predicar el amor libre sin perjuicio de la necesaria estabilidad de la familia. Además, para mayor escándalo, la dirección regional había cursado una instrucción muy clara indicando que el voto debía ser negativo.

O sea, que en el PP de Baleares no sólo no saben ni lo que son ni lo que representan, sino que se pasan la autoridad de sus máximos responsables por la entrepierna. A partir de aquí, parece conveniente proceder a dos acciones inmediatas, la primera imponer severas medidas disciplinarias a los protagonistas de la hazaña y la segunda organizar un curso intensivo de alfabetización ideológica para los cargos electos del PP balear con el fin de que se enteren de los rudimentos doctrinales de la opción en la que militan. Si no se hace nada y se pasa página sobre este bochornoso episodio, el riesgo de una nueva derrota dentro de diez meses será considerable.

En términos de honradez, el PP de Baleares no ha aportado en el pasado valor añadido frente al Pacte y si su defensa de la unidad de España flaquea hasta extremos vergonzosos, parte del núcleo duro de su electorado puede repetir su preferencia por la papeleta nula o por quedarse en casa, tal como sucedió en 2007. Cuando el margen es tan estrecho como el que caracteriza a la política balear, cualquier fallo puede ser letal, y no digamos si el error consiste en pisotear aquellos principios y valores que su base social más fiel y motivada considera sagrados. La verdad es que hay ocasiones en que explicar lo evidente produce una fatiga casi insoportable.

http://alejoresponde.com

La ruptura como divisa
Antonio Martín Beaumont www.gaceta.es 28 Julio 2010

Zapatero siempre ha creído que la Transición fue escrita por los descendientes de la dictadura. Según esta línea política, extendida entre pensadores de izquierda y nacionalistas, la democracia implantada en España es imperfecta.

Por ello, para superar la mácula, creen necesario reescribirla bajo mano de los descendientes de la Segunda República. Así se explica el que en cuanto llegó al poder socialista, hace 10 años, el nuevo secretario general del PSOE rompiese con los pactos constitucionales suscritos por su propio líder, Felipe González. Ni siquiera los pactos en política internacional servían para el nuevo patrón del socialismo. Recordemos el viaje de Zapatero a Marruecos, siendo líder de la oposición, tras los sucesos del islote de Perejil y la extrema tensión diplomática de nuestro país y el reino alauí. Tampoco servía un pacto antiterrorista que él mismo impulsó mientras, tal como más tarde reconoció, mantenía conversaciones con ETA.

La obra más indisimulada y grotesca de esa línea de actuación del zapaterismo es su famoso pacto del Tinell en Cataluña, con fuerzas nacionalistas y de la izquierda, para crear un “cordón sanitario” en torno a la derecha. Los descendientes de la Segunda República, frente a los llamados hijos del franquismo. En realidad, todo un pacto de trincheras, por más que esas zanjas estuvieran cubiertas hacía muchos años ya en España, que Zapatero quiso cavar con la música de la Memoria Histórica de fondo. ZP en estado puro. Un liderazgo moldeado para exceder el socialismo, al menos el implantado por González tras la Constitución y que entronca con la izquierda más radical y antisistema. Un nuevo socialismo que aspira a un modelo de Estado federal alejado del que establece la Constitución de única nación española. Ésta es otra, la tercera, de las grandes rupturas del zapaterismo vía Estatut de Cataluña: emborronar el confuso Título VIII de la Carta Magna para hacer de España un Estado plurinacional.

Se trata de la libertad
Un intento de desespañolización simbólica que intenta prevalecer sobre el libre albedrío personal
IGNACIO CAMACHO ABC 28 Julio 2010

NO hay nada más cansino que discutir sobre lo evidente. El debate de la fiesta de toros en Cataluña no es un nuevo episodio de la vieja polémica —tan española, por otra parte— de taurinos y antitaurinos sino una vuelta de tuerca del impulso soberanista en el marco de un recorte de libertades. Se trata de un intento de desespañolización simbólica, una maniobra de independentismo virtual, un puyazo a la identidad común, como dice Boadella. Es un pulso político mal disfrazado de buenismo ecologista. La demanda abolicionista ha prosperado hasta el final por el inequívoco carácter de seña cultural española que tiene la lidia en el imaginario colectivo; lo que hoy se va a votar en el Parlamento catalán no es la simple prohibición de un espectáculo más o menos discutido sino la amputación política y social de un rasgo de la identidad de España. Y a ese objetivo han supeditado sus promotores la ultima ratio de la libertad individual de los ciudadanos.

Para forzar ese simulacro de emancipación identitaria, ante el que el Partido Socialista no ha tenido el coraje de plantarse, la nomenclatura política catalana ha permitido un ensayo prohibicionista que intenta prevalecer sobre el albedrío personal. La absurda prioridad de esa clase dirigente desquiciada por sus obsesiones impone una agenda liberticida para eliminar la presencia de un rito universalmente asociado a la cultura española. Para ello se pretende pasar por encima del arraigo popular de la fiesta, de su acervo histórico, de su tradición artística y de su valor económico, y sobre todo laminar la autonomía personal y la capacidad de decisión de cientos de miles de aficionados catalanes.

No me gustan los toros. A lo largo de medio siglo de vida en una tierra tan taurina como Andalucía no habré asistido a más de ocho o diez corridas, y ninguna de ellas ha logrado conmoverme ni provocarme una emoción estética o espiritual relevante. Me aburro. Admiro el valor de los toreros, aprecio la belleza del ceremonial, sus ricos matices sensoriales y su compleja encarnadura expresiva, pero como espectáculo me parece premioso, largo, incómodo y discontinuo. Sospecho que una amplia porción de compatriotas participa de un criterio similar, poco o nada entusiasta de la fiesta, pero a ninguno se nos ha pasado por la cabeza prohibirla, ni limitar a los demás el derecho a disfrutarla, ni despreciar su valor cultural y sociológico, ni mucho menos imponer su desaparición en nombre de ningún fundamentalismo ideológico o moral. Por eso lo último que podíamos imaginar era que nos íbamos a ver obligados a defenderla como reducto simbólico de una libertad amenazada. Porque lo que está en juego no es la libertad parcial de ir o de no ir a los toros, ni siquiera la de sentirse español en Cataluña; se trata de una libertad única y esencial que no se puede dividir en pedazos ni administrar en nombre de ningún designio.

Cataluña taurina
Robert Hernando Minuto Digital 28 Julio 2010

Escribo mi primera columna para MD con sentimientos encontrados que chocan frontalmente a la velocidad de la luz. Por un lado me encanta poner mi granito de arena en este gran periódico digital que Yolanda ha sabido subir a la palestra diaria en la vida de muchos españoles. Pero por otro lado me enerva, y de qué manera, tener que defender algo que no debería siquiera generar debate.

Pero lo cierto es que a menos de 24 horas de que el Parlamento Catalán vote a favor o en contra de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que intenta abolir la fiesta nacional en Cataluña no queda otra que llamar las cosas por su nombre. Independientemente del resultado de la votación, Cataluña es Taurina y Barcelona más. Cabe recordar que, pese a haber sido declarada Ciudad antitaurina por el Ayuntamiento, Barcelona llegó a ser la ciudad más taurina del mundo, puesto que entre 1914 y 1923 funcionaron a pleno rendimiento tres plazas de primera categoría la Monumental, las Arenas (convertida en centro comercial) y el Torín en la Barceloneta ya derribada.

Además en la actualidad la plaza cuenta siempre con una notable presencia de público, por no hablar del efecto José Tomás en la Ciudad Condal: capaz de agotar 19.000 localidades en tan sólo 50 minutos y en Internet el precio de la reventa alcanza los 3.000 euros por ver los naturales del maestro de Galapagar en la barcelonesa Monumental. Por si esto fuera poco también Tarragona y Olot tienen coso taurino fijo; precisamente el de Olot es el segundo más antiguo de España. En la última década se derribaron los de Lloret de Mar, Gerona o Figueres. A pesar de esto las fiestas con toros en Cataluña son innumerables: Cardona, que mató su último toro en 1990 gracias a la ley de protección de los animales que sólo permite corridas con muerte en plazas fijas, Vilanova i la Geltrú, Alcanar, Santpedor, Amposta, Badalona, Vidreres son solo una muestra de las fiestas taurinas de la Cataluña profunda. Además Cataluña cuenta con cuatro ganaderías taurinas de las que viven varias familias.

No hay lugar a dudas de que la intención de fulminar los toros que tienen algunos políticos catalanes no es otra que la de cargarse todo lo genuinamente Español, incluso se comenta entre pasillos que muchos diputados del PSC-PSOE, que por cierto ha dado la misma libertad de voto en este tema que no dio en la votación de la ley del aborto (para algunos vale más la vida de un morlaco que la de un bebé), podrían votar en contra como una venganza a España por la sentencia del estatuto. Dudo mucho que les importe la vida de los animales cuando la mayoría de ellos se ponen hasta arriba de foie fresco sabiendo perfectamente las prácticas que sufren ocas o patos para hincharles el hígado hasta reventar. A esta calaña de políticos lo único que les importa es cargarse cualquier cosa que huela España y por otro lado crear las cortinas de humo que sean necesarias para tapar los casos que les llevan la mierda al cuello como el Pretoria o el del Palau.

España sin toros
José Luis Barceló El Semanal Digital 28 Julio 2010

El Parlament de Cataluña ha votado a favor de la iniciativa popular para prohibir, en el ámbito de la autonomía catalana la celebración de corridas de toros. La votación se perdió por 68 votos a favor de la prohibición contra 55 en contra, y 9 abstenciones.

Para la prensa extranjera, comenzando por la BBC que la sirvió inmediatamente, ha sido un acontecimiento histórico. Y no dejan de tener razón. ¿Se concibe una España sin toros? Hay que contemplar el tema con frialdad y cordura: no hay ningún motivo para que un hecho genérico, como es el de maltratar a un animal hasta matarlo en un supuesto espectáculo público, no pueda ser prohibido. Si nuestro Código Penal puede meter en la cárcel a un señor porque maltrata a un perro de su propiedad, no hay menos motivos para que el maltrato público y con ensañamiento no se pueda prohibir.

Curiosamente, los festejos taurinos no se sostienen por razones de mercado: el público asistente es cada vez menor y la taquilla no se sujeta sola, hay ayudas de los ayuntamientos, que compran las reses, y de las Comunidades Autónomas, que lo subvencionan todo. En suma, los toros los pagan con sus impuestos tanto los que van y los apoyan como los que no van nunca, e incluso los que los odian. Cualquiera que vaya por las fiestas de nuestros pueblos sabe que acuden diez veces más personas a cualquier concierto por la noche que a las cuatro novilladas de turno.

La prohibición catalana anuncia una era de declive que ya había comenzado probablemente hace más de diez años. Dicen que se van a perder empleos, pero son empleos financiados con dinero público, que pagamos todos. Y siempre hay un roto para un descosido. La gente tiene que saber que los interesados en que el negocio de los toros funcione se dedican además a otras cosas, como el padre del torero José Tomás, que fue uno de los peores alcaldes de Galapagar que se recuerdan. Solo aguantó dos años, abandonó antes, se "cortó la coleta", para dedicarse a sus negocios inmobiliarios y a sus asuntos particulares, entre los que estaban los de asegurar que sus suelos prosperaran en un infructuoso Plan General de Urbanismo que jamás de aprobó.

El mérito de una iniciativa como la de los 180.000 ciudadanos que firmaron en Cataluña contra los toros se debe en buena parte a asociaciones como ADDA (Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal), fundada en 1975 y declarada de Utilidad Pública en 1981. Sus directores Carmen Méndez y Manuel Cases llevan toda una vida dedicada a la abolición de las corridas de toros, a que el Código Penal se cambiara hasta conseguirlo, a hacer lobby político, a vincularse a proyectos internacionales de protección animal y a que se conocieran por toda España espectáculos crueles y degradantes con animales muchos de los cuales han sido finalmente prohibidos o modificados, como el del burro de "Pero Palo" o la cabra del campanario de Manganeses de la Polvorosa.

Posiblemente nos encontraremos en un futuro no muy lejano una España en las que los únicos toros que se consientan sean los maridos de las vacas –como en Suiza o Francia- y los de Osborne que se ven por las carreteras. Y yo me alegro de esto. Y San Francisco de Asís seguramente también se habría alegrado.

Se puede ser español y no ser aficionado a este espectáculo sangriento que muchos llaman "nacional". Mi única Fiesta Nacional es del 12 de Octubre, o incluso el 25 de Julio de Santiago Apóstol, y nada tiene que ver esto con que España se hunda o desaparezca. Eso es una soberana estupidez. El derecho al pataleo.

Toros
Prohibicionismo
Alberto Gómez Corona Libertad Digital 28 Julio 2010

No hay toreros de la ceja y la tauromaquia es un vicio de la despreciable España, así que la posmodernidad ha tenido a bien prohibir los toros en Cataluña. Argumentos éticos hay para todo, y partiendo de los toros y llegando, qué sé yo, al coleccionismo de sellos –cuyo papel con su filo cortante puede ser un peligro para niños indefensos–, hay un largo camino de prohibiciones que este régimen está dispuesto a recorrer con la ayuda de los televidentes para inflar una administración pública cuya metástasis ahoga aquellas partes que sí son fundamentales.

Un guardia civil de carretera vigilando si los conductores llevan auriculares, quizá para escuchar una conferencia, es un guardia civil que no está vigilando delincuentes o borrachos escuchando bacalao en un subwoofer de 200 watios. Lo primero es una falta porque se puede observar y el hacedor de reglamentos puede presumir de protegernos. Lo segundo no es falta porque no se puede ver tanto. Por eso, los toros tienen mucha visibilidad y hay que prohibirlos, pese a que la crueldad más horrible siempre se hace a escondidas y para ello solo hace falta ir a un matadero. Quizá algún salvador de la biodiversidad maltrate a sus hijos o a su perro, pero eso nunca lo sabrán los tontos que externalizan su bondad con objetivos de su indignación tan evidentes y tan evidentemente rentables.

Entretanto, la larga crisis que nos espera garantiza que volveremos a ser pobres, pero gracias a la telepredicación llegaremos a ser lo suficientemente tontos como para estar contentos con estas batallitas ganadas al sentido común en nombre de esa bondad exhibicionista y corta de entendederas que tanto vende en los platós.
Alberto Gómez Corona es físico y creador de varios blogs sobre evolucionismo, como La nueva Ilustración evolucionista, Psicología evolucionista y Darwinismo Conservador.

Cataluña
Y ahora las veguerías
José García Domínguez Libertad Digital 28 Julio 2010

Tras larga y atormentada espera, al fin, los catalanes podrán disfrutar de ese matasellos administrativo que, generación tras generación, habían soñado recuperar sus ancestros: el de las veguerías del siglo XII (después de Cristo). Así, disponían ya de las preceptivas subdelegaciones del Gobierno en cada una de las cuatro provincias de la demarcación. Como todo hijo de vecino, también estaban surtidos de las correspondientes diputaciones. Generoso en extremo, el Parlamento doméstico igual los había premiado con cuarenta y un consejos comarcales. De antiguo gozan, pues, de los impagables saberes de varios centenares de consejeros de las dichas comarcas, todos cargos políticos, amén de los presidentes, vicepresidentes y la consiguiente legión de funcionarios sujetos a su arbitrio.

Por lo demás, cuantos sobrevivimos en Barcelona y su perímetro de influencia acabamos de recuperar otro negociado, la llamada Área Metropolitana; suprema conquista que nos permitirá sufragar noventa aconsejadores sobrevenidos, los que habrán de facturar dietas, condumios y demás gastos de representación a ese nuevo ente. Al tiempo, tan perentorio organismo transmunicipal se dotará de una junta de gobierno que, tal como prevé la ley que lo alumbró, estará integrada por sólo treinta miembros; a pan y cuchillo, huelga decir. Añádase a ese envidiable privilegio el de contar, además, con las prestaciones de los doscientos mil empleados a sueldo de la Generalidad, a su vez esparcidos por las nominadas delegaciones territoriales.

Para mayor deleite, repárese en los innúmeros servidores de los 946 excelentísimos ayuntamientos que componen la ínsula Barataria de Don José. Podrá entonces el lector formarse una idea aproximada del indecible dolor con que los catalanes sufrían en silencio la falta de unas cuantas veguerías. Mas la angustiosa espera está a punto de concluir. Apenas resta que Zapatero, fiel a su hondo sentir catalanista, fabrique siete provincias en el BOE, las imprescindibles con tal de dotar de coartada legal a la criatura. Quién nos vera presumir entonces ante el resto de España. Siete flamantes virgueros, vagueros, o como se llamen los barandas del asunto. 184, que ya los han contado, consejeros de veguería. Siete parques móviles, of course. Siete jefes de protocolo. La inexcusable marabunta de asesores áulicos. Ujieres, chóferes, secretarios, palmeros, jefes de área, departamentos mil. Siempre múltiplos de siete. Por fin, seremos una nación. De chupatintas, claro.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

CAC: 3.000 m2 para perseguir a los medios independientes en Cataluña
Redacción Minuto Digital 28 Julio 2010

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha inaugurado su nueva sede, que ha costado 7 millones de euros, según publica el portal e-notícies.cat. La sede está situada en la calle Sancho de Ávila, en el distrito 22 de Barcelona. El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha construido y diseñado el edificio, que tiene una superficie construida sobre rasante de 3.000 m2.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, el presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach, y el presidente del CAC, Ramon Font, han intervenido en el acto de inauguración, que también ha contado con la participación del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y del delegado del Estado en el CZFB, Manuel Royes.

La nueva sede tiene tres plantas diáfanas (excepto la tercera), con el mínimo de compartimentación posible, con la excepción de los espacios que, por su naturaleza, en requieren, como la biblioteca o las salas de reuniones. El edificio es obra de los arquitectos del Consorcio de la Zona Franca Jaume de Oleza y Marta Casas, y “se ha proyectado con criterios de ecoeficiencia y de sostenibilidad, con medidas de aprovechamiento de agua y de control lumínico, entre otros. Las obras se iniciaron en febrero de 2009 y finalizaron en junio de este año”.

Histórico miembro del comando Madrid
El etarra Urrusolo, condenado a 119 años de cárcel por un triple asesinato
Ep La Razón 28 Julio 2010

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al histórico miembro del comando Madrid de ETA Joseba Urrusolo Sistiaga a 119 años de cárcel por la muerte en 1991 de tres policías a consecuencia de la explosión de un paquete bomba que iba destinado al Ministerio de Justicia y que finalmente estalló en una empresa de mensajería, cuando era desactivado por miembros de los TEDAX.

En concreto, el tribunal --compuesto por los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Angeles Barreiro y Clara Bayarri-- condena a Urrusolo a 28 años de prisión por un delito de atentado con finalidad terrorista (que incluye uno de los asesinatos), 28 años por cada uno de los otros dos delitos de asesinato terrorista, 24 años de cárcel por un delito de asesinato frustrado (relativo al funcionario de Justicia al que iba dirigido el paquete) y 11 años de reclusión mayor por el delito de estragos con finalidad terrorista.

Además, el etarra, que durante el juicio celebrado el pasado 5 de julio defendió que la lucha armada de ETA "debió haber terminado hace tiempo", tendrá que indemnizar a las viudas y los hijos de los tres fallecidos con un total de 1,82 millones de euros. El fallo cuenta con el voto particular de la magistrada Bayarri, que considera que no hay pruebas suficientes para atribuirle los hechos que se le imputan.

Agenda con posibles objetivos
La Sala subraya en la sentencia que el acusado ha admitido que en junio de 1991 formaba parte de ETA y realizó anotaciones en una agenda de direcciones de personas y domicilios para enviar paquetes, aunque aseguró no recordar cómo era la agenda y si apuntó algo sobre el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, un informe pericial puso de relieve que la hoja manuscrita procedente de la agenda incorporada a la causa en la que figura la dirección de la "Subdirección General Asuntos de Personal" del Ministerio de Justicia corresponde a la escritura del acusado, como también lo es otra anotación que aparece referenciada como "Informaciones sobre cargos del Ministerio del Ïnterior, jueces, magistrados, Consejo", en la que "Urrusolo sitúa a un magistrado del Tribunal Constitucional en 1991".

Según el tribunal, el plan concretado entre el acusado y otra persona que no ha podido ser enjuiciada "dio lugar a que personas de la organización ETA, utilizando la información por aquellos conseguida, montaran el explosivo, lo ocultaran en una caja y lo facturaran en la empresa Express Cargo de Valladolid por una empresa inexistente".

En concreto, según el relato de hechos probados de la sentencia, Urrusolo "averiguó y anotó la dirección de la sede del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo 21" de Madrid, con el objetivo de que la organización ETA "enviara un paquete bomba a una persona que desempeñara sus funciones" en dicho departamento.

A partir de ahí, otro miembro de ETA buscó una agencia de transportes en Valladolid desde la que enviar el paquete y, en ejecución del plan ideado, el 25 de junio de 1991, "un hombre y una mujer no identificados de la organización" facturaron el envío en la empresa Express Cargo de Valladolid, colocando como remitente la dirección de una casa abandonada. En su interior habían introducido un explosivo a base de nitritos y amonio, cloruros y nitrocelulosa.

Un día después, personal de la delegación de Madrid de Express Cargo procedió a la entrega del paquete en el Ministerio de Justicia, pero el envío fue rechazado y volvió a los almacenes de la empresa de mensajería, que intentó localizar al remitente.

El día 1 de julio, la delegación de la empresa en Aranda de Duero recibió una llamada en la que un hombre no identificado informaba de que el paquete contenía una bomba y avisó a la Policía. Ese mismo día, se desplazó al polígono industrial de Villaverde, en Aranda de Duero, un grupo de desactivación de los TEDAX.

Mientras intentaban desactivar el artefacto, se produjo una explosión que acabó con la vida del oficial del Cuerpo Nacional de Policía Luis Claraco López y el subinspector Pedro Domínguez Pérez en el acto, mientras que el también oficial José Luis Jiménez Barrero murió poco después en un hospital.

Su rechazo a la vioencia no es atenuante
El tribunal no ha aceptado la petición de la defensa de que se considere atenuante la renuncia a la lucha armada de Urrusolo, que manifestó durante la vista oral. Así, aunque acepta esa "muestra de arrepentimiento", considera necesario subrayar "la gravedad de los hechos" y la trayectoria del etarra hasta 1994.

De esta manera, recuerda que Urrusolo se negó a la continuación de la causa en su contra mientras "no hubiera una autorización francesa", por lo que no ha demostrado "la voluntad de cooperar con la Administración de Justicia".

Voto particular
En su voto particular la magistrada Clara Eugenia Bayarri considera que la sentencia "debió ser absolutoria" al estimar "insuficiente" atribuirle al acusado una anotación en una agenda para, en base a ello, imputarle "la remisión a tal dirección de un paquete bomba y sus posteriores consecuencias mortales".

Añade además que "dicho paquete iba destinado a un funcionario concreto" cuyo nombre, apellidos o identificación concreta "jamás han sido encontrados entre las anotaciones de Urrusolo Sistiaga" lo que, a juicio de la magistrada, implica que "debió existir otro comando encargado de averiguar los datos de los funcionarios".

A su juicio, "era absolutamente irrelevante" la labor de información llevada a cabo por el condenado pues, la que "en efecto fue eficaz", es la de quienes buscaron a una persona concreta a la que remitirle el paquete bomba.
 

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