AGLI

Recortes de Prensa   Miércoles 18 Agosto  2010

 

Desamparo emocional
IGNACIO CAMACHO ABC 18 Agosto 2010

HACE tiempo que entre la población de Ceuta y de Melilla existe un sentimiento de desamparo casi tan intenso como el de su españolidad, y acaso no resulte aventurado decir que en cierto modo el primero es consecuencia del segundo. Los habitantes de esas ciudades temen que su acendrado sentido de pertenencia se haya convertido en una extravagancia en la España del pensamiento débil y la nación de naciones, y se ven a sí mismos como eventual cabeza de turco de la pusilanimidad diplomática de un Estado al que consideran demasiado pendiente del cambiante humor de la monarquía marroquí. Esa sensación de abandono no prevalece sólo en los momentos críticos en que Marruecos aprieta la presión, ni alcanza en exclusiva a la responsabilidad del Gobierno; ceutíes y melillenses recelan también a menudo de la propia solidaridad de sus compatriotas peninsulares, y en la tibieza de la dirigencia política ven el reflejo de una sociedad desentendida en la que no encuentran el suficiente apoyo moral ante la inestabilidad perpetua de su condición fronteriza.

Por eso en situaciones de tensión como la actual es importante que la opinión pública nacional exprese sin tapujos su respaldo a esos españoles que a día de hoy acaso sean de los pocos que aún se empeñan en seguirlo siendo, y que merecen por ello el amparo emocional colectivo que la diplomacia les niega por dudosas razones estratégicas. Más allá de la crítica política al Gobierno de turno y a la tradicional pasividad de las instituciones oficiales, Ceuta y Melilla necesitan que la España de la calle dé calor a su voluntad de resistencia y entienda sinceramente la dificultad real de su posición límite. Los habitantes de esas dos plazas no sólo reclaman protección gubernamental frente a la hostilidad táctica de Marruecos, sino su derecho a una conciudadanía igualitaria y a un compromiso de adhesión sentimental tan explícito como el de cualquier otro territorio.

Y es verdad que les debemos una expresión más cálida de cohesión, que por otra parte es el único modo de que el Gobierno se sienta implicado sin ambigüedad en la defensa de los intereses territoriales. Somos nosotros, los ciudadanos, los que debemos exigir que el ministro de Exteriores comparezca en una crisis de la que se ha ausentado clamorosamente, o que la ministra de presunta Igualdad defienda a las mujeres policías del ofensivo hostigamiento de las autoridades marroquíes.

Somos nosotros los que tenemos que enviar al otro lado del Estrecho el mensaje inequívoco de que sabemos que aquello es a todos los efectos un trozo de España. Quizás sea improbable que ese testimonio resuelva los problemas de estrés político en una zona tan tirante, pero al menos puede aliviar el aislamiento de unos compatriotas que se sienten como la guarnición de Fort Apache.



Animalismo
La sociedad socialista animal
José Antonio Martínez-Abarca Libertad Digital 18 Agosto 2010

Dicen los antitaurinos vascos de la Asociación para un Trato Ético con los Animales (sic) que "alguien tendrá que explicar por qué se condena a ETA y no a Jesulín de Ubrique". Ya salgo a darles con gusto una explicación. Se condena a ETA porque tiene la discutible costumbre de matar personas, no como Jesulín de Ubrique, que de momento sólo mata animales, y ambas cosas tienen en todo el planeta un diferente tratamiento penal. He tenido que pensar mucho, no crean, antes de emitir este sintético apotegma. Impresionante documento.

Me hago cargo de que en la nueva sociedad gobernada por los antitaurinos vascos (y me imagino que los de cualquier otra parte) lo de Jesulín tendría absoluta prioridad en el castigo. Porque lo que en realidad quiere decir eso de "alguien tendrá que explicar por qué se condena a ETA y no a Jesulín de Ubrique" es que los antitaurinos vascos no entienden, no lo entienden en serio (y están necesitando alguien que les explique lo que estiman sinsentido cósmico), que no tenga la misma calificación moral la eliminación violenta de un cuatreño de pasto que la de un guardia civil. La llamada desesperada al mundo en nombre de su particular lógica, la de los antitaurinos, quiere decir más cosas, aún: que si resulta que es inexplicable que los de ETA estén en la cárcel y Jesulín no es porque lo de Jesulín les parece más grave o bien lo de ETA ligeramente más leve, da igual. "Alguien tendrá que explicar": es un escándalo que, mientras que los muertos de ETA se producen dentro del "escenario del conflicto", que explica cualquier comportamiento, los de las corridas de toros no.

Si se les sigue preguntando, los antitaurinos acabarán conviniendo que los asesinados por los "terroristas de personas" son muertos inevitables, por trabajo, mientras que los asesinados por los "terroristas de animales" son muertos por placer. Ni que decir tiene de a quiénes les echarían el guante primero. O mejor dicho: ni qué decir tiene quiénes andarían tranquilamente por la calle "del conflicto" y quiénes no verían la luz del sol en la madrastra. Es lo que pasa cuando ciertas ideologías zumbadas dan a los animales tratamiento de seres sin pecado original, los buenos salvajes de verdad en cuyas manos el planeta sería mejor de lo que ha sido bajo el dominio humano. El reino animal como la sociedad socialista primigenia, de la que son nostálgicos.

Según estos antitaurinos, "el terrorismo, la ablación, la esclavitud están prohibidos porque provocan dolor", lo cual va contra "su filosofía". Por lo visto si el terrorismo no provocara dolor en según qué barrios, no tendría que estar prohibido. Con buena anestesia, la ablación no duele: sin embargo tatuarse un "amor de madre" en el brazo sí lo hace, lo cual irá radicalmente contra la que llaman "filosofía" antitaurina. El argumento del dolor nos lleva muy lejos: deberían prohibirse los "juanetes" y no, por contra, los coches bomba en ayuntamientos gobernados por proetarras, ya que allí se consideran apaciblemente parte del paisaje. Esto ya me considero incapaz de explicárselo.
abarca@libertaddigital.tv

Cataluña será independiente en dos legislaturas
EFE www.gaceta.es 18 Agosto 2010

El secretario general adjunto de CDC Felip Puig, ha augurado que en "dos legislaturas" Cataluña avanzará hacia su independencia política.

El secretario general adjunto de CDC y número tres de CiU por Barcelona en las próximas elecciones, Felip Puig, ha augurado hoy que en "dos legislaturas" Cataluña avanzará hacia su independencia política.

En declaraciones a TV3 recogidas por Efe, Puig ha descartado, como ya hizo Artur Mas, convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña durante los próximos cuatro años, pese a que ésa es la condición que ha puesto el presidente de ERC, Joan Puigcercós, para pactar un futuro gobierno.

No obstante, Puig se ha mostrado convencido de que los próximos años serán decisivos para ir caminando hacia la independencia: "Allí vamos, pero vamos paso a paso y haciéndolo bien. Tenemos que ir avanzando hacia tener estructuras de Estado propio", ha señalado.

"Si somos capaces no sólo de construir mayorías políticas para gobernar sino mayorías sociales para decidir, en los próximos cinco, seis u ocho años, en dos legislaturas, estaremos en condiciones de encontrar nuestro espacio político y de entender que avanzamos más hacia Bruselas y Europa que hacia Madrid y España", ha remachado.

Es la única salida, según Puig, que le queda a Cataluña, después de que el Tribunal Constitucional haya dinamitado buena parte del Estatut.

Sin embargo, ha puntualizado que CiU no llevará en su programa electoral el compromiso de convocar un referéndum de independencia en la próxima legislatura, porque antes hay que asegurarse de que el 'sí' a la independencia vencerá cómodamente.

"Hoy, convocar al país a un referéndum por la independencia es llevarlo a una derrota política y democrática", ha dicho Puig, que pese a declararse independentista es consciente de que no hay que dar "pasos precipitados".

Quebec, ha recordado para poner un ejemplo, "lleva 40 años haciendo referendos y perdiéndolos todos", por lo que en Cataluña sólo debería organizarse si se tiene "la garantía de ganarlo".

"Convocarlo sólo por el deseo de unos cuantos no tiene ninguna viabilidad y podría llevar al país a romperse y a una derrota política sin precedentes", ha alertado.

Según Puig, "las declamaciones de independencia pueden ser muy satisfatorias, pero lo que toca es saber construir políticamente las mayorías para poder tomar decisiones, como por ejemplo sobre el concierto económico", que CiU plantea ahora como prioritario.

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Reaccionar a tiempo
TONIA ETXARRI El Correo 18 Agosto 2010

Ha sido necesario que los actos de terrorismo callejero se hayan sucedido en seis ocasiones consecutivas para que, por fin, nuestros gobernantes hayan hecho el diagnóstico correcto acerca de lo que ha empezado a ocurrir en las fiestas de Euskadi desde principios de este mes. Y lo que ha ocurrido es que los que se niegan a que el País Vasco entre en una normalidad festiva como la de cualquier sociedad sana y democrática quieren mantener la llama de los sabotajes para demostrar que el entorno de ETA no está tan acabado como parece. Tan pronto se acostumbra el ser humano a lo bueno que la sequía de actos vandálicos durante algunos meses si no había provocado una bajada de guardia en los responsables políticos, al menos ha ocasionado cierta parálisis de reacción. La realidad suele estropear muchas veces los titulares. En este caso el titular del Departamento vasco de Interior, cuando el terrorismo callejero reapareció con gran virulencia en Zarautz, dibujaba otra realidad más dulcificada. La forzada por una cuadrilla de gamberros afectados por el alcohol, según las interpretaciones oficiales que, seguramente, no daban crédito a que los círculos callejeros de la cantera de ETA volvieran a calentar el ambiente.

Pero, al cabo de los días en los que los grupos de terroristas han seguido alterando el paisaje incordiando al paisanaje, la cosa ha cambiado. Y lo que empezó por considerarse «gamberrismo radical espontáneo» se ha transformado en «kale borroka organizada» pura y dura. Ha tenido que reaparecer el consejero Ares para llamar al pan, pan. Y a la quema de contenedores, terrorismo sin adjetivos. Y todos los partidos exigiendo, ahora, a la denominada izquierda abertzale que condene los actos vandálicos. O, de lo contrario, su teórica apuesta por las vías pacíficas y la política democrática quedará, de nuevo, en entredicho si es que todavía hay quien les cree. Su resistencia habitual a desmarcarse del terrorismo callejero les vuelve a dejar en evidencia. Si no lo hacen, la izquierda abertzale seguirá mintiendo cada vez que salga al escenario para decir que su apuesta es democrática. «No hay ningún tipo de desmarque de Batasuna respecto a ETA», decía ayer Leopoldo Barreda (PP), como una señal evidente de que las apuestas escénicas de la izquierda abertzale siguen siendo una ficción, salvo que demuestren los contrario. ¿O es que los actos de sabotaje no les parece lo suficientemente fuerte para tener que pronunciarse?.

Para impedir que los terroristas urbanos vuelvan a ocupar la calle, como hace años, es preciso no errar en el diagnóstico político. Y lo que viene ocurriendo este mes es lo más parecido a un terrorismo organizado. Cuando ETA pasa por una crisis que podría desembocar en el principio del fin de su abominable historia, hay quienes se resisten a desaparecer, eclipsados por las ansias de normalidad que manifiesta la sociedad vasca. De ahí que quieran llamar la atención. Que quieran seguir reclutando a jóvenes sin causa en la cantera de la banda.

Ares no vaciló ayer al calificar la última quema de contenedores de actos de sabotaje por parte de quienes quieren utilizar las fiestas para recobrar el protagonismo perdido. Por eso, la Ertzaintza redoblará su presencia en las fiestas vascas. El año pasado se emplearon a fondo. Y de los logros obtenidos, todavía se quejan los seguidores de la izquierda abertzale. Por eso sería injusto reclamar a la Policía autónoma «que se ponga las pilas». Ya las tiene puestas. Lo que hay que hacer es no errar en el diagnóstico. Y si el entorno de ETA sigue sin moverse, a pesar de los cantos de sirena, habrá que reconocerlo.

Por la memoria de las víctimas
Editoriales ABC 18 Agosto 2010

La Audiencia Nacional tiene en sus manos evitar que el próximo sábado se consume en Barcelona una nueva humillación a las víctimas del terrorismo, con el homenaje previsto por grupos independentistas de izquierda a la colaboradora de ETA, Laura Riera, quien abandonará la cárcel después de haber cumplido condena por prestar apoyo al sanguinario comando Barcelona. La información exclusiva publicada por ABC sobre este acto de exaltación terrorista ha dado lugar a una cadena de reacciones, que ha acabado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Pablo Ruz, ha solicitado informes sobre la organización del homenaje. Es evidente que el procedimiento penal tiene que respetar unos trámites y que el juez ha de contar con información policial contrastada. Sin embargo, no cabe duda de que la apariencia de lo conocido hasta el momento es más que un indicio de delito. Celebrar la excarcelación de una terrorista es, en sí mismo, una forma de enaltecer su actividad criminal, al margen de cuáles puedan ser los contenidos de los discursos o los eslóganes que se le dediquen. Por tanto, la propaganda del acto y su intencionalidad son elementos integrantes de una manifestación enaltecedora de la violencia. Si no, no tendría sentido rendir homenaje a quien colaboró con un comando etarra autor de atentados mortales.

Es lamentable que la protesta del grupo municipal del PP y de las asociaciones de víctimas, y la denuncia de Dignidad y Justicia —la Fiscalía ha ido a remolque de los acontecimientos—, no cuente con el respaldo del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, cuya pasividad es un ejercicio de deslealtad con la unidad democrática frente al terror. No hay libertad pública ni derecho fundamental, sea de reunión o de expresión, que se sobreponga a la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo. Tampoco es preciso esperar a que los jueces se pronuncien siempre, porque hay comportamientos que pueden no ser delictivos, pero violentan la convivencia. Y ahí deben intervenir las Administraciones Públicas, como primeras responsables de la paz social. El consistorio barcelonés sigue lavándose las manos ante un acto que, si se celebra porque la justicia no lo prohíbe, será igualmente indigno y habrá contado con su cooperación necesaria. Con actitudes así, nunca se habría aprobado la Ley de Partidos Políticos, ni se habría ilegalizado a Batasuna, ni se habría limpiado el Parlamento de Vitoria y parte de los ayuntamientos vascos de la presencia etarra.

Silencio estruendoso
EDITORIAL El Correo 18 Agosto 2010
Si la izquierda abertzale no condena la kale borroka probará su sumisión a ETA

La quema de más de una docena de contenedores ayer en Azkoitia y en Vitoria, que suma el sexto episodio de violencia registrado en los últimos diez días en Euskadi, ha llevado al consejero de Interior a dar por acreditado el rebrote orquestado de la kale borroka coincidiendo con las fiestas de verano. Ni la cautela que rodea a las investigaciones, ni el contexto de mucha menor tensión en las calles vascas restan gravedad a unos ataques que vulneran, una vez más, la convivencia y que vuelven a situar a la izquierda abertzale ante el espejo de sus contradicciones; agudizadas ahora hasta el extremo justamente por la vehemencia con la que viene reclamando crédito para su apuesta por las «vías políticas y democráticas». Es exigible que los responsables políticos y policiales de nuestra seguridad atinen en la persecución y prevención del delito pero el hecho de que el Departamento de Ares haya tenido que modificar su evaluación inicial sobre la trascendencia de los sabotajes no puede llevar a invertir la lógica de las responsabilidades; ni permitir que la izquierda abertzale lo utilice de parapeto para eludir la exigencia de que dé el paso que aún no ha dado. De hecho, sus portavoces no parecen darse cuenta de que es su estruendoso silencio en relación con estos actos vandálicos lo que hace verosímil la sospecha de que estamos ante un rebrote consciente y organizado de la kale borroka. Esta manifestación violenta que la izquierda abertzale se ha negado históricamente a reprobar ha sido el complemento intimidatorio durante tantos años de los atentados de ETA. Si quienes reclaman confianza para su nueva faz, desligada de la amenaza del terror, no son capaces de desmarcarse de estos episodios, será la constatación de que su debate interno sigue dependiendo más de lo que haga ETA que de su autoproclamada autonomía. Algo que ya no solo interpela a ese mundo; también a las condiciones puestas por EA a su colaboración.

Etarras arrepentidos
Fernando Ferrín Calamita.  www.gaceta.es 18 Agosto 2010

Un tema recurrente en la opinión pública es el de la cadena perpetua. Unos dicen que es inconstitucional habida cuenta del artículo 25.2 de la Constitución, conforme al que “las penas privativas de libertad (…) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

Sin embargo, la pena cumple también una función de prevención general. Ésta apunta a la generalidad de los individuos de una sociedad, instándoles a que se abstengan de realizar la conducta prohibida, bajo la amenaza de la pena. Así, el tipo del homicidio contiene una prohibición (“no matarás”), y un aviso a navegantes: el que mate será castigado con equis años de prisión. La justicia humana se basa en una frase: el que la hace la paga. El arrepentimiento podrá ser un atenuante, pero nunca una eximente de responsabilidad. La sociedad quedaría inerme si no se diera un escarmiento al delincuente.

El principal objetivo de la prevención especial es evitar que aquel que ya haya cometido un acto ilícito vuelva a tener tal actitud en el futuro. Así, la prevención especial no va dirigida al conjunto de la sociedad, sino a aquéllos que ya hayan vulnerado el ordenamiento jurídico.

La prevención especial, la reinserción en la sociedad del individuo, es posterior, y presupone la prevención general.

La cadena perpetua no es inconstitucional, y para determinados delitos muy graves debería existir. La Constitución de 1978 se basó en los modelos francés y alemán, en los que se contempla; y es lo suficientemente flexible para dar cabida a una pena de reclusión a perpetuidad, pero revisable periódicamente por los jueces sentenciadores, que conforme a los avances e informes del penado por los equipos especializados decidirían su puesta en libertad, cuando lleguen aquéllos a la conclusión de que ya no representa un peligro para la sociedad.

Siempre que quede en manos del juez no hay inconstitucionalidad. El artículo 132-18 de la Constitución francesa establece que “cuando una infracción se castigue con reclusión (…) a perpetuidad, el órgano jurisdiccional podrá imponer una pena de reclusión (…) temporal, o una pena de prisión no inferior a dos años”.
Lo que sí es claramente inconstitucional, y produce alarma social, es que no se cumplan las condenas dictadas por los jueces y tribunales, y que éstos no controlen la ejecución de la sentencia. La CE atribuye a los jueces y tribunales la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, de modo que tendrían que ser los propios jueces los que controlaran la ejecución de la condena y decidieran en cada momento en qué grado se clasifica a un interno, las progresiones o regresiones de grado, los permisos y beneficios de cualquier orden, etc.

Sin embargo, ello no ocurre así. La batuta la tiene el Ministerio del Interior (en aquellas comunidades que no tienen transferidas las competencias), o la Consejería correspondiente (en aquellas que sí han asumido tales competencias, como es el caso de Cataluña). Desde el momento en que una persona ingresa en un centro penitenciario para cumplir una condena pasa a depender de la Administración Penitenciaria, es decir, del Ejecutivo Central o Autonómico. Los jueces no deciden en qué centro penitenciario concreto ingresa una persona. Y no es irrelevante el ingresar en un centro o en otro. Los penados lo saben. De ello depende la progresión de grado. Verbigracia, si son condenados Saavedra y Prenafeta por el caso Pretoria tendrán interés en ingresar en Can Brians.

En nuestro Derecho, la observación y clasificación de un interno es competencia de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, que incluso pueden clasificar a un interno directamente en tercer grado, aunque esté condenado a 300 años de cárcel por múltiples asesinatos o por corrupción política, por lo que sólo dormirían en la cárcel.

El juez de Vigilancia Penitenciaria sólo interviene en caso de recurso del penado, pero evidentemente si le clasifican en tercer grado o le acercan a su casa no va a recurrir…

Ítem más, estos días estamos viendo precisamente cómo presos comunes (en España no hay presos políticos), condenados a muchos años de prisión por delitos de asesinato y/o colaboración con banda armada, están siendo excarcelados o se les conceden determinados beneficios penitenciarios, y ello con la sola firma de, al parecer, una carta de arrepentimiento que no tiene ningún valor jurídico (puesto que ni han satisfecho las responsabilidades civiles ni se tiene en cuenta el número de perjudicados ni se les oye, como exige el artículo 72.5 de la Ley Penitenciaria), y que debe ser para la hemeroteca personal de Rubalcaba.

Eso sí que va contra la Ley y supone además un agravio y un trato discriminatorio respecto de los demás penados comunes.

Urge una reforma legal para armar a la sociedad con la pena de cadena perpetua revisable, y para que el director de orquesta y el que lleve la batuta de la ejecución de la sentencia condenatoria a pena de prisión –sea perpetua o temporal– sea el juez, decidiendo él la clasificación del interno, las progresiones de grado y la excarcelación. Contando para ello con los equipos técnicos correspondientes a sus órdenes.

Arrepentidos
Martín PRIETO La Razón 18 Agosto 2010

Francisco Mújica Garmendia, por mal nombre «Pakito», dirigió ETA entre 1987 y 1992 y de no haber sido detenido en Bidart por la Gendarmería francesa y la Guardia Civil habría acabado él sólo con la banda, asesinando a los arrepentidos. Criminal y fraticida. Hizo desaparecer a su conmilitón Eduardo Moreno Berganetke, «Pertur», disidente de la organización, y premió con la muerte la reinserción de «Yoyes». Primera mujer en la cúpula etarra, estudió en México, se casó, tuvo un hijo y negoció con Madrid su laberinto jurídico. Con el niño de la mano paseaba por la plaza de su pueblo, Ordizia, cuando se le acercó «Kubati», diciendo amablemente a los paseantes: «Esto es de parte de Pakito», y le descerrajó un tiro en la cabeza. Soárez Gamboa, activo del «comando» Madrid, abominó de sus camaradas, pero comenta a quienes tienen acceso a él que no se arrepiente de sus crímenes y que lo que quiere es no pudrirse en un penal. «Pakito» se ha hecho paloma y engorda las listas de los acercados al País Vasco, como «la Tigresa» de ojos verdes que ametrallaba con el clítoris. Si Zapatero y Rubalcaba no explican lo que están haciendo es lícito sospechar que vuelve a haber mar de fondo entre el abertzalismo de ETA y el Gobierno para abrir a los radicales el chiquero de las municipales. Estos arrepentidos superan en milagrería a la caída del caballo de Saulo de Tarso camino de Damasco para matar cristianos. Están humillando a las víctimas y sólo obtendrán otra tregua trampa. ¿Cómo se va a arrepentir «Pakito», matador de arrepentidos? Sería un contradiós.

El Defensor del Pueblo recurrirá la ley de acogida para inmigrantes en Cataluña
Esta polémica norma les obliga a adoptar el catalán como lengua propia
 www.lavozlibre.es 18 Agosto 2010

Madrid.- La Defensora del Pueblo ha decidido que no se puede consentir la ‘Ley de de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña’ y por ello el13 de agosto presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. María Luisa Cava de Llano, en funciones tras agotarse el mandato de Enrique Mújica el 1 de julio, presentó este recurso a instancias del diputado del Parlamento autonómico de Cataluña, José Domingo, según la información que publica ‘La Voz de Barcelona’.

El origen de esta ley se remonta al 28 de abril, cuando pudo ser promulgada tras recibir el aval del Consejo de Garantías Estatutarias. Entonces la cámara la aprobó y salió adelante con el visto bueno de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, que votaron a favor. Por su parte el PP, Ciudadanos y el propio José Domingo mostraron su repulsa.

Esta norma obliga a los inmigrantes a adoptar el catalán como lengua propia. De este modo, el artículo 9 del texto estipula que el inmigrante, a través del servicio de primera acogida, “debe alcanzar las competencias lingüísticas básicas en catalán y en castellano”. Y, posteriormente, llega la matización: “El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración. También es la lengua vehicular de la formación y la información, instrumento básico para la plena integración en el país”.

El artículo continúa incidiendo un poco más en la obligación de adoptar el catalán: “El aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana y terminada la formación en lengua catalana, debe ofrecer la formación para adquirir las competencias básicas en lengua castellana a las personas que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana y que lo soliciten o lo requieran’.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya falló recientemente en su sentencia sobre el Estatuto dejando claro que el catalán no puede ser preferente sobre el castellano. ‘La competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas inmigradas [indicada en el Estatuto], debe considerarse circunscrita, como revela su tenor literal, a las primeras actuaciones socio-sanitarias y de orientación‘.Pese a ello, Carme Capdeila, consejera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat e impulsora de la ley, ya ha dejado claro que el Gobierno no piensa modificar ni un solo punto de sus leyes pese a que lo diga el Constitucional.

La manera en que está redactada la ley y la propia naturaleza de la misma provocaron la reacción de José Domingo, diputado del Grupo Mixto y presidente de la asociación Impulso Ciudadano, que solicitó la mediación del Defensor del Pueblo el pasado 17 de mayo para que se presentara ante el Tribunal Constitucional con un recurso. Considera que la Ley “antepone en el proceso de aprendizaje la enseñanza del catalán al castellano para los extranjeros empadronados en Cataluña, lo que, teniendo en cuenta la gran movilidad por todo el territorio nacional de este colectivo, eso puede ir en contra de sus intereses” y de la propia Constitución (artículos 3.1, 14 y 19).

De igual modo, también denunció el trasfondo que esconde esta ley con el siguiente argumento: "No es, en realidad, una Ley destinada a favorecer el proceso de los extranjeros inmigrantes en España, sino una Ley que pretende reforzar la identidad nacional catalana pues el preámbulo resalta el carácter de Cataluña como nación”.

Un espacio que ganamos al miedo
POR ANTONIO SÁENZ DE MIERA ABC 18 Agosto 2010

Algo ha cambiado en el País Vasco desde que hace algo más de un año se produjo la investidura del primer lendakari no nacionalista. Algo tenía que cambiar; por salud democrática sobre todo. Es cierto que la democracia es una aspiración siempre incompleta, siempre perfectible. Pero en el caso vasco, la sombra del miedo, que alimenta e impone el terrorismo, era y aún es una falla, un cáncer que mina implacablemente las propias raíces de la convivencia civilizada.

Desde hace más de cuarenta años paso mis veranos en Guipúzcoa. Es el lugar de la infancia de todos mis hijos y nietos, al que, seguramente, siempre volverán. Es su patria, y la mía también, en el sentido que le da Savater. Nos gusta su paisaje, su gente, sus montañas, su mar. Si se nos preguntase, a mi familia y a mí, diríamos que la vida es normal aquí, tal como podemos entender esa palabra en España, en gran parte de Europa. Pero no del todo. Al menos hasta ahora. Sabemos que de ciertas cosas no se habla, advertimos silencios incómodos, palabras ambiguas. Existe un acuerdo implícito, casi invisible, basado en la prudencia, que elimina la política y otros asuntos aún más serios del lenguaje cotidiano. A veces es tremendo cuando se hace como que no se ve lo que se está viendo, cuando se obvia lo evidente. Se finge una normalidad engañosa, equívoca. El drama y la amenaza permanente se han interiorizado hasta tal punto que son ya casi parte del paisaje.

Quisiéramos que todo esto fuera una especie de pesadilla que ya pasó, pero sigue estando presente, y sabemos que, además de voluntad, se necesita tiempo para salir de ahí, de ese lugar tan oscuro, tan circular, tan perverso… Hemos visto, no obstante, que algo ha empezado a cambiar, para mejor, en el País Vasco.
Hay un nuevo gobierno, y no es nacionalista. A muchos les pareció un hecho insólito en un sistema democrático. Pero el simple hecho del cambio está transformando nuestra visión del país, lo empezamos a ver de forma diferente. Ha bastado un cambio político en Ajuria Enea para que, aliviados, no percibamos ya esa irritación permanente; esa antipatía desdeñosa hacia todo lo que no encajara en la ideología nacionalista; esa aversión irracional hacia lo que de cerca o de lejos tuviera que ver con España, que ha impregnando los mensajes y las estrategias de los nacionalistas desde que llegaron al poder. En el fondo se trataba de una trampa perversa, de una actitud falsa e impostada, pero conseguía sus propósitos al provocar un rechazo, indiscriminado e irracional, hacia «lo vasco» en el resto de España. El desencuentro se producía sin otra justificación que las palabras y las actitudes que lo provocaban. Quién sabe si de forma interesada.

Pues bien, parece que esa especie de espiral diabólica se ha comenzado a neutralizar. Ya no nos imaginamos a un big brotherbronco y a la defensiva en Ajuria Enea, y lo que de allí sale no lo contemplamos ya como un arma arrojadiza, o como el resultado de un victimismo tan enfermizo como interesado. El término Euskadi, generalizado para definir el territorio vasco español, no es ya un grito de guerra, sino una expresión de abierta y respetuosa convivencia, como empiezan a serlo la ikurriña y el euskera.

Se ha venido abajo también, sin el mínimo estrépito, una especie de mito profundamente antidemocrático, si es que se puede decir algo así de una mitificación tan interesada, de que sólo los nacionalistas podían hacer frente a los complejos problemas de la gobernación de Euskadi. Esa especie había calado hondo y era otra de las fallas graves de la democracia. En las escasas y siempre muy controladas conversaciones, yendo al monte o en un chiringuito de la playa, en las que muy tímidamente se hablaba de estas cosas, la simple visión de los no nacionalistas en el poder era considerada por unos y otros como algo apocalíptico. Ahora, socialistas y populares llegaron a un acuerdo excepcional para tratar de avanzar hacia esa «normalidad» que tanto necesitan los vascos, y aquí no se ha hundido el mundo como algunos pronosticaban. No ha pasado nada de lo que decían los agoreros interesados, pero sí ha pasado algo importante: el aire que se respira es diferente y hemos podido recuperar la confianza en el Gobierno al ver que se ha comenzado a aplicar la Ley para eliminar fotos y pintadas de ETA de los espacios públicos en las fiestas que tienen lugar a mediados de agosto en la mayoría de las ciudades y de los pueblos del país.

Conviene recordar, aunque sea para muchos algo conocido, que todos los años los ciudadanos teníamos que soportar la presencia de fotos de asesinos y delincuentes, porque no son otra cosa, en las calles y en los balcones de los ayuntamientos. Era una vergüenza, una indignidad y una ofensa terrible para los familiares de las víctimas, pero nadie se atrevía a decir nada y, en primer lugar, nada hacían los que tenían la responsabilidad de hacerlo. El verano pasado ya no fue así; las fuerzas de orden público cumplieron con su obligación retirando los carteles que hacían apología del terrorismo. En ocasiones los volvían a colocar, pero eso era lo de menos, pues se volvían a retirar. Es decir, la ley se cumplía. Me comentaba uno de mis hijos que ese fue el primer verano en que no se había sentido mal por no estar haciendo nada a la vista de lo que estaba pasando; el «Estado», me decía, estaba cumpliendo por fin con una de sus primeras obligaciones.

Es cierto que hemos sido muchos los ciudadanos, vascos y no vascos, que hemos recuperado la confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones democráticas en Euskadi, pero, al parecer, no todos, desgraciadamente, piensan así. Alguien calificó en su momento la firme determinación del Gobierno actual como «juegos de verano». Era una villanía, pero lo peor es que ello nos explica la contemporización que se ha venido teniendo con esas demostraciones de auténtica apología del terrorismo en lugares públicos y privados en épocas anteriores. Esas pancartas que año tras año ensuciaban las calles vascas no eran simples gamberradas. En el País Vasco eran, son, siguen siendo, una demostración de poder del terror, una amenaza a la ciudadanía, a las instituciones democráticas, a la Ley.

La coalición PP-PSE ha tenido el valor de enfrentarse al problema más grave del País Vasco de frente, desde su raíz, sin contemplaciones. Debemos no sólo reconocérselo sino también apoyarla, sin matices, sin ambigüedades, siempre que se siga por ese camino. Es algo que se tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo. No es un «juego de verano» hacer que se respete y se cumpla la Ley, es una obligación y una responsabilidad del Gobierno de la cual no puede abdicar en modo alguno. Hoy, afortunadamente, los «juegos de verano» se han convertido en «juegos prohibidos». Un espacio que ganamos al miedo: un avance democrático imprescindible. Un paso necesario para llegar a esa paz que la mayoría del pueblo vasco desea.
La ANLL felicita al Defensor del Pueblo por su recurso de inconstitucionalidad
Alaba que ejerza su función y proteja los derechos lingüísticos de los ciudadanos
 www.lavozlibre.es 18 Agosto 2010

Madrid.- La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística ha querido aplaudir la decisión de la Defensora del Pueblo en funciones de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por las incongruencias que la Ley de acogida de Cataluña tiene con respecto a la Constitución. Celebra que María Luisa Cava de Llano denuncie la imposición del catalán a los inmigrantes que llegan a Cataluña y que dificulta su integración.

Por ello, desde la asociación no han dudado en felicitar al cargo institucional por cumplir con su función de protección: “Desde la ANLL felicitamos a la Defensora del Pueblo por ejercer su función de protección a los ciudadanos y de filtro contra disposiciones legislativas que como esta, vulneran la Constitución Española”.

La asociación que dirige Pablo Yánez cree que detrás de esta ley que aprobó el Gobierno de Cataluña está la intención de evitar la pluralidad en la region: “Entendemos que la imposición del catalán no supone un beneficio para el colectivo, sino una barrera de entrada en el mundo laboral que responde únicamente a las intenciones del Gobierno de Montilla de homogeneizar Cataluña retirando toda diversidad que certifique la existencia de una Cataluña real bilingüe y plural”.

La ANLL también ha querido mostrar en este mismo comunicado la “más enérgica condena” a la actitud y declaraciones del Consejero de ERC Huguet en tanto en cuanto consideran que no es capaz de respetar las instituciones democráticas que rigen la vida española:

“Es intolerable que representantes públicos se comporten como hooligans y lleven su persecución al castellano a una persecución personal contra el anterior Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, aludiendo a un fascismo más propio de quien impone a los ciudadanos la lengua que han de hablar o en la que han de rotular sus negocios en base a la coacción, la amenaza o la multa”

Por último la asociación anima a la nueva Defensora del Pueblo en funciones y a la propia institución a que continúe siendo “un baluarte en la defensa de las libertades constitucionales amenazadas”.

Huguet llama 'falangista' a Múgica por proteger los derechos lingüísticos
El Consejero de Innovación critica el recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto a la ley de acogida de inmigrantes que impone el catalán
Ep. www.lavozlibre.es 18 Agosto 2010

Madrid.- El consjero de Innovación, Universidad y Empresa de la Generalitat, Josep Huguet (ERC), ha cargado este martes contra el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y le ha tachado de "falangista" hasta en tres ocasiones por querer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de Acogida de inmigrantes aprobada por el Parlamento catalán en abril.

El diputado en el Parlament del Grupo Mixto e impulsor de la iniciativa como presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha explicado que la nueva Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, recurrió la ley el 13 de agosto ante el TC, aunque el diputado trasladó el texto a la institución en mayo, cuando ocupaba el cargo Enrique Múgica.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la 42 Universidad Catalana d'Estiu que se celebra en Prada de Conflent (Francia), Huguet ha esgrimido que la decisión de Múgica es una muestra más de que la etapa de negociar con el Estado ha finalizado porque "no hay margen de maniobra y es necesario plantear el Estado catalán".

El dirigente republicano ha admitido que desconoce los detalles del recurso contra la ley, pero se ha mostrado convencido de que la decisión del Defensor del Pueblo guarda relación con que el catalán sea la lengua que los inmigrantes deben aprender en el proceso de integración.

"En el momento en que el Constitucional dice que el catalán no puede ser lengua preferente, a este falangista le ha faltado tiempo para recurrir la Ley de acogida", ha añadido, y ha reivindicado que esta norma es fruto del esfuerzo del Govern para hacer una ley de cohesión social para que la inmigración se integre en catalán.

Visiblemente enojado, Huguet ha acusado al Defensor del Pueblo de "querer, desde su pensamiento falangista, romper la cohesión social en Cataluña".

Considera despilfarro destinar a AVT un 1,7% de lo que el BNG regaló a la Mesa por la Normalización Lingüística
El portal nacionalista MundoGaliza carga contra la Xunta por ayudar a las víctimas del terrorismo
Tacha de 'sinvergüenzas' a personas que han visto morir a familiares en manos de los radicales
 Periodista Digital 18 Agosto 2010

El digital nacionalista MundoGaliza se ha atrevido a arremeter contra el gobierno de Nuñez Feijoo por ayudar económicamente a las víctimas del terrorismo.

Ha publicado en su web un artículo titulado "A Xunta colaborará con 12.000 euros para o financiamento da Asociación de Vítimas do Terrorismo", en el que tacha a esta asociación de 'grupúsculo con poca vergüenza' y acusa al ejecutivo de saltarse a la torera la crisis para dar dinero ' a sus amigos' .

Y eso que se trata de un colectivo que ha perdido a seres queridos a manos de radicales, y que tan solo se les destina una cantidad simbólica: 12.000 euros. Una limosna en comparación con lo que el bipartito regaló a asociaciones destinadas al fomento (por no decir a la imposición) del gallego, como la Mesa por la Normalización Linguística, que durante el gobierno bipartito recibió la desorbitada cantidad de 695.309 euros. ¿Chupar del bote más de medio millón de euros no es tener poca vergüenza?

Una noticia que realmente no resulta sorprendende viniendo de quien viene: su editora, Beatriz Guiance, es uno de los principales rostros del independentismo gallego y una colaboradora habitual del Xornal (como ocurría con los miembros del desaparecido diario radical Vieiros), cuyos artículos constituyen una crítica de de todo lo que no suponga una defensa de 'la lengua madre' por encima de todas las cosas.

 

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