AGLI

Recortes de Prensa   Domingo 22 Agosto  2010

 

Entre traición y desacato
Editorial www.gaceta.es 22 Agosto 2010

Zapatero y Montilla quieren burlar al Tribunal Constitucional.

Se ha confirmado el desacato. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, un presidente del Gobierno incumple una sentencia del Tribunal Constitucional. Genuflexo ante Montilla, Zapatero ha dedicado un Consejo de Ministros a rectificar por la vía de los hechos el pronunciamiento del Alto Tribunal sobre el Estatuto catalán. Tanto Zapatero como Montilla optaron desde el primer momento por el cisma institucional, anunciando con toda desfachatez que se encargarían de buscar bajo mano una salida para las líneas rojas de la sentencia estatutaria. Ahora, Zapatero ha consumado su desobediencia al Supremo, intérprete de la Constitución, saltándose tanto la letra como el espíritu de la sentencia.

La traición a la sentencia es especialmente visible en una cuestión de tanta trascendencia como la quiebra de la unidad y la independencia del Poder Judicial: si el Constitucional ponía freno a la delegación de competencias desde el CGPJ a Cataluña, Zapatero se saltará ese freno mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, la Justicia en Cataluña pasará a ser un terreno absolutamente politizado, en detrimento del ciudadano, en detrimento de una judicatura acosada por el Ejecutivo y en detrimento de un Estado que abandona la vertebración de la Justicia mediante el rechazo del ejercicio de las competencias que le fija la ley. Y todo, además, de espaldas a los ciudadanos.

Con su actuación, Zapatero ha procedido a la voladura del Tribunal Constitucional, mostrando así que las instituciones sólo le interesan si las puede utilizar para su interés cortoplacista. Si al Constitucional no se le hace caso en el Gobierno, ¿de qué sirve, qué autoridad tiene? Las sentencias son de obligado cumplimiento, pero Zapatero ha incumplido con plena impunidad. Su manejo inicuo de la sentencia estatutaria redunda en una inseguridad jurídico-política sin precedentes en nuestra historia institucional desde 1978. Por otra parte, resulta del mayor patetismo la voluntad de tener gestos electoralistas de cara a las autonómicas catalanas: ¿de verdad creen Zapatero y Montilla que van a lograr detener un solo voto? Montilla se ha despeñado en las encuestas todavía a mayor velocidad que Zapatero, y su rebeldía institucional no ha impedido que el nacionalismo radical intentara incluso agredirle, como se vio en el correcalles independentista del mes de julio. Para Cataluña, como para el resto de España, tras la nefasta improvisación de un Estatuto que nadie quería, el grado menor de incertidumbre pasaba por aplicar la sentencia en su integridad. Incluso desde un punto de vista táctico, los tejemanejes del zapaterismo serán contraproducentes: ni el nacionalismo radical quedará contento ni los millones de catalanes y españoles no nacionalistas dejarán de hacer pagar a Zapatero y a Montilla su frivolidad a la hora de jugar con la Constitución para adaptarla al Estatuto. El Gobierno, una vez más, ha vuelto a burlarse de todos. Y, de momento, en Cataluña hay consejeros del Gobierno autonómico que llaman directamente a la “insumisión”.

En un país democrático, las instituciones son de la mayor importancia para, entre otras cosas, minimizar el daño que pueden hacer políticos irresponsables como Zapatero y Montilla. Al romper las reglas del juego desobedeciendo al Constitucional, los dos líderes socialistas han alterado nuestro funcionamiento democrático, sin contentar a nadie y sin evitar el mayor de los descréditos. Sólo alguien como Zapatero podía hacer tantas cosas mal al mismo tiempo.

El manoseo del Poder Judicial
Editoriales ABC 22 Agosto 2010

EL Consejo de Ministros ya ha recibido un informe del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, sobre las reformas legislativas que serían necesarias para, en palabras de José Montilla, «reparar los daños» causados por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló e interpretó cerca de cuarenta artículos del Estatuto catalán. El Gobierno se muestra así perseverante en buscar sucedá-neos a los apartados inconstitucionales del Estatuto, con el único fin de dar un bálsamo a las relaciones con el Ejecutivo autonómico y, especialmente, con su presidente, José Montilla. Entre tales reformas se encuentra la del Poder Judicial, una de las materias más corregidas por el TC. Y no era para menos, porque el Estatuto pactado por Zapatero y el líder convergente, Artur Mas, creaba un Poder Judicial propio de Cataluña y sometido a su organización autonómica. La culminación de esta intentona segregadora era el Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano político previsto para suplantar al Consejo General del Poder Judicial y eliminar la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, formada sólo por magistrados.

La coartada del Gobierno socialista es que el TC sólo puso reparos de forma y que bastará con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para entregar al frente social-nacionalista el último territorio que le queda al Estado central. Este objetivo ya fue intentado durante el mandato de Juan Fernando López Aguilar, aunque entonces —año 2006— los Consejos Autonómicos de Justicia eran definidos como órganos «subordinados» al CGPJ. En este segundo asalto al Poder Judicial que planea el Gobierno de Zapatero, de común acuerdo con el tripartito catalán, ya existe una doctrina constitucional específica al respecto. Y no es compatible con la pretensión de Zapatero y Montilla de burlar la sentencia del TC mediante la manipulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que ha dicho el TC es que, conforme a la Constitución, el Poder Judicial sólo tiene un órgano de gobierno que es el Consejo General. Tal afirmación excluye la creación de otros órganos de gobiernos judicial no sólo por vía estatutaria, sino también mediante la reforma de la LOPJ. El TC ha dejado claro en su sentencia que el Estado de las autonomías, a diferencia de lo que sucede con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no alcanza al Poder Judicial, el cual es único para todo el Estado. Por tanto, si el Gobierno cree que el atajo de reformar la LOPJ para obviar al TC es astuto y eficaz, se equivoca. No pasa de ser un burda trampa a la Constitución.

Zapatero en agosto
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 22 Agosto 2010

Como dictan los manuales no escritos, el Partido Socialista intenta convertir en un virtuoso ejercicio de democracia interna la fallida ejecución sumaria de su secretario general en Madrid, Tomás Gómez, dispuesta por Rodríguez Zapatero para dar paso a Trinidad Jiménez a la candidatura autonómica madrileña. Para sacar del terreno de juego a Gómez, Zapatero se lanzó, con la frialdad que le caracteriza, a una descalificación pública, inequívoca y políticamente humillante del hombre que él mismo promovió para dirigir a los socialistas madrileños, un colectivo, según parece, nada fácil de pastorear.

Éste, con ser muy visible, no ha sido más que el primero de los pasos en falso dados por el presidente del Gobierno en un mes que ha querido presentar como de trabajo continuado y que, sin embargo, ha mostrado al improvisador de siempre, al peligroso y acreditado enredador, al populista temporalmente reprimido por la crisis a la búsqueda de cualquier rendija que ofrezca la realidad para manifestarse.

Zapatero fue a despachar con el rey a Mallorca y en la rueda de prensa posterior le faltó tiempo para anunciar «buenas noticias» a las constructoras en forma de una revisión del tajo a los proyectos de infraestructuras que unos días antes había defendido el ministro de Fomento exhibiéndolo como la prueba de responsabilidad del Gobierno. Según Zapatero, el alivio de la presión de los mercados sobre la deuda española empezaba a permitir algunas alegrías. Sin embargo, nada más conocerse el anuncio del presidente del Gobierno, el diferencial de la deuda española se volvía a disparar. Con esta reacción, los mercados -de los que el Gobierno tan pronto denuesta como exhibe a modo de prueba de sus aciertos según cotice la deuda nacional- desmentían de nuevo a Zapatero y confirmaban tanto la precaria credibilidad que suscita el Gobierno como la estrecha vigilancia a que están sometidas las finanzas públicas de nuestro país.

Todo indica que también en ese despacho, el presidente del Gobierno pidió del Rey una gestión ante el monarca marroquí Mohamed VI para solucionar la crisis en la frontera con Melilla. No debería haber ninguna duda de que el Rey actuó en términos constitucionalmente impecables porque resulta inimaginable que una iniciativa de esa naturaleza se lleve a cabo si no es a instancia del presidente del Gobierno. Pues bien, Zapatero no sólo ha colocado a la Jefatura del Estado en una incómoda posición al no explicitar su refrendo a la gestión real ante Mohamed VI sino que ha malbaratado un valiosísimo activo en política exterior, como es la influencia y la capacidad de interlocución del rey don Juan Carlos, más aún en el caso de Marruecos ante una crisis a la que el monarca vecino parece que quiere darle un largo recorrido.

En este agosto de rumbo presidencial tan desnortado, se han vuelto a echar en falta las vacaciones que Zapatero no se ha tomado, cuando se supo que el presidente del Gobierno había citado a las grandes constructoras -también aquí oscilando entre la abominación del ladrillo y la burbuja y el mimo de Moncloa- para hablar de las buenas noticias que les había anunciado en Mallorca. Horas antes de la reunión se informó de su cancelación, según algún medio por «exceso de visibilidad», curiosa explicación días después de que el Consejo de Ministros aprobara el llamado proyecto de ley de transparencia en la Administración.

Tal vez, el motivo de la suspensión de esta cumbre con los grandes constructores radique en la necesidad de que se afine la coordinación entre los diversos anuncios gubernamentales. Porque no queda bien que mientras el presidente del Gobierno, anuncia «buenas noticias» a las constructoras, el ministro de Fomento sugiera subidas de impuestos. No, no queda bien ni siquiera cuando la subida de impuestos -otra más en los últimos meses- se pretende adobar con dos falsedades que José Blanco reitera hasta el límite de la patraña: una, la supuesta desviación de la imposición española respecto a los países de la Unión Europea -¿de todos, de algunos, de cuáles?- y otra, que sólo serán 'los ricos' los que pagarán más. Para que esta falsedad no decaiga, el pasado miércoles recibía el tributo de la vicepresidenta económica quien, al tiempo que parecía contradecir a Blanco descartando subidas de impuestos, admitía la posibilidad de algún ajuste -ni que decir tiene que sobre 'los ricos'- «para contribuir a la equidad».

Con esta pretemporada que está haciendo el Gobierno, los augurios para la gestión pública en unos meses de máxima dificultad política y económica son más que preocupantes para todos. Las cosas siguen sin mostrar una mejora mínimamente convincente. Y lo que espera a la vuelta de agosto es un escenario en el que la volatilidad del liderazgo de Zapatero y su concepción maniobrera de la política van a encontrar condiciones óptimas para desplegarse. Driblar los efectos de la huelga general, negociar los presupuestos generales, pertrechar a las autonomías y a los ayuntamientos socialistas ante una perspectiva electoral muy complicada, pasar la prueba de Cataluña conforman una agenda política que han de afrontar un presidente y un gobierno que dejados a su aire, sin el ultimátum europeo, habrían dejado caer al país en una situación inimaginable. Con una recuperación que no se deja ver, creer que este Gobierno puede mantener la dirección del país hasta el 2012 no es un acto de fe sino un temerario desafío a la experiencia.

¿Asediar Melilla?
España puede tomar represalias comerciales terribles contra Marruecos. Argelia también es un factor a tener en cuenta y los marroquíes no lo olvidan
JUANJO SÁNCHEZ ARRESEIGOR El Correo 22 Agosto 2010

HISTORIADOR. ESPECIALISTA EN EL MUNDO ÁRABE

Marruecos no es un país. Es un cortijo, donde nada se mueve sin el permiso del propietario, que es el rey Mohamed VI. Primero se organiza una campaña denunciando supuestos abusos de la policía española -incluidas mujeres policías dándoles órdenes a los hombres, ¡el colmo!- y luego, cuando la bola ha echado a rodar, sirve como pretexto para organizar un boicot contra Melilla a pequeñas dosis, primero cerrando el paso a determinados productos y luego a otros. Se pretende hostigar a España, amenazándonos con una interminable serie de inconvenientes a menos que... ¿a menos que?

Durante cinco años, España disfrutó de unas relaciones aceptablemente buenas con Marruecos, pero solo porque Zapatero se plegó de muy buen grado a las tesis marroquíes sobre el Sahara Occidental. La buena racha terminó cuando el incidente de Aminatu Haidar, la saharaui exiliada, obligó a nuestro Gobierno a ejercer de funanbulista entre el interés de Estado y una opinión pública casi unánimemente prosaharaui. Poco después, Mohamed VI designó como embajador marroquí en Madrid a un saharaui pasado al enemigo. Pretendía ser un alarde propagandístico contra el independentismo saharaui en el país donde esta causa obtiene mayor respaldo, pero nuestra clase política lo recibió como una bofetada. Una cosa es el maquiavelismo de Estado y otra cosa es la mala conciencia de que el problema del Sahara no fue resuelto como era debido, pero que a estas alturas, corregir la situación requeriría un esfuerzo desproporcionado, de dudosa justificación para el interés nacional. El Gobierno español postergó durante meses el reconocimiento del nuevo embajador y Mohamed VI, persona fácil de ofender, respondió no enviándolo, de manera que ahora, en plena crisis, no hay embajador marroquí en Madrid.

Rubalcaba va a Rabat para averiguar lo que pretende el amo del cortijo marroquí, pero sin prisa, pues ya han pasado dos semanas desde el inicio de la crisis. ¿Y por qué el ministro del Interior y no el de Exteriores? Tal vez nuestro Gobierno no confía en Moratinos para una misión que requiere maquiavelismo y firmeza -¿confiaría usted?-; pero es más probable que se pretenda enviar un sutil mensaje a Mohamed VI: Melilla es un tema interno español, que no le corresponde a Exteriores, lo que equivale a rechazar de entrada cualquier reivindicación marroquí.

Es este contexto, la visita de Aznar a Melilla y las duras acusaciones del PP recuerdan el tremendismo apocalíptico de sus tácticas propagandísticas.

¿Puede funcionar el boicot marroquí? En Melilla, sí. Aislado de su entorno, el enclave no es más que un callejón sin salida, una vía muerta hacia ninguna parte. También saldrían perjudicados muchos marroquíes, pero Mohamed VI gobierna de manera autocrática y podría ignorar o reprimir sus protestas. En cambio Ceuta, mucho mejor situada geográficamente, podría resistir cualquier bloqueo, igual o mejor que aguantó Gibraltar un bloqueo total entre 1969 y 1982.

España puede tomar represalias comerciales terribles. Es cierto que Francia siempre está dispuesta a defender a su ex colonia, donde tiene muchos intereses, pero los intereses económicos y el comercio bilateral de Francia con España son de muchísimo mayor calado. Argelia también es un factor a tener en cuenta y los marroquíes no lo olvidan jamás. Un entendimiento hispano-argelino en su contra es lo que más temen.

Por el momento parece que la crisis se va diluyendo, pero no nos engañemos. Esto es solo un intermedio en un culebrón al que todavía le faltan infinidad de capítulos.

Marruecos y un Gobierno débil
Carlos Dávila www.gaceta.es 22 Agosto 2010

Hace unos meses, ya con LA GACETA en la calle, se nos presentó, enviado por un amigo hotelero de Sevi­lla, un individuo de nacionalidad marro­quí que demostró (a lo peor su documen­tación estaba falsificada) haber pertene­cido a la Guardia Real de su país y también, paralelamente, a los servicios secretos del rey Mohamed. Nos ofreció información de primera mano sobre el terrible atentado del 11 de marzo de 2004, pero nos aseguró que los “papeles” que acreditaban no sé qué intervención de esos Servicios en la brutal matanza de Madrid tenía que “recogerlos” en un lugar de Andalucía que no llegó a revelarnos. Quedamos en que nos traería dichos “papeles”, pero antes, en un español muy sonoro del Norte de África, nos aportó, “a modo de vermú” –dijo textualmente– dos informaciones igualmente sugesti­vas: la primera, que días antes del aten­tado del 11-M, viajó hasta la capital de España un grupo de agentes de los men­cionados Servicios (le preguntamos –era de manual– si en aquel grupo figuraba él, y sólo esbozó, por toda respuesta, una sibilina sonrisa); la segunda, que la ocu­pación en julio de 2002 del islote de Pere­jil por parte, casualidad, de la propia Gendarmería Real fue únicamente un entrenamiento para saber cómo reaccio­naría España ante –dijo también literal­mente– una “operación más ambiciosa”.

El individuo en cuestión volvió a Sevi­lla según creemos, y de él, como del fina­do Fernández del mítico radiofonista Pepe Iglesias El Zorro, no hemos vuelto a saber nada en este periódico. Su amigo, el que nos sirvió de intermediario, nos dijo, lógicamente abrumado por la des­aparición del marroquí, que “a lo peor lo habían liquidado sus mismos Servicios”. Después, algunas gentes de la Inteligen­cia española a las que acudimos para verificar todos los extremos de nuestra información negaron tener el menor conocimiento del sujeto en cuestión, y por tanto de su paradero. Obvio es aña­dir que tampoco estos informantes vol­vieron a dar señales de vida.

La “traición” de Aznar
He pensado en estos días en este episo­dio porque, tampoco hace mucho tiem­po, un grupo de periodistas que cenaba con el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, llegamos al convencimien­to, después de escucharle, de que la inter­vención de Perejil que él ordenó y que concluyó con la derrota de los gendarmes reales y la famosa foto de un soldado español colocando nuestra bandera en lo más alto del islote tuvo por segundo fin (el primero fue, naturalmente, el rescate del islote) significar que el Gobierno espa­ñol de entonces no toleraría ningún otro movimiento militar invasivo en tierras de nuestra soberanía. Obviamente, todos entendimos que estábamos hablando de Ceuta y Melilla. Hay que recordar, por otra parte, que en aquellas fechas del verano de 2002 la Prensa marroquí, fuer­temente intervenida por el régimen de Mohamed, advertía con las peores pala­bras de la que llamaba la “traición de Aznar” respecto al apoyo de España al censo de saharauis. Los periódicos del sistema dictatorial del rey insistían, claro está, en la permanente reivindicación de nuestras ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y amenazaban con revisar los acuerdos bilaterales de pesca, con exigen­cias económicas nada más y nada menos, como el pago de 90 millones de euros al mes por faenar en sus aguas.

Por cierto: ¿hace falta mencionar cuál fue la reacción de Zapatero ante la deci­sión del Gobierno aznarista de intervenir en Perejil? ¿Es necesario abrir las heme­rotecas y rememorar que el actual presi­dente comparó la restauración del orden territorial español en el islote con la pre­sencia militar de España tras la guerra de Irak? ¿Fue entonces Zapatero un políti­co leal a España y a su Gobierno? El pasa­do viernes, y en exclusiva, LA GACETA reproducía las palabras de quien se hace denominar “portavoz oficial de los boico­teadores”, Mounain Chaouki, que reco­nocía sin ambages: “El Partido Popular es el enemigo del mundo árabe y marroquí; por suerte, quien gobierna en España es el Partido Socialista”. Por tanto: ¿de qué clase de lealtad habla el polifacético y único ministro de este Gobierno, José Blanco? El citado agitador avisaba de que el actual boicot, o sea, los incidentes en la frontera, “sólo” se han aplazado hasta el fin del Ramadán.
Los viejos temores

En estos días, por otra parte, los mismos diarios y todo el régimen que han alenta­do el susodicho boicot en la frontera meli­llense, y tras la visita de Aznar, han arre­metido contra el antiguo presidente con declaraciones tan terminantes como la del portavoz real, que ha calificado la visi­ta lisa y llanamente de “provocación”. Curiosamente, el Gobierno español, que ha estado absolutamente desaparecido en todo este último conflicto, sólo ha reaparecido para, por boca del único ministro que existe, José Blanco, pati­nar espectacularmente alineándose con la tesis del Gobierno de Mohamed VI. Zapatero ha dejado que su poliforme ministro, que lo mismo habla de subida de impuestos que de relaciones exterio­res, supla la inanidad del titular de Inte­rior, bañándose durante todo el conflic­to en la playa asturiana de Niembro, o la espectacular ocultación del canciller Moratinos, que no ha dicho ni una pala­bra en todo el tiempo que ha durado la crisis que ahora niega.

Después de la actuación de los sabo­teadores marroquíes en Melilla, y com­probada la persistente conducta del Eje­cutivo del rey Mohamed, han vuelto a resucitar nuestros peores temores. En consecuencia, nadie sobra en nuestras ciudades africanas, que no han sido, recuérdese el dato, nunca propiedad de los alauitas, de un país que no existía cuando ya Melilla, por ejemplo, pertene­cía a la Corona de España. Sabemos que nuestro todavía Gobierno –compuesto por ministros desaparecidos en verano, otros irrelevantes y un único supertitu­lar que parece ostentar toda clase de car­teras– huye, como de la peste, de cual­quier actuación que pueda incomodar al vecino Reino. No tranquiliza, ni mucho menos, esa política; máxime cuando, como ya hemos venido diciendo en nues­tro periódico, Máximo Cajal es el diplo­mático que Zapatero eligió en su día para conducir su fantasmagórica y carí­sima Alianza de las Civilizaciones. Cajal, ya lo conocemos todos, tiene escrito que no existe más solución que “devolver” nuestras provincias, Ceuta y Melilla, a Marruecos. ¿Nos puede dar confianza que Zapatero tenga por consejero a un personaje así?

¿Cómo actuaría Zapatero?
Si, como hipótesis nada descartable, el rey de Marruecos arrecia en sus protestas y, para disimular sus problemas domésticos, decide inventarse una estrategia de con­frontación directa, una operación semejan­te a la invasión de Perejil, o aún peor, la que ordenó su padre, Hassan II, con la marcha verde sobre el Sáhara, ¿estamos seguros de que el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, replicaría con una orden como la que en su momento se vio obligado a dar José María Aznar en Perejil? Fuentes militares de todo crédito nos vienen insistiendo desde hace meses en que actualmente nuestras ciudades nora­fricanas no están convenientemente defen­didas. Eso lo denuncian nuestros técnicos y naturalmente lo sabe el rey Mohamed, que, a mayor abundamiento, conoce que los mayores éxitos de su país en la política del palo y la zanahoria con respecto a Espa­ña se han producido cuando en nuestra Nación ha existido un Gobierno débil.

Nadie sensato puede afirmar que el de Rodríguez Zapatero, aparte de ser el peor de nuestra democracia, sea, ahora mismo, otra cosa que un Ejecutivo transigente, repleto de contradicciones, nada vigoroso. Alos españoles, a los melillenses, ¿les puede tranquilizar una situación así?

Melilla y el sempiterno chantaje de Rabat
Manuel Cerdán, www.gaceta.es 22 Agosto 2010

El conflicto en la frontera de Melilla nos remite a las siempre maltrechas relaciones hispanomarroquíes, aunque el Gobierno nunca lo admita. No conozco una amistad tan cínica e hipócrita como la de Madrid y Rabat.

Hay que ver a nuestros representantes diplomáticos y gubernamentales edulcorar el lenguaje al hablar del país vecino cuando en realidad todo es una pantomima. Una pose de mampostería. Las buenas relaciones entre España y Marruecos son un cuento de hadas, toda una impostura.

Si se han producido esos incidentes en la frontera melillense de Beni Enzar es porque el Gobierno marroquí lo ha tolerado o está detrás de las maniobras. Está claro que los apoya o los consiente. En el régimen alauí no se da un paso sin la anuencia de la policía. Y ésta sin el visto bueno del Ministerio del Interior. Y éste sin el apoyo del Gobierno. Y los ministros marioneta del Ejecutivo sin el sello de la Corona. Así funciona el sistema. Y, si no, que se lo pregunten a la oposición de verdad o a los activistas saharauis.

En la Escuela de Diplomacia a los futuros diplomáticos les enseñan que para establecer una buena entente con un país vecino siempre es necesario renunciar a algo en las negociaciones. Y para que el vecino se vea obligado a corresponder con lo mismo es conveniente negociar desde una posición de superioridad. Es una norma que la ha usado hasta ETA. ¿Está España en estos momentos en condiciones de imponer algo a Marruecos? ¿Dispone de una posición de fuerza para negociar con Rabat el futuro y la estabilidad de Melilla?

Conocemos nuestros argumentos y los de Marruecos en lo que respecta a Ceuta, Melilla y al resto de posesiones en la costa africana (Alhucemas, Chafarinas, Peñón de Vélez y Perejil). ¿Pero de qué bazas dispone España para presionar a Rabat en un momento de tensas relaciones? ¿Con qué márgenes de negociación cuenta para que la corona alauí deje de chantajearnos con la estabilidad de nuestras ciudades autónomas? De antemano, sabemos cuáles son las cartas que utiliza Marruecos en las relaciones con España: la seguridad frente al yihadismo y el control de la inmigración ilegal a través de las pateras que llegan a la Península desde las costas marroquíes. Las armas marroquíes, al menos, son verbalizadas a menudo por sus representantes gubernamentales. No se cortan un pelo ni amenazan en balde. Todos conocemos de dónde procedía la célula islamista radical que fue condenada por la masacre del 11-M. Vivía en el barrio madrileño de Lavapiés, pero sus tentáculos llegaban desde uno de los barrios más integristas de Tetuán. Antes de colocar la bomba en la estación de Atocha, la misma trama provocó otra masacre en Casablanca. Eran los mismos, hechos con papel de calco y con ramificaciones familiares. ¿Y ustedes pueden creer que un terrorista marroquí puede moverse libremente entre Marruecos y España sin el conocimiento de los temibles servicios secretos marroquíes? Yo lo dudo. Me cuesta pensar que El Chino, El Tunecino y compañía pudieran actuar contra Marruecos impunemente desde Madrid y que los agentes marroquíes no los tuvieran controlados. A los servicios de información españoles sí se la pegaron, pero es sabido que las fuerzas policiales, de manera ofuscada, tenían todas las antenas puestas sólo en ETA.

En materia de seguridad, Marruecos juega con ventaja porque los efectos demoledores de una acción terrorista del fundamentalismo islamista suele provocar más daño a un país democrático europeo que en un sistema autoritario como el de Rabat. Aquí un atentado mal gestionado como el del 11-M puede poner en la picota a un Gobierno, pero en el país vecino esa potestad sólo la tiene el monarca. Por tanto, en materia de seguridad, en un teórico enfrentamiento diplomático entre España y Marruecos nuestros vecinos del sur siempre jugarían con ventaja. Igual sucedería con la inmigración ilegal. Las mafias de las pateras, sin un control policial marroquí, actuarían con impunidad. Lo hemos vivido durante años hasta que Madrid logró de Rabat una mayor persecución contra esas tramas que trafican con ciudadanos magrebíes y subsaharianos. Pero no nos engañemos el acuerdo con Marruecos está sujeto con alfileres. Rabat puede romperlo unilateralmente cuando lo crea oportuno.

Sabemos cuáles son las cartas que tiene Marruecos en juego para presionar a España, ¿pero de qué bazas cuenta España para atornillar a nuestro vecino? El Gobierno en más de una ocasión ha pretendido hacer valer su condición de puente con la Unión Europea. La Moncloa no se cansa de decir que Rabat puede salir favorecido tanto en materia económica como política. Pero ése es otro cuento chino que nadie se cree. El puente de Marruecos con Bruselas se llama Francia. España es un accesorio. Y París es la que obtiene una mayor preferencia y los beneficios en las relaciones con el Magreb. Sólo basta con repasar los contratos que firmaron el año pasado los Gobiernos franco-marroquíes. Francia es, además, el mayor vendedor de armas al régimen alauí y el gendarme de esa zona del Magreb.

Y con respecto a la posición política de apoyo a Rabat en el conflicto del ex Sáhara español, Mohamed VI cuenta con el respaldo histórico de Francia y Estados Unidos. La Casa Blanca y el Elíseo respaldan a Marruecos desde la Marcha Verde promovida por el rey Hassan II en 1975, que se aprovechó en su política expansionista de los estertores del franquismo. El Gobierno de Zapatero ha transigido ante el marroquí con ese statu quo que ya dura 35 años. Lo vivimos hace poco con el conflicto de Aminatu Haidar. Rabat llamó a Moratinos para que la activista saharaui pudiera viajar a Canarias y después se negó a admitirla cuando decidió regresar a El Aaiún, la capital del Sáhara. España, que se ha distanciado del Frente Polisario, asimismo mantiene una posición un tanto laxa con respecto a la violación de los derechos humanos en la ex colonia africana.

El conflicto en Melilla no ha cogido por sorpresa al Gobierno. Los servicios secretos lo venían anunciando desde hacía tiempo, por tanto La Moncloa debía haber reaccionado con más reflejos. Haber estado preparada para afrontar el envite y evitar que se produjera el bloqueo en la frontera. No habría estado de más una llamada de Alfredo Pérez Rubalcaba a su homónimo del Ministerio del Interior marroquí para advertirle de que las pretensiones obstruccionistas de ese sector pro marroquí de Melilla eran mal vistas por España. Y, sobre todo, hacerle ver que el Gobierno español no está dispuesto a tolerar ese trato denigratorio que algunos activistas marroquíes están dando a las funcionarias policiales españolas. No tiene ningún sentido que Interior mande a la frontera a mujeres policía y después las dejen solas ante los insultos islamistas. Si siguiéramos esa norma, qué puede sucederle a la número tres del CNI que ha sido destinada a Rabat como responsable del servicio secreto en Marruecos.

Es intolerable la reacción del Gobierno español con respecto a sus funcionarias. Han tenido que ser los sindicatos y los ciudadanos de Melilla quienes salgan en un primer momento en su ayuda. ¿Para qué tenemos un Ministerio de Igualdad? ¿Para cursos sobre el clítoris y otras mandangas? Cuando ha tenido la oportunidad de dar la talla Igualdad ha reaccionado con lentitud y torpeza. Como si estuviera a la espera de instrucciones de Asuntos Exteriores e Interior. Para eso que desaparezca. Es una vergüenza que se hayan mantenido expuestos durante días esos carteles atentatorios contra la dignidad y la intimidad de nuestras funcionarias de policía y el departamento de Bibiana Aído no haya dado la cara.

La estabilidad y el futuro de Melilla y Ceuta están recogidos en la Constitución de 1978. Melilla es ciudad autónoma desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1995 y, como tal, es parte integrante –irrenunciable– del territorio nacional español. Marruecos lo sabe y, al margen de sus maniobras geopolíticas, debe asumir esa situación. No estaría de más que el Gobierno se lo recordara de vez en cuando. Sobre todo, cuando surgen esos conflictos fronterizos, propiciados por Rabat.

Zapatero el rehén y su sumiso ministro de Justicia
Roberto Blanco Valdés La Voz 22 Agosto 2010

Zapatero ha dejado de ser un rehén de los nacionalistas. Ahora lo es ya, sencillamente, de los socialistas catalanes, que le han impuesto algo que solo este presidente, sin convicciones ni criterio, admitiría: vulnerar, mediante argucias de leguleyo, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán y proceder a hacer lo que aquel ha declarado contrario a nuestra ley fundamental de un modo taxativo: descentralizar el gobierno de la Justicia.

Para demostrar que tal cosa no cabe en la Constitución basta con citar lo que a ese respecto ha proclamado el TCE: «Es notorio que el Estatuto catalán incurre en un evidente exceso al crear en el artículo 97 un Consejo de Justicia de Cataluña al que se califica como "órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña" y cuyos actos lo serían de un "órgano desconcentrado del poder judicial", siendo así que el poder judicial [...] no puede tener más órgano de gobierno que el Consejo General del Poder Judicial». Se puede decir más alto, pero no más claro, desde luego.

Es verdad que el TCE afirma, al propio tiempo, que cabe desconcentrar, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, funciones del Consejo que no afecten al gobierno de aquel, pero, como es notorio, lo que Zapatero -rehén de su propio partido en Cataluña- pretende no es eso, sino hacer por ley lo que no pudo en el Estatuto, que es lo que desde que se conoció la sentencia exigieron, al alimón, los nacionalistas y los socialistas catalanes. Y todo ello con la esperanza de que, dado el actual interés del PP en no molestar a CiU, nadie proceda ahora a recurrirlo, lo que permitiría llevar el fraude de Constitución hasta el final.

Hacer tal encargo al ministro de Justicia podría, a bote pronto, parecer descabellado, y ello porque, aunque el asunto le corresponde por su ramo, el ministro es uno de los directos responsables jurídicos del fiasco estatutario. Y así, de la fiabilidad del criterio de Caamaño en cuestiones constitucionales puede dar idea el hecho de que sostuviera contra viento y marea que era compatible con la Constitución todo lo que, de forma directa (anulándolo) o indirecta (interpretándolo), el TCE ha considerado que no cabe en ella en modo alguno.

Pero que las opiniones constitucionales de Caamaño hayan quedado a la altura del betún le importa a Zapatero mucho menos que la obediencia servil de su ministro, dispuesto a lo que sea con tal de agradar a quien lo ha puesto en donde está.

Eso y no sentido común o valentía para decir la verdad, es, al fin y al cabo, lo que exige Zapatero a quienes están en el Gobierno. Y eso es, a la postre, lo que explica, en gran medida, que España esté hoy en muchos sentidos al borde del abismo.

El pase foral de Zapatero: acato pero no cumplo
ROSA DÍEZ - EL MUNDO  22 Agosto 201

Eso es lo que confirmó el viernes la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cuando dio cuenta de que el Consejo de Ministros había decidido cómo orillar la sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña: que Zapatero aplicará el pase foral a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Si algo ha demostrado este presidente es su capacidad para mimetizarse en el ambiente: ¿que va a Rodiezmo?, pañuelo rojo al cuello; ¿que va con sus juventudes?, kufiya palestina; ¿que va con los banqueros que llevan tirantes?, traje gris marengo y sonrisa cómplice; ¿que va a Marruecos?, foto con el rey y el mapa que incluye el Sáhara Occidental entre los territorios del reino alauí; ¿que se gobierna con nacionalistas?, más identitario que ellos.

No sorprende, por tanto, que lleve a la práctica con total desparpajo uno de los hallazgos más arcaicos del nacionalismo vasco: el pase foral. O sea, acato pero no cumplo. No sorprende tampoco la celeridad con la que el presidente se ha sometido a las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes, incluidos los de su propio partido, para cumplir lo que les prometió en el Debate sobre el estado de la Nación: que promulgaría todas las leyes orgánicas que fueran necesarias para vulnerar la sentencia del Tribunal Constitucional.

Tampoco sorprende que vaya más lejos que lo aconsejado por los defensores del pase foral. Para Zapatero no es suficiente con acatar pero no cumplir: él irá más lejos y promulgará leyes que burlen la sentencia. Cumplirá lo que le pronostiqué (con murmullos de desaprobación desde la bancada socialista) en mi réplica durante el debate mencionado: «Como la ley prohíbe robar, vamos a hacerlo sin que nos pillen».

Zapatero se ha saltado a la torera todo pacto que le impusiera normas de comportamiento transparentes; se ha burlado de forma permanente de la separación de poderes; ha incumplido todos los acuerdos suscritos con empresarios, sindicatos, partidos políticos…; ha traicionado el pacto suscrito con los ciudadanos a través de su programa electoral, despreciando la idea misma de que la democracia es un pacto y el voto no es nunca un cheque en blanco. Y ahora, remedando a su ídolo Romanones («haga usted las leyes que ya haré yo los reglamentos»), se apresta a burlar la sentencia del Tribunal Constitucional. A eso se le llama, simple y llanamente, corromper políticamente las instituciones.

¿Qué se puede hacer cuando un país tiene un presidente que corrompe políticamente las instituciones negándose a acatar y a aplicar las leyes? ¿Qué se puede hacer cuando un país tiene un presidente que propugna el desacato de las sentencias del más alto Tribunal? ¿Se imaginan a Obama propugnando leyes para no cumplir las sentencias del Supremo de los EEUU? ¿Se imaginan a cualquier gobernante de cualquier país democrático del mundo en una actitud similar? ¿Qué haría la clase política de tal país si se produjera esa circunstancia? ¿Qué harían los medios económicos y sociales? ¿Qué harían los medios de comunicación? ¿Qué haría la Justicia?

No sé lo que ocurriría, pues la hipótesis misma resulta inverosímil; porque lo que sé es que en ningún país del mundo democrático existe un presidente como el nuestro, dispuesto a vulnerar las leyes que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir. Sé que no hay en el mundo democrático un presidente capaz de someter a su país a tal grado de inseguridad jurídica, de inestabilidad política y económica, sólo para intentar que su partido gane unas elecciones.

Sé que no hay en el mundo democrático ningún país que tenga la desgracia de tener un presidente sin límites, capaz de defender una cosa y la contraria con la misma sonrisa y con la misma tranquilidad. Sé que no hay en el mundo democrático ningún presidente que anteponga la identidad a la ciudadanía; ningún presidente que no sea consciente de que la nación no es un estado de ánimo, sino el sujeto de la soberanía, el instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.

Sé que este presidente es el responsable de la quiebra política que sufre España. Y sé que mientras tenga algún poder en su mano va a seguir desmantelando el Estado, lo poco que le queda aún por destruir. Por todo eso, porque ha roto el contrato suscrito con los ciudadanos, porque ha perdido el crédito y ha fracasado en su política, porque nos lleva a una situación de quiebra institucional irreversible, llamo a la responsabilidad de todos aquellos que puedan hacer algo para evitar este desastre.

No me resigno a pensar que lo único que nos queda es alzar la voz denunciando el desastre. El Estado democrático ha de tener contrapoderes democráticos que eviten que un hombre sin escrúpulos pueda tirar por la borda 30 años de construcción de nuestra democracia. ¿Qué más debe ocurrir para que el establishment político, mediático y económico reaccione? ¿Qué más debe ocurrir para que los que viven bien con este Gobierno, los que esperan a heredar, los que se benefician de sus subvenciones o de la publicidad institucional reaccionen? ¿Qué más debe ocurrir para que los que nos dan lecciones cada día de lo que tenemos que hacer los políticos, los que quieren marcar los tiempos y las pautas, los que levantan el teléfono para llamar a gobernantes extranjeros levanten la cabeza y alcen la voz?

No queda mucho tiempo. Sólo sé que si el egoísmo no nos deja ver, si el cálculo económico o partidario es más fuerte que el patriotismo constitucional, no habrá ni sobras que repartirse.

Rajoy apuesta por ocho reformas que generen confianza en la economía
 La Razón 22 Agosto 2010

Mariano Rajoy ha anunciado que lo "primero" que hará si llega a Moncloa será presentar un Plan Global al Congreso con 8 reformas que genere confianza en la economía y llevará a cabo una reforma laboral por "el empleo" porque la actual es la del "despido", reducirá gasto público y fijará un límite al endeudamiento.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que lo "primero" que hará cuando gobierne será presentar un "Plan Global" en las Cortes Generales que incluirá ocho grandes reformas que generen confianza y certidumbre en la economía española. Según Rajoy, la situación actual requiere un "cambio total" porque considera que no se puede estar mucho tiempo con un Gobierno "que no sabe lo que quiere hacer" y está continuamente dando "bandazos".

Entre las medidas de este Plan Global habrá: una reforma fiscal con bajada de impuestos del ahorrro y sociedades, al tiempo que apuesta por trabajar para que la "renta disponible" sea como la de Alemania o Francia; una reforma de la Justicia para que los asuntos no se "eternicen"; una laboral que será la del "empleo" y no la del "despido" como "la actual"; una política energética con un "mix" que incluya la energía nuclear y una reforma de la Educación con un sistema "mucho más exigente", que reduzca el "fracaso escolar" que en la actualidad es del 30 por ciento.

A estas se unirá la reducción del gasto público con una "reforma administrativa" de "acuerdo con todas las CCAA", para evitar que se reproduzca la estructura del Estado en 17 autonomías. "Porque no podemos gastar lo que estamos gastando, no somos ricos", exclamó. También fijará un límite de endeudamiento para todas las administraciones -Estado, CCAA y ayuntamientos- junto con un techo de gasto y prestará "atención" al sistema financiero porque, dijo, "ya hemos visto los problemas que se han generado" y "aún hoy el crédito sigue sin fluir a hacia quieres generan riqueza, bienestar y empleo".

"Lo primero que haré será presentar un Plan Global a las Cortes Generales, como ya hicimos en el año 1996", afirmó Mariano Rajoy en una entrevista en la que fue desgranando una a una las "prioridades".

Así, expuso que llevará a cabo una reforma fiscal que "fomente el ahorro y la inversión" y que "en un primer momento" tendría como objetivo "ayudar a quienes generan bienestar, riqueza y empleo". "Lo más urgente", dijo, es la reforma del Impuesto de Sociedades, para "bajar" este tributo a las pymes y adecuar los módulos a los trabajadores autónomos "también en su IRPF". A esto añade la "reforma del ahorro". En su opinión, la subida de este impuesto que ha llevado a cabo el Gobierno de Zapatero es "muy peligrosa" y "puede acabar generando problemas de cara al futuro".

También calificó de "tremendo error" la subida del IVA y se mostró a favor de rebajar el IVA de algunos sectores como el del turismo. Además, puso de manifiesto la paradoja de que uno de los "efectos" de la subida del IVA que entró en vigor el uno de julio ha sido "reducción de las ganancias de IVA en la compra de automóviles".

Equiparar impuestos; insulto a los españoles
En este punto, el presidente del PP quiso dejar claro que considera como un "insulto a los españoles" el planteamiento de subir los impuetos para ponerlos "a nivel europeo". En este sentido, argumentó que "los españoles son los terceros ciudadanos de la UE que hacen más esfuerzo fiscal" y explicó que tanto el impuesto de sociedades como el de la renta "son más altos que en el resto de países europeos".

Mariano Rajoy, recordó, sin embargo, que los españoles "tienen salarios mucho más bajos que otros países de la UE". Por ello, considera que lo que hay que hacer, "lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar para que España tenga una renta disponible como la que tienen Alemania, Francia o Italia, y no subir impuestos".

Su gobierno, dijo, también propondrá una reforma laboral "de acuerdo con las 71 enmiendas" que presentó el Grupo Popular en el Congreso a la reforma laboral que del Gobierno. "De las cuales no se nos ha aceptado ninguna", exclamó.

Según el dirigente popular, el Gobierno "no ha hecho una reforma laboral, ha hecho una reforma sobre el despido". "Nosotros queremos una reforma laboral sobre el empleo, son dos coas radicalmente diferentes", exclamó y argumentó que el Ejecutivo de Zapatero "no ha hecho nada por fomentar el empleo y lo único que se ha hecho" ha sido para "confundir más las cosas y generar más dificultades, problemas e inseguridad con el tema del despido".

En este sentido, Rajoy se mostró convencido de que el despido de 20 días por año trabajado, por el hecho de que la empresa tenga expectativa de pérdidas, será una cuestión que acabará "en los tribunales". En su opinión, no hay "claridad" en este asunto y es necesario que las "reglas del juego sean claras" para que tanto empresarios como trabajadores "sepan a qué atenerse". Se trata, dijo, de una reforma laboral que "no va a solucionar absolutamente nada y ue no ha contado con el apoyo de absolutamente nadie".

Mix energético
Una política energética con una mezcla de todas las energías será otra de las cuestiones que se incluyan en esa primera medida que adoptará Rajoy si llega a la Moncloa. En este sentido, quiso dejar claro que "sí" quiere que haya centrales nucleares porque, argumentó, "en este momento, buena parte de la energía en España viene de las centrales nucleares".

"Tiene que haber un 'mix energético', por tanto, las fuentes de energía tienen que ser todas", exclamó y aclaró que tendrán que formar parte de ese "mix" el carbón, los ciclos combinados, las energías renovables y la nuclear. "No podemos seguir con la dependencia energética que tenemos en este momento y con constantes subidas de la luz", apostilló.

Sobre este asunto, precisó que la negociación con el Gobierno sobre el pacto energético "va mal" porque, dijo, el Ejecutivo "es incapaz de entregar un documento en el que diga qué es lo que quiere hacer". "Desconocemos cuál es la posición del Gobierno en este asunto, como en tantos otros asuntos, porque en este asunto, como en tantos otros, cada día tiene una posición nueva", afirmó y remachó: "No se puede negociar con aquel que no sabe qué es lo que quiere hacer".

La reforma de la Justicia también formará parte de las prioridades porque "tiene una enorme influencia en la economía" y los asuntos no pueden eternizarse 'sine die'".

"Todo esto hay que presentarlo como un Plan Global en las Cortes Generales, tener una mayoría para llevarlo a cabo y dar seguridad, certidumbre y confianza a la gente", explicó el presidente del PP, quien se mostró convencido de que "así no se puede estar mucho tiempo".

"El Gobierno no planifica, este Gobierno se escapa, huye, cada día dice una cosa, si puede arreglar un problema lo arregla, aunque al día siguiente tenga que rectificar y generar otro problema diferente", criticó. En su opinión, el Ejecutivo da la sensación de "absoluta provisionalidad" y apuntó que se trata de un Gobierno que incluso "desconoce si sus miembros van a seguir o no, como ocurre con el caso de los ministros de Exteriores o Sanidad". La situación, concluyó, "requiere un cambio total".

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El «rescate» del Estatut
El Editorial La Razón 22 Agosto 2010

El debate político catalán, que se avivó con la sentencia del Tribunal Constitucional, ha irrumpido con fuerza antes incluso de que termine agosto y con la mayoría de los políticos sesteando sus últimos días de vacaciones. La iniciativa la han tomado el propio presidente Montilla, que recapitula sus exigencias y aspiraciones en una entrevista con LA RAZÓN; y el Gobierno, que ha aprobado este viernes una serie de medidas destinadas a «satisfacer las aspiraciones de Cataluña», en expresión de la vicepresidenta De la Vega.

Para tan elevado propósito, el Gobierno ha prometido reformar la Ley del Poder Judicial y convocar una comisión bilateral para aprobar en septiembre nuevos traspasos de competencias relativas a educación, representación en el exterior, Defensor del Pueblo y participación en instituciones del Estado. Ni que decir tiene que con tanto madrugar el Gobierno pretende que amanezca más temprano en el oscurecido ánimo de los socialistas catalanes, cuyas perspectivas electorales son muy negativas. Es comprensible que las demás fuerzas políticas hayan acogido con cierto escándalo estas decisiones electoralistas del Consejo de Ministros, pero no es lo que más debe preocupar al resto de los españoles.

La cuestión de fondo trasciende el «gesto político» en apoyo al PSC y afecta a la lealtad constitucional que deben observar los partidos, y el Gobierno a la cabeza de todos ellos. Dicho de otro modo, si lo que pretende el Consejo de Ministros es burlar la sentencia del Tribunal Constitucional mediante argucias legislativas y relecturas sesgadas, volverá a crujir la estructura del Estado y a dispararse la crispación nacional. Por eso, cabe esperar que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que como perito constitucional validó de forma temeraria el Estatut, haya aprendido la lección que le ha propinado el Alto Tribunal y no tropiece dos veces en la misma piedra. Así, no se alcanza a comprender cómo el Gobierno obrará el milagro de «rescatar» la parte judicial del Estatut cambiando solamente la Ley del Poder Judicial. Si el TC anuló el artículo 97 al completo no fue porque chocara con una ley orgánica, sino con la propia Constitución. De nada puede servir el maquillaje legislativo, pues lo ya sentenciado es inapelable, a saber: que sólo hay un órgano de gobierno de los jueces (el CGPJ), que el Consejo autonómico no puede realizar nombramientos ni permisos ni autorizaciones de jueces, y que las funciones disciplinarias, las inspecciones y los rescursos contra decisiones de gobierno interno son exclusivas del Estado.

Nada de todo esto, verdadero núcleo de las aspiraciones nacionalistas en materia judicial, podrá alterarse mediante una reforma de la ley, por más que se empeñe el ministro Caamaño o el Gobierno en pleno. No estará de más hacer un llamamiento a esa lealtad constitucional de la que tanto gustan alardear los dirigentes socialistas para que no abran otro capítulo condenado al fracaso y la frustración. Los catalanes, a los que tantas veces invocan en vano sus políticos, tienen necesidades más graves y urgentes que remendar un malhadado Estatut por la puerta de atrás.

El gobierno menguante
IGNACIO CAMACHO ABC 22 Agosto 2010

SI el régimen de Marruecos propicia un conflicto en Melilla contra los intereses españoles, el Gobierno de España primero niega el conflicto y luego se dedica a aplacar al que lo ha originado. Si el poder autonómico catalán provoca una tensión artificial contra la autoridad constitucional del Estado, el Gobierno que representa esa autoridad se apresura a darle la razón a quienes la cuestionan. Ése es el mensaje que ha recibido esta semana la opinión pública nacional de parte del Consejo de Ministros en su primera reunión tras las vacaciones que oficialmente no ha tomado. Dos crisis, dos problemas, dos cesiones: he ahí la teoría del apaciguamiento elevada a su máxima potencia práctica.

Primer problema: Melilla. Gana Marruecos, que es el que lo ha planteado. El Gobierno español prefiere tildar de desleal a la oposición por preocuparse de los melillenses y hacer lo que tenía que haber hecho algún ministro, que es viajar a interesarse por ellos. Silencio ominoso sobre la vejación a las mujeres policías, una subvención de un millón de euros para proyectos de cooperación y la concertación de dos visitas ministeriales (Interior y Exteriores)… a Rabat. Melilla ni sobrevolarla, no se vaya a enfadar el vecino quisquilloso. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Si durante dos años el presidente ha negado la existencia de una crisis económica mundial, cómo va a reconocerle tal rango al hostigamiento fronterizo de unos aleccionados activistas babucheros.

Segundo problema: Cataluña. Gana la Generalitat en su gimoteo victimista. La primera medida posvacacional del Gabinete consiste en encargar al ministro de Justicia que encuentre el modo de trocear el Poder Judicial para burlar la ya benévola sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. Ni una palabra oficial sobre el recurso de la Defensora del Pueblo a la ley autonómica que pretende imponer el catalán a los inmigrantes, entre otros recortes de derechos, y mucho menos sobre la infame acusación de parcialidad política lanzada por Montilla sobre la titular de un cargo institucional de imparcialidad obligada. Silencio asertivo, silencio culpable.

Y si ante este Gobierno menguante ganan siempre los que plantean problemas (salvo que se trate del PP, acusado universal de crearlos), está claro quién pierde. Pierden los intereses del conjunto de la nación, o de lo que va quedando de ella, preteridos en una amilanada política de concesiones y tráfico de favores. Pierde la España global a la que se supone que representa un poder elegido para defenderla. Y pierde, en última instancia, el propio Gobierno, cuyas competencias y autoridad se reducen en un pintoresco proceso de jibarización que propicia quien más perjudicado sale de él. La pregunta que queda en el aire ante esta complacencia autolimitadora es para qué ponen tanto ahínco en conservar el poder si sólo lo ejercen para reducirlo.

Diplomacia del appeasement
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 22 Agosto 2010

«YO no he visto nunca a un ex presidente de Gobierno —ha dicho don José Blanco a propósito de la visita de Aznar a Melilla— con ese comportamiento». Pues yo nunca he visto a un presidente de Gobierno prometer a una comunidad cuanto le pediese. Ni decir que el concepto de nación es discutido y discutible. Ni calificar de «accidente» un atentado terrorista con dos muertos. Ni llamar «desaceleración» a una crisis global. Ni, ni, ni, así podría seguir, enumerando barbaridades, frivolidades y deslealtades de nuestro presidente, hasta agotar el espacio del que dispongo.

Y lo peor de todo es que continúa en ellas. Ahí le tienen «poniendo en marcha el rescate de partes del Estatuto catalán anuladas por el Tribunal Constitucional», según portada de «El País». ¿Es así como se acepta una sentencia del más alto tribunal de la nación? ¿Es así como se gobierna, intentando revertir con decretos-ley una decisión que «laminaba el capítulo de un Poder Judicial catalán en el Estatuto», según el mismo periódico? Y todo por razones electorales, para insuflar aire a un tripartito presidido por socialistas, que ha hecho más por separar Cataluña de España que todos los gobiernos nacionalistas anteriores.

La cosa es todo menos banal. De tener Cataluña su propia Justicia, estén ustedes seguros de que no se hubiera prohibido el homenaje a una etarra convicta y confesa, planeado ayer en Barcelona. Pues ni el Gobierno, ni la Generalitat, ni el ayuntamiento, controlados por socialistas, habían hecho nada por evitarlo, habiendo tenido que ser un juez de la Audiencia Nacional, a solicitud de la asociación Dignidad y Justicia, quien lo haya hecho. Pero podemos despedirnos de ello si los planes del presidente se llevan a cabo. A no ser que esté engañando a sus propios compañeros, como ha hecho con todos, prometiendo lo que no piensa cumplir si llegada la hora de la verdad —las elecciones generales— no le conviene. Pero que sigue en su línea de deslealtades está a la vista.

«Gobernamos con diplomacia, lejos del ardor guerrero del PP», ha dicho la vicepresidencia primera, a propósito de la misma visita de Aznar a Melilla. Por lo visto, llama diplomacia a lo que Chamberlain llamaba «apaciguamiento» ante Hitler: ceder ante el agresor con la esperanza de calmarlo. Como se demostró tras Munich, el apaciguamiento no frena al agresor, al revés, le anima a pedir más. ¿Es también «diplomacia» haber concedido a los gibraltareños cuanto pedían, en vez de oponerse a su expansión por tierra, mar y aire españoles?

Claro que el gobierno Zapatero necesita todo su tiempo y energía para atacar a su verdadero y puede único enemigo: el PP.

Los tejemanejes de Rubalcaba para recompensar a los etarras "críticos"
 www.gaceta.es 22 Agosto 2010

Interior premia a decenas de terroristas con traslados de cárceles o beneficios .El debate interno de ETA-Batasuna se antoja clave. La estrategia gubernamental se divide en tres fases.

“Euskal Presoak, Euskal Herrira” (“Los presos de Euskal Herria, a Euskal Herria”). Ésta es la consigna, simple y reiterativa, que desde hace años vociferan y reclaman los miembros del entramado terrorista ETA-Batasuna en pancartas, pintadas y alocuciones de todo tipo. Así denuncian la política de dispersión de reclusos terroristas. Hoy, decenas de etarras están siendo premiados por el Gobierno, incluidos traslados de presos a cárceles vascas, con lo que ese lema se hace por fin realidad para ellos y sus allegados.

Ya hace dos años que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, prestidigitador abonado a tejemanejes y conspiraciones, puso en marcha una estrategia de premios y castigos a los reclusos de ETA y su entorno. Los etarras consiguen traslados a las cárceles colindantes o próximas al País Vasco. El precio que deben pagar es mostrar su alejamiento de los postulados de la banda asesina.

El Ejecutivo afirma querer “dividir y debilitar” a la banda utilizando a los reos. La lógica rubalcabiana sostiene que las deserciones de etarras, especialmente en el caso de históricos, dañan al entramado terrorista y consiguen un efecto de repetición, de forma que cada vez más proetarras deciden desvincularse de la apuesta por el terror.

El recorrido habitual de los presos etarras críticos diseñado por el Ministerio del Interior se divide en tres fases claramente diferenciadas. Primero, Instituciones Penitenciarias traslada a los terroristas desmarcados de la banda a cárceles cercanas al País Vasco. La vara de medir ese desmarque de ETA tiene en cuenta si los presos han denostado la “lucha armada” públicamente, si han sido expulsados de las listas de la organización terrorista y, sobre todo, si han dejado de seguir las directrices de la organización. Las prisiones a las que son trasladados son ya conocidas como laboratorios: Villabona (Asturias), Zuera (Zaragoza) e incluso Logroño. Una vez allí, los funcionarios, en colaboración con agentes de la lucha antiterrorista, miden el nivel de crítica a la banda por parte de los etarras y deciden su destino.

La segunda fase, a la que de momento sólo ha accedido una veintena de etarras, es el acercamiento a cárceles dentro del País Vasco, como Nanclares de Oca (Álava). Esta prisión es el eje sobre el que ahora mismo gira esta estrategia de Interior. Hoy, allí duermen 19 terroristas (según Rubalcaba, ex terroristas). Y la tercera fase es la de los beneficios penitenciarios propiamente dichos, que consisten, por ejemplo, en salir a la calle. Al menos nueve etarras gozan ya de beneficios.

A finales del pasado julio, el diario El País publicó los beneficios concretos que están recibiendo los etarras recluidos en Nanclares de Oca. El revuelo fue de los que hacen historia, con críticas furibundas por parte de la oposición y de todas las asociaciones de víctimas, así como de los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el penal de Álava nueve terroristas están siendo beneficiados. Se trata de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, Kepa Pikabea, Iñaki Rekarte, Jorge Uruñuela, Andoni Muñoz de Vivar, José María Fernández Pérez de Nanclares, Andoni Alza, Fernando Luis de Astarloa y Luis María Lizarralde. Varios de ellos ya pueden salir a la calle, con permisos de 36 días al año. Entre todos, son responsables de al menos 38 asesinatos y sus condenas suman 785 años de reclusión, de los que sólo han cumplido 148.

Para obtener beneficios, los etarras han suscrito declaraciones en las que dicen renunciar a la violencia de ETA y en las que muestran su arrepentimiento e, incluso, el perdón a las víctimas. LA GACETA reveló en exclusiva el contenido de dos de esas cartas, que no ocupan más de dos párrafos y que están plagadas de eufemismos para soslayar una condena a la violencia sin ambages.
Historiales

Pero los nueve beneficiados no son los únicos etarras enrejados en Nanclares de Oca. Otros 10 reclusos de ETA o su entorno pernoctan allí. Entre ellos están, por ejemplo, Idoia López Riaño, La Tigresa, responsable de 23 asesinatos, los dirigentes etarras José Luis Urrusolo Sistiaga y Carmen Guisasola, el asesino de Hipercor Rafael Caride Simón o el terrorista Josu García Corporales. Esta decena de individuos aspira ahora a obtener beneficios, como sus nueve compañeros de postulados y de barrotes. En total, los 19 etarras de Nanclares acumulan penas por la friolera de más de 4.500 años de cárcel.

El caso de la prisión de Álava es el más presente en el debate público, quizás porque es el más sangrante. No es el único. Como se ha dicho, los premios de Rubalcaba se inician cuando Instituciones Penitenciarias traslada a los etarras a cárceles colindantes al País Vasco o Navarra.

En la cárcel zaragozana de Zuera hay ahora mismo 25 reclusos de ETA y su entorno. Algunos de los últimos en llegar fueron Iñaki Etxeberria Martín, Mortadelo –procedente de Castelló Albocàsser–, condenado a 457 años de cárcel, e Iñaki Bilbao Beaskoetxea, Iñaki de Lemona.
A la prisión asturiana de Villabona no paran de llegar etarras presuntamente desvinculados de las tesis terroristas. Sólo entre abril y junio, aterrizaron allí seis terroristas. A ellos hay que sumar otros 17 más que ya se encontraban allí. Y también está en esa prisión el asesino Valentín Lasarte, expulsado de la banda asesina por sus críticas.

Como ha denunciado LA GACETA, dos de los próximos etarras en viajar hasta Nanclares de Oca podrían ser Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, y Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros. Ambos se encuentran en la cárcel de Zuera a la espera de ser acercados a la prisión alavesa, trampolín para obtener beneficios penitenciarios en el futuro.
Jefes ‘militares’

Pakito y Santi Potros tienen en común haber sido jefes de la rama militar de ETA a finales de los años ochenta, en la época donde la banda cometió algunos de sus atentados más salvajes. Pakito era el número uno, mientras que Santi Potros y José Antonio Urruticoechea Bengoechea, Josu Ternera, eran sus lugartenientes más cercanos. Los tres idearon y ordenaron masacres como el atentado contra el Hipercor de Barcelona, en el que murieron 21 inocentes, o el atentado contra la madrileña Plaza de la República Dominicana, donde perdieron la vida 12 personas.

En ambos casos, se da la circunstancia de que los etarras todavía siguen incluidos en el listado del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). Algunos expertos sostienen que estar en ese listado no es sinónimo de pertenecer a ETA, pero otros lo niegan. En el caso de Pakito hay una paradoja cuando menos llamativa. Fue él mismo quien ordenó en 1986 que se asesinase a la etarra María Dolores González Catarain, Yoyes, para frenar el camino de la reinserción de otros etarras.

Todos los movimientos de etarras que está llevando a cabo Interior están directamente relacionados con el presunto debate interno del entramado terrorista. Se supone, según el Ejecutivo y algunas fuentes de la lucha antiterrorista, que existe una importante división entre los posibilistas y los duros de ETA-Batasuna. Como ya ha ido informando este diario, el primer sector aboga por las “vías políticas” para articular un nuevo “proceso democrático” que desemboque en el manido “derecho de autodeterminación” del “pueblo vasco”, es decir, la independencia. Mientras, el segundo sector apuesta por el manual más utilizado por ETA: colocar bombas y causar el mayor número posible de víctimas para forzar al Gobierno de turno a sentarse en una mesa de negociación. Los objetivos son los mismos. Cambian los medios, por razones estratégicas.

Los líderes del sector pragmático son tres: Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga y Rufino Etxebarría. Son ellos los que hacen proselitismo de sus tesis “políticas” entre el resto de militantes de la causa. Este grupo tiene a su favor a la enorme mayoría del brazo político de ETA, Batasuna, y gana peso poco a poco en las cárceles, gracias, en buena medida, al desencanto de muchos presos veteranos, hartos de su estancia en la prisión y desesperanzados tras la ruptura de facto del proceso de paz con la bomba de la Terminal 4 de Barajas, en 2006.

Etxebarría está libre de cargos. Díez Usabiaga goza de libertad bajo fianza gracias a la última decisión que tomó en la Audiencia Nacional el juez Baltasar Garzón antes de ser suspendido.
Mientras, Otegi, que hace frente a varias condenas y que espera juicios por otras causas, encabeza este sector desde la cárcel de Logroño. Y está allí gracias a una inexplicada (acaso también inexplicable) concesión del Ministerio que dirige Rubalcaba, a través de Instituciones Penitenciarias. El pasado abril, Otegi estaba en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Recibió un permiso de tres días para acudir a Martutene (San Sebastián) porque su padre enfermó de gravedad. Veinte días más tarde, Interior decidió que Otegi fuera trasladado. Pero en vez de volver a la prisión madrileña, desembocó en la prisión de Logroño. Sólo Rubalcaba sabe por qué.
Los abogados

Abona las intenciones de Interior un hecho inaudito: la detención de abogados de ETA. Durante años, el aparato jurídico de la banda fue intocable. Los miembros de la lucha antiterrorista siempre han sabido que los letrados se encargaban de imponer la disciplina en el frente de makos, es decir, entre los presos. Esa labor era muy complicada de denunciar y, sobre todo, de abortar.

Sin embargo, el pasado abril esta estructura que parecía impune fue desmantelada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 10 abogados fueron arrestados. Tres de ellos desarrollaban las labores más importantes y formaban parte del núcleo duro de ETA: Arantza Zulueta, Iker Sarriegi y Jon Emparantza.

Con estos letrados en la cárcel, el camino queda allanado para que Rubalcaba siga maniobrando. Afirma que para “derrotar” a la banda terrorista ETA, pero con sus antecedentes, resulta difícil creerle.

De bobos y desleales
M. MARTÍN FERRAND ABC 22 Agosto 2010

EL último Consejo de Ministros, extemporáneo y hueco, sirve para demostrar la obsesión electorera que preside el ánimo de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, el exiguo contenido de la reunión de rabadanes se centró en el innoble propósito de colaborar con José Montilla en una «operación rescate» para que el Estatut vuelva a ser el que aprobó el Parlament y sancionaron las Cortes en olvido, o rebeldía, de las precisiones dictadas por el Tribunal Constitucional. Eso sí que es deslealtad y no la que le atribuyen a José María Aznar. Deslealtad a la Constitución, al Tribunal que la interpreta y, sobre todo, a los españoles que la respaldamos y que, a falta de otra mejor, la aceptamos como buena para organizar la convivencia democrática que algunos tratan de impedir.

No ha provocado el suficiente escándalo, el que merece, el hecho de que todo un presidente autonómico, representante del Estado en su territorio, descalifique a la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, por su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acogida de Inmigrantes, otro de los desaguisados legislativos del Parlament. La Defensora, según Montilla, debiera abstenerse porque, en su día, fue diputada del PP. Eso no es confundir el tocino con la velocidad, error gravísimo entre cocineros y ciclistas, sino imponer la exclusión militante en la vida democrática, algo totalmente descalificador en un gobernante. El error de Montilla no es personal, como el que tiene una verruga. Se trata de algo compartido y generalizado entre los integrantes de su Govern. Joseph Huguet, consejero de Innovación (?) y notable de ERC, ante el recurso de la Defensora, le llamó falangista a Enrique Múgica que ya no es Defensor —¡hay que leer los periódicos, Huguet!— y que, por sus hechos y sus dichos, está tan lejos de Falange como su ofensor de la inteligencia.

Esa tropa que gobierna en Cataluña le resulta imprescindible a Zapatero para poder seguir en el machito y de ahí las cesiones de soberanía que se encierran tras el último Consejo para engordar, contra la razón y el derecho, el Estatut que terminará por arruinar a Cataluña después de haberla privado de muchos de sus numerosos encantos.

Por el momento, el titular de Justicia, el obediente Francisco Caamaño, ya ha sido encargado de preparar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, contra el TC y la mismísima Constitución, parcelar la unidad jurisdiccional del Estado y conseguir, por ejemplo, que, en Cataluña, sin salir de casa, puedan casar las sentencias que les resulten incómodas mientras se contemplan el ombligo.

Según un informe de Mikel Buesa
ETA recauda unos 3,1 millones en lo que va de año

La organización terrorista ha intensificado la presión sobre los empresarios en el primer semestre
EP / MADRID La Opinión 22 Agosto 2010

La organización terrorista ETA ha intensificado la presión sobre los empresarios en el primer semestre de 2010, algo que contrasta sin embargo con el fuerte descenso de atentados terroristas, según un informe elaborado por el catedrático de la Universidad Complutense Mikel Buesa, quien ha realizado un cálculo estimado de la recaudación de los terroristas y la sitúa en 3,1 millones de euros en el primer semestre de este año.

El estudio, al que ha tenido acceso Europa Press, constata que la extorsión terrorista es "el flanco más débil de la política antiterrorista española", dado que se sitúa como la "excepción" al descenso de la capacidad de ETA para "movilizar recursos con los que cometer actos terroristas".

sta forma de chantaje a los empresarios vascos y navarros experimentó un fuerte descenso (un 32 por ciento) a lo largo de todo 2009, ejercicio en el que los terroristas recaudaron unos 3,5 millones de euros, según las estimaciones del citado estudio, ya que en el ejercicio precedente, en 2008, la estimación sitúa la recaudación en 5,1 millones de euros.

Sin embargo, esta tendencia de descenso no ha seguido la misma línea durante los primeros meses del presente año, cuando se estima que el potencial recaudador ha ascendido hasta un 12 por ciento hasta junio, lo que arrojaría un saldo recaudatorio estimado de 3,1 millones de euros en los seis primeros meses del año.

A juicio del autor del estudio, este fenómeno puede deberse a la disminución de otras vías de financiación de la banda, como las subvenciones que recibían organizaciones vinculadas a ETA de las administraciones públicas vascas. Por ello "ha sido perentorio para la banda terrorista sostener su aparto de extorsión", apostilla el estudio.

No obstante, en este documento también se admite que la represión del terrorismo aún no ha alcanzado "de manera significativa" a la financiación de ETA. "Se revela una vez más que este (la extorsión de la banda terrorista) es el flanco más débil de la política antiterrorista española", concluye.

Sin embargo, esta lucha antiterrorista, junto a otros factores, sí que ha impedido a la banda cometer atentados. En 2010, el único acto terrorista fue el que acabó con la vida del gendarme francés Jean-Serve Nerine el 17 de marzo en un tiroteo entre las fuerzas de seguridad y un grupo de etarras y, en estos primeros seis meses, no hubo ningún herido por terrorismo ni damnificados por daños materiales.

'Kale borroka' contra objetivos económicos
Por su parte, los actos de 'kale borroka' también han registrado un fuerte descenso en el primer semestre del año, cuando sólo en el mes de abril hubo un repunte con sabotajes a estaciones ferroviarias. A juicio del autor del estudio, ex presidente del Foro de Ermua, para el debilitamiento de la organización terrorista en este terreno "no ha sido ajena la efectividad policial en la persecución de estos delitos".

Los actos de violencia callejera que se produjeron en el primer semestre del año estuvieron centrados en objetivos de carácter económico y, en el caso de las estaciones ferroviarias, se conjugan con la campaña contra el tren de alta velocidad. "También han adquirido cierto relieve los desórdenes públicos que se plasman en ataques a instalaciones públicas o manifestaciones ilegales o acciones de enaltecimiento del terrorismo", reconoce el informe. El citado informe se ciñe al primer semestre y no recoge los últimos ataques que se han producido, un total de siete en las últimas dos semanas.

En cuanto a las detenciones, Buesa sostiene que "los resultados de la actividad policial no guardan una relación inmediata con los atentados terroristas", sino que tienen un marcado perfil cíclico dado que las investigaciones policiales requieren mucho tiempo de trabajo.

Presión policial
Por ello, considera lógico que pese a la disminución de la actividad terrorista el último año, las detenciones de militantes de ETA se hayan mantenido en un nivel parejo al de años anteriores. Según establece, estas detenciones están reduciendo "sustancialmente" la capacidad operativa de ETA, que está teniendo "grandes dificultades para desarrollar su actividad violenta".

Buesa también da una explicación de esta situación en "términos económicos" al afirmar que "la presión policial sobre ETA ha hecho cada día más costosos los atentados, de manera que, el irse limitando los recursos humanos -y también los financieros- de que dispone esta organización, se ha visto abocada a reducir su número".

Cataluña
‘Subespecie’ y ‘subgénero’, nuevo dogma nacionalista
Juristas, políticos y periodistas atribuyen a la sentencia sobre el Estatuto términos que no utiliza.
Redacción LA VOZ DE BARCELONA 22 Agosto 2010

Es habitual que una cita textual de una declaración o de un escrito acabe convirtiéndose en un referente al que se invoca con frecuencia en el futuro. El problema es cuando el sintagma original se va modificando con el paso del tiempo pero se mantiene el entrecomillado, adoptando formas más hirientes o peyorativas que llegan de forma generalizada a la opinión pública.

Uno de los últimos ejemplos más evidentes de estas situaciones se circunscribe a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En concreto, cuando en el fundamento jurídico número 11, la sentencia interpreta que el Estatuto califica ‘como catalanes a los ciudadanos españoles vecinos de Cataluña, de lo que con claridad se desprende que la ciudadanía catalana no es sino una especie del género “ciudadanía española”, a la que no puede ontológicamente contradecir’.

Eugeni Gay inicia el bulo
El uso de los términos especie y género es frecuente en los textos jurídicos para distinguir entre la parte y el todo, que es como se utiliza en este caso. De hecho, la propia sentencia vuelve a utilizarlos cuando señala ‘una especie del género común’ al tratar las leyes orgánicas; ‘especie del género institucional consultivo’ al hablar del Consejo de Garantías Estatutarias; ‘especie Administración central’ en contraste con ‘el género’ Administración; o cuando cita otra sentencia del propio TC que indicaba que ‘el referéndum es una especie del género consulta popular’.

Sin embargo, y a pesar de que en la sentencia no aparecen los términos especie o género -o sus derivados- en más ocasiones, diferentes políticos, periodistas o, incluso uno de los magistrados del TC, han alterado la literalidad de la sentencia para poder, así, fundamentar con más fuerza lo que consideran un ataque a la identidad de Cataluña.

El caso más sangrante, sin duda, es el del magistrado progresista del Alto Tribunal Eugeni Gay, elegido a propuesta de CiU, quien, en su voto particular de discrepancia, indica que la sentencia define a los ciudadanos de Cataluña como ‘subespecie del género ciudadanía española’, algo radicalmente falso.

Los periodistas Company y Noguer
A partir de ahí, se inicia la bola de nieve. El periodista de El País Enric Company, el 13 de julio, apuntaba que ‘el Tribunal Constitucional dijo no conocer otra nación que la España de matriz castellana, de la que con gran esfuerzo de generosidad concedió que los catalanes podían ser, si se empeñaban, una especie. Aunque, en realidad, la lectura del párrafo más bien parece sugerir que se trataría de una subespecie o infraespecie’.

Y Miquel Noguer, el mismo día y en el mismo diario, consideraba como propia del TC la frase ‘la ciudadanía catalana es una especie de subgénero‘, reinterpretando así la realidad.

La ‘subespecie’ de Ridao y Herrera
Al día siguiente, durante el debate sobre el estado de la Nación, el secretario general de ERC y portavoz del grupo independentista en el Congreso, Joan Ridao, recogía el testigo y aseguraba que en la sentencia sobre el Estatuto “se nos dice a los catalanes que somos poco menos que una subespecie de ciudadanos y que no hay otra nación que la matriz castellana”.

Joan Herrera, secretario general de ICV y candidato de la coalición a la presidencia de la Generalidad de Cataluña, tampoco dejó pasar la oportunidad y, en el mismo debate, manifestó que “estamos hartos de órganos como el TC que con una sentencia más política que jurídica ha mespreciado a un pueblo, su voluntad de ser y de gobernar y que ha calificado a la ciudadanía catalana como una subespecie que no tiene derecho ni a tan solo considerarse como lo que es”.

El ‘subgénero’ de González, Chacón y Bassas
Y, así, llegamos hasta el famoso artículo del pasado 26 de julio firmado al alimón por el ex presidente del Gobierno Felipe González y por la ministra de Defensa, Carme Chacón. En él, para criticar al TC por su sentencia sobre el Estatuto, certificaron que aquel ‘usa expresiones ofensivas: ciudadanía catalana como “una especie de subgénero de la ciudadanía española”‘. Falso, nuevamente.

Y si González y Chacón lo dicen, los grandes comunicadores del establishment catalán no se pueden quedar atrás. Como le ocurrió a Antoni Bassas, corresponsal de TV3 en Washington y, durante más de una década, líder de audiencia radiofónica matutina desde Catalunya Ràdio. En el debate Fòrum Públic, celebrado en Barcelona el pasado 27 de julio, recibió las reprimendas del catedrático Francesc de Carreras (vídeo: masianelles.blogspot.com) por poner en boca del TC una expresión que este no había dicho, en referencia a la supuesta definición de ciudadanía catalana como “una especie de subgénero de la ciudadanía española”.

Los radicales colocan un artefacto incendiario ante la casa de un hombre al que acusaron de colaboración con la Ertzaintza en un caso de violencia callejera
 BILBAO. EL CORREO. 22 Agosto 2010

La kale borroka, que durante dos semanas ha causado destrozos en contenedores de basura y vehículos en distintos puntos de Euskadi, dio ayer un salto cualitativo y atacó directamente la vivienda de un vecino de Bilbao, al que luego acusó de «chivato». Los hechos ocurrieron de madrugada en un inmueble del barrio de Altamira, donde los radicales hicieron explotar un artefacto incendiario que provocó escasos daños materiales en el domicilio.

Cuando la Ertzaintza acudió al lugar encontró en el rellano de la escalera una serie de panfletos con la palabra «chivato» y el dibujo de una diana, según informó el Departamento de Interior. La consejería asocia este ataque al hecho de que la víctima ya había sido acosada anteriormente por la izquierda radical, que le acusa de haber colaborado con la Policía autónoma en la detención de dos jóvenes que protagonizaron un acto de violencia callejera en 1995.

Los hechos se remontan al 26 de septiembre de aquel año, cuando, con motivo de la celebración del 'Gudari Eguna', una decena de encapuchados incendiaron un autobús en Altamira, causando importantes daños, que entonces fueron valorados en 25 millones de las antiguas pesetas. La colaboración de varios vecinos permitió que la Policía Municipal arrestara minutos después a dos mujeres, acusadas de participar en dicho ataque. La Audiencia Provincial de Vizcaya condenaría en 1996 a las detenidas a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel.

Seis vecinos que presenciaron la quema del autobús declararon ocultos por un biombo en el juicio que se celebró contra las dos acusadas. El tribunal consideró fundamental mantener en secreto la identidad de los testigos para impedir que sufrieran amenazas o agresiones por parte de la izquierda radical, en aplicación de la Ley de Protección de Testigos, que hasta entonces no había sido empleada en los procesos seguidos en el territorio histórico.

Se da la circunstancia de que el ataque sufrido ayer por el vecino de Altamira no es el primero. En septiembre de 1997, varios desconocidos incendiaron su furgoneta. En una demostración más de violencia radical, los atacantes asumieron posteriormente esta acción y aseguraron que no pararían «hasta echarlo de Euskal Herria».

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, expresó ayer en nombre del Gobierno vasco su solidaridad con el vecino agredido y condenó «de manera rotunda» este nuevo episodio de kale borroka, que atribuyó al «entorno de ETA» y calificó como un «acto de venganza» y una «actitud de presión y de chantaje» hacia la víctima. «Esto evidencia una vez más la naturaleza fascista de este mundo y de sus integrantes, que no dudan incluso en utilizar prácticas mafiosas para tratar de amordazar a la sociedad», censuró. «Un objetivo -añadió Ares- que no van a conseguir».

Precisamente un día antes, los radicales se cebaron también en Bilbao, donde, en vísperas de la Aste Nagusia iniciada ayer, provocaron daños en una docena de coches tras incendiar ocho contedores de basura. Con éste son ya una decena los actos de kale borroka ocurridos en dos semanas.
 

Recortes de Prensa   Página Inicial