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Recortes de Prensa   Martes 24 Agosto  2010

 

La nariz del Constitucional
José Luis REQUERO La Razón 24 Agosto 2010

Supongo que la causa será la sequía de noticias propia del estío informativo. Entre inundaciones asiáticas, Melilla, el fantasmón de la subida de impuestos, infraestructuras de quita y pon, las primarias madrileñas y otras especies veraniegas, esa sequía explica que sea noticiable la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Violencia de Género. No dice nada nuevo y se limita a repetir lo que dijo hace dos años a favor de esa ley.

No quiero amargarle lo que queda de vacaciones, ni por asomo anticipar el síndrome posvacacional, pero le propongo algo de gimnasia: hay que desentumecer los músculos de la memoria. Estamos en 2004. Tras la retirada de Irak –primera gran medida del nuevo Gobierno–, la segunda iniciativa de impacto fue el proyecto de ley de Violencia de Género. Era su «ley estrella». Yo entonces era miembro del Consejo General del Poder Judicial y como se sabe –y si no, no se preocupe, se lo digo yo– una de sus funciones es informar ciertas iniciativas legales del Gobierno. Una de ellas era ésta. Total, que nuestro Consejo recibía a porta gayola al primer gran proyecto de ley del nuevo Gobierno.

Salió el toro y la faena que hicimos fue memorable. La palabra que más empleó la Prensa fue la de «varapalo»: que si varapalo al Gobierno, que si varapalo a la Ley de Violencia de Género, etc. Así varias semanas. La crítica fue contundente, cierto, pero sólo jurídica. Tanto escoció que la mañana que debatíamos aquel informe fue la segunda vez que por SMS y tras los aciagos 12 y 13 de marzo de 2004, se convocaba «espontáneamente» una concentración antisistema, esta vez ante el Consejo y esta vez por feministas radicales. El informe lo redactamos mi compañero Adolfo Prego y servidor. Las pancartas y los berridos de la calle daban fe del respeto hacia las instituciones y hacia nuestras personas. Desde luego que aquél era un Consejo poco dado a la vida muelle; el tiempo lo confirma.

En las críticas coincidió el Consejo de Estado, y algunas las asumió de tapadillo hasta el mismísimo Gobierno. El Parlamento aprobó la ley –¡por unanimidad!– pero, como nosotros, todo el que se aproximaba a ella dudaba de su constitucionalidad. Centenares de jueces la llevaron al Tribunal Constitucional y de ahí proceden esas sentencias que la declaran constitucional, una de ellas es la de este verano.

Lo discutido es sólo un aspecto: si es discriminatorio que se castigue con más intensidad al hombre cuando agrede a una mujer por razones de género. La solución que da el Tribunal es sencilla pero dice mucho de su «estilo juzgador». Es el mismo estilo que ha mostrado con el Estatuto catalán y que inauguró con otras leyes como la del aborto de 1985, lo que hace presagiar que seguirá fiel al mismo cuando se trate de la nueva Ley del Aborto, «matrimonios» homosexuales o Educación para la Ciudadanía. ¿Cuál es ese estilo? Pegar la nariz al muro y no ver más que un ladrillo. Si se molestase en dar unos pasos atrás, quizás más que el ladrillo viese un edificio: no un Estatuto, sino una reforma constitucional fraudulenta; no el tratamiento penal de la mujer embarazada que aborta, sino un holocausto.

Para el Tribunal esa agravación penal es una libre opción política basada en el mayor reproche social que tiene la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. No le discrimina y que se base en la noción de «violencia de género» no impide inaplicar esa norma si la agresión no obedece al deseo de dominación del hombre sobre la mujer. Y poco más. Una buena sentencia para una nariz pegada a un muro. El caso es que no ha sabido –o no ha querido– enterarse de qué tiene ante sí.

De haberlo hecho quizás hubiera advertido no una ley fruto de la preocupación por la creciente violencia doméstica, sino una ley que inicia una gran empresa ideológica: inyectar en el torrente circulatorio del ordenamiento legislativo dosis masivas de ideología de género, de feminismo radical. Junto con las normas inspiradas en el nacionalismo, las inspiradas en la ideología de género forman parte de un cosmos totalitario. En este caso se impone una visión antropológicamente falsa, mendaz, de las relaciones entre hombre y mujer, y sobre una mentira mal se legisla, peor se juzga y se causa mucho daño.

La ley de Violencia de Género impone el prejuicio ideológico que el feminismo radical tiene de tal violencia, y desde la misma diseña todo: beneficios laborales, sociales y una nueva organización judicial, pues crea juzgados, les atribuye competencias, diseña procedimientos y todo exclusivamente para imponer ese prejuicio ideológico. Lo grave no es que discrimine al hombre, lo grave es que el Tribunal puede facilitar la vuelta a Mezger, a Edmundo Mezger. No lo digo yo sino el Voto particular de un magistrado que discrepa de esa sentencia. ¿Que quién es Mezger? No es un jugador de la Bundesliga: es el teórico del Derecho Penal de autor, uno de los pilares de la ideología nazi. Y la nariz bien pegadita al muro.

Dos modelos frente a frente
Editorial www.gaceta.es 24 Agosto 2010

No ha comenzado el curso político, pero el aperitivo ya ha deparado al ciudadano dos modelos muy diferentes de gestión de los asuntos públicos.

El modelo de la incertidumbre; y el modelo de la contención del gasto y el estímulo del ahorro y la inversión. Del primero hemos tenido una muestra con la pelea de gallos Salgado-Blanco; del segundo, el Plan Global para salir de la crisis anunciado por Mariano Rajoy.

El modelo socialista está marcado por la incoherencia. Con ellos nadie se aclara sobre su política fiscal (primero, bajar los impuestos es de izquierdas, pero a los cinco minutos Blanco anuncia la mayor subida en 15 años). También era de izquierdas no tocar los derechos sociales, pero en mayo cambiaron bruscamente las tornas con el pensionazo. En tanto que con el plan de Rajoy, el ciudadano sabe perfectamente a qué atenerse, porque responde básicamente al guión que permitió a los Gobiernos del PP sanear la economía en 1996, y conducir a España por la senda de la prosperidad.

Es imposible encarar la crisis sin meter en cintura el gasto público, y a ese propósito responde la reforma administrativa propuesta por Rajoy, para evitar que se multiplique por 17 autonomías la onerosa estructura del Estado. “No somos ricos”, apostilla en alusión al derroche público con ejércitos de asesores o incluso ministerios perfectamente superfluos. También propone fijar un límite de endeudamiento para todas las Administraciones. En la presentación de su hoja de ruta a los empresarios, Rajoy tuvo una idea especialmente innovadora: llevar a la Constitución la obligación de estabilidad presupuestaria, una forma de garantizar la cultura de la responsabilidad en el gasto.

Paralelamente, el PP apuesta por estimular la economía, aliviando la presión fiscal, mediante la reducción del impuesto de sociedades a las pymes, y el IRPF y los módulos a los autónomos. La idea es ayudar a “quienes generan bienestar, riqueza y empleo”, en lugar de castigar a quien ahorra e invierte o de hacer experimentos con gaseosa como la subida del IVA, que Rajoy calificó de “tremendo error”. Y en materia laboral, el PP sostiene que la reforma debe ser del “empleo” y no del “despido” como la actual y exige que las reglas del juego sean claras.

Completa el plan un pacto energético, que apuesta por la combinación de fuentes; la reforma del sistema financiero; y la del sistema judicial, asunto nada baladí, dada la inseguridad jurídica que puede generar que se eternicen las causas. Y comoquiera que el futuro económico queda hipotecado sin la apuesta por la formación, Rajoy incluye la reforma educativa, con un modelo que no se limite a reducir el escandaloso fracaso escolar (30%), sino que recupere la excelencia. También en este punto es coherente el PP que, estando en el Gobierno, apostó por el mérito y el esfuerzo en la LOCE, y que, en la oposición, no cayó en el pacto-trampa propuesto por Gabilondo.

Nos encontramos ante un plan regido por la coherencia y el sentido común, y avalado por el excelente resultado que reformas de este jaez dieron antes de la llegada de Zapatero. Nada que ver con el caos permanente de un Gobierno desnortado que comenzó faltando a la evidencia al negar la crisis y que continúa dando palos de ciego. “Estamos más preparados que nadie para afrontar la crisis” dijo Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación. Consciente de que el Gobierno de las contradicciones ya no da más de sí, ofrece su alternativa económica. Los españoles no tienen más que extraer sus propias conclusiones

La sentencia sobre el Estatuto y la arbitrariedad
José Manuel Otero Lastres La Voz 24 Agosto 2010

un recurso de inconstitucionalidad de una norma jurídica ante el Tribunal Constitucional se inicia un proceso en el que se pone en juego el Estado democrático de derecho, del que resultará una sentencia que resolverá el conflicto planteado y que concluirá cuando tal sentencia se cumpla. De tal suerte que el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, además de resolver el conflicto jurídico planteado, supone también restablecer la paz política alterada y dejar muy claro que todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley.

Se comprende, por ello, que el propio Tribunal Constitucional español haya llegado a afirmar en una antigua resolución de 1984 (STC 64/1984) que el incumplimiento de una sentencia por parte de los poderes públicos supone un grave atentado contra el Estado de derecho. Y es que en el estricto cumplimiento de la sentencia no solo está en juego el derecho subjetivo del vencedor en juicio, sino también una cuestión de capital importancia para la efectividad del «Estado democrático de derecho» que proclama la Constitución.

Por eso, si en algo tiene que mostrarse verdaderamente inflexible todo demócrata es en que se cumplan las sentencias de los tribunales, y, por encima de todas ellas, las del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de nuestra Carta Magna. Porque por muy laxo que se pueda ser a la hora de calificar a alguien como demócrata, no parece que deba reconocérsele tal condición al que lleve a cabo actos que supongan -y son palabras del Tribunal Constitucional- «un grave atentado al Estado de derecho».

Con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, se podía opinar libremente sobre si este texto normativo respetaba o no la Constitución. No eran más que juicios de particulares con mayor o menor relevancia pública sobre algo que era todavía opinable. Pero dictada la sentencia, ha quedado fijado definitivamente lo que el Estatuto contenía de inconstitucional. A partir de ahí, lo mejor para el Estado democrático de derecho sería que nuestros gobernantes dieran ejemplo público de acatar las sentencias, por muy desfavorables que pudieran ser para sus intereses partidistas.

Que se sostenga ahora que no hay ninguna vía constitucional para conceder a Cataluña unas competencias que tal y como figuraban en el Estatuto eran inconstitucionales, es en este momento una opinión. Pero si esto es cierto, también lo es que poner en marcha actuaciones que parecen significar que no se acata lo resuelto por el Tribunal Constitucional supone tanto como enviar el mensaje de que el poder político puede, cuando le conviene, bordear lo dictado por el genuino intérprete de la Constitución. Y este recado sí que me parece peligroso, porque minusvalora la función de dicho tribunal, y, sobre todo, porque podría adentrarnos en la indeseable y denostada arbitrariedad, propia de otros regímenes políticos.

Un nuevo coco
Maite Nolla www.gaceta.es 24 Agosto 2010

La Defensora del Pueblo desata la ira del tripartito al impugnar la ley de inmigración.

Dijo Tomás Gómez en su patética intervención del sábado en La Noria, que Esperanza Aguirre había enfrentado a Madrid con Cataluña y con el País Vasco. Eso, además de ser una mentira propia del manual de campaña, demuestra que el personaje no acaba de entender la naturaleza del nacionalismo, incluida la de Duran i Lleida.

El nacionalismo necesita de los agravios para poder reivindicar sus privilegios, y en el caso de que no existan agravios se inventan. De hecho, el catedrático Francesc de Carreras siempre recuerda que el proyecto de Estatuto de Cataluña nació para provocar el enfrentamiento con un probable Gobierno del PP. El Parlamento autonómico iba a aprobar un texto ultramontano y el PP se iba a oponer. Los atentados del 11 de marzo y la llegada al poder de Zapatero cambiaron el cuento.

El caso es que pasado el furor contra la sentencia del Constitucional, los nacionalistas han encontrado en la señora Cava de Llano el nuevo coco anticatalán al que se puede insultar. El Gobierno autonómico parcelado que tenemos en Cataluña ha aprobado una especie de ley de inmigración que, como otras treinta más, aproximadamente, resulta inconstitucional vista la sentencia del estatuto. La Defensora del Pueblo ha decidido impugnar la norma, desatando la ira tripartita.

Cierto es que Puigcercós y Huguet tardaron varios días en darse cuenta de que Enrique Múgica ya no ostentaba el cargo, lo que añade a la grosería la ignorancia. Falangista es lo más suave que le han llamado. Pero lo nuevo de este caso no es que Montilla o los de ERC procedan como de costumbre, sino que la vilipendiada ha optado por el camino contrario al que se toma habitualmente y haya decidido defenderse, defender a la institución a la que representa, defender la Constitución y sostener su propia decisión. Por desgracia, oír decir a un político que “de pequeñita me enseñaron que las decisiones de los jueces están para cumplirse”, no deja de ser emocionante, pero por extraño.

*Maite Nolla es abogada.

¿Por qué el PSC es nacionalista? (III)
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.es 24 Agosto 2010

El 19 de julio de 1936, en Cataluña, el proletariado se hizo con el poder efectivo, porque fue capaz de detener el golpe militar. En Cataluña, el poder nominal continuó siendo de la Generalitat y de la República, pero en realidad mandaban los comités y las milicias populares. Se decretó la abolición de la propiedad privada y de la explotación del hombre por el hombre. De repente las masas se sintieron protagonistas de su destino. La utopía soñada estaba por fin al alcance de la mano: el pueblo unido fraternalmente, sin jerarquía social, ni curas ni amos. Se colectivizaron las fábricas y la tierra, se cerraron las iglesias y conventos, muchos de ellos convertidos en antorchas que alumbraban el camino hacia la libertad.

¿Y quiénes eran esas masas? Básicamente, los obreros industriales de Barcelona, el proletariado procedente de la inmigración que nutrió el crecimiento barcelonés desde la Expo de 1888 y los murcianos que construyeron el metro y la Expo de 1929. A la revolución del 36 se le sumaron todas las izquierdas oficiales, incluida la Generalitat, que dio cobertura legal a las colectivizaciones y, con ciertas vacilaciones, Esquerra Republicana. (Al parecer, igual que hizo el PNV en el País Vasco, ERC negoció con Alemania e Italia -sin éxito, claro- sumarse al fascismo a cambio de la independencia).

La 'cuestión catalana' quedó en orsay, entre dos discursos mayores: la defensa de las libertades frente al fascismo, y la defensa de los trabajadores frente al capitalismo. Toda la solidaridad internacional que suscitó la guerra, concretada en las brigadas internacionales, tuvo estos dos motivos: antifascismo o socialismo. Nadie vino por salvar a Cataluña de las fauces de España. Los catalanistas, desbordados por los acontecimientos, no se sumaron claramente al bando rebelde, pues tenía un discurso de un anticatalanismo zafio (lo inteligente hubiera sido ganarse a los catalanistas, que estaban en venta, como parecía opinar el falangista Ridruejo). No se sumaron, pero con la boca pequeña celebraron la entrada de las tropas franquistas Diagonal abajo, y acudieron a las misas en la Plaza de Cataluña. Pensaban que era mejor el orden, aunque injusto, que los desmanes de los milicianos. Además, había más que una familiaridad entre el discurso catalanista y el imperialfascismo español, representado en la militancia falangista de Eugenio d'Ors, el Xènius que teorizara a principios de siglo la superioridad de la nación catalana y su deber de imponerse sobre las razas inferiores.

Pronto se dieron cuenta de su error: el régimen de Franco persiguió con la misma saña a los rojos y a los separatistas, todos en el mismo saco. Sería interesante consultar la lista de exiliados y la de fusilados en la primera posguerra, y computar su adscripción política. Mi hipótesis es que el exilio fue, sobre todo, 'rojo'. O sea anarquista y socialista: en cambio, entre los fusilados hubo muchos nacionalistas, que no se exiliaron porque confiaban que el Régimen no los confundiría con los pistoleros comunistas y libertarios. Quizá algún historiador nos lo aclare...

Pasado el Gran Trauma, lentamente, y al socaire de la situación internacional -derrota del fascismo, partidos socialdemócratas, europeísmo-, hacia los años 50 se produce una escisión moral dentro de 'los vencedores', un sentimiento de culpa por "qué hemos hecho", como si de repente despertaran de un sueño amargo. Ese cambio es patente en la Iglesia. Frente a la iglesia oficial, la del Congreso Eucarístico, entregada de hoz y coz a los jerarcas del Movimiento, surge una iglesia arrepentida, que abomina de su participación en la Guerra Civil a favor de 'los poderosos', que reniega de la represión y simpatiza con los 'perdedores': los movimientos obreros y los nacionalismos. Por esa vía de agua se va a hundir, con el tiempo, el transatlántico del régimen franquista. No se puede entender el actual PSC sin tener en cuenta los seminarios y los colegios de curas de los años sesenta. Seguiremos...

Ceuta, Melilla y el subconsciente colectivo del PSOE
EDITORIAL Libertad Digital 24 Agosto 2010

Por tercera vez algo que anida en lo más profundo del subconsciente colectivo del PSOE ha vuelto a aflorar. Se trata de la españolidad de Ceuta y Melilla, consagrada por la Historia y ratificada por todos los tratados internacionales pero que no termina de entrar en la cabeza de los hombres de Zapatero. Esta vez le ha tocado al portavoz del partido y ex ministro José Antonio Alonso. Ha afirmado dos veces consecutivas dentro de la misma sesión que el PP envió durante la crisis "a algún dirigente" a Marruecos y que José María Aznar visitó durante esos días el país vecino. No vemos necesario remarcar que el Partido Popular no envió a nadie a Marruecos, sino a Melilla, ciudad autónoma española desde 1497, año de su fundación por el también español Pedro de Estopiñán, para solidarizarse con sus vecinos.

No es la primera vez que esto sucede. En ocasiones anteriores José Blanco y el ministro Moratinos asumieron de palabra que ambas ciudades eran marroquíes. Habrá, por lo tanto, que empezar a preocuparse por la integridad territorial de España y, especialmente, por la suerte de nuestros compatriotas melillenses y ceutíes. Ni los unos ni los otros han sido marroquíes nunca y no quieren serlo en el futuro, por más que los continuos lapsus del Gobierno les hagan temer por el aciago destino que aguarda a sus respectivas ciudades.

El hecho es que, traiciones del subconsciente aparte, el indigno papelón que ha jugado el Gobierno durante la última crisis marroquí ha sido antológico. Primero, con la ciudad de Melilla bloqueada por tierra, negó vehementemente que sucediese nada anormal. Cuando la noticia y el escándalo ya habían saltado a los medios de comunicación, los responsables de Exteriores y el propio presidente del Gobierno miraron hacia otro lado, a pesar de que la situación en el paso fronterizo estaba al rojo vivo. Más tarde, coincidiendo con la visita de González Pons y Aznar a Melilla, clamaron iracundos por la falta de oportunidad de los populares, y lo mal que estaban dejando a España en el extranjero por un viaje que éstos habían realizado dentro de nuestras fronteras. Por último, cuando el monarca alauita ordenó que cesase el bloqueo, Rubalcaba viaja presuroso hasta Rabat para rendir pleitesía al dictador y a su ministro de Interior.

Pocas veces el Gobierno ha juntado tan armoniosamente dosis iguales de infamia, cobardía y traición como las que nos ha servido en estos días estivales. Por otras crisis similares, todas localizadas en la corta pero delicada frontera que compartimos con Marruecos, la primera conclusión que puede extraerse es que la política del Gobierno de Zapatero hacia ese país es de entreguismo sin concesiones. Un riesgo teniendo en cuenta que los vecinos del sur reclaman sin pudor parte de España ante todo aquel que les presta oídos. Nuestro Gobierno, en lugar de mostrar solidez y reafirmar la españolidad de las plazas norteafricanas y de las islas Canarias, se derrite ante una dictadura islámica desprestigiada en todo el mundo civilizado.

Tal vez lo que el subconsciente y las acciones de los ministros nos dicen es que, de puertas adentro, Zapatero y los suyos ya han tomado la decisión de rendirse. Quizá sea, a corto plazo, lo más cómodo, lo que mejor encaja con los prejuicios ideológicos del socialismo español. A largo plazo es un suicidio garantizado, una bomba de relojería que estallará cuando menos lo esperemos. Para entonces es posible que Zapatero ya no esté aquí para contemplar las consecuencias de sus irresponsables actos. Los melillenses y ceutíes, sin embargo, sí que estarán y les tocará pagar el pato de tanta ignominia.

El delirio separatista y la simpleza españolista
Pío Moa Libertad Digital 24 Agosto 2010

El separatismo se basa en la explotación sentimental (victimismo-narcisismo) de tales o cuales hechos diferenciales que, por lo demás existen en todas las regiones y aun dentro de cada una. Pero esa retórica nunca habría prosperado sin la extrema obtusidad de los que podemos llamar españolistas y sus análisis superficiales o simplemente tontos, empezando por los de Ortega, elaborador de un nacionalismo español exactamente argumentado como el de los nacionalistas vascos y catalanes. Todos terminan confundiendo a los vascos y los catalanes con los separatistas y entrando en la dinámica que estos quieren crear, de Cataluña contra España, Vascongadas contra España, etc. Una cosa, por ejemplo, es que la industrialización haya sido utilizada por los separatistas como signo de superioridad de sus "razas", y otra muy distinta que esa industria, su origen, tenga algo que ver con el nacionalismo.

Los "españolistas" son incapaces de oponer la realidad a las pretensiones y terminen dando la razón a aquellos o insinuando que los industriales vascos (o catalanes) “españolistas” eran, por así decir, los únicos vascos o catalanes partidarios de España (esto último lo han pretendido los secesionistas marxistas), o soltando melonadas como que muchos empresarios se han hecho nacionalistas (cómo no iban a hacerse, ante la intensa propaganda nacionalista y las sandeces españolistas).

O meten por las buenas en el ajo a Inglaterra o Francia, sin la menor prueba seria, al modo como lucubran tantos conspiranoicos (confunden el hecho de que otra potencia pueda explotar --y Francia o Inglaterra lo han explotado muy poco-- una situación favorable con el hecho de que sean las causantes de esa situación: los separatismos en España tienen un origen interno, perfectamente estudiado, entre clerical, racista y antiliberal).

O, siguiendo las lucubraciones separatistas, les dan la razón oponiendo los “proyectos bélicos” de Castilla a los “comerciales” de Cataluña. Para terminar lamentándose de que la raíz de todo está en que no se ha dado en España una “revolución liberal” o “burguesa”. Pues entonces, señores, déjense de lloriquear: la cosa no tiene remedio, los separatistas tienen razón y lo mejor es que se salgan de una vez con la suya. Toda esa serie de disparates, muy difundida por lo demás, revela solo que a los delirios separatistas apenas se ha opuesto más que la simpleza “españolista”. Son “aliados objetivos”, que diría un comunista.

Izquierda
Zapatero y la violencia
Agapito Maestre Libertad Digital 24 Agosto 2010

Entre la inmensa bibliografía existente en castellano sobre la estatura moral de Rodríguez Zapatero, dejo a un lado su altura política, noto un déficit importante. No existe biógrafo, crítico, o analista político español, hasta donde yo alcanzo, que haya estudiado en algún capítulo de su obra la valoración que la izquierda intelectual europea más totalitaria ha hecho del presidente del Gobierno de España. Es, sin embargo, una tarea extremadamente instructiva para saber cual es la relación política y, por supuesto, moral de Rodríguez Zapatero con el fenómeno de la violencia en general, y del terrorismo en particular.

La sustitución de la política por la violencia, o mejor, la apología de la violencia como vía para acabar con el esfuerzo ciudadano, es decir, político para construir espacios comunes de convivencia, es el principal argumento de esta izquierda para reivindicar su pasado criminal, especialmente estalinista, por una parte, y por otra le sirve para justificar todos los fenómenos de violencia antisistema a los que hemos asistido en los últimos años en Francia o Inglaterra. Es necesaria, pues, la violencia para acabar con la pobreza y la marginación. La política se queda corta. Es menester la revolución.

Curiosamente, la visión que tiene Rodríguez Zapatero de la pobreza, la violencia y el terrorismo no difiere mucho de esa "vieja-nueva" izquierda. Hay terror y violencia, según el presidente del Gobierno, porque existe pobreza. Así pues, no es la concepción de Rodríguez Zapatero de la violencia, como alguno pudiera sospechar, oscura y retorcida, sino que es, por el contrario, transparente, diría más, diabólicamente transparente. Todo vale, emulando a Trotsky, para acabar con la pobreza, es decir, para hacer la revolución. La consecuencia inmediata que se desprende de esa concepción es obvia: la violencia deja de ser el monopolio legítimo del Estado; en efecto, de acuerdo con una de las premisas fundamentales en el actual proceso de reideologización de la izquierda intelectual europea, Rodríguez Zapatero ha demostrado con creces que el monopolio legítimo de la violencia ya no es algo único, como nos enseñara Weber, de los Estados de Derecho, sino de cualquier grupo violento que haga valer el terror como vía política.

He ahí el preciso contexto en el que hemos de analizar la negociación del gobierno de España con la banda terrorista Al Qaeda para liberar a los cooperantes de Barcelona. Ya sé, es obvio, que Rodríguez Zapatero ha negociado varias veces de tú a tú con violentos y terroristas, especialmente dramático es el largo, tortuoso y aún vigente proceso de negociación con los criminales de ETA, pero es que el último caso, el de los cooperantes de Barcelona, no sólo ha sido alabado por Al Qaeda, sino que ha sido convertido por los terroristas en el modelo, en el arquetipo, que debería imitar Occidente para tratar con ellos de tú a tú... Terrible.

Y es que Zapatero, cosa que ha pasado desapercibida entre los analistas políticos españoles, es el único político de referencia, reitero, que sigue teniendo una cierta "izquierda intelectual" europea con Zizek a la cabeza, que hace de la rehabilitación del momento violento de la revolución su principal argumento político. El rearme ideológico, o mejor, la vuelta al vale todo, incluida la violencia y el terror, del estalinismo y, por supuesto, del trotskismo, que también en esto coinciden estos dos ismos, tiene en Rodríguez Zapatero uno de sus iconos contemporáneos. El terror jacobino, esa violencia institucional que se toma como medida temporal y de emergencia, o sea, como si fuera algo extraordinario para hacer frente simultáneamente a la insurrección interna y a la agresión exterior, se convierte en definitiva.

Daré otro ejemplo de violencia, ahora de carácter institucional, esgrimido por Zapatero el pasado viernes en el último Consejo de Gobierno que señala el inicio del curso político. Zapatero, como si se tratara de un nuevo Robespierre, experimentado en el terror bolchevique, nos amenaza con adoptar todo tipo de medidas para que lo injusto, lo violento y lo anticonstitucional del Estatuto de Cataluña sea el patrón de comportamiento de todas las leyes, especialmente de la Constitución, para el nuevo régimen que él lidera. He ahí la tarea que le ha encomendado al titular del Ministerio de Justicia: adapte la legalidad a la ilegalidad. Baja la apariencia zen de Zapatero se esconde uno de los "gobernantes" más violentos que ha dado España, y mira que ha dado, en su historia.

Irán: Alerta roja
Rubén Kaplan Minuto Digital 24 Agosto 2010

La indeclinable aspiración de la República Islámica de Irán de obtener bombas atómicas quedó certificada fehacientemente cuando el lunes 9 de agosto la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) informó que Teherán ha puesto en funcionamiento nuevas máquinas de enriquecimiento de uranio con el fin de hacer más eficiente el proceso para la obtención de arsenal nuclear.

Según trascendió, el régimen teocrático iraní, haciendo caso omiso de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas, que la instaban a que suspenda el enriquecimiento de uranio y las actividades relacionadas, ha establecido una segunda serie de centrifugadoras en la planta de Natanz, donde enriquece uranio al 20 por ciento. “La AIEA puede confirmar que el 17 de julio, cuando los inspectores de la agencia estaban en la planta experimental, Irán enriquecía material nuclear para las dos cascadas interconectadas de 164 máquinas centrifugadoras”, declaró la portavoz de la AIEA Gill Tudor, que confirmó así la información publicada la semana pasada por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con sede en Washington. Ya en 2002, un grupo de oposición iraní, reveló la existencia de una planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, que constituyó la primera evidencia de un programa clandestino nuclear de Irán.

Manteniendo dos cascadas, los técnicos iraníes pueden reutilizar las sobras de uranio poco enriquecido. Analistas extranjeros creen que la República Islámica ha alcanzado un nivel de enriquecimiento del 20 por ciento y que en cuestión de meses podría comenzar a producir bombas atómicas. En este sentido, el próximo mes entrará en funcionamiento la primera central nuclear iraní de Basher, después de varios años de retrasos. En la construcción del reactor de Basher ha participado Rusia activamente suministrando ingenieros y proveyendo a Irán un cargamento de 80 toneladas de combustible atómico para la planta. Moscú ha contribuido con el programa nuclear de Irán desde su comienzo. Cientos de científicos rusos con sus familias viven dentro de unas veinte instalaciones nucleares en el país persa, custodiados por los “Spetznaz”, soldados de una unidad de elite del Kremlin. Si bien es cierto que Irán también recibió alguna ayuda para fabricar sus misiles de parte de Corea del Norte, el diseño de los mismos, es copiado del esquema ruso. La responsable directa del avance nuclear en China, Corea del Norte e Irán, fue la ex Unión Soviética y continúa a través de Rusia.

Sin pruritos, el presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, manifestó a la televisión estatal: “Ahora mismo se está inspeccionando el equipamiento de la central energética de Basher y anuncio definitivamente que estará operativa en septiembre”.

Como colofón, haría falta un testeo para determinar si un dispositivo atómico eventualmente funcionaría. Para ello es menester detonarlo con una explosión que no deje huellas de uranio detectable por el mundo exterior. De hallarse esos rastros, se estaría ante la evidencia irreversible de un Irán peligrosamente convertido en una potencia nuclear.

En lo que parecería ser una reacción tardía y una evidencia que las sanciones que se aplican contra Irán son absolutamente inútiles, la semana pasada el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, dijo que el ejército estadounidense tiene un plan de contingencia para atacar a Irán, aunque consideraba que una ofensiva militar podría ser una mala idea. La furibunda reacción iraní estuvo a cargo del subcomandante de la Guardia Revolucionaria, general Hossein Kan’ani Moghadam, quien dijo a modo de bravata el lunes a The Associated Press Television News, que las tumbas para los soldados estadounidenses que ataquen Irán fueron excavadas en la provincia de Juzistán, donde Irán sepultó a los soldados iraquíes que murieron en la guerra de 1980-1988 entre la república islámica y el régimen del entonces líder iraquí Saddam Hussein. “Las fosas comunes que solían ser para enterrar a los soldados de Saddam ya se han preparado de nuevo para los soldados de EE.UU. y esta es la razón por la excavación de este gran número de tumbas”.

Irán, teniendo presente que en 1981, el reactor nuclear iraquí de Osirak fue destruido por la aviación israelí en un ataque preventivo, ha adoptado la práctica norcoreana de construir instalaciones masivas subterráneas localizadas en terrenos montañosos, protegidas por muchas capas de hormigón. El helicóptero israelí CH 53 que se desplomó por un accidente el 26 de julio en una región montañosa en las cercanías de la ciudad de Brasov, en el centro de Rumania, sugestivamente, realizaba maniobras conjuntas con el ejército rumano en una zona muy escarpada y de difícil acceso muy similar a donde se encuentran los reactores nucleares ocultos que tiene emplazados Irán.

La injustificada agresión de las Fuerzas Armadas Libanesas al Ejército de Defensa de Israel (IDF ) en la frontera entre Israel y Líbano, la cínica imputación de Nasrallah el líder del Hezbollah quien, sostuvo que Israel estuvo detrás del atentado a Rafik Hariri, los disparos de cohetes del Hamas desde Gaza a territorio israelí, corrobora lo escrito en diciembre de 2009 por el autor de éste artículo: “A la par que Israel, por estrictas razones de supervivencia, evalúa la posibilidad y consecuencias de un ataque preventivo a las instalaciones nucleares de Irán, Occidente piensa puerilmente en la estéril aplicación de mayores sanciones económicas al fanático régimen teocrático que oprime a su mismo pueblo. Es muy probable que los movimientos terroristas Hezbollah en Líbano y Hamas en la Franja de Gaza, armados y financiados por la República Islámica de Irán, comiencen las agresiones y provocaciones contra el Estado judío, e incluso llegar a desatar una guerra con el fin de distraer la atención y posibilitar, de ese modo, que el siniestro Ahmadinejad pueda estar en condiciones de disparar el gatillo nuclear.”

100.000 euros de multa si no rotulas en catalán
Redacción Minuto Digital 24 Agosto 2010

El nuevo Código de Consumo de Cataluña ha entrado en vigor este lunes. La norma autonómica establece multas de hasta 100.000 euros para los comerciantes que no utilice el catalán en sus comunicaciones -orales o escritas- con los clientes. Las grandes empresas tienen, a partir de hoy, seis meses para adaptarse al nuevo reglamento; las pymes tendrán un año.

La Ley fue aprobada por el Parlamento de Cataluña, con el único apoyo de los grupos que forman parte del Gobierno tripartito -PSC, ERC e ICV-EUiA- pues CiU se abstuvo y PP y Ciudadanos votaron en contra, el pasado 30 de junio, y fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el pasado 23 de julio. Las multas lingüísticas, según consta en la Ley, pueden llegar al millón de euros para los casos reincidentes.

Pero, además, uno de los aspectos que ha pasado más desapercibido es el artículo 311.5 de la nueva norma. Este punto establece que ‘las personas consumidoras tienen el derecho y el deber de cooperar, de forma individual o mediante las organizaciones que las representen, con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras. [...] El medio principal de cooperación es la denuncia’. Por lo tanto, el Código de Consumo alienta, regula y permite la delación lingüística.

Otra de las novedades de la norma autonómica es que los teléfonos de atención de incidencias y reclamaciones, desde este lunes, han de ser gratuitos para los clientes, y las empresas de servicios considerados básicos no podrán interrumpir el suministro contratado, ni incluir a los ciudadanos en listas de impagados, pese a que los clientes no paguen un recibo que haya sido reclamado. Sí se podrá cortar e incluir en listas a los clientes que tengan dos recibos o más sin pagar.

Tanto PP como Ciudadanos, que votaron en contra de esta ley, han criticado que el Gobierno de Montilla no haya ajustado a legalidad una norma que, después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía, queda probablemente fuera de la legalidad vigente al establecer multas por utilizar una de las lenguas cooficiales de Cataluña y única oficial en toda España, como es el español.

Alicia Sánchez-Camacho, senadora y presidenta del PP de Cataluña, ha asegurado en rueda de prensa que los populares están contemplando “todas” las medidas legales para que se modifique el redactado de la norma de manera que no se multe a los comerciantes por usar el español. No ha descartado, incluso, acudir al TC.

Por su parte, Albert Rivera, diputado autonómico y presidente de Ciudadanos, ha anunciado que remitirá al Defensor del Pueblo un texto instando a esta institución que recurra el Código de Consumo ante el TC -en la línea de lo anunciado también por el diputado autonómico José Domingo el pasado jueves- por considerarlo inconstitucional y crear “una situación jurídica y políticamente inaceptable”.

Rivera ha recordado que “en el ámbito privado la Generalidad no puede sancionar, no puede sancionar a las pymes o a los autónomos por hacer uso [de una] de las dos lenguas oficiales en Cataluña, cómo son el catalán y el castellano” y ha criticado al Gobierno tripartito de estar obsesionado en “sancionar” y “prohibir”.

La sentencia del TC sobre el Estatuto establece, en el fundamento jurídico 22, que no hay ningún deber jurídico derivado de la aplicación del artículo 34 del Estatuto de Autonomía que establezca la obligación a utilizar una u otra lengua cooficial en Cataluña en una relación privada entre empresas y empleados con sus clientes.

El Alto Tribunal ha dejado claro que esta obligación a utilizar una u otra lengua, en función del cliente -el ciudadano-, solo es aplicable a las empresas públicas por lo que el autonómico Código de Consumo, que obliga a utilizar el catalán, bajo sanciones de 100.000 euros, con toda seguridad, no cabe en la Constitución. El Consejo de Garantías Estatutarias, de ámbito autonómico, avaló la norma en un dictamen consultivo con anterioridad a la sentencia del TC.

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ETA, como siempre
Germán Yanke Estrella Digital 24 Agosto 2010

El diario El Mundo publicaba ayer una interesante información, basada en investigaciones policiales y documentos de ETA, sobre la nula inclinación de la banda a su desaparición. Puede haber lo que los terroristas llaman una “tregua” pero que, sin ningún afán de rectificación ni de verificación de la misma, se queda en una hipocresía más para avanzar mientras se preparan de nuevo, quizá tratando de evitar, en medio de la confusión, la presión policial que les está llevando a la derrota definitiva. Ya no logran engañar a nadie, ni a ciertas personas que han apoyado a la banda y que, por el momento, siguen atenazadas por la misma e incapaces de una condena de la violencia totalitaria. En medio de la vergonzosa barbarie en la que se mueve ETA, porque esa violencia totalitaria no es sólo su medio sino también su ideología, los terroristas, por aquello de resistirse a perder, no sólo no están dispuestos a pedir perdón sino que quieren exigir responsabilidades por lo que, entre tanto vómito, llaman vulneraciones de sus derechos.

En un nivel más calllejero se ha visto la misma actitud estos días de celebración de fiestas veraniegas en el País Vasco. Rebrota el terrorismo callejero y la Izquierda Abertzale, que cree engañar a alguien compaginando la negativa a condenar estos hechos con la declaración absurda de que ha optado por las “vías políticas”, se queja de que se les criminalice por tantas amenazas, destrozos, extorsiones, etc. Afortunadamente, la documentación sobre las intenciones ha hecho que la Audiencia Nacional, primero en Barcelona y después en Bilbao, haya prohibido las manifestaciones públicas de apoyo a los que, antes y después, con una retórica o con otra, con acciones de una u otra naturaleza, apoyan a ETA y sus objetivos.

Estas evidencias y el contenido de la información publicada revelan –de nuevo- una obviedad que se ha venido manteniendo y mostrando a lo largo de toda la historia de la banda terrorista: no hay en su interior, por su entraña ideológica, mecanismos para la desaparición. Ni éticos, ni políticos, ni estratégicos. El único camino es la persecución policial para poner ante los jueces a los terroristas y sus secuaces. Nada se consigue en poco tiempo, y menos una lacra como la de ETA, pero es el camino adecuado como lo prueba tanto la reflexión razonable sobre lo que supone como la experiencia práctica. No puede haber aire para que respire el terrorismo; se trata de que el Estado de Derecho lo ahogue.

Lecciones desde Irlanda
ROGELIO ALONSO El Correo 24 Agosto 2010

PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Irlanda del Norte continúa siendo un recurrente referente para el País Vasco, como demuestran las interesadas instrumentalizaciones que políticos nacionalistas y otros observadores realizan de dicho contexto. Suelen hacerlo ignorando la premisa básica sobre la finalización de la campaña terrorista: el IRA decretó el final de su violencia a pesar de no haber conseguido sus objetivos, renuncia forzada por la intensa presión antiterrorista sobre el más sangriento grupo terrorista de Europa. Por ello, en el País Vasco se intenta minusvalorar tan fundamental lección descontextualizando los denominados 'principios Mitchell', una retórica declaración de principios democráticos básicos y de rechazo a la violencia, que desde Batasuna y otros sectores nacionalistas son tergiversados para burlar la legalidad. Se insiste desde dichos ámbitos en que la mera aceptación formal de tan genéricos principios debe ser suficiente para que el brazo político de ETA evite su ilegalización a pesar de la incuestionable vinculación de Batasuna con el terrorismo.

No es ésta la única trampa que la propaganda nacionalista tiende mediante la tergiversación del contexto norirlandés, pues también viene planteándose que aquí la problemática de las víctimas deberá 'resolverse' como allí. En primer lugar debe cuestionarse esa asunción de que tan delicado tema ha sido realmente resuelto de manera satisfactoria en una región donde muchas víctimas del terrorismo aún rechazan la terrible impunidad política, moral, histórica y jurídica permitida por el proceso norirlandés. Nada se ha avanzado en el objetivo de una reconciliación que resulta imposible alcanzar sobre los cimientos de injusticia en los que se levanta el arreglo político admitido en Irlanda del Norte. De ahí el interés nacionalista por buscar la importación de fórmulas que han contribuido a construir una dañina identidad para las víctimas al ser definidas éstas como meras 'consecuencias del conflicto' y a las que se les ha arrebatado la reparación que merecen las víctimas de cualquier delito, pero especialmente quienes han sufrido tan salvajes violaciones de derechos humanos.

Al condicionarse el avance de la sociedad a la relegación de la necesaria justicia sobre los responsables de semejantes crímenes, se ha asumido un peligroso chantaje que distorsiona importantes lecciones para la resolución de un conflicto terrorista. Por un lado se ha intentado imponer la creencia de que el final de la violencia exigía la excarcelación de los terroristas, ignorando que la debilidad del terrorismo dejaba a sus perpetradores escasas expectativas de éxito y una limitada voluntad de continuar con una estrategia fracasada incluso aunque no se hubiera producido la liberación anticipada de presos. Además ha facilitado la legitimación de la violencia al minusvalorar las consecuencias políticas, humanas y jurídicas que se derivan de la misma. La ausencia de sanción para delitos de una gravedad extrema sienta un peligroso precedente en una sociedad en la que todavía se mantiene el terrorismo. Una comparación entre los niveles de violencia de ETA y de los grupos terroristas escindidos del IRA muestra una mayor actividad por parte de estos últimos, incentivados por esa impunidad y legitimación favorecida por tan dañino 'proceso de paz'.

En su afán por cerrar en falso un conflicto terrorista cuya resolución exige mucho más que la disminución de la violencia, el Gobierno británico aceptó concesiones frente al terrorismo cuyo considerable coste amenaza con lastrar el avance de una sociedad democrática. En este sentido, reveladoras son las conclusiones extraídas por Mary-Alice Clancy en su reciente libro 'Peace without Consensus', una sólida investigación con esclarecedoras pero preocupantes revelaciones sobre ese proceso norirlandés al que tanto se mira desde el País Vasco. La politóloga americana demuestra la «ingenuidad» de Tony Blair, que aceptó las sucesivas intimidaciones de Gerry Adams exigiéndole concesiones que, según sus amenazas, de no ser satisfechas desembocarían en violencia. Como se desprende de la excelente investigación de Clancy, una organización terrorista derrotada extrajo mediante dichas coacciones una legitimación de contraproducentes consecuencias.

Las cesiones del Gobierno británico fortalecieron la perjudicial narrativa del conflicto reproducida por la propaganda terrorista, reforzándose ésta frente al principal argumento de deslegitimación esgrimido contra el terrorismo durante décadas: en un sistema democrático los responsables de conductas criminales deben pagar por sus infracciones sin recibir la recompensa de una negociación que debilita a la democracia y fortalece a quienes han desafiado los métodos democráticos mediante la amenaza y la violación sistemática de los derechos humanos.

El apaciguamiento en el que se ha incurrido ha permitido la construcción de un relato que transforma la realidad del conflicto terrorista: los perpetradores de la violencia han dejado de ser presentados como tales, pues de lo contrario resultaría acuciante la lógica demanda de justicia y reparación que merecen las víctimas y que los victimarios deben atender. Esta transigencia con quienes han transgredido los más básicos principios políticos, humanos y morales ha devenido en una neutralización del pasado, de manera que las víctimas se ven forzadas a aceptar un relato que falsea su injusto sufrimiento, dolor que se presenta como inevitable y necesario. Tan injusta coacción se complementa con una espantosa exigencia que rechaza la conveniencia de 'abrir las heridas del pasado', como si juzgar a los victimarios no fuera un requisito imprescindible para cicatrizar profundas heridas todavía abiertas y para la erradicación y deslegitimación de una violencia que continúa siendo legitimada por quienes hoy ejercen el poder.

En semejantes circunstancias ETA y Batasuna buscan emular un referente como el norirlandés que tantas voces presentan, erróneamente, como un eficaz modelo de resolución de conflictos.

Cataluña
PP y C,s acudirán al TC para impedir las multas lingüísticas del Código de Consumo
Camacho estudia presentar un recurso, mientras que Rivera llevará el caso a la Defensora del Pueblo
MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA ABC Cataluña 24 Agosto 2010

Ya que el Gobierno catalán no tiene suficiente con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto, en la que se advierte de que el catalán no puede ser considerado idioma preminente, tanto PP como Ciutadans buscan fórmulas para que el Alto Tribunal genere la doctrina lingüística suficiente. Otra cosa es que el Ejecutivo de José Montilla, que ya ha dado muestras de insumisión judicial, se dé por aludido.

Coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Código de Consumo, que tal como publicó el domingo ABC eleva las multas a los comerciantes que sólo rotulan en castellano a 10.000 euros —un millón si hay reincidencia—, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, se comprometió ayer a emprender «todas las medidas parlamentarias a su alcance para que las leyes catalanas se ajusten al Estatuto constitucional». En este sentido, no descartó presentar un recurso ante el TC contra este Código, impulsado por una Consejería socialista, la de Economía, dirigida por Antoni Castells.

«Falta de respeto»
En su opinión, Montilla «es cada vez más osado en su falta de respeto a las instituciones y en el cumplimiento de las leyes; si se esforzara tanto en luchar contra la crisis económica como en saltarse el Estatuto constitucional, los catalanes se lo agradecerían». Con estas palabras, la dirigente popular se refería a la decisión del presidente autonómico de aplicar la ley de acogida de los inmigrantes, recurrida por la Defensora del Pueblo en cumplimiento de la sentencia del TC. Esta institución basa su iniciativa precisamente en ese bilingüismo defendido por el Alto Tribunal, así como en la invasión de competencias estatales sobre extranjería en la que, según el fallo, incurre la ley catalana.

En opinión de Sánchez-Camacho, «el presidente socialista ha convertido Cataluña en tierra de sanciones, multas y prohibiciones», en alusión al Código de Consumo, que fue aprobado por el Parlament gracias a los votos del tripartito y de CiU —PP y C,s habían presentado enmienda a la totalidad— a pesar de estar afectada por la sentencia estatutaria del TC.

Por su parte, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, anunció que el viernes instará a la Defensora del Pueblo a que lleve el nuevo Código de Consumo ante el TC. Rivera recordó que su partido «lleva cuatro años luchando para que se supriman las sanciones a los comerciantes que no rotulen en catalán», castigo que, en su opinión, provoca «una situación jurídica y políticamente inaceptable teniendo en cuenta que la sentencia del TC sobre el Estatuto señala que en el ámbito privado rige la libertad de empresa» .

«No queremos esta Cataluña en la que se pone palos a las ruedas a los empresarios y comerciantes, en la que no hay libertad», dijo Rivera. Manel Nevot o Xurde Rocamundi son algunos de los empresarios ya multados por no rotular en catalán. También criticó al consejero de Innovación Josep Huguet por tildar de «bombera pirómana a la defensora del Pueblo. «Huguet no puede lanzar improperios contra las instituciones del Estado porque él es representante del Estado y ocupa su cargo gracias al marco constitucional». A su vez, pidió al consejero que se pregunte «si sus políticas de uniformidad cultural no son propias de la extrema derecha europea». El diputado del Grupo Mixto en el Parlament y presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, viajará la próxima semana a Madrid para pedir a la Defensora del Pueblo y a todos los grupos de Congreso y Senado que recurran ante el TC el Código de Consumo

Por contra, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, cree que el PP «se pasa de la raya» si recurre el Código ante el TC y acusó a los populares de practicar el «ataque permanente» a la lengua y la cultura catalana. El secretario general de UDC, Josep Maria Pelegrí, dijo que «los escuadrones encabezados por Sánchez-Camacho» actúan de «avanzadilla del Estado para ir contra Cataluña».

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