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La nariz del Constitucional
José Luis REQUERO La Razón 24 Agosto 2010
Supongo que la causa será la sequía de noticias propia del estío
informativo. Entre inundaciones asiáticas, Melilla, el fantasmón de
la subida de impuestos, infraestructuras de quita y pon, las
primarias madrileñas y otras especies veraniegas, esa sequía explica
que sea noticiable la última sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la Ley de Violencia de Género. No dice nada nuevo y se limita
a repetir lo que dijo hace dos años a favor de esa ley.
No quiero amargarle lo que queda de vacaciones, ni por asomo
anticipar el síndrome posvacacional, pero le propongo algo de
gimnasia: hay que desentumecer los músculos de la memoria. Estamos
en 2004. Tras la retirada de Irak –primera gran medida del nuevo
Gobierno–, la segunda iniciativa de impacto fue el proyecto de ley
de Violencia de Género. Era su «ley estrella». Yo entonces era
miembro del Consejo General del Poder Judicial y como se sabe –y si
no, no se preocupe, se lo digo yo– una de sus funciones es informar
ciertas iniciativas legales del Gobierno. Una de ellas era ésta.
Total, que nuestro Consejo recibía a porta gayola al primer gran
proyecto de ley del nuevo Gobierno.
Salió el toro y la faena que hicimos fue memorable. La palabra que
más empleó la Prensa fue la de «varapalo»: que si varapalo al
Gobierno, que si varapalo a la Ley de Violencia de Género, etc. Así
varias semanas. La crítica fue contundente, cierto, pero sólo
jurídica. Tanto escoció que la mañana que debatíamos aquel informe
fue la segunda vez que por SMS y tras los aciagos 12 y 13 de marzo
de 2004, se convocaba «espontáneamente» una concentración
antisistema, esta vez ante el Consejo y esta vez por feministas
radicales. El informe lo redactamos mi compañero Adolfo Prego y
servidor. Las pancartas y los berridos de la calle daban fe del
respeto hacia las instituciones y hacia nuestras personas. Desde
luego que aquél era un Consejo poco dado a la vida muelle; el tiempo
lo confirma.
En las críticas coincidió el Consejo de Estado, y algunas las asumió
de tapadillo hasta el mismísimo Gobierno. El Parlamento aprobó la
ley –¡por unanimidad!– pero, como nosotros, todo el que se
aproximaba a ella dudaba de su constitucionalidad. Centenares de
jueces la llevaron al Tribunal Constitucional y de ahí proceden esas
sentencias que la declaran constitucional, una de ellas es la de
este verano.
Lo discutido es sólo un aspecto: si es discriminatorio que se
castigue con más intensidad al hombre cuando agrede a una mujer por
razones de género. La solución que da el Tribunal es sencilla pero
dice mucho de su «estilo juzgador». Es el mismo estilo que ha
mostrado con el Estatuto catalán y que inauguró con otras leyes como
la del aborto de 1985, lo que hace presagiar que seguirá fiel al
mismo cuando se trate de la nueva Ley del Aborto, «matrimonios»
homosexuales o Educación para la Ciudadanía. ¿Cuál es ese estilo?
Pegar la nariz al muro y no ver más que un ladrillo. Si se molestase
en dar unos pasos atrás, quizás más que el ladrillo viese un
edificio: no un Estatuto, sino una reforma constitucional
fraudulenta; no el tratamiento penal de la mujer embarazada que
aborta, sino un holocausto.
Para el Tribunal esa agravación penal es una libre opción política
basada en el mayor reproche social que tiene la violencia que ejerce
el hombre sobre la mujer. No le discrimina y que se base en la
noción de «violencia de género» no impide inaplicar esa norma si la
agresión no obedece al deseo de dominación del hombre sobre la
mujer. Y poco más. Una buena sentencia para una nariz pegada a un
muro. El caso es que no ha sabido –o no ha querido– enterarse de qué
tiene ante sí.
De haberlo hecho quizás hubiera advertido no una ley fruto de la
preocupación por la creciente violencia doméstica, sino una ley que
inicia una gran empresa ideológica: inyectar en el torrente
circulatorio del ordenamiento legislativo dosis masivas de ideología
de género, de feminismo radical. Junto con las normas inspiradas en
el nacionalismo, las inspiradas en la ideología de género forman
parte de un cosmos totalitario. En este caso se impone una visión
antropológicamente falsa, mendaz, de las relaciones entre hombre y
mujer, y sobre una mentira mal se legisla, peor se juzga y se causa
mucho daño.
La ley de Violencia de Género impone el prejuicio ideológico que el
feminismo radical tiene de tal violencia, y desde la misma diseña
todo: beneficios laborales, sociales y una nueva organización
judicial, pues crea juzgados, les atribuye competencias, diseña
procedimientos y todo exclusivamente para imponer ese prejuicio
ideológico. Lo grave no es que discrimine al hombre, lo grave es que
el Tribunal puede facilitar la vuelta a Mezger, a Edmundo Mezger. No
lo digo yo sino el Voto particular de un magistrado que discrepa de
esa sentencia. ¿Que quién es Mezger? No es un jugador de la
Bundesliga: es el teórico del Derecho Penal de autor, uno de los
pilares de la ideología nazi. Y la nariz bien pegadita al muro.
Dos modelos frente a frente
Editorial www.gaceta.es 24 Agosto 2010
No ha comenzado el curso político, pero el aperitivo ya ha deparado
al ciudadano dos modelos muy diferentes de gestión de los asuntos
públicos.
El modelo de la incertidumbre; y el modelo de la contención del
gasto y el estímulo del ahorro y la inversión. Del primero hemos
tenido una muestra con la pelea de gallos Salgado-Blanco; del
segundo, el Plan Global para salir de la crisis anunciado por
Mariano Rajoy.
El modelo socialista está marcado por la incoherencia. Con ellos
nadie se aclara sobre su política fiscal (primero, bajar los
impuestos es de izquierdas, pero a los cinco minutos Blanco anuncia
la mayor subida en 15 años). También era de izquierdas no tocar los
derechos sociales, pero en mayo cambiaron bruscamente las tornas con
el pensionazo. En tanto que con el plan de Rajoy, el ciudadano sabe
perfectamente a qué atenerse, porque responde básicamente al guión
que permitió a los Gobiernos del PP sanear la economía en 1996, y
conducir a España por la senda de la prosperidad.
Es imposible encarar la crisis sin meter en cintura el gasto
público, y a ese propósito responde la reforma administrativa
propuesta por Rajoy, para evitar que se multiplique por 17
autonomías la onerosa estructura del Estado. “No somos ricos”,
apostilla en alusión al derroche público con ejércitos de asesores o
incluso ministerios perfectamente superfluos. También propone fijar
un límite de endeudamiento para todas las Administraciones. En la
presentación de su hoja de ruta a los empresarios, Rajoy tuvo una
idea especialmente innovadora: llevar a la Constitución la
obligación de estabilidad presupuestaria, una forma de garantizar la
cultura de la responsabilidad en el gasto.
Paralelamente, el PP apuesta por estimular la economía, aliviando la
presión fiscal, mediante la reducción del impuesto de sociedades a
las pymes, y el IRPF y los módulos a los autónomos. La idea es
ayudar a “quienes generan bienestar, riqueza y empleo”, en lugar de
castigar a quien ahorra e invierte o de hacer experimentos con
gaseosa como la subida del IVA, que Rajoy calificó de “tremendo
error”. Y en materia laboral, el PP sostiene que la reforma debe ser
del “empleo” y no del “despido” como la actual y exige que las
reglas del juego sean claras.
Completa el plan un pacto energético, que apuesta por la combinación
de fuentes; la reforma del sistema financiero; y la del sistema
judicial, asunto nada baladí, dada la inseguridad jurídica que puede
generar que se eternicen las causas. Y comoquiera que el futuro
económico queda hipotecado sin la apuesta por la formación, Rajoy
incluye la reforma educativa, con un modelo que no se limite a
reducir el escandaloso fracaso escolar (30%), sino que recupere la
excelencia. También en este punto es coherente el PP que, estando en
el Gobierno, apostó por el mérito y el esfuerzo en la LOCE, y que,
en la oposición, no cayó en el pacto-trampa propuesto por Gabilondo.
Nos encontramos ante un plan regido por la coherencia y el sentido
común, y avalado por el excelente resultado que reformas de este
jaez dieron antes de la llegada de Zapatero. Nada que ver con el
caos permanente de un Gobierno desnortado que comenzó faltando a la
evidencia al negar la crisis y que continúa dando palos de ciego.
“Estamos más preparados que nadie para afrontar la crisis” dijo
Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación. Consciente de que
el Gobierno de las contradicciones ya no da más de sí, ofrece su
alternativa económica. Los españoles no tienen más que extraer sus
propias conclusiones
La sentencia sobre el Estatuto y la
arbitrariedad
José Manuel Otero Lastres La Voz 24 Agosto 2010
un recurso de inconstitucionalidad de una norma jurídica ante el
Tribunal Constitucional se inicia un proceso en el que se pone en
juego el Estado democrático de derecho, del que resultará una
sentencia que resolverá el conflicto planteado y que concluirá
cuando tal sentencia se cumpla. De tal suerte que el cumplimiento de
la sentencia del Tribunal Constitucional, además de resolver el
conflicto jurídico planteado, supone también restablecer la paz
política alterada y dejar muy claro que todos los ciudadanos y los
poderes públicos están sometidos al imperio de la ley.
Se comprende, por ello, que el propio Tribunal Constitucional
español haya llegado a afirmar en una antigua resolución de 1984
(STC 64/1984) que el incumplimiento de una sentencia por parte de
los poderes públicos supone un grave atentado contra el Estado de
derecho. Y es que en el estricto cumplimiento de la sentencia no
solo está en juego el derecho subjetivo del vencedor en juicio, sino
también una cuestión de capital importancia para la efectividad del
«Estado democrático de derecho» que proclama la Constitución.
Por eso, si en algo tiene que mostrarse verdaderamente inflexible
todo demócrata es en que se cumplan las sentencias de los
tribunales, y, por encima de todas ellas, las del Tribunal
Constitucional, que es el máximo intérprete de nuestra Carta Magna.
Porque por muy laxo que se pueda ser a la hora de calificar a
alguien como demócrata, no parece que deba reconocérsele tal
condición al que lleve a cabo actos que supongan -y son palabras del
Tribunal Constitucional- «un grave atentado al Estado de derecho».
Con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto de Cataluña, se podía opinar libremente sobre si este texto
normativo respetaba o no la Constitución. No eran más que juicios de
particulares con mayor o menor relevancia pública sobre algo que era
todavía opinable. Pero dictada la sentencia, ha quedado fijado
definitivamente lo que el Estatuto contenía de inconstitucional. A
partir de ahí, lo mejor para el Estado democrático de derecho sería
que nuestros gobernantes dieran ejemplo público de acatar las
sentencias, por muy desfavorables que pudieran ser para sus
intereses partidistas.
Que se sostenga ahora que no hay ninguna vía constitucional para
conceder a Cataluña unas competencias que tal y como figuraban en el
Estatuto eran inconstitucionales, es en este momento una opinión.
Pero si esto es cierto, también lo es que poner en marcha
actuaciones que parecen significar que no se acata lo resuelto por
el Tribunal Constitucional supone tanto como enviar el mensaje de
que el poder político puede, cuando le conviene, bordear lo dictado
por el genuino intérprete de la Constitución. Y este recado sí que
me parece peligroso, porque minusvalora la función de dicho
tribunal, y, sobre todo, porque podría adentrarnos en la indeseable
y denostada arbitrariedad, propia de otros regímenes políticos.
Un nuevo coco
Maite Nolla www.gaceta.es 24 Agosto 2010
La Defensora del Pueblo desata la ira del tripartito al impugnar la
ley de inmigración.
Dijo Tomás Gómez en su patética intervención del sábado en La Noria,
que Esperanza Aguirre había enfrentado a Madrid con Cataluña y con
el País Vasco. Eso, además de ser una mentira propia del manual de
campaña, demuestra que el personaje no acaba de entender la
naturaleza del nacionalismo, incluida la de Duran i Lleida.
El nacionalismo necesita de los agravios para poder reivindicar sus
privilegios, y en el caso de que no existan agravios se inventan. De
hecho, el catedrático Francesc de Carreras siempre recuerda que el
proyecto de Estatuto de Cataluña nació para provocar el
enfrentamiento con un probable Gobierno del PP. El Parlamento
autonómico iba a aprobar un texto ultramontano y el PP se iba a
oponer. Los atentados del 11 de marzo y la llegada al poder de
Zapatero cambiaron el cuento.
El caso es que pasado el furor contra la sentencia del
Constitucional, los nacionalistas han encontrado en la señora Cava
de Llano el nuevo coco anticatalán al que se puede insultar. El
Gobierno autonómico parcelado que tenemos en Cataluña ha aprobado
una especie de ley de inmigración que, como otras treinta más,
aproximadamente, resulta inconstitucional vista la sentencia del
estatuto. La Defensora del Pueblo ha decidido impugnar la norma,
desatando la ira tripartita.
Cierto es que Puigcercós y Huguet tardaron varios días en darse
cuenta de que Enrique Múgica ya no ostentaba el cargo, lo que añade
a la grosería la ignorancia. Falangista es lo más suave que le han
llamado. Pero lo nuevo de este caso no es que Montilla o los de ERC
procedan como de costumbre, sino que la vilipendiada ha optado por
el camino contrario al que se toma habitualmente y haya decidido
defenderse, defender a la institución a la que representa, defender
la Constitución y sostener su propia decisión. Por desgracia, oír
decir a un político que “de pequeñita me enseñaron que las
decisiones de los jueces están para cumplirse”, no deja de ser
emocionante, pero por extraño.
*Maite Nolla es abogada.
¿Por qué el PSC es nacionalista? (III)
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.es 24 Agosto 2010
El 19 de julio de 1936, en Cataluña, el proletariado se hizo con el
poder efectivo, porque fue capaz de detener el golpe militar. En
Cataluña, el poder nominal continuó siendo de la Generalitat y de la
República, pero en realidad mandaban los comités y las milicias
populares. Se decretó la abolición de la propiedad privada y de la
explotación del hombre por el hombre. De repente las masas se
sintieron protagonistas de su destino. La utopía soñada estaba por
fin al alcance de la mano: el pueblo unido fraternalmente, sin
jerarquía social, ni curas ni amos. Se colectivizaron las fábricas y
la tierra, se cerraron las iglesias y conventos, muchos de ellos
convertidos en antorchas que alumbraban el camino hacia la libertad.
¿Y quiénes eran esas masas? Básicamente, los obreros industriales de
Barcelona, el proletariado procedente de la inmigración que nutrió
el crecimiento barcelonés desde la Expo de 1888 y los murcianos que
construyeron el metro y la Expo de 1929. A la revolución del 36 se
le sumaron todas las izquierdas oficiales, incluida la Generalitat,
que dio cobertura legal a las colectivizaciones y, con ciertas
vacilaciones, Esquerra Republicana. (Al parecer, igual que hizo el
PNV en el País Vasco, ERC negoció con Alemania e Italia -sin éxito,
claro- sumarse al fascismo a cambio de la independencia).
La 'cuestión catalana' quedó en orsay, entre dos discursos mayores:
la defensa de las libertades frente al fascismo, y la defensa de los
trabajadores frente al capitalismo. Toda la solidaridad
internacional que suscitó la guerra, concretada en las brigadas
internacionales, tuvo estos dos motivos: antifascismo o socialismo.
Nadie vino por salvar a Cataluña de las fauces de España. Los
catalanistas, desbordados por los acontecimientos, no se sumaron
claramente al bando rebelde, pues tenía un discurso de un
anticatalanismo zafio (lo inteligente hubiera sido ganarse a los
catalanistas, que estaban en venta, como parecía opinar el
falangista Ridruejo). No se sumaron, pero con la boca pequeña
celebraron la entrada de las tropas franquistas Diagonal abajo, y
acudieron a las misas en la Plaza de Cataluña. Pensaban que era
mejor el orden, aunque injusto, que los desmanes de los milicianos.
Además, había más que una familiaridad entre el discurso catalanista
y el imperialfascismo español, representado en la militancia
falangista de Eugenio d'Ors, el Xènius que teorizara a principios de
siglo la superioridad de la nación catalana y su deber de imponerse
sobre las razas inferiores.
Pronto se dieron cuenta de su error: el régimen de Franco persiguió
con la misma saña a los rojos y a los separatistas, todos en el
mismo saco. Sería interesante consultar la lista de exiliados y la
de fusilados en la primera posguerra, y computar su adscripción
política. Mi hipótesis es que el exilio fue, sobre todo, 'rojo'. O
sea anarquista y socialista: en cambio, entre los fusilados hubo
muchos nacionalistas, que no se exiliaron porque confiaban que el
Régimen no los confundiría con los pistoleros comunistas y
libertarios. Quizá algún historiador nos lo aclare...
Pasado el Gran Trauma, lentamente, y al socaire de la situación
internacional -derrota del fascismo, partidos socialdemócratas,
europeísmo-, hacia los años 50 se produce una escisión moral dentro
de 'los vencedores', un sentimiento de culpa por "qué hemos hecho",
como si de repente despertaran de un sueño amargo. Ese cambio es
patente en la Iglesia. Frente a la iglesia oficial, la del Congreso
Eucarístico, entregada de hoz y coz a los jerarcas del Movimiento,
surge una iglesia arrepentida, que abomina de su participación en la
Guerra Civil a favor de 'los poderosos', que reniega de la represión
y simpatiza con los 'perdedores': los movimientos obreros y los
nacionalismos. Por esa vía de agua se va a hundir, con el tiempo, el
transatlántico del régimen franquista. No se puede entender el
actual PSC sin tener en cuenta los seminarios y los colegios de
curas de los años sesenta. Seguiremos...
Ceuta, Melilla y el subconsciente colectivo
del PSOE
EDITORIAL Libertad Digital 24 Agosto 2010
Por tercera vez algo que anida en lo más profundo del subconsciente
colectivo del PSOE ha vuelto a aflorar. Se trata de la españolidad
de Ceuta y Melilla, consagrada por la Historia y ratificada por
todos los tratados internacionales pero que no termina de entrar en
la cabeza de los hombres de Zapatero. Esta vez le ha tocado al
portavoz del partido y ex ministro José Antonio Alonso. Ha afirmado
dos veces consecutivas dentro de la misma sesión que el PP envió
durante la crisis "a algún dirigente" a Marruecos y que José María
Aznar visitó durante esos días el país vecino. No vemos necesario
remarcar que el Partido Popular no envió a nadie a Marruecos, sino a
Melilla, ciudad autónoma española desde 1497, año de su fundación
por el también español Pedro de Estopiñán, para solidarizarse con
sus vecinos.
No es la primera vez que esto sucede. En ocasiones anteriores José
Blanco y el ministro Moratinos asumieron de palabra que ambas
ciudades eran marroquíes. Habrá, por lo tanto, que empezar a
preocuparse por la integridad territorial de España y,
especialmente, por la suerte de nuestros compatriotas melillenses y
ceutíes. Ni los unos ni los otros han sido marroquíes nunca y no
quieren serlo en el futuro, por más que los continuos lapsus del
Gobierno les hagan temer por el aciago destino que aguarda a sus
respectivas ciudades.
El hecho es que, traiciones del subconsciente aparte, el indigno
papelón que ha jugado el Gobierno durante la última crisis marroquí
ha sido antológico. Primero, con la ciudad de Melilla bloqueada por
tierra, negó vehementemente que sucediese nada anormal. Cuando la
noticia y el escándalo ya habían saltado a los medios de
comunicación, los responsables de Exteriores y el propio presidente
del Gobierno miraron hacia otro lado, a pesar de que la situación en
el paso fronterizo estaba al rojo vivo. Más tarde, coincidiendo con
la visita de González Pons y Aznar a Melilla, clamaron iracundos por
la falta de oportunidad de los populares, y lo mal que estaban
dejando a España en el extranjero por un viaje que éstos habían
realizado dentro de nuestras fronteras. Por último, cuando el
monarca alauita ordenó que cesase el bloqueo, Rubalcaba viaja
presuroso hasta Rabat para rendir pleitesía al dictador y a su
ministro de Interior.
Pocas veces el Gobierno ha juntado tan armoniosamente dosis iguales
de infamia, cobardía y traición como las que nos ha servido en estos
días estivales. Por otras crisis similares, todas localizadas en la
corta pero delicada frontera que compartimos con Marruecos, la
primera conclusión que puede extraerse es que la política del
Gobierno de Zapatero hacia ese país es de entreguismo sin
concesiones. Un riesgo teniendo en cuenta que los vecinos del sur
reclaman sin pudor parte de España ante todo aquel que les presta
oídos. Nuestro Gobierno, en lugar de mostrar solidez y reafirmar la
españolidad de las plazas norteafricanas y de las islas Canarias, se
derrite ante una dictadura islámica desprestigiada en todo el mundo
civilizado.
Tal vez lo que el subconsciente y las acciones de los ministros nos
dicen es que, de puertas adentro, Zapatero y los suyos ya han tomado
la decisión de rendirse. Quizá sea, a corto plazo, lo más cómodo, lo
que mejor encaja con los prejuicios ideológicos del socialismo
español. A largo plazo es un suicidio garantizado, una bomba de
relojería que estallará cuando menos lo esperemos. Para entonces es
posible que Zapatero ya no esté aquí para contemplar las
consecuencias de sus irresponsables actos. Los melillenses y
ceutíes, sin embargo, sí que estarán y les tocará pagar el pato de
tanta ignominia.
El delirio separatista y la simpleza
españolista
Pío Moa Libertad Digital 24 Agosto 2010
El separatismo se basa en la explotación sentimental
(victimismo-narcisismo) de tales o cuales hechos diferenciales que,
por lo demás existen en todas las regiones y aun dentro de cada una.
Pero esa retórica nunca habría prosperado sin la extrema obtusidad
de los que podemos llamar españolistas y sus análisis superficiales
o simplemente tontos, empezando por los de Ortega, elaborador de un
nacionalismo español exactamente argumentado como el de los
nacionalistas vascos y catalanes. Todos terminan confundiendo a los
vascos y los catalanes con los separatistas y entrando en la
dinámica que estos quieren crear, de Cataluña contra España,
Vascongadas contra España, etc. Una cosa, por ejemplo, es que la
industrialización haya sido utilizada por los separatistas como
signo de superioridad de sus "razas", y otra muy distinta que esa
industria, su origen, tenga algo que ver con el nacionalismo.
Los "españolistas" son incapaces de oponer la realidad a las
pretensiones y terminen dando la razón a aquellos o insinuando que
los industriales vascos (o catalanes) “españolistas” eran, por así
decir, los únicos vascos o catalanes partidarios de España (esto
último lo han pretendido los secesionistas marxistas), o soltando
melonadas como que muchos empresarios se han hecho nacionalistas
(cómo no iban a hacerse, ante la intensa propaganda nacionalista y
las sandeces españolistas).
O meten por las buenas en el ajo a Inglaterra o Francia, sin la
menor prueba seria, al modo como lucubran tantos conspiranoicos
(confunden el hecho de que otra potencia pueda explotar --y Francia
o Inglaterra lo han explotado muy poco-- una situación favorable con
el hecho de que sean las causantes de esa situación: los
separatismos en España tienen un origen interno, perfectamente
estudiado, entre clerical, racista y antiliberal).
O, siguiendo las lucubraciones separatistas, les dan la razón
oponiendo los “proyectos bélicos” de Castilla a los “comerciales” de
Cataluña. Para terminar lamentándose de que la raíz de todo está en
que no se ha dado en España una “revolución liberal” o “burguesa”.
Pues entonces, señores, déjense de lloriquear: la cosa no tiene
remedio, los separatistas tienen razón y lo mejor es que se salgan
de una vez con la suya. Toda esa serie de disparates, muy difundida
por lo demás, revela solo que a los delirios separatistas apenas se
ha opuesto más que la simpleza “españolista”. Son “aliados
objetivos”, que diría un comunista.
Izquierda
Zapatero y la violencia
Agapito Maestre Libertad Digital 24 Agosto 2010
Entre la inmensa bibliografía existente en castellano sobre la
estatura moral de Rodríguez Zapatero, dejo a un lado su altura
política, noto un déficit importante. No existe biógrafo, crítico, o
analista político español, hasta donde yo alcanzo, que haya
estudiado en algún capítulo de su obra la valoración que la
izquierda intelectual europea más totalitaria ha hecho del
presidente del Gobierno de España. Es, sin embargo, una tarea
extremadamente instructiva para saber cual es la relación política
y, por supuesto, moral de Rodríguez Zapatero con el fenómeno de la
violencia en general, y del terrorismo en particular.
La sustitución de la política por la violencia, o mejor, la apología
de la violencia como vía para acabar con el esfuerzo ciudadano, es
decir, político para construir espacios comunes de convivencia, es
el principal argumento de esta izquierda para reivindicar su pasado
criminal, especialmente estalinista, por una parte, y por otra le
sirve para justificar todos los fenómenos de violencia antisistema a
los que hemos asistido en los últimos años en Francia o Inglaterra.
Es necesaria, pues, la violencia para acabar con la pobreza y la
marginación. La política se queda corta. Es menester la revolución.
Curiosamente, la visión que tiene Rodríguez Zapatero de la pobreza,
la violencia y el terrorismo no difiere mucho de esa "vieja-nueva"
izquierda. Hay terror y violencia, según el presidente del Gobierno,
porque existe pobreza. Así pues, no es la concepción de Rodríguez
Zapatero de la violencia, como alguno pudiera sospechar, oscura y
retorcida, sino que es, por el contrario, transparente, diría más,
diabólicamente transparente. Todo vale, emulando a Trotsky, para
acabar con la pobreza, es decir, para hacer la revolución. La
consecuencia inmediata que se desprende de esa concepción es obvia:
la violencia deja de ser el monopolio legítimo del Estado; en
efecto, de acuerdo con una de las premisas fundamentales en el
actual proceso de reideologización de la izquierda intelectual
europea, Rodríguez Zapatero ha demostrado con creces que el
monopolio legítimo de la violencia ya no es algo único, como nos
enseñara Weber, de los Estados de Derecho, sino de cualquier grupo
violento que haga valer el terror como vía política.
He ahí el preciso contexto en el que hemos de analizar la
negociación del gobierno de España con la banda terrorista Al Qaeda
para liberar a los cooperantes de Barcelona. Ya sé, es obvio, que
Rodríguez Zapatero ha negociado varias veces de tú a tú con
violentos y terroristas, especialmente dramático es el largo,
tortuoso y aún vigente proceso de negociación con los criminales de
ETA, pero es que el último caso, el de los cooperantes de Barcelona,
no sólo ha sido alabado por Al Qaeda, sino que ha sido convertido
por los terroristas en el modelo, en el arquetipo, que debería
imitar Occidente para tratar con ellos de tú a tú... Terrible.
Y es que Zapatero, cosa que ha pasado desapercibida entre los
analistas políticos españoles, es el único político de referencia,
reitero, que sigue teniendo una cierta "izquierda intelectual"
europea con Zizek a la cabeza, que hace de la rehabilitación del
momento violento de la revolución su principal argumento político.
El rearme ideológico, o mejor, la vuelta al vale todo, incluida la
violencia y el terror, del estalinismo y, por supuesto, del
trotskismo, que también en esto coinciden estos dos ismos, tiene en
Rodríguez Zapatero uno de sus iconos contemporáneos. El terror
jacobino, esa violencia institucional que se toma como medida
temporal y de emergencia, o sea, como si fuera algo extraordinario
para hacer frente simultáneamente a la insurrección interna y a la
agresión exterior, se convierte en definitiva.
Daré otro ejemplo de violencia, ahora de carácter institucional,
esgrimido por Zapatero el pasado viernes en el último Consejo de
Gobierno que señala el inicio del curso político. Zapatero, como si
se tratara de un nuevo Robespierre, experimentado en el terror
bolchevique, nos amenaza con adoptar todo tipo de medidas para que
lo injusto, lo violento y lo anticonstitucional del Estatuto de
Cataluña sea el patrón de comportamiento de todas las leyes,
especialmente de la Constitución, para el nuevo régimen que él
lidera. He ahí la tarea que le ha encomendado al titular del
Ministerio de Justicia: adapte la legalidad a la ilegalidad. Baja la
apariencia zen de Zapatero se esconde uno de los "gobernantes" más
violentos que ha dado España, y mira que ha dado, en su historia.
Irán: Alerta roja
Rubén Kaplan Minuto Digital 24 Agosto 2010
La indeclinable aspiración de la República Islámica de Irán de
obtener bombas atómicas quedó certificada fehacientemente cuando el
lunes 9 de agosto la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)
informó que Teherán ha puesto en funcionamiento nuevas máquinas de
enriquecimiento de uranio con el fin de hacer más eficiente el
proceso para la obtención de arsenal nuclear.
Según trascendió, el régimen teocrático iraní, haciendo caso omiso
de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas, que la instaban
a que suspenda el enriquecimiento de uranio y las actividades
relacionadas, ha establecido una segunda serie de centrifugadoras en
la planta de Natanz, donde enriquece uranio al 20 por ciento. “La
AIEA puede confirmar que el 17 de julio, cuando los inspectores de
la agencia estaban en la planta experimental, Irán enriquecía
material nuclear para las dos cascadas interconectadas de 164
máquinas centrifugadoras”, declaró la portavoz de la AIEA Gill
Tudor, que confirmó así la información publicada la semana pasada
por el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, con
sede en Washington. Ya en 2002, un grupo de oposición iraní, reveló
la existencia de una planta de enriquecimiento de uranio en Natanz,
que constituyó la primera evidencia de un programa clandestino
nuclear de Irán.
Manteniendo dos cascadas, los técnicos iraníes pueden reutilizar las
sobras de uranio poco enriquecido. Analistas extranjeros creen que
la República Islámica ha alcanzado un nivel de enriquecimiento del
20 por ciento y que en cuestión de meses podría comenzar a producir
bombas atómicas. En este sentido, el próximo mes entrará en
funcionamiento la primera central nuclear iraní de Basher, después
de varios años de retrasos. En la construcción del reactor de Basher
ha participado Rusia activamente suministrando ingenieros y
proveyendo a Irán un cargamento de 80 toneladas de combustible
atómico para la planta. Moscú ha contribuido con el programa nuclear
de Irán desde su comienzo. Cientos de científicos rusos con sus
familias viven dentro de unas veinte instalaciones nucleares en el
país persa, custodiados por los “Spetznaz”, soldados de una unidad
de elite del Kremlin. Si bien es cierto que Irán también recibió
alguna ayuda para fabricar sus misiles de parte de Corea del Norte,
el diseño de los mismos, es copiado del esquema ruso. La responsable
directa del avance nuclear en China, Corea del Norte e Irán, fue la
ex Unión Soviética y continúa a través de Rusia.
Sin pruritos, el presidente de la Organización de Energía Atómica de
Irán, Ali Akbar Salehi, manifestó a la televisión estatal: “Ahora
mismo se está inspeccionando el equipamiento de la central
energética de Basher y anuncio definitivamente que estará operativa
en septiembre”.
Como colofón, haría falta un testeo para determinar si un
dispositivo atómico eventualmente funcionaría. Para ello es menester
detonarlo con una explosión que no deje huellas de uranio detectable
por el mundo exterior. De hallarse esos rastros, se estaría ante la
evidencia irreversible de un Irán peligrosamente convertido en una
potencia nuclear.
En lo que parecería ser una reacción tardía y una evidencia que las
sanciones que se aplican contra Irán son absolutamente inútiles, la
semana pasada el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos,
el almirante Mike Mullen, dijo que el ejército estadounidense tiene
un plan de contingencia para atacar a Irán, aunque consideraba que
una ofensiva militar podría ser una mala idea. La furibunda reacción
iraní estuvo a cargo del subcomandante de la Guardia Revolucionaria,
general Hossein Kan’ani Moghadam, quien dijo a modo de bravata el
lunes a The Associated Press Television News, que las tumbas para
los soldados estadounidenses que ataquen Irán fueron excavadas en la
provincia de Juzistán, donde Irán sepultó a los soldados iraquíes
que murieron en la guerra de 1980-1988 entre la república islámica y
el régimen del entonces líder iraquí Saddam Hussein. “Las fosas
comunes que solían ser para enterrar a los soldados de Saddam ya se
han preparado de nuevo para los soldados de EE.UU. y esta es la
razón por la excavación de este gran número de tumbas”.
Irán, teniendo presente que en 1981, el reactor nuclear iraquí de
Osirak fue destruido por la aviación israelí en un ataque
preventivo, ha adoptado la práctica norcoreana de construir
instalaciones masivas subterráneas localizadas en terrenos
montañosos, protegidas por muchas capas de hormigón. El helicóptero
israelí CH 53 que se desplomó por un accidente el 26 de julio en una
región montañosa en las cercanías de la ciudad de Brasov, en el
centro de Rumania, sugestivamente, realizaba maniobras conjuntas con
el ejército rumano en una zona muy escarpada y de difícil acceso muy
similar a donde se encuentran los reactores nucleares ocultos que
tiene emplazados Irán.
La injustificada agresión de las Fuerzas Armadas Libanesas al
Ejército de Defensa de Israel (IDF ) en la frontera entre Israel y
Líbano, la cínica imputación de Nasrallah el líder del Hezbollah
quien, sostuvo que Israel estuvo detrás del atentado a Rafik Hariri,
los disparos de cohetes del Hamas desde Gaza a territorio israelí,
corrobora lo escrito en diciembre de 2009 por el autor de éste
artículo: “A la par que Israel, por estrictas razones de
supervivencia, evalúa la posibilidad y consecuencias de un ataque
preventivo a las instalaciones nucleares de Irán, Occidente piensa
puerilmente en la estéril aplicación de mayores sanciones económicas
al fanático régimen teocrático que oprime a su mismo pueblo. Es muy
probable que los movimientos terroristas Hezbollah en Líbano y Hamas
en la Franja de Gaza, armados y financiados por la República
Islámica de Irán, comiencen las agresiones y provocaciones contra el
Estado judío, e incluso llegar a desatar una guerra con el fin de
distraer la atención y posibilitar, de ese modo, que el siniestro
Ahmadinejad pueda estar en condiciones de disparar el gatillo
nuclear.”
100.000 euros de multa si no rotulas en
catalán
Redacción Minuto Digital 24 Agosto 2010
El nuevo Código de Consumo de Cataluña ha entrado en vigor este
lunes. La norma autonómica establece multas de hasta 100.000 euros
para los comerciantes que no utilice el catalán en sus
comunicaciones -orales o escritas- con los clientes. Las grandes
empresas tienen, a partir de hoy, seis meses para adaptarse al nuevo
reglamento; las pymes tendrán un año.
La Ley fue aprobada por el Parlamento de Cataluña, con el único
apoyo de los grupos que forman parte del Gobierno tripartito -PSC,
ERC e ICV-EUiA- pues CiU se abstuvo y PP y Ciudadanos votaron en
contra, el pasado 30 de junio, y fue publicada en el Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña el pasado 23 de julio. Las multas
lingüísticas, según consta en la Ley, pueden llegar al millón de
euros para los casos reincidentes.
Pero, además, uno de los aspectos que ha pasado más desapercibido es
el artículo 311.5 de la nueva norma. Este punto establece que ‘las
personas consumidoras tienen el derecho y el deber de cooperar, de
forma individual o mediante las organizaciones que las representen,
con las administraciones públicas encargadas de velar por el
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de
las personas consumidoras. [...] El medio principal de cooperación
es la denuncia’. Por lo tanto, el Código de Consumo alienta, regula
y permite la delación lingüística.
Otra de las novedades de la norma autonómica es que los teléfonos de
atención de incidencias y reclamaciones, desde este lunes, han de
ser gratuitos para los clientes, y las empresas de servicios
considerados básicos no podrán interrumpir el suministro contratado,
ni incluir a los ciudadanos en listas de impagados, pese a que los
clientes no paguen un recibo que haya sido reclamado. Sí se podrá
cortar e incluir en listas a los clientes que tengan dos recibos o
más sin pagar.
Tanto PP como Ciudadanos, que votaron en contra de esta ley, han
criticado que el Gobierno de Montilla no haya ajustado a legalidad
una norma que, después de la sentencia del Tribunal Constitucional
(TC) sobre el Estatuto de Autonomía, queda probablemente fuera de la
legalidad vigente al establecer multas por utilizar una de las
lenguas cooficiales de Cataluña y única oficial en toda España, como
es el español.
Alicia Sánchez-Camacho, senadora y presidenta del PP de Cataluña, ha
asegurado en rueda de prensa que los populares están contemplando
“todas” las medidas legales para que se modifique el redactado de la
norma de manera que no se multe a los comerciantes por usar el
español. No ha descartado, incluso, acudir al TC.
Por su parte, Albert Rivera, diputado autonómico y presidente de
Ciudadanos, ha anunciado que remitirá al Defensor del Pueblo un
texto instando a esta institución que recurra el Código de Consumo
ante el TC -en la línea de lo anunciado también por el diputado
autonómico José Domingo el pasado jueves- por considerarlo
inconstitucional y crear “una situación jurídica y políticamente
inaceptable”.
Rivera ha recordado que “en el ámbito privado la Generalidad no
puede sancionar, no puede sancionar a las pymes o a los autónomos
por hacer uso [de una] de las dos lenguas oficiales en Cataluña,
cómo son el catalán y el castellano” y ha criticado al Gobierno
tripartito de estar obsesionado en “sancionar” y “prohibir”.
La sentencia del TC sobre el Estatuto establece, en el fundamento
jurídico 22, que no hay ningún deber jurídico derivado de la
aplicación del artículo 34 del Estatuto de Autonomía que establezca
la obligación a utilizar una u otra lengua cooficial en Cataluña en
una relación privada entre empresas y empleados con sus clientes.
El Alto Tribunal ha dejado claro que esta obligación a utilizar una
u otra lengua, en función del cliente -el ciudadano-, solo es
aplicable a las empresas públicas por lo que el autonómico Código de
Consumo, que obliga a utilizar el catalán, bajo sanciones de 100.000
euros, con toda seguridad, no cabe en la Constitución. El Consejo de
Garantías Estatutarias, de ámbito autonómico, avaló la norma en un
dictamen consultivo con anterioridad a la sentencia del TC.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
ETA, como siempre
Germán Yanke Estrella Digital 24 Agosto 2010
El diario El Mundo publicaba ayer una interesante información,
basada en investigaciones policiales y documentos de ETA, sobre la
nula inclinación de la banda a su desaparición. Puede haber lo que
los terroristas llaman una “tregua” pero que, sin ningún afán de
rectificación ni de verificación de la misma, se queda en una
hipocresía más para avanzar mientras se preparan de nuevo, quizá
tratando de evitar, en medio de la confusión, la presión policial
que les está llevando a la derrota definitiva. Ya no logran engañar
a nadie, ni a ciertas personas que han apoyado a la banda y que, por
el momento, siguen atenazadas por la misma e incapaces de una
condena de la violencia totalitaria. En medio de la vergonzosa
barbarie en la que se mueve ETA, porque esa violencia totalitaria no
es sólo su medio sino también su ideología, los terroristas, por
aquello de resistirse a perder, no sólo no están dispuestos a pedir
perdón sino que quieren exigir responsabilidades por lo que, entre
tanto vómito, llaman vulneraciones de sus derechos.
En un nivel más calllejero se ha visto la misma actitud estos días
de celebración de fiestas veraniegas en el País Vasco. Rebrota el
terrorismo callejero y la Izquierda Abertzale, que cree engañar a
alguien compaginando la negativa a condenar estos hechos con la
declaración absurda de que ha optado por las “vías políticas”, se
queja de que se les criminalice por tantas amenazas, destrozos,
extorsiones, etc. Afortunadamente, la documentación sobre las
intenciones ha hecho que la Audiencia Nacional, primero en Barcelona
y después en Bilbao, haya prohibido las manifestaciones públicas de
apoyo a los que, antes y después, con una retórica o con otra, con
acciones de una u otra naturaleza, apoyan a ETA y sus objetivos.
Estas evidencias y el contenido de la información publicada revelan
–de nuevo- una obviedad que se ha venido manteniendo y mostrando a
lo largo de toda la historia de la banda terrorista: no hay en su
interior, por su entraña ideológica, mecanismos para la
desaparición. Ni éticos, ni políticos, ni estratégicos. El único
camino es la persecución policial para poner ante los jueces a los
terroristas y sus secuaces. Nada se consigue en poco tiempo, y menos
una lacra como la de ETA, pero es el camino adecuado como lo prueba
tanto la reflexión razonable sobre lo que supone como la experiencia
práctica. No puede haber aire para que respire el terrorismo; se
trata de que el Estado de Derecho lo ahogue.
Lecciones desde Irlanda
ROGELIO ALONSO El Correo 24 Agosto 2010
PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Irlanda del Norte continúa siendo un recurrente referente para el
País Vasco, como demuestran las interesadas instrumentalizaciones
que políticos nacionalistas y otros observadores realizan de dicho
contexto. Suelen hacerlo ignorando la premisa básica sobre la
finalización de la campaña terrorista: el IRA decretó el final de su
violencia a pesar de no haber conseguido sus objetivos, renuncia
forzada por la intensa presión antiterrorista sobre el más
sangriento grupo terrorista de Europa. Por ello, en el País Vasco se
intenta minusvalorar tan fundamental lección descontextualizando los
denominados 'principios Mitchell', una retórica declaración de
principios democráticos básicos y de rechazo a la violencia, que
desde Batasuna y otros sectores nacionalistas son tergiversados para
burlar la legalidad. Se insiste desde dichos ámbitos en que la mera
aceptación formal de tan genéricos principios debe ser suficiente
para que el brazo político de ETA evite su ilegalización a pesar de
la incuestionable vinculación de Batasuna con el terrorismo.
No es ésta la única trampa que la propaganda nacionalista tiende
mediante la tergiversación del contexto norirlandés, pues también
viene planteándose que aquí la problemática de las víctimas deberá
'resolverse' como allí. En primer lugar debe cuestionarse esa
asunción de que tan delicado tema ha sido realmente resuelto de
manera satisfactoria en una región donde muchas víctimas del
terrorismo aún rechazan la terrible impunidad política, moral,
histórica y jurídica permitida por el proceso norirlandés. Nada se
ha avanzado en el objetivo de una reconciliación que resulta
imposible alcanzar sobre los cimientos de injusticia en los que se
levanta el arreglo político admitido en Irlanda del Norte. De ahí el
interés nacionalista por buscar la importación de fórmulas que han
contribuido a construir una dañina identidad para las víctimas al
ser definidas éstas como meras 'consecuencias del conflicto' y a las
que se les ha arrebatado la reparación que merecen las víctimas de
cualquier delito, pero especialmente quienes han sufrido tan
salvajes violaciones de derechos humanos.
Al condicionarse el avance de la sociedad a la relegación de la
necesaria justicia sobre los responsables de semejantes crímenes, se
ha asumido un peligroso chantaje que distorsiona importantes
lecciones para la resolución de un conflicto terrorista. Por un lado
se ha intentado imponer la creencia de que el final de la violencia
exigía la excarcelación de los terroristas, ignorando que la
debilidad del terrorismo dejaba a sus perpetradores escasas
expectativas de éxito y una limitada voluntad de continuar con una
estrategia fracasada incluso aunque no se hubiera producido la
liberación anticipada de presos. Además ha facilitado la
legitimación de la violencia al minusvalorar las consecuencias
políticas, humanas y jurídicas que se derivan de la misma. La
ausencia de sanción para delitos de una gravedad extrema sienta un
peligroso precedente en una sociedad en la que todavía se mantiene
el terrorismo. Una comparación entre los niveles de violencia de ETA
y de los grupos terroristas escindidos del IRA muestra una mayor
actividad por parte de estos últimos, incentivados por esa impunidad
y legitimación favorecida por tan dañino 'proceso de paz'.
En su afán por cerrar en falso un conflicto terrorista cuya
resolución exige mucho más que la disminución de la violencia, el
Gobierno británico aceptó concesiones frente al terrorismo cuyo
considerable coste amenaza con lastrar el avance de una sociedad
democrática. En este sentido, reveladoras son las conclusiones
extraídas por Mary-Alice Clancy en su reciente libro 'Peace without
Consensus', una sólida investigación con esclarecedoras pero
preocupantes revelaciones sobre ese proceso norirlandés al que tanto
se mira desde el País Vasco. La politóloga americana demuestra la
«ingenuidad» de Tony Blair, que aceptó las sucesivas intimidaciones
de Gerry Adams exigiéndole concesiones que, según sus amenazas, de
no ser satisfechas desembocarían en violencia. Como se desprende de
la excelente investigación de Clancy, una organización terrorista
derrotada extrajo mediante dichas coacciones una legitimación de
contraproducentes consecuencias.
Las cesiones del Gobierno británico fortalecieron la perjudicial
narrativa del conflicto reproducida por la propaganda terrorista,
reforzándose ésta frente al principal argumento de deslegitimación
esgrimido contra el terrorismo durante décadas: en un sistema
democrático los responsables de conductas criminales deben pagar por
sus infracciones sin recibir la recompensa de una negociación que
debilita a la democracia y fortalece a quienes han desafiado los
métodos democráticos mediante la amenaza y la violación sistemática
de los derechos humanos.
El apaciguamiento en el que se ha incurrido ha permitido la
construcción de un relato que transforma la realidad del conflicto
terrorista: los perpetradores de la violencia han dejado de ser
presentados como tales, pues de lo contrario resultaría acuciante la
lógica demanda de justicia y reparación que merecen las víctimas y
que los victimarios deben atender. Esta transigencia con quienes han
transgredido los más básicos principios políticos, humanos y morales
ha devenido en una neutralización del pasado, de manera que las
víctimas se ven forzadas a aceptar un relato que falsea su injusto
sufrimiento, dolor que se presenta como inevitable y necesario. Tan
injusta coacción se complementa con una espantosa exigencia que
rechaza la conveniencia de 'abrir las heridas del pasado', como si
juzgar a los victimarios no fuera un requisito imprescindible para
cicatrizar profundas heridas todavía abiertas y para la erradicación
y deslegitimación de una violencia que continúa siendo legitimada
por quienes hoy ejercen el poder.
En semejantes circunstancias ETA y Batasuna buscan emular un
referente como el norirlandés que tantas voces presentan,
erróneamente, como un eficaz modelo de resolución de conflictos.
Cataluña
PP y C,s acudirán al TC para impedir las
multas lingüísticas del Código de Consumo
Camacho estudia presentar un recurso, mientras que Rivera llevará el
caso a la Defensora del Pueblo
MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA ABC Cataluña 24 Agosto 2010
Ya que el Gobierno catalán no tiene suficiente con la sentencia del
Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto, en la que se
advierte de que el catalán no puede ser considerado idioma
preminente, tanto PP como Ciutadans buscan fórmulas para que el Alto
Tribunal genere la doctrina lingüística suficiente. Otra cosa es que
el Ejecutivo de José Montilla, que ya ha dado muestras de insumisión
judicial, se dé por aludido.
Coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Código de Consumo,
que tal como publicó el domingo ABC eleva las multas a los
comerciantes que sólo rotulan en castellano a 10.000 euros —un
millón si hay reincidencia—, la presidenta del PPC, Alicia
Sánchez-Camacho, se comprometió ayer a emprender «todas las medidas
parlamentarias a su alcance para que las leyes catalanas se ajusten
al Estatuto constitucional». En este sentido, no descartó presentar
un recurso ante el TC contra este Código, impulsado por una
Consejería socialista, la de Economía, dirigida por Antoni Castells.
«Falta de respeto»
En su opinión, Montilla «es cada vez más osado en su falta de
respeto a las instituciones y en el cumplimiento de las leyes; si se
esforzara tanto en luchar contra la crisis económica como en
saltarse el Estatuto constitucional, los catalanes se lo
agradecerían». Con estas palabras, la dirigente popular se refería a
la decisión del presidente autonómico de aplicar la ley de acogida
de los inmigrantes, recurrida por la Defensora del Pueblo en
cumplimiento de la sentencia del TC. Esta institución basa su
iniciativa precisamente en ese bilingüismo defendido por el Alto
Tribunal, así como en la invasión de competencias estatales sobre
extranjería en la que, según el fallo, incurre la ley catalana.
En opinión de Sánchez-Camacho, «el presidente socialista ha
convertido Cataluña en tierra de sanciones, multas y prohibiciones»,
en alusión al Código de Consumo, que fue aprobado por el Parlament
gracias a los votos del tripartito y de CiU —PP y C,s habían
presentado enmienda a la totalidad— a pesar de estar afectada por la
sentencia estatutaria del TC.
Por su parte, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, anunció que el
viernes instará a la Defensora del Pueblo a que lleve el nuevo
Código de Consumo ante el TC. Rivera recordó que su partido «lleva
cuatro años luchando para que se supriman las sanciones a los
comerciantes que no rotulen en catalán», castigo que, en su opinión,
provoca «una situación jurídica y políticamente inaceptable teniendo
en cuenta que la sentencia del TC sobre el Estatuto señala que en el
ámbito privado rige la libertad de empresa» .
«No queremos esta Cataluña en la que se pone palos a las ruedas a
los empresarios y comerciantes, en la que no hay libertad», dijo
Rivera. Manel Nevot o Xurde Rocamundi son algunos de los empresarios
ya multados por no rotular en catalán. También criticó al consejero
de Innovación Josep Huguet por tildar de «bombera pirómana a la
defensora del Pueblo. «Huguet no puede lanzar improperios contra las
instituciones del Estado porque él es representante del Estado y
ocupa su cargo gracias al marco constitucional». A su vez, pidió al
consejero que se pregunte «si sus políticas de uniformidad cultural
no son propias de la extrema derecha europea». El diputado del Grupo
Mixto en el Parlament y presidente de Impulso Ciudadano, José
Domingo, viajará la próxima semana a Madrid para pedir a la
Defensora del Pueblo y a todos los grupos de Congreso y Senado que
recurran ante el TC el Código de Consumo
Por contra, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, cree que el PP
«se pasa de la raya» si recurre el Código ante el TC y acusó a los
populares de practicar el «ataque permanente» a la lengua y la
cultura catalana. El secretario general de UDC, Josep Maria Pelegrí,
dijo que «los escuadrones encabezados por Sánchez-Camacho» actúan de
«avanzadilla del Estado para ir contra Cataluña».
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