AGLI

Recortes de Prensa   Jueves 26 Agosto  2010

 

Pensiones
Los políticos nos condenan a la pobreza
Emilio J. González Libertad Digital 26 Agosto 2010

El Ministerio de Trabajo está considerando ampliar el periodo de cálculo de la pensión de quince a veinte años, lo que implica un recorte de la prestación por jubilación del 5% con respecto al nivel actual. Este no es más que el primer paso de un proceso de rebaja de las pensiones que se irá materializando a medida que se vaya avanzando en la ampliación del periodo de cálculo a toda la vida laboral, lo cual supondrá una reducción de la pensión del 35% con respecto a los niveles actuales. Dicho sencilla y claramente, cuando nos retiremos, vamos a ser la tercera parte más pobres que los jubilados actuales, gracias a que la nefasta clase política de este país siempre se ha negado a afrontar la reforma de la Seguridad Social.

Quienes no quieren ni oír hablar de semejante reforma siempre argumentarán que la ampliación del periodo de cómputo es algo que ya figura en el Pacto de Toledo y que de lo que se trata, en última instancia, es de salvar el sistema público de pensiones. Y dicen bien, porque lo que pretenden es que las pensiones sigan siendo públicas y, por tanto, controladas por el Gobierno –que siempre puede estar tentado de obtener réditos electorales con su manejo– y por los sindicatos –a los que les encanta todo lo que huela a Estado porque, a través de él, siempre encuentran forma de beneficiarse de ello. Lo que importa, por tanto, no es el sustantivo pensiones, que se pueden y se podrían salvar mediante la reforma del sistema, sino el adjetivo público, es decir, que sigan en el ámbito del poder político y sindical, aunque ello implique el condenar a quienes hoy trabajan para ganarse el pan a una pensión de miseria mañana. Todo sea por el Estado.

La cosa, además, se agrava porque la estructura del sistema público se viene abajo en cuanto suben las cifras del paro. La Seguridad Social paga las pensiones actuales con las cotizaciones de hoy de los trabajadores y empresarios. Así es que, en tiempos de crisis, cuando desaparecen empresas y puestos de trabajo, como sucede en España, el sistema se viene abajo porque fallan los ingresos. Todo esto se agrava aún más en un contexto como el español en el que el número de jubilados crece más rápidamente que el de nuevas incorporaciones al mercado de trabajo debido al envejecimiento de la población. Por supuesto, esto no es nuevo. Hace ya bastantes años que se sabía perfectamente lo que iba a pasar pero cuando llegó el momento de que los políticos hablaran del sistema de pensiones, todos se pusieron de acuerdo en mantener el modelo dentro del ámbito público a toda costa, condenando con ello a generaciones de trabajadores a ver recortada drásticamente su pensión cuando lleguara el momento de la jubilación.

Todo esto se podía haber evitado si, en su momento, se hubieran asumido los compromisos pertinentes con los trabajadores de más edad y se hubiera dado al resto la oportunidad de pasar a un sistema privado de capitalización, es decir, aquel por el cual la pensión de cada uno depende de sus aportaciones a planes de pensiones a lo largo de su vida laboral. Sin embargo, esto significaba que los políticos y los sindicatos perdieran el control del sistema y se negaron en rotundo a ello, todos sin excepción, porque, como digo, lo importante es que el sistema sea público, no que funcione mejor o peor.

Pues bien, puestos a que el sistema tenga que ser público por narices, lo que tendrían que hacer ahora los políticos y los sindicatos es sentarse a hablar de cómo recortar miles y miles de millones de euros de gasto público inútil, en todos los niveles de la Administración e incluyendo las subvenciones a los sindicatos, para poder dotar de más recursos a la Seguridad Social de forma que no haya que tocar a la baja las pensiones futuras. Es lo que cabría esperar de ese compromiso con lo público que unos y otros han manifestado tan vehementemente. Pero como eso significa recortarles drásticamente otras partidas de poder, no están dispuestos a ello. Este es el drama de la política y el sindicalismo español: que empobrecen a los ciudadanos para satisfacer sus intereses, que es lo único que les importa. Así, no sólo hacen recaer sobre las espaldas de los jubilados futuros el coste de su falta de compromiso real con el ciudadano, sino que, con estas actitudes, cierran de par en par las puertas a cualquier posibilidad de reforma porque como no están dispuestos a renunciar a gastar, no van a tener recursos para financiar la Seguridad Social y, al tiempo, permitir que los trabajadores actuales busquen en planes privados esa prestación por jubilación decente que unos y otros les niegan. Y quien piense que todo se puede arreglar con estimular que los trabajadores, además de cotizar a la Seguridad Social, suscriban planes privados, se equivoca, porque con el nivel de endeudamiento actual de las familias a cuenta de las hipotecas, con unos tipos hipotecarios que empiezan a crecer, con sueldos que comienzan a apuntar a la baja y con cifras de paro de escándalas, es imposible que nadie con unos ingresos que no sean muy altos pueda permitirse el lujo de cotizar al sistema público y, además, al privado. O sea, que lo que nos espera en el futuro es la pobreza en nombre de eso que denominan conquista social en forma de sistema público de pensiones.

Sin innovación no hay solución
Ricardo Gómez Díez www.gaceta.es 26 Agosto 2010

Decía Mariano Rajoy el domingo que si llega al Gobierno en 2012 lo primero que hará será presentar un Plan Global que incluya ocho grandes reformas: fiscal, administrativa, energética, laboral, educativa, financiera, presupuestaria y judicial.

La situación requiere, efectivamente, un cambio total, pero no en 2012, sino ahora mismo, incluso ahora ya es tarde; no hay más que ver los datos macroeconómicos de nuestro país. Y eso también afecta al actual Gobierno y a su presidente.

Yo no sé si ambos dirigentes políticos –Rajoy y Zapatero– son conscientes de que solamente hay una vía para seguir haciendo de España una gran nación: la innovación. Sin innovación, sin hacer de la innovación el norte y el objetivo de nuestra política y nuestra economía, ya podemos hacer mil y una reformas, podemos poner el país del revés, que todo seguirá exactamente igual.

Albert Einstein, el famoso científico de origen alemán que revolucionó la física moderna con su teoría de la relatividad y alcanzó el Premio Nobel en la materia, dijo en cierta ocasión: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Y no sé por qué, a mí me parece que aquí seguimos haciendo las cosas igual cuando buscamos –si es que los buscamos– resultados diferentes.

Si yo fuese alguno de los dos, pensaría seriamente en la frase de Einstein, porque creo que, no sólo ellos, sino la mayoría de los españoles no se da cuenta de la importancia capital de la innovación como único factor clave del éxito para salir airosos de la crisis a medio y largo plazo. Y que no me digan que se han hecho esfuerzos en esa línea, porque lo único que tenemos es una retahíla de planes y más planes y programas gubernamentales para gastar dinero, pero con resultados globales más bien escasos: Ingenio, Avanza, Cénit, Icono, ya saben…

En España están haciendo más en ese sentido los pequeños y no tan pequeños emprendedores –los tenemos, aunque se hable poco de ellos– que han puesto en marcha negocios de biotecnología, nanotecnología o telecomunicaciones en general, que las Administraciones y los Gobiernos en su conjunto, siempre perdidos en este país en la retórica aristotélica y tan lejos de la ansiada práctica científica.

¿Qué es lo que hay que hacer? De las reformas y transformaciones que propone el líder de la oposición, hay una que, en mi opinión, es la base sobre la que deben sustentarse todas las demás: la de la educación; pero la de la educación en un sentido más amplio que el propuesto, que se queda en el consabido fracaso escolar y en la famosa receta de la exigencia.

Si queremos llegar a ser un país verdaderamente innovador, lo primero que debemos cambiar es la manera en que enseñamos a nuestros hijos, en que formamos a nuestros empleados y en que educamos a nuestros ciudadanos. Debemos promover, de verdad, un cambio de mentalidad radical y profundo. Se acabó el “sota, caballo y rey”, el “esto siempre lo hemos hecho así” o el “que inventen ellos”.

Hemos de descubrir, también, de fomentar la capacidad y las habilidades emprendedoras de nuestros jóvenes.
La razón fundamental por la que países como Canadá, Suecia o India –por poner sólo tres ejemplos– despuntan en innovación en muchos sectores económicos no es porque dediquen grandes presupuestos a I+D+i, o porque su talento sea excepcional. La razón por la que gozan de esa reputación innovadora es porque son capaces de crear el entorno, el espacio más innovador posible, porque tienen mentalidad de cambio y avance y, gracias a ello, sus empresas y Gobiernos dedican más dinero a investigación e innovación, o son capaces de atraer al mejor talento, y no al revés.

Aquí andamos empeñados en lo contrario. Y así, no es de extrañar que –según los informes de la Unión Europea– vayamos a la cola de la innovación en Europa, por detrás incluso de Bulgaria o la República Checa. A los datos de solicitud y patentes asignadas, por ejemplo, o a los de artículos científicos publicados por los investigadores y doctorandos de nuestras universidades me remito.

Señor Rodríguez Zapatero, señor Rajoy: la innovación no es cuestión sólo de tecnología, de inversión o de planificación; es, sobre todo, cuestión de actitud, de espíritu y de carácter.

Porque no se trata de que tengamos grandes productos y servicios innovadores para venderlos fuera y mejorar significativamente nuestra balanza comercial, sino de que tengamos grandes organizaciones y estructuras –públicas y privadas– innovadoras en su gestión, en su manera de hacer las cosas, porque son dirigidas y están inspiradas por personas innovadoras, emprendedoras y rompedoras, como fruto de una educación, formación y cultura mejores, diferentes.

La innovación debe ser el catalizador del cambio que España necesita, el eje de una política de Estado reformista que se debe desplegar para conseguir el cambio necesario de mentalidad cultural y de estructura empresarial, aunque a algunos les parezca una locura o les sorprenda por paradójico. Porque, sin innovación, desengáñense ustedes, no hay solución. Hay perdición.

*Ricardo Gómez Díez es consultor y experto en innovación.

Alicia en el país de los talibanes
Editorial www.gaceta.es 26 Agosto 2010

El asesinato de dos guardias civiles y su intérprete en Qala-I-Naw a manos de un talibán infiltrado y el intento de los insurgentes de asaltar la base muestran dos inquietantes evidencias.

La primera es que el Gobierno no aprende, y no aprende porque no sabe Historia: episodios como ése –musulmanes infiltrados en la llamada Policía indígena– jalonaron la guerra de Marruecos hasta culminar en la gran traición del desastre de Annual (1921). Cambian los tiempos, pero las dinámicas de la traición siguen siendo las mismas.

La segunda evidencia es que si instruir a los afganos está siendo tan arduo y tan peligroso, tenemos guerra para largo, porque está claro que a la OTAN le está saliendo cara su estrategia de transferir de forma progresiva la responsabilidad a las autoridades de Kabul. El optimismo exhibido por el general Petraeus es puro marketing y creer en que un Ejército afgano podrá sustituir a la fuerza aliada es Alicia en el país de las maravillas (en este caso, el país de los talibanes). Estamos cansados de ver la escena: un día es la foto de guerrilleros que entregan sus armas, y al día siguiente, esos mismos muyahidines desertan o atacan. Las puñaladas traperas y los abandonos están a la orden del día. El mando aliado pretende zanjar el conflicto con una transición a la democracia, pero la cosa no es tan fácil. Nada en esta compleja guerra lo es, a pesar de los esfuerzos del Gobierno español por minimizar un conflicto que se ha cobrado casi un centenar de muertos. Una actitud acorde con el voluntarismo pacifista de Zapatero, cuyo ministro del Interior negó inicialmente que un grupo de 200 insurgentes tratara de asaltar la base española hasta que, desbordado por los hechos y las imágenes en Internet, no tuvo más remedio que admitirlo.

Afganistán ha sido una de las grandes contradicciones ideológicas de la era Zapatero, marcada por la demagogia irenista desde el minuto uno, cuando se estrenó ordenando retirar las tropas de Irak y nombrando a un ministro que predicada la rendición (“es preferible morir antes que matar”). Llegó al poder presentándose como la antítesis del belicista Aznar y nos mantiene en un conflicto con casi un centenar de muertos y que a diferencia de Irak, de la que se acaba de retirar el contingente militar americano, no sólo no tiene fecha de caducidad, sino que se ha vietnamizado. Es cierto que la tozudez de los hechos, en forma de desfile de féretros, ha obligado al Gobierno a ir sustituyendo el obsceno eufemismo (“misión de paz”) por la afirmación de la evidencia (“misión peligrosa”), pero aun así no se apea del burro de su pacifismo ni reconoce explícitamente que Afganistán no es una excursión de boy scouts ,sino una guerra en toda regla.

La muerte de los dos guardias civiles es un episodio más de un largo rosario de acciones bélicas en las que nuestras tropas han acabado de sangre hasta la cejas. No estamos ante una acción policial, sino ante una guerra. Aunque sea una guerra contra el terrorismo. ¿Cómo calificar si no refriegas de seis horas contra guerrilleros afganos, como la que libraron nuestros soldados hace casi un año, llegando a matar a 13 talibanes? Si eso no es un combate, el Diccionario de la Real Academia debería actualizarse. Lo que ocurre es que el Gobierno hace lo imposible por disimular lo indisimulable. Ayer se vio que tal pretensión es quimérica. Estamos instalados en un volcán de sangre y traiciones, y ni siquiera controlamos la situación: el talibán infiltrado llevaba cinco meses trabajando como chofer y hombre de confianza de uno de los oficiales asesinados.

La costumbre de morir
El Gobierno se siente incómodo en ese crudo conflicto que desnuda las contradicciones de su argumentario pacifista
ignacio camacho ABC 26 Agosto 2010

SI fuese por el discurso oficial del Gobierno, los españoles no entenderíamos por qué nuestros compatriotas mueren en Afganistán. El zapaterismo no ha sido capaz todavía de articular una explicación coherente y sincera de la presencia militar en un conflicto armado que el Gobierno empezó negando torpemente para continuar cubriéndolo de eufemismos y paños calientes con tal de no aceptar la evidencia sangrienta que el sacrificio de nuestros soldados está imponiendo en la conciencia de la opinión pública. Y sigue aferrado a tópicos voluntaristas —la misión de paz y otros lugares comunes de su repertorio de ambigüedades— y a artificios retóricos para evitar su obligación de ofrecer al país un argumento claro que justifique el amplio coste de vidas de esa guerra remota que parece incomodar la retórica pacifista del presidente y sus acólitos. Zapatero tiene pendiente desde hace medio año una comparecencia parlamentaria en la que afronte de una vez y sin tapujos la responsabilidad de solventar una contradicción flagrante de su mandato. Parapetado en la anuencia del PP —de eso no se puede quejar en este caso— elude de manera permanente la necesidad de dar la cara ante la nación para explicarle por qué es menester afrontar este reiterado tributo de sangre.

Noventa y dos soldados muertos —casi cinco veces más que en Irak— merecen ese esfuerzo político. Morir en Afganistán ya no es para nuestros militares un riesgo eventual de una misión auxiliar sino una costumbre macabra que no se puede disimular con circunloquios dialécticos y rostros contritos en el telediario. La presencia de España en esa guerra necesita un soporte moral e intelectual más sólido que las divagaciones —a menudo falaces— del impreciso discurso gubernamental. Obama, tan admirado por el presidente, lo ha buscado para su país en la teoría de la guerra justa que estructuró su discurso del Nobel de Oslo. Hay más razones: la lucha contra el terrorismo islámico, el compromiso internacional con los aliados del mundo libre, la cobertura de la ONU, la solidaridad con la causa democrática en Oriente Medio. Pero hay que explicarlas. En eso consiste el liderazgo.

La sensación es que el Gobierno se siente incómodo, embarazado en ese conflicto que desnuda con su crudeza las incongruencias de su simple argumentario pacifista. Lo manifiesta en sus elocuentes silencios y ausencias —¿dónde estaba ayer la ministra Chacón, tan propensa a las fotos sonrientes y al estilismo de campaña?—, en sus evasivas sinuosas, en las versiones edulcoradas de episodios dramáticos. Pero las muertes van a continuar y ese goteo siniestro requiere la valentía de un debate sin fingimientos, sin melindres, sin falsos complejos. Zapatero tiene, además del respaldo del PP, razones suficientes para ganarlo. Sólo le falta voluntad para afrontarlo y coraje para abandonar su endeble fetichismo ideológico.

Una guerra sin estrategia
Editoriales ABC 26 Agosto 2010

EL asesinato de dos guardias civiles y un traductor iraní nacionalizado español demuestra que en Afganistán no es posible diferenciar la intervención militar de la misión humanitaria, y que empeñarse en hacerlo, tras el atentado ayer en la base de Qala-i-Naw, sólo es una forma de engañar a la opinión pública. El atentado terrorista, ya asumido por los autores, fue perpetrado por un conductor local al servicio de un oficial de la Policía afgana acreditado para acceder a la base. Fue, en palabras del ministro del Interior, «un atentado premeditado». En efecto, lo fue porque el asesino llevaba varios meses infiltrado en la base sin levantar sospechas y porque, después de ser abatido por miembros del propio Ejército de ese país, decenas de civiles afganos se enfrentaron a ellos, como una segunda parte de la jornada criminal que habían preparado los talibanes.

Estas muertes testimonian que en la guerra —sí, guerra— de Afganistán no hay frentes definidos y que todas las tropas de la fuerza aliada están en misión de combate. La extrema gravedad de la situación queda reflejada en esta novedosa hostilidad contra nuestras tropas, en una zona donde se decía oficialmente que su trabajo de reconstrucción y aseguramiento contaba con el respaldo de la población. Pese a la evidencia de la situación crítica que se vive en Afganistán, el Gobierno no asume su responsabilidad de informar a la opinión pública con sinceridad y transparencia sobre la gravedad de todo lo ocurrido. En vez de este ejercicio de rigor democrático, que descarga en Rodríguez Zapatero, y sólo en él, el compromiso de dar cuenta a la sociedad en sede parlamentaria, el Gobierno se ha instalado además en una estrategia de subversión de sus ministros, entregando al de Fomento mensajes más propios de uno de Hacienda; y al Interior, credenciales que correspondían al de Exteriores (Melilla) o Defensa. Es comprensible en cualquier ciudadano la tendencia a huir de las malas noticias, pero no en el presidente del Gobierno.

Además de información, para Afganistán hace falta una estrategia, que es lo que prometió el presidente Obama para ganar las elecciones, hace ahora un año y nueve meses, y que tanto entusiasmó a Zapatero, dispuesto a preguntarse en público qué podía hacer él por Obama y no al revés. Pues bien, en Afganistán no se sabe cuál es la estrategia que se está aplicando y esta incógnita es la primera que hay que despejar no sólo para recabar apoyo político y social, sino para seguir allí. Porque lo que hace falta es una planificación auténticamente militar, y no más discursos ocurrentes sobre el carácter seráfico de nuestra presencia en un tierra hostil, donde el enemigo es implacable y ataca alevosamente.

No le comprendo, señor ministro
EDURNE URIARTE ABC 26 Agosto 2010

Pues no, no le comprendo, Sr. Rubalcaba. No comprendo que en su rueda de prensa para informar del asesinato de dos guardias civiles y un intérprete en Afganistán, usted volviera a negarse a hablar de los ocho millones de euros pagados al terrorismo fundamentalista por su Gobierno. «Comprenderán que éste no es el momento y el lugar para responder a esa cuestión», contestó a una de las escasas preguntas que admitió, cuando se le inquirió por la comparecencia de la Vicepresidenta pedida por el PP para explicar el rescate de Vilalta y Pascual.

Pero el nerviosismo mostrado ayer por Rubalcaba se debía precisamente a que él sabe que sí era el momento y el lugar, que una cosa y otra están estrechamente relacionadas. A este ministro se le pueden achacar muchas cosas pero no falta de inteligencia y conocimiento de los problemas. Y él sabe que los ocho millones de euros entregados a Al Qaeda servirán para financiar la Yihad en todos los lugares del planeta. Lugares de los cuales Afganistán constituye en estos momentos un centro vital puesto que puede reportar al terrorismo islámico un triunfo sobre el enemigo occidental. Y para ello Al Qaeda colabora con los fundamentalistas locales que son los talibanes.

De la misma forma en el pago del rescate a los piratas somalíes, los españoles podemos admitir un estado de imperiosa necesidad, una elección entre la vida y la muerte de Vilalta y Pascual, que justifique la decisión del Gobierno. Pero lo que no es admisible es que se nos niegue la información y la verdad sobre las consecuencias de ese pago. Porque el Gobierno ha salvado a dos españoles del fundamentalismo islámico. Pero sólo unas horas después ha perdido a tres compatriotas a manos de ese mismo fundamentalismo. Y entre unos y otros ha financiado con ocho millones a Al Qaeda y ha liberado a un terrorista.

La verdad sobre Afganistán
El Editorial La Razón 26 Agosto 2010

La guerra contra el terrorismo islamista se cobró ayer tres nuevas víctimas españolas en un atentado en la antigua base de Qala-i-Now, en la provincia afgana de Badghis. Un talibán infiltrado, que trabajaba como chófer del jefe de policía afgano, disparó contra el capitán José María Galera Córdoba, el alférez Abraham Leoncio Bravo y el intérprete nacionalizado español Ataollah Taefi Kalili, que murieron prácticamente en el acto. Los talibán reivindicaron el atentado.

Por encima del resto de valoraciones, nos parece de justicia en estas horas de intenso dolor, especialmente para las familias y los compañeros de las víctimas, agradecer y reconocer el trabajo y el sacrificio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas destacados en el país asiático, y su compromiso en la defensa de la libertad y la seguridad en un escenario bélico a miles de kilómetros de casa.

Muy distinto, y mucho más complejo, es el debate político sobre la participación española en la guerra de Afganistán. Superados los tiempos en los que el Gobierno insistía torpemente en hablar de misiones de paz, el ataque de ayer y el día a día de la operación siembran cada vez más dudas sobre la evolución del conflicto y la gestión del mismo por parte del Ejecutivo.

Algunas circunstancias han dejado en evidencia en las últimas horas la verdad oficial. Sólo un día antes del atentado, se ofreció la imagen de la entrega de sus armas por parte de unos talibán en la base de Qala-i-Now. El mensaje de la propaganda era que los islamistas casi comenzaban a rendirse. La maniobra de desinformación se desmontó dramáticamente con los disparos del talibán infiltrado y, en un hecho de honda repercusión y sin precedentes, con la revuelta popular posterior al atentado contra los guardias civiles, cuando cientos de afganos intentaron tomar la base española y se desató una dura refriega.

¿Cuál es la verdad de Afganistán? Los hechos han demostrado de forma contumaz que el Gobierno oculta o «cocina» la dureza de un conflicto en un territorio que demuestra una hostilidad creciente. En LA RAZÓN hemos informado de numerosos incidentes armados de nuestras tropas que no habían trascendido públicamente, de las durísimas condiciones en las que los militares desarrollan su trabajo y de una seguridad mejorable, tanto operativa como material. Duran i Lleida reclamó ayer un debate para «valorar» la presencia española en el territorio, pero ése es un atajo equivocado. España está obligada a cumplir con sus compromisos internacionales desde el convencimiento de que la guerra contra el terrorismo no se ganará mirando para otro lado, aunque es cierto que el errático discurso de Barack Obama sobre la futura retirada no ayuda.

Lo que toca ahora es analizar de forma crítica si los militares españoles disponen de lo necesario para alcanzar los objetivos de la misión y si los intereses políticos del Gobierno no están perjudicando a ésta. Y también hay que abordar el deber público de la transparencia. Se dice que la verdad es la primera víctima de la guerra, pero en una democracia los ciudadanos tienen el derecho a conocerla. El Parlamento está para eso.

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La hora de los tramposos
Luis Miguez MachoEl Semanal Digital 26 Agosto 2010

En un Estado de Derecho occidental desarrollado no se debe despreciar la fuerza de una sentencia judicial. Así se desmontó el sistema de segregación racial en EEUU, así cayó Batasuna.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña los problemas a que da lugar esta controvertida norma no sólo no han terminado, sino que no han hecho más que empezar: los intentos de "rescatarla" por parte del Gobierno y su desarrollo por las instituciones catalanas generarán continuos conflictos políticos y jurídicos que marcarán el final de la legislatura.

Hay que saber perder
El anuncio por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que "rescatará" algunas partes del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña declaradas inconstitucionales por la vía de asumirlas a través de la legislación estatal (en particular, lo relativo a la descentralización del Poder Judicial) amenaza con provocar una grave crisis institucional y política a la vuelta de vacaciones. La opinión pública no alcanza a entender cómo es posible que el Ejecutivo, por meros intereses electoralistas, pretenda llevar a cabo algo que todo el mundo interpreta como el burdo intento de burlar una sentencia del Tribunal Constitucional.

Casualmente, el ministro implicado de manera más directa en esta operación, Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional, fue también el muñidor del "arreglo" final del nuevo Estatuto catalán y el máximo defensor de la plena y perfecta constitucionalidad de la norma. Todavía no se le ha escuchado pedir disculpas o dar explicaciones públicas sobre la sentencia que ha anulado o sometido a interpretación cerca de cien artículos del Estatuto.

Hay que saber perder. El nuevo Estatuto ha sido un fiasco, como lo fue en la anterior legislatura la negociación política con la banda terrorista ETA. Pero, igual que el Gobierno no ceja en sus maniobras alrededor de los terroristas, sólo que más discretamente que hace cuatro años, tampoco parece dispuesto a reconocer y asumir el desastre (más que anunciado) que ha supuesto el seguir de forma ciega la senda marcada por la oligarquía política catalana.

La cuestión del Poder Judicial ejemplifica muy bien todo esto. Los constituyentes no quisieron descentralizar el Poder Judicial, a diferencia de los otros dos poderes del Estado. Ésta es justamente una de las grandes diferencias entre nuestro Estatuto autonómico y los Estados federales. Si los nacionalistas catalanes quiere enmendar esto, que propongan una reforma de la Constitución; lo demás es trampa y fraude constitucional.

Pero, como ya he dicho en más ocasiones, no lo harán. Tendrían entonces que explicar de manera pública y abierta para qué quieren descentralizar el Poder Judicial: para controlarlo políticamente, y tener así no sólo editoriales unitarios en medios de comunicación monocordes, sino también sentencias unitarias en tribunales serviles.

No hay que olvidar que sin control del poder por la opinión pública a través de medios de comunicación críticos ni Justicia independiente no hay Estado democrático de Derecho digno de tal nombre, aunque se vote cada cuatro años. Lo primero ya falta en Cataluña, como en otras Comunidades autónomas; figurémonos lo que ocurriría si desapareciese también lo segundo.

Recursos de inconstitucionalidad en cascada
En último término, si el Gobierno llevase a término sus propósitos, en medio de una previsible marejada política y judicial, el asunto volvería al Tribunal Constitucional, porque la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se aprobase en la Cortes sería indudablemente objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte del PP. Pero es que ése es igualmente el destino de cada una de las leyes que se aprueben a partir de ahora en desarrollo del nuevo Estatuto catalán, sea por la Cortes Generales o sea por el Parlamento de Cataluña.

La primera ha sido la Ley de Acogida e Integración de Inmigrantes, impugnada por la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, por contradecir la doctrina que sienta la sentencia del Estatuto sobre la inconstitucionalidad de que el catalán se considere lengua oficial "preferente". A continuación le seguirá el nuevo Código de Consumo catalán, que consagra las vergonzosas multas lingüísticas a los comerciantes.

La reacción de los nacionalistas catalanes ha sido sencillamente enloquecida, y sólo el que estemos en el mes de agosto ha permitido cubrir con un manto de olvido la gravedad de determinadas declaraciones, entre las que destacan las de un tal Josep Huguet, conseller de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat. Si es intolerable que el titular de un cargo público lance improperios contra una institución del Estado como es el Defensor del Pueblo, todavía lo es más el que anime a la "insumisión" contra las sentencias del Tribunal Constitucional.

Por lo demás, da igual lo que digan. Aunque la anulación de los artículos del nuevo Estatuto relativos al Poder Judicial se puede intentar trampear, la doctrina de la sentencia sobre la cuestión lingüística es insoslayable y tendrá importantes consecuencias si se aplica de modo consecuente a través de nuevos fallos judiciales, del Tribunal Constitucional o de los tribunales ordinarios, a supuestos concretos: la acogida de los inmigrantes, la actividad empresarial privada, la enseñanza, la atención a los administrados.

En un Estado de Derecho occidental desarrollado no se debe despreciar la fuerza de una sentencia judicial. Así se desmontó el sistema de segregación racial en los Estados Unidos, así cayó Batasuna en nuestro propio país, así tendría que terminar también el régimen de discriminación e imposición lingüística implantado en algunas Comunidades autónomas.

Nada de esto tiene que ver con una inexistente "recentralización" del Estado, aunque la misma, obviamente, se podría plantear, y con la misma legitimidad que nadie les niega a los nacionalistas cuando formulan sus propuestas disgregadoras. Sólo tiene que ver con el respeto a la Constitución, al Estado del Derecho y a las libertades individuales.

Un paseo por la izquierda
Entre las collejas al oscurantismo de Rubalcaba y los ‘déjà vu” de ‘Público’
 www.gaceta.es 26 Agosto 2010

Alfredo Pérez Rubalcaba se da la vuelta y, ¡zas, se la clava! La banderilla, no me sean mal pensados, que le colocaba en el cogote su diario ‘amigo’, ‘El País’.

Y es que lo de Marruecos se ha llevado fatal. No es cosa nuestra, de la ‘caverna’; lo dicen hasta los ‘progresistas’ –qué risa, Felisa–, que no tenían empacho en dedicarle un editorial con un titular definitorio: “Solución opaca”. “La crisis diplomática con Marruecos se resuelve sin que se aclare cómo y por qué comenzó”, lanzaban. Luego, ya dentro, señalaban algunas de las cosas tan pintorescas que han sucedido, como por ejemplo esas conversaciones entre ministros “de las que apenas se conoce el contenido”. Claro que, como era de rigor, no faltaba el palo a ya saben ustedes quién: el del bigote, que realizó “gestos teatrales (…) estando en la oposición y también en el Gobierno, aunque disfrazándose de candidato electoral”. ¿Mande? “El precio que ha habido que pagar por esos gestos es que hoy Ceuta y Melilla están en la agenda bilateral”, escupían. En realidad, para Rabat nunca han dejado de estar en esa agenda. Unas veces de forma más clara y otras menos.

De todas formas, la obsesión aznariana no aparcaba algunas cuestiones sobre “esos incidentes cuya existencia ha reconocido el ministro”. “El Gobierno no ha desmentido esas acusaciones con la claridad y la contundencia que requieren, tanto para restablecer el buen nombre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, cuyo trabajo se desarrolla en condiciones de extrema precariedad, como para que los ciudadanos puedan entender qué desencadenó la crisis y cómo se ha resuelto”, argumentaba el editorial. Si han leído LA GACETA estos días –ayer mismo, por ejemplo– sabrán de sobra cuáles son esas condiciones de precariedad.

CÍNICO RADIOFÓNICO
Claro que el aludido mostraba su perfil más seráfico en la Cadena SER. “Los agentes de policía saben que tienen mi apoyo y que pueden contar con él en los procesos judiciales abiertos”, dejaba caer ante los micrófonos de la radio de Prisa el ministro Rubalcaba. Es de agradecer ese apoyo a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por supuesto. Aunque todavía estén esperándole en Melilla. Al menos en las cuestiones internas del PSOE anda algo menos hipócrita. “Si un partido tiene una encuesta, forma habitual que se utiliza en muchos campos, que dice que hay un candidato con más posibilidades que otro, pues tendrá que apoyar a aquel que crea que va a ganar porque tiene ciertas responsabilidades. Si no, luego la militancia puede exigirle responsabilidades”, opinaba sobre las primarias del PSM. ¡Viva el oficialismo! ¿Saben, por cierto, que nuestro Fouché es íntimo de Jaime Lissavetzky?

VACÍO MENTAL
Así calificaba Antonio Elorza en ‘El País’ a la postura que mantiene José Luis Rodríguez Zapatero en la cuestión nacionalista y secesionista. Escribía el profesor temiéndose que tras lo del Estatut el inquilino de La Moncloa y el que toque acabasen perpetrando un “recosido celestinesco” –ya saben, lo de remedar virgos perdidos– con el Estado de las Autonomías. “España ha sido borrada del horizonte político catalanista, salvo como obstáculo o como ente históricamente incapaz de entender la singularidad y la capacidad de sufrimiento de Cataluña”, señalaba Elorza sobre la consigna ‘goebbelsiana’ –y no ‘goebbeliana’, como suele escribir cierto personaje que de esa materia algo sabe– repetida por federalistas asimétricos, nacionalistas o secesionistas.

ALTA TENSIÓN
“Se dispara la tensión entre Trabajo y sindicatos”, podía leerse en ‘Público’. Una más después de las duras críticas de Ignacio Fernández Toxo, el de Comisiones, en la SER. Más atusado andaba el compañero Cándido (Méndez, por supuesto) en la última de ‘El País’, aunque le echaba en cara al Gobierno que hubiera ido por la senda de todo lo que antes rechazaba. En fin, parece que se va calentando la huelga general.

DE OTROS TIEMPOS
El titular de esta página ya les indicaba que este Trasgo apreciaba ciertos ‘déjà vu’ del pasado regresando al presente en el rotativo del multimillonario trotskista Jaume Roures. Por un lado, el catedrático Francisco Balaguer llamaba a la alarma antifascista, porque “el fascismo es un virus mutante y sigue vivo, sólo que hoy se expresa de otra manera: a través de la corrupción institucionalizada, del cinismo como método de acción político, del populismo y del descrédito del Estado de derecho”. Pautas que podrían aplicarse también a la ideología histórica de otro que se dejaba caer por las mismas páginas: José Luis Centella. ¿Y quién es este buen hombre?, se preguntarán ustedes. Pues el secretario general del PCE –sí, aunque no lo parezca todavía existe–, que desgranaba sus recetas anticrisis y clamaba por la “necesidad de cambiar de política y de políticos”. Propuesta que sonaba un tanto como a un quítate tú para ponerme yo. El problema es que a lo mejor ya se ha cambiado de políticos, y por eso el PCE (e IU) está como está. En ese caso, también había respuesta, faltaría más: “El sistema está destinando todos sus esfuerzos a ocultar y silenciar a quienes opinan diferente”. ¡Como en la dictadura soviética!

Por cierto, que también volvía el papel del amo y señor de Mediapro con el ‘Prestige’ ocho años después, con dos días seguidos sacando a relucir el asunto como ariete contra el PP. Claro que teniendo en cuenta que para ‘Público’ la ‘desnacionalización’ de la Iglesia vasca es un “giro involucionista”...

Su predecesor, Joan Laporta, hablaba siempre en catalán a las peñas de toda España
Rosell habla en castellano a las peñas «para que todos lo entiendan»
Barcelona - Efe La Razón 26 Agosto 2010

Sandro Rosell asegura que durante la presidencia de Laporta el club había «estirado más el brazo que la manga», una política que ha dejado «varias facturas por pagar», por lo que el Barcelona deberá "recortar inversiones.

El presidente del Barcelona, Sandro Rosell, ha prometido hoy "redireccionar" la situación económica del club y ha insistido en que aplicará "la austeridad sin dejar de llevar a cabo los proyectos prometidos" para "dar la vuelta" a las cuentas del club aunque tardará "algunos años".

Estas afirmaciones las ha efectuado el presidente barcelonista ante los 1.547 peñistas que participan en el 31º congreso mundial de peñas azulgranas que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en la Diagonal de Barcelona.

Rosell ha sorprendido a los peñistas asistentes al ofrecer todo su discurso en castellano, "para un mejor entendimiento de todos los presentes", en contra de la costumbre de su antecesor, Joan Laporta, que solía utilizar el catalán como idioma preferente en todas sus intervenciones ante socios y peñistas.

Rosell, en un discurso de diez minutos que ha servido de apertura del congreso, ha repasado la situación del club y ha admitido que a su llegada a la presidencia "no hemos encontrado una buena situación económica, aunque no es nada que no se pueda solucionar".

"Intento ser neutro, pero es la realidad: económicamente, no estamos bien, pero lo arreglaremos. Tardaremos algunos años, pero le vamos a dar la vuelta a la situación", ha prometido el presidente, que ha recordado que algunos de sus cambios, "empezando por la sustitución del director general", ya intentan recomponer las cuentas.

Según Rosell, el club había "estirado más el brazo que la manga", una política que ha dejado "varias facturas por pagar", por lo que el Barcelona deberá "recortar inversiones, pero sin dejar de hacer lo que teníamos previsto, como rehabilitar el Camp Nou y construir un nuevo Palau Blaugrana".

En el plano deportivo, Rosell ha destacado la extraordinaria salud del primer equipo, "con el mejor entrenador del mundo, que nos ha caído del cielo", y el prometedor futuro del Barcelona B -"Luis Enrique me ha dicho que seguiremos en Segunda"- y de la cantera, a cargo de Guillermo Amor.

"Creo que en el fútbol hay poco que mejorar, porque para nosotros los mejores jugadores del mundo son los del Barcelona", ha añadido Rosell tras repasar las inversiones de la temporada (40 millones por David Villa y 9'5 por Adriano) y asegurar que hasta que se cierre el plazo de fichajes, "puede ser que haya alguna incorporación más, pero sin tirar el dinero por la ventana".

En las secciones profesionales, Rosell ha comentado que las plantillas "han ido mejorando" y ha pedido un reconocimiento para las secciones no profesionales de la entidad.

Del apartado institucional, el presidente ha remarcado que el club está intentando "recuperar las relaciones" con algunas instituciones "porque el Barça debe estar por encima de las personas".

En la recuperación del congreso mundial de las peñas coincidiendo con el Trofeo Gamper (durante el mandato de Joan Laporta, el congreso se integraba en el encuentro anual de peñas), Rosell ha prometido que la relación entre las peñas y el club será más fluida para que ser peñista "sea un motivo de orgullo y no sea visto como algo despectivo, como parece que ha ocurrido en algunos casos".

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