AGLI

Recortes de Prensa   Sábado 28 Agosto  2010

 

Ocultar nuestros problemas no los solucionará
EDITORIAL Libertad Digital 28 Agosto 2010

Pese a que cada vez hay más evidencias de que la moderación de la crisis económica internacional que hemos experimentado en los últimos meses ha sido el resultado artificial e insostenible de todos los planes de estímulo que vienen desplegándose desde 2009, en España parece que sólo estamos aprovechando estos meses de calma para hacer que suba el pan. Los riesgos de que se produzca una recaída, especialmente en las economías más endeudadas como la nuestra, van siendo cada vez mayores y, en este contexto, resulta urgente que terminen de aprobarse todas las reformas que los economistas califican de imprescindibles.

En cambio, nuestro irresponsable Gobierno sólo está cerrando en falso todas aquellas medidas que en mayo prometió aprobar para que nuestros acreedores internacionales no nos cerraran por completo los flujos de crédito.

La reforma laboral ha sido finalmente aprobada por el Senado sin ninguna modificación significativa que permita abaratar el coste del despido al margen del poder judicial o flexibilizar las condiciones laborales al margen del poder sindical; las anunciadas reducciones del gasto público están comenzando a descafeinarse, tal y como ilustra la revisión a la baja del recorte que supuestamente iba a experimentar Fomento; y la muy tímida reforma del sistema público de pensiones apenas permitirá prolongar su viabilidad durante unos años más.

Es decir, no se ha abordado ninguna de las tres grandes reformas económicas que la mayoría de analistas considera indispensables ­–mercado laboral, déficit público y sistema de pensiones. Al contrario, el Ejecutivo sigue empeñado en ese error que tan caro nos ha costado a todos los españoles: pensar que ocultando la existencia de problemas, éstos se solucionan.

Lo ha vuelto a hacer con la enmienda del Senado a la reforma laboral, donde se compele a los parados a que participen en inútiles cursos de formación simplemente para sacarlos de las estadísticas de desempleado, pudiendo así aparentar que las mojigatas medidas laboral del Gobierno están logrando los resultados esperados. Y lo vuelve a hacer, y en este caso con consecuencias mucho más inquietantes, utilizando el dinero del fondo de reserva de la Seguridad Social para seguir sufragando los derroches que Zapatero se niega a recortar.

Así, si en 2009 más del 70% de los activos de ese fondo ya estaban concentrados en la muy insegura deuda pública española, se espera que a lo largo de 2010 el 90% esté copado por la misma. En otras palabras, el Ejecutivo está quedándose con el dinero supuestamente destinado a garantizar la viabilidad de nuestras pensiones a cambio de la promesa de que en el futuro lo repondrá.

Es cierto que con esta especulativa política, Zapatero podrá colocar con un poco más de facilidad esas milmillonarias emisiones de deuda que mes a mes está realizando para cubrir nuestro agujero presupuestario. Pero ocultar durante unas semanas las dificultades reales que tenemos para colocar nuestros bonos no solucionará los problemas que tendremos en el futuro cercano para seguir lográndolo. Es más, lo único que se logra de este modo es que, por un lado, Zapatero no sienta presión alguna para reducir el déficit público y, por otro, se agrave la ya de por sí mala salud de nuestro sistema de pensiones.

Por eso la convocatoria de nuevas elecciones resulta imprescindible. De hecho, resultaba imprescindible desde el 10 de marzo de 2008, cuando se comenzó a constatar que el PSOE había edificado su victoria sobre una mentira. Otra más.

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No más errores con ETA
El Editorial La Razón 28 Agosto 2010

ETA tiene fijado como objetivo prioritario de su estrategia criminal más inmediata la posibilidad de que una de sus marcas blancas pueda presentarse a las elecciones municipales y forales del próximo año y asegurarse de este modo no sólo la presencia política en las instituciones, sino también las jugosas partidas presupuestarias correspondientes. La banda ha vuelto a poner en práctica la estrategia del señuelo para que algún incauto, irresponsable o desalmado la persiga. LA RAZÓN informó hace unos días de que ETA prepara otra tregua-trampa para colarse en unos comicios en los que se juega parte de su futuro. La realidad, sin embargo, demuestra que la inactividad etarra es sólo aparente y que su debilidad, aunque cierta gracias a los éxitos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no es un estado definitivo e irreversible. A pesar de que la capacidad de regeneración de la banda ha quedado muy mermada con el transcurso de los años por los distintos golpes policiales y la creciente contestación ciudadana, sería un error caer en un exceso de confianza o bajar la guardia. Afortunadamente, la experiencia de los mandos antiterroristas suele servir como un baño de realismo para rebajar las expectativas de algunos políticos.

Que ETA no haya cometido un asesinato en meses puede también contribuir a un análisis precipitado e inexacto. Los datos de los que disponen los expertos no son precisamente los de una organización al borde del colapso o que tiene pensado abandonar la violencia, sino más bien al contrario. Lo cierto es que la banda mantiene su actividad delictiva, ya que continúa con el chantaje del «impuesto revolucionario», mediante el envío de cartas a empresarios del País Vasco y Navarra en las que se les exigen grandes cantidades de dinero, y con el robo de numerosos coches en Francia, síntomas inequívocos de un grado preocupante de operatividad.

Para despejar todas las dudas, ayer se conoció también que miembros de ETA ayudaron a los terroristas de las FARC a preparar un atentado con morteros artesanales contra el lugar donde iba a tomar posesión el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el pasado día 7 de agosto. Los etarras participaron como instructores y suministraron el diseño de los morteros en unos preparativos que se iniciaron en abril. Afortunadamente, las Fuerzas de Seguridad colombianas descubrieron el plan tres días antes de la fecha.

Muy probablemente, ETA se reserve para las próximas semanas ese cebo de la tregua verificable, a la espera de que alguien pique y se provoque una espiral de enfrentamiento político. El objetivo sería también crear distracción y un escenario propicio para su participación en las elecciones y para una reorganización de la banda que ya está en marcha. El Gobierno, el PP y el resto de los partidos democráticos deben estar preparados para ese momento con una respuesta sin fisuras en torno a la estrategia antiterrorista que ha funcionado y alejada de tacticismos alicortos. La ETA que extorsiona, roba coches y colabora en el intento de asesinato del presidente colombiano no es una banda a punto de rendirse ni autodisolverse. Sería imperdonable que alguien se volviera a equivocar de nuevo.

Tregua-trampa de conveniencia
EDITORIALES GCT 28 Agosto 2010

La Historia se repite. Zapatero vuelve a poner alfombra roja a los terroristas y éstos aprovechan la ocasión para reorganizar su maltrecha estructura y preparar el desembarco electoral de los posibilistas de Batasuna en las elecciones de 2011.

La noticia, según publica hoy LA GACETA, es que hay fecha probable: mediados de septiembre. El calendario tiene su lógica política: los batasunos dispondrían del tiempo justo para buscar unas siglas con las que concurrir a los comicios de la próxima primavera. Y también su lógica simbólica: serían las vísperas de la celebración del Gudari Eguna, una de las fiestas mayores de la fanática liturgia nacionalista.

El anuncio no se produce en el vacío. Se ha aireado la idea de que existen dos ETA, una más proclive al abandono del crimen y otra más dura, que tiene el control de las armas en su mano, y que está menos dispuesta a soltarlas. Y se lanzan mensajes sobre un cierto arrinconamiento de los duros, que se verían forzados a sumarse a la vía del abandono temporal del terrorismo, previo al que sería definitivo. Pero ésta sería ya la segunda vez que ETA declara una tregua-trampa bajo un Gobierno de Zapatero, y la anterior nos mostró que la banda siempre tuvo la iniciativa y que la negociación acabó fracasando. Los revientanucas no podían renunciar a sus últimos objetivos, y menos ante un Gobierno dispuesto a ceder ante sus pretensiones. Si ETA no va a dejar de matar sin conseguir todo lo que quiere y el Gobierno no se lo puede dar, si todo ello quedó claro el 30 de diciembre de 2006 con el atentado de la T-4 de Barajas, ¿por qué una negociación? Y ¿por qué ahora? No hay más que recordar el caso Faisán para saber hasta dónde es capaz Zapatero de proteger a la otra parte en la mesa de negociación. Además, el mundo de ETA está enfervorecido por la actitud dadivosa del Gobierno ante los terroristas de toda laya, como los de Al Qaeda, tras el pago del rescate de los cooperadores. No es casual el elogio de Gara a Zapatero por seguir “la senda negociadora”.

Por parte de Zapatero, un alto el fuego de ETA es lo único a lo que se puede aferrar para presentarse con ciertas garantías ante las elecciones de mayo de 2011 y, especialmente, ante los comicios generales. El paro, a pesar de todos los maquillajes que tiene previsto el Ejecutivo para el próximo año, no comenzará a bajar significativamente hasta mediada la década que acaba de comenzar. La desconfianza hacia nuestra deuda no le permite salir del paso a base de gasto público. Y los señuelos progres con que ha mantenido activo (o distraído) a su electorado, como la Memoria Histórica o el aborto, no tienen la eficacia propagandística de la primera legislatura. Sólo la perspectiva, aunque sea falsa, del fin de ETA podría insuflar a Zapatero el aire necesario para mantenerse en el poder.

El problema es que los asesinos están al tanto de ese guión y no cederán esta ventaja al Gobierno sin cobrársela. Pero, aunque frente a sus últimos objetivos le resulte igual el color político del Ejecutivo, su estrategia inmediata está mejor servida con uno que sea débil ante los chantajistas que con otro que opte por la fortaleza. El PSOE de Zapatero ha dejado clara su predisposición a claudicar, mientras que el Gobierno del PP demostró, con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que era capaz de colocarse en la necesaria posición de firmeza ante el chantaje de los asesinos. En esta tesitura, la banda no puede ser indiferente ante la victoria de uno u otro partido. Aunque suene tremendo, el Gobierno de Zapatero y ETA se necesitan.

Guía para no dejarse marear
JOSEBA ARREGI El Correo 28 Agosto 2010

Uno.- Es bastante evidente que el conjunto ETA/Batasuna no está atravesando la mejor época de su historia, y que no saben cómo salir del túnel en el que se han metido ellos solitos, caso de que realmente deseen salir. Aunque su situación sea fuente de problemas para todos los ciudadanos, la responsabilidad de la solución también la tienen ellos, y sólo ellos.

Dos.- De tanto desear la paz, parece que estamos dispuestos a leer lo que no dicen los documentos, a escuchar lo que nunca se dice, a interpretar lo que ni con la mayor de las imaginaciones es posible interpretar, y a no leer, ni ver, ni escuchar lo que realmente escriben, dicen y hacen. Por eso se producen tantas sorpresas cada equis tiempo.

Pero las cosas están bien claras, porque las dicen con toda la claridad: el esfuerzo que están llevando a cabo es para tratar de salvar de la quema, de la quiebra total, parte de su proyecto. El esfuerzo que están llevando a cabo es para tratar de transformar la derrota, ya inevitable y a la vista, en una victoria. El esfuerzo que están tratando de llevar a cabo es el de adecuar tácticamente su estrategia a la situación creada por la actuación del Estado de derecho y la democracia, y no porque su capacidad reflexiva les haya convertido a la democracia.

Tres.- Si para ellos está en juego la democracia, cuánto más para nosotros. Ellos mismos y sus asesores internacionales, los expertos en marketing político que contratan, lo dicen bien claramente: sólo permitiendo que Batasuna acceda al juego democrático llegará la democracia a Euskadi y con ello a España. Nunca hablan de incorporarse a la democracia ya existente, por muy defectuosa que sea como todas. Con lo que están diciendo que ha habido razones para la lucha armada, aunque ahora no convenga continuar por ese camino, por razones puramente tácticas.

Será todo lo comprensible que se quiera desde el punto de vista psicológico, pero admitir que necesitan afirmar que si ahora pueden apostar por vías exclusivamente políticas es gracias a que la lucha armada ha dado sus frutos, es afirmar que la democracia llegará con ellos en las instituciones, y que lo que ha habido hasta ahora era todo menos democracia. Su necesidad psicológica, si lo es, es inadmisible para quienes en la Transición apostamos por la democracia y el Estado de derecho.

Cuatro.- En un momento como el presente es crucial saber qué es lo que se debe defender y lo que se debe pedir a quienes dicen estar dispuestos a apostar por vías exclusivamente políticas. En primer lugar la condena de la violencia terrorista, con todo lo que implica. No es cuestión de repudiar el próximo atentado, si se produce. No es cuestión de afirmar que la violencia callejera no tiene lugar en la apuesta que quieren realizar. A pesar de todos los destrozos que hemos causado al lenguaje, todavía se puede decir, en euskera y en castellano, con total nitidez lo que hay que decir: condenamos la violencia terrorista de ETA, toda, no los atentados a partir de determinada fecha. Es preciso condenar toda la historia de terror de ETA. Sin selectividad alguna.

Cinco.- La otra cara de la moneda de la condena de toda la historia de terror de ETA es la afirmación de que desde la Transición existe un Estado de derecho, una democracia legítima, y que no necesita de la llegada a ella de quienes apostaron por la ruptura violenta para alcanzar su legitimidad.

La democracia y el Estado de derecho que es España está legitimado doblemente, por la palabra de los ciudadanos con sus votos, en los referéndums específicos celebrados para ello, y por la sumisión del ejercicio del poder al imperio del derecho. Sumisión capaz de exigir la corrección de las actuaciones contrarias al derecho y declarar su ilegitimidad de raíz.

Seis.- Los asesinatos perpetrados por ETA para la consecución de su proyecto político poseen, además de su dimensión ética, más allá de la dimensión personal del sufrimiento causado a los familiares y amigos de los asesinados, una dimensión pública, una dimensión política innegable. Se debe evitar reducir la exigencia a los terroristas asesinos que estén dispuestos a romper con la organización ETA al plano de actuaciones relevantes en el ámbito privado: petición de perdón, reconocimiento del daño personal causado.

El terrorismo de ETA ha sido un terrorismo político y su solución pasa irremediablemente por el reconocimiento de lo que constituye la dimensión política, la dimensión pública de lo que, en las personas de los asesinados, quisieron destruir. La posibilidad del duelo privado al que tienen derecho las víctimas familiares de los asesinados no será posible sin la garantía de la pervivencia del marco público a cuya destrucción estaban dirigidos los asesinatos de sus seres queridos. Sería terrible que se les pidiera perdón, pero se reafirmaran en el mismo proyecto político, y que éste resultara triunfante: la derrota definitiva de los asesinados.

Siete.- Cada vez que leemos más de lo que hay en los documentos, cada vez que interpretamos en lo que escriben y dicen más de lo que soportan las palabras, cada vez que deducimos de lo que sugieren, pero nunca dicen, esperanzas definitivas estamos reduciendo la presión para que den el paso definitivo, les permitimos que sigan creyendo que toda la historia de terror ha servido para algo, que estamos nosotros dispuestos a desdecirnos de nuestra historia en lugar de exigirles a ellos que se desdigan de la suya.

La historia enseña, sin embargo, que sólo la presión proveniente de la convicción del Estado de derecho es lo que les ha movido. Es comprensible su enfado cuando perciben que quienes les han hecho creer cosas imposibles son incapaces de dar cumplimiento a sus promesas, porque significaría tanto como el harakiri del Estado de derecho.

No permitamos que nos mareen, pero tampoco les mareemos a ellos con horizontes imposibles. Y tengamos claro lo que tenemos que defender: la libertad de los ciudadanos.

¿Diputaciones? No, gracias
ALFONSO DE LA VEGA ABC Galicia 28 Agosto 2010

El liberalismo pretende acotar el Estado al tamaño y orientación necesarios para posibilitar el desarrollo de la sociedad civil, de esa sociedad abierta que es la verdadera protagonista del progreso y bienestar de los pueblos cuando no es aherrojada o ahogada por la voracidad insaciable del Estado.

Ahora que el jinete apocalíptico de la crisis va a tener que ir desmochando presupuestos «como sea», se intenta acabar con las diputaciones. Es evidente que se debería buscar una mayor coherencia entre artefacto y proyecto, pero dentro de una necesaria reordenación de la administración territorial española, acaso inspirada en los principios y métodos del presupuesto base cero, lo que más falla y es fuente de mayor despilfarro, cuando no directamente de perjuicio para los derechos civiles de los españoles, es toda la parafernalia bien cebada del calamitoso Título VIII de la Constitución.

En las comunidades uniprovinciales el presente aparato de poder autonómico deriva del engorde de la antigua diputación provincial respectiva. Las comunidades sumaban en el primer trimestre de este año 94.621 millones de euros de deuda, destacando Cataluña con más de la cuarta parte del total. Galicia es quinta en este podio del entrampamiento con 5.244 millones de euros, el 5,5% del total y aproximadamente el 45% de su presupuesto. Cada gallego debe 1.883 euros. La trampa está repartida sin colores políticos.

El presupuesto actual de la Xunta es de 11.685 millones de euros mientras que el mayor de las diputaciones gallegas, la coruñesa, es de 178,5 millones de euros. En el caso de Galicia, las tareas más inmediatas deberían ser otras que la eliminación de las diputaciones, al menos mientras tengan que suplir las carencias más notables de ciertos municipios que apenas cuentan con infraestructura técnica y administrativa para cubrir las necesidades de sus pocos y dispersos vecinos. Así, antes de eliminar las diputaciones habría que abordar otra tarea importantísima, aunque políticamente incorrecta, en los niveles territoriales superior e inferior a las mismas.

Reducir los 315 ayuntamientos, con sus 31.550 núcleos de población, a una cantidad más razonable ¿—una tercera parte?— de acuerdo al nivel tecnológico de hoy y las mayores facilidades para la comunicación y el transporte. Y en el escalón superior a las diputaciones, más pronto o más tarde será preciso reducir la Xunta a una dimensión acorde con la que debería tener para mejor servicio de los sufridos administrados y no convertirse en una fuente creciente de poder, y sinecuras.

Dado el nivel de deuda, cuya tendencia es a empeorar, la administración regional debería plantearse devolver competencias a la administración central y haciendo voto solemne de evitar la tentación funesta e insolidaria de imitar procesos como los del lamentable, ventajista y suicida estatuto catalán. Unidades discriminatorias como la de Política Lingüística deberían desaparecer.

Y es que lo que de verdad le importa al administrado es comprobar como los enormes impuestos que se ve obligado a pagar no se destinen a gastos suntuarios o superfluos. El chapucero sistema autonómico español es insostenible y estamos llegando al final de la escapada. O bien se va a un sistema verdaderamente federal, pero caro, como en EE.UU.. o se vuelve a uno centralizado, más barato y seguramente eficaz, como en Francia. Mejor un gobierno que dieciocho. Y un parlamento que diecinueve, incluido el Senado.

La mejor celebración de la llamada patria gallega sería contribuir a que las cosas sean mejores cada día y día a día. Que se diera la vuelta a la situación presente. Pero nadie está por la labor. Ni lo estará hasta que nos asomemos al abismo.

Albert Rivera: 'Multar con un millón de euros por no rotular en catalán es un atropello'
El presidente de Ciudadanos repasa las razones por las que la Ley de Comercio es inconstitucional
 www.lavozlibre.es 28 Agosto 2010

Madrid.- Albert Rivera ha pedido a la Defensora del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de Comercio de Cataluña y en LA VOZ LIBRE explica las razones que le han llevado a tomar esta decisión. Considera indignante que se puedan a llegar a imponer multas de hasta un millón de euros por no rotular en castellano. Lamenta que en Cataluña no exista la libertad de elegir el idioma en el que rotulen sus negocios y muestra su más alto nivel de indignación con la posibilidad de que ciudadanos anónimos puedan denunciar a las personas que incumplan esta norma. Sin ninguna esperanza de cambio en el Gobierno de la Generalitat, desde Ciudadanos se aferran a que el Defensora del Pueblo eleve su propuesta al Tribunal Constitucional y ésta haga justicia.

- ¿Qué vais a hacer dese Ciudadanos para poner fin a este Código de Consumo?
- Vamos a llevar al Defensor del Pueblo el Código de Consumo ya que pensamos que es claramente inconstitucional. Considerábamos que lo era la ley de política lingüística vigente, que permite multar a los comerciantes por rotular en castellano y no hacerlo en catalán. Pero, además, con la sentencia del Estatuto queda bien claro que no se puede multar en el ámbito de la propiedad privada por la lengua oficial en la que se rotule. Eso le dice el fundamento de la sentencia y ejercemos nuestro derecho de recurrir al Defensor del Pueblo para evitar multas de hasta un millón de euros por rotular en castellano.

- ¿Cuáles son los puntos en los que el Código de Consumo entra en contradicción con la Constitución?
- El punto básico es la esencia del código cuando habla de derechos lingüísticos y del derecho de devolución lingüística que significa que cualquier catalán puede exigir a las empresas, a los establecimientos privados o a cualquier establecimiento abierto al público que se les atienda en catalán, que se les rotule en catalán y que tengan empleados que les hablen en catalán. Lo que dice la sentencia sobre este aspecto, y con la que está de acuerdo Ciudadanos, es que los establecimientos y los poderes públicos; como la Generalitat, el Estado o ayuntamientos sí tienen esa obligación; pero esa ley no se puede extrapolar al ámbito privado ya que va contra la libertad de empresa que está garantizada por la Constitución. Por lo tanto, en el ámbito privado rige la libertad y una cosa es ayudar al empresario a que rotule en las dos lenguas, al go que nos parece bien, pero pasar a sancionar, perseguir a los comerciantes y encima subir las multas hasta el millón de euros nos parece un atropello a la libertad de Empresa y a la Constitución.

- Con el precedente favorable que ha tenido la Ley de Acogida con la Defensora del Pueblo, ¿creen que con el Código de Consumo puede ocurrir algo parecido?
- Desde nuestro grupo votamos en contra de la Ley de Acogida y hemos apoyado que la Defensora lo lleve al Constitucional. Creemos que esta ley es todavía más flagrante, ya que la sentencia especifica claramente la diferencia entre el ámbito público y el privado. En el privado rige esa libertad y de ninguna manera se pueden imponer mediante multas una lengua oficial determinada. En este caso, nadie debería poder ser sancionado por rotular en castellano. Así que confiamos en esa línea de coherencia de la Defensora, que es la misma de la de su antecesor Enrique Múgica. Lo que está en juego es el derecho de los catalanes a rotular en la lengua oficial que quieran, pues no están cometiendo ningún delito. No hay país del mundo en el que por rotular en la lengua oficial del país se sancione a la gente y eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Esto es un despropósito. Hasta los propios creadores de la norma se dan cuenta de que esto es una barbaridad y un atropello.

- ¿Cree que el proceso será largo?
- La ley entró en vigor el pasado lunes y no queremos dejar pasar ni una semana para presentar la queja. El trato hasta ahora ha sido bueno y la propia Defensora ya dijo que abriría sus puertas a todos los catalanes que quieran llevar sus asuntos. Se lo agradeceremos en persona en cuanto tengamos oportunidad por abordar este debate al igual que lo ha hecho con la Ley de Acogida. Quiero hacer hincapié en que el Estatuto catalán pretendía prohibir a los catalanes dirigirnos al Defensor del Pueblo, lo cual era un peligro pero la sentencia los ha vuelto a abrir y podemos ejercer este derecho. Sin esa sentencia del Estatuto, no habríamos podido presentar esta petición.

- El Partido Popular ha anunciado que recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional. ¿Están manteniendo contacto con ellos?
-Leímos esa nota de prensa pero la realidad es que tenemos poca confianza en que lo haga ya que tampoco llevaron en 1998 la ley de política lingüística cuando gobernaban con CiU. Nos parece que el PP está haciendo gestos mediáticos pero luego no acaba de llevar esta y otras leyes al Constitucional. Ojalá sea así y los animo publicamente ya que sería una buena noticia. De momento, sólo sabemos cosas por notas de prensa y no han tomado la decisión aún.

- ¿Cree que esta ley crea odio entre ciudadanos que conviven en un mismo territorio?
- Lo verdaderamente increíble e inmoral de esta norma es el hecho de que haya denuncias anónimas de ciudadanos. La ley indica que deben colaborar en esas denuncias en modo de deber implícito para sancionar a los que no cumplen con la Ley del Código de Consumo. Se está creando la figura del chivato para que denuncie a sus conciudadanos. Eso genera malestar y problemas para la convivencia. Ni se me ocurriría nunca denunciar a nadie anónimamente porque me atendiese en catalán o en castellano. Simplemente, defendemos que cada uno tenga la libertad de ir al negocio que quiera a comprar y si no le gusta que el rótulo esté en un idioma que se vaya a otro, pero no que denuncie y haya multas. Es un derecho del libre mercado.

- ¿Tenéis esperanza de que con esta decisión de la Defensora del Pueblo pueda cambiar la política de la Generalitat?
- Esperanza ninguna. Zapatero y Montilla ya han dicho que van a llevar hasta las últimas consecuencias el Estatuto y burlar la sentencia. Carod y Artur Mas también lo ha dicho. Lejos de cumplirla, van a esquivarla y cumplirla a rajatabla como ha dicho Montilla, que no ha dudado en sacar pecho pues no va a cambiar una coma. Por eso confíamos en que la Defensora del Pueblo garantice la igualdad de derecho de los españoles. No tengo ninguna esperanza en que haya algún cambio en el Gobierno pero sí en la justicia para que devuelva el sentido y se permita rotular en la lengua oficial que se quiera. Tenemos esperanzas en el Defensor del Pueblo y que este lo lleve al Tribunal Constitucional para que ratifique las contradicciones de la ley con la Constitución.

- ¿Cuál es la solución para que se acabe este tipo de imposición lingüística?
- Si gobernáramos, derogaríamos la ley y anularíamos las sanciones. Ayudaríamos y fomentáramos a los empresarios a que rotulasen sus negocios en las dos lenguas oficiales. Primar el bilingüismo y no el monolingüismo desde la ayuda, y siempre defendiendo la libertad de cada uno.

Primar el bilingüismo es la imposición disfrazada de tolerancia
Nota del Editor 28 Agosto 2010

Si en cualquier parte de lo que queda de España, cualquier ciudadano puede exigir que en cualquier servicio público le atiendan en la lengua regional, estamos expulsando de esas partes a los ciudadanos español-hablantes, al quedar excluídos del empleo público por carecer del conocimiento de la lengua regional, y a renglón seguido, expulsados de la sociedad al utilizar todos los servicios públicos la lengua regional. Por ello, eso de la tolerancia y el bilingüismo suena muy bien, pero en cuanto se rasca un poco el barniz aparecen las contradicciones.

La tolerancia que predican no es equlibrio sino cesión, es el abandono y la pérdida de los derechos propios. Cuando se "negocia" con desalmados, el punto medio lo pueden establecer en cualquier sitio, solo es cuestión de colocar los extremos donde sea necesario, y como los buenos, los demócratas, los razonables nunca estiramos nuestro lado, los nacionalistas, los xenófobos, siempre lo estiran al extremo más inverosímil y el punto medio cae donde a ellos les interesa, en el lugar en que nuestros derechos desaparecen.

El bilingüismo, además de ser una falacia, es otra de las maneras de estirar el punto extremo que aplican los que se benefician de la exclusión lingüística. Es un mecanismo de exclusión disfrazado de tolerancia, pues implica que los no bilingües no tienen derecho a pertenecer a la sociedad exclusiva de los
"bilingües" en lengua regional, que se ven libres para utilizarla como arma en contra nuestra y en detrimento de nuestro derecho a no conocerla.

Así que nada de lenguas regionales o bilingüismo impuesto.

 

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