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Recortes de Prensa   Miércoles 15 Septiembre  2010

 

Zapatero, las pipas La Pilarica y los mirlos socialistas
Roberto Blanco Valdés La Voz 15 Septiembre 2010

Si se les pregunta en privado -es decir, sin testigos que puedan irse de la lengua-, cada vez son más los dirigentes y cuadros del PSOE (no digamos ya los votantes socialistas) que están convencidos de que Zapatero no debería repetir como candidato a la Moncloa.

La razón es bien sencilla: el presidente del Gobierno ha alcanzado niveles de desprestigio nacional e internacional insoportables para un primer ministro y, por si ello fuera poco, no tiene ya nada que ofrecer, pues ha achicharrado con sus medidas de ajuste cualquier posibilidad de recuperar la (falsa) imagen que lo llevó a la presidencia: la de un socialdemócrata que pretendía renovar el discurso de la izquierda.

Esa evidente realidad se parece, sin embargo, a la de un iceberg (pequeño en superficie e inmenso bajo el mar) o, más aún, a la de una bolsa de petróleo, que solo al ser perforada, estalla a chorro. Tanto que es difícil que cualquier dirigente relevante del PSOE responda a la pregunta de si Zapatero debería ceder el paso o repetir con una idea diferente a la del lema publicitario de las pipas que comíamos de niños: «Qué rica La Pilarica, repita», anunciaba entonces la bolsita, como hoy proclaman los dirigentes socialistas, «qué grande es Zapatero, de nuevo».

Salvadas las excepciones (y no todas) de los agraviados por la forma caprichosa y arbitraria que ha tenido el presidente de elegir a sus colaboradores, el grueso del PSOE mantiene en público la ficción de que Zapatero es el mejor candidato imaginable, aunque cada vez son más las informaciones que ponen de relieve que muchos de los que dan por hecho que aquel repetirá han comenzado ya a conspirar en su contra y a mejor situarse para la carrera del poszapaterismo.

Ese modo de comportarse, que resulta para quienes no nos dedicamos a política moralmente despreciable, es habitual en los partidos, pero tiene un coste ante la ciudadanía que sus promotores deberían aceptar: el de asumir como un hecho impresentable que quienes hoy afirman que Zapatero es el único candidato concebible pudieran venir a contarnos dentro de unos meses que, en realidad, Zapatero era una calamidad y que ellos han descubierto un mirlo blanco... o un mirlo pérez.

Porque, tras el funesto período del Zapaterismo, los votantes de la izquierda tienen derecho a esperar del PSOE que su indispensable renovación política e ideológica, que debe pasar por recuperar muchas de las ideas que se han tirado por la borda en estos años como antiguas, no vayan a representarla precisamente quienes han estado más comprometidos en la llegada al poder orgánico y en la gestión gubernamental de Zapatero. Es de otro sitio de donde hay que tirar para que el cambio que se prometa pudiera ser verdad.

España, un país en vía muerta
Manuel Muela* El Confidencial 15 Septiembre 2010

Los informes sobre la economía europea muestran un denominador común en sus conclusiones: la crisis ha dejado de ser la enfermedad de todos y va quedando localizada en algunos estados de la UE, cuyo futuro permanece incierto. España es uno de esos países y, aunque nuestra dimensión disuade a los demás de abandonarnos a nuestra suerte, es previsible que los esfuerzos de los acreedores y socios se centren en aislar el problema español, para evitar situaciones análogas a las de los meses de abril y mayo cuando Grecia puso en serios aprietos a la propia Unión Europea. Ante cualquier contratiempo, la Unión Europea responderá con sus datos de crecimiento, separándose cada vez más de aquellos países que no crecen. Lo del todos a una puede ser agua pasada.

Desde el verano de 2007 se ha vendido con éxito en España la idea de que los problemas españoles eran consecuencia de la crisis internacional y que o salíamos todos juntos o no salía nadie. Las evidencias, sin embargo, son otras: ha habido una crisis generalizada, pero cada país ha tenido que aplicarse a resolverla, primero reconociéndola y después poniendo los medios para superarla. No ha sido el caso de España, mejor dicho de sus gobernantes, que la han estado negando hasta la primavera pasada y que, ahora, deprisa y corriendo, pretenden recuperar el tiempo perdido sin saber muy bien cómo. Es normal que la desconfianza se haya adueñado de los espíritus y se observen con incredulidad, también a veces con indignación, las propuestas del gobierno, alrededor de las cuales aletean los diferentes grupos políticos que, por activa o pasiva, lo oxigenan en espera de un futuro mejor.

La crisis española, que es política y económica, trasciende a la internacional y en tanto no se reconozca así seguiremos condenados a ser rehenes de la estulticia y del instinto de supervivencia de un sistema, cuyo único objetivo es resistir. Lo que induce a la desesperanza es el fatalismo del discurso imperante, que se asienta en la superficie del problema, señalando como única causa de su prolongación al mal gobierno, sin entrar en otras consideraciones que no sean pensar en la sustitución del mismo, sin prisa alguna en ello. Todos saben que el problema es de mayor enjundia, pero nadie quiere asumir el fracaso de un modelo político y económico que ha agostado para largo tiempo las ilusiones de los españoles.

Una de las consecuencias de lo anterior es que se va instalando la idea de que quienes gobiernan ahora o los que lo hagan en el futuro, respetando el statu quo, tendrán que administrar la pobreza que resulta del estancamiento de la economía de un país cuya población ha crecido notoriamente en poco tiempo: los recursos escasos tendrán que dedicarse a pagar las deudas contraídas y a atender mínimamente las necesidades sociales. Fuera de eso, desde la perspectiva de unos poderes públicos sin ambición de cambio, poco se podrá hacer; y, al igual que se ha logrado sobrevivir con la mistificación de la crisis internacional, se venderá el discurso fatalista de que no hay alternativa y toca aguantar.

Hasta el momento se echan de menos los debates sobre las causas políticas y económicas de la situación española: se critica o se adula al jefe del gobierno, se discute si el Producto Interior Bruto crece o decrece una décima más o menos, y, en fin, se habla de las bondades de Basilea III. Por cierto ¿dónde van a buscar capital nuestras entidades crediticias? Todos asuntos importantes sin duda, pero a los que falta contrastar con una realidad de penurias sociales, educativas y políticas, que, como se ha demostrado, parecen útiles para el mantenimiento del poder, no para convertir a España en un país libre y civilizado.

Las obligaciones pendientes
Es normal resistirse a reconocer la realidad, y más si se sigue insistiendo vanamente en que estamos ante un mal pasajero debido a causas externas. Se rehúye debatir sobre las graves deficiencias de un Estado hipertrófico puesto al servicio de unas minorías políticas y económicas dedicadas al disfrute del poder y/o la riqueza mientras sea posible; algo que no es nuevo en nuestra historia y a cuya superación no se debería renunciar. El apabullante discurso oficial de que España tiene un modelo ejemplar es negado a diario por la carcoma que va destruyendo el tejido social y productivo. Oídos sordos y ya se verá.

Se dice por algunos que resistir es vencer. Pero no siempre: Numancia resistió y perdió. En este momento se nos observa con inquietud y, a no tardar, se volverá a poner en duda nuestra capacidad para enfrentar las obligaciones pendientes. Por eso, se hará lo que se hace en los ferrocarriles cuando un tren se avería o causa perturbación al tráfico normal, ponerlo en vía muerta. Ese es el horizonte si no se rompe el cordón sanitario de la dictadura de lo políticamente correcto y se alumbra un proyecto civilizador para España.

*Manuel Muela es economista.

Demasiados liberados
El Editorial La Razón 15 Septiembre 201

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer en su discurso sobre el estado de la Región que realizará un ajuste de los liberados sindicales al mínimo que marca la Ley, como una más de las medidas de austeridad que se ha propuesto aplicar para reducir los gastos en un 10% adicional. De este modo, la plantilla sindical liberada en la Administración madrileña se recortaría en dos mil miembros, lo que supondrá un ahorro anual superior a los 70 millones de euros. A falta de una información más detallada por parte de la presidenta regional, la iniciativa es perfectamente plausible, parece ajustada a la Ley y, en consecuencia, de ningún modo cabe acusarla de cercenar los derechos de los trabajadores. Más aún, deberían ser los propios sindicatos los que se adelantaran al Gobierno madrileño con una propuesta de austeridad y de ahorro en este terreno.

El prestigio de los sindicatos no atraviesa precisamente por sus mejores momentos, sobre todo en la capital española, que aún no se ha recuperado de las huelgas salvajes del Metro perpetradas en julio pasado. La ciudadanía tiene la impresión de que las centrales UGT y CC OO, que han devenido en maquinarias burocráticas engrasadas por subsidios, subvenciones y otras sinecuras pagados con dinero público, se han dedicado a defender sus propios intereses corporativos, y mientras casi todos los sectores laborales han sufrido fuertes ajustes salariales, ellas no han tenido a bien reducir sus ingentes presupuestos. Si los que se erigen como representantes de los trabajadores no dan ejemplo de austeridad y no se ajustan el cinturón, es comprensible que su credibilidad esté en mínimos históricos. Ese esfuerzo ahorrador es especialmente necesario en las Administraciones y Empresas Públicas. No se entiende que los funcionarios estén soportando una rigurosa reducción de sus salarios impuesta por el Gobierno de la nación y los dirigentes sindicales no hayan arrimado el hombro recortando razonablemente los efectivos y las horas dedicados a las labores representativas.

El número de liberados y delegados, así como los horarios que se han reservado, son a todas luces excesivos, hipertrofiados y reiterativos. El coste de todo ello es desmesurado, pues si sólo en la región madrileña sobran dos mil liberados y se pueden ahorrar más de 70 millones de euros, ¿qué no sucederá en comunidades autónomas donde gobierna la izquierda desde hace décadas, como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura? Lo mismo vale, por supuesto, para el resto de las regiones, gobierne quien gobierne. No sería descabellado afirmar que el ahorro total superaría los mil millones de euros anuales. En todo caso, hay que reconocerle a Esperanza Aguirre el coraje y la determinación que ha demostrado al abordar una reforma que solivianta a los «intocables» sindicatos y que será aprovechada por el PSOE para atacarla y congraciarse con los dirigentes sindicales. Ni que decir tiene que otros gobiernos autonómicos están pendientes de la evolución de la inciativa madrileña, pero mientras tanto deberían realizar sus propios cálculos domésticos y comprobar si, como sucede en Madrid, el número de liberados sindicales es el doble del que exigen las leyes y si el ahorro merece la pena de enfrentarse a una casta de privilegiados e insolidarios.

Tal para cual
Luis del Pino Libertad Digital 15 Septiembre 2010

Hoy hemos asistido, por fin, a un debate parlamentario sobre la guerra de Afganistán en la que España participa, aunque el gobierno Zapatero ("España se merece un gobierno que diga toda la verdad, un gobierno que no mienta") siga riéndose de sus votantes más izquierdistas, recurriendo a la semántica creativa para negar que lo que parece una guerra, suena como una guerra, huele como una guerra y mata como una guerra sea llamado guerra.

En ese debate, Zapatero ha reafirmado la necesidad de realizar "sacrificios" para conseguir un mundo más seguro y para proteger a los ciudadanos españoles de amenazas que ya nos golpearon en el pasado, en una nada velada referencia a los atentados del 11-M.

Mal está que Zapatero retuerza la verdad. Mal está que retuerza incluso la propia versión oficial (¿cuál es la relación exacta entre los culpables oficiales del 11-M y los talibán afganos, señor Zapatero?), para justificar esa presencia en Afganistán con la que Zapatero tiene que compensar al amigo americano su retirada de Irak.
Peor todavía es que Zapatero se ría de forma tan descarada de aquellos que le auparon al poder a cuenta del 11-M (si Afganistán tiene que ver con la masacre de Madrid, ¿qué se supone que deberíamos corear ahora, señor Zapatero? ¿Qué le parece un eslogan como "vuestra misión humanitaria, nuestros muertos"?).

Pero lo que no tiene un pase es lo del amigo Rajoy, que en su contestación a Zapatero ha dicho que "ha sido preciso" que nos desplazáramos " a muchos miles de kilómetros de España: allí donde anida la amenaza, donde germinó el peor atentado que hemos sufrido y, en consecuencia, donde debe ser defendida nuestra seguridad con las armas en la mano."

¿De verdad que en Afganistán "germinó el peor atentado que hemos sufrido"? ¡No fastidie, señor Rajoy!

Permítame que le pregunte (a sabiendas de que no va a poder contestarme) lo mismo que le he preguntado a Zapatero: ¿cuál es la relación exacta entre los culpables oficiales del 11-M y los talibán afganos, señor Rajoy?

Es más: ¿estaría usted en condiciones, señor Rajoy, de afirmar solemnemente ante los españoles que ningún miembro de su actual equipo dispone de ninguna información que demostraría la falsedad de las pruebas en las que se asienta la versión oficial de los atentados del 11-M?

Si no desea usted hablar del 11-M, no lo haga, señor Rajoy. Pero no lo haga en absoluto.

Porque escuchar ciertas cosas en boca de Zapatero es casi previsible; no en vano llegó al poder tres días después de eso que usted denomina, señor Rajoy, "el peor atentado que hemos sufrido".

Pero escuchar esas mismas cosas en su boca, señor Rajoy, resulta cuando menos... sorprendente.

Serbia se arrodilla
«¿Por qué después de Kosovo no pueden declararse independientes de forma unilateral Abjasia, Nagorno Karabaj o, en España, Cataluña, Galicia o el País Vasco? ¿Qué diferencia habría si los ciudadanos lo decidieran?»
DANIEL REBOREDO (HISTORIADOR) El Correo 15 Septiembre 2010

Serbia se ha rendido. La presión inmisericorde de los garantes del 'orden mundial' ha surtido efecto. Era cuestión de tiempo que ello fuera así. El pequeño país balcánico, otrora falange de la Yugoslavia que no se doblegó, como hicieron los restantes países satélites de la URSS, a las nuevas directrices que rigieron las relaciones internacionales tras la desaparición de la potencia soviética en 1989, no ha tenido más remedio que ceder en el desigual pulso que mantenía desde que Kosovo se declaró independiente el 18 de febrero de 2008.

Cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya manifestó, el pasado 22 de julio, que la independencia kosovar no violaba las leyes internacionales, se resquebrajaron las esperanzas serbias de recuperar su territorio matriz, y la resolución presentada por el Gobierno serbio el jueves de la semana pasada, 9 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, apostando por el diálogo con el Gobierno kosovar (con la Unión como mediadora) es la más clara manifestación de que Serbia ha hincado la rodilla en tierra sometiéndose a las exigencias comunitarias. La aberración secesionista kosovar, que en otras circunstancias y en otro marco se podría haber considerado como una opción válida e incluso razonable, nació de la decisión de un gobierno provisional, establecido por la UNMIK bajo las disposiciones de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no tenía ningún poder para declarar la independencia de Kosovo y que claramente se extralimitó en sus funciones sumergiéndose en la ilegalidad al contradecir el Marco Constitucional y la citada Resolución 1244. Se violaba así el régimen legal que las Naciones Unidas establecieron para la administración de Kosovo y, lo que es mucho peor, se abría una caja de anélidos para las secesiones por todo el mundo. Obviamente, esto no lo deseaban los 'padrinos' del nuevo Estado, EE UU y la Unión de Alemania, y por eso han insistido siempre tanto en que el 'fenómeno Kosovo' era algo excepcional que no implicaría precedente alguno. Claro que cuando se burlan los acuerdos y las leyes, antes o después las excepciones se convierten en normas.

De todo el trágico vodevil yugoslavo lo que más irrita a cualquier observador imparcial es el uso y abuso de la mentira y el doble rasero de medir que se ha utilizado y se utiliza a la hora de analizar las responsabilidades de unos y otros. A ello se suma la deriva europea y norteamericana en las decisiones que se fueron adoptando y que nos dejan como muestra el apoyo inicial, en 1991, a la integridad territorial yugoslava que inmediatamente se convirtió en defensa de la secesión de Eslovenia y Croacia basándose en el derecho a la autodeterminación y, fundamentalmente, la contradicción entre el argumento de que la integridad de Bosnia y Croacia favorecería el triunfo del derecho de los serbios a la autodeterminación y el discurso, cambiando los principios, avalando los derechos de los albaneses de Kosovo que se impondrían a la integridad de Serbia. Todo ello se aderezó, entre otras salsas, con el chantaje inaceptable de Rambouillet (febrero y marzo de 1999), que los entonces yugoslavos rechazaron y que dio la excusa perfecta para iniciar los bombardeos de la OTAN, y con el genocidio que nunca existió en Kosovo. La campaña de demonización serbia y la propaganda mediática para justificar la guerra fue ingente y una realidad que aún hoy muchos niegan a pesar de que se hayan editado numerosos libros, cientos de artículos, documentales, etcétera, que la respaldan, así como los testimonios plasmados en informes de funcionarios de la ONU.

Después de numerosos artículos escritos sobre el tema yugoslavo cada vez se hace más difícil repetir, una y otra vez, las razones del conflicto que asoló los Balcanes el siglo pasado. Recordemos de nuevo que la Europa de los años noventa del siglo XX se encontró con dos problemas importantes, la utilidad de la OTAN al desaparecer la URSS y los espacios geográficos y territoriales que su desaparición dejaba en el continente. Para ambos la guerra de los Balcanes fue la solución perfecta. Alemania alentó y apoyó la secesión eslovena y croata, secundada más tarde por EE UU y sus intereses geoestratégicos frente a Rusia, y de ahí la creación de la gigantesca base militar de Camp Bondsteel. No olvidemos tampoco que Yugoslavia nació de una guerra de liberación nacional propia, con poca participación exterior, y que después de los nazis se enfrentaron a los soviéticos; que el período de esplendor nacional y económico del país fue la época de Tito y que ello se plasmó en el liderazgo del movimiento de países no alineados y, en última instancia, que la mini-Yugoslavia de Milosevic seguía siendo algo similar a 'un país socialista' y que por ello el ex ministro de Justicia y disidente estadounidense Ramsey Clark pronunció las palabras siguientes: «Destruimos Yugoslavia sólo porque era la última isla de socialismo en Europa», y el alto funcionario para Yugoslavia del Departamento de Estado de EE UU, George Kenney, señaló que en la Europa posterior a la Guerra Fría «no había lugar para un vasto Estado socialista con pretensiones independientes y que se resistiese a la mundialización». En fin, podríamos continuar, pero estas precisiones sirven para explicar que la terrible violencia de los Balcanes tiene puntos de vista que se han ocultado con tenacidad.

La pregunta a plantearse ahora es: ¿Por qué después de Kosovo no pueden declararse independientes de forma unilateral otras regiones del mundo como Abjasia, Nagorno Karabaj, la República Srpska, Transnitria y, en España, Cataluña, Galicia o el País Vasco? ¿Qué diferencia habría si los ciudadanos así lo decidieran? ¿Serían reconocidos con tanta celeridad por EE UU y la Unión? ¿Darían su permiso para llevarlo a cabo? Claro que sí, siempre que sus intereses así lo aconsejaran. Las rodillas de Serbia soportan el peso del abandono. ¿Habrá más rodillas en la misma situación? Seguramente.

Con la historia hemos topado
J. M. RUIZ SOROA El Correo 15 Septiembre 2010

La frase es de Jesús Eguiguren: «Patxi López tiene que saber que la Historia le ha puesto ahí para traer la paz». Es una formulación que revela más del personaje y de su pensamiento que todo el resto de sus opiniones. Verán por qué.

El uso argumentativo de la Historia como si ésta fuera un sujeto agente dotado de un sentido concreto en su devenir nos remite de inmediato a la filosofía hegeliana. Pues Hegel y sus seguidores han creído que la historia universal no era sino un proceso de manifestación progresiva del Espíritu (una teofanía), un proceso que poseía un sentido inmanente, sentido que la razón humana era capaz de descubrir en sí misma. La Historia no era sino el despliegue progresivo y dialéctico de la Razón a lomos de unos personajes humanos que normalmente ignoraban su propio destino.

Pues bien, Eguiguren cree que existe un agente llamado Historia y que esta historia, aunque sea un su versión local y pequeñita vasca, tiene una finalidad: es ella quien ha puesto ahí a López para que haga algo, aunque éste no lo sabe todavía. Esa historia vasca, la de los últimos 200 años, no es para Eguiguren sino el constante extravío de los vascos en su empeño por pasar de una comunidad propia del antiguo régimen a una sociedad moderna en que el particularismo pueda sobrevivir dentro del universalismo. Es la historia de un fracaso reiterado que sólo podrá ser superado a través de un arreglo o pacto ambiguo, del cual lo importante no es tanto su contenido como su condición acordada. La Historia vasca busca la paz, y ésta sólo se descubre en el arreglo, no en la ley (ésta sería en el fondo la mayor excepcionalidad de la sociedad vasca por respecto a otras).

Por eso es por lo que nuestro Hegel local recuerda al Gobierno la necesidad de preparar el arreglo: porque debe cumplir su papel partero en la Historia. Esto es lo que quiere decir cuando reclama que «se comience a hacer política»: hacer política es algo diverso de hacer cumplir la ley, o de hacer leyes, es algo que está en otro plano, es introducirse con entusiasmo en la esencia de nuestra historia y aceptar su culminación postrera, el arreglo permanente.

Bertrand Russell siempre ironizó a cuenta de la Historia de Hegel: ¿No era sospechosa una historia universal que culminaba precisamente en el Estado alemán que el Hegel en carne y hueso deseaba? Tantas vueltas por el universo ? ¿para finalmente coincidir con los deseos concretos del filósofo? Pues eso: ¿No estará nuestro intérprete local del espíritu de la historia vasca incurriendo en la misma confusión, la de tomar por sentido y fin obligado de nuestra Historia lo que no es sino su querencia personal?

Economía insostenible
Eduardo Olier. www.gaceta.es 15 Septiembre 2010

Poco a poco, sustituyendo a los anuncios del Plan E, han surgido por la geografía española los carteles del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Loca.

Un plan dotado con 5.000 millones de euros, que se suman a los 20.000 millones del Fondo de Economía Sostenible a aportar por el ICO y otras entidades financieras, para constituir la “Estrategia de Economía Sostenible” del Gobierno.

Con la presentación de estos nuevos planes en febrero de este año, el Ministerio de Política Territorial se congratulaba, además, de los resultados del fenecido Plan E. Un proyecto de 8.000 millones de euros lanzado en 2009 para “aliviar el problema del paro”, entonces ya en tasas superiores al 18%. Plan E que, según la información de ese ministerio, había creado 426.198 empleos directos y mantenido los puestos de trabajo en 14.500 empresas. Información ciertamente discutible a la vista del comportamiento del paro.

Los 5.000 millones del nuevo plan de sostenibilidad local eran el anticipo financiero de la Ley de Economía Sostenible: la desaparecida estrella económica del Gobierno que pondría a España nuevamente a la cabeza de los países desarrollados. Una “hoja de ruta –al decir del ministerio– para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo, con una renovación profunda del patrón productivo”. No en vano, con todo, se ponía sobre la mesa la escalofriante cifra de 33.000 millones de euros para el periodo 2009-2011. Casi un 3% del PIB.

Sin embargo, vistos los resultados, estos planes han fracasado y, más que de economía sostenible, hay que hablar de lo contrario, pues ni se ha renovado el patrón productivo ni se genera empleo ni, desde luego, se está impulsando la recuperación económica. Muy al contrario, el PIB sigue estancado y se destruye empleo, con una tasa que, incluso maquillada, está ya cercana al 21%, sin que nada indique que vaya a pararse esta gangrena.

¿Qué es lo que ha pasado para que 33.000 millones de euros introducidos en el sistema productivo no generen empleo? Existe una regla en Economía, conocida como la Ley de Okun, que afirma que un aumento del PIB trae consigo un aumento del empleo. Lo que, para Estados Unidos, Paul Krugman estima en el doble.

Es decir, en ese país, un 1% de crecimiento de la tasa de empleo se transforma en un 2% de aumento del PIB, o viceversa; por lo que, en España, de tener una eficiente economía productiva, estas inversiones deberían estar reduciendo la tasa de paro, lo que, a todas luces, no ocurre.

Las clave de esta contradicción tiene, a mi juicio, dos explicaciones, que no son sino las caras de una misma moneda. Por un lado está la gestión pública de los recursos económicos, que parece seguir el criterio de gastar de acuerdo con el logro de algún pretendido rédito político. Así se dedican grandes cantidades a actividades que no se traducen directamente en creación de riqueza. Por el otro se encuentra la política económica propiamente dicha o, por decirlo mejor, su ausencia: simplemente se va detrás de los acontecimientos. Consecuentemente, en España, no hay política industrial ni tecnológica ni de innovación ni energética.

Existen anuncios más o menos mediáticos. A lo que se añaden otros males como son: la ruptura de la unidad de mercado, la insuficiente legislación laboral y los enormes costes de las Administraciones del Estado, que repiten funciones y gastan, en tantas ocasiones, sin tino. Todo lo cual hace que los parches introducidos desde la política monetaria no den el fruto esperado, sino que tienen efectos contrarios: se sigue destruyendo empleo, el consumo no arranca y la economía, además de estancada, pierde competitividad a marchas forzadas, como demuestra el último ranking del Foro Económico Mundial, que sitúa a España en el puesto 42 detrás de Puerto Rico y delante de Barbados.

España ha dejado de ser la octava economía mundial y es de temer que siga retrocediendo. No basta sólo con lograr cubrir emisiones de deuda a intereses menores que hace unos meses, o de aumentar los impuestos. Se trata de generar riqueza ayudando a las empresas de sectores estratégicos a crear empleo estable y de calidad. Es preciso poner en marcha un plan energético que permita ganar en competitividad y que no margine a la energía nuclear; hay que desarrollar una política de innovación tecnológica que facilite competir en la economía global; es decisivo dinamizar el mercado interior devolviéndole la unidad perdida; como resulta vital reducir el tamaño y enorme coste de las Administraciones del Estado, eliminando organismos inútiles y centralizando las competencias que hagan más eficiente la economía; y acabar, por ende, con los inmensos gastos suntuarios y de asesores que comporta. Hay que salir, en definitiva, del estado de economía insostenible en el que estamos. No hay otra salida: la situación reclama sin demora una política económica coherente en todos sus capítulos. No se puede esperar: marzo de 2012 será ya demasiado tarde.

¿Amaremos a Zapatero?
Se requiere talento también para ser malo. Es peor: un necio armado de una fe segura. Lo peor. Lo peor de todo
GABRIEL ALBIAC ABC 15 Septiembre 2010

«LA intención de la neolengua no era sólo proveer un medio de expresión a la cosmovisión y hábitos mentales propios de los devotos del Partido, sino también imposibilitar otras formas de pensamiento. Lo que se pretendía era que, una vez la neolengua adoptada definitivamente y olvidada la vieja lengua, cualquier pensamiento herético, es decir, un pensamiento divergente de sus principios, fuera literalmente impensable». El Partido Único se llama Ingsoc, apócope de English Socialism, y neolengua es el hallazgo literario mediante el cual George Orwell da, a final de los años cuarenta, espejo al monstruo stalinista en su novela 1984. La intuición de Orwell —que fue militante comunista hasta la guerra de España— deslumbra por su sencillez: aquello que diferencia al totalitarismo de todas las variedades de dictadura en el siglo precedente es la capacidad de crear lenguaje e imponerlo. Porque los individuos no somos más que lo que las palabras hacen de nosotros. Quien manda sobre la gramática, manda sobre las conciencias. Fue un hallazgo transversal a Hitler y Stalin. Y si Orwell y Koestler dieron su clave narrativa en lo que a la Unión Soviética se refiere, Victor Klemperer lo haría —él mediante clave filológica— en lo que da las grandes claves del nazismo: la forja de un habla, anatomizada en su LTI: La lengua del Tercer Imperio. Esa lengua que permitía la nazificación automática de los tan exquisitos, tan cultos, tan sabios colegas universitarios del profesor judío: «Ninguno era nazi», deja caer irónico acerca de esas gentes demasiado elegantes; «pero todos estaban intoxicados». Por la lengua. No hay quien escape a eso.

El proceder básico de la neolengua orwelliana está en la generación de lo que su autor llama un doblepensar. Lo que es lo mismo, el trastrueque del significado de las palabras, hasta hacerlas decir exactamente lo contrario de lo que dicen. Cristaliza en fórmulas cerradas, vistosas, fáciles de retener: «la ignorancia es la fuerza», «la guerra es la paz», «la libertad es la esclavitud»… Al final, el disidente Winston torturado experimentará la dimensión de esa derrota del hombre sin palabra propia. Y en los cuatro dedos que el torturador pone ante sus ojos, él verá lo que está mandado ver: cinco. Y todo retorna al orden. «Amaba al Gran Hermano»: es la frase que cierra la novela.

«La ignorancia es la fuerza», «la guerra es la paz», «la libertad es la esclavitud»…, «el paro es el trabajo». Idéntica la estructura y función de los cuatro enunciados: suplantar la realidad. Sólo que el cuarto de ellos no es del gran George Orwell en una de las novelas más imprescindibles y amargas del siglo XX. Es del párvulo Zapatero. Que tal vez —estoy convencido de que es posible para su cerebro— ni siquiera haya sido cínico al formularla: se requiere cierta densidad neuronal para ser cínico. Y que probablemente no ha experimentado siquiera el primordial placer sádico que debiera aportarle un tal escupitajo sobre el rostro de los millones de parados en el límite de la supervivencia: se requiere talento también para ser malo. Es peor: un necio armado de una fe segura. Lo peor. Lo peor de todo. ¿Acabaremos, como el pobre Winston de Orwell, amando a Zapatero?

Gobierno, juez y parte
Editorial www.gaceta.es 15 Septiembre 2010

Que el PSOE padece una endémica alergia a la división de poderes es una constante, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial y el certificado fúnebre de Guerra (“Montesquieu ha muerto”) hasta la iniciativa para que la instrucción penal deje de estar en manos de los jueces y pase a los fiscales, anunciada por el ministro Caamaño, y que implica entregar al Gobierno la maza de juez.

La medida, parte del borrador de la Ley de Enjuicimiento Criminal, vendría complementada por la limitación de la acusación popular, figura clave en nuestro ordenamiento jurídico y que ha servido para investigar graves abusos de poder.

Dejar en manos del Ministerio Público la instrucción de las causas penales, viejo proyecto de Caamaño, tiene perfiles inquietantes por cuanto lesiona la independencia del poder judicial. Las contraindicaciones son, en primer término, filosóficas: implica canjear al juez, que es “independiente e inamovible” (según la Constitución) por los miembros del Ministerio Fiscal, sujetos a la “dependencia jerárquica” y sometidos a las órdenes de sus superiores. Es decir, el Ejecutivo, a través del fiscal general. Pero también tienen que ver con las garantías procesales. La Constitución consagra para todos el derecho “al juez ordinario predeterminado por la ley” y a “un juez imparcial”, que desaparecería si la investigación de los delitos fueran encomendadas a fiscales. ¿Cómo esperar que los nuevos instructores se conduzcan con imparcialidad en determinados procedimientos, que puedan afectar a los intereses del Gobierno de turno, sea del partido que sea?

Nada de esto es teoría. Lo hemos comprobado en la lucha antiterrorista, donde los fiscales que han tenido el rigor de ceñirse al principio de legalidad han sido coaccionados o laminados, cuando no se atenían a la conveniencia política (caso de Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional). Y sensu contrario hemos visto como la Fiscalía ha exhibido distintas varas de medir según estuvieran bajo su lupa políticos del PP o del PSOE. El más reciente, el comportamiento de Conde-Pumpido en el caso Bono, destapado por LA GACETA.

Este relativismo de conveniencia llegó al extremo cuando el fiscal Conde-Pumpido apelaba al “contexto” a la hora de actuar contra el entorno proetarra. Eso explica episodios tan escandalosos como la amenaza de Otegi cuando iba a ser detenido: “¿Esto ya lo sabe el fiscal general?” o la petición de archivo del chivatazo a ETA del Faisán. Sospechosa parcialidad que puede resultar singularmente inquietante en la nueva fase de la negociación con la banda armada, con las elecciones municipales a la vista.

No parece casual que la iniciativa que Caamaño pretende desempolvar vaya pareja con la limitación del ejercicio de la acusación popular. Se trata de una figura de gran importancia en el ordenamiento jurídico, por cuanto ofrece garantías de que la ciudadanía pueda recurrir a la Justicia y se investigue el delito cuando la Fiscalía no actúe. Gracias a la acusación popular, se pudo investigar a Baltasar Garzón por el caso de las fosas del franquismo o los cobros de Nueva York, entre otros asuntos de gran relieve. El ministro quiere restringir ahora este derecho, aplicando la llamada doctrina Botín: sólo tendría legimitad si existe acusación de la Fiscalía o de la víctimas. Por esa regla de tres, nunca hubiera llegado el caso de la rectificación del BOE hasta el Supremo, que va a estudiar si Zapatero y De la Vega cometieron falsedad en documento público.

Todos Neocons
EDURNE URIARTE ABC 15 Septiembre 2010

En un ejercicio de cinismo, Rubalcaba valoró ayer la detención de los dirigentes de EKIN como una muestra de que no van a modificar «ni un ápice la política desplegada en los últimos años por el Gobierno». Cuando su política antiterrorista de la segunda legislatura es radicalmente distinta de la primera. Cuando el cambio ha sido total y ha pasado de la negociación a la represión. Una negociación, la de la primera legislatura, que no era una respuesta puntual a una tregua decidida unilateralmente por ETA, sino una puesta en acción de una concepción política determinada de Zapatero sobre el terrorismo, al menos sobre algunas formas de terrorismo, las de izquierdas y las islamistas.

La represión, lo que acaba de aplicarse ahora de nuevo al brazo político de ETA, era la política defendida por los movimientos cívicos de resistencia contra ETA, por la derecha y por la izquierda crítica. Por aquellos que Zapatero llamaría neocons, al menos en materia antiterrorista. Por quienes creen que la respuesta de las democracias al terrorismo debe ser judicial y policial, y, en algún caso, como el de Al Qaeda, también militar.

Es una excelente noticia que Zapatero y los ejecutores de sus decisiones como Rubalcaba se hayan rendido a las tesis antiterroristas neocons. Que por fin crean en ellas. Que reconozcan incluso que las acciones del brazo político, la movilización social, como dijo ayer Rubalcaba, son esenciales para la supervivencia terrorista.

A no ser, claro está, que lo dicho por Rubalcaba sobre la inexistencia de un cambio no sea un ejercicio de cinismo sino la estricta verdad. Y que la política de este Gobierno no haya cambiado, en efecto, un ápice y estemos asistiendo a una función de teatro que enmascare, en realidad, la continuación de la negociación. Con Zapatero y Rubalcaba de por medio, no cabe descartar esa posibilidad.

Imposición lingüística
Lágrimas de cocodrilo nacionalista

José García Domínguez Libertad Digital 15 Septiembre 2010

Me cuentan que algunos ilustres catalanistas, fervientes patriotas de esos que sólo conceden hablar en castellano con la chacha, andan ahogados en un mar de lágrimas de cocodrilo a cuenta del nivel C. Y es que, en un insólito alarde de grosería, al Tripartito se le ha ocurrido exigirles también a ellos, los dueños y señores de la finca, un salvoconducto gramático con tal de poder ejercer la docencia universitaria. Sin ir más lejos, y como si de un vulgar emigrante andaluz se tratase, al ínclito Xavier Sala i Martín, entre otras lumbreras domésticas, le quieren hacer pasar por el tubo de San Pompeu Fabra. Así, sin consideración ni deferencia alguna a su rango y posición, deberán pagar la bula lingüística hasta ahora reservada en exclusiva a dependientes, subalternos, oficinistas y demás ralea del tercer estado. Como si ya no hubiera clases. ¡Intolerable!

No es de extrañar, pues, que la indignación entre las fuerzas vivas de Liliput resulte colosal a estas horas. ¿A quién se le ocurre, por lo demás, pretender que el catalán, lengua propia de la Universidad merced al voto tan unánime como entusiasta del los claustros, se convierta en la lengua propia de los universitarios? Socializados en el jocoso compadreo con el tartufismo, han tardado exactamente treinta años en descubrir que la broma, para su asombro, iba en serio. Tan en serio que afamados doctores en física nuclear, innúmeros microbiólogos marinos y una legión de ingenieros de telecomunicaciones, amén de algún payaso de Micolor amamantado en las ubres pujolistas, deberán volcarse desde ya en el estudio de la ortografía y sintaxis vernácula.

Perentorio cometido que los llevará, entre otros gozosos empeños, a un exhaustivo análisis de su riqueza dialectal, desde las variantes propias de los arrozales del Delta del Ebro hasta las peculiaridades fonéticas del menorquín. Instrucción de la que, naturalmente, deberán rendir cuenta ante el preceptivo tribunal evaluador. ¿A qué vendrá, sin embargo, tanto crujir de dientes? ¿Qué se fizo de aquellos apóstoles de la normalización del prójimo? ¿Qué fue de tan eufóricos inmersores de la plebe? ¿Tal vez no recuerdan que la proscripción del español garantiza el preciado tesoro de la cohesión social? ¿Acaso no les place su propia medicina? En fin, menos lloriqueo y a hincar los codos.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

JUZGAR SENTIMIENTOS
José Domingo impulso-ciudadano.blogspot.com  15 Septiembre 2010

"Ningún Tribunal puede, ni podrá, juzgar nuestros sentimientos ni negar nuestra voluntad."
No, no se trata de la declaración de una pareja de enamorados a los que un Tribunal les impide continuar su relación por la oposición de sus padres, ni que los Tribunales deportivos hayan prohibido el lema del RCD Espanyol “La força d’un sentiment”.

Estamos hablando de política, de la declaración que ha efectuado el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con motivo de la celebración de la Diada del 2010.
La frase no es nueva, y ya la había pronunciado el Presidente Montilla en la declaración institucional de junio de este año con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía.

Hace bien el manifiesto en referirse a sentimientos, puesto que estos son las impresiones que causan a nivel espiritual determinadas situaciones. Los socialistas sienten que “Cataluña es una nación”, “que su lengua es el catalán” y que el “Estatuto fue aprobado por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña”. Nada que objetar a que el PSC haga públicos sus sentimientos porque ya se sabe que en el terreno del corazón todo es posible y que las personas, al parecer ahora también las jurídicas, actúan y se comportan con amor, pasión u odio, a veces de una manera irracional. Ahora bien, para no confundir a los destinatarios del mensaje, estaría bien que el PSC aclarara en el manifiesto que esos sentimientos no tienen nada que ver con el ordenamiento jurídico ni con la realidad. Con las normas en la mano, a día de hoy Cataluña es una nacionalidad (artículo 1 del Estatuto de Autonomía), la sociedad catalana tiene dos lenguas mayoritarias y de ellas la más hablada es el castellano, y en el referéndum del 18 de junio de 2006 sólo votaron “Sí” a la pregunta: "¿Aprueba el proyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña?", 1.899.879 personas de los 5.310.103 que conformaban el censo.

Puesto que el PSC se ha instalado en ese íntimo campo, esperemos que su frustración, al comparar sentimientos con realidades, no le conduzca al resentimiento.

Cataluña
Las universidades que más utilizan el catalán, reciben más financiación de la Generalidad
Huguet reparte entre 20 y 25 millones en el período 2006-2010 a los centros con más multilingüismo y mejor normalizados lingüísticamente en catalán.
Redacción www.vozbcn.com  15 Septiembre 2010

La Dirección General de Universidades distribuye una parte de la financiación universitaria en función de objetivos y, desde hace tres años, se incluyen criterios lingüísticos. Así, el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet (ERC), ha recordado este miércoles que “las universidades que hacen un mejor proceso de normalización lingüística en catalán, reciben una prima, es decir, tienen dinero suplementario sobre las que se quedan en los niveles básicos”.

El presupuesto contemplado por la Generalidad para repartir entre las universidades según los objetivos lingüísticos es de entre 20 y 25 millones de euros para el período 2006-2010. En 2009, según ha publicado El Mundo, la partida fue de 3,05 millones de euros, de los que el 60% se otorgó por priorizar el catalán y el 40% por promover lenguas extranjeras.

Una comisión velará para que no se rebaje el nivel exigido
Para evitar que las universidades rebajen los niveles de exigencia de catalán, aumentando así su uso y beneficiándose de más ayudas públicas, Huguet ha señalado en Catalunya Ràdio que una comisión interuniversitaria de evaluación lingüística velará para que el baremo del grado de conocimiento de catalán exigido a los profesores de todas las universidades sea homologable al nivel C de catalán establecido por la Secretaría de Política Lingüística de la Generalidad.

El consejero se ha mostrado convencido de que “nadie dejará de venir a Cataluña” a dar clases a causa del nuevo decreto que exige acreditar el dominio del catalán. Y ha asegurado que, con esta normativa, “nos estamos homologando a países como Suecia, Noruega o Finlanda”.

“El gran problema que hemos tenido hasta ahora, y por el que no hemos tenido decreto linguísitico, ha sido la oposición sistemática de alguna gente que tienen una filosofía contraria a la normalización del catalán y que han boicoteado sistemáticamente que se regule mínimamente”, ha concluido.

Marruecos vuelve a la carga en su reivindicación de Ceuta y Melilla
Madrid - Macarena Gutiérrez La Razón 15 Septiembre 2010

La semana se presenta movida en la frontera española con Marruecos. La tregua diplomática, establecida tras la visita del ministro de Interior a Rabat el 23 de agosto, parece haber vencido con el fin del Ramadán. Las organizaciones «civiles» alauíes, encargadas de la militancia en el paso de Beni Enzar, volverán a tomar hoy la «tierra de nadie» que separa Melilla de Nador.

Según declaró a LA RAZÓN Abdelmonaim Chaouki, presidente de la Coordinadora de la Sociedad Civil del Norte de Marruecos, «esperamos que acudan unas 300 personas para protestar contra la visita de Mariano Rajoy a Melilla el jueves, que no ayuda en nada a las relaciones entre los dos países».

El líder del Partido Popular participará mañana en los actos del 513 aniversario de la españolidad de Ceuta y Melilla que se cumple el viernes. La visita no ha sentado bien del lado marroquí. Sólo ha pasado un mes desde la crisis originada en la frontera por las denuncias de «abusos racistas» contra las mujeres de la Policía Nacional que sirven en el paso fronterizo y la situación sigue tensa.

A las supuestas agresiones de las agentes contra ciudadanos marroquíes siguieron las burlas por parte de estas asociaciones «civiles» que se mofaron de las policías en una serie de pancartas colocadas de forma ilegal en la «tierra de nadie» que hoy se disponen a reconquistar.

Lo cierto es que la campaña de esta semana, que vuelve a reivindicar la «marroquinidad de Ceuta y Melilla y el fin de la ocupación», está dirigida sobre todo contra el PP, «un partido enemigo de los árabes y los musulmanes».

En declaraciones a este periódico, Chaouki adelantó que, a partir de ahora, «cada vez que un líder del Partido Popular visite la ciudad ocupada dejaremos a Melilla sin pescado ni verdura». Este «bloqueo selectivo» no se aplicará a la visita de Rajoy «porque no da tiempo», según admite el propio Chaouki.

Las fuentes policiales consultadas no dan mucho crédito a estas iniciativas, aunque llama la atención que se anuncien cuando Pérez Rubalcaba había dejado firmado la paz con Rabat. Preguntado al respecto, el cabecilla de la revuelta insiste en que «no somos funcionarios del régimen» de Mohamed VI, «somos activistas». Sin embargo, Chaouki desliza que «tras la visita del ministro de Interior un grupo de activistas españoles fue a El Aaiún para apoyar al Frente Polisario contra Marruecos y a favor de los saharauis».

La presidenta del Partido Popular catalán conversa con el director de PD, Alfonso Rojo
Alicia Sánchez-Camacho: "El PP es la garantía para seguir utilizando el castellano en Cataluña con normalidad"
Trabaja ya con la vista puesta en los comicios del próximo 28 de noviembre
Somos la garantía para que CiU no tenga la mayoría absoluta y para que tampoco se repita el tripartito
Alfonso Rojo. Periodista Digital  15 Septiembre 2010

Alicia Sánchez-Camacho vive ya con la vista puesta en el próximo 28 de noviembre, día en el que tendrán lugar las elecciones catalanas. La presidenta del Partido Popular en esta comunidad autónoma mantuvo, en los pasillos de Intereconomía Televisión, una conversación informal con el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, donde repasa a vuelapluma las claves de dichos comicios.

La utilidad de votar la opción política que ella representa ("Somos la garantía para que CiU no tenga la mayoría absoluta y para que tampoco se repita el tripartito"), la hipotética situación en la que quedaría el castellano dentro de Cataluña en caso de que saliera adelante una coalición nacionalista o las estimaciones de voto para su partido ("si pudiera superar los 15 diputados sería todo un éxito") son algunos de los temas que repasa Sánchez-Camacho en dicha conversación.

Fíate del PP (y no sufrirás anginas)
Nota de Editor 15 Septiembre 2010

Para los pocos creyentes del PP, que los hay, creer que su partido defiende el castellano no resulta un trago fuerte, pero para el resto de los mortales, ni trago ni nada, ruedas de molino de las grandes.

El tal Núñez es una prueba, una demostración matemática de que al PP le importa un bledo España y menos el castellano, su único afán es conseguir el poder.
Y que nadie venga diciendo que con Aznar era distinto, entonces incluso había esperanzas de que algo mejorase, pero hablaba catalán en la intimidad.

De todos modos, al decir "para seguir utilizando  el castellano en Cataluña con normalidad" se descubre que según ella la situación actual del castellano es normal,
y que el no poder ser escolarizado en castellano, sufrir delaciones y multas por no utilizar la lengua regional, estar excluído de cualquier trabajo en la empresa privada o en cualqueir administración pública al no poedr demostrar conocimiento de la lengua regional, es una situación normal.

PERO HAY MUCHOS MÁS
Los 57.000 liberados legales cuestan más de 1.600 millones al año
Repetimos un informe publicado en marzo, el único riguroso hasta ahora, y que acaba de cobrar actualidad por la iniciativa de la Comunidad de Madrid de reducir a lo estrictamente legal el número de liberados. Éstos alcanzan en España alcanzan la cifra mínima de 57.000 personas y cuestan al año 1.664 millones.
P. De Tena / A. Barreda / L. Ramirez Libertad Digital  15 Septiembre 2010

Según los cálculos hechos por Libertad Digital y Por Andalucía Libre, datos que aparecerán en el libro "La Tela de Araña andaluza", en preparación, LOS LIBERADOS SINDICALES EN ESPAÑA SON, AL MENOS 57.000, CON UN COSTE PARA LAS EMPRESAS Y LA ADMINISTRACIÓN DE 1.664 MILLONES ANUALES, como mínimo. Los cálculos se han atenido a la legislación vigente. De haber otros fuera de la normativa, el número podría ser mucho mayor. De hecho, UGT y CC.OO son megaempresas que tienen más de 60.000 trabajadores pero que tienen la peculiaridad de que el salario de la inmensa mayoría de sus empleados los pagan otros, bien las empresas privadas, esto es, los ciudadanos a través de los precios, bien los ciudadanos a través de impuestos.

El número de liberados sindicales en España es uno de los secretos mejor guardados. CCOO y UGT emplean la táctica del avestruz mientras la patronal CEOE calcula que hay 4.127, con un coste de 250 millones de euros anuales. En realidad la cifra es, cuando menos, catorce veces mayor sin tener en cuenta los liberados de las secciones sindicales, sino sólo los correspondientes a los delegados de personal elegidos en las elecciones sindicales.

Como denuncian fuera de nuestras fronteras cada vez que CCOO y UGT obstaculizan las reformas en el mercado de trabajo, los sindicatos españoles conforman una "aristocracia" laboral que se dedica a apoyar al Gobierno socialista, a proteger a los trabajadores fijos no siempre productivos y a lanzar soflamas contra los empresarios, que son los únicos que pueden crear empleo y ayudar a la economía española a salir de la recesión.

Los sindicatos más subvencionados de España, dirigidos por Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), tienen como comportamiento habitual ocultar a la opinión pública el verdadero coste que supone su existencia para los trabajadores y las empresas, especialmente en lo referente a los liberados. Es decir, aquellas personas que reciben sus salarios de las compañías que les han contratado, pero no desempeñan labor alguna en ellas. En lugar de ello están al servicio de las organizaciones sindicales.

La falta de transparencia de las organizaciones sindicales mayoritarias, CC.OO y UGT, es, en este aspecto, total. Nadie sabe con certeza cuántos liberados tienen organizaciones a nivel estatal, autonómico, provincial o local. Siempre que se habla de ello, que es bastante y a menudo, se habla de miles de liberados, pero con escaso fundamento.

Recientemente,la patronal CEOE ha intentado calcular el volumen de este colectivo y el coste que supone para las empresas. En un estudio cifra el número de liberados sindicales en las empresas privadas en 4.127 personas con un coste para las empresas de 250 millones de euros anuales, lo que implica un salario medio bruto de 60.000 euros per capita al año.

Pero cuando se analizan los datos oficiales en profundidad, el volumen real supera con creces la cifra aportada por los empresarios. Ante el silencio sepulcral de los sindicatos acerca de la cantidad de sus liberados, ¿hay algún método riguroso, aunque sea aproximado, de conocer el número real?

Sí. Se trata de combinar adecuadamente los datos sobre el número de delegados existentes en España con la normativa vigente respecto a las horas llamadas "sindicales" en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Esa relación nos dará al menos el número de liberados potenciales y, desde luego, una cantidad mínima que puede considerarse certera.

Liberados sindicales de UGT Y CC.OO. en España
En el artículo 68, e, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Leydel Estatuto de los Trabajadores, se especifica que "dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala:

Delegados de personal o miembros del comité de empresa:
1. Hasta cien trabajadores, quince horas.
2. De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas.
3. De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.
4. De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas.
5. De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.

Y añade que "podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas" de los distintos miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración.

En el conjunto de España, el número de delegados de personal obtenidos por UGT y CCOO en las elecciones sindicales era de 250.153, correspondiendo a UGT 123.233 y a CC.OO 126.920, según consta en un informe reciente de Atlantis Seguros, una empresa de seguros europea participada por ambos sindicatos.

Dado que no hemos logrado saber cuántos de ellos corresponden a cada grupo de centros de trabajo previstos en la ley antes expuesta, hemos de optar por un número medio de horas sindicales/mes para cada delegado.

En nuestra hipótesis vamos a considerar que el número medio de horas sindicales por delegado es de 30 horas, teniendo en cuenta que en la Administración en general el uso habitual es el de 40 horas mensuales e incluso más y que el número de delegados en la Administración Pública se acerca al 30% del total. Que se superan las 40 horas sindicales al mes puede comprobarse en el siguiente documento de la Junta de Andalucía:

De esta forma, 250.153 delegados sindicales en toda España, multiplicados por tales 30 horas liberadas por la acción sindical al mes, nos dan un total de 7.504.590 horas empleadas al mes en tareas sindicales que, consideradas a lo largo de un año, es decir, multiplicadas por 12 meses, se convierten en 90.055.080 horas "liberadas".

Dadas que estas horas son acumulables y adjudicables por persona, y siendo la jornada media efectiva en España de 1.576,8 horas la cantidad total de horas sindicalmente liberadas, 90.055.080, equivalen a 57.112,5 puestos de trabajo de tiempo completo o, lo que es lo mismo, a 57.112,5 liberados sindicales posibles a tiempo completo, a los que habría que añadir los liberados sindicales existentes en las secciones sindicales de empresa de UGT y CCOO.

Dicho en términos económicos, los empresarios españoles y la Administración pública están pagando del bolsillo privado y público, respectivamente, a 57.112,5 funcionarios sindicales, salarios que no ingresan pero que sí se ahorran las organizaciones sindicales. Si consideramos que el coste laboral medio en España (salario + Seguridad Social) por trabajador y mes alcanzaba los 2.428,69 euros en el tercer trimestre de 2009, esto es, 29.144 euros por trabajador al año, el coste total derivado por los liberados sindicales y soportado forzosamente por ciudadanos y empresas españoles asciende a 1.664 millones de euros al año. Si se tiene en cuenta que muchos de los trabajadores liberados deben ser sustituidos por otros que realicen sus trabajos, el coste real de los liberados debe ser mucho mayor.

Y, desde luego, de ser su salario el medio que indica la CEOE, de 60.000 euros anuales, el coste entonces se elevaría a casi 3.500 millones de euros anuales.

Ingresos sindicales no contabilizados ni fiscalizados
Lo que son efectivamente ingresos para las organizaciones sindicales no son contabilizados como tales. Es decir, a la subvenciones no finalistas recibidas por los sindicatos de la Administración debería sumarse la cantidad correspondiente a los salarios de los liberados aunque sean pagados por terceros. En la práctica, estos liberados se comportan como empleados de los sindicatos que disponen de estos delegados con toda libertad y autoridad.

En realidad, estamos ante la presencia de dos gigantescas empresas, UGT y CC.OO. muchos de cuyos ingresos no proceden de su propia actividad,sino que los succionan de la actividad de otras empresas y de los impuestos de los ciudadanos sin que exista control alguno, al menos, sobre los fondos públicos recibidos, que son los mayoritarios. De hecho, estamos ante organismos que tienen miles de trabajadores asalariados a su servicio, pero cuyos salarios, en su mayoría, son abonados por otros.

Muy pocas empresas en España superan los 25.000 trabajadores. Telefónica asegura tener en España más de 100.000 profesionales pero no especifica si todos ellos son asalariados o si son meros colaboradores externos. El Corte Inglés tiene poco más de 50.000 trabajadores reconocidos. En cualquier caso, en toda España apenas hay una decena de empresas con más trabajadores asalariados que UGT y CC.OO, si bien los pagan ellas mismas y no terceros.

Para saber el número real de los trabajadores de los sindicatos mayoritarios, a los liberados habría que añadir los trabajadores contratados, estable o temporalmente por UGT y CCOO y sus fundaciones y organismos relacionados, número que tampoco es conocido por la sociedad española.

Si se suman unos y otros podríamos estar ante dos megaorganizaciones cuyo personal, en su mayoría, es pagado por otros y cuyos ingresos proceden en su mayoría de los impuestos u otras empresas.

A las empresas les cuesta 250 millones de euros mantener a 4.127 sindicalistas liberados
Un ejército de 333.772 delegados al servicio de los sindicatos
Inmaculada González de Molina La Razón 15 Septiembre 2010

A catorce días de la huelga general, los sindicatos, preocupados ante un eventual fracaso, han trasladado la consigna a sus delegados sindicales de emplearse a fondo en las calles para parar el país. Si logran paralizar el transporte aéreo, ferroviario, urbano y por carretera, habrán conseguido que el 29-S pase a los anales de la historia sindical como un nuevo éxito.

Para ello, tienen a su servicio un auténtico ejército de delegados, que se desplegará en esa jornada por todo el país. Su misión consistirá en recordar a los trabajadores la necesidad de secundar el paro, después de la agresión cometida por el Gobierno con la reforma laboral, que consagra el despido con 20 días de indemnización por año trabajado.

De hecho, entre todas las organizaciones sindicales cuenta con un total de 333.772 representantes sindicales, incluidos los de las Administraciones Públicas. De esta cuantía, 42.944 pertenecen a las Administraciones Públicas, según el censo de 2009 facilitado por el departamento de Celestino Corbacho.

Los restantes 290.828 engrosan las filas de los representantes sindicales de las empresas españolas. Es decir, por cada 39 trabajadores existe un delegado de personal o representante de los trabajadores. Según el grado de cobertura de la base de convenios colectivos de la patronal CEOE, las empresas dedican 7,3 millones de horas sindicales al año. No existen cálculos oficiales de cuánto pagan las compañías por estas horas sindicales de obligado cumplimiento, según el Estatuto de los Trabajadores.

Ránking
Las empresas catalanas figuran en el primer lugar del ránking de representantes sindicales, con la cifra nada desdeñable de 54.097 personas. Le sigue las compañías instaladas en Andalucía, con 40.433 delegados. Mientras, las comunidades madrileña y valenciana ocupan el tercer y cuarto lugar, con 36.517 y 31.765 representantes, respectivamente. La radiografía de este ejército a disposición de las centrales sindicales la completan 4.127 personas, que se encuentran liberadas totalmente por sus empresas para ejercer un puesto en las organizaciones sindicales. Si se estima un sueldo laboral medio de 50.000 euros anules por cada uno de ellos, el coste total de estos 4.127 liberados sindicales para las sociedades asciende a 250 millones de euros, sin contar con el coste de reposición y la productividad asociada.

A la espera
En estos momentos, los delegados sindicales se encuentran a la espera de recibir las instrucciones oportunas de sus respectivas centrales para desplegarse cada uno por su ciudad el 29-S. Los sindicatos han depositado en sus manos el éxito o el fracaso de la convocatoria.

El Gobierno, por su parte, deberá contrarrestar este auténtico ejército de los sindicatos con un nutrido dispositivo de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en esa jornada velarán por que los ciudadanos puedan compatibilizar el derecho a la huelga con el derecho a acudir a sus puestos de trabajo.

El Ejecutivo prepara ya una especie de gabinete de crisis que seguirá cualquier incidente que ocurra en esa jornada. Ese gabinete de crisis ha estado integrado en anteriores huelgas generales por los ministros de Interior, Defensa, Trabajo y Economía.

Aguirre suprimirá por ley 1.930 liberados sindicales
Desde hace dos años, la presidenta de la Comunidad de Madrid planea reducir el elevado número de trabajadores de la Administración pública con estatus de liberado sindical. Las cifras de estos empleados dedicados parcial o exclusivamente a defender los derechos de los trabajadores se había disparado en los últimos a golpe de negociaciones entre los sindicatos y la Administración. En concreto, en la Comunidad hay actualmente cerca de 3.500 liberados sindicales, 1.930 más de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Libertad Sindical. El objetivo del Gobierno regional es suprimir este «excedente» mediante una ley con la que también se rebajará de 75 a 40 las horas al mes que los liberados que se queden tengan para llevar a cabo su función. Según explicaron a este periódico desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en estos dos últimos años se ha intentado negociar la reducción del número de liberados pero, ante la negativa por parte de los sindicatos a renunciar a este estatus, el Gobierno regional ha determinado suprimirlos mediante una ley. Ayer, Esperanza Aguirre reclamó en la Asamblea regional que las centrales sindicales «no pueden estar ajenos a la situación económica».


CC OO y UGT
La mitad de los dirigentes sindicales cobra sobresueldos de empresas públicas y privadas
 www.gaceta.es 15 Septiembre 2010

La asistencia a los consejos supone una retribución de hasta 31.500 euros. Las dietas en Renfe superan los 10.000 euros y en Adif duplican esta cantidad.

Cerca de la mitad de los miembros de las comisiones ejecutivas confederales de los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) cobra sobresueldos y dietas de empresas públicas, cajas de ahorros y empresas privadas.

El número de los dirigentes con cargo en las ejecutivas supera los 40 y una veintena de ellos aparece como asesores, consejeros, presidentes o vocales en no menos de 50 empresas, fundaciones y consejos.

La presencia de estos dirigentes sindicales –en su mayoría liberados y con pluses pagados por las propias centrales– en los consejos de administración de compañías como Renfe, Caja Madrid o Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) puede reportarles una retribución de hasta 31.500 euros anuales, sólo en concepto de dietas por asistencia. Es lo que cobraba el responsable de Estudios de CC OO, Rodolfo Benito, que en marzo fue sustituido por el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez.

Mientras, la mayor parte, ocupa puestos de responsabilidad en diferentes empresas participadas por los sindicatos, que trabajan en todos los sectores y se benefician de las necesidades de los trabajadores y afiliados, como los seguros, la formación, las pensiones privadas, la vivienda y la información sindical.

Órganos de decisión
Sólo en el Consejo Económico y Social (CES) hay 20 sindicalistas, nueve de cada uno de las centrales mayoritarias, uno de Convergencia Intersindical Gallega (CIG) y otro de Solidaridad de Trabajadores Vascos (CIG).

Si bien estos miembros no tienen una retribución, cobran por su participación en este consejo del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dietas y pluses, que resultan más elevados si además implican un desplazamiento a Madrid.

Entre los representantes de UGT figura Almudena Fontecha, auxiliar de enfermería y actual secretaria de Igualdad del sindicato. Fontecha es además consejera en Publicaciones Unión, la editorial responsable de buena parte de los libros y publicaciones de la central.

También en el consejo del órgano consultivo del Gobierno, encargado de elaborar informes y dictámenes sobre asuntos laborales y sociales, está presente el ugetista Frederic Monnel Lliro, que es consejero de Quinta de Salut L’Alinça Mutualitat de Previsió Social, una mutualidad que participa en otras once compañías del sector.
En otras empresas

Mientras, los sindicatos también forman parte del consejo de administración de Renfe. El actual representante sindical es el responsable de transporte de UGT, Miguel Ángel Cillero. Por su participación en el consejo recibe en torno a 10.000 euros en concepto de dietas.

La presencia sindical en los órganos de decisión de Adif podría suponer más del doble de esa cantidad, ya que Adif repartió en 2008 entre sus 18 miembros un total de 368.000 euros. La partida, teóricamente, va a las arcas del sindicato.

La influencia de los sindicatos fue patente hace nueve meses en la cesión de 32 trenes de la compañía Renfe para que participasen en una movilización en Madrid en contra de las pensiones.

Rodolfo Benito, el anterior representante sindical en Caja Madrid y secretario de Estudios de Comisiones Obreras, compatibilizó hasta marzo su participación en la caja de ahorros, por la que cobraba 31.000 euros; la presidencia de la Fundación Sindical de Estudios de Comisiones Obreras y su asistencia al Consejo Social de la Universidad Complutense.

Por su parte, Antonio Ferrer, responsable de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores, es consejero en cinco empresas del sindicato y es socio en una de ellas, Consultora de Pensiones y Previsión Social de Sociedad de Asesores.

También tiene un papel protagonista en las empresas de Comisiones Obreras María Engracia Cardeñosa Peñas, secretaria de Administración y Finanzas de la central de Toxo. Cardeñosa es consejera de cinco empresas del sindicato, socia de otra, presidenta de la Consultora de Pensiones y Previsión Social Sociedad de Asesores –una sociedad que gestiona pensiones privadas– y tesorera de Fundación Paz y Solidaridad. Una de las empresas de la que es consejera Cardeñosa es Atlantis Vida Compañía de Seguros y Reaseguros.

Atlantis es un grupo asegurador de economía social presente en toda Europa. La aseguradora tiene una extensa red de oficinas en toda España y muchas de sus sucursales están ubicadas en las mismas sedes de Comisiones Obreras y UGT. Desde el año 1996, Atlantis es el servicio asegurador del sindicato que dirige Fernández Toxo.
Acciones

Además, esta central participa con un 20% en el accionariado de Atlantis Asesores, una empresa del grupo que está orientada al asesoramiento, mediación y consultoría en productos de aseguramiento colectivo de los afiliados. Por su parte, UGT está vinculada a la empresa aseguradora multinacional desde 2006.

Las confederales de CC OO y UGT participan directamente en 25 empresas. Bajo el paraguas de la Unión General de Trabajadores hay un total de 17 empresas, ocho de ellas participadas al 100% por el sindicato. Comisiones Obreras tiene ocho compañías similares.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Compromisos contra ETA
Editoriales ABC 15 Septiembre 2010

Sería un error que este golpe a los sicarios políticos de ETA pretendiera proteger a los mal llamados «posibilistas» del mundo batasuno, es decir, a los que ahora abogan por «vías políticas»

LA detención de la nueva dirección de EKIN, trama etarra que asume el comisariado político de la banda en la izquierda abertzale, es un golpe policial de extraordinaria importancia, tanto por la dimensión de la operación como por el momento en que se produce. Hace poco más de una semana, ETA anunció un alto el fuego con el que quería descargar sobre el Gobierno la responsabilidad de evitar nuevos atentados mediante una negociación política. La detención de la cúpula de EKIN es la respuesta que merecían los terroristas, porque desmiente que haya tentaciones de aprovechar esta nueva farsa de tregua para iniciar otro diálogo político. Al menos, esto es lo que debería ser, porque el descabezamiento de EKIN no ha de servir a otro propósito que la derrota incondicional de ETA y, más en concreto, a la erradicación de su entramado político. Dicho con otras palabras: detener para derrotar, no para negociar. También sería un error que este golpe a los sicarios políticos de ETA pretendiera proteger a los mal llamados «posibilistas» del mundo batasuno, es decir, a los que ahora abogan por «vías exclusivamente políticas». A estas alturas, de la misma manera que se sabe que ETA no ofrece treguas de buena fe, tampoco hay razón para creer que existe una Batasuna «moderada» con capacidad para disuadir a los pistoleros.

Por otro lado, es evidente que ETA quiere reconstituir sus frentes desmantelados por la Justicia. Por eso ahora es imprescindible que esta lucha policial se vea complementada con un apuntalamiento del Gobierno vasco, que debería quedar preservado de cualquier negociación entre el Ejecutivo central y el PNV, porque sólo el afianzamiento a largo plazo de una alternativa no nacionalista permitirá las reformas necesarias para deslegitimar definitivamente a ETA. Igualmente es irrenunciable la aplicación de la Ley de Partidos Políticos a las listas, blancas o de color, que estén contaminadas por ETA, aunque las presente un partido legal, como Eusko Alkartasuna. Hace cuatro años, la Fiscalía General del Estado solicitó la nulidad de candidaturas de ANV, sin necesidad de instar previamente la ilegalización de este partido. Por tanto, la legalidad en la que se encuentra EA es compatible, según la doctrina de Conde-Pumpido, con la actuación judicial contra sus listas contaminadas. Si hay determinación política, es posible cercar a ETA y llevarla hasta su derrota, pero con compromisos y estrategias para las que el Gobierno necesariamente debe contar con el Partido Popular, incluyendo la estabilidad del Ejecutivo de Patxi López.

Prueba democrática
EDITORIAL El Correo 15 Septiembre 2010

ETA y la izquierda abertzale, obligadas a desarmarse aceptando la depuración de las responsabilidades contraídas

La detención de nueve personas como supuestos integrantes de la dirección de Ekin, la estructura que permitiría a ETA acceder al control de las diversas organizaciones de la izquierda abertzale, no solo confirma que el Estado de Derecho se mantiene incólume ante el anuncio de que la banda terrorista había decidido suspender sus «acciones ofensivas». Constituye además una prueba de fuerza para el pulso que al parecer mantendrían el núcleo terrorista y los restos de Batasuna. Las manifestaciones del ministro Rubalcaba, señalando que la operación dirigida por el juez Grande Marlaska «merma la capacidad de ETA para dirigir la izquierda abertzale», no son precisamente inocentes. Vienen a constatar que, como es lógico, la actuación de la Justicia y de los cuerpos policiales seguirá persiguiendo el desmantelamiento de las secciones más peligrosas de la trama etarra, dejando el campo más libre a los precursores de un paulatino adiós a las armas.

Los portavoces de la izquierda abertzale salieron al paso calificando las detenciones de los presuntos dirigentes de Ekin como acto de «sabotaje a la nueva fase política», que pretenderían inaugurar gracias al incierto y limitado cese de actividades que mantendría ETA en estos momentos. Pero, siguiendo con su jerga, la operación de ayer pone a prueba el carácter «unilateral» que tanto la banda como sobre todo la izquierda abertzale querrían dar a la decisión supuestamente adoptada hace ya meses. La 'unilateralidad' preconizada trata de revestir de generosidad y desprendimiento tan inquietante suspensión de «acciones armadas ofensivas». Aunque acto seguido las voces de la izquierda abertzale se dirijan al Estado para exigirle reciprocidad; es decir, para dejar patente que su objetivo inmediato es dar paso a un proceso bilateral de concesiones mutuas en las que, de nuevo, la trama terrorista pueda sentarse en pie de igualdad con los representantes del Estado constitucional. A la Audiencia Nacional corresponde valorar la carga probatoria que encierran el testimonio de los detenidos ayer y el resultado de los registros llevados a cabo por la Guardia Civil. Pero la gran prueba es aquella a la que el Estado somete a ETA y a la izquierda abertzale para que demuestren fehacientemente su voluntad de renunciar al terror aceptando la depuración de las responsabilidades contraídas en la reiterada comisión de graves delitos.

Galicia Bilingüe prueba que la ideologización nacionalista continúa en los colegios gallegos
info@galiciabilingue.es. 15 Septiembre 2010

Queridos amigos. Hemos podido por fin sacar a la luz lo que nos consta que están haciendo muchos equipos de normalización en los colegios. En este enlace podéis ver con imágenes lo que hemos presentado hoy en rueda de prensa.

http://www.galiciabilingue.es/media/ADOCTRINAMIENTO.pps

Os pedimos que lo difundáis todo cuanto podáis, no solo en Galicia.

En archivo teneis la nota de prensa y en la web también la denuncia presentada hoy ante la Xunta, que consta de 71 folios. Los 250 folios restantes con más imágnes y documentos no los haremos publicos dado su formato.

Un abrazo.
Galicia Bilingüe

La asociación ha trasladado a la Xunta un extenso informe que recoge numerosos ejemplos de politización en webs de los equipos de normalización lingüística

Galicia Bilingüe prueba que la ideologización nacionalista continúa en los colegios gallegos
Vigo (14-09-10). Galicia Bilingüe denunció hoy ante la Xunta que el proceso de adoctrinamiento nacionalista permanece vigente en los centros escolares de Galicia a pesar del compromiso asumido en su día por el actual presidente Feijoo de “vaciar los colegios de ideología para llenarlos de conocimiento”.
La asociación ha remitido a la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria un extenso informe en el que recoge numerosos ejemplos de la frenética actividad de muchos equipos de normalización y dinamización lingüística (ENDL) que evidencian un uso politizado de la mayoría o muchas de sus acciones referidas al idioma.

Galicia Bilingüe muestra una muy amplia recopilación de entradas en los blogs y revistas de ENDL en las que se publicitan manifiestos, actos, campañas y manifestaciones de diferentes asociaciones vinculadas a partidos políticos. En muchas de ellas se difama e insulta ante los escolares a quienes promueven la libertad de elección de la lengua. Asimismo, se pide la dimisión o se descalifica a distintos cargos públicos, incluido el presidente de la Xunta de Galicia. Todo ello se hace contando con la participación directa de alumnos y entre proclamas e imágenes de carácter nacionalista, e incluyendo referencias o enlaces en algunos casos a plataformas o páginas de grupos radicales. Galicia Bilingüe ha encontrado, asimismo, en numerosas páginas web de ENDL, mensajes y actividades tendentes a transmitir a los alumnos conceptos que asocian hablar gallego con ser gallego e incluso con ser más normal.

“Creíamos que con la llegada de Feijoo al gobierno, los equipos de normalización lingüística desparecerían de los centros de enseñanza, pero simplemente se les ha cambiado de nombre -apunta la presidenta de GB, Gloria Lago,- y mantienen una extensa guía para ‘galleguizar’ colegios e institutos”. La presidenta de Galicia Bilingüe sostiene que “se trata de un auténtico proyecto de ingeniería social en el que se definen los centros de enseñanza como centros de producción y reproducción de hablantes”.

Frente a la promesa de Núñez Feijoo, sorprendentemente, la Consellería de Educación respondió premiando a algunos de los blogs o webs que más destacan por su carácter político y que muestran sin ningún reparo el objetivo ideológico que pretenden. Se trata, por ejemplo, del blog del instituto en el que trabaja Valentina Formoso, portavoz de la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística. El equipo de normalización que dirige esta profesora fue galardonado por la Xunta este curso con el premio a la Innovación en Normalización Lingüística 2009-2010. En ese portal se encuentran artículos o comentarios que defienden una determinada posición ideológica y que vulneran su deber de neutralidad en ese sentido, descalificando las decisiones políticas de la Xunta, quejas reclamando subvenciones para los medios que utilizan el gallego, alegatos en defensa de la imposición lingüística, imágenes con carteles del grupo radical Briga o mentiras y comentarios difamatorios sobre Galicia Bilingüe, entre otras cuestiones. Otro de los diez premiados a la innovación en la normalización en el curso 2009-20010 fue el ENDL coordinado por Román Cerqueiro Landín, también representante de la referida coordinadora.

Paradójicamente, en el Decreto 79/2010 está previsto lo siguiente: “La consellería competente en materia de Educación, a través de la Secretaría Xeral de Política Lingüística, coordinará el cometido de los equipos de dinamización de la lengua gallega y divulgará las experiencias positicas desarrolladas en los centros educativos”. Evidentemente, esto no es así. “Ni parece que la Consellería de Educación coordine a los equipos, ni que estos cumplan con su cometido, puesto que algunos divulgan una clara ideología política y animan a los alumnos a ir en contra de la libertad de elección de la lengua”, sostiene Lago.

El informe del colectivo que preside Gloria Lago parte precisamente de la existencia de la autodenominada Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGEND) que, teniendo condición privada, usa un nombre que induce a confusión sobre su carácter público. Esta asociación, que ni siquiera está registrada legalmente ni cuenta con unos estatutos legalmente reconocidos, actúa como voz representativa del colectivo de ENDL en sus relaciones con las administraciones y maneja, al parecer, un presupuesto que Galicia Bilingüe sostiene que bajo ningún concepto podría provenir de aportaciones públicas. Precisamente, Valentina Formoso es una de las personas que acudió el pasado mes de junio a una reunión con el conselleiro de Educación para hablar sobre el decreto, junto con Miguel Louzao Outeiro y Román Cerqueiro Landín, ambos coordinadores de ENL de institutos públicos.

Gloria Lago, que hoy presentó en rueda de prensa el trabajo de su asociación, ha interpuesto ante la Administración gallega una denuncia en la que analiza de una forma pormenorizada y apoyándose en la legislación vigente las irregularidades encontradas.

Por una parte, solicita a la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que requiera a los que aparecen como responsables de la CGEND el cambio de denominación de la misma, puesto que es una entidad privada.

Asimismo, pide que, a través de la Inspección Educativa, se averigüe qué ENDL de centros públicos forman parte de la entidad y si han actuado bajo su coordinación, puesto que es una asociación privada que defiende una determinada posición ideológica, algo vedado, salvo autorización expresa, a un órgano de la Administración Pública. Solicita también que la Inspección abra diligencias informativas para saber si se han dado casos en los que los ENDL de centros públicos hayan transferido dinero o materiales a la coordinadora, para, en caso de ser así, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

Galicia Bilingüe demanda también que se abran diligencias para determinar si algunos funcionarios públicos, responsables de los equipos de normalización, han podido incurrir en falta disciplinaria por el contenido de las webs de las que son responsables.

Además, la asociación demanda que se solicite al Consello da Cultura Galega que, en caso de permitir la intervención de esta supuesta coordinadora en los XII Encontros de Normalización Lingüística que se celebrarán a finales de mes y a los que asistirá el secretario xeral de Política Lingüística, deje claro que se trata de un colectivo que no puede representar a los ENL de Galicia, ni siquiera a los que dicen ser sus miembros.

En caso de que la Xunta no resuelva en el plazo establecido, o lo haga de forma insatisfactoria, Galicia Bilingüe podría acudir a los tribunales.
Gloria Lago quiso destacar también que “en ninguna otra democracia con más de una lengua oficial se adoctrina a los niños de esta manera en los colegios”. “Hay muchos padres gallegos a quienes les gustaría poder educar a sus hijos en gallego y no quieren que se asocie su idioma a una ideología determinada, del mismo modo que tampoco quieren privar a otros padres del beneficio de educar a sus hijos en la lengua por ellos elegida”, sentenció.

Se adjunta copia del escrito remitido hoy a la Consellería (la denuncia se interpuso acompañada de copia de las numerosas capturas de blogs y webs a las que se hace referencia) y de un extracto del informe, presentado ante los medios de comunicación.

Para más información puede ponerse en contacto con el teléfono 685532502.


Conflicto
Galicia Bilingüe denuncia con pruebas el adoctrinamiento nacionalista en los colegios gallegos
La asociación ha presentado a la Xunta un informe con ejemplos de la 'frenética actividad' de los equipos de 'normalización lingüística'
 www.lavozlibre.es 15 Septiembre 2010

Vigo.- Obtienen ayudas oficiales cuando no son premiados por la propia Xunta de Galicia por su actividad en Internet. Las pruebas mostradas por Galicia Bilingüe demuestran, sin embargo, que sus objetivos son la activiad política radical y nacionalista. Galicia Bilingüe denuncia ante la Xunta que el proceso de adoctrinamiento nacionalista permanece vigente en los centros escolares de Galicia, a pesar del compromiso asumido en su día por el actual presidente Alberto Núñez-Feijóo de “vaciar los colegios de ideología para llenarlos de conocimiento”.

La asociación ha remitido a la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria un extenso informe en el que recoge numerosos ejemplos de la frenética actividad de muchos 'equipos de normalización y dinamización lingüística' (ENDL) que evidencian un uso politizado de la mayoría o muchas de sus acciones referidas al idioma.

Galicia Bilingüe muestra una recopilación de entradas en los blogs y revistas de ENDL, en las que se publicitan manifiestos, actos, campañas y manifestaciones de diferentes asociaciones vinculadas a partidos políticos radicales nacionalistas. En muchas de ellas se difama e insulta ante los escolares a quienes promueven la libertad de elección de la lengua. Asimismo, se pide la dimisión o se descalifica a distintos cargos públicos, incluido el presidente de la propia Xunta de Galicia, que fiancia o premia estas páginas.

Todo ello se hace contando con la participación directa de alumnos y entre proclamas e imágenes de carácter nacionalista, e incluyendo referencias o enlaces en algunos casos a plataformas o páginas de grupos radicales. Galicia Bilingüe ha encontrado, asimismo, en numerosas páginas ‘web’ de ENDL, mensajes y actividades tendentes a transmitir a los alumnos conceptos que asocian hablar gallego con ser gallego e incluso con ser más 'normal'.

“Creíamos que con la llegada de Feijóo al gobierno, los equipos de normalización lingüística desparecerían de los centros de enseñanza, pero simplemente se les ha cambiado de nombre y mantienen una extensa guía para ‘galleguizar’ colegios e institutos”, apunta la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, quien sostiene que “se trata de un auténtico proyecto de ingeniería social en el que se definen los centros de enseñanza como centros de producción y reproducción de hablantes”.

Frente a la promesa de Núñez-Feijóo, la Consejería de Educación respondió premiando a algunos de los blogs o webs que más destacan por su carácter político y que muestran sin ningún reparo el objetivo ideológico que pretenden. Se trata, por ejemplo, del blog del instituto en el que trabaja Valentina Formoso, portavoz de la Coordinadora Galega de Equipos de 'Normalización e Dinamización Lingüística'.

El equipo de normalización que dirige esta profesora fue galardonado por la Xunta este curso con el premio a la Innovación en Normalización Lingüística 2009-2010. En ese portal se encuentran artículos o comentarios que defienden una determinada posición ideológica y que vulneran su deber de neutralidad en ese sentido, descalificando las decisiones políticas de la Xunta, quejas reclamando subvenciones para los medios que utilizan el gallego, alegatos en defensa de la imposición lingüística, imágenes con carteles del grupo radical Briga y comentarios difamatorios sobre Galicia Bilingüe, entre otras cuestiones.

Otro de los diez premiados a la innovación en la normalización en el curso 2009-20010 fue el ENDL coordinado por Román Cerqueiro Landín, también representante de la referida plataforma.

Según explica Galicia Bilingüe, en el Decreto 79/2010 está previsto lo siguiente: “La consellería competente en materia de Educación, a través de la Secretaría General de Política Lingüística, coordinará el cometido de los equipos de dinamización de la lengua gallega y divulgará las experiencias positicas desarrolladas en los centros educativos”. La asociación que defiende la libertad lingüística explica que esto no es así. “Ni parece que la Consellería de Educación coordine a los equipos, ni que estos cumplan con su cometido, puesto que algunos divulgan una clara ideología política y animan a los alumnos a ir en contra de la libertad de elección de la lengua”, sostiene Lago.

Gloria Lago presentó este martes en rueda de prensa el trabajo de su asociación, que ha interpuesto ante la Administración gallega una denuncia en la que analiza de una forma pormenorizada y apoyándose en la legislación vigente las irregularidades encontradas.

Por una parte, solicita a la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria que requiera a los que aparecen como responsables de la CGEND, el cambio de denominación de la misma, puesto que es una entidad privada.

Asimismo, pide que, a través de la Inspección Educativa, se averigüe qué ENDL de centros públicos forman parte de la entidad y si han actuado bajo su coordinación, puesto que es una asociación privada que defiende una determinada posición ideológica, algo vedado, salvo autorización expresa, a un órgano de la Administración Pública.

Solicita también que la Inspección abra diligencias informativas para saber si se han dado casos en los que los ENDL de centros públicos hayan transferido dinero o materiales a la coordinadora, para en caso de ser así, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

Galicia Bilingüe demanda también que se abran diligencias para determinar si algunos funcionarios públicos, responsables de los 'equipos de normalización', han podido incurrir en falta disciplinaria por el contenido de las webs de las que son responsables.

Además, la asociación demanda que se solicite al 'Consello da Cultura Galega' que, en caso de permitir la intervención de esta supuesta coordinadora en los 'XII Encontros de Normalización Lingüística' que se celebrarán a finales de mes y a los que asistirá el secretario general de Política Lingüística, deje claro que se trata de un colectivo que no puede representar a los ENL de Galicia, ni siquiera a los que dicen ser sus miembros.

En caso de que la Xunta no resuelva en el plazo establecido, o lo haga de forma insatisfactoria, Galicia Bilingüe podría acudir a los tribunales.

Gloria Lago quiso destacar también que “en ninguna otra democracia con más de una lengua oficial se adoctrina a los niños de esta manera en los colegios”. “Hay muchos padres gallegos a quienes les gustaría poder educar a sus hijos en gallego y no quieren que se asocie su idioma a una ideología determinada, del mismo modo que tampoco quieren privar a otros padres del beneficio de educar a sus hijos en la lengua por ellos elegida”, sentenció.

> Imagen de la revista digital 'Bico de ría', que pertenece al equipo de 'normalización lingüística' del instituto de Valentina Formoso. En ella se observa como varios jóvenes han sido llevados a manifestaciones (algunas en horas de clase) a favor del gallego.

Demoledor informe presentado a la Xunta
Galicia Bilingüe prueba que el adoctrinamiento persiste en los colegios gallegos
La asociación que preside Gloria Lago ha elaborado un extenso y detallado informe en el que demuestra que el adoctrinamiento nacionalista sigue presente en los centros educativos de Galicia, a través de los llamados "equipos de normalización y dinamización lingüística".
r. vilas Libertad Digital 15 Septiembre 2010

Aunque Núñez Feijóo prometió que iba a "vaciar los colegios de ideología para llenarlos de conocimiento", la ideología nacionalista sigue presenta a través de los siniestros "equipos de normalización y dinamización lingüística" (ENDL). Así lo ha demostrado Galicia Bilingüe en un demoledor informe que detalla la actividad de muchos de estos "equipos".

El informe que ha presentado este martes Gloria Lago en una rueda de prensa en Vigo contiene una amplia recopilación de entradas en los blogs y revistas de ENDL en las que se publicitan manifiestos, actos, campañas y manifestaciones de diferentes asociaciones vinculadas a partidos políticos nacionalistas. En muchas de ellas se difama e insulta ante los escolares a quienes promueven la libertad de elección de la lengua. Asimismo, se pide la dimisión o se descalifica a distintos cargos públicos, incluido el presidente de la Xunta de Galicia. Todo ello se hace contando con la participación directa de alumnos y entre proclamas e imágenes de carácter nacionalista, e incluyendo referencias o enlaces en algunos casos a plataformas o páginas de grupos radicales. Además, Galicia Bilingüe ha encontrado en numerosas páginas web de ENDL mensajes y actividades tendentes a transmitir a los alumnos conceptos que asocian hablar gallego con ser gallego e incluso con ser más normal.

Gloria Lago explicó que "creíamos que con la llegada de Feijoo al gobierno, los equipos de normalización lingüística desparecerían de los centros de enseñanza, pero simplemente se les ha cambiado de nombre y mantienen una extensa guía para galleguizar colegios e institutos". La presidenta de Galicia Bilingüe sostiene que "se trata de un auténtico proyecto de ingeniería social en el que se definen los centros de enseñanza como centros de producción y reproducción de hablantes".

Frente a la promesa de Núñez Feijoo, sorprendentemente, la Consejería de Educación respondió premiando a algunos de los blogs o webs que más destacan por su carácter político y que muestran sin ningún reparo el objetivo ideológico que pretenden. Se trata, por ejemplo, del blog del instituto en el que trabaja Valentina Formoso, portavoz de la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística. El equipo de normalización que dirige esta profesora fue galardonado por la Xunta este curso con el premio a la Innovación en Normalización Lingüística 2009-2010.

Como demuestra el informe de Galicia Bilingüe, en ese portal se encuentran artículos o comentarios que defienden la ideología nacionalista y que vulneran su deber de neutralidad en ese sentido, descalificando las decisiones políticas de la Xunta, quejas reclamando subvenciones para los medios que utilizan el gallego, alegatos en defensa de la imposición lingüística, imágenes con carteles del grupo radical Briga o mentiras y comentarios difamatorios sobre Galicia Bilingüe, entre otras cuestiones. Otro de los diez premiados a la innovación en la normalización en el curso 2009-20010 fue el ENDL coordinado por Román Cerqueiro Landín, también representante de la referida coordinadora.

Paradójicamente, en el Decreto 79/2010 está previsto lo siguiente: "La consejería competente en materia de Educación, a través de la Secretaría Xeral de Política Lingüística, coordinará el cometido de los equipos de dinamización de la lengua gallega y divulgará las experiencias positivas desarrolladas en los centros educativos". Evidentemente, esto no es así. "Ni parece que la Consejería de Educación coordine a los equipos, ni que estos cumplan con su cometido, puesto que algunos divulgan una clara ideología política y animan a los alumnos a ir en contra de la libertad de elección de la lengua", señaló Lago.

El informe del colectivo que preside Gloria Lago parte precisamente de la existencia de la autodenominada Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGEND) que, teniendo condición privada, usa un nombre que induce a confusión sobre su carácter público. Esta asociación, que ni siquiera está registrada legalmente ni cuenta con unos estatutos legalmente reconocidos, actúa como voz representativa del colectivo de ENDL en sus relaciones con las administraciones. Precisamente, Valentina Formoso es una de las personas que acudió el pasado mes de junio a una reunión con el consejero de Educación para hablar sobre el decreto, junto con Miguel Louzao Outeiro y Román Cerqueiro Landín, ambos coordinadores de ENL de institutos públicos.

Gloria Lago ha interpuesto ante la Administración gallega una denuncia en la que analiza de una forma pormenorizada y apoyándose en la legislación vigente las irregularidades encontradas. Por una parte, solicita a la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria que requiera a los que aparecen como responsables de la CGEND el cambio de denominación de la misma, puesto que es una entidad privada. Asimismo, pide que, a través de la Inspección Educativa, se averigüe qué ENDL de centros públicos forman parte de la entidad y si han actuado bajo su coordinación, puesto que es una asociación privada que defiende una determinada posición ideológica, algo vedado, salvo autorización expresa, a un órgano de la Administración Pública. Solicita también que la Inspección abra diligencias informativas para saber si se han dado casos en los que los ENDL de centros públicos hayan transferido dinero o materiales a la coordinadora, para, en caso de ser así, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Galicia Bilingüe demanda también que se abran diligencias para determinar si algunos funcionarios públicos, responsables de los equipos de normalización, han podido incurrir en falta disciplinaria por el contenido de las webs de las que son responsables.

Además, la asociación demanda que se solicite al Consello da Cultura Galega que, en caso de permitir la intervención de esta supuesta coordinadora en los XII Encontros de Normalización Lingüística que se celebrarán a finales de mes y a los que asistirá el secretario general de Política Lingüística, deje claro que se trata de un colectivo que no puede representar a los ENL de Galicia, ni siquiera a los que dicen ser sus miembros. En caso de que la Xunta no resuelva en el plazo establecido, o lo haga de forma insatisfactoria, Galicia Bilingüe podría acudir a los tribunales.

Gloria Lago quiso destacar también que "en ninguna otra democracia con más de una lengua oficial se adoctrina a los niños de esta manera en los colegios". "Hay muchos padres gallegos a quienes les gustaría poder educar a sus hijos en gallego y no quieren que se asocie su idioma a una ideología determinada, del mismo modo que tampoco quieren privar a otros padres del beneficio de educar a sus hijos en la lengua por ellos elegida", sentenció.

plurilingüismo
Vázquez busca en Bruselas el aplauso de la CE a la política lingüística de la Xunta

El conselleiro destacó la «normalidad» con la que ha dado comienzo el curso escolar con la aplicación del decreto.
Juan Oliver | Corresponsal bruselas La Voz 15 Septiembre 2010

El conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez, viajó ayer a Bruselas para presentar a varios portavoces de la Comisión y del Parlamento Europeo la política lingüística de su departamento, visita que aprovechó también para destacar la «normalidad» con la que ha dado comienzo el curso escolar con la aplicación del decreto del plurilingüismo.

Vázquez se entrevistó por la mañana con la comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, la chipriota Androulla Vassiliou, quien, según aseguró el conselleiro, se mostró «receptiva e interesada» ante sus planes. Posteriormente, la Xunta emitió un comunicado que tituló «La comisaria europea de Educación aplaude o decreto do plurilingüismo», aunque ni Vassiliou ni sus portavoces hicieron declaración alguna que confirmase tal extremo.

De hecho, no es habitual que los comisarios se pronuncien sobre el contenido de las reuniones protocolarias que mantienen con responsables de Gobiernos regionales, que asumen las más de las veces como encuentros de cortesía a los que no quieren dar trascendencia ni carácter político.

Competencias
Por otro lado, la Comisión no tiene competencias en materia de política lingüística más allá de la promoción del uso de las lenguas oficiales de la UE, un capítulo que, además, ha perdido fuelle desde que la cartera de Multilingüismo, hasta ahora independiente, se integrara con las de Educación, Cultura y Juventud en la última remodelación de la estructura administrativa de la Comisión.

La nota de prensa de la Xunta provocó que la portavoz del BNG en Bruselas y vicepresidenta de la Alianza Libre Europea, Ana Miranda, se dirigiera en nombre de su grupo al gabinete de la comisaria para expresar su «sorpresa y extrañeza» ante las declaraciones de Vázquez, y para asegurar que el polémico decreto «no se ajusta al modelo de plurilingüismo que defiende la Comisión».

Quien sí apoyó expresamente la labor del Gobierno gallego fue la presidenta de la Comisión de Cultura de la Eurocámara, la democristiana alemana Doris Pack, miembro del Partido Popular Europeo. Tras el encuentro que mantuvo con Vázquez por la tarde, Pack subrayó que la política lingüística de la Xunta «permite a una nueva generación en Galicia tener la oportunidad de vivir en España pero también en su región, preservando su identidad nacional y cultural».

EDUCACIÓN
Feijoo y Pachi Vázquez se acusan de tergiversar datos sobre el curso escolar

En la sesión de control del Parlamento, el jefe del Ejecutivo gallego, que calificó de «infantil» la oposición de Vázquez, y ante la disparidad de cifras ofrecidas por ambos, pidió que se registrase en el diario las que él mismo aportó: «O usted o yo estamos mintiendo», aseguró.
EFE La Voz 15 Septiembre 2010

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y el secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, se han acusado hoy mutuamente en el Parlamento de tergiversar los datos sobre la situación del comienzo del curso escolar.

En la sesión de control del Parlamento, el jefe del Ejecutivo gallego, que calificó de «infantil» la oposición de Vázquez, y ante la disparidad de cifras ofrecidas por ambos, pidió que se registrase en el diario las que él mismo aportó: «O usted o yo estamos mintiendo», aseguró.

Mientras, Pachi Vázquez dijo que si el presidente es capaz «de hablar de consenso lingüístico, es capaz de hablar de cualquier cosa».

El dirigente socialista aseguró que el curso escolar que ha comenzado va a ser «menos gallego, menos público, menos universal y menos gratuito», y recordó que será el de la aplicación del decreto del gallego, «el mayor ataque que se haya hecho nunca a la lengua».

Para Pachi Vázquez, el Gobierno de Feijoo hace una «clara discriminación entre lo público y lo concertado», y citó como ejemplo que los ordenadores destinados a los centros recaerán en un 80 por ciento en escuelas concertadas y el resto en públicas.

También denunció la supresión de 19 centros en el medio rural o de 600 puestos docentes, ante lo que preguntó al presidente si cree que «desmantelando la educación pública, anulando procesos de investigación y limitando claramente la FP es el camino para sacar adelante este país».

«Me gustaría que alguna vez diese un dato correcto», le replicó el presidente de la Xunta, quien reprochó al dirigente socialista que hubiese lamentado el pasado curso la reducción de profesorado, cuando se acabó el curso con 150 docentes más.

Además, Núñez Feijoo indicó que el proyecto Abalar de dotación de ordenadores se implantará en un 77 por ciento de centros públicos, mientras también lo son el 80 por ciento en que se implantaron secciones bilingües. Igualmente, son públicos en 55 por ciento de los centros plurilingües, dijo.

Afirmó que el que ha comenzado va a ser un «curso escolar singular», puesto que 26.000 niños tendrán la posibilidad de estudiar inglés como una asignatura más y 14.000 contarán con ordenador y aumentaron las plazas de comedores.

«Este curso es el del equilibrio lingüístico, el del plurilingüismo, el de las tecnologías y el de más comedores públicos», afirmó.

Pachi Vázquez afirmó que el presidente «tiene un problema», que en el Parlamento «no cuenta la verdad», y puso como ejemplo que había negado la existencia de problemas en la adjudicación de la autovía de la Costa da Morte, «y ahora está en el juzgado en un contencioso administrativo», pese a que Feijoo había acusado de «insidias» a la oposición.

Finalmente, dijo que Núñez Feijoo es responsable de que el próximo curso «ni es gallego, ni público, ni universal ni gratuito», y señaló que de la crisis «no se sale manipulando los datos», al tiempo que acusó al presidente de fomentar una «educación que nos divide».

Alberto Núñez Feijoo insistió en rebatir las cifras aportadas por Pachi Vázquez, hasta el punto de que pidió que constase en el diario de sesiones: «O usted o yo estamos mintiendo», señaló el presidente de la Xunta.

En su opinión, el curso político y el escolar «son distintos; hacer oposición sí, imposición, no; utilizar a los padres y a los niños para erosionar un Gobierno no se le ocurre a ningún partido democrático».

«Vamos a seguir trabajando por la enseñanza pública y la concertada; no diremos una cosa y haremos la contraria; no diremos que estamos contra la enseñanza concertada y mandamos» a ella a los hijos. «No lo vamos a hacer, allá usted y algunos de ustedes», le dijo a la oposición.

Ante la insistencia de Vázquez en criticar el comienzo de curso, Núñez Feijoo dijo que el líder de la oposición «no quiere salir de la escuela probablemente porque demuestra una oposición infantil: ya suspendió en junio pero da la sensación de que va a suspender también en septiembre: hay que estudiar más».

Dará más dinero a los centros que más usen esta lengua
El tripartito impone el catalán en la universidad
Barcelona - A. D. R. La Razón 15 Septiembre 2010

Ya lo anunció el consejero y responsable del departamento de Universidades, el republicano Josep Huguet, hace dos semanas y ayer, el Govern de Cataluña dio luz verde a la imposición del catalán en las universidades. A partir de ahora, todo docente que quiera optar a una plaza fija en centros catalanes deberá acreditar el «nivel C» o similar de la lengua catalana.

La Generalitat, de la mano de ERC, ha perseguido esta legislatura sacar adelante el Decreto de conocimiento lingüístico del profesorado en las universidades catalanas. En un primer momento, la iniciativa propuesta en 2008 por la entonces comisionada de Universidades, Blanca Palmada, sólo logró cosechar el rechazo de los rectores. Para éstos, la medida limitaba las expectativas de los centros para posicionarse a nivel mundial e iba en detrimento de la calidad educativa.

La Generalitat ha necesitado más de dos años para revertir la situación y contar con el beneplácito de los rectores. Meses de conversaciones y negociaciones en el seno del Consejo Interuniversitario de Cataluña dieron pie a un nuevo texto, más flexible y sensible a la autonomía de cada universidad. Quedan exentos de demostrar su nivel de catalán, los profesores invitados, por ejemplo, o a aquellos que quieran optar a una plaza se les dará un tiempo «prudencial» –dos años– para obtener sus conocimientos en catalán. Ahora bien, los centros más multilingües obtendrán más dinero de las arcas públicas. «Cuanta más normalización lingüística en catalán, más dinero», explicó ayer el consejero Josep Huguet.

¿Fue una advertencia a las universidades? De hecho, el Plan de mejora 2006-2010 contempla un paquete de 25 millones de euros a repartir entre los centros públicos, según los objetivos lingüísticos alcanzados. Una cantidad que no es baladí, más cuando el sistema universitario está infrafinanciado.

Cerrando puertas
«Nadie quedará fuera por la lengua», aseguró el consejero de Universidades. No lo ve así el PP. «Están provocando que profesores universitarios altamente cualificados no puedan impartir clases en Cataluña», señaló la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat. Para los populares, «la universidad catalana siempre ha sido abierta, plural y, hasta ahora, ha primado la calidad del profesorado por encima de cualquier otra consideración». Sin embargo, «el gobierno encabezado por el señor Montilla insiste en cerrar las puertas al progreso y el futuro de los catalanes», sentenció. Los profesores extranjeros también deberán acreditar que saben español.

Acreditación
- Las universidades serán las encargadas de otorgar la acreditación que certifique que el nuevo profesor fijo sabe catalán. La medida también afecta a las universidades privadas.
- La Generalitat entiende que, tras 60 horas de clases, el docente ya tiene el nivel suficiente o mínimo de catalán y debe acreditarlo para acceder a una plaza fija.
- El conocimiento de catalán se acreditará con el examen de «nivel C» o certificados equivalentes.

La Generalitat apuntala la exigencia de catalán para los docentes universitarios
Quedan exentos los profesores visitantes, eméritos y honorarios
Ep www.lavozlibre.es 15 Septiembre 2010

Barcelona.- El Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán ha aprobado este martes un decreto de despliegue de la Ley de Universidades de Cataluña (LUC) que exigirá a los nuevos profesores universitarios funcionarios y contratados un nivel "suficiente" de catalán para garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos.

Según ha explicado el consejero de Universidades, Josep Hueguet, este nivel se exigirá solamente a los nuevos profesores que entren como funcionarios y contratados, y afectará a los que ya trabajan en las universidades si quieren formar parte de un nuevo proceso de selección.

Quedan exentos de esta norma los profesores visitantes, los eméritos y los que desarrollan actividades honorarias en los centros superiores. Los profesores de fuera de Cataluña que queden fuera de estas excepciones tendrán dos años para acreditar el nivel exigido de catalán.

Los docentes afectados por la norma podrán acreditar el nivel de suficiencia presentando el título de nivel C de catalán, así como diplomas equivalentes. Otras opciones que propone el Ejecutivo catalán es la presentación de un certificado emitido por las universidades, que deberán impartir formación específica a los docentes o evaluarlos a través de sus servicios lingüísticos.

Asimismo, el decreto también fija la necesidad de acreditar el conocimiento del castellano a los profesores que enseñen español a extranjeros y el nivel de suficiencia de una tercera lengua para los docentes que enseñen terceras lenguas en las universidades catalanas.

Massip ha insistido en que esta norma garantiza el derecho de los alumnos de ser atenidos tanto en catalán como en castellano en los centros universitarios. Ha asegurado que la norma dejará un "margen de actuación" a las universidades en base a su autonomía.
 

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