AGLI

Recortes de Prensa   Sábado 18 Septiembre  2010

 

ZP no existe para Sarkozy
Editorial www.gaceta.es 18 Septiembre 2010

Nos enteramos por Le Figaro que Sarkozy ha invitado a Barack Obama a la cumbre euromediterránea que se celebrará en noviembre.

¿Qué es lo más llamativo de la noticia? Pues que la reunión se celebrará en Barcelona, y que ya se conocían los estériles esfuerzos de la diplomacia española por conseguir la asistencia del mandatario americano. Ni el tema ni la agenda están cerrados, pero podemos imaginarnos lo peor.

Aunque para nosotros sea difícil de imaginar –porque la presencia de Zapatero en la Moncloa se sufre cada día en los índices de paro–, en los escenarios internacionales nuestro presidente es un ser invisible hasta el punto de que en la Ciudad Condal Sarkozy podría llegar a ser el verdadero anfitrión de Obama, y ZP tendrá suerte si le hacen un hueco en la foto. Primero le ninguneó el mandatario americano cuando Zapatero presidía la UE al no asistir a la cumbre del pasado mes de mayo, y ahora trata de hacerlo el gobernante francés.

En el último rifirrafe europeo, el que estalló a raíz de las expulsiones de gitanos rumanos, se ha escenificado una vez más la insignificancia de nuestro Gobierno en el seno de la Unión, consecuencia lógica de ser un país económicamente intervenido y cuyo presidente ha demostrado una incapacidad total para resolver la crisis y, a la vez, una sumisión absoluta a las medidas que se le imponen desde otros Gobiernos, algo para lo que sólo hace falta una llamada de teléfono. Con estas credenciales, unidas a los grandes hitos de la política internacional del zapaterismo como son los abrazos con dictadores y el chiste de la Alianza de las Civilizaciones, resulta comprensible que ni Sarkozy, ni Merkel, ni Obama, tengan la más mínima consideración hacia el Ejecutivo español.

El presidente se ha ganado la invisibilidad a pulso. Sus discursos vacíos, que a veces parecen elaborados en un patético concurso de los más frikis imitadores de Al Gore –“a tierra no es de nadie, que es del viento”–, se alternan con una muestra permanente de debilidad y falta de criterio, que es algo así como un cartel de “písame” dentro de la escena internacional. Y claro, nos pisan. Ni siquiera hace falta ser una potencia mediana para desairar a España. También lo hacen Marruecos y Argelia (otro gran éxito de Moratinos: conseguir por vez primera llevarse mal con los dos polos de la política en el Magreb). En realidad ni siquiera es necesario ser un país, que hasta las asociaciones terroristas (ETA o la franquicia magrebí de Al Qaeda ) se muestran envalentonadas y ambiciosas, a sabiendas de que es el momento ideal para extorsionar a España.

Con ese panorama, hasta los órdagos de Sarkozy se contemplan con cierta envidia desde este lado de los Pirineos, como ha ocurrido con el affaire de los gitanos. Se podrán criticar sus posiciones, pero nadie es capaz de negar su peso específico dentro de ese club que tiene voz y voto en la política mundial. De hecho, quien ha ganado el pulso con la UE, demostrando su personalidad, ha sido el presidente francés, dispuesto incluso a practicar la política de la “silla vacía” como De Gaulle. Sarkozy ha tenido la habilidad de jugar esa baza, sabiendo que muchos de los 27 le respaldarían porque no les hace ninguna gracia que Bruselas se entrometa en su política de inmigración. Nada que ver con la inanidad de Zapatero. Al tratar de ignorarle ante la cita barcelonesa, Sarkozy se comporta con la lógica de la diplomacia, que exige no contar con quienes no cuentan.



Rajoy defiende públicamente que no se prohíban ni impongan lenguas en Cataluña
En un mitin en el Palau de la Música de Barcelona tamién ha destacado que su prioridad es el empleo
Europa Press www.lavozlibre.es 18 Septiembre 2010

Barcelona.- El líder del PP, Mariano Rajoy, ha pedido "libertad" en la educación catalana, y ha lamentado que los "grandes enemigos" de las lenguas son aquellos que las imponen y los que las prohíben. "La libertad es muy importante en la educación", ha explicado el líder de los 'populares'.

Sobre la educación de un hijo es mucho más importante lo que diga su madre o su padre, que lo diga o quiera un burócrata o un director general, sea del partido popular, socialista, de convergencia o de cualquiera", ha manifestado en un acto con militantes del partido en el Palau de la Música tras reunirse con los presidentes de las casas regionales de Cataluña.

Rajoy, que ha sido muy ovacionado en este punto de su intervención, ha afirmado que la educación es un tema capital para su partido, y ha apostado por mayor rigor y exigencia en la evaluación de los alumnos para conseguir un país con la gente "mejor preparada".

"Si la vida nos obliga a examinarnos a todos, ¿Por qué no empezamos a examinarnos desde pequeños?" se ha preguntado Rajoy, que ha apostado porque el nivel de exigencia en los alumnos empiece cuanto antes. Asimismo, ha criticado que a menudo en materia educativa se debata sobre "cosas que no se deberían debatir", en relación a la lengua, y ha pedido que lo fundamental sea abandonar discusiones a su juicio innecesarias y fomentar la libertad de los padres sobre sus hijos.

LA PRIORIDAD ES EL EMPLEO
Mariano Rajoy, ha advertido que la prioridad que su partido defenderá en las elecciones catalanas de noviembre pasa por la creación de empleo, y ha criticado aquellos partidos que en un contexto de crisis económica se enzarzan en "discusiones bizantinas", en relación al debate identitario catalán.

"Creemos en la España que diseña la Constitución Española de 1978. Fueron las reglas del juego, las normas de convivencia, algo que votó todo el mundo. Era lo que unía y sigue uniendo a todos los españoles", ha concluido el líder popular, quién también ha asegurado que la Carta Magna contempla la singularidad de todos los territorios del Estado.

El líder del PP promete enterrar debates «bizantinos» en Cataluña
Rajoy abandera la libertad lingüística en las escuelas
Barcelona - Marcos Pardeiro La Razón 18 Septiembre 2010

Mariano Rajoy dejó ayer en Barcelona una frase para el recuerdo: «Las lenguas sólo tienen dos enemigos: los que las prohíben y los que las imponen».

La afirmación del presidente del PP levantó el aplauso del auditorio del Palau de la Música en un acto que los populares celebraron junto a representantes de una cincuentena de casas regionales (gallegas, andaluzas, murcianas, castellano-leonesas, riojanas, aragonesas, extremeñas, navarras, valencianas...).

Ante este público, compuesto por españoles que un día dejaron su tierra de origen en busca de mayor prosperidad en Cataluña, Rajoy abanderó la libertad lingüística en las escuelas catalanas. El PP quiere dejar atrás el sistema de inmersión lingüística que impera en Cataluña y dar paso a que los padres puedan escoger la lengua en que quieren escolarizar a sus hijos. La propuesta, un clásico del PP, fue muy bien recibida por las casas regionales.

El acto, una muestra inequívoca de «la Cataluña plural», según destacó la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, sirvió para que Rajoy adquiriera varios compromisos.

El primero es que va a centrar todas las energías en una misión: crear empleo para disminuir la monstruosa cifra de 4,7 millones de parados en España. Y el segundo es que piensa dejar en un plano secundario los embrollos de los nacionalistas para centrarse en la política económica. «Vamos a estar en esto y no en discusiones bizantinas», dijo el líder del PP en alusión al baldío debate identitario que a menudo protagoniza la vida pública en Cataluña.

«Vamos a apostar por sumar y unir, por un proyecto común de todos los españoles», afirmó. Rajoy expresó su convicción en las posibilidades de España para remontar la complicada situación que atraviesa y reiteró la validez del Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución como modelo para seguir avanzando. «Creemos en la Constitución de la libertad y de las autonomías, que afirma la singularidad de los territorios y que ha producido las mayores cuotas de autogobierno», sentenció.

Dicho esto, avanzó varias de sus prioridades para combatir la crisis: controlar el gasto público, ayudar a pequeñas y medianas empresas mediante rebajas fiscales y mejorar la educación.

Rajoy y Núñez.
Nota del Editor 18 Septiembre 2010

Esto parece el argumento de una película de policías y ladrones, donde hay un policía que hace de bueno y otro de malo, sincronizados para convencer al presunto a que declare lo que sea necesario. Rajoy dice una cosa en Cataluña, y se queda mudo en Galicia donde el tal Núñez, hace lo contrario de lo que dice Rajoy en Cataluña, y demuestra con sus hechos que su palabra no tiene valor, pues el tal Núñez es más falso que un Feijóo que prometió lo que ahora niega para conseguir los votos de los confiados español hablantes. Los dos policías no son tales, son un par de ladrones que roban los votos, esos papelitos que se depositan una vez cada 4 años y que tienen por objeto legalizar la patraña de la democracia española.

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca acusado de subvencionar al nacionalismo
El consistorio de Aina Calvo habría destinado más de 130.000 euros a la entidad Obra Cultural Balear
 www.lavozlibre.es 18 Septiembre 2010

Madrid.- Círculo Balear ha remitido una queja formal al Ayuntamiento de Palma solicitando a la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, que retire las subvenciones con las que la concejal nacionalista de Cultura, Nanda Ramón, está dotando a la entidad independentista, Obra Cultural Balear.

Es una indecencia política y un insulto a los miles de ciudadanos parados y que ya no cuentan con ayuda ni prestación alguna, que el Ayuntamiento de Palma, haya destinado, este año, más de 130.000 euros a una entidad cuyas premisas son rechazadas por la mayoría de la sociedad", explica Jorge Campos, presidente de la asociación Círculo Balear.

Esta asociación que aboga por la libertad lingüística también ha remitido al PP de Palma una petición en la que se insta al partido mayoritario a solicitar al actual equipo de gobierno la justificación de esas subvenciones para que los ciudadanos sepan en qué se gasta y como se está facturando su dinero.

"Un asunto que debería llevarse a Pleno para que los ciudadanos comprueben hasta que punto ha llegado la desfachatez en el equipo de gobierno del Ayuntamiento, que permite que una socia de la OCB, la concejal Nanda Ramón, destine a su asociación cientos de miles de euros de todos los ciudadanos", afirma Jorge Campos.

Además, Círculo Balear punta que la OCB utiliza las subvenciones con finalidades políticas antisistema, "para acabar con las manifestaciones culturales propias y con las señas de identidad mallorquinas, sustituyéndolas por un pancatalanismo cultural y político", concluyen desde Círculo Balear.

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¿No será Pentecostés?
«La cuestión en liza no es si el monolingüe tiene derecho a seguir siéndolo, sino si el poder público tiene derecho a convertirle coactivamente bilingüe», plantea el autor
J. M. RUIZ SOROA El Correo 18 Septiembre 2010

He de reconocer que estoy un tanto desconcertado con la metáfora elegida por Patxi Baztarrika para dar título y referencia a su libro sobre la política lingüística vasca, el mito de Babel del Génesis. Se nos relata en él cómo el Dios judío infundió la diversidad lingüística en la Humanidad, hasta entonces monolingüe, para que así unos no se entendieran con otros y no pudieran construir su torre desafiante. Este Babel es considerado por Patxi Baztarrika como una bendición, con un argumento un tanto sorprendente: «Porque es la diversidad lingüística la que hace posible que los seres humanos nos comprendamos mutuamente». Un argumento que, una de dos, o es tan profundo que mi intelecto no alcanza a entenderlo, o no es sino una 'boutade'.

En cualquier caso, mi desconcierto no proviene de la valoración de Babel como bendición divina sino de lo inapropiado de la metáfora en cuestión para reflejar y justificar (que de eso se trata al final) la política lingüística vasca. Porque es bastante claro que esta política no pretende que los vascos hablemos diversos idiomas unos y otros, que nos dividamos en tribus culturales diversas, como Jehová hizo en Babel, sino algo más bien exactamente opuesto a ello: que hablemos todos los mismos idiomas. Lo que persigue la política lingüística es uniformar a todos los vascos, conseguir que desaparezca cualquier diversidad lingüística entre ellos, que todos sean igualmente bilingües. Vamos, lo contrario de la diversidad, creo yo.

¿Y no existe una metáfora adecuada para esa política en el Nuevo Testamento? Está claro que sí, basta ir a los Hechos de los Apóstoles para encontrar un fenómeno que coincide en lo sustancial con ella: el de la venida del espíritu sobre los apóstoles reunidos y la infusión en ellos del don de lenguas, de manera que a partir de ese momento cada uno de ellos hablaba (personalmente) todas las lenguas existentes en su derredor. Reconocerán ustedes que ésta es la metáfora exacta para nuestra política, que persigue exactamente eso: infundirnos a todos las dos lenguas del país, e incluso una tercera más general. En Babel se crearon las diversas lenguas a nivel social, pero a cada uno sólo se le dio una. En Pentecostés se otorga el plurilingüismo a nivel personal: cada uno pasa a poseer todas las lenguas. Así que, a fuer de precisión, la política vigente, la de Patxi Baztarrika, debiera denominarse el Pentecostés vasco.

El problema, claro está, son las pequeñas diferencias que hay entre el advenimiento del espíritu pentecostal y la infusión actual de lenguas entre nosotros. En Jerusalén fue Dios quien infundió el don de lenguas, no la autoridad política. Lo hizo además en forma de gracia inefable, sin coste alguno, no como aquí que adquirir el euskera cuesta lo suyo. Y además, los apóstoles eran un grupo de creyentes fervorosos en una fe, y por aquí lo de la fe única no abunda; pero, la poseas o no, te infunden el euskera. Y por eso, porque se trata de una política humana en una sociedad pluralista que conlleva costes personales importantes es por lo que, a diferencia de la gracia divina, requiere de una justificación. Todas las políticas coactivas para las personas necesitan de una justificación, incluso en democracia. Sólo los milagros son gratuitos e injustificables.

A Patxi Baztarrika le cuesta reconocer esta necesidad de justificación normativa, y normalmente lo que hace a lo largo de su libro es esconder ese carácter coactivo con formulaciones verbales más o menos ingeniosas. «Ser monolingüe es una limitación, no un derecho», dice. Lo cual es cierto pero irrelevante: la cuestión en liza no es si el monolingüe tiene derecho a seguir siéndolo, sino si el poder público tiene derecho a convertirle coactivamente en bilingüe. Es ese supuesto derecho el que precisa de ser justificado. Pues limitados, lo que se dice limitados, lo somos todos de una u otra forma: la cuestión es con qué justificación puede el Gobierno enriquecernos aunque no lo queramos.

«Se puede pedir a los monolingües que se conviertan en bilingües», dice Baztarrika en otra de sus formulaciones de camuflaje. Obvio, pero de nuevo intrascendente. Pedir, lo que se dice pedir, se le puede pedir cualquier cosa a cualquiera. Pero aquí no se trata de 'pedir', porque la ley y el Gobierno no piden, sino que lo que por definición hacen es 'exigir', crean derechos y deberes. Lo que precisa de justificación, de nuevo, no es lo que mi vecino concreto me puede pedir, sino lo que el vecino generalizado llamado Gobierno me puede exigir.

Y en los pocos momentos en que el libro en cuestión aborda explícitamente la cuestión de la justificación de la coacción entrañada en la política lingüística recurre a un argumento ciertamente endeble: la libertad lingüística. Puede sonar a irónico, pero es la libertad del bilingüe la que justifica según Baztarrika la obligación del monolingüe de aprender euskera ¿Por qué? Porque, según él, la libertad del bilingüe de hablar euskera sólo se realiza plenamente si todos los ciudadanos son capaces de responderle en ese idioma. El bilingüe no puede ejercitar su plena libertad lingüística sino en un país en que todos sean bilingües, de ahí que su libertad exija obligar a los otros a hablar euskera.

Aunque el argumento puede desarrollarse más a fondo hay una objeción bastante evidente: el valor respectivo de los costes o sacrificios personales implicados en esa libertad. Me explico: al vasco bilingüe le supone un sacrificio no poder hablar euskera siempre, tener que 'cambiar' al castellano (que domina perfectamente) en ciertas ocasiones. Cierto. Es el sacrificio del valor expresivo de la lengua: él quiere hablar una y no otra por motivos culturales y su legítimo deseo se ve frustrado por la ignorancia del otro. Pero tiene garantizado en todo caso el valor comunicativo porque puede hablar en castellano. Por su parte, al vasco monolingüe al que se obliga a aprender y usar el euskera se le impone un coste: el de aprender otra lengua, algo que conlleva un tiempo y esfuerzo muy reales y concretos. Y, además, puede ser que también se le imponga un sacrificio expresivo de igual importancia que el del bilingüe: porque puede ser que tampoco él quiera 'cambiar' de lengua por motivos exactamente simétricos a los del bilingüe.

Pongan en cualquier balanza los costes implicados respectivamente en la garantía de la libertad lingüística de uno y otro ciudadano y concluyan ustedes mismos cuál libertad debe ceder ante la otra.

El primero: no pagarás
«Rechazar los intentos de extorsión puede ser el mejor modo de calibrar hasta qué punto son creíbles las proclamadas 'buenas intenciones' de los etarras. Ese tipo de pagos son un delito que hasta ahora no ha sido perseguido por razones ambiguas»
FERNANDO SAVATER El Correo 18 Septiembre 2010

Se han hecho muchas cábalas sobre la fiabilidad y el alcance del alto el fuego -ni a tregua llega- declarado por los encapuchados cofrades de ETA (a ver si algún día les vemos en la procesión de Semana Santa, hombre, haciendo penitencia? aunque no se quiten la boina). La impresión general es que se trata de un dudoso subterfugio para tantear la posibilidad de colar alguna lista afín en las próximas elecciones, lo que Batasuna necesita para recibir algo de oxígeno político y fondos institucionales. Pero resulta evidente que aquí ya no convencen más que a los que vienen convencidos de casa ni aún menos engañan a nadie: ni en Euskadi ni en el resto de España. Decía Abraham Lincoln que se puede engañar a parte del pueblo todo el tiempo y a todo el pueblo parte del tiempo, pero es imposible engañar a todo el pueblo todo el tiempo. De modo que lo tienen bastante crudo.

Claro que puede que en el extranjero les vaya mejor. Es asombroso el desconocimiento de países de nuestro entorno sobre lo que ocurre entre nosotros. Para la BBC o para 'Financial Times' todavía resulta difícil distinguir entre la banda terrorista con sus servicios auxiliares y quienes sostienen el ideario independentista vasco, cuya propuesta política no sólo no está prohibida sino que tiene evidente representación parlamentaria. Quienes hemos tenido ocasión de hablar en diversos foros europeos sobre el tema ya estamos acostumbrados a escuchar comentarios asombrosos a estas alturas («pero, profesor, ¿no cree usted que al menos debería autorizarse en la enseñanza el uso de la lengua vasca?») o directamente salidas de pata de banco («muy bien, usted nos recuerda las mil víctimas de ETA pero?¿qué me dice de los cien mil muertos en la guerra de Irak?»). Supongo que la maniobra de los terroristas, difícil de digerir para los indígenas ya escarmentados como nosotros, puede encontrar compradores beatos en instancias internacionales demasiado autosuficientes para estudiar con honradez la realidad del conflicto, o demasiado estúpidos para entenderlo sin estereotipos tomados de su propio imaginario.

En cualquier caso, es verdad que la sociedad democrática debe 'mover ficha', como nos urgen a hacer los radicales? aunque no sea precisamente la ficha a la que ellos se refieren. Lo que debemos evitar es que este alto el fuego tan entrecomillado se convierta en una oportunidad para que ETA, entre otras ventajas, siga haciendo caja y acumulando ahorros. Se habla, con buenas razones, de la eficacia del cerco policial y judicial al terrorismo pero suele olvidarse otro aspecto esencial de este acoso: el económico. Ahora más que nunca es importante que se corte el flujo de ingresos por extorsión que cobra la banda. Hasta ahora quienes han pagado -colaborando así con los terroristas, por muy a regañadientes que sea- trataban de justificar su conducta invocando el miedo invencible que les producían las amenazas recibidas. Pero ahora se supone que estamos en alto el fuego y cese de agresiones, por lo que hay una buena razón para hacer oídos sordos ante los intentos de coacción mafiosa. Precisamente, rechazar los intentos de extorsión puede ser el mejor modo de calibrar hasta qué punto son creíbles las proclamadas 'buenas intenciones' de los etarras? Hay que recordar que ese tipo de pagos son un delito que hasta ahora no ha sido perseguido en serio por razones ambiguas, pero que quizá convenga empezar a tratar de una vez como lo que es.

El artefacto explosivo que estalló hace unos días en una sede empresarial de Vitoria demuestra que la posibilidad de que cesen los cobros de su impuesto chantajista es una preocupación de la banda. A estas alturas ya sabemos que las agresiones etarras se disfrazan cuando conviene tener un perfil bajo de simple 'kale borroka'. Así pueden seguir amenazando e intimidando pero manteniendo nominalmente su llamado 'alto el fuego'. Y es comprensible que muchos empresarios y profesionales extorsionados sigan sintiendo temor a padecer este tipo de violencia de (relativamente) baja intensidad si suspenden sus pagos. Sin embargo, también muchas de las personas amenazadas que ahora se ven sin escolta tendrán probablemente cierto miedo y sin embargo no les queda otro remedio que hacer su vida normal. A esa preocupación tendremos que sobreponernos todos, porque en el viaje del miedo no hay clase ejecutiva y clase turista. Y cortar el suministro económico a ETA es una prioridad para que este tiempo de descuento que pretende marcar la banda no se convierta en una inversión para aumentar sus fondos.

Movimientos tácticos
El PNV se ve obligado a compensar el acuerdo con Zapatero acortando la distancia que le separa de la izquierda abertzale
KEPA AULESTIA El Correo 18 Septiembre 2010

La izquierda abertzale ha revelado en qué se basaría, de verdad, la «nueva fase» que a su entender se abre tras la suspensión de las «acciones ofensivas» de ETA: su regreso a la legalidad y la gestación de un «polo soberanista» que dispute al PNV la hegemonía dentro del nacionalismo. Aparentemente se trata de dos objetivos más factibles que los pretendidos con anteriores treguas. Pero continúan siendo demasiado ambiciosos tanto para lo que la izquierda abertzale está dispuesta a poner de su parte como, sobre todo, porque resulta dudoso que sean ésas las intenciones de ETA. Además, no dejan de ser dos objetivos contradictorios. La creación del polo soberanista depende de que la izquierda abertzale recupere la legalidad; pero si lo consiguiera no precisaría de ninguna adherencia que desdibujase un logro con el que tendría que movilizar a sus bases. Por otra parte, en el caso de que la persistencia terrorista y su control sobre los herederos de Batasuna impidan la legalización, se verán acompañados por EA únicamente hasta la fecha señalada para la presentación de las candidaturas, que el partido fundado por Carlos Garaikoetxea formalizará llamando a la participación electoral.

El PNV quedó excluido del polo soberanista, lo que le llevó a marcar distancias y a apuntarse a la creciente indiferencia que las cuitas entre ETA y la izquierda abertzale han suscitado en la sociedad vasca. La izquierda abertzale ha tratado periódicamente de consumar el desquite histórico respecto al nacionalismo tradicional, discutiéndole autenticidad y coherencia e intentando desbancarle al frente de la nación. Y he aquí que, a punto de alcanzar un acuerdo para asegurar la continuidad de la segunda legislatura de Zapatero, el PNV se ha visto obligado a retomar el asunto de la última declaración de ETA para responder a la inquietud que su exclusión del polo soberanista provoca entre muchos jeltzales. El titubeante avance de Urkullu, que ayer anunció la decisión de su partido de sondear «la posibilidad de entrada de un diagnóstico» común a todos los partidos, refleja tanto su necesidad de taponar una grieta posible como su dificultad para ofrecer una salida propia al problema. La compensación de las políticas activas de empleo con la formulación de una respuesta a la suspensión de «acciones ofensivas» diferenciada de la que ofrecen Zapatero, Rajoy y López trataría de mantener una puerta abierta a lo que pudiera suceder.

El PNV no está en condiciones de adelantarse a los acontecimientos, como propuso Eguiguren. Pero sí de realizar un gesto proclive a ello. Hace tiempo que nadie parece dispuesto a agradecer la concesión de la paz a ETA beneficiando políticamente a la izquierda abertzale. De hecho, nadie parece dispuesto a favorecer, más que de palabra, el regreso de la izquierda abertzale a la legalidad. Pero cuando estaba claro que todo el esfuerzo debía realizarlo la izquierda abertzale, surge una proposición no de ley de EB urgiendo la constitución de una mesa de partidos y el anuncio de Urkullu de que el PNV está pensando en pensar algo. Suficiente para que los más renuentes al cambio obliguen a la izquierda abertzale a tomarse las cosas todavía con más calma.

Nadie está políticamente interesado en que la izquierda abertzale concurra a los próximos comicios locales y forales. Menos que nadie el PNV. La presencia de la izquierda abertzale sería una incomodidad en las juntas generales y sobre todo en los ayuntamientos, en los que su ausencia ha permitido a los jeltzales manejarse con providencial soltura en estos últimos siete años. En estas instituciones los alineamientos no obedecen a criterios de política general, y la izquierda abertzale sería un factor incontrolable para el PNV. Aunque también para el PSE-EE, que prefiere dibujar el horizonte 2011 sin estorbos y con el propósito de afianzar su posición tanto respecto a los jeltzales como respecto a los populares. Qué mejor que un oportuno enredo entre entusiastas, bienquedas y antipáticos para postergar la legalización de la izquierda abertzale.

Aunque la izquierda abertzale sí cuenta con grupos interesados en que se presente a las generales de 2012 y, especialmente, a las autonómicas de 2013. De entrada, serviría para impedir la reedición de la alianza entre el PSE-EE y el PP vasco, que tras la desaparición de ETA o un claro desmarque de los herederos de Batasuna perdería sentido. Además, la consiguiente segmentación del arco parlamentario animaría a la primera fuerza -léase PNV- a la formación de un gobierno monocolor con apoyos puntuales.

Una izquierda abertzale sin ETA será distinta a lo que hemos conocido hasta la fecha, y no es fácil dibujar hoy su posible perfil. También por eso el PNV se ve obligado a acortar la distancia que viene manteniendo desde que EA y la izquierda abertzale optaron por excluirle de antemano del polo soberanista. Una izquierda abertzale sin ETA podría jugar un papel netamente opositor al PNV, especialmente si la recuperación de la legalidad se produce con los jeltzales mirando hacia otro lado. Aunque no tanto como para que pudiera convertirse en el nuevo socio preferente del socialismo vasco.

SEPTIEMBRE DE 2010
Cataluña tras la sentencia del Estatuto
Francesc de Carreras www.letraslibres.com  18 Septiembre 2010

La aventura del nuevo Estatuto catalán debería haber terminado con la sentencia del Tribunal Constitucional. En este ensayo, De Carreras explica en qué consistió ese proceso y qué consecuencias tendrá para la viciada inercia del nacionalismo catalán.

Desde 1980 hasta hoy, la política catalana ha estado dominada por el nacionalismo. Treinta años de autonomía, treinta años dándole vueltas al mismo tema: Cataluña como nación. Esta ha sido la gran habilidad y el gran triunfo de Jordi Pujol, el máximo dirigente de CiU y el principal ideólogo del movimiento nacionalista. Mientras fue presidente de la Generalitat (1980-2003), una de sus principales preocupaciones fue delimitar el campo de juego en el que se debía desarrollar la política en Cataluña. Tras su retirada, con CiU en la oposición y un Gobierno tripartito de izquierdas (2003-2010), este campo de juego no ha cambiado y el objetivo de los gobiernos presididos por los socialistas Maragall y Montilla sigue siendo el mismo que fijó Pujol: ir creando, desde el poder, conciencia nacional con el fin de construir la nación catalana en un vago e indefinido horizonte de independencia.

Los últimos episodios de esta construcción nacional han sido la elaboración y aprobación del nuevo Estatuto de 2006, los intentos de presionar al Tribunal Constitucional para que certificara su constitucionalidad y la reacción a una sentencia que ha declarado inválidos aspectos sustantivos del texto. De este proceso va a tratar este artículo.

La siembra nacionalista (1980-2000)
El Estatuto de 1979, vigente un año después de aprobada la Constitución, hacía posible tres aspiraciones básicas, tres rasgos diferenciales si se quiere, que contaban con un apoyo muy mayoritario de los ciudadanos catalanes.

En primer lugar, la autonomía política, es decir, un poder propio con amplias competencias en el seno de un Estado políticamente descentralizado que, con el tiempo, podía llegar a convertirse, ya que así lo permitía la Constitución, en un Estado federal –una forma de organización territorial común a otros países de nuestro entorno cultural. La Generalitat, ese poder político catalán, fue asumiendo las competencias que permitía tal Estatuto hasta lograr convertirse, en pocos años, en una institución de gran envergadura, con más poder político que otros entes del mismo nivel territorial en muchos Estados federales.

En segundo lugar, la declaración del catalán como lengua oficial, una aspiración casi unánime dentro de la sociedad catalana. Si hay algún hecho diferencial indiscutible que distingue a Cataluña del resto de España es el uso habitual del catalán, lengua materna de cerca de la mitad de su población actual, a pesar del cambio demográfico experimentado en los últimos cien años, especialmente por la fuerte emigración hacia Cataluña durante las décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado, desde otras zonas de España. La Constitución declara en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial en todo el Estado y que los estatutos pueden declarar también oficiales en sus territorios las demás lenguas españolas. Así pues, la oficialidad del catalán, es decir, que los poderes públicos en Cataluña tuvieran la obligación de utilizarlo, se hizo compatible con la oficialidad del castellano. La cooficialidad era la expresión política del bilingüismo: ambas lenguas se situaban jurídicamente al mismo nivel como muestra de respeto hacia todos los ciudadanos de Cataluña.

En tercer lugar, debían protegerse de manera especial los hechos culturales expresados en catalán dada la precaria existencia de esta lengua, sobre todo si la comparamos con el castellano o español, no solo hablado en España sino también en América. El desarrollo de una lengua está muy condicionado por el nivel de exigencia cultural en el que se expresa. Por tanto, la protección del catalán como idioma conlleva de forma implícita la legitimidad de determinadas “acciones positivas” (affirmative action) siempre que estas no lleguen a establecer una desigualdad discriminatoria para aquellos ciudadanos cuya expresión cultural sea en lengua castellana. En todo caso, parecía claro que en Cataluña la cultura se podía expresar tanto en catalán como en castellano y, por tanto, la cultura catalana era toda aquella que se producía en el ámbito de Cataluña.

Autonomía política, cooficialidad del catalán y protección de la cultura: estos eran los elementos básicos que introducía el Estatuto de 1979, producto de un amplio acuerdo en la sociedad catalana y española. Sin embargo, los 23 años de pujolismo supusieron una ruptura implícita y sigilosa de este acuerdo.

Primero, la Generalitat no quiso ser una comunidad autónoma más dentro del Estado de las autonomías sino, en lo posible, paso a paso, se fue configurando como un pequeño Estado, con los costes económicos que todo ello supone y las disfuncionalidades que ocasiona en el conjunto de comunidades del resto de España.

Segundo, el catalán no debía ser una lengua equiparada al castellano sino, al contrario, debía ser la lengua preponderante en las instituciones políticas y administrativas, así como también en la sociedad. El camino que se iba trazando no era el del bilingüismo sino el del monolingüismo catalán. Tercero, respecto a la cultura, solo se tenía en cuenta la que se expresaba en catalán o, en los ámbitos culturales en los que la lengua no es un componente básico –pintura, escultura, música, etc.–, aquella que se sometía a las reglas no escritas impuestas por la construcción nacional que se estaba llevando a cabo. Con esta política tan estrecha y sectaria, el empobrecimiento cultural de Cataluña ha sido visible y muchos de sus principales protagonistas han tenido que marcharse para poder seguir su carrera artística o permanecen en un discreto exilio interior.

La obsesión durante los años del pujolismo fue ir diferenciando progresivamente Cataluña del resto de España, desconectar sentimentalmente a los catalanes del resto de los españoles. Esta obsesión ha seguido con los gobiernos tripartitos presididos por líderes socialistas que han aceptado pasivamente las reglas de la política nacionalista. En efecto, los nacionalistas solo pueden concebir naciones identitarias uniformes, no sociedades compuestas por individuos libres e iguales en derechos.

Su objetivo de construcción nacional ha sido tratar de ir estableciendo una frontera inaprensible que fuera cavando un foso cada vez mayor entre dos entes para ellos antagónicos –la nación catalana y la nación española–, entendidos como ámbitos separados, concebidos como naciones culturales homogéneas para así hacer incompatible el formar parte de ambas a la vez.

Sin embargo, esta desconexión sentimental no se ha conseguido, como muestran tanto los sondeos de opinión como la experiencia de vivir en Cataluña. Lo que se ha conseguido, en cambio, es otro tipo de desconexión: la de una mayoría de catalanes con su clase política; el fenómeno que ha sido denominado “desafección a la política”, naturalmente a la política que se practica en Cataluña.

El fruto de la siembra: el tortuoso camino hacia un nuevo Estatuto
Así pues, al amparo del Estatuto de 1979, durante las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo, se fueron propagando unas ideas y adoptando unas decisiones políticas reflejadas en normas jurídicas que claramente desbordaban el marco estatutario. En las manifestaciones unitarias de finales de los años setenta, uno de los lemas que coreaban los afiliados de CiU era el siguiente: “Avui paciència, demà independència” (“hoy paciencia, mañana independencia”). En definitiva, una forma de pensar coherente con las premisas nacionalistas: si somos una nación, queremos un Estado propio. Pues bien, veinte años después, la paciencia de los nacionalistas se había acabado. ¿Qué cabía hacer?

La ocasión para dar la apariencia de que se daba un paso más hacia la independencia procedió de donde menos se podía esperar: del psc, de los socialistas catalanes, máximos rivales políticos de CiU y desdeñados desde el nacionalismo catalán como españolistas. En efecto, a principios del año 2000, tras su enésima derrota en las elecciones autonómicas del año anterior, el psc decide aliarse con Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC) para proceder a una reforma del Estatuto de 1979. A los socialistas en realidad les importaba poco o nada el cambio de Estatuto; lo que les interesaba era atraerse a ERC e IC para, en su caso, poder formar con ellos una coalición que desbancara a CiU del gobierno de la Generalitat. Ello se consiguió en noviembre de 2003 con la elección de Pasqual Maragall como presidente de un gobierno tripartito de los socialistas con sus dos aliados. Con la posterior complicidad del PSOE de Zapatero –interesado, a su vez, en establecer un pacto estable con CiU en el Congreso– se llegó a aprobar en 2006 un nuevo Estatuto de Cataluña. Un Estatuto cuya aprobación fue debida a intereses meramente partidistas, no a las necesidades de reforma del sistema autonómico.

El proceso para aprobarlo fue muy tortuoso. Primero se aprobó en el Parlamento de Cataluña un proyecto plagado de obvias inconstitucionalidades. Tras su paso por el Congreso de Diputados, el texto aprobado por el Parlamento catalán quedó profundamente modificado al corregirse los aspectos más frontalmente contrarios a la Constitución. Aún quedaban, sin embargo, algunos flecos importantes sin cabida en el marco constitucional y, sobre todo, muchos preceptos redactados con tanta ambigüedad que podían dar lugar a que su desarrollo legislativo en Cataluña derivara en leyes que desfigurarían el modelo de Estado de las autonomías que trabajosamente se había ido construyendo desde 1980. Además, el Estatuto aprobado tenía una gran debilidad: no se buscó ni se contó con el apoyo del PP, que votó en contra. Mírese como se mire, que el gobierno socialista intentara pactar una reforma territorial de tal calado, y con dudas más que fundadas de inconstitucionalidad, de acuerdo con partidos nacionalistas de ámbito territorial limitado sin el apoyo del otro gran partido de alcance estatal, fue una imprudente temeridad.

Este error tuvo como consecuencia inmediata que el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas –algunas gobernadas por socialistas– interpusieran sendos recursos de inconstitucionalidad. La pelota –mejor dicho, la patata caliente– pasaba del campo político al jurisdiccional, del acuerdo parlamentario entre partidos al Tribunal Constitucional. El error ha tenido funestas consecuencias, tanto para la organización territorial misma –se han reformado otros estatutos innecesariamente y no se han acometido las reformas que se precisan para acabar y estabilizar el modelo autonómico– como para el buen crédito del Tribunal, sometido a continuas presiones políticas y desprestigiado por unos y otros ante la opinión pública.

Un Estatuto que desborda los límites constitucionales
¿Cuáles eran los nuevos aspectos substanciales que introducía el Estatuto y en qué medida la sentencia del TC los ha invalidado?

Las pretensiones iniciales catalanas al aprobar el proyecto en el Parlamento de Cataluña iban en cinco direcciones fundamentales: declarar nación a Cataluña, convertir el Estatuto en una especie de Constitución catalana, otorgar rango estatutario a la ya vigente política lingüística, aumentar las competencias de la Generalitat y blindarlas frente al Estado y, finalmente, incluir en el Estatuto preceptos que vinculasen al Estado, es decir, que obligasen a las instituciones estatales a adoptar determinadas decisiones políticas.

El simple enunciado de estas pretensiones ya permite avanzar una primera conclusión: si nos atenemos a lo establecido en la Constitución, un estatuto de autonomía no es una norma jurídica que pueda alcanzar tales objetivos. Tres son las principales razones jurídicas que hacen inviables estas pretensiones. Primera, la Constitución establece un contenido determinado para los estatutos, como también para otras leyes, que no se puede rebasar. Segunda, un estatuto es una ley que, debido a su naturaleza, solo tiene eficacia jurídica dentro del ámbito territorial de su comunidad autónoma. Tercera, un estatuto es una norma plenamente subordinada a la Constitución, sin que el Estatuto catalán, aunque inicialmente tramitado en 1979 por la vía especial del artículo 151 de la Constitución, sea una excepción a esta regla fundamental, propia de todo Estado constitucional e, incluso, propia de todo Estado que, en definitiva, siempre es el producto de su Constitución.

Sin embargo, el planteamiento jurídico que se hacía desde Cataluña estaba basado en que el Estado de las autonomías apenas está configurado en la Constitución, es decir, en realidad está desconstitucionalizado, y donde está definido es en los estatutos. Todo ello implica que los límites constitucionales a las reformas estatutarias son imprecisos y escasos; en consecuencia, el margen para reformar los estatutos es muy amplio. A su vez, la reforma del Estado de las autonomías puede llevarse a cabo mediante la reforma estatutaria sin necesidad de cambios en la Constitución. Por otra parte, dicho planteamiento catalán incluía también la idea de que al formar parte los estatutos del llamado doctrinalmente “bloque de la constitucionalidad” gozan de una posición cuasi-constitucional dentro del ordenamiento y esta posición los convierte en invulnerables respecto de las demás leyes que concretan la distribución de competencias.

Además, la propuesta inicial catalana partía de la base que la Constitución española era, simplemente, la letra del texto aprobado en 1978, olvidando que en un Estado Constitucional como el nuestro, es decir, en un Estado con una Constitución garantizada jurisdiccionalmente por un Tribunal específico que en última instancia tiene el monopolio de su defensa jurídica, la Constitución es aquella norma que el TC considera que es. Ciertamente, la jurisprudencia constitucional puede cambiar, pero no es menos cierto que ello no es fácil, ni siquiera conveniente dada la necesidad de estabilidad constitucional y, en todo caso, debe justificarse con razones convincentes y bien argumentadas. Arriesgarse, pues, a prescindir de la doctrina constitucional establecida es peor que una imprudencia: es un error.

Si nos detenemos un poco en el contenido de las pretensiones catalanas podremos comprobar que las dos primeras, Cataluña como nación y el Estatuto como una especie de Constitución, tienen un alto contenido simbólico que enlaza con el sigiloso cambio de sentido del Estatuto de 1979 a que nos hemos referido. Según la Constitución, Cataluña solo puede alcanzar el rango de nacionalidad (art. 2 ce) y ello la diluye en el resto de comunidades, muchas de las cuales, en sus estatutos, también se han definido ya como nacionalidad. Los rasgos que caracterizan a Cataluña deben ser, pues, los de una nación para así distinguirse de las demás comunidades. Solo así, por otro lado, tendrá una relación con España de igual a igual, de nación a nación: lo que suele denominarse una relación bilateral, dando así al Estado una naturaleza confederal. Que el Estatuto tenga, además, la apariencia de Constitución por la extensión de su texto y por la inclusión de una tabla de derechos, acaba de perfilar esta imagen.

A pesar de que en la versión aprobada en el Congreso, es decir, en el vigente Estatuto, Cataluña se definiera en el artículo 1 como nacionalidad y los derechos, según jurisprudencia reciente, se redujeran a meros principios, quedaban algunos flecos que inducían a la ambigüedad en el preámbulo, en la condición de ciudadano y en los símbolos. Todo ello ha quedado perfectamente aclarado en la sentencia: Cataluña es una nacionalidad constituida en Comunidad Autónoma, con relaciones multilaterales con el Estado y, en su caso, bilaterales con las demás Administraciones. Es decir, como en el estatuto anterior, Cataluña es una comunidad de la misma naturaleza jurídica que las demás comunidades. No se reconoce relación confederal alguna sino solo las relaciones de colaboración propias de un Estado federal.

La razón por la cual se quería elevar a rango estatutario la vigente política linguística era, simplemente, para salvaguardar una normativa con grandes dudas de constitucionalidad bajo el amparo de un estatuto. En este punto, el tiro ha salido por la culata. Al Tribunal se le ha brindado la ocasión de recordar su doctrina sobre el significado de lengua oficial y sobre los derechos lingüísticos de los ciudadanos en las comunidades bilingües y tal doctrina ha sido aplicada al articulado del Estatuto. Recuérdese que la Ley catalana de Política Lingüística de 1998 no había sido objeto de revisión por el TC. Ahora ha encontrado la ocasión. Así, el TC ha declarado inconstitucional la norma que declara al catalán como lengua oficial “preferente” respecto del castellano y ha efectuado interpretaciones conformes muy restrictivas en otros muchos preceptos referidos a la lengua que deberán incidir en la política lingüística vigente en Cataluña, en especial, en cuestiones de enseñanza, medios de comunicación, relaciones lingüísticas entre las administraciones públicas y los ciudadanos e, incluso, relaciones lingüísticas entre particulares. El resultado, pues, ha sido el respaldo del TC a una política lingüística bilingüe, ya prefigurada en la Constitución, con igualdad en la cooficialidad de ambas lenguas y la libre opción de los ciudadanos por una u otra.

En tercer lugar, el intento de aumentar las competencias y, en especial, su “blindaje” frente a las competencias del Estado, también ha sido seriamente desvirtuado por la sentencia. En cuanto a lo primero, se ha establecido la ineficacia jurídica de unos pretendidos derechos históricos singulares de Cataluña que daban un amplio campo al aumento de competencias en relación con determinados aspectos clave: el derecho civil, el sistema institucional y la proyección de la lengua y la cultura en el ámbito educativo. En cuanto al blindaje, la sentencia ha reafirmado los conceptos de competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas, hasta ahora definidos en la jurisprudencia constitucional y ha rechazado las nuevas definiciones, en sentido distinto, establecidas en los artículos 110, 111 y 112 del Estatuto. En definitiva, con esta consolidación del significado de los distintos tipos de competencia se ha impedido que desde un estatuto se determine el alcance de las competencias del Estado establecidas en el artículo 149.1 de la Constitución, algo que hubiera llegado a introducir tal grado de confusión que hubiera hecho inviable el funcionamiento del conjunto de los poderes públicos en España.

Por último, la sentencia ha declarado algo que era de una obviedad meridiana: un estatuto no es la norma adecuada para vincular a las instituciones del Estado. Sin embargo, también es cierto que en virtud de los principios de colaboración y participación, de carácter netamente federal, las comunidades autónomas –todas ellas, no solo Cataluña– pueden participar en la designación de miembros de determinadas instituciones estatales –como el TC, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España o el Tribunal de Cuentas, entre otros, enumerados en los artículos 180 y 182 del Estatuto– si así lo dispone, sin ningún condicionante, la ley estatal correspondiente. Esta interpretación salva, pues, la literalidad de determinados preceptos impugnados siempre dejando a salvo la competencia estatal exclusiva en esta materia.

En definitiva, las principales innovaciones del Estatuto catalán han sido desvirtuadas, bien mediante declaración de inconstitucionalidad, bien mediante interpretación conforme llevada al fallo o bien, simplemente, mediante interpretación en los fundamentos jurídicos que el fallo no recoge. Se puede alegar –como hacen la mayoría de los votos particulares– que se ha abusado de la interpretación conforme y que muchos de los preceptos objeto de esta interpretación hubieran debido ser declarados directamente inconstitucionales ya que el significado que se les otorga es el opuesto a su literalidad e, incluso, a eso de tan difícil determinación como es la finalidad del legislador. No les falta razón a quienes sostienen estas opiniones. Pero también es cierto que los tribunales, particularmente los constitucionales, tienen una especial deferencia con el legislador y que esta deferencia está más justificada aún en leyes del tipo de los estatutos de autonomía. En todo caso, la sentencia es clara en aquello que deja establecido, con una argumentación sucinta en cada uno de los múltiples artículos que analiza y fundamentada, sobre todo, en la doctrina del propio Tribunal, es decir, revestida de la autoridad que da la coherencia con la jurisprudencia anterior. Además, aun teniendo en cuenta los votos particulares, en los aspectos sustanciales el Tribunal muestra un acuerdo prácticamente unánime y los motivos de las discrepancias son debidos principalmente a la alternativa entre declarar la inconstitucionalidad formalmente o salvarla mediante la interpretación conforme aunque la declare en el fondo.

Tras su excesiva tardanza, tras innumerables presiones ilegítimas e injustificables en un Estado de derecho, puede concluirse que el resultado final, sobre todo teniendo en cuenta la desidia del legislador al aprobar una ley con tal cúmulo de ambigüedades, restituye el honor de un Tribunal Constitucional sometido a una prueba muy difícil de superar, sin duda la más difícil de su historia.

Después de la sentencia, ¿qué?
El último tramo de la aprobación de la sentencia ha resultado extraordinariamente comprometido para el Tribunal. Las presiones, cuando menos las públicas, han venido especialmente desde Cataluña. En julio de 2009 se filtró que la sentencia declaraba cerca de quince preceptos inconstitucionales y otros veinticinco eran objeto de interpretación conforme. La alarma cundió en Cataluña. Empezó a circular la absurda opinión que el Estatuto era producto de un pacto político y que, por tanto, el TC no podía interferirse en dicho pacto. En consecuencia, ningún precepto podía ser declarado inconstitucional. Desde la Generalitat se presionó a los medios de comunicación y a las entidades de la llamada sociedad civil catalana para que presionaran en dicho sentido. El editorial conjunto de doce periódicos de Cataluña expresando esta opinión a fines de noviembre fue el momento culminante de tales presiones. Unos meses más tarde, ya en la recta final, el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat interpusieron recursos sin ningún fundamento jurídico serio para que el Tribunal se declarase incompetente.

Finalmente, el 28 de junio se dio a conocer solo el fallo de la sentencia (14 preceptos declarados inconstitucionales y 27 objeto de interpretación conforme) e inmediatamente, a las pocas horas del mismo día, el presidente de la Generalitat, José Montilla, hizo una declaración institucional por televisión extraordinariamente crítica con la sentencia y en la que descalificó con dureza al Tribunal. A los pocos días, el 9 de julio, se dio a conocer el texto completo de la sentencia junto con los votos particulares. La decepción en los medios oficiales catalanes fue inmediata: la sentencia era aún peor de lo esperado tras conocer el fallo. Tampoco la sentencia gustó a la prensa conservadora de Madrid. El Gobierno, el PSOE y el PP, declararon que respetaban la sentencia y mostraron su satisfacción por que el Tribunal se hubiera finalmente pronunciado. El 10 de julio, una gran manifestación, con el presidente de la Generalitat al frente, recorre las calles del centro de Barcelona. El lema que la presidía era: “Som una nació, nosaltres decidim” (“Somos una nación, nosotros decidimos”). A lo largo de la marcha (un millón y medio de personas según lo organizadores, 425.000 según el diario El País y 64.000 de acuerdo con las mediciones de la empresa especializada Lynce) dominaron las proclamas, pancartas y gritos en favor de la independencia de Cataluña.

En la prensa catalana de los días siguientes se especuló sobre el futuro del nacionalismo catalán. Para unos, la opción nacionalista mayoritaria ya no era la autonómica, ni siquiera la federal-asimétrica o confederal, sino la independentista. Algunos sondeos de opinión, muy contradictorios entre sí, señalaban que el independentismo alcanzaba el 48% de la población. Unas cifras que nadie se creyó en Cataluña. Desde hace muchos años, todos los que llevamos de democracia, el porcentaje de independentistas ha oscilado entre el 18-20 % de los catalanes. Ni la debacle del Estatuto ni la sentencia añadirán muchos más; lo más probable es que el nivel siga igual. Quizás la única novedad al respecto es que al tradicional independentismo basado en la identidad se le añade ahora un independentismo de base económica y social: “Con la independencia, los catalanes viviremos mejor”, se sostiene. En definitiva, un independentismo más parecido al de la Liga Norte italiana que al catalanismo tradicional, basado en el tan famoso como dudoso déficit fiscal.

No creo que este independentismo arrastre a muchos catalanes: separarse de España no tiene consenso social y, además, tiene evidentes riesgos. Por tanto, lo más plausible, a poco que se contengan las emociones y se utilice más el cerebro que el corazón, es que las elites dirigentes catalanas, pasado el trauma de los años estatutarios, se inclinen por intervenir en la política española propugnando cerrar el modelo autonómico en clave federal. Lo que se pretendía con un nuevo Estatuto era asegurar que el Estado no interfiriera en las competencias de la Generalitat y, a su vez, que la Generalitat participara en las decisiones del Estado. “Lo mío, mío; lo tuyo, de los dos”. Es evidente que este planteamiento, por razones obvias, no podía ser viable.

Ahora el planteamiento debería ser más inteligente: plantear un modelo federal en el cual, mediante los procedimientos propios de este tipo de Estado, Cataluña, como comunidad autónoma, participe junto a las demás comunidades en la adopción de decisiones estatales a través del Senado, de la Conferencia de Pre-
sidentes, de las comisiones mixtas Estado-comunidades autónomas y de los demás instrumentos propios del federalismo. Para ello se requerirían dos cambios. Primero, impulsar una reforma federal del Estado, mediante una revisión de la Constitución si es preciso. Segundo, dejar de lado las obsesiones identitarias y pasar página al modelo de catalanismo pujolista aún vigente. Ello solo será posible implicándose en el gobierno de España y así participar también, a través de las instituciones españolas, en el gobierno de Europa.

Por el momento, sin embargo, estas preocupaciones no figuran en el programa inmediato de los principales partidos catalanes. A excepción de los minoritarios PP y Ciudadanos, los demás partidos parlamentarios están todavía ligados a la absurda aventura del nuevo Estatuto de 2006, ahora desvertebrado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Para que estos partidos mayoritarios reorienten el rumbo deberían llevar a cabo un giro casi copernicano que solo el psc está en condiciones de afrontar a medio plazo. En las elecciones autonómicas de otoño los ciudadanos catalanes deberían dar un mandato claro a la clase política catalana para que rectifique la política de los últimos tiempos y plantee de una vez los problemas reales con los que se debe enfrentar Cataluña.

La hora de la verdad (y III)
Juan-José López Burniol www.lavanguardia.es 18 Septiembre 2010

Ha llegado, inexorable, la hora de la verdad para afrontar el tema de la relación entre España y Catalunya. Recapitulo, para ello, lo dicho en mis dos artículos anteriores: 1. El gran problema español es el de la estructura territorial del Estado. 2. Existen graves impedimentos para la solución racional del tema: a) tendencia compartida al engaño recíproco; b) ausencia de federalistas a un lado y otro del Ebro; c) y negativa, también recíproca, a la aceptación del otro tal como es. 3. La dilución del consenso de la transición y la erosión del pacto constitucional hacen que, a partir de ahora, la dialéctica política no se rija ya por normas ni se desarrolle en instituciones, sino que será el fruto exclusivo de la relación de las fuerzas en presencia. Sobre esta base, apuntaré –en esquema– lo que a mi juicio se debería hacer y lo que se debería evitar, tanto desde la perspectiva catalana como de la española. E insinuaré, por último, lo que creo que se hará.

Desde la perspectiva catalana, lo que se debería hacer es: 1. Fijar con claridad y precisión el objetivo que se persigue: o un Estado federal o un Estado independiente; lo que exige, con carácter previo, ponderar la composición real del país, más plural de lo que se dice y con un tejido de intereses más complejo de lo que se reconoce. 2. Concertar la unidad de la mayoría de las fuerzas políticas catalanas en defensa de la propuesta que se adopte, en el bien entendido de que esta nueva solidaritat catalana no puede agotarse en un trémolo sentimental, sino que debería concretarse en un programa compartido que se defendiese en el Parlamento de Madrid con una sola voz y que se refiriese a los grandes temas: estructura territorial del Estado, financiación, grandes infraestructuras y administración de justicia. Se objeta a esta propuesta que la unidad propugnada es inalcanzable y, de alcanzarse, insuficiente. Rechazo ambas objeciones: toda nación que de veras lo es logra, en un momento crítico, articular un frente común mayoritario, ya que, de no hacerlo, es que aquella pretendida nación nunca lo fue o ha dejado de serlo por desuso; y, por otra parte, si la mayoría de los partidos catalanes sostuviese lo mismo en Madrid, respecto a los temas apuntados u otros similares, su fuerza sería enorme, al convertirse en el fiel de la política española. Mañé i Flaquer lo tuvo claro hace más de un siglo.

Por el contrario, Catalunya debería evitar la reivindicación de una miqueta de independencia, bajo el subterfugio de una relación bilateral con España (fórmula encubierta de confederación), sazonando su errónea exigencia con desgarradas apelaciones al mal trato recibido, esmaltadas unas veces con excesos tartarinescos y otras con pirotecnia fallera. Si tal hace, mostrará impotencia y correrá un riesgo grave de fractura social.

En cuanto a España, lo que debería hacer está también claro: 1. Reconocer la realidad de los hechos, esto es, su fracaso irreparable en la construcción de un Estado unitario y centralista, así como el éxito espectacular de la refacción de la nación catalana a partir de la Renaixença. 2. Admitir que un Estado federal de verdad –y no un sucedáneo– es la única fórmula posible de preservar la unidad de España (el Estado federal es una variedad del Estado unitario). 3. Negarse de raíz a la admisión de una relación bilateral con Catalunya, ya que acarrearía –al multiplicarse– la destrucción del Estado por desembocar en una especie de confederación. 4. Admitir el derecho de Catalunya a separarse de España. 5. Reformar la Constitución, previo acuerdo de los dos grandes partidos españoles, en el sentido apuntado. Un solo comentario: sé que la mera referencia al derecho de autodeterminación inflama al macizo de la raza, pero sostengo –aunque carezco de espacio para defenderlo– que en este reconocimiento se halla la fuerza de la posición española, así como la raíz de su decoro. No existe otro modo de responder a los que sostienen, con displicencia tamizada de desdén, que España no puede prescindir de Catalunya por ser financieramente inviable sin ella, y que está, por tanto, obligada a pasar por el tubo.

Y lo que España no debería hacer jamás es dejar que la situación se pudra, pactando –por ejemplo– los presupuestos con los nacionalistas a cambio del desguace progresivo del Estado. Lo que vale tanto para socialistas como para populares. El paso del tiempo refuerza a los que se apropian de las grandes palabras, como es el derecho a decidir. Cada día que pasa, el Estado español –como sistema jurídico– se debilita, ante la pasividad interesada de quienes más obligados estarían a defenderlo, enzarzados en una lucha cainita por el poder.

¿Qué pasará? Todos harán lo que –a mi juicio– no deberían hacer. Y actuarán así, no por fortaleza o sentido de la responsabilidad, sino por debilidad y falta de coraje. Hasta que los hechos, siempre tozudos, decanten la situación, tras haberla degradado irreparablemente, en un sentido u otro. Total, impotencia y barullo.

POLÍTICA
ETA se propuso limitar el poder de los políticos 'liberados' de Batasuna
La banda diseñó hace un año un plan denominado 'Hormiga roja' para trabajar «con otra gente» en una alianza independentista
ÓSCAR B. DE OTÁLORA | BILBAO. El Correo 18 Septiembre 2010

ETA diseñó en agosto del año pasado un plan para acabar con el poder de la ilegalizada Batasuna en el seno de la izquierda abertzale y sustituirlo por asambleas bajo su control. Esta iniciativa figura en el documento 'Hormiga roja' de ETA, al que ha tenido acceso EL CORREO, un texto con el que la banda pretendía remodelar la izquierda abertzale de cara a los próximos años. En el escrito, los terroristas proponen, además, un cambio en la actuación de la izquierda abertzale, a la que le pide que se acerque a otras fuerzas políticas de cara a crear «una alianza independentista».

El documento es una de las pruebas en las que se ha basado la operación llevada a cabo el martes por la Guardia Civil contra la ilegalizada Ekin, en la que fueron detenidas nueve personas. Según señaló el Ministerio del Interior, la función de este grupo era convertirse en la columna vertebral de la izquierda abertzale, lo que implicaba controlar a la ilegalizada Batasuna en un momento en el que los miembros del partido suspendido estaban yendo más lejos de lo que la banda estaba dispuesta a aceptar con las propuestas a favor de las vías políticas.

Según se desprende de 'Hormiga roja', en el verano del año pasado ETA ya había teorizado sobre la necesidad de restar poder a los miembros de Batasuna dentro de todo el conglomerado de la izquierda abertzale. Aunque el texto se mueve en una ambigüedad calculada para evitar una crítica directa a los dirigentes radicales más conocidos públicamente, sí que existen párrafos con una carga demoledora hacia ellos. «Hay que superar en nuestras estructuras el vicio, la falta de autocrítica, la comodidad y las malas costumbres. Hay que limitar al máximo el papel de los 'liberados'», escriben los terroristas. Con el término 'liberados' se refieren a quienes ocupan puestos dirigentes en el seno de la izquierda abertzale.

En otro momento, ETA afirma que una de las misiones de la nueva organización debe ser «romper el 'politiquismo' que hemos desarrollado en los últimos años». Según fuentes de la lucha antiterrorista, estas declaraciones muestran entre líneas el conflicto que ya existía en el seno de la izquierda abertzale -y que se mantiene en la actualidad- entre los más ortodoxos y las vías posibilistas. Las críticas a Batasuna suponían un intento de ETA de laminar a los más blandos y sustituirlos por personas afines a su línea. En este sentido, el propio papel de Ekin era el de actuar como 'comisarios políticos' dentro de la coalición ilegalizada para controlar la disidencia.

«Pueblos y barrios»
Las mismas fuentes han señalado que ETA defendía en su documento poner en marcha un sistema de toma de decisiones descentralizadas con el fin de eliminar la capacidad de dirección de los dirigentes más señalados. Para ello, solicitaba dar más poder a «pueblos y barrios», ante los que los 'liberados' de Batasuna deberían rendir cuentas.

En el escrito interceptado aparecen también algunas reflexiones sobre la actual estrategia de la izquierda abertzale. En varios momentos, ETA teoriza sobre la necesidad de preparar el terreno para un trabajo conjunto con otras formaciones políticas de cara a la creación de un foro soberanista. «Debemos prepararnos y reeducarnos a nosotros mismos y adaptar nuestra forma de actuar en política para trabajar con otra gente», escribe la banda. En otro momento, analiza cómo poner en marcha una «alianza independentista». Una de las obsesiones de ETA era la «activación popular», es decir, la recuperación de una capacidad de movilización que estaban perdiendo y que, según sus propios términos, les llevaba a vivir en un «autoguetto».

Según las fuentes consultadas, este plan ha estado sujeto a varios vaivenes. El principal de ellos ha sido la propia debilidad de ETA, que le ha impedido llevarlo a cabo tal y como preveía. Las propias carencias de la banda, según este análisis, han alimentado a sus críticos.

La deuda de la Xunta se dispara un 31%, cinco puntos más que la media nacional
El déficit de la comunidad alcanza los 5.544 millones, una cantidad equivalente a la mitad del presupuesto de la Xunta para 2010. Supone un 10% de su PIB y es la quinta más alta de España
SELINA OTERO | A CORUÑA La Opinión 18 Septiembre 2010

El endeudamiento de las administraciones continúa su escalada ascendente en plena crisis. En el segundo trimestre de este año, la deuda de Galicia se disparó un 31,2% con respecto al mismo periodo de 2009, alcanzando los 5.544 millones de euros. O lo que es lo mismo, cada gallego debe más de 1.900 euros por la deuda de la comunidad. Se trata de una marca histórica desde 1995, el principio de una serie en que la curva del endeudamiento consolidó su ascenso en el ámbito autonómico. Y en el caso gallego, el último dato del incremento aportado por el Banco de España está cinco puntos por encima de la media del Estado, que se sitúa en un 26,5%.

Desde que empezó la crisis, hace dos años, la deuda de la Administración autonómica aumentó un 55%, pasando de los 3.583 millones de euros en el segundo trimestre de 2008 a los 5.544 millones a junio de 2010.

¿Es mucho o poco 5.544 millones de euros de deuda? Es exactamente la mitad del presupuesto de la Xunta para 2010 (11.516 millones). No obstante, Galicia no es la comunidad más endeudada: ocupa el quinto lugar. La deuda gallega ya representa el 10,1% de su PIB. De primera se sitúa la Comunidad Valenciana, con 16.280 millones de euros (el 16% del PIB de su comunidad). La segunda autonomía más endeudada es Cataluña, con 28.769 millones, seguida de Baleares, con una deuda que ya alcanza el 14,5% de su nivel de riqueza. En cuarta posición está Castilla-La Mancha, con un endeudamiento que supone el 13,7% de su PIB y que sigue creciendo, más que la gallega: aumentó un 40,8% con respecto al segundo trimestre del año pasado.

Evolución
La otra cara de la moneda, la de las autonomías menos endeudadas o más saneadas, la lidera Cantabria (con un nivel de deuda que se corresponde con el 5% de su PIB). Asturias, la segunda, solo tiene una deuda de 1.309 millones (el 5,7% de su Producto Interior Bruto), no obstante, en este caso se ha disparado un 40% con respecto al mismo trimestre de 2009. En el listado de los que menos adeudan les siguen País Vasco, Castilla y León, Madrid, Murcia, Extremadura y Aragón.

En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad logró reducirla con respecto al año pasado, destacando un incremento de abril a junio de este año de un 186%. En Canarias se disparó un 55%, en Navarra un 51,1% y, en Murcia, un 50,2%. De hecho, Galicia, con su 30,1%, se sitúa en el tos del aumento generalizado del endeudamiento aportados por el Banco de España.

Según la información avanzada por el regulador bancario, la deuda de las empresas públicas gallegas también se incrementó en el segundo trimestre; en concreto, en un 17,08%, alcanzando los 233 millones de euros.

Diputaciones y ayuntamientos también están, en la actualidad, un poco más endeudados. Los municipios españoles arrojaron una deuda 36.413 millones de euros en el segundo trimestre en relación a igual periodo de 2009, el equivalente al 3,4% del PIB, lo que representa un aumento del 11,4% sobre el mismo periodo del ejercicio precedente.

Tal y como se deduce de los datos del Banco de España, que refleja los datos de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza), este colectivo de grandes ciudades alcanzó los 10.792 millones de euros de deuda, lo que supone un incremento del 6,1%.

Destaca, sobre todo, el incremento del 19,3% de la deuda del consistorio de Barcelona, que sumó 794 millones de euros, y el de Valencia, que elevó su endeudamiento un 12,3%, hasta los 862 millones de euros. Con respecto al año 2009, la deuda de las diputaciones en España creció un 34,5% y, sin embargo, la de los ayuntamientos sólo un 2%.

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