AGLI

Recortes de Prensa   Martes 21 Septiembre  2010

 

Los nuevos "villanos" de la sociedad española
Francisco Rubiales Periodista Digital 21 Septiembre 2010

Los sindicalistas liberados, considerados como vagos y aprovechados a los que el gobierno de Zapatero otorga privilegios inmerecidos, acaban de incorporarse, como nueva especie, a la fauna de los "despreciables" de la sociedad española. Nadie sabe cuantos hay, pero su número, cuidadosamente ocultado, debe constituir un "secreto" vergonzante en un país demasiado podrido, que cada día descubre nueva basura bajo las alfombras del poder.

Antes eran los inspectores de hacienda y los empresarios los tipos más despreciados de la sociedad española, pero ahora han sido desplazados por una nueva "fauna", generada por la democracia, que merece el desprecio creciente de la sociedad, integrada por los políticos, los periodistas sometidos al poder, los recaudadores de la SGAE, los corruptos y los liberados sindicales. Mucho está cambiando para bien en la sociedad española, que ya no soporta a los parásitos y que cada día es más exigente con la ética y la decencia.

Sorprende, pero es cierto: los sindicalistas profesionales, los políticos, los periodistas adictos al poder y a la mentira y los recaudadores de la SGAE son ya más impopulares y despreciados que los terroristas o los inspectores de Hacienda y de Trabajo. La sociedad española está cambiando profundamente y mejora su sensibilidad ética al rechazar a los que se enriquecen con la política, a los que se aferran a sus puestos públicos con uñas y dientes, a los que cobran sin trabajar, a los que mienten de manera profesional y a los que recaudan de forma abusiva.

La lista de los nuevos "villanos" en España crece a buen rítmo e incorpora también a los enchufados de los partidos políticos, a los familiares de los políticos "colocados" en los aparatos del poder, a los muchos corruptos afincados en las administraciones y a los que, desde la empresa, se benefician del favoritismo, la arbitrariedad y la corrupción de los políticos.

No todo es "justo" en la nueva escala de aprecio que está forjando la España del siglo XXI porque existen injusticias lacerantes, como el creciente desprecio a los "funcionarios", un grupo que, mayoritariamente ha aprobado sus oposiciones con esfuerzo, aunque ha sido contaminado por el clientelismo y la arbitrariedad de los políticos, que han trucado concursos y facilitado el acceso a la función pública de familiares y amigos del poder.

La gran paradoja de la España actual es que, según las encuestas, los ciudadanos desprecian más a los políticos que a los terroristas y a los narcotraficantes, todo un drama que dejará en el futuro del país huellas altamente dañinas.

El grado de desprecio y rechazo a los políticos no para de crecer en España, lo que constituye un enorme problema para la convivencia y el progreso. Si las encuestas no estuvieran "adobadas" y "maquilladas" por el poder y sus colaboradores, reflejarían la verdad: que los políticos son la primera preocupación de los españoles y la profesión más odiada.

Los sociólogos y expertos en gobernanza saben que el desprecio a la clase dirigente, unido a la desconfianza, dos fenómenos especialmente intensos en España y que golpean con especial énfasis a políticos, periodistas, jueces y, en menor grado, a policías y funcionarios públicos en general, dificultan la gobernabilidad, envenenan la convivencia, destruyen la cohesión, corroen la armadura ética de la nación y estimulan el fraude fiscal y hasta el sabotaje al poder político.

La situación es tan grave que esa desconfianza en el poder y sus representantes es ya, según muchos expertos, el mayor problema de la España actual, mucho mayor que el de la crisis económica y el mismo desempleo masivo, ya que, sin restablecer la confianza en los líderes, el país nunca podrá resurgir y superar sus dramas.

Voto en Blanco

El comisario total de Rubalcaba
EDITORIAL Libertad Digital 21 Septiembre 2010

Que las elecciones se acercan es algo puramente atado al calendario. Que estas elecciones –las municipales y autonómicas de 2011– van a ser una prueba de fuego para el peor PSOE en muchos años, es algo que desde el Gobierno se encargan de recordarnos a diario. La última ocurrencia del ministro Rubalcaba es la creación de un comisariado especial, dependiente exclusivamente de él, que atienda casos de corrupción que afecten a cargos públicos y personas de relevancia política.

La idea, que no por perversa deja de estar bien pensada dentro de la lógica maquiavélica, consiste en que el ministro a través de su hombre de confianza monopolice toda la información y toda la capacidad de actuación procesal relativa a la corrupción dentro de la política. Desde el punto de vista estrictamente jurídico es un disparate con mayúsculas: implicaría que fuesen los fiscales y no los magistrados los encargados de instruir las causas o que la siempre obediente Fiscalía General del Estado sería la única facultada para emprender acciones legales contra todo indicio de delito en el que no existan víctimas con nombres y apellidos.

El Gobierno se quedaría de este modo con la exclusiva procesal y llevaría la iniciativa siempre, ya fuese por acción o por omisión. Teniendo en cuenta que este comisario es un cargo político de confianza, no es muy difícil imaginarse por dónde irán los tiros, las demandas y, sobre todo, las portadas de los periódicos, que, en última instancia, es lo que el Gobierno quiere controlar mediante esta reorganización abiertamente inconstitucional. Como muestra, un botón. El hombre que vendría a ocupar ese cargo de nueva creación, el comisario total al servicio de Rubalcaba, sería Juan Antonio González, un viejo conocido en la prensa tras su aparición estelar en la cacería de Bermejo y sus continuas maniobras durante la operación Gürtel.

De alguien como González sólo cabe esperar que sea, cuando menos, muy "casero" en sus pesquisas. Es decir, que se cebe con los casos que, hipotéticamente, podrían aparecer en el entorno del Partido Popular y silencie los que lo hagan en el del PSOE. Asistiríamos a renovadas entregas de Gürtel y los bochornosos espectáculos televisivos como los que ciertas filtraciones hicieron posible. Del otro lado no habría nada que temer, ya que el comisario sería total pero perfectamente parcial en sus líneas de investigación y sus averiguaciones.

Habida cuenta de la afición que se le ha tomado a hacer desfilar concejales del PP delante de las cámaras debidamente esposados entrando en un coche patrulla, todo lo que podemos pronosticar es que la labor principal de este comisariado será evitar que el caudal de detenciones se seque, o que, al menos, dure hasta pasadas las elecciones del mes de mayo. Estaríamos, por lo tanto, ante lo más parecido a un Estado policial en toda regla. Una situación anómala e indeseable en la que, como ha recordado María Dolores de Cospedal, la policía judicial trabaje al servicio de los intereses del Gobierno.

La amenaza que se cierne sobre las libertades y, especialmente, sobre el principal partido de la oposición es de tal calibre que cualquier movimiento en esa dirección debe de ser denunciado en el acto y en sede parlamentaria a ser posible. Para luchar contra la corrupción política no es necesario un comisario total que filtre información y dirija los esfuerzos judiciales, sino la llana aplicación de una ley que es para todos igual.

Estado de Derecho
El proyecto "rubalcaamaño"
Guillermo Dupuy Libertad Digital 21 Septiembre 2010

Aunque no sea nuevo el desprecio de los socialistas hacia las bases del Estado de Derecho, pocas veces se ha lanzado un ataque tan directo, grave e indisimulado contra la división de poderes como el que pretende llevar a cabo este Gobierno mediante lo que me he permitido denominar como el proyecto Rubalcaamaño, y que consiste, en última instancia, en que sea el Gobierno el que controle las investigaciones en las que estén implicados cargos políticos, por un lado, y que sea también el Ejecutivo, a través de su dependiente Fiscalía, el que tenga el monopolio de poder someter a instancia judicial la comisión de un posible delito penal.

De lo primero ya hemos tenido –y seguiremos teniendo– una elocuente muestra con esa bochornosa cacería política contra el principal partido de la oposición que conocemos como "caso Gürtel", y a la que muchos le han hecho el juego desde los sitios más insospechados.

A este respecto no sabemos que hará el diario El Mundo cuando vengan nuevas y sesgadas filtraciones del caso, después de ser este diario el que haya descubierto ahora, de forma mucho más concreta, la intención del ministro Rubalcaba, posiblemente ya consumada, de designar a un comisario de su máxima confianza –el mismo que coordinó las pesquisas en el caso Gürtel y que acompañaba a Garzón y Bermejo en sus actividades cinegéticas– para que controle todas aquellas investigaciones que afecten a cargos públicos o personas de relevancia. Como prueba de ello, este diario hace referencia a la circular que ha dirigido este comisario general de la policía judicial a todos los jefes superiores de policía, en las que les exige que le informen de todas estas investigaciones, al tiempo que se reserva el derecho de declararlas secretas.

Aunque este último asunto pueda eclipsarla, no menos gravedad tiene la segunda parte del proyecto gubernamental, consistente, por una parte, en suprimir la acusación popular en aquellos delitos que no tengan víctimas concretas, dándole en este terreno el monopolio a la Fiscalía, como, por otra, delegar también a los fiscales la instrucción de todo proceso penal, que hasta la fecha estaba en manos de los magistrados.

Con lo primero, el Gobierno no pretende más que extender el bochornoso monopolio que actualmente concede la ley de partidos a la Fiscalía General del Estado para que sea la única que pueda denunciar –o no– sus posibles vulneraciones a todo posible delito que no tenga víctimas concretas, tal y como ocurre también, por ejemplo, en el caso de la corrupción de un político o en la prevaricación que hubiese podido cometer un juez.

Asimismo, y aunque permanezca la figura de la acusación particular para aquellos delitos con víctimas concretas, la intención gubernamental de que sean los fiscales, y no los magistrados, los que instruyan la causa, extiende también el poder de influencia del Gobierno a la hora de perseguir –o no– este tipo de delitos. Y eso es así porque, a diferencia de la teórica imparcialidad e independencia que gozan los magistrados, especialmente en instancias inferiores, la Fiscalía está sujeta siempre a la jerarquía y a las órdenes de sus superiores.

A diferencia de la primera, esta segunda parte del proyecto no se desprende de ninguna circular interna, sino que se evidencia sin tapujos en la nueva ley de enjuiciamiento criminal que ya ha recibido tan numerosas como silenciadas críticas provenientes de organizaciones judiciales.

Dada la clamorosa inconstitucionalidad de todo el proyecto, bien está que Cospedal haya comparecido en rueda de prensa para exigir inmediatas explicaciones en el Congreso, tanto a Rubalcaba como a Caamaño. De hecho, creo que debía haberlo hecho el propio Rajoy. Aquí no nos jugamos ya que Humpty Dumpty Zapatero nos diga qué tenemos que entender con la palabra "guerra" o "paz", "empleado" o "parado". Nos jugamos que sea el Gobierno, y solo él, el que, para satisfacción de propios y temor de extraños, pueda determinar lo que es "delito".

Están ganando
Javier G. FERRARI La Razón 21 Septiembre 2010

Nueve años después de los atentados contra las Torres Gemelas el fanatismo islámico parece estar ganando la batalla al llamado mundo libre. Afganistán es un avispero donde mueren soldados de la coalición internacional y los Estados Unidos abandonan Irak a su más que incierta suerte. Al Qaida sigue intimidando a los gobiernos occidentales y los abanderados de lo políticamente correcto quieren hacernos creer que con concesiones y paños calientes se van a evitar atentados y secuestros.

Pero la realidad es tozuda y hasta en los asuntos que se pueden considerar como anecdóticos se pone de manifiesto que la ofensiva intimidatoria esta dando sus frutos. El último ejemplo lo tenemos en la decisión que han tomado los propietarios de una discoteca de la localidad murciana de Águilas que van a destinar la nada despreciable cantidad de 100 mil euros a modificar el nombre y la estética del local porque su presunto parecido a una mezquita ofendía la sensibilidad de la comunidad musulmana. Unos pocos correos electrónicos con amenazas han sido suficientes. Nadie les ha hecho caso a estos empresarios. Ni en Interior, ni en Exteriores, ni la delegación del Gobierno ni nadie.

Rubalcaba está muy ocupado ahora en intentar aplacar a la Guardia Civil, que está hasta el tricornio de ser la fea del baile. Moratinos sigue a los mandos de la política errática que marca ZP y que él aplica con entusiasmo, y el Gobierno y el PSOE bastante tienen con intentar tapar las vías de agua que se están abriendo a cada minuto en el cada día más débil casco de su poder. Esta historia de la discoteca no es más que un nuevo síntoma de una debilidad, de un complejo que tiene su máxima expresión en la memez de la Alianza de Civilizaciones.

Al parecer aquí no tienen sensibilidad más que los islamistas, a los que no se les puede decir nada no sea que se enfaden. Que hay que modificar la estética y el nombre de un local de copas, pues se hace. Que ahora Marruecos quiere que los representantes de la soberanía nacional no vayan a Melilla, pues se utiliza a los voceros cercanos al poder para poner a parir a Rajoy, ya que hacerlo directamente hubiese sido demasiado fuerte. No tuvieron, eso sí, ningún pudor para ensañarse contra Aznar a quien necesita esta izquierda enferma de sectarismo crónico para seguir con sus tópicos y camelos de siempre con la esperanza de que les funcione a la hora de que los ciudadanos vayan a votar.

Claro que después de la vergüenza por la reacción oficial ante los sucesos de la frontera con Melilla este pasado mes de agosto, y el apaleamiento de los activistas canarios en el Sahara, todo es posible. Si Moratinos fuese candidato a la Alcaldía de Córdoba, cosa improbable, y ganara, cosa imposible, lo mismo instalaba el ayuntamiento en la Mezquita y cambiaría su denominación de primer edil por el de visir. Estamos en manos de pusilánimes que le han hecho a este país un daño que será muy difícil de reparar, si es que alguien tiene la intención real de repararlo. La claudicación ante el chantaje de los radicales islamistas no es más uno de los muchos elementos que en estos seis años de socialismo han dejado a la sociedad española a las puertas de la UVI.

La "fortuna" del PSOE
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 21 Septiembre 2010

La “fortuna” de Zapatero y la del PSOE ya no corren juntas sino cada vez más divergentes y encontradas. El esfuerzo agónico por sobrevivir del uno amenaza letalmente al otro. Las necesidades parlamentarias de ZP chocan frontalmente con los intereses de su propio partido. Los ejemplos catalán y vasco y el sainete madrileño son la inmejorable prueba de cómo un líder que apareció como redentor providencial en un momento puede ahora y tan sólo en unos años sumido en la miseria al conjunto de su organización.

La empecinada apuesta por seguir chapoteando en el cenagal en que el mismo se metió, y donde ha metido a España, se culmina con su palmoteo a ese tonto útil del nacionalismo catalán llamado Montilla y su seguidismo en hacerle el juego a las proclamas nacionalistas contra las instituciones del Estado que más que nadie debería el defender. De nada les vale, encima, ni al uno ni al otro. Usado y exprimido, Montilla en Cataluña ya es un trasto viejo y con fecha de tirar y la misma suerte puede correr, esta corriendo ya, ZP en Madrid.

En el País Vasco, donde se ha hecho lo mejor en cuanto a política de Estado se refiere con ese pacto PSOE-PP y ese saber hacer de López y Basagoiti, la necesidad imperiosa del puñado de votos del PNV para salvar los presupuestos amenazan con hacer añicos lo que tanto costo levantar, claudicar políticamente ante el nacionalismo y dejar a su propio partido a los pies de los caballos en aquel especialísimo territorio.

El sainete de Madrid no es más que la guinda de un disparate, la pifia final de pretensión omnipotente. La ocurrencia de imponer, a golpe de soberbia de poder y encuesta hecha de encargo, a Trinidad Jiménez ha logrado la paradoja de que un hombre como Gómez, desconocido y de bajo perfil, se aúpe como paladín por el simple, pero no pequeño ni falto de valor, gesto de plantarle cara. Y hoy, digan lo que digan los demoscopicos de pago y cabecera, resulta que la candidata preferida del PP es la Trini, pues viene con todas las tachas del dedazo y la imposición de un ZP desacreditado y aún más en Madrid. Tomás Gómez con su vitola de rebelde aun puede darle alguna guerra a Esperanza Aguirre. Y ya estamos, lo que resulta bueno para el PSOE ahora resulta que le sabe a rejalgar a ZP. Y viceversa claro.

Zapatero es ahora, ¿quién lo iba a decir?, y aunque hagan esfuerzos por disimularlo, el peor padrino que un dirigente autonómico quisiera tener en sus bodas electorales. Porque todos saben en que situación se encuentran y que lo mejor que les puede pasar es que se queden como están. El PSOE es un partido a la defensiva. No cuenta por donde puede avanzar sino por donde puede retroceder. No hay comunidad ni ayuntamiento que vea posible conquistar y si muchos que ve factible perder. Tanto que puede llegar una verdadera hecatombe, una caída de proporciones similares a aquella del 95 que arrumbó el que se suponía sólida hegemonía municipal de la izquierda y que abrió las puertas de Moncloa a José María Aznar.

Ese es el precipicio al que el PSOE no quiere ni mirar pero al que algunos de los pocos con capacidad critica señalan como verdadero peligro al que se están asomando. Y se preguntan ¿y entonces que pasará con el PSOE?. Zapatero seguirá en Moncloa, sí. Pero por donde habrán de ir ellos. ¿Qué PSOE les puede dejar Zapatero y en manos de quien?. Porque en estos años ZP y su pequeña tropue de fieles ha hecho y deshecho sin ningún contrapoder sin ningún otro referente. Que Pepe Blanco se pueda imaginar como esperanza es quizás la mejor prueba de hasta donde puede caer la autoestima de un partido. Pero bueno tampoco hay que rasgarse vestidura alguna si quien presuntamente dirige la organización es Leire Pajín.

Voto del miedo
José Antonio VERA La Razón 21 Septiembre 2010

Los mítines del fin de semana confirman que el PSC va a articular su campaña sobre las veleidades independentistas de Mas. CiU se escapa en las encuestas y la única manera de frenarle podría ser sacando a relucir sus escarceos soberanistas. Una estrategia eficaz porque aunque la Cataluña real está saturada de tripartito y harta de la inoperancia de Montilla, tampoco quiere saber nada de una independencia que solo es reclamada por minorías y egocéntricos sectores nacionalistas. La pena es que el president se haya dado cuenta tan tarde.

Si en vez de pasarse la legislatura hablando solo en catalán se hubiera ocupado más de reivindicar el bilingüismo, cortando de raíz las atrocidades del tripartito en materia de sanciones y multas a los castellanohablantes, es posible que ahora tuviese alguna credibilidad y conservara esos miles de votos del cinturón de Barcelona sin los cuales el PSC no es nada. Al no hacerlo, su credibilidad esta mermada. Por eso es posible que, como indican los últimos sondeos, CiU baje y se aleje de la mayoría absoluta, pero también que ese retroceso no le sirva a Montilla para nada. Y es que la coherencia es fundamental en política. A los socialistas catalanes les hace falta una buena dosis de ella. Recurrir sin más al voto del miedo, como están haciendo ahora, puede ser eficaz, pero no restaura su imagen de partido coaligado cuatro años con el separatismo.

Crisis
Oteando el horizonte
Jaime de Piniés Libertad Digital 21 Septiembre 2010

La pasada semana el Financial Times presentó un análisis sobre la deuda pública de los países europeos más débiles, destacando que España parecía haberse situado fuera de la zona de peligro ya que ha encontrado más que suficientes compradores para sus últimas emisiones de deuda pública. El rotativo británico indicaba que este incipiente despertar del apetito inversor internacional por la deuda pública española es atribuible al compromiso de nuestro Gobierno con las reformas recientemente anunciadas. Pero, como bien indica Juan Carlos Barba en las páginas de Libertad Digital, la economía española está lejos de estar fuera de peligro.

Analicemos ciertos datos. Al cierre del viernes el diferencial del bono a 10 años entre España y Alemania seguía anclado en los 185 puntos básicos, mientras que el pasado mes de marzo escasamente llegaba a los 70. Por otro lado, los CDS (credit default swaps) se sitúan por encima de los 230 puntos básicos, lo que indica que el mercado contempla una probabilidad de quiebra del Reino de España de aproximadamente el 20% y por lo tanto nada desdeñable.

Es cierto que la situación española no es tan precaria como la de Grecia, Irlanda o Portugal, lo cual es lógico ya que la deuda de esos países alcanza el 124%, 78% y 86% respectivamente de su PIB, mientras que la nuestra todavía no roza el 60% aunque seguramente supere el 65% a finales de año.

Definitivamente, España no está fuera de peligro. Las razones de ello son, en primer lugar, unas pobrísimas perspectivas económicas que nos devolverán a una situación recesiva en breve, con crecimiento negativo en la segunda mitad del año en curso. Situación dificilísima de corregir hasta que no se hinque el diente al paro español del 20%. Y para hacer esto hacen falta muchas reformas, sobre todo en el ámbito del mercado de trabajo. Es cierto que nuestro Gobierno ha dado ciertos pasos para iniciar un proceso de reforma laboral, pero la precariedad y, por ende, la persistencia de trabajos de muy baja productividad (¿quién invierte en un obrero temporal?) todavía no han sido debidamente tratados. Reformas sobre energía, educación y, sobre todo, una reforma profunda del tupido entramado de administraciones públicas que duplican e incurren en gastos estrictamente espurios son absolutamente necesarias para que levantemos cabeza.

Esta última observación nos trae de lleno al segundo factor: el desbordado gasto público. Nuestro Gobierno ha dado pasos de contención del gasto público, es cierto. Pero con su obstinado proceder en rectificar cualquier paso hacia delante, ya ha anunciado la concesión de 1.500 millones de euros a las entidades locales y de permitir que sigan endeudándose. Es decir, vuelta atrás. Además, el grueso del gasto público discrecional de España (gasto tras pagar la Seguridad Social), se encuentra en las comunidades autónomas y éstas todavía no han afrontado frenar su gasto. En vista de lo cual, y sin mecanismos para exigir esa efectiva reducción del gasto público, sobre todo en un año electoral, cuesta creer en las proyecciones del déficit público de todas las administraciones públicas.

Por todo ello, es fácil otear otro tropiezo en la deuda pública española. Quizás, incluso, éste se adelante con motivo de la reacción del Gobierno ante la huelga general del próximo 29 de septiembre, o bien a consecuencia de unas negociaciones ruinosas para lograr aprobar los presupuestos generales del Estado para el año 2011. Ahora bien, lo que queda meridionalmente claro es que otro batacazo nos aguarda. Ojalá que cuando ocurra sirva para convocar unas elecciones anticipadas, solución imprescindible para rectificar la situación económica desoladora que atraviesa nuestro país.

Los mítines del fin de semana confirman que el PSC va a articular su campaña sobre las veleidades independentistas de Mas. CiU se escapa en las encuestas y la única manera de frenarle podría ser sacando a relucir sus escarceos soberanistas. Una estrategia eficaz porque aunque la Cataluña real está saturada de tripartito y harta de la inoperancia de Montilla, tampoco quiere saber nada de una independencia que solo es reclamada por minorías y egocéntricos sectores nacionalistas. La pena es que el president se haya dado cuenta tan tarde. Si en vez de pasarse la legislatura hablando solo en catalán se hubiera ocupado más de reivindicar el bilingüismo, cortando de raíz las atrocidades del tripartito en materia de sanciones y multas a los castellanohablantes, es posible que ahora tuviese alguna credibilidad y conservara esos miles de votos del cinturón de Barcelona sin los cuales el PSC no es nada. Al no hacerlo, su credibilidad esta mermada. Por eso es posible que, como indican los últimos sondeos, CiU baje y se aleje de la mayoría absoluta, pero también que ese retroceso no le sirva a Montilla para nada. Y es que la coherencia es fundamental en política. A los socialistas catalanes les hace falta una buena dosis de ella. Recurrir sin más al voto del miedo, como están haciendo ahora, puede ser eficaz, pero no restaura su imagen de partido coaligado cuatro años con el separatismo.

COMPARECENCIA EN EL CONGRESO
Las víctimas del terrorismo piden que la nueva ley descarte la negociación con ETA
Aportarán sus recomendaciones y sugerencias sobre el texto de la normativa que se está tramitando en la Cámara Baja
EFE | MADRID El Correo 21 Septiembre 2010

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, han reclamado a los grupos parlamentarios que el texto de la futura Ley de Víctimas del Terrorismo descarte cualquier nuevo diálogo o negociación con la banda ETA.
Los representantes de las distintas asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo han comparecido hoy ante la Comisión de Interior del Congreso para aportar sus recomendaciones y sugerencias sobre el texto de la ley integral de víctimas que se está tramitando en la Cámara Baja.

"Las fuerzas políticas deben comprometerse a que en el preámbulo de la ley se diga que nunca más existirá una resolución del Congreso que autorice a iniciar un proceso de negociación con ETA", ha exigido Portero en referencia a la resolución de la Cámara Baja de mayo de 2005. Una idea reiterada por Ángeles Pedraza que ha pedido que la exposición de motivos de la nueva norma deje perfectamente claro que "no se puede negociar con los terroristas", ni tampoco "pagar ningún precio político" por la paz.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Francisco Zaragoza, ha considerado "humillante" y una "afrenta" que el texto pactado por los grupos parlamentarios no cite de forma expresa a los agentes asesinados en atentado terrorista. "Creemos merecer una mejor atención por parte de los padres de la patria", se ha quejado Zaragoza, que ha advertido de que los policías y guardias civiles van "a trabajar", no a que les maten.

El PP comparte "al cien por cien" la reivindicación
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que su partido comparte "al cien por cien" la reivindicación planteada por las víctimas del terrorismo para que la futura Ley de reconocimiento y protección integral a las Víctimas del Terrorismo, que está tramitándose en la Cámara Baja, incluya una mención expresa contra una eventual negociación con ETA.

La dirigente 'popular' ha subrayado que su partido va a tener "muy presente" las posiciones que defiendan cada una de estas asociaciones y que procurará que esas impresiones se trasladen al texto, así como mantener el consenso que ha habido desde el principio en torno a esa futura legislación. Eso sí, la portavoz del principal partido de la oposición ha insistido en que el PP comparte al "al cien por cien" esa pretensión de las víctimas del terrorismo de que "no caben negociaciones" con ETA porque a los terroristas "hay que aplicarles la Ley". "Lo que ha servido para que la banda terrorista esté más debilitada es precisamente la eficacia de la Ley y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -ha remarcado-. Cuando se ha actuado así ha sido un éxito".

Notas sobre la catástrofe educativa
La socialización y, en el fondo, la conformidad con el grupo, ha pasado a ser el más alto objetivo del sistema; el conocimiento, en fin, es secundario.
andrés freire ABC Galicia 21 Septiembre 2010

¿Saben lo peor de todo? ¿Saben lo más triste que ocurre en nuestras aulas? Que los profesores se esfuerzan, y los alumnos estudian. Esa es mi experiencia tras varios años en las trincheras. Frente al tópico extendido, el común del profesorado trabaja con ahínco y el alumno medio estudia igual (o incluso más) que las generaciones anteriores. ¿Por qué entonces la constatable y constante bajada del nivel educativo en España?

Permítanme que adelante unas hipótesis:
Falta de propósito: La educación ha abandonado el objetivo de la transmisión de conocimientos para centrarse progresivamente en las actitudes, es decir la ideología. La socialización, y, en el fondo, la conformidad con el grupo, ha pasado a ser el más alto objetivo del sistema. La sociedad además gusta de usar los centros educativos para resolver problemas sociales —drogas, igualdad, salud, lenguas, medioambiente (…)—. Por no cansarles más con el ejemplo de la educación considerada como frente de «normalización» lingüística, permítaseme otro: nadie duda ya del fracaso de la coeducación. Los grupos mixtos funcionan mediocremente y varios países —Suecia, Inglaterra, Estados Unidos— están recuperando la segregación por sexos. En España, los pocos valientes que han osado proponerlo han topado con la respuesta de que «son más importantes los beneficios sociales de la coeducación (?) que los resultados académicos». El conocimiento, en fin, es secundario.

Mediocre organización: Consecuencia de lo anterior es que la educación en España es obligatoria y comprehensiva hasta los 16 años. Todos juntos y a la vez. Por consiguiente, en las aulas conviven alumnos de enorme mérito con saboteadores retenidos a la fuerza, muchachos que no tienen interés en lo que estudian e impiden que los demás lo hagan, muchachos que podrían estar ya preparándose para la vida laboral. El dogma ideológico lo impide. De ahí los cuatro años de ESO, verdadero agujero negro de nuestra educación. Añádase a esto, una enorme dispersión de materias, muchas inútiles, que impide ahondar en aquello verdaderamente importante, el banal papeleo que anega a los educadores, y la tediosa repetición de los mismos conocimientos curso tras curso. El resultado es un esfuerzo baldío y desmotivador.

Sistema obsoleto: Este es un problema que España comparte con todos. Vivimos en un mundo nuevo y distinto. El alumnado encuentra difícil hallar utilidad a los conocimientos que exige el canon académico. Además, los muchachos de hoy han sido educados en frente de una televisión, allí los dejaban sus padres con tres años para que les dejasen tranquilos. En consecuencia, su mente, aunque muy rápida y despierta, es más superficial; su capacidad de concentración y atención menor. Las nuevas generaciones precisan de otros métodos y otros contenidos. Cualquier cambio, empero, va a topar con la inercia burocrática española.
Estos apuntes, necesariamente breves, son solo notas para un debate sobre bases distintas a las habituales. Harto estoy de que cátedros que nunca han pisado un aula de la ESO escriban leyes para marcianos, y de que otros pontifiquen solo de oídas.

¿Sobran instituciones?
JOSÉ LUIS MÉNDEZ ROMEU La Opinión 21 Septiembre 2010

En España hay 8111 alcaldes y 65.300 concejales. Además, 1.500 diputados provinciales y 1.870 parlamentarios. Cada cuatro años son renovados 77.000 cargos públicos electos. De ellos dependen ministros y consejeros autonómicos así como la alta dirección de las administraciones, constituida por 194 secretarios de Estado, directores generales y asimilados en el Gobierno central, unos dos mil cargos en los gobiernos autonómicos y un número superior en los municipios. Además, los directivos de unos 4.500 entes y organismos municipales, 2.000 autonómicos, y 470 estatales.

Son casi 90.000 puestos que constituyen el objetivo de la lucha política. Se deduce la dificultad de intentar reducirlos. En 1982, el Gobierno tenía 190 altos cargos y 17 ministros, unos doscientos organismos autónomos y apenas existían las autonomías. El actual Gobierno de España tiene el mismo número de ministros y altos cargos, pero se ha multiplicado por 17 el número total de miembros de los gobiernos, altos cargos y organismos.

¿Son todos necesarios? ¿Es posible aunar eficiencia y austeridad reduciéndolos? En el Estado un tercio de los ministerios tienen escasas competencias: Sanidad, Educación, Cultura, Ciencia, Igualdad, Vivienda y Política Territorial. Algo similar ocurre en los ejecutivos autonómicos.

El desarrollo democrático ha dejado obsoletas instituciones como el Senado y las diputaciones, mientras ha consolidado otras como los ayuntamientos o las autonomías. Carece de sentido revitalizar aquellas aunque para suprimirlas sería necesario modificar la Constitución. Reducir los ayuntamientos no parece posible pues no lo desean las organizaciones políticas ni los ciudadanos se muestran favorables, temiendo que su desaparición fuese seguida de la pérdida de servicios muy apreciados: farmacias, colegios, puestos de la guardia civil y otros.

Mientras ese debate madura socialmente, podría seguirse el modelo de las fusiones frías de las cajas de ahorros, manteniendo la autonomía política local pero agrupando los servicios para ganar eficiencia y calidad. Porque la crisis económica lastrará aún más el funcionamiento de los municipios con menor población y no siempre habrá un Plan E para salvar la inversión.

La consolidación de la estupidez y del despilfarro
Nota del Editor  21 Septiembre 2010

Hablar de desarrollo democrático en España, donde sólo se ejercita una vez cada cuatro años dejando una papeleta en una urna que no tiene impacto alguno en la política, pues quien manda es la minoría nacionalista, es un insulto. Hablar de la consolidación de los ayuntamientos y de las autonomías cuando son la causa del desastre de España es un disparate y defender su permanencia en base a que no lo desean las organizaciones políticas, las únicas que se benefician del tinglado es una manera de insultar a la ciudadanía. Si a los ciudadanos nos preguntasen que queremos hacer con los ayuntamientos y las autonomías, ya habrían desaparecido.

Y para colmo hablar de que el Plan E ha salvado la inversión muestra un estupidez difícilmente igualable.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
De cómo ZP ‘El Exprimidor’ y sus mariachis reciben plomo socialista
Borja Sánchez-Trillo, www.gaceta.es 21 Septiembre 2010

Lo curioso de este lunes no era sólo que ‘El Siglo’, reducto de los viejos espadas del socialismo mediático, diera por amortizada a la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia.

Sino que dos nombres con ascendente dentro del PSOE sacaran a relucir la estaca para apalear bien al propio José Luis Rodríguez Zapatero bien a sus mariachis, de José Blanco a Alfredo Pérez Rubalcaba pasando por algunos otros, y otras, como dirían algunos con mucha corrección política.
Caída del cabello

A Zetapé le enfilaba directamente Gregorio Peces-Barba, que en ‘La Voz de Galicia’ volcaba toda su bilis contra el presidente del Gobierno. Decía el padre de la Constitución que Zapatero había roto la “tradición” crítica dentro del PSOE: “El sí bwana ha predominado sobre todo”. Según Peces-Barba, su nombramiento como Alto Comisario para las Víctimas del Terrorismo, donde cosechó polémica por sus modos hacia los que no se plegaban a sus deseos, fue “para quitarme de en medio”. Aunque él bien que lo aceptó y lo desempeñó. ¿Será un ataque de ‘celitis aguditis’? Algo de eso parece ser. No lleva muy bien que no le hiciera ni puñetero caso con lo del Estatut, porque él “le hubiera resuelto muchos de los problemas diciendo no a algunos de los excesos del Estatuto catalán antes de que llegara al Congreso”. Agua pasada no mueve molino.
Encuestas y brujos

Luego, para rematar, aparecía José Andrés Torres Mora en las páginas de ‘El País’ con un artículo titulado “Candidatos, encuestas y brujos” donde se empezaba entrando en materia: “Es perverso utilizar encuestas para elegir un candidato, porque la política no puede reducirse a una ciencia”. No quedaba ahí el asunto: “Si en el año 2000 los socialistas hubiéramos seguido el método de preguntar en una encuesta quién era el mejor candidato, lo más seguro es que nos hubiéramos perdido el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero”. Tampoco faltaban las referencias a esos brujos (¿por qué se aparecerán las caras de Blanco y Rubalcaba?) que “en una estrategia bastante reprobable, se han empleado a fondo en (des)calificarlo [a Tomás Gómez] como el candidato que prefiere la derecha”. Todo eso firmado por el hombre que fue jefe de gabinete de Zapatero y, por lo menos hasta hace cuatro días, su amigo personal. Y mientras el pobre Gómez hablando en el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco, del “extremismo político” que representa Esperanza Aguirre...
Zumos Zapatero

Por no salir del ambiente del PSOE, en ‘La Vanguardia’ Márius Carol firmaba una columna bajo el titular “El exprimidor de la clase media”. ¿Adivinan por quién iba? Es fácil. “Qué tiempos aquellos en los que José Luis Rodríguez Zapatero creía que bajar los impuestos era de izquierdas”, recordaba, para después advertir: “A todos se nos está haciendo larga la crisis, pero con estas recetas monclovitas dificilmente sobreviviremos a ella. Y de tanto sentirnos exprimidos, pronto conseguirá convertir en zumo nuestra paciencia”.
Labordeta al fondo

La muerte del profesor y cantautor hacía aflorar artículos de lo más diverso como último homenaje. No podían faltar ni el propio Zapatero en ‘El País’ ni la ministra Carme Chacón en ‘Público’, que lo calificaba como un “beduino afable” de la política en el Congreso de los Diputados. Tampoco faltaba el director del papel, Jesús Maraña, dispuesto a arrimar el ascua a su sardina: “Nunca se arrepintió de aquella salida de tono, porque en realidad la consideraba una definición de lo que merecen aquellos que utilizan la democracia sin creer en ella”. ¿Y quiénes no creen en ella, según Maraña? La derecha, los que se oponen a todo, los que no le hagan el ‘rendivú’ a sus protectores.
De nazis e ignorantes

Por ejemplo, los que no suscriban las ‘paridas’ de un Manuel Saco, que ayer volvía a dar muestras de digno sucesor de uno de los cuentistas del ‘Fray Lazo’. Le molestaba el atuendo del Papa porque “los nazis eran exquisitos con sus uniformes, porque eran conscientes de que ellos expresan mejor que las palabras su mensaje de orden y de pertenencia a una élite”, para luego volver a tildarle de “ex nazi”. Quería el susodicho vapulear a Benedicto XVI por su paso en unas Juventudes Hitlerianas en las que el alistamiento era obligatorio –incidamos en ello– para todos los alemanes. Ya ven qué originalidad. A algunos es que les pierde el anticlericalismo rijoso: “La mitad de los curas pederastas de Inglaterra y Gales continúa ejerciendo el sacerdocio”. La mayor parte de ellos, por cierto, pederastas homosexuales. Pero eso era mejor callárselo.
ETA, escondida

Otra cosa que andaba también medio escondida era lo de ETA, salvo en ‘El País’, donde le daban la primera plana: “Mediadores internacionales quieren verificar el alto el fuego de ETA”. Incluían también una entrevista con Patxi Zabaleta, de Aralar, donde éste alertaba: “Existe el riesgo de una escisión, modelo IRA auténtico. El destino de esa ETA sería el del IRA auténtico, marginalidad e ineficacia”. ¿No les suena a aquél juego macabro de una ETA ‘buena’ y una ETA ‘mala’?

¿El fin de ETA?
Carmen GURRUCHAGA La Razón 21 Septiembre 2010

ETA reedita el comunicado para conseguir mayor impacto mediático y más apoyo internacional. Demuestra su caradura al reiterar que busca una alternativa democrática, existente desde 1978 cuando se aprobó el Estatuto de Gernika. Goza de un régimen de autonomía que satisface las aspiraciones de la mayoría del pueblo vasco para expresar su sentimiento de pertenencia a una comunidad: ikurriña, euskera, deportes, fiscalidad, autogobierno... Pero si lo que pretende ETA es que Navarra sea parte de la Comunidad Autónoma Vasca, la banda debería entonar el «mea culpa» pues su brazo político pudo aprobarlo en el Parlamento Foral y se abstuvo para no aceptar las reglas de juego. Si lo que quiere es que el pasaporte diga Euskadi no hay un solo acto de violencia que justifique semejante pretensión. Si aspira a la independencia en un mundo cada vez más interdependiente, se va a quedar sola, porque la sociedad civil no le acompaña. Quizás, si en lugar de sembrar terror y asesinar hubiera actuado democráticamente, la historia vasca podría ser otra. Pero lo más importante es que ETA deponga las armas y decrete un alto el fuego permanente y verificable. El odio no lo combate más odio, por lo que la sociedad civil española podría apoyar el proceso final, teniendo en cuenta que los presos etarras no son presos políticos sino terroristas asesinos.

Etarras y mediadores
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 21 Septiembre 2010

El reciente baile de comunicados y gestos intercambiados entre la banda terrorista ETA y los llamados mediadores internacionales -en el que se pretende, sobre todo, organizar la agenda del Gobierno-, falla por la base: resulta imposible verificar un alto el fuego que no se ha anunciado oficialmente como tal.

Da la sensación de que los mediadores, imbuidos de una metodología que ha podido servir para ayudar a resolver otros conflictos, pretenden aplicar de manera mecánica una plantilla que no está acreditado que pueda servir para arreglar un terrorismo, el etarra, que es incomparable, desde luego, con un problema de la envergadura del de Sudáfrica. No hay dos conflictos iguales en el mundo y por ello parece imposible que pueda haber dos soluciones idénticas.

Parece que aquí, en Euskadi, existe un cierto nivel de discrepancia entre la trama política del mundo etarra, que quiere hacer política y estar en los ayuntamientos, y la dirección de la banda, empeñada en que le pidamos perdón por no sé qué, le demos las gracias por no matar y le justifiquemos alborozados medio siglo de sangre.

Si frente al anterior comunicado de la banda la respuesta del Gobierno fue detener a nueve supuestos etarras, podemos esperar que ante este nuevo emplazamiento de los terroristas haga lo propio.

Da la sensación de que etarras y mediadores escenifican gestos acordados en secreto de antemano con la idea de presentar a la banda ante la opinión pública como un grupo henchido de buenas intenciones, lo que obligaría al Gobierno de España a realizar gestos equivalentes en consonancia con esa supuesta buena voluntad.

Es cierto que tanto en la frecuencia como en el contenido de los comunicados etarras hay síntomas que hablan de su debilidad; es cierto que se pueden detectar indicios terminales en su palabrería y es evidente que este último comunicado ha tenido una repercusión ínfima en los medios de comunicación. En cualquier caso, no parece muy serio iniciar un proceso para el fin del terrorismo proponiendo «analizar conjuntamente los pasos que tienen que darse para una solución democrática», como dice el último comunicado de la banda. Este y otros latiguillos parecen prestados por los mediadores a los etarras. Si realmente se quiere dejar de matar, hay un camino que resulta más rápido y menos alambicado: anunciar oficialmente que se deja de matar; decir que la decisión es irreversible y que entra en vigor desde el minuto siguiente de emisión del comunicado. A partir de ese momento la situación cambiaría radicalmente y, después de un tiempo prudencial para verificar el anuncio, se abriría una nueva situación en la que se podría estudiar qué hacer con los presos de la banda, por ejemplo.

En defensa del tribunal supremo
antonio dorado picón vocal del consejo general del poder judicial ABC 21 Septiembre 2010

HOY, en el Salón del Plenos del Tribunal Supremo tendrá lugar una vez más el solemne acto de apertura del Año Judicial, que se celebrará bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, manteniendo así una tradición más que centenaria de comenzar de esta manera simbólica el curso judicial y precisamente en la sede de un tribunal que dentro de dos años cumplirá sus dos siglos de existencia.

Fue en la Villa de la Real Isla de León (hoy San Fernando) y bajo la amenaza del ejército napoleónico, donde tuvo lugar un hecho enormemente trascendente para la historia de nuestra Nación: la constitución de las Cortes Generales y Extraordinarias, que dos años más tarde, ya en la ciudad de Cádiz, alumbraron la primera Constitución española, la de 19 de marzo de 1812, primer espejo en el que se reflejó la voluntad española de vivir en libertad frente al absolutismo del Antiguo Régimen y en la que, rompiendo con nuestra tradición histórica de Administración de Justicia basada en los antiguos Consejos territoriales, se declaró que habría en la Corte un tribunal que se llamaría «Supremo Tribunal de Justicia», proclamando así enfáticamente en su propia denominación la supremacía que este Tribunal estaba llamado a tener en nuestro país y que la Constitución española de 1978, heredera de esta tradición, también ha querido mantener en su artículo 123 al señalar que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Mandato constitucional y tradición histórica de los que se desprende que la principal misión a la que está llamado el Alto Tribunal no es otra que la de mantener la unidad del Poder Judicial y del sistema jurídico al que sirve, evitando los particularismos, las desigualdades en la interpretación y aplicación de la ley y en definitiva la arbitrariedad.

Sin embargo, desde el propio nacimiento de la Constitución española de 1978 se han ido produciendo acontecimientos que emborronan ese diseño constitucional y la tradicional posición del Tribunal Supremo en la Justicia española.

De todos es conocido el larvado enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo por el reconocimiento de una posición de preeminencia jurisdiccional, enfrentamiento que se ha gestado en decisiones invasoras de la jurisdicción constitucional en ámbitos reservados a la jurisdicción ordinaria y que llevó a decir en artículo periodístico a quien había sido durante largos años magistrado del Tribunal Constitucional que «en España solo hay un Tribunal Supremo y no se llama así».

También la incorporación de España a las Comunidades Europeas ha contribuido en cierto modo a desdibujar el papel estelar reservado al Tribunal Supremo. El derecho comunitario se integra en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro y los tribunales nacionales deben aplicarlo con respeto a su posición de supremacía en relación con el derecho del Estado, pero no es al Tribunal Supremo al que le corresponde la última palabra cuando se trata de su interpretación sino que esa ingente tarea está reservada al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuya jurisprudencia debe ser respetada por todos, incluidas las Cortes Supremas de los Estados miembros, imponiéndose así un nuevo límite a la posición de supremacía de nuestro Tribunal Supremo.

No son, sin embargo, estas anotaciones las que alumbran el título de este artículo ni las que justifican que salga a la palestra pública a romper mi modesta lanza en su defensa, ni siquiera las recientes y soeces descalificaciones de las que ha sido objeto desde ámbitos periodísticos y políticos a cuenta de los procesos seguidos contra un significado juez, sino la reciente manifestación, por boca del ministro de Justicia, de la voluntad del Ejecutivo de modificar las competencias del Tribunal Supremo en materia de recurso de casación.

Esta reforma, aparentemente inocente, no pretende otra cosa que dar satisfacción a determinadas pretensiones nacionalistas, frustradas recientemente por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. No es este, desde luego, el primer intento en esa dirección. En la anterior legislatura ya se presentó un anteproyecto con esa finalidad y hace apenas unos meses el Ministerio de Justicia presentó un informe denominado de «Demarcación y Planta» en el que, en el último de sus apartados y pasando en cierto modo desapercibido, se hablaba ya de la necesidad imperiosa de reformar el ámbito de la función jurisdiccional del Tribunal Supremo para que la concentración y agotamiento de los asuntos en los Tribunales Superiores de Justicia pudiera ser completo. No hace falta añadir más para poner de manifiesto que la voluntad de desapoderamiento del Tribunal Supremo por parte de este Gobierno es evidente.

Como suele ocurrir en estos casos, el designio político viene adornado de razones técnicas y organizativas. Las técnicas consisten en una supuesta mejora del diseño legal del recurso de casación, que, como es sabido, constituye la competencia central de cualquiera de los Tribunales Supremos de nuestra tradición jurídica. Las organizativas, cómo no, consisten en reducir la carga de trabajo del Alto Tribunal, simpático señuelo que hace atractiva cualquier reforma en materia de Administración de Justicia.

Ninguna de estas razones se sostiene. La finalidad del recurso de casación no sólo se explica en la necesidad de proclamar formalmente la doctrina correcta en la aplicación de la ley en todo el ámbito estatal, sino también en garantizar de forma efectiva la doctrina legal en los casos concretos de mayor relevancia. Si no fuera así el Tribunal Supremo ni sería un tribunal ni tendría más supremacía que la de su propio nombre. Por su parte, las razones organizativas invocadas no se ajustan a la realidad de hoy de nuestro Alto Tribunal. La extraordinaria labor realizada por su Gabinete Técnico durante los últimos años bajo la dirección de los presidentes de Sala y la laboriosidad de sus Magistrados ha permitido reducir la pendencia de asuntos a menos de la mitad de los existentes en el año 2000 y hoy, con alguna excepción, puede afirmarse que constituye un ejemplo de celeridad comparado con las Cortes Supremas de otros países.

La Constitución de 1978 fue consciente del papel capital que correspondía al Tribunal Supremo en el nuevo sistema judicial, como paradigma de la Administración de Justicia en su conjunto, por lo que su desapoderamiento solo puede conducir a la pérdida de la garantía de unidad de acción de un Poder Judicial que se ha convertido en los últimos años en uno de los escasos elementos de vertebración nacional que nos quedan.

Si las Cortes de Cádiz alumbraron una España de libertad y con ella el Tribunal Supremo, que no sean las Cortes de hoy las que minen la preeminencia de un Tribunal que resulta imprescindible para el mantenimiento del Estado de Derecho y de los valores de justicia e igualdad en que se asienta.

Cartas desde la cárcel
Pende de un hilo la diplomacia para evitar que Teherán disponga de la bomba atómica
VALENTÍ PUIG ABC 21 Septiembre 2010

EL teócrata Ajmadinejad tiene quien le escriba desde las cárceles de Irán, aunque es inevitable que no escuche para nada esas voces de la libertad. Al contrario, avanza en la construcción de un «gulag» propio, en la senda fundamentalista de aquel Jomeini a quien cortejaron intelectuales europeos como Foucault, no carente de discípulos en España. Esas cartas desde la cárcel compondrán un plafón a la puerta de las Naciones Unidas cuando Ajmadinejad acuda esta semana a la Asamblea General para atacar una vez más el significado de Occidente, al gran Satán norteamericano y a sacar pecho con su futuro arsenal nuclear mientras mantiene a la disidencia en cárceles donde se tortura.

Abdollah Momeni, por ejemplo, es uno de los miles de prisioneros políticos por ser activistas del cambio demoliberal en uno de los regímenes más despóticos del mundo. Según las organizaciones pro derechos humanos, Momeni lleva un año injustamente encarcelado y pasa los días y las noches acurrucado en un rincón de su celda, entre dos sesiones de tortura, sin dejar de oír los gritos de dolor de los otros prisioneros del sistema iraní. Es el caso, por ejemplo, de Tavakoli, que lleva doscientos días en confinamiento solitario por haber «insultado» al líder supremo. Sus cartas consiguen ver la luz fuera de la prisión, y se desplazan por Internet. A pesar de los controles del régimen, las redes de Internet son hoy —como fue el «samisdat» o la fotocopiadora clandestina para la disidencia soviética— el instrumento para que el terror impuesto por Ajmadinejad sea denunciado en el mundo sin fronteras.

Siempre tiene que predominar una presencia funesta y destructiva en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como un peaje de la libertad a la naturaleza coactiva y tiránica que domina ciertas latitudes del mundo. En esta escenografía entre grotesca y terminal, Ajmadinejad lleva unos años como personaje de primera fila, siniestro privilegio para quien tiene a la ciudadanía iraní intentando que alguien lea tantas cartas escritas desde la cárcel. Ese es un género literario que, desafortunadamente, ensombrece la historia de la libertad desde hace siglos.

El Ajmadinejad que aterriza en Nueva York es el líder de una teocracia que lapida mujeres, ahorca homosexuales, quiere tener como sea su bomba atómica y sostiene toda una panoplia de grupos terroristas para atentar contra Occidente, especialmente contra Israel. Mientras tanto en Irán el descontento de las clases medias, de las elites ilustradas y del estudiantado crece a la par que la penuria económica y el derrumbe de la confianza nacional.

Pende de un hilo la diplomacia para evitar que Teherán disponga de la bomba atómica, como pende de un hilo la vida de esos iraníes encarcelados que intentan enviar sus cartas al mundo exterior, un mundo libre en el que la hipocresía alza sus castillos de naipes sin saber cómo oponerse efectivamente al Ajmadinejad que estará preparando su discurso para la Asamblea de la ONU con toda su impunidad, su primitiva y tosca provocación. Será que en Irán la prosa de verdad hoy se escribe en las cárceles.

La famosa guerra contra el gallego
Luís Ventoso La Voz 21 Septiembre 2010

Perder unas elecciones nunca es agradable. Y si tienes un plan a largo plazo para adoctrinar a la población con solo el 18% de los votos, mayor es el chasco. Resulta normal que el BNG saliese escocido de las autonómicas, y entra dentro de la lógica política que dé estopa a su sucesor. Pero la crítica ha de ejercerse desde un mínimo rigor. Hay argumentos para buscarle las cosquillas a Feijoo: sus inexistentes resultados ante el paro, cierta vuelta a la manga ancha con el territorio y la naturaleza, la endeblez de algunos conselleiros... Pero toda la crítica nacionalista -y pachista- enfatiza machaconamente un monotema: la nueva Xunta está en guerra contra el gallego, quiere acabar con él. Y eso no parece bien sustentado en la verdad.

Al igual que ocurría durante el bipartito, el nuevo decreto de Educación garantiza sobradamente que los alumnos aprenderán a hablar y escribir perfectamente en gallego, idioma en el que cursarán la mitad de las asignaturas. El gravísimo ataque consiste en que ahora las matemáticas se estudian en español y en que no se puede superar el tope del 50% en ningún idioma. ¿Supone ese retoque poner al gallego contra las cuerdas? No. El perfecto conocimiento de los dos idiomas está garantizado. Y si el cacareado fomento del inglés fuese algo más que un bla, bla, bla sin dotación presupuestaria, pues mejor sería aún para nuestros chavales.

Los dirigentes de la Xunta siguen teniendo el gallego como lengua de referencia en público (incluso los que lo hablan fatal y deberían estudiarlo en serio). Las partidas para la Real Academia Galega han subido. Se acaba de aprobar, por unanimidad, que el gallego sea la lengua de saludo de los funcionarios. El secretario de Política Lingüística es un independiente de perfil galeguista.

Si, como por desgracia ocurre, el gallego pierde fuelle, sobre todo en las ciudades (dramática su situación en Vigo y Ferrol), la culpa no es de otros que de todos nosotros, que voluntariamente renunciamos a nuestro milenario idioma. Si el idioma peligra es porque incluso muchos de quienes lo hablan no lo cuidan y castrapean. Si el gallego se desinfla es porque la clase dirigente sigue impermeable a su encanto y utilidad. Y si no lo valoramos más es porque somos un pueblo con bajo aprecio por lo suyo, que hace otro tanto con sus bosques, sus cascos vellos, sus rías y ríos y sus empresas.

El gallego no se va a salvar con artículos de padres de la patria autoinvestidos que se acuerdan de él en cabeceras de Madrid y en perfecto castellano. Además de en las escuelas, la clave está en las familias, garantizando la transmisión de padres a hijos, rota por el trauma de la dictadura. Estamos a tiempo. Todavía hoy es la lengua más utilizada en Galicia y nunca se ha escrito tanto y tan bien en ella. Pero no hay guerra. En todo caso sería más bien un suicidio colectivo, triste y lento.

Camacho, segundo de Interior, conoció el chivatazo a ETA minuto a minuto
 www.gaceta.es 21 Septiembre 2010

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, protegió a Gorka Aguirre, del PNV.

El documental Caso Faisán de Intereconomía TV ha levantado el velo del chivatazo a ETA por parte de policías al servicio de los intereses políticos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desvela, entre otras cosas, cómo los mandos del Ministerio del Interior, dirigido entonces por José Antonio Alonso, no dudaron en sabotear una brillante operación policial para desmantelar la red de extorsiones de la banda terrorista. El trabajo de unos 70 policías espiando el bar Faisán, realizando seguimientos, poniendo micrófonos y grabando conversaciones fue sacrificado porque no convenía perder el apoyo del PNV a la negociación con ETA que planteaba ZP. Este apoyo prestado por Josu Jon Imaz, secretario general del PNV, a Zapatero en Moncloa coincidió casi en cuestión de minutos con el chivatazo al propietario del bar, Joseba Elosúa. De haberse producido las detenciones ordenadas por el juez Fernando Grande-Marlaska cuando el correo de ETA iba a recoger “botellas de vino” (en el argot de los etarras por los millones recogidos mediante las cartas del impuesto revolucionario), hubiera caído toda la red investigada. Entre ellos, el histórico del PNV Gorka Aguirre, mano derecha de Arzalluz y con 20 años de permanencia en la Ejecutiva del PNV.

Aguirre, fallecido por una larga enfermedad, no sólo colabora con los extorsionadores llevando dinero al bar irunés, sino que brindó información sobre los titulares de algunas matrículas de coches camuflados de la Policía que seguían a los etarras. Según la Policía, obtenía esa información gracias a sus contactos con la Policía autónoma vasca. La operación del chivatazo fue planificada hasta sus más mínimos detalles. Se levantaron cámaras auxiliares en la trasera del bar o en el domicilio de Elosúa, en Behovia. Se utilizaron policías de “confianza”, uno de ellos el inspector José María Ballesteros, destinados en asuntos tan distintos como el grupo de islámicos de Vitoria. Uno de esos policías paró la grabación de la cámara principal instalada en unas oficinas a 200 metros del bar. Justo en el momento en el que Ballesteros entraba y salía del bar para ponerle a la oreja un móvil a Elosúa desde el que se le informó de que si cruzaban la frontera iban a ser detenidos en un control policial.

Papel de Pamies
Para el jefe superior en el País Vasco, Enrique Pamies, era una prioridad preservar la negociación y no incomodar al PNV en esos momentos. Sus policías de confianza siguieron sus órdenes, pero la conspiración falló porque olvidaron un micrófono en el coche de Joseba Elosúa. Esa grabación se ha convertido en la “prueba de cargo” que demuestra el chivatazo. Fue grabada automáticamente por los servicios de la policía en Madrid y esa información fue repartida a las bases de información policiales.

La existencia de esta grabación en la que Elosúa se sorprende del aviso de un txakurra (término despectivo con el que se refieren a la policía) no fue de conocimiento del juez instructor, Grande-Marlaska, hasta cuatro días después. El magistrado cesó a Telesforo Rubio como jefe máximo del caso.

A Grande-Marlaska le sustituyó Garzón, quien cajoneó las cintas durante mucho tiempo hasta que LA GACETA amenazó públicamente con mostrar los recibos de su juzgado conforme las cintas del Faisán habían sido entregadas en su juzgado el día del chivatazo. En el visionado, aparecieron dos cortes en la grabación policial, justo en los momentos incriminatorios para el inspector que entró en el bar.

Interior, ya con Alfredo Pérez Rubalcaba como titular, decidió premiar a, por lo menos, nueve policías envueltos en el caso Faisán. El más llamativo de todos los casos es el de Telesforo Rubio, ascendido hasta lo más alto del Cuerpo Nacional de Policía y luego enviado a Moscú, con 12.000 euros de sueldo al mes más gastos. Pero también hubo medallas, algunas vitalicias, sospechosos ascensos y traslados ventajosos. Interior condecoró incluso al fiscal que investigaba el caso dos meses antes de que éste, Carlos Bautista, solicitara a Garzón el archivo de la causa sin siquiera investigar el paradero de las grabaciones policiales del bar.

Pero no sólo se produjeron comprometedores premios en el Ministerio del Interior, sino también en el juzgado de Garzón. Elosúa, que fue detenido un mes más tarde de lo del Faisán en Santa Pola (Alicante), fue excarcelado por Garzón porque presentaba problemas de salud, concretamente un cáncer de próstata. Su trabajo en el acarreo del dinero para ETA sólo le supuso nueve meses de prisión. Aguirre, procesado por Grande-Marlaska y al que se impuso una fianza de 30.000 euros, vio como Garzón le rebaja la fianza para eludir la prisión a 12.000 euros, e incluso como era desimputado por el juez. Baltasar Garzón creyó su versión, según la cual no había participado en las extorsiones etarras ni llevado dinero a ETA –contrariamente a lo que sabía la Policía, que le acusaba de entregar 52.000 euros a la banda provenientes de la extorsión a dos empresarios navarros–. Aguirre incluso declaró que él había desaconsejado a algunos conocidos extorsionados que no pagaran a ETA. En el juzgado le avaló Xavier Arzalluz y varios dirigentes más del PNV.

Ahora, el caso Faisán depende del juez Pablo Ruz (el sustituto de Garzón en la Audiencia Nacional) y la investigación recobrará un nuevo impulso cuando la juez francesa Le Vert entregue a la justicia española los datos de los trabajos de la Policía francesa sobre la operación de mayo de 2006.

Las principales asociaciones creen que su constitucionalidad es dudosa
Las reformas para allanar el camino al Estatut irritan a jueces y fiscales
Madrid - Carmen S. Macías La Razón 21 Septiembre 2010

El Año Judicial se inaugura hoy con la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales de uñas por las reformas legales anunciadas por el Gobierno para sortear la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Y es que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que quiere impulsar el Ejecutivo para despejar los obstáculos legales al Estatuto catalán ha llenado de inquietud al mundo judicial.

Sin ir más lejos, tres de las cuatro asociaciones de la Judicatura y la mayoritaria agrupación de fiscales advierten a LA RAZÓN de que la modificación legal planteada para que los consejos autonómicos de Justicia puedan asumir competencias del Consejo General del Poder Judicial «puede acarrear un nuevo recurso de inconstitucionalidad».

Para el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, el Gobierno está tratando de «burlar de alguna manera la sentencia que dictó el Constitucional por medio de una reforma que podría provocar, incluso, otro recurso de inconstitucionalidad». Según indica, cualquier reforma del Poder Judicial debe tener unos «límites clarísimos» que están en las «competencias que establece la Constitución para el órgano de gobierno de la Justicia que no es otro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y éstas, no pueden modificarse por Ley orgánica ni ser transferidas ni delegadas a los consejos autonómicos», asegura. Son el «núcleo duro» que «la propia sentencia del TC dice que pertenecen al CGPJ» entre las que estarían los nombramientos, los regímenes disciplinarios... Sexmero lamenta que, si la Constitución ha garantizado la unidad judicial de los tribunales, «ahora por vía autonómica se intente quebrar».

En cuanto a la reforma de la casación asegura que podría hacerse por ley orgánica aunque «sin limitar la capacidad del Supremo para unificar doctrina, un papel que recoge la Constitución».

«Regatear la sentencia»
Respecto a este asunto, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) calificó ya de «extremadamente preocupante» los pasos del Gobierno para intentar rescatar el Estatut tras las sentencia del Alto Tribunal. Por ello, considera que lo que intenta el Gobierno es «regatear la sentencia con unas ideas difícilmente asumibles». A la APM le resulta paradójico que sea el titular de Justicia, Francisco Caamaño quien impulse esa reforma ya que antes de conocer el fallo del Estattut «se aburrió de repetir que era plenamente constitucional». En cuanto a reformar la casación considera que se correría un «grave riesgo si el papel unificador del TS se ve mermado» incurriendo incluso en una posible inconstitucionalidad.

Desde la Asociación de Fiscales, su portavoz Pilar Jiménez considera que el anuncio de reforma presentado por el Ejecutivo con el fin de adaptarlo al Estatut, ya cuenta con el pronunciamiento del TC «y no cumplirlo y buscar subterfugios para no acatar su sentencia no es tolerable en un estado de derecho, es un atentado contra él». Por ello, sugirió a Caamaño que siga los criterios que ya ha marcado el Constitucional. «El TC está democraticamente investido para garantizar la constitucionalidad de todas las normas de rango inferior a la Constitución. Cualquier norma que vaya en contra sería ilegal y mostraríamos nuestra oposición en todas las formas a nuestro alcance».

El abogado de los etarras refugiados en Venezuela es un gobernador amigo de Chávez
 www.gaceta.es 21 Septiembre 2010

El letrado Tarek William Saab contactaba con la banda en España a través de la viuda de uno de los asesinos de Carrero Blanco. En Cuba, la brigada de información tiene localizados a 14 etarras.

María Asunción Arana Altuna, alias Olivia, de 55 años y nacida en Mondragón (Guipúzcoa), es la etarra encargada de dirigir y buscar alojamiento a los pistoleros de la banda refugiados en Venezuela y protegidos por Hugo Chávez. Olivia pertenece a la vieja escuela de la banda terrorista y es la viuda de José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, uno de los asesinos que, en 1973, participó en la muerte de Carrero Blanco.

Según ha podido conocer LA GACETA de fuentes de la lucha antiterrorista, la viuda de Argala es la responsable del Comité de Deportados (etarras) de Venezuela, y, desde 1996, colabora directamente con el actual gobernador del estado venezolano de Anzoátegui, el abogado Tarek William Saab, de ascendencia libanesa e íntimo amigo de Hugo Chávez. El Gorila Rojo se refiere cariñosamente a él como “el poeta de la Revolución”.

En una comunicación intervenida por los Servicios de Información de la Guardia Civil en abril de 1996, el entonces responsable del área internacional de deportados de KAS (Koordinadora Abertzale Socialista), José Ramón Anchia Celaya, se dirige a María Asunción Arana y le da instrucciones para que contacte y use los servicios en Venezuela de Tarek William, abogado, “para que coordine los asuntos legales relativos ante posibles deportaciones desde Venezuela”.
Lo que Olivia jamás pudo imaginarse era que el nuevo abogado de la organización terrorista se convertiría en el gobernador del estado venezolano de Anzoátegui. Su militancia en partidos de la extrema izquierda venezolana les serviría de aval político ante su amigo Hugo Chávez.
Los negocios etarras

En el estado del que Tarek William es la máxima autoridad es donde habitan más etarras huidos de España, además de tener allí ubicados sus negocios. Durante mucho tiempo fue el Centro Vasco de Barcelona el lugar de reunión de terroristas autores de crímenes y masacres en España.

No es de extrañar el enfado de Tarek cuando recibió un auto del juez Velasco de la Audiencia Nacional que le exigía la entrega de varios terroristas residentes en la República Bolivariana.
Uno de los reclamados por el juez de la Audiencia Nacional es Arturo Cubillas Fontán, colocado por Chávez en un puesto de su Gobierno y cuyo nombre apareció en el ordenador intervenido al dirigente de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Roberto Reyes, cuando fue abatido por un comando del Ejército colombiano en el transcurso de un operativo contra el narcotráfico.

Cubillas comenzó siendo pescadero en el puerto pesquero venezolano de Güira como socio del también etarra Pedro Viles Escobar, alias Kepa, en la empresa Deusto Mar.

No debieron de acabar bien las relaciones entre ambos porque Kepa le reclamó durante mucho tiempo el pago de unas facturas a las que Cubillas no atendió debidamente a tiempo. La cuestión es que Hugo Chávez debió de reparar en él y lo nombró jefe de seguridad del Instituto de Tierras, creado por el mandatario bolivariano para arrebatar las fincas a sus enemigos políticos. Antes, Cubillas dirigió la oficina venezolana de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras.

La propia Olivia residía también en el estado de Anzoátegui, donde se trasladó desde su domicilio del edificio de la Concepción de la Barriada de la Candelaria, en Caracas (Venezuela). Por entonces era la jefa de ventas de la sociedad D. B. Andina, dedicada al suministro de diamantes y carbonos, cuyo responsable era Heliodoro Elcoro.

Olivia es viuda desde que el día 21 de diciembre de 1976 un artefacto explosivo colocado presumiblemente por miembros del Batallón Vasco Español estalló bajo el vehículo que conducía su marido. José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, nació en Arrigorriaga (Vizcaya) en 1949, intervino en numerosas acciones terroristas y murió de la misma manera que él mató recién cumplidos los 29 años.

Fuentes policiales confirmaron a este periódico que durante mucho tiempo se ha estado buscando a Olivia ante las sospechas de su colaboración activa con el desarticulado comando Madrid, al que tantos atentados se le atribuyen. Esta mujer llegó al país bolivariano a raíz de ser expulsada en 1989 de Argelia.

Antes de dejar este valle de lágrimas, Argala captó para ETA al peligroso pistolero de origen francés Henri Parot Navarro, que hoy cumple condena en la Prisión del Puerto de Santa María 3. Parot reconoció esta circunstancia cuando fue interrogado por agentes de la Guardia Civil tras su detención en Sevilla en 1990. Como homenaje a su maestro Argala, Parot bautizó a su comando con el apodo de su reclutador. En la actualidad está condenado a más de 4.800 años de cárcel por su participación en 82 asesinatos.

Cuando Parot fue detenido en Sevilla se le ocupó un vehículo cargado con explosivos con el que pensaba volar la Jefatura Superior de Policía de la ciudad hispalense.

José Ramón Anchia, el hombre que propició el contacto de la viuda de Argala con el actual gobernador del Estado venezolano Anzoátegui, fue condenado en 2008 por la Audiencia Nacional por su pertenencia a banda armada.
Puerto 3

Con Henri Parot comparten celda en la prisión del puerto algunos de los terroristas más sangrientos en la historia de ETA, entre ellos José Antonio López Ruiz, alias Kubati; José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri y Juan Lorenzo Lasa Michelena. Otros etarras menos conocidos que los anteriores les hacen compañía en el mismo penal, tales como José María Dorronsoro Malaxechebarria; José Antonio Embeita Ortuondo; Germán Rubenach Roiz; José Javier Zabaleta Elósegui; Javier Alegría Loinaz; Santiago Vicente Aragón Iroz y Jesús Arcauz Arana.

Estos etarras presos en el puerto de Santamaría 3 están considerados policialmente como una de las líneas duras de la organización terrorista. Todo ello pese a que Henri Parot, perteneciente al frente carcelario de ETA, se opusiera no hace mucho a secundar una huelga de hambre que ordenó la organización.

Fuentes de la lucha antiterrorista confirmaron a LA GACETA del peligro de que algunos de estos pistoleros refugiados en Venezuela o Cuba puedan reincorporarse a la banda. Buena prueba de ello es el caso de Lorenzo Ayestarán Legorburu, alias Fanecas y Pedro, que, después de residir muchos años en Venezuela, volvió a España y se incorporó en la estructura militar de ETA hasta que fue detenido junto con la cúpula de la organización por la Guardia Civil en marzo de este año en la región francesa de Normandía.

Otros dos de los etarras que figuran en la larga lista de los terroristas a los que protege el caudillo venezolano son Miguel Ángel Aldana Barrena, Askatu, y Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, alias Arbe y Botoco, reclamados por la Justicia española por su presunta implicación en varios asesinatos.

Askatu llegó a Venezuela procedente de Ecuador, donde compartió vivienda con Eugenio Etxebeste, Antxon, un ideólogo de la banda.

El pasado mes de septiembre, este colectivo de etarras huidos de la Justicia española y refugiados en Venezuela lanzó un comunicado mostrando su apoyo decidido y absoluto de suspensión de las acciones armadas ofensivas de ETA en España.
Bajo los Castro

Los agentes de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía tienen identificados en Cuba a un total de 14 terroristas de ETA que viven plácidamente y sin ningún temor en la isla.
El que más llama la atención de estos terroristas es el famoso Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, Apala. Después de cometer algunos crímenes, entre ellos el secuestro y posterior asesinato en 1977 del industrial vasco Javier de Ybarra Bergé, fue amnistiado por la Justicia española para volver a integrarse nuevamente en el sangriento comando Donosti y seguir matando. Javier de Ybarra era un hombre muy querido tanto en el País Vasco como en el resto de España, por lo que su muerte causó un fuerte rechazo popular.

Se le atribuye el asesinato en 1973 del también etarra Eduardo Moreno Bergareche, Pertur.
Cuando Apala huyó de las autoridades españolas, eludiendo así responder por los asesinatos que había cometido en nuestro país, recaló en la Nicaragua sandinista, donde intervino en la creación de los temibles servicios de espionaje sandinistas.

Desde allí, encontraría un nuevo refugio en la Cuba de los hermanos Castr
Conrado Gallardo, portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI) valora de forma «negativa» la reforma que trata de impulsar el Gobierno. «Ya advertimos de que era inconstitucional y que rompía la unidad del Poder Judicial», afirma. Desde el FJI lamentan que «con la que está cayendo», el Ministerio de Justicia «insista en dedicar toda su energía en una reforma con la que no va a mejorar el funcionamiento de la Justicia. El ciudadano no va a notar una mejoría de la Justicia».

Sin embargo, la posición de José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia es distinta al resto. Considera la reforma de los consejos autonómicos de Justicia como algo que «puede resultar positivo y ayudaría a profundizar en la descentralización». Asimismo cree que la reforma de la casación podría desatascar el trabajo del Tribunal Supremo y reforzar el papel institucional de los tribunales superiores de justicia.

Investigación La Xunta destinará 12 millones a la captación de científicos con más de 5 años de experiencia
Aportará a este programa fondos propios y europeos para ofertar 64 contratos por un período de 24 meses.
EFE La Voz 21 Septiembre 2010

La Xunta destina 12,28 millones de euros, entre fondos propios y europeos, a un programa para la captación de investigadores internacionales y gallegos en el extranjero que tengan una experiencia de, al menos, cinco años en el campo científico.

El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, acompañado por el director general de I+D+i, Ricardo Capilla, explicó hoy en rueda de prensa que el Gobierno gallego pretende dotar de «los mejores investigadores» en el panorama internacional a los centros gallegos de excelencia y fomentar el retorno de gallegos con una «exitosa carrera« forjada en el extranjero.

Guerra detalló que la Xunta ofertará 64 contratos por un período de 24 meses para que científicos desarrollen sus labores de investigación en once instituciones de investigación del sistema gallego de I+D+i, entre las que citó las tres universidades gallegas, el Centro de Estudios Técnico-Marítimos (Cetemar) y el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga).

El 30 por ciento de la dotación económica del programa 'TalentGalia', indicó Guerra, se destinará a la captación de científicos con más de 5 años de experiencia, mientras que el restante 70 por ciento se concentrará en la selección de expertos con más de 10 años de experiencia.

Guerra calculó en 85.000 euros los costes totales anuales por científico, incluidos gastos en concepto de desplazamiento.

Por su parte, Capilla matizó que los centros podrán añadir aportaciones económicas propias.

El programa estará vigente desde 2011 hasta 2014, aunque por el momento las instituciones están en fase de definir el perfil de científicos requeridos para sus proyectos para que los seleccionados concurran posteriormente al puesto en régimen de competencia, agregó Capilla.

El programa obliga a los centros de investigación a comprometerse a participar en la integración de los expertos, así como a retener al «mayor número posible de talentos», señaló Guerra, que adelantó que 'TalentGalia' es un proyecto complementario a la futura Agencia gallega de Innovación.

El conselleiro agregó que la iniciativa forma parte de la estrategia de la Xunta para incorporar investigadores de alto nivel de excelencia, pues aseguró que la «innovación empresarial» es un «elemento diferenciador» que llevará a Galicia a «otro estatus basado en el conocimiento y no tanto pura y exclusivamente en la producción».

Para la obtención de financiación, Guerra manifestó que la Xunta presentó este proyecto a un concurso europeo y recalcó que la propuesta gallega fue la segunda mejor valorada de todas las candidaturas concurrentes.

En su intervención, el conselleiro recordó que la Xunta invirtió este año 25 millones de euros a programas de recursos humanos de los que se beneficiaron 852 investigadores, e incidió en que fueron reforzados en la presente legislatura en un 104 por ciento con respecto a los últimos años del Gobierno anterior.

 ¿ Galicia ? No, gracias
Nota del Editor  21 Septiembre 2010

A ver que científico es capaz de hipotecar la educación de sus hijos, su futuro profesional y el presente de su esposa a causa de la imposición y valoración de la lengua regional a cambio de un plato de lentejas y algo de marisco de origen americano, canadiense, escocés, francés, argentino o así, y en un entorno yermo de libertad. Cualquiera que busque un poco sobre la Junta y las Universidades de Galicia se encontrará en el proceloso mundo donde el idioma español está castigado y la excelencia se mide en lengua regional.

Por un importe de 8.404 millones de euros
El bipartito dejó a la Xunta hipotecada hasta el 2049
Para cuadrar sus cuentas inflaron el Fondo de Suficiencia,atribuyéndose dinero de ayuntamientos y provincias
Galicia4.com, Periodista Digital 21 Septiembre 2010

En plena crisis, cuando hay que ser más austeros que nunca, el PSOE y al BNG hipotecaron a todos los gallegos

Cuando el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijoo, presentó los presupuestos de este año 2010 tuvo que hacer frente a múltiples críticas de la oposición por recortar partidas que ellos consideraban de primera necesidad.

Feijoo siempre ha hecho hincapié en la necesidad de esos ajustes para poder seguir adelante a pesar de la crisis, denunciando haber heredado del bipartito unas cuentas en números rojos y unos presupuestos hinchados.

Muchos pensarán que se trata de acusaciones propias de discursos electoralistas, pero los números hablan por sí mismos y a medida que se van conociendo nuevas auditorías se destapan más irregularidades.

Según publica el digital "extraconfidencial.com" el bipartito ha dejado la Xunta hipotecada por un valor de 8.804 millones de euros a pagar hasta el 2049, prestados en su mayoría por las dos cajas gallegas, especialmente por Caixa Galicia.

En plena crisis, cuando hay que ser más austeros que nunca, el PSOE y al BNG hipotecaron a todos los gallegos, obligándonos a devolver cuotas elevadísimas, cifradas, por poner un ejemplo cercano, en 365 millones en 2011 y 345 millones en 2012.

Y lo peor es que más de la mitad de la inversión es dinero perdido: la Xunta deberá pagar un 13,6% más en gastos financieros que en inversiones que generan riqueza.

¿Cómo cuadraba sus cuentas el bipartito?
Además de incrementar las partidas, inflaban los ingresos con los que supuestamente las iban a pagar. Mientras las previsiones iniciales de IRPF, IVA e Impuestos Especiales estaban infravaloradas el Fondo de Suficiencia estaba sobrevalorado, ya que incluía dinero ajeno: recursos que perciben los municipios y provincias por su participación en los ingresos del Estado.

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