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Recortes de Prensa   Sábado 25 Septiembre  2010

 

El gobierno de los demagogos
En el reino de la demagogia hasta los mentecatos pueden permitirse el lujo de resultar cínicos
JUAN MANUEL DE PRADA ABC  25 Septiembre 2010

TRAS probar sus dotes como profesor de semántica parda con esa lección descacharrante sobre los usos figurados de la palabra war, José Antonio Alonso nos brinda otro sofisma la mar de simpático, esta vez para justificar las concesiones del Gobierno a los nacionalistas vascos. Afirma Alonso que de la Tesorería de la Seguridad Social no saldrá ni un solo euro; que es tanto como si el portavoz del Ku Klux Klan afirmase, con perfecta seriedad, que de su organización no ha sido expulsado jamás un negro, en lo que no le faltaría razón, puesto que jamás ha ingresado ninguno. Con las concesiones al nacionalismo vasco no saldrá, en efecto, ni un solo euro de la Tesorería de la Seguridad Social; pues de lo que se trata es de que dejen de ingresarse cerca de quinientos millones. Tan burdo sofisma sólo puede ser formulado por un mentecato o un cínico; pero en el reino de la demagogia hasta los mentecatos pueden permitirse el lujo de resultar cínicos.

Demagogia es como llamaba Aristóteles, en su división de los gobiernos (Política, III, capítulo V), a la degeneración de la democracia. ¿Y en qué consiste la degeneración de un gobierno? En la perversión de su objeto, nos enseña el Estagirita. El objeto de un gobierno sano es la consecución del bien común; y el objeto de un gobierno corrompido es la consecución de intereses particulares. Un gobierno que satisface intereses particulares —y la satisfacción de intereses particulares siempre se logra a costa del bien común— es perverso por naturaleza; pero para ocultar la perversión en su natura, las demagogias de hogaño —mucho más sofisticadas que las que conoció o pudo imaginar Aristóteles— satisfacen simultánea o consecutivamente muchos intereses particulares, de tal modo que su adición proyecta un espejismo de satisfacción del bien común. Y así, por ejemplo, después de pactar con los nacionalistas vascos las concesiones que permitirán a Zapatero mantenerse aferrado a la poltrona, ya nos anuncia este gobierno de demagogos que otras regiones también podrán acogerse al régimen privilegiado del que disfrutará el País Vasco. De tal modo que, cuando todas ellas lo disfruten (¡y sin que haya salido ni un euro de la Tesorería de la Seguridad Social, oiga!), el gobierno de demagogos podrá satisfacer otro interés particular de los nacionalistas vascos, que a su vez será exigido desde otras regiones, en una espiral de reclamaciones impulsada por la fuerza motriz del agravio o la envidia.

Decía Quevedo que la envidia está siempre amarilla, porque muerde pero no come. Y lo mismo les ocurre a las sociedades en manos de demagogos, convertidas en un enjambre de reivindicaciones particulares que nunca deja a nadie satisfecho, porque basta que se satisfaga una para que el vecino se considere agraviado; y satisfaciendo al vecino sólo se logra agraviar al que primeramente se satisfizo, y así hasta la descomposición de la propia sociedad, que desposeída de la noción de bien común, deja de ser una «mancomunidad de almas», para convertirse en multitud de gentes enzarzadas entre sí en una guerra (war) de sucesivos intereses particulares que, aun colmados, nunca sacian del todo; o, mejor dicho, cada vez sacian menos. Pero el bien común, mordido por unos y otros, acaba convertido en despojo; como acabará esa Tesorería de la Seguridad Social de la que no saldrá ni un euro, según afirma con cínica mentecatez Alonso, profesor de semántica parda.
www.juanmanueldeprada.com

Después de Cádiz
Los españoles nos las pintamos solos para dar al traste con nuestros mejores éxitos; somos expertos en suicidios colectivos
IGNACIO CAMACHO ABC 25 Septiembre 2010

ERAN tiempos difíciles aquellos de hace 200 años, cuando se reunieron en la Real Isla del León las Cortes de Cádiz. Un país invadido, una ciudad sitiada y una nación dividida por la eterna zanja de la conciencia civil y política. Eran tipos heterogéneos que se miraban de reojo con desconfianza: los liberales, mental y moralmente afrancesados, escindidos en su interior por la tragedia de una patria dominada por extraños a los que en el fondo admiraban; los absolutistas servilones, nostálgicos del viejo orden revocado por la expansión napoleónica; los moderados burgueses, emparedados por la vieja dialéctica de los fundamentalismos; los indianos, incorporados más tarde en medio de un proceso irreversible de descomposición imperial. No fue grato ni fácil aquel encuentro de gente tan distinta en un momento tan delicado, con una España a punto de desangrarse por una herida de conflictos superpuestos, en una crisis de mera supervivencia. Y sin embargo, lo hicieron. Un pacto colectivo, una alianza de soberanía, un acuerdo de concordia, un sueño —demasiado hermoso— de libertad. A trancas y barrancas, y entre serios conatos de fundamentalismo cainita que presagiaban el desastre posterior, se las apañaron para inventar una nación nueva, ilustrada y libre.

Y luego ellos mismos la echaron abajo, claro. Sin tiempo para disfrutarla, más pronto que tarde, apenas expulsados los franceses, en cuanto los nuestros se quedaron a solas con los demonios de siempre. Los españoles no solemos necesitar a nadie para que nos ponga la soga al cuello. Nos las pintamos solos para dar al traste con nuestros mejores éxitos, somos auténticos expertos en demoliciones y suicidios. Las cuentas pendientes de aquel compromiso heroico y milagroso, los trágalas y demás radicalismos fanáticos se saldaron bien poco después con el habitual vuelco fratricida de ida y vuelta, con el maldito vaivén trincherizo de represiones vengativas y ajustes rencorosos. Ocurre de un modo cíclico en nuestra Historia: levantamos prometedoras arquitecturas de esperanza y las derribamos luego con una pasión autodestructiva incombustible y flamígera.

Como los fracasos no se conmemoran, nadie se acordará de lo pronto que España dio al traste con aquel prometedor orden gaditano. Celebraremos el bicentenario glorioso de la Pepa con un estruendo complaciente y orgulloso, pero no se descorrerán cortinillas ni se organizarán congresos que estudien cómo se estropea una obra maestra por culpa de la intransigencia, del sectarismo y de la irresponsabilidad. La retórica de los discursos creará un bucle de melancolía solemne en torno a los pioneros constituyentes y olvidará el desgraciado destino que sufrió su entusiasta inspiración iluminada. Y seguiremos sin aprender lo fácil que es destruir una convivencia cuando se pierde el sentido de lo que cuesta lograrla.

Falsear las cuentas para seguir arruinándonos
EDITORIAL Libertad Digital 25 Septiembre 2010

La ley de los Presupuestos Generales del Estado nació como una manera de limitar el poder y la discrecionalidad política. Se trata de un documento que establece las líneas maestras del gasto público a las que tiene que someterse el Ejecutivo durante un determinado ejercicio.

En España desde hace años, pero especialmente en esta última legislatura, los Presupuestos se han convertido en una representación teatral más de nuestros políticos. Son un trámite parlamentario que una vez superado da manos libres al Gobierno para que haga y deshaga a su placer. En ningún momento se espera que se cumplan, pues ya desde el comienzo se diseñan para ser incumplidos.

Previsiones macroeconómicas absurdas tras previsiones macroeconómicas absurdas, llevamos cuatro años en los que el Gobierno ha inflado de manera descabellada sus pronósticos de ingresos fiscales y sobre esa base de irrealidad ha aprobado cuantiosos despilfarros que no podíamos permitirnos bajo ningún criterio.

De aquellos lodos de falsedad hemos acumulado unos polvos cercanos a 200.000 millones de euros en nuevo endeudamiento. Dado que por prejuicios ideológicos no se quería recortar el gasto, se optó por anunciar que los ingresos iban a ser mucho mayores de lo que bajo cualquier prisma podía pensarse que iban a serlo.

El resultado de estas reiteradas mentiras ya lo estamos empezando a sufrir: si este año hemos padecido incrementos en los impuestos especiales, en la tributación del ahorro y en el IVA, para 2011 ya nos han anunciado recortes en algunas de las deducciones más importantes para las clases medias –como la de la vivienda– y aumentos en los tipos marginales del IRPF que afectan con especial intensidad a los trabajadores cualificados y, por tanto, a nuestro capital humano. Y, probablemente, esto sea sólo el principio, porque las estimaciones más optimistas ­­–las del Gobierno– consideran que cerraremos 2011 con un déficit presupuestario de 60.000 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a toda la recaudación anual por IRPF. Así pues, parece que las nuevas subidas de impuestos, más allá de las ya anunciadas, son inevitables bajo este Ejecutivo manirroto.

Pero lo peor de todo es que seguimos repitiendo ese ejercicio de autoengaño que tan caro nos ha sido: inflar ingresos para no tener que recortar despilfarros. El Gobierno asume que en 2011 creceremos un 1,3%, más del doble que la siguiente previsión más optimista de todos analistas. Siendo así, los ingresos serán de nuevo mucho menores de lo presupuestado y el déficit, en consecuencia, muy superior a esos 60.000 millones.

Las mentiras de Zapatero y Salgado de hoy son nuestros impuestos de mañana. El momento para pararles los pies debería ser ahora y no más adelante cuando el daño ya esté hecho (es decir, cuando la deuda pública ya esté emitida). Pero el PSOE ya se ha encargado de comprar el necesario apoyo del PNV para sacar adelante estos falseados Presupuestos.

Presupuestos «austeros»
Si nos ceñimos a la experiencia, la Ley de Presupuestos nace para no ser cumplida
M. MARTÍN FERRAND ABC

LAS terminales propagandísticas del Gobierno —tan hábiles, tan insistentes— aseguran que los Presupuestos Generales del Estado para 2011, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros, son austeros. No es ese un adjetivo que le cuadre al caso; pero, como se sabe, la confusión es pieza indispensable para explicar lo que tiene difícil explicación. Austero es, antes que nada, lo que se ajusta a las normas de la moral. No parece, a la vista de las dispendiosas partidas que lo integran, que los Presupuestos elaborados por Elena Salgado tengan esa característica. Si nos ceñimos a la experiencia, la Ley de Presupuestos, la que debiera marcar la conducta del Gobierno y las Administraciones a lo largo de todo el año, es una Ley que nace para no ser cumplida. Es, como mucho, un boceto que permite intuir la realidad venidera; pero, a diferencia con los países más solventes, en donde obliga a los administradores, aquí les orienta sobre poco más o menos.

Tampoco son sobrios y moderados estos Presupuestos. El déficit del Estado que prevén es del 9 por ciento sobre el PIB y eso, albarda sobre albarda, es mucha carga para la Nación. Las partidas del despilfarro siguen siendo muchas e inmensas y abarcan territorios que, en puridad, no entran en las competencias del Estado.

Nos está ocurriendo algo parecido, según lo cuenta Julio Verne, a lo que le pasaba al Capitán Nemo en sus 20.000 leguas de viaje submarino. A bordo del Nautilus creía comer solomillo de vaca cuando, en realidad, se zampaba uno de tortuga y, en el postre, las natillas, elaboradas con leche de ballena y endulzadas con algas del Mar del Norte, le resultaban idénticas a las de su abuelita. Después de mucho tiempo instalados en una economía irreal y tratando de mirar, para no verles, por encima de los cuatro millones y medio de parados, termina por confundirse la mermelada de anémonas con la de frutas del bosque. El Gobierno ha perdido la percepción de su entorno y, si alguna vez lo tuvo, el camino que se ajusta a su rumbo.

Estos Presupuestos resultan excesivos para quienes, con los pies en Europa, tienen conciencia de la gravedad del momento y la situación y parecen restrictivos para los que, tan insensatos como una olvidada ministra de Cultura del zapaterismo, piensan que «el dinero público no es de nadie». Naturalmente, de espaldas al Parlamento, como marcan los cánones de nuestra escasa y paródica democracia, los Presupuestos no se perfeccionarán con el debate. El Gobierno ya le ha comprado al PNV los apoyos precisos para que el Anteproyecto, sin más que un trámite litúrgico, pase a ser Ley. Tampoco es para cumplirla.

Ignorancia y sectarismo
Editorial www.gaceta.es 25 Septiembre 2010

José Bono ha instrumentalizado el bicentenario de forma partidista

Una de dos. O Bono adolece de una ignorancia supina o es un manipulador compulsivo. Porque quien presume de transparencia ha vuelto a oficiar una nueva ceremonia de la confusión, esta vez a cuenta del periodo de libertad que han disfrutado los españoles desde las Cortes a Cádiz hasta la Constitución de 1978. Según el calendario boniano, ha quedado reducido a 16 años. Y ayer se ratificaba en ello “guste o no le guste a quien lo escuche”.

No es cuestión de gustos, sino de datos. Y Bono no los da, a diferencia de historiadores y constitucionalistas que se preguntan por qué el político socialista no computa el medio siglo largo de Restauración iniciado por Cánovas, uno de los pocos periodos de libertad, todo lo limitada que se quiera, que ha gozado la España de los dos últimos siglos. Y por qué destaca, en cambio, la II República (ayer aludió a la Constitución de 1931). Una constitución aprobada sin la derecha y sin referéndum. Y que dio origen al régimen de la represión de Casas Viejas; de la Revolución de 1934, alentada por Largo Caballero –del PSOE– con un balance de 1.300 muertos; de la persecución y ejecución de católicos; o de –hay para todos los gustos– la desaparición de Andreu Nin, líder del POUM, desollado vivo por agentes de Stalin, con la complicidad de Juan Negrín, jefe del Gobierno –también del PSOE–. Éstos son datos “guste o no le guste a quien lo escuche”.

El problema es que Bono confunde libertad con democracia. En el canovismo hubo importantes avances de libertades cívicas, el turno de partidos y una monarquía constitucional, aunque no había democracia plena: faltaba, por ejemplo, el sufragio femenino, que no llegaría hasta 1931, como apunta Bono. Exactamente igual que en otros países europeos como la Inglaterra de la reina Victoria o la Francia de la III República. En cambio, en la España de Zapatero hay democracia formal, pero están ensombrecidas algunas libertades fundamentales (como la de hablar en castellano, la de los padres a elegir la educación para sus hijos o la de información: ¿qué pasó en el bar Faisán?, por no hablar de la falta de transparencia de determinados políticos, comenzando por el propio presidente del hemiciclo).

¿Ignorancia histórica o sectarismo? Conociendo la trayectoria de Bono, su astucia y el contexto de Memoria Histórica y exaltación de la II República del zapaterismo, sería ingenuo no ver aquí una instrumentalización partidista del bicentenario. La prueba más palpable es el camino elegido. Bono coló un discurso no pactado con los grupos parlamentarios como “declaración institucional”, y así figura en las actas de la sesión del jueves. Se aprovechó para ello de que todos los diputados, y el presidente del Gobierno, debían estar presentes en el hemiciclo para votar la Ley de Economía Sostenible. Una muestra de cesarismo, poco acorde con el espíritu liberal de las Cortes de Cádiz, y un burdo intento partidista de capitalizar el bicentenario, con la misma desfachatez con la que Zapatero trató de apropiarse de la victoria de la Selección de fútbol en Sudáfrica.

En suma, que a El Transparente siguen sin salirle las cuentas. Se olvidó del piso de El Campello (Alicante) cuando hizo su declaración de propiedades, y se salta ahora medio siglo de libertad en España (los 50 años del canovismo). Lo cual es especialmente grave, ya que la Restauración supone el nacimiento del parlamentarismo moderno en España, extremo que si alguien debía saberse de memoria, es precisamente el presidente del Congreso.

Eassy Eddie y el PNV
Alfonso Basallo www.gaceta.es 25 Septiembre 2010

Easy Eddie (Eddie El Tranquilo) era el abogado de Al Capone y medraba gracias a la violencia y la extorsión.

Llaman la atención las semejanzas entre el PNV y Edward O’Hare (1893–1939), más conocido por Easy Eddie (Eddie El Tranquilo). El primero es el que acaba de despejar el terreno a los proetarras, a cambio de salvar el culo presupuestario a Zapatero. Eddie era el abogado de Al Capone, y salvaba a su patrón de la cárcel, untando a medio Chicago.

Uno y otro se dedican a negocios legales. A la política, el PNV, y a los pleitos, Easy Eddie. En teoría, claro. Porque los dos se benefician indirectamente de la violencia y la extorsión. Sin Capone, el tráfico ilegal de alcohol y el reguero de fiambres, no habría Easy Eddie. Sin ETA y Batasuna, su entramado económico, su eficaz aparato de extorsión y sus víctimas, no habría PNV. Sin violencia, no hay nacionalismo, de aquí a Lima. El partido vasco y el abogado de origen irlandés cuentan con dos armas formidables: el miedo y los contactos. Sin miedo, no se hubiera mantenido en el poder tantos años el partido de Arana y el ayatolá Arzalluz.

Sin contactos, no funcionaría con la fluidez requerida la maquinaria del impuesto revolucionario. Y cuando las cosas se ponen feas y está a punto de fastidiarse el invento, alguien en Madrid descuelga el teléfono y el responsable de extorsión se libra de la trena. Contactos.

Easy Eddie y Capone eran el árbol y las nueces en versión Chicago año 30. El gánster cruzaba impunemente líneas rojas y se carcajeaba del Estado de derecho y el abogado medraba: sueldo respetable, lujos, poder político y hasta una casa que cubría una manzana de Chicago.

Pero aquí acaban las comparaciones. Porque a Eddie le dio un ataque de remordimiento, acudió a la Policía y tiró de la manta. Su testimonio fue decisivo para que la Justicia pusiera a Capone entre rejas. Años después, Eddie El Tranquilo apareció acribillado en un callejón. Mientras que el PNV se ha convertido en el árbitro de la política española, gracias a la sartén presupuestaria y a la ambición de ZP.

La cebolla funcionarial
Maite Nolla. www.gaceta.es 25 Septiembre 2010

Uno de los motivos por los que el cambio político que se avecina en Cataluña no debería despertar ningún entusiasmo, es que la llegada de CiU al gobierno no va a ser más que la vuelta de CiU. Cuestión nacionalista a parte, pensar que CiU puede mejorar en algo a los actuales gobernantes no se fundamenta en dato objetivo alguno.

Más bien al contrario, los gobiernos de CiU sólo se diferencian de las dos versiones tripartitas en que en CiU eran dos a repartir y aquí tres, incluso a veces cuatro. La cuestión es que los dirigentes de Convergencia pretenden hacer limpieza de algunos excesos del tripartito, que en la mayoría de casos no son muy distintos de los excesos de Convergencia cuando estaba en el poder. Vamos, el bombero pirómano, por recurrir al topicazo. Por ejemplo, Duran i Lleida ha sugerido que su partido va a eliminar las delegaciones exteriores que ellos mismos crearon en su tiempo. Porque ya saben que para el nacionalismo Madrid es el exterior, y ésa la fundó Pujol.

Pero quizás el anuncio más sorprendente sea el de la limpieza de funcionarios que quiere hacer el señor Mas. En su momento, el tripartito –especialmente, ERC- amenazó con algo parecido cuando relevaron a los convergentes firmando el infausto y antidemocrático pacto del Tinell. Sin embargo, consejerías y altísimos cargos a parte, la omertá entre nacionalistas se impuso y no se produjo, en absoluto, la purga que anunciaron socialistas, ecosocialistas e independentistas. Muchos altos cargos de CiU han seguido disfrutando de niveles 30, con fórmulas creativas como la integración o los concursos a medida que se hicieron durante la entrega de poderes que tuvo lugar en otoño de 2003. Al final, en la función pública en Cataluña y en sus derivados interinos o eventuales, se ha ido formando una especie de cebolla funcionarial, en la que los afines a CiU han encontrado acomodo. Por eso, lo que dice Mas no es creíble. Ni auditorías, ni levantar alfombras, ni purgas: mucho respeto.

Adiós, sindicatos (el gran simulacro)
Javier Orrico Periodista Digital 25 Septiembre 2010

Las gloriosas organizaciones sindicales de esta hora de España, dirigidas con mano firme por Tojo y Méndez, e ideológicamente alimentadas por las productoras audiovisuales catalinas y chiquilicuatres del entorno de Buenafuente (catalanes son el guionista y los intérpretes de los vídeos neozafios de la UGT, y por eso el malvado jefecillo que aparece tiene siempre un forzadamente vulgar acento del sur, imágínense qué hubieran dicho si una productora ‘española’ le hubiera puesto acento catalán a una patochada semejante…) han puesto sus fuerzas al servicio de dos conquistas esenciales y ya próximas:

1º Hundir al movimiento histórico de representación y defensa de los asalariados, que ya no levantará cabeza ni se recuperará del fracaso de esta huelga general, ni, sobre todo, del descrédito de unos sindicatos que todo el mundo identifica como lo que son y han sido: parte esencial del régimen zapaterista contra el que ahora fingen levantarse en lo que no será más que un inmenso simulacro. Las huelgas generales se hacen para derrocar gobiernos o no se hacen.

2º Salvar así a Zapatero, reafirmar su cínico cambio de política, ayudar al sostenimiento del más redomado hipócrita que vio nuestra democracia, esa anguila palaciega que ha hecho de los principios y las ideas una pista deslizante para su ascenso y solaz.

Este fiasco de los suyos, de esos sindicatos serviles a los que alimentó y le sirvieron de tumbona y empalizada contra las verdaderas reivindicaciones de la España que trabaja, o trabajaba, ha de resultar paradójicamente su principal refuerzo. Si nadie se opone a su voladura del Estado de Bienestar –del que durante seis años hizo emblema y señuelo, decorado y farsa-, si nadie sale a la calle, y nadie lo hará, para sumarse a la huelga general más justa y justificada de los últimos 35 años, entonces es que el Presidente cuenta con la aquiescencia de los españoles para expoliarlos después de haberlos arruinado.

Y así se publicitará. Tojo y Méndez habrán conseguido que el rechazo hacia lo que ellos significan, a su sostén incondicional y sicario de la sarta de mentiras que Z ha endilgado a España en estos años, se convierta en el arma principal con la que ese mismo Z acabará con cuanto les dio sentido. Tojo y Méndez se habrán inmolado, en dramática escena final de la opereta, para culminar su vasallaje al señor contra el que dicen rebelarse. Luego los mantendrá como a los títeres de la farsa, embalsamados, subvencionados y a sus pies para seguir conteniendo lo que hubiera debido ser un estallido social sin precedentes.

Además de, como es lógico, las pocas y minoritarias radios y televisiones opuestas a ZP y a la grey sindical (de la que hay que salvar a los sindicatos decentes, como USO, y a las organizaciones profesionales que han de ser el futuro), en todo el resto de medios, en el enorme complejo mediático del zapaterismo se repetirán hasta la saciedad las escenas y los datos del descalabro de los liberados.

Lo harán, ya digo, las televisiones y radios públicas controladas por el PSOE, y sobre todo los grupos de los progres millonarios que lo apoyan, el unánime consorcio nazionalista de los medios catalanes y vascos, y hasta las televisiones basura, interesadísimas en que los nuevos ídolos de los trabajadores ya no sean Nicolás Redondo y el gran Marcelino Camacho, dos hombres ejemplares, sino Belén Esteban, J.J. Vázquez, Cantizano, Jordi González y Carmen Lomana.

Será, pues, todo ese conglomerado capitalista-estalinista que ha constituido la división blindada del zapaterismo, el que se lanzará a devorar los restos de los cadáveres sindicales, el que llevará hasta la Moncloa en su pico los fragmentos de la derrota para que el Líder ‘Zupremo’ los incluya en su colección de purgados.

Allí el fantasma de la Izquierda Unida que lo avaló con su silencio y apoyo durante tantos años, y en la que ya no creen ni los suyos; allí, estos sindicatos que lo ensalzaron como defensor de los derechos sociales; allí, los homosexuales, a los que engañó con el matrimonio mientras endurecía el acceso real de las parejas de hecho, gays y heterosexuales, a las prestaciones y beneficios de la seguridad social, de lo que hablaremos en próxima entrega; allí, los nazionalistas, a los que azuzó contra España e ilusionó con la independencia, para luego refugiarse en el Tribunal Constitucional y echarles la culpa a los pardillos del Pepé; allí, la vieja guardia socialdemócrata, lacaya también, resumida en el brazo incorrupto de Alfonso Guerra alzándoe en Rodiezmo tras haber votado la reforma laboral; allí, en fin, el cadáver de España, esquilmada para reflotar bancos y cajas que debieron hundirse junto a las sanguijuelas que los sangraron.

Zapatero, siempre cobarde con los fuertes, es en cambio una trituradora que ha demolido a cuantos le han servido para satisfacción de su único objetivo: perdurar. Ha hecho lo mismo que Fidel Castro: reconocer que su sistema no sirve. No sirve el comunismo, que no sirvió nunca, y que hoy es ya sólo el espectro, la huella del crimen.

Pero tampoco sirve ya la socialdemocracia, y eso es todo lo que nos pasa. El sarcasmo consiste en que haya venido a revelar y administrar tan incómoda verdad uno de los mayores mentirosos de nuestra historia. Y que se subleven contra esa verdad, ya inocultable, quienes fueron sus cómplices en el engaño.

Bono
Libertad y libertades políticas
Pío Moa Libertad Digital 25 Septiembre 2010

Dice Bono, hombre de muchas propiedades, que España solo ha disfrutado de 16 años de libertad entre 1812 y 1978. Estaríamos dispuestos a creerle si pensásemos que en todo este período habían mandado en España gente como Bono y su padre, o políticos tan corruptos como sus correligionarios socialistas. Pero, afortunadamente, no ha sido así. Además reduce Bono la libertad al sufragio universal, que es un hecho extremadamente moderno en toda Europa, y que en España se remonta a 1890, uno de los primeros países europeos en implantarlo (dejando aparte declaraciones anteriores, en España y Europa, que no llevaron muy lejos). También el sufragio femenino se estableció en España (con la renuencia de los socialistas y las feministas de izquierda) antes que en Francia, por ejemplo. En cambio la Unión Soviética reconoció enseguida el sufragio universal incluyendo el femenino, por lo que, de acuerdo con el simplón Bono (simplón en estas cosas, en otras muy espabilado) la URSS sería, como aseguraba Stalin, el país más democrático del mundo.

Otra consecuencia de tan agudo análisis sería que el ser humano no habría conocido la libertad hasta ahora mismo, como quien dice, ¡y gracias a políticos como el mismo Bono, asómbrense ustedes! Estaría equivocado Sartre cuando declaraba al hombre "condenado a la libertad", o no sabría Cervantes de qué hablaba cuando sostenía que la libertad es "uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos". Y toda la abundantísima literatura y pensamiento que gira en torno al concepto de libertad durante milenios no habría pasado de ilusorio juego de palabras, pues, lamentablemente, nadie o casi nadie habría tenido libertad hasta hace cuatro días, como quien dice.

Lo que es bastante nuevo en el mundo no es la libertad, sino las libertades políticas más o menos elaboradas como "derechos humanos". Una concepción esta última bastante digna de debate, por cuanto descansa, por una parte, en una idea de ley natural, por la cual desde que existe el hombre existen esos derechos; y por otra se trata de una elaboración teórica y una aplicación práctica muy reciente.

Entre los derechos humanos no se cita el del freno al poder gubernamental para inmiscuirse, por ejemplo, en la privacidad de las personas: la "libertad de", expuesta por Isaiah Berlin. Se trata de la libertad personal, mencionada por Julián Marías, y que era ciertamente amplia en el franquismo, gracias, entre otras cosas, a que el Estado tenía un tamaño reducido en relación con el resto de la sociedad. Hoy, el Estado ha crecido desmesuradamente (6 veces mayor que el franquista, medido en número de empleados públicos, seguramente mucho mayor aún en gasto), y los políticos intentan regular hasta la conducta íntima de las personas, limitando nuestra "libertad de". En ese sentido, no todo han sido avances.

En fin, para ilustración del ignaro presidente del Congreso, la etapa más larga de libertades políticas disfrutada por España ha sido la del régimen liberal de la Restauración, cincuenta años, que sirvió al PSOE para organizarse, hacer propaganda, llegar a las Cortes, proponer atentados y buscar por todos los medios una dictadura propia; y otros regímenes liberales anteriores también disfrutaron de libertades, de forma más accidentada. Cabe decir que la dictadura de Primo de Rivera tampoco debió de ser muy opresiva, al menos no debieron sentirla así los socialistas, que colaboraron con ella. Ni tampoco la de Franco, si tenemos en cuenta que no había demócratas en sus cárceles, y que los socialistas no juzgaron oportuno luchar de algún modo real contra ella. Ha habido, señor Bono, mucha más libertad en España de la que ustedes suponen. Y encontramos que uno de sus mayores enemigos ha sido siempre el partido en que usted milita. No me diga que le sorprende.

Zapatero quiere estrangular a las comunidades del PP
Federico Quevedo. El Confidencial 25 Septiembre 2010

No recuerdo bien cuando lo dijo, pero hay una frase del que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid siendo Enrique Tierno Galván el regidor, Juan Barranco, que perfectamente se podría aplicar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la manera absolutamente antidemocrática con la que está tratando de mantenerse en el poder. Decía Barranco que “el poder solo corrompe a los corruptos, hace golfos a los que son golfos e inmorales a los que ya lo eran antes”. Rodríguez, perdonen que lo diga con esta crudeza, puede ajustarse a este retrato. No un corrupto en el sentido en el que lo entendemos habitualmente, sino en el de quien ha desvirtuado por completo el Estado de Derecho y lo ha vulnerado hasta el extremo de provocar una tensión institucional sin precedentes. No un golfo en el sentido delictivo del término, sino en el de aquel que se sitúa por encima de la ley. Y si un inmoral en el sentido de quien no tiene principios ni responde a motivaciones mínimamente éticas o morales.

Rodríguez sólo se mueve por un estímulo, el del odio, y ya escribía Víctor Hugo que “cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga”. Su afán durante todo este tiempo, desde que llegara al poder en 2004, ha sido acumular más poder e intentar aniquilar a quien pudiera hacerle sombra u oposición. Así, ha actuado como un auténtico killer para los suyos, y como un caudillo déspota para quienes discrepan de él y de sus políticas. Toda su obsesión se ha centrado en un único objetivo: aniquilar al PP, y para ello ha utilizado y va a utilizar todas las armas a su alcance. Eso significa aprovechar todas las circunstancias que le favorezcan en ese objetivo, aun incluso aquellas que puedan repararle otros daños. En ese sentido, la crisis económica, lejos de ser un impedimento, se puede convertir en un aliado coyuntural a la hora de conseguir ese fin. Y ya saben ustedes que, en su filosofía política, Rodríguez es un seguidor fiel del principio maquiavélico según el cual “el fin justifica los medios”.

Ya saben ustedes que, en su filosofía política, Rodríguez es un seguidor fiel del principio maquiavélico según el cual “el fin justifica los medios”

En los próximos meses, la Comunidad Valenciana va a protagonizar un importante vencimiento de bonos. Dado su elevado nivel de deuda, los mercados financieros ya le han dicho al Gobierno de la Generalitat que no van a renovar esa emisión, lo cual va a significar que, si no tiene liquidez, el Ejecutivo de Francisco Camps se va a ver obligado a reestructurar su deuda y, en el peor de los casos, declararse en quiebra. El asunto es grave no voy a engañarles. ¿Cómo se ha llegado a esa situación? Buena parte de culpa la tiene el propio Gobierno central que ha permitido a las Comunidades Autónomas elevar sus techos de gasto durante esos años atrás sin prever las consecuencias de esa política expansiva. Obviamente, el Gobierno Valenciano también tiene su cuota parte de responsabilidad. Pero la cuestión es que el Gobierno de Rodríguez, en lugar de ponerse a estudiar la situación y sus posibles soluciones con el Ejecutivo valenciano, a lo que se está dedicando es a airear sus dificultades en los mercados internacionales y a poner a la Comunidad Valenciana entre la espada y la pared.

¿Por qué? Es bien sencillo: si llegara a producirse una situación de suspensión de pagos, el Partido Socialista tendría un doble argumento ‘electoral’ contra el PP, es decir, que además de corruptos -por el ‘caso Gürtel’-, son malos gestores. Un argumentarlo que no solo le valdría contra el PP valenciano, sino en general contra todo el PP. De hecho, Rodríguez quiere que situaciones parecidas se produzcan en otras comunidades del PP como Madrid o en ciudades importantes como la capital de España o la de la propia Comunidad Valenciana, y de ahí la reciente medida de impedir a ambas volver a endeudarse a partir de enero de 2011, mientras que sí se abre la mano para que puedan hacerlo ciudades gobernadas por el Partido Socialista. El objetivo de Rodríguez es llevar al PP al estrangulamiento económico allí donde gobierna, en un condenable ejercicio de absoluta irresponsabilidad. El presidente está encantado pensando que eso pueda suceder, sin darse cuenta de que es igual a darnos todos un tiro en el pie. Lo es porque, de producirse esa situación, la que de verdad saldría mal parada es la imagen de España en el exterior y, sin lugar a dudas, volverían a reproducirse las tensiones sobre nuestra deuda soberana.

Eso, además de que tal situación pondría bajo la lupa al resto de comunidades autónomas, entre ellas Cataluña cuya situación financiera es igual que la valenciana, con la única diferencia de que no tiene que afrontar vencimientos de deuda inmediatos. Pero todo el mundo recuerda como este verano la Generalitat de Cataluña fue incapaz de colocar su propia deuda en los mercados internacionales. No estamos para andar con jueguecitos electorales. El asunto es de una extraordinaria gravedad, y pone de manifiesto la doblez ética de Rodríguez Zapatero, un gobernante capaz de trocear el Estado con tal de mantenerse en el poder, capaz de dar facilidades a los sindicatos para que la huelga general les salga medianamente bien y después volver a darse los acostumbrados abrazos a costa de desempleo colectivo y el drama de cientos de miles de familias españolas que no llegan a fin de mes, mientras Toxo se va de crucero de lujo y Méndez sigue vistiéndose en un sastre londinense con nuestros impuestos -que, no les quepa duda, van a subir porque el Gobierno necesita esa recaudación-. Además de un mal gobernante, Rodríguez se ha convertido en un episodio negro de la historia de este país. Echarle es un ejercicio obligado de salud democrática. Y mental.

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Elecciones
La Noria es la clave
Maite Nolla Libertad Digital 25 Septiembre 2010

La precampaña electoral en Cataluña empieza a ser más entretenida de lo que nos temíamos, por sorprendente. Tanto para lo bueno como para lo malo, la verdad. Por ejemplo, nunca hubiéramos imaginado que el debate entre los dos aspirantes a presidir la Generalitat se pudiera trasladar a La Noria. Como me decía un amigo esta tarde, La Noria es como La Clave, pero en 2010, valga el juego de palabras. La noticia es que Montilla seguirá los pasos de Artur Mas y parece que ya ha confirmado su presencia en el programa de Telecinco. Mucho nacionalismo y mucha tevetrés, para que los candidatos más o menos nacionalistas acaben jugándose los cuartos en un programa de entretenimiento español. Eso sí, con gran indignación de la directora de la televisión nacionalista y de su presentador estrella, que han reaccionado como Àngels Barceló y Francino cuando se negaron a entregar el premio Ondas a Jorge Javier Vázquez. Telecinco será lo que sea, pero al menos es una televisión privada. Lo otro es un centro de adoctrinamiento permanente, pagado, incluso, por los que no nos queremos dejar adoctrinar. Y a partir de ahí cualquier comparación es odiosa. Entre intentar durante años crear con dinero público una realidad que no existe para convencernos de que lo que es minoritario es lo que piensa la mayoría, y los programas, a veces zafios y cutres, preferiría no tener que elegir, la verdad; pero si hay que elegir, me quedo con los que se pagan sus cosas con la publicidad.

La cuestión es que La Noria no es como los aburridísimos desayunos con la prensa en Madrid, de poca repercusión popular y con un exceso de zumo de naranja, que a esas horas tiene que sentar fatal; La Noria es lo que ve la gente que pone la tele el sábado por la noche en Cataluña. Porque si no fuera así, los dos candidatos no hubieran decidido que les puede hacer más bien que mal dejarse entrevistar allí. Como hizo Blanco, antes de garantizar la huelga de los sindicatos, en verano, en plena guerra con los controladores.

La vida te lleva por caminos raros, que dice Quique González, y unan a este traslado del campo de batalla la voluntad de ambos candidatos de expulsar cualquier relación con el independentismo. El mismo amigo que me decía lo de La Noria y La Clave, también me comentaba que Montilla fue convocar las elecciones y ponerse a hablar en castellano. Y hasta CiU en Sant Cugat ha moderado su discurso y ha rechazado una moción de ERC que quería declarar al municipio moralmente excluido de la Constitución, por la sentencia del estatuto y todo lo que ustedes ya imaginan. Lo que sucede es que siempre hay alguno o alguna que no se entera, y Marta Ferrusola, la reina madre del nacionalismo, se ha declarado independentista, por supuesto en tevetrés. Ya saben, éramos pocos....


******************* Sección "bilingüe" ***********************

ETA busca credibilidad
Pablo Mosquera. La Voz 25 Septiembre 2010

El último comunicado de la organización armada es prueba inequívoca de tres hechos: el comunicado anterior, tan esperado por anunciado, al no decir con rotundidad que cesaba definitivamente la violencia -alto el fuego verificable- dejó fuera de juego, definitivamente, a la organización militar, que despreciaba el propio sistema asambleario seguido por las bases de la izquierda aberzale para establecer un nuevo tiempo en las construcción de la Nación Vasca, donde la violencia no era admisible y, más que nunca, el obstáculo para la participación política del constituido polo soberanista.

ETA sigue su pugna, más o menos larvada, con los sectores políticos posibilistas de la izquierda nacionalista radical por el control del proceso final y futuro sobre el conflicto vasco, parte del mismo enunciado en la denominada Declaración de Bruselas. Pero es que tal declaración impone a ETA el alto el fuego permanente y verificado, sin condiciones, irreversible, precisamente para que puedan entrar en funcionamiento las siguientes vías democráticas y no violentas para resolver el contencioso.

ETA, que es consciente de su debilidad en todos los frentes, en su propio entorno y ante los mediadores, recurre al único camino que le queda. Intenta que tales mediadores, encabezados por Brian Currin, le reconozcan cierto grado de interlocución; de ahí el contenido del comunicado de los pistoleros del 19 de septiembre, en el que se invita a estudiar juntos los pasos que necesita el proceso democrático, incluidos los compromisos que debe adoptar la banda. Evidentemente, tal banda trata de ganar tiempo y recuperar credibilidad, esta vez, lejos de Euskal Herria.

Mientras, la sociedad vasca se acostumbra a vivir sin ETA, a normalizar sus relaciones sociopolíticas en clave pragmática, de autogobierno útil al desarrollo, capaz de generar riqueza y trabajo, olvidando rápidamente aquellos síntomas de paranoia subcultural propios del miedo a la intervención de ETA y su entorno.

En este nuevo escenario sociológico, es posible que las elecciones forales y municipales arrojen cambios tendentes a situar al País Vasco en la senda de otras comunidades, si bien sigue siendo necesario el acuerdo PP-PSE para mantener las infraestructuras de la alternancia hacia la democracia integral.

No imponer, no impedir
PATXI BAZTARRIKA GALPARSORO El Correo 25 Septiembre 2010

Ante todo, deseo agradecer a J. M. Ruiz Soroa la atención que, aun desde la más profunda discrepancia, ha prestado a mi libro 'Babel o barbarie'. No obstante, es obligado señalar que Ruiz Soroa (EL CORREO, 18-9-10) me atribuye una intención que no figura ni en mi libro ni, por supuesto, en mi ideario: «Obligar a los otros a hablar euskera (?) al vasco monolingüe se le obliga a aprender y usar el euskera». Nada más lejos de mi ánimo y de mi texto: soy partidario de garantizar el conocimiento y uso del euskera (y del castellano), no de imponer su uso (ni el del castellano). Soy partidario de promover -no tan sólo 'permitir'- el uso del euskera, pero no de imponerlo. Soy contrario a la imposición, incluida la imposición pasiva, que ciertas prácticas monolingües llevan aparejada.

Dicho esto, merece la pena desgranar algunas reflexiones al hilo de las objeciones planteadas por Ruiz Soroa. En primer lugar, resuelve la colisión de derechos que se produce entre el bilingüe que opta por vivir en euskera y el monolingüe que no puede utilizar esa lengua haciendo prevalecer el derecho del monolingüe sobre el del bilingüe, a quien prescribe una dosis de resignación, puesto que «tiene garantizado en todo caso el valor comunicativo porque puede hablar en castellano».

Pues bien, esa situación es, precisamente, lo que una política lingüística orientada hacia la cohesión social debe eludir y, si llegara a producirse, corregir. Y es que, como bien apunta Ruiz Soroa, todas las políticas públicas «necesitan de una justificación», especialmente en democracia. Y ¿qué mayor o más noble o más democrática justificación puede existir para una política pública que el deseo ampliamente mayoritario de una sociedad? Otra cosa es, claro está, la legitimidad de la política lingüística de fomento del multilingüismo en Euskadi (es decir, de fomento del conocimiento y uso del euskera) que se propugne. Y haría bien Ruiz Soroa, y cualquiera, en tachar de ilegítima la que yo propugno si ésta impidiera al monolingüe mantenerse aferrado a esa limitación. ¿O es que alguien consideraría lesivo para los derechos de nuestros niños y jóvenes el hecho de que se programe la enseñanza del inglés, geografía, literatura o matemáticas en nuestro sistema educativo, bajo el argumento de que pueden existir alumnos (o padres y madres de alumnos) que no deseen adquirir conocimientos en tales materias? O, en otro orden de cosas, ¿debería depender de la voluntad de uno u otro contribuyente 'perjudicado' que determinado gobierno decidiera aplicar, pongamos por caso, una política fiscal progresiva en bien del equilibrio social? Obviamente, no.

La cuestión de las lenguas es un tema sensible, al que necesariamente debemos aproximarnos con cautela y responsabilidad. Debemos aproximarnos con el único objetivo de la convivencia, huyendo como de la peste de cualquier perspectiva que sirva para ahondar en el conflicto. En nuestro caso, un país con una lengua propia y dos lenguas oficiales, la única solución sostenible y armónica consiste en dar con el punto de equilibrio entre ambas lenguas y, en consecuencia, garantizar efectivamente la igualdad de oportunidades para vivir en cualquiera de ellas, sin imponer ni proscribir ninguna. Ciertamente, la búsqueda del equilibrio entre ambas es la solución más difícil y compleja, pero es también la única legítima y eficaz.

Pero la complejidad de una política lingüística legítima y eficaz como la que propugno -una política lingüística de fomento del euskera y respeto a todas las lenguas y a las opciones lingüísticas personales de sus hablantes- no radica, como parece sugerir Ruiz Soroa, en la manera de dilucidar si «el poder público tiene derecho a convertir (al monolingüe) coactivamente en bilingüe». De hecho, si algún derecho asiste al poder público es el de allanar los obstáculos que la cohesión social halle en su avance, y lo que propongo en 'Babel o barbarie' es, precisamente, que la superación de esos obstáculos en materia lingüística se base más en la persuasión y el máximo consenso social que en meros procedimientos coercitivos. Ahí estriba la complejidad de la tarea.

No es aceptable que las personas bilingües vean mermados sus derechos por el hecho de serlo. Al bilingüe no cabe imponerle el uso del castellano «porque también sabe castellano», pues sólo a él le corresponde el derecho de optar entre ambas lenguas. Es decir, la condición de bilingüe no puede acarrear una duplicación de obligaciones y una restricción de derechos.

Dicho de otro modo: cualquier adulto puede negarse a utilizar el euskera y a aprenderlo, pero no puede pretender que la política lingüística que la mayoría social demanda se base en esa actitud de rechazo práctico hacia una de las lenguas oficiales de la comunidad. Ni mucho menos puede pretender que los responsables de encauzar la política lingüística renuncien a hacer de ella una contribución a la armonía y cohesión social, y no una herramienta de restricción de derechos.

La política lingüística se ha abordado entre nosotros durante estas tres décadas, no sin problemas, no sin disfunciones, pero en un clima de integración y con un sentido de la moderación elogiados en todo el mundo. Entre todos hemos conseguido que las luces prevalezcan claramente sobre las sombras, se mire por donde se mire. No echemos a perder ese enorme capital de avance del euskera en concordia y entendimiento. Poco o nada bueno aportan las actitudes negativas o displicentes ante las lenguas diferentes a la que cada cual considere propia. Poco o nada bueno aporta observar la diversidad lingüística como una anomalía. La cohesión social exige de todos nosotros un serio compromiso con la diversidad, también en materia lingüística, ejerciendo los derechos pero asumiendo las obligaciones, porque sabido es que los derechos sin sus correlativas obligaciones no son derechos, sino privilegios.

Hagamos el camino sin imponer usos ni privilegios lingüísticos propios de anhelos monolingüistas, sin impedir el ejercicio de los derechos lingüísticos reconocidos a la ciudadanía vasca y reclamados mayoritariamente por ella. Será, sin duda, una contribución histórica del pueblo vasco a la historia moderna de la democracia.

Garantías constitucionales
Nota del Editor 25 Septiembre 2010

Hay que ver los medios que ponen a disposición de los normalizadores de anormales para difundir su virus benefactor (para sus bolsillos), cualquier cosa que presentan al periódico se lo publican y a los que defendemos los derechos constitucionales y humanos nos silencian incluso si intentamos pagar la publicación. Este normalzador disfrazado dice "soy partidario de garantizar el conocimiento y uso del euskera (y del castellano)", y siguiendo su argumento, somos muchos los partidarios de garantizar el conocimiento del cálculo diferencial, integral, vectorial, primeros auxilios, cirugía plástica, botánica, bromatología y si piensa viajar a USA, además de inglés, ganar al póker.

Nacionalismo de élite
CESAR GARCÍA MUÑOZ - EL MUNDO  25 Septiembre 2010

La quema de una foto del Rey -así como de una bandera y de una Constitución españolas- durante la marcha independentista celebrada el sábado con ocasión de la Diada alimenta el falso estereotipo que mucha gente tiene respecto a los catalanes. Los últimos resultados de la encuesta del CIS en Cataluña, en los que se ponía de manifiesto que alrededor del 80% de los catalanes compatibilizan la identidad catalana y española, fueron destacados con gran profusión por todos los medios de comunicación. No deja de resultar curioso que un dato tan conocido desde hace décadas tuviera tanta repercusión. Y es que a muchos españoles que nunca han viajado a Cataluña y que se guían por lo que dicen sus políticos sobre el Estatut para medir el clima de opinión en esta región, esa noticia les dejó perplejos. A muchas personas todavía les cuesta creer que en la ciudad de Barcelona se escuche hablar más en español que en catalán o que no pocos taxistas pongan la COPE en sus vehículos.

Entonces, ¿por qué los políticos catalanes son cada vez más nacionalistas y les funciona? ¿No debería regir en política, al igual que en otros órdenes de la vida, la ley de la demanda?

La peculiaridad de la situación catalana es que es posible la coexistencia de una clase política muy radical y una mayoría más o menos moderada de la ciudadanía que, aunque no comparte o es indiferente a esos planteamientos, hace posible que salgan elegidos esos representantes. Todo ello es posible porque el nacionalismo catalán, al contrario de lo que se dijo durante la Transición, nunca fue un movimiento de masas, sino un fenómeno promovido por una élite de la sociedad catalana.

La teoría de la desconexión entre las élites políticas y una mayoría del electorado no es, por otra parte, un asunto nuevo. En su libro La desmovilización de los votantes americanos publicado en 1989, Michael Avey demostró empíricamente que la razón por la cual los votantes norteamericanos iban a las urnas en tan baja proporción no era tanto debido al menor nivel educativo de estas capas de la población sino a la desatención por parte de la clase política de sus problemas reales. Avey defendía en este libro que si la élite política norteamericana hubiera sido más receptiva a las demandas de la clase trabajadora, la participación electoral en este país podría haber sido de media del 80% en lugar del habitual 50%.

Una situación que se agudiza particularmente en Cataluña, donde la desmovilización no sólo es electoral sino también civil. Y esta desmovilización, sin ánimo de simplificar en exceso, afectaría fundamentalmente a un amplio sector de la población perteneciente a la clase trabajadora castellanohablante, de menor renta y formación, es decir, el grupo social menos nacionalista.

Éste es un dato por el que suelen pasar de puntillas, o al menos superficialmente, los análisis realizados por políticos y periodistas. Si nos fijamos en los datos del perfil del abstencionista en el referéndum sobre el Estatut encontramos una fuerte correlación entre su pertenencia a la clase media-baja, su grado de desinterés hacia las cuestiones identitarias y la identificación con España como primera comunidad de referencia. Según la encuesta realizada por el Centre d'Estudis d'Opinió con posterioridad a la votación del Estatut, el 60% de los abstencionistas -recordemos, un 50% del censo electoral- decía sentirse tan español como catalán o incluso más español que catalán. Además, una mayoría de ellos, el 72%, tenía al menos uno de sus padres nacidos fuera de Cataluña. Sólo el 5% de los miembros de este grupo tenía estudios universitarios y la mitad únicamente había cursado estudios primarios.

Aunque en los sondeos que los periódicos catalanes suelen realizar periódicamente acerca del sentimiento identitario suele observarse de pasada que el mayor porcentaje de nacionalistas se encuentra entre la población catalanohablante y que en general tiene más antepasados catalanes, lo interesante es que más que criticar el carácter excluyente o elitista de esta circunstancia, se observa una suerte de lamento por no haber sumado al movimiento a capas más amplias de la población. Lo interesante del caso es que este carácter elitista del nacionalismo catalán no sólo tiene un carácter, digamos, etnolingüístico, sino pura y directamente de clase.

En un estudio relativamente reciente (y raro dentro de la corrección política imperante en el mundo académico) publicado en 2007 en la revista Nationalism and Ethnic Politics, Thomas J. Miley, del Centro de Estudios Constitucionales, se permitía cruzar las variables de nacionalismo y estatus socioeconómico. El resultado no dejaba lugar a dudas: el sentimiento nacionalista en Cataluña era mucho más alto entre la élite política y funcionarial que en el resto de la población.

Un dato interesante es que, de acuerdo a este estudio, los castellanohablantes o nacidos fuera de Cataluña que pertenecen a esta élite burocrática, especialmente los profesores, son más proclives al nacionalismo que el resto de sus conciudadanos.

Es decir, estaríamos hablando en toda regla de un nacionalismo impulsado por una élite fundada en el estatus y/o la pertenencia etnolingüística cuya desmovilización de la parte opositora se habría logrado, eso sí, por métodos absolutamente cívicos y pacíficos: la creación de un clima de opinión en el que la primacía del discurso identitario habría alienado a la parte de la población con preocupaciones más urgentes en temas como sanidad o educación.

Sirvan como ejemplo dos datos, la esperanza de vida es hasta 10 años mayor en distintos barrios de la ciudad de Barcelona y Cataluña es una de las comunidades donde el nivel económico determina en mayor medida el acceso a la educación universitaria.

Los procedimientos de creación de este clima de opinión desmovilizador son conocidos: la creación de un grupo potentísimo de comunicación, líder en términos cuantitativos, de carácter público (la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales emplea aproximadamente al 25% de los profesionales del audiovisual en Cataluña); las subvenciones directas o vía publicidad institucional a diarios locales; la creación de símbolos e instituciones locales cuyo objetivo no es tanto complementar como sustituir a las españolas; los subsidios públicos a organizaciones de la llamada sociedad civil que financian estudios (Òmnium Cultural pagó a un académico canadiense de renombre para escribir un libro demostrando que Cataluña es una nación) y organizan eventos que impulsan el nacionalismo... Éstos son quizás los ejemplos más evidentes, pero a ello hay que sumar un muy activo 15 o 20% de la población con una alta capacidad de movilización.

Sólo desde los presupuestos de una sociedad oprimida por sus élites políticas puede explicarse la creación de Ciutadans de Catalunya que, lejos de nacer como un movimiento o lobby de base como sucede por ejemplo en EEUU cuando los políticos no responden, ha sido también un movimiento creado desde arriba por un grupo de importantes intelectuales catalanes.

Por ello no se entiende que, dentro y fuera de Cataluña, el partido que dice defender los intereses de los más débiles apoye, con el presidente del Gobierno a la cabeza, en sus reivindicaciones al grupo privilegiado de la sociedad catalana en perjuicio de sus conciudadanos. Quizás sea porque, también en la cuestión de las élites, Cataluña sigue estando a la vanguardia de España.

El tripartito incumple su promesa de reducir la Administración catalana
 www.gaceta.es 25 Septiembre 2010

El número de funcionarios ha pasado de 140.000 en 2003 a 226.000 en 2010. El incremento del sector público empresarial en la comunidad ha sido de un 318% Desde 2003 se han creado 37 nuevas entidades

El Gobierno catalán ordenó a principios de año un estudio para simplificar y reducir la Administración autonómica. El resultado fue el Plan de racionalización del sector público de la Generalitat de Cataluña, que fijaba el objetivo de suprimir o integrar 103 entidades públicas de las 245 existentes. El compromiso cayó en el olvido hasta que CiU decidió reabrir la cuestión denunciando que sólo se han integrado cuatro y que “se ha aprovechado para crear dos nuevas agencias”.

El plan muestra que desde la llegada del tripartito al Gobierno, en 2003, se han creado 37 nuevas entidades públicas, y detalla que el sector público catalán “es extensivo y sobredimensionado” en cuanto al número de entidades con personalidad jurídica propia. Explica que esta situación genera elevados costes de estructura y gestión, en su mayoría financiados con recursos procedentes de la Generalitat.

El informe destaca que casi el 47% de las entidades “presentan misiones, finalidades o funciones que en principio son complementarias o similares”.

 

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