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El gobierno de los demagogos
En el reino de la demagogia hasta los mentecatos pueden permitirse
el lujo de resultar cínicos
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 25 Septiembre 2010
TRAS probar sus dotes como profesor de semántica parda con esa
lección descacharrante sobre los usos figurados de la palabra war,
José Antonio Alonso nos brinda otro sofisma la mar de simpático,
esta vez para justificar las concesiones del Gobierno a los
nacionalistas vascos. Afirma Alonso que de la Tesorería de la
Seguridad Social no saldrá ni un solo euro; que es tanto como si el
portavoz del Ku Klux Klan afirmase, con perfecta seriedad, que de su
organización no ha sido expulsado jamás un negro, en lo que no le
faltaría razón, puesto que jamás ha ingresado ninguno. Con las
concesiones al nacionalismo vasco no saldrá, en efecto, ni un solo
euro de la Tesorería de la Seguridad Social; pues de lo que se trata
es de que dejen de ingresarse cerca de quinientos millones. Tan
burdo sofisma sólo puede ser formulado por un mentecato o un cínico;
pero en el reino de la demagogia hasta los mentecatos pueden
permitirse el lujo de resultar cínicos.
Demagogia es como llamaba Aristóteles, en su división de los
gobiernos (Política, III, capítulo V), a la degeneración de la
democracia. ¿Y en qué consiste la degeneración de un gobierno? En la
perversión de su objeto, nos enseña el Estagirita. El objeto de un
gobierno sano es la consecución del bien común; y el objeto de un
gobierno corrompido es la consecución de intereses particulares. Un
gobierno que satisface intereses particulares —y la satisfacción de
intereses particulares siempre se logra a costa del bien común— es
perverso por naturaleza; pero para ocultar la perversión en su
natura, las demagogias de hogaño —mucho más sofisticadas que las que
conoció o pudo imaginar Aristóteles— satisfacen simultánea o
consecutivamente muchos intereses particulares, de tal modo que su
adición proyecta un espejismo de satisfacción del bien común. Y así,
por ejemplo, después de pactar con los nacionalistas vascos las
concesiones que permitirán a Zapatero mantenerse aferrado a la
poltrona, ya nos anuncia este gobierno de demagogos que otras
regiones también podrán acogerse al régimen privilegiado del que
disfrutará el País Vasco. De tal modo que, cuando todas ellas lo
disfruten (¡y sin que haya salido ni un euro de la Tesorería de la
Seguridad Social, oiga!), el gobierno de demagogos podrá satisfacer
otro interés particular de los nacionalistas vascos, que a su vez
será exigido desde otras regiones, en una espiral de reclamaciones
impulsada por la fuerza motriz del agravio o la envidia.
Decía Quevedo que la envidia está siempre amarilla, porque muerde
pero no come. Y lo mismo les ocurre a las sociedades en manos de
demagogos, convertidas en un enjambre de reivindicaciones
particulares que nunca deja a nadie satisfecho, porque basta que se
satisfaga una para que el vecino se considere agraviado; y
satisfaciendo al vecino sólo se logra agraviar al que primeramente
se satisfizo, y así hasta la descomposición de la propia sociedad,
que desposeída de la noción de bien común, deja de ser una
«mancomunidad de almas», para convertirse en multitud de gentes
enzarzadas entre sí en una guerra (war) de sucesivos intereses
particulares que, aun colmados, nunca sacian del todo; o, mejor
dicho, cada vez sacian menos. Pero el bien común, mordido por unos y
otros, acaba convertido en despojo; como acabará esa Tesorería de la
Seguridad Social de la que no saldrá ni un euro, según afirma con
cínica mentecatez Alonso, profesor de semántica parda.
www.juanmanueldeprada.com
Después de Cádiz
Los españoles nos las pintamos solos para dar al traste con nuestros
mejores éxitos; somos expertos en suicidios colectivos
IGNACIO CAMACHO ABC 25 Septiembre 2010
ERAN tiempos difíciles aquellos de hace 200 años, cuando se
reunieron en la Real Isla del León las Cortes de Cádiz. Un país
invadido, una ciudad sitiada y una nación dividida por la eterna
zanja de la conciencia civil y política. Eran tipos heterogéneos que
se miraban de reojo con desconfianza: los liberales, mental y
moralmente afrancesados, escindidos en su interior por la tragedia
de una patria dominada por extraños a los que en el fondo admiraban;
los absolutistas servilones, nostálgicos del viejo orden revocado
por la expansión napoleónica; los moderados burgueses, emparedados
por la vieja dialéctica de los fundamentalismos; los indianos,
incorporados más tarde en medio de un proceso irreversible de
descomposición imperial. No fue grato ni fácil aquel encuentro de
gente tan distinta en un momento tan delicado, con una España a
punto de desangrarse por una herida de conflictos superpuestos, en
una crisis de mera supervivencia. Y sin embargo, lo hicieron. Un
pacto colectivo, una alianza de soberanía, un acuerdo de concordia,
un sueño —demasiado hermoso— de libertad. A trancas y barrancas, y
entre serios conatos de fundamentalismo cainita que presagiaban el
desastre posterior, se las apañaron para inventar una nación nueva,
ilustrada y libre.
Y luego ellos mismos la echaron abajo, claro. Sin tiempo para
disfrutarla, más pronto que tarde, apenas expulsados los franceses,
en cuanto los nuestros se quedaron a solas con los demonios de
siempre. Los españoles no solemos necesitar a nadie para que nos
ponga la soga al cuello. Nos las pintamos solos para dar al traste
con nuestros mejores éxitos, somos auténticos expertos en
demoliciones y suicidios. Las cuentas pendientes de aquel compromiso
heroico y milagroso, los trágalas y demás radicalismos fanáticos se
saldaron bien poco después con el habitual vuelco fratricida de ida
y vuelta, con el maldito vaivén trincherizo de represiones
vengativas y ajustes rencorosos. Ocurre de un modo cíclico en
nuestra Historia: levantamos prometedoras arquitecturas de esperanza
y las derribamos luego con una pasión autodestructiva incombustible
y flamígera.
Como los fracasos no se conmemoran, nadie se acordará de lo pronto
que España dio al traste con aquel prometedor orden gaditano.
Celebraremos el bicentenario glorioso de la Pepa con un estruendo
complaciente y orgulloso, pero no se descorrerán cortinillas ni se
organizarán congresos que estudien cómo se estropea una obra maestra
por culpa de la intransigencia, del sectarismo y de la
irresponsabilidad. La retórica de los discursos creará un bucle de
melancolía solemne en torno a los pioneros constituyentes y olvidará
el desgraciado destino que sufrió su entusiasta inspiración
iluminada. Y seguiremos sin aprender lo fácil que es destruir una
convivencia cuando se pierde el sentido de lo que cuesta lograrla.
Falsear las cuentas para seguir
arruinándonos
EDITORIAL Libertad Digital 25 Septiembre 2010
La ley de los Presupuestos Generales del Estado nació como una
manera de limitar el poder y la discrecionalidad política. Se trata
de un documento que establece las líneas maestras del gasto público
a las que tiene que someterse el Ejecutivo durante un determinado
ejercicio.
En España desde hace años, pero especialmente en esta última
legislatura, los Presupuestos se han convertido en una
representación teatral más de nuestros políticos. Son un trámite
parlamentario que una vez superado da manos libres al Gobierno para
que haga y deshaga a su placer. En ningún momento se espera que se
cumplan, pues ya desde el comienzo se diseñan para ser incumplidos.
Previsiones macroeconómicas absurdas tras previsiones
macroeconómicas absurdas, llevamos cuatro años en los que el
Gobierno ha inflado de manera descabellada sus pronósticos de
ingresos fiscales y sobre esa base de irrealidad ha aprobado
cuantiosos despilfarros que no podíamos permitirnos bajo ningún
criterio.
De aquellos lodos de falsedad hemos acumulado unos polvos cercanos a
200.000 millones de euros en nuevo endeudamiento. Dado que por
prejuicios ideológicos no se quería recortar el gasto, se optó por
anunciar que los ingresos iban a ser mucho mayores de lo que bajo
cualquier prisma podía pensarse que iban a serlo.
El resultado de estas reiteradas mentiras ya lo estamos empezando a
sufrir: si este año hemos padecido incrementos en los impuestos
especiales, en la tributación del ahorro y en el IVA, para 2011 ya
nos han anunciado recortes en algunas de las deducciones más
importantes para las clases medias –como la de la vivienda– y
aumentos en los tipos marginales del IRPF que afectan con especial
intensidad a los trabajadores cualificados y, por tanto, a nuestro
capital humano. Y, probablemente, esto sea sólo el principio, porque
las estimaciones más optimistas –las del Gobierno– consideran que
cerraremos 2011 con un déficit presupuestario de 60.000 millones de
euros, lo que equivale aproximadamente a toda la recaudación anual
por IRPF. Así pues, parece que las nuevas subidas de impuestos, más
allá de las ya anunciadas, son inevitables bajo este Ejecutivo
manirroto.
Pero lo peor de todo es que seguimos repitiendo ese ejercicio de
autoengaño que tan caro nos ha sido: inflar ingresos para no tener
que recortar despilfarros. El Gobierno asume que en 2011 creceremos
un 1,3%, más del doble que la siguiente previsión más optimista de
todos analistas. Siendo así, los ingresos serán de nuevo mucho
menores de lo presupuestado y el déficit, en consecuencia, muy
superior a esos 60.000 millones.
Las mentiras de Zapatero y Salgado de hoy son nuestros impuestos de
mañana. El momento para pararles los pies debería ser ahora y no más
adelante cuando el daño ya esté hecho (es decir, cuando la deuda
pública ya esté emitida). Pero el PSOE ya se ha encargado de comprar
el necesario apoyo del PNV para sacar adelante estos falseados
Presupuestos.
Presupuestos «austeros»
Si nos ceñimos a la experiencia, la Ley de Presupuestos nace para no
ser cumplida
M. MARTÍN FERRAND ABC
LAS terminales propagandísticas del Gobierno —tan hábiles, tan
insistentes— aseguran que los Presupuestos Generales del Estado para
2011, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros, son
austeros. No es ese un adjetivo que le cuadre al caso; pero, como se
sabe, la confusión es pieza indispensable para explicar lo que tiene
difícil explicación. Austero es, antes que nada, lo que se ajusta a
las normas de la moral. No parece, a la vista de las dispendiosas
partidas que lo integran, que los Presupuestos elaborados por Elena
Salgado tengan esa característica. Si nos ceñimos a la experiencia,
la Ley de Presupuestos, la que debiera marcar la conducta del
Gobierno y las Administraciones a lo largo de todo el año, es una
Ley que nace para no ser cumplida. Es, como mucho, un boceto que
permite intuir la realidad venidera; pero, a diferencia con los
países más solventes, en donde obliga a los administradores, aquí
les orienta sobre poco más o menos.
Tampoco son sobrios y moderados estos Presupuestos. El déficit del
Estado que prevén es del 9 por ciento sobre el PIB y eso, albarda
sobre albarda, es mucha carga para la Nación. Las partidas del
despilfarro siguen siendo muchas e inmensas y abarcan territorios
que, en puridad, no entran en las competencias del Estado.
Nos está ocurriendo algo parecido, según lo cuenta Julio Verne, a lo
que le pasaba al Capitán Nemo en sus 20.000 leguas de viaje
submarino. A bordo del Nautilus creía comer solomillo de vaca
cuando, en realidad, se zampaba uno de tortuga y, en el postre, las
natillas, elaboradas con leche de ballena y endulzadas con algas del
Mar del Norte, le resultaban idénticas a las de su abuelita. Después
de mucho tiempo instalados en una economía irreal y tratando de
mirar, para no verles, por encima de los cuatro millones y medio de
parados, termina por confundirse la mermelada de anémonas con la de
frutas del bosque. El Gobierno ha perdido la percepción de su
entorno y, si alguna vez lo tuvo, el camino que se ajusta a su
rumbo.
Estos Presupuestos resultan excesivos para quienes, con los pies en
Europa, tienen conciencia de la gravedad del momento y la situación
y parecen restrictivos para los que, tan insensatos como una
olvidada ministra de Cultura del zapaterismo, piensan que «el dinero
público no es de nadie». Naturalmente, de espaldas al Parlamento,
como marcan los cánones de nuestra escasa y paródica democracia, los
Presupuestos no se perfeccionarán con el debate. El Gobierno ya le
ha comprado al PNV los apoyos precisos para que el Anteproyecto, sin
más que un trámite litúrgico, pase a ser Ley. Tampoco es para
cumplirla.
Ignorancia y sectarismo
Editorial www.gaceta.es 25 Septiembre 2010
José Bono ha instrumentalizado el bicentenario de forma partidista
Una de dos. O Bono adolece de una ignorancia supina o es un
manipulador compulsivo. Porque quien presume de transparencia ha
vuelto a oficiar una nueva ceremonia de la confusión, esta vez a
cuenta del periodo de libertad que han disfrutado los españoles
desde las Cortes a Cádiz hasta la Constitución de 1978. Según el
calendario boniano, ha quedado reducido a 16 años. Y ayer se
ratificaba en ello “guste o no le guste a quien lo escuche”.
No es cuestión de gustos, sino de datos. Y Bono no los da, a
diferencia de historiadores y constitucionalistas que se preguntan
por qué el político socialista no computa el medio siglo largo de
Restauración iniciado por Cánovas, uno de los pocos periodos de
libertad, todo lo limitada que se quiera, que ha gozado la España de
los dos últimos siglos. Y por qué destaca, en cambio, la II
República (ayer aludió a la Constitución de 1931). Una constitución
aprobada sin la derecha y sin referéndum. Y que dio origen al
régimen de la represión de Casas Viejas; de la Revolución de 1934,
alentada por Largo Caballero –del PSOE– con un balance de 1.300
muertos; de la persecución y ejecución de católicos; o de –hay para
todos los gustos– la desaparición de Andreu Nin, líder del POUM,
desollado vivo por agentes de Stalin, con la complicidad de Juan
Negrín, jefe del Gobierno –también del PSOE–. Éstos son datos “guste
o no le guste a quien lo escuche”.
El problema es que Bono confunde libertad con democracia. En el
canovismo hubo importantes avances de libertades cívicas, el turno
de partidos y una monarquía constitucional, aunque no había
democracia plena: faltaba, por ejemplo, el sufragio femenino, que no
llegaría hasta 1931, como apunta Bono. Exactamente igual que en
otros países europeos como la Inglaterra de la reina Victoria o la
Francia de la III República. En cambio, en la España de Zapatero hay
democracia formal, pero están ensombrecidas algunas libertades
fundamentales (como la de hablar en castellano, la de los padres a
elegir la educación para sus hijos o la de información: ¿qué pasó en
el bar Faisán?, por no hablar de la falta de transparencia de
determinados políticos, comenzando por el propio presidente del
hemiciclo).
¿Ignorancia histórica o sectarismo? Conociendo la trayectoria de
Bono, su astucia y el contexto de Memoria Histórica y exaltación de
la II República del zapaterismo, sería ingenuo no ver aquí una
instrumentalización partidista del bicentenario. La prueba más
palpable es el camino elegido. Bono coló un discurso no pactado con
los grupos parlamentarios como “declaración institucional”, y así
figura en las actas de la sesión del jueves. Se aprovechó para ello
de que todos los diputados, y el presidente del Gobierno, debían
estar presentes en el hemiciclo para votar la Ley de Economía
Sostenible. Una muestra de cesarismo, poco acorde con el espíritu
liberal de las Cortes de Cádiz, y un burdo intento partidista de
capitalizar el bicentenario, con la misma desfachatez con la que
Zapatero trató de apropiarse de la victoria de la Selección de
fútbol en Sudáfrica.
En suma, que a El Transparente siguen sin salirle las cuentas. Se
olvidó del piso de El Campello (Alicante) cuando hizo su declaración
de propiedades, y se salta ahora medio siglo de libertad en España
(los 50 años del canovismo). Lo cual es especialmente grave, ya que
la Restauración supone el nacimiento del parlamentarismo moderno en
España, extremo que si alguien debía saberse de memoria, es
precisamente el presidente del Congreso.
Eassy Eddie y el PNV
Alfonso Basallo www.gaceta.es 25 Septiembre 2010
Easy Eddie (Eddie El Tranquilo) era el abogado de Al Capone y
medraba gracias a la violencia y la extorsión.
Llaman la atención las semejanzas entre el PNV y Edward O’Hare
(1893–1939), más conocido por Easy Eddie (Eddie El Tranquilo). El
primero es el que acaba de despejar el terreno a los proetarras, a
cambio de salvar el culo presupuestario a Zapatero. Eddie era el
abogado de Al Capone, y salvaba a su patrón de la cárcel, untando a
medio Chicago.
Uno y otro se dedican a negocios legales. A la política, el PNV, y a
los pleitos, Easy Eddie. En teoría, claro. Porque los dos se
benefician indirectamente de la violencia y la extorsión. Sin
Capone, el tráfico ilegal de alcohol y el reguero de fiambres, no
habría Easy Eddie. Sin ETA y Batasuna, su entramado económico, su
eficaz aparato de extorsión y sus víctimas, no habría PNV. Sin
violencia, no hay nacionalismo, de aquí a Lima. El partido vasco y
el abogado de origen irlandés cuentan con dos armas formidables: el
miedo y los contactos. Sin miedo, no se hubiera mantenido en el
poder tantos años el partido de Arana y el ayatolá Arzalluz.
Sin contactos, no funcionaría con la fluidez requerida la maquinaria
del impuesto revolucionario. Y cuando las cosas se ponen feas y está
a punto de fastidiarse el invento, alguien en Madrid descuelga el
teléfono y el responsable de extorsión se libra de la trena.
Contactos.
Easy Eddie y Capone eran el árbol y las nueces en versión Chicago
año 30. El gánster cruzaba impunemente líneas rojas y se carcajeaba
del Estado de derecho y el abogado medraba: sueldo respetable,
lujos, poder político y hasta una casa que cubría una manzana de
Chicago.
Pero aquí acaban las comparaciones. Porque a Eddie le dio un ataque
de remordimiento, acudió a la Policía y tiró de la manta. Su
testimonio fue decisivo para que la Justicia pusiera a Capone entre
rejas. Años después, Eddie El Tranquilo apareció acribillado en un
callejón. Mientras que el PNV se ha convertido en el árbitro de la
política española, gracias a la sartén presupuestaria y a la
ambición de ZP.
La cebolla funcionarial
Maite Nolla. www.gaceta.es 25 Septiembre 2010
Uno de los motivos por los que el cambio político que se avecina en
Cataluña no debería despertar ningún entusiasmo, es que la llegada
de CiU al gobierno no va a ser más que la vuelta de CiU. Cuestión
nacionalista a parte, pensar que CiU puede mejorar en algo a los
actuales gobernantes no se fundamenta en dato objetivo alguno.
Más bien al contrario, los gobiernos de CiU sólo se diferencian de
las dos versiones tripartitas en que en CiU eran dos a repartir y
aquí tres, incluso a veces cuatro. La cuestión es que los dirigentes
de Convergencia pretenden hacer limpieza de algunos excesos del
tripartito, que en la mayoría de casos no son muy distintos de los
excesos de Convergencia cuando estaba en el poder. Vamos, el bombero
pirómano, por recurrir al topicazo. Por ejemplo, Duran i Lleida ha
sugerido que su partido va a eliminar las delegaciones exteriores
que ellos mismos crearon en su tiempo. Porque ya saben que para el
nacionalismo Madrid es el exterior, y ésa la fundó Pujol.
Pero quizás el anuncio más sorprendente sea el de la limpieza de
funcionarios que quiere hacer el señor Mas. En su momento, el
tripartito –especialmente, ERC- amenazó con algo parecido cuando
relevaron a los convergentes firmando el infausto y antidemocrático
pacto del Tinell. Sin embargo, consejerías y altísimos cargos a
parte, la omertá entre nacionalistas se impuso y no se produjo, en
absoluto, la purga que anunciaron socialistas, ecosocialistas e
independentistas. Muchos altos cargos de CiU han seguido disfrutando
de niveles 30, con fórmulas creativas como la integración o los
concursos a medida que se hicieron durante la entrega de poderes que
tuvo lugar en otoño de 2003. Al final, en la función pública en
Cataluña y en sus derivados interinos o eventuales, se ha ido
formando una especie de cebolla funcionarial, en la que los afines a
CiU han encontrado acomodo. Por eso, lo que dice Mas no es creíble.
Ni auditorías, ni levantar alfombras, ni purgas: mucho respeto.
Adiós, sindicatos (el gran simulacro)
Javier Orrico Periodista Digital 25 Septiembre 2010
Las gloriosas organizaciones sindicales de esta hora de España,
dirigidas con mano firme por Tojo y Méndez, e ideológicamente
alimentadas por las productoras audiovisuales catalinas y
chiquilicuatres del entorno de Buenafuente (catalanes son el
guionista y los intérpretes de los vídeos neozafios de la UGT, y por
eso el malvado jefecillo que aparece tiene siempre un forzadamente
vulgar acento del sur, imágínense qué hubieran dicho si una
productora ‘española’ le hubiera puesto acento catalán a una
patochada semejante…) han puesto sus fuerzas al servicio de dos
conquistas esenciales y ya próximas:
1º Hundir al movimiento histórico de representación y defensa de los
asalariados, que ya no levantará cabeza ni se recuperará del fracaso
de esta huelga general, ni, sobre todo, del descrédito de unos
sindicatos que todo el mundo identifica como lo que son y han sido:
parte esencial del régimen zapaterista contra el que ahora fingen
levantarse en lo que no será más que un inmenso simulacro. Las
huelgas generales se hacen para derrocar gobiernos o no se hacen.
2º Salvar así a Zapatero, reafirmar su cínico cambio de política,
ayudar al sostenimiento del más redomado hipócrita que vio nuestra
democracia, esa anguila palaciega que ha hecho de los principios y
las ideas una pista deslizante para su ascenso y solaz.
Este fiasco de los suyos, de esos sindicatos serviles a los que
alimentó y le sirvieron de tumbona y empalizada contra las
verdaderas reivindicaciones de la España que trabaja, o trabajaba,
ha de resultar paradójicamente su principal refuerzo. Si nadie se
opone a su voladura del Estado de Bienestar –del que durante seis
años hizo emblema y señuelo, decorado y farsa-, si nadie sale a la
calle, y nadie lo hará, para sumarse a la huelga general más justa y
justificada de los últimos 35 años, entonces es que el Presidente
cuenta con la aquiescencia de los españoles para expoliarlos después
de haberlos arruinado.
Y así se publicitará. Tojo y Méndez habrán conseguido que el rechazo
hacia lo que ellos significan, a su sostén incondicional y sicario
de la sarta de mentiras que Z ha endilgado a España en estos años,
se convierta en el arma principal con la que ese mismo Z acabará con
cuanto les dio sentido. Tojo y Méndez se habrán inmolado, en
dramática escena final de la opereta, para culminar su vasallaje al
señor contra el que dicen rebelarse. Luego los mantendrá como a los
títeres de la farsa, embalsamados, subvencionados y a sus pies para
seguir conteniendo lo que hubiera debido ser un estallido social sin
precedentes.
Además de, como es lógico, las pocas y minoritarias radios y
televisiones opuestas a ZP y a la grey sindical (de la que hay que
salvar a los sindicatos decentes, como USO, y a las organizaciones
profesionales que han de ser el futuro), en todo el resto de medios,
en el enorme complejo mediático del zapaterismo se repetirán hasta
la saciedad las escenas y los datos del descalabro de los liberados.
Lo harán, ya digo, las televisiones y radios públicas controladas
por el PSOE, y sobre todo los grupos de los progres millonarios que
lo apoyan, el unánime consorcio nazionalista de los medios catalanes
y vascos, y hasta las televisiones basura, interesadísimas en que
los nuevos ídolos de los trabajadores ya no sean Nicolás Redondo y
el gran Marcelino Camacho, dos hombres ejemplares, sino Belén
Esteban, J.J. Vázquez, Cantizano, Jordi González y Carmen Lomana.
Será, pues, todo ese conglomerado capitalista-estalinista que ha
constituido la división blindada del zapaterismo, el que se lanzará
a devorar los restos de los cadáveres sindicales, el que llevará
hasta la Moncloa en su pico los fragmentos de la derrota para que el
Líder ‘Zupremo’ los incluya en su colección de purgados.
Allí el fantasma de la Izquierda Unida que lo avaló con su silencio
y apoyo durante tantos años, y en la que ya no creen ni los suyos;
allí, estos sindicatos que lo ensalzaron como defensor de los
derechos sociales; allí, los homosexuales, a los que engañó con el
matrimonio mientras endurecía el acceso real de las parejas de
hecho, gays y heterosexuales, a las prestaciones y beneficios de la
seguridad social, de lo que hablaremos en próxima entrega; allí, los
nazionalistas, a los que azuzó contra España e ilusionó con la
independencia, para luego refugiarse en el Tribunal Constitucional y
echarles la culpa a los pardillos del Pepé; allí, la vieja guardia
socialdemócrata, lacaya también, resumida en el brazo incorrupto de
Alfonso Guerra alzándoe en Rodiezmo tras haber votado la reforma
laboral; allí, en fin, el cadáver de España, esquilmada para
reflotar bancos y cajas que debieron hundirse junto a las
sanguijuelas que los sangraron.
Zapatero, siempre cobarde con los fuertes, es en cambio una
trituradora que ha demolido a cuantos le han servido para
satisfacción de su único objetivo: perdurar. Ha hecho lo mismo que
Fidel Castro: reconocer que su sistema no sirve. No sirve el
comunismo, que no sirvió nunca, y que hoy es ya sólo el espectro, la
huella del crimen.
Pero tampoco sirve ya la socialdemocracia, y eso es todo lo que nos
pasa. El sarcasmo consiste en que haya venido a revelar y
administrar tan incómoda verdad uno de los mayores mentirosos de
nuestra historia. Y que se subleven contra esa verdad, ya
inocultable, quienes fueron sus cómplices en el engaño.
Bono
Libertad y libertades políticas
Pío Moa Libertad Digital 25 Septiembre 2010
Dice Bono, hombre de muchas propiedades, que España solo ha
disfrutado de 16 años de libertad entre 1812 y 1978. Estaríamos
dispuestos a creerle si pensásemos que en todo este período habían
mandado en España gente como Bono y su padre, o políticos tan
corruptos como sus correligionarios socialistas. Pero,
afortunadamente, no ha sido así. Además reduce Bono la libertad al
sufragio universal, que es un hecho extremadamente moderno en toda
Europa, y que en España se remonta a 1890, uno de los primeros
países europeos en implantarlo (dejando aparte declaraciones
anteriores, en España y Europa, que no llevaron muy lejos). También
el sufragio femenino se estableció en España (con la renuencia de
los socialistas y las feministas de izquierda) antes que en Francia,
por ejemplo. En cambio la Unión Soviética reconoció enseguida el
sufragio universal incluyendo el femenino, por lo que, de acuerdo
con el simplón Bono (simplón en estas cosas, en otras muy
espabilado) la URSS sería, como aseguraba Stalin, el país más
democrático del mundo.
Otra consecuencia de tan agudo análisis sería que el ser humano no
habría conocido la libertad hasta ahora mismo, como quien dice, ¡y
gracias a políticos como el mismo Bono, asómbrense ustedes! Estaría
equivocado Sartre cuando declaraba al hombre "condenado a la
libertad", o no sabría Cervantes de qué hablaba cuando sostenía que
la libertad es "uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos". Y toda la abundantísima literatura y pensamiento
que gira en torno al concepto de libertad durante milenios no habría
pasado de ilusorio juego de palabras, pues, lamentablemente, nadie o
casi nadie habría tenido libertad hasta hace cuatro días, como quien
dice.
Lo que es bastante nuevo en el mundo no es la libertad, sino las
libertades políticas más o menos elaboradas como "derechos humanos".
Una concepción esta última bastante digna de debate, por cuanto
descansa, por una parte, en una idea de ley natural, por la cual
desde que existe el hombre existen esos derechos; y por otra se
trata de una elaboración teórica y una aplicación práctica muy
reciente.
Entre los derechos humanos no se cita el del freno al poder
gubernamental para inmiscuirse, por ejemplo, en la privacidad de las
personas: la "libertad de", expuesta por Isaiah Berlin. Se trata de
la libertad personal, mencionada por Julián Marías, y que era
ciertamente amplia en el franquismo, gracias, entre otras cosas, a
que el Estado tenía un tamaño reducido en relación con el resto de
la sociedad. Hoy, el Estado ha crecido desmesuradamente (6 veces
mayor que el franquista, medido en número de empleados públicos,
seguramente mucho mayor aún en gasto), y los políticos intentan
regular hasta la conducta íntima de las personas, limitando nuestra
"libertad de". En ese sentido, no todo han sido avances.
En fin, para ilustración del ignaro presidente del Congreso, la
etapa más larga de libertades políticas disfrutada por España ha
sido la del régimen liberal de la Restauración, cincuenta años, que
sirvió al PSOE para organizarse, hacer propaganda, llegar a las
Cortes, proponer atentados y buscar por todos los medios una
dictadura propia; y otros regímenes liberales anteriores también
disfrutaron de libertades, de forma más accidentada. Cabe decir que
la dictadura de Primo de Rivera tampoco debió de ser muy opresiva,
al menos no debieron sentirla así los socialistas, que colaboraron
con ella. Ni tampoco la de Franco, si tenemos en cuenta que no había
demócratas en sus cárceles, y que los socialistas no juzgaron
oportuno luchar de algún modo real contra ella. Ha habido, señor
Bono, mucha más libertad en España de la que ustedes suponen. Y
encontramos que uno de sus mayores enemigos ha sido siempre el
partido en que usted milita. No me diga que le sorprende.
Zapatero quiere estrangular a las
comunidades del PP
Federico Quevedo. El Confidencial 25 Septiembre 2010
No recuerdo bien cuando lo dijo, pero hay una frase del que fuera
primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid siendo Enrique
Tierno Galván el regidor, Juan Barranco, que perfectamente se podría
aplicar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y
a la manera absolutamente antidemocrática con la que está tratando
de mantenerse en el poder. Decía Barranco que “el poder solo
corrompe a los corruptos, hace golfos a los que son golfos e
inmorales a los que ya lo eran antes”. Rodríguez, perdonen que lo
diga con esta crudeza, puede ajustarse a este retrato. No un
corrupto en el sentido en el que lo entendemos habitualmente, sino
en el de quien ha desvirtuado por completo el Estado de Derecho y lo
ha vulnerado hasta el extremo de provocar una tensión institucional
sin precedentes. No un golfo en el sentido delictivo del término,
sino en el de aquel que se sitúa por encima de la ley. Y si un
inmoral en el sentido de quien no tiene principios ni responde a
motivaciones mínimamente éticas o morales.
Rodríguez sólo se mueve por un estímulo, el del odio, y ya escribía
Víctor Hugo que “cuanto más pequeño es el corazón, más odio
alberga”. Su afán durante todo este tiempo, desde que llegara al
poder en 2004, ha sido acumular más poder e intentar aniquilar a
quien pudiera hacerle sombra u oposición. Así, ha actuado como un
auténtico killer para los suyos, y como un caudillo déspota para
quienes discrepan de él y de sus políticas. Toda su obsesión se ha
centrado en un único objetivo: aniquilar al PP, y para ello ha
utilizado y va a utilizar todas las armas a su alcance. Eso
significa aprovechar todas las circunstancias que le favorezcan en
ese objetivo, aun incluso aquellas que puedan repararle otros daños.
En ese sentido, la crisis económica, lejos de ser un impedimento, se
puede convertir en un aliado coyuntural a la hora de conseguir ese
fin. Y ya saben ustedes que, en su filosofía política, Rodríguez es
un seguidor fiel del principio maquiavélico según el cual “el fin
justifica los medios”.
Ya saben ustedes que, en su filosofía política, Rodríguez es un
seguidor fiel del principio maquiavélico según el cual “el fin
justifica los medios”
En los próximos meses, la Comunidad Valenciana va a protagonizar un
importante vencimiento de bonos. Dado su elevado nivel de deuda, los
mercados financieros ya le han dicho al Gobierno de la Generalitat
que no van a renovar esa emisión, lo cual va a significar que, si no
tiene liquidez, el Ejecutivo de Francisco Camps se va a ver obligado
a reestructurar su deuda y, en el peor de los casos, declararse en
quiebra. El asunto es grave no voy a engañarles. ¿Cómo se ha llegado
a esa situación? Buena parte de culpa la tiene el propio Gobierno
central que ha permitido a las Comunidades Autónomas elevar sus
techos de gasto durante esos años atrás sin prever las consecuencias
de esa política expansiva. Obviamente, el Gobierno Valenciano
también tiene su cuota parte de responsabilidad. Pero la cuestión es
que el Gobierno de Rodríguez, en lugar de ponerse a estudiar la
situación y sus posibles soluciones con el Ejecutivo valenciano, a
lo que se está dedicando es a airear sus dificultades en los
mercados internacionales y a poner a la Comunidad Valenciana entre
la espada y la pared.
¿Por qué? Es bien sencillo: si llegara a producirse una situación de
suspensión de pagos, el Partido Socialista tendría un doble
argumento ‘electoral’ contra el PP, es decir, que además de
corruptos -por el ‘caso Gürtel’-, son malos gestores. Un
argumentarlo que no solo le valdría contra el PP valenciano, sino en
general contra todo el PP. De hecho, Rodríguez quiere que
situaciones parecidas se produzcan en otras comunidades del PP como
Madrid o en ciudades importantes como la capital de España o la de
la propia Comunidad Valenciana, y de ahí la reciente medida de
impedir a ambas volver a endeudarse a partir de enero de 2011,
mientras que sí se abre la mano para que puedan hacerlo ciudades
gobernadas por el Partido Socialista. El objetivo de Rodríguez es
llevar al PP al estrangulamiento económico allí donde gobierna, en
un condenable ejercicio de absoluta irresponsabilidad. El presidente
está encantado pensando que eso pueda suceder, sin darse cuenta de
que es igual a darnos todos un tiro en el pie. Lo es porque, de
producirse esa situación, la que de verdad saldría mal parada es la
imagen de España en el exterior y, sin lugar a dudas, volverían a
reproducirse las tensiones sobre nuestra deuda soberana.
Eso, además de que tal situación pondría bajo la lupa al resto de
comunidades autónomas, entre ellas Cataluña cuya situación
financiera es igual que la valenciana, con la única diferencia de
que no tiene que afrontar vencimientos de deuda inmediatos. Pero
todo el mundo recuerda como este verano la Generalitat de Cataluña
fue incapaz de colocar su propia deuda en los mercados
internacionales. No estamos para andar con jueguecitos electorales.
El asunto es de una extraordinaria gravedad, y pone de manifiesto la
doblez ética de Rodríguez Zapatero, un gobernante capaz de trocear
el Estado con tal de mantenerse en el poder, capaz de dar
facilidades a los sindicatos para que la huelga general les salga
medianamente bien y después volver a darse los acostumbrados abrazos
a costa de desempleo colectivo y el drama de cientos de miles de
familias españolas que no llegan a fin de mes, mientras Toxo se va
de crucero de lujo y Méndez sigue vistiéndose en un sastre
londinense con nuestros impuestos -que, no les quepa duda, van a
subir porque el Gobierno necesita esa recaudación-. Además de un mal
gobernante, Rodríguez se ha convertido en un episodio negro de la
historia de este país. Echarle es un ejercicio obligado de salud
democrática. Y mental.
Más en http://twitter.com/Federicoquevedo y en www.facebook.com
Elecciones
La Noria es la clave
Maite Nolla Libertad Digital 25 Septiembre 2010
La precampaña electoral en Cataluña empieza a ser más entretenida de
lo que nos temíamos, por sorprendente. Tanto para lo bueno como para
lo malo, la verdad. Por ejemplo, nunca hubiéramos imaginado que el
debate entre los dos aspirantes a presidir la Generalitat se pudiera
trasladar a La Noria. Como me decía un amigo esta tarde, La Noria es
como La Clave, pero en 2010, valga el juego de palabras. La noticia
es que Montilla seguirá los pasos de Artur Mas y parece que ya ha
confirmado su presencia en el programa de Telecinco. Mucho
nacionalismo y mucha tevetrés, para que los candidatos más o menos
nacionalistas acaben jugándose los cuartos en un programa de
entretenimiento español. Eso sí, con gran indignación de la
directora de la televisión nacionalista y de su presentador
estrella, que han reaccionado como Àngels Barceló y Francino cuando
se negaron a entregar el premio Ondas a Jorge Javier Vázquez.
Telecinco será lo que sea, pero al menos es una televisión privada.
Lo otro es un centro de adoctrinamiento permanente, pagado, incluso,
por los que no nos queremos dejar adoctrinar. Y a partir de ahí
cualquier comparación es odiosa. Entre intentar durante años crear
con dinero público una realidad que no existe para convencernos de
que lo que es minoritario es lo que piensa la mayoría, y los
programas, a veces zafios y cutres, preferiría no tener que elegir,
la verdad; pero si hay que elegir, me quedo con los que se pagan sus
cosas con la publicidad.
La cuestión es que La Noria no es como los aburridísimos desayunos
con la prensa en Madrid, de poca repercusión popular y con un exceso
de zumo de naranja, que a esas horas tiene que sentar fatal; La
Noria es lo que ve la gente que pone la tele el sábado por la noche
en Cataluña. Porque si no fuera así, los dos candidatos no hubieran
decidido que les puede hacer más bien que mal dejarse entrevistar
allí. Como hizo Blanco, antes de garantizar la huelga de los
sindicatos, en verano, en plena guerra con los controladores.
La vida te lleva por caminos raros, que dice Quique González, y unan
a este traslado del campo de batalla la voluntad de ambos candidatos
de expulsar cualquier relación con el independentismo. El mismo
amigo que me decía lo de La Noria y La Clave, también me comentaba
que Montilla fue convocar las elecciones y ponerse a hablar en
castellano. Y hasta CiU en Sant Cugat ha moderado su discurso y ha
rechazado una moción de ERC que quería declarar al municipio
moralmente excluido de la Constitución, por la sentencia del
estatuto y todo lo que ustedes ya imaginan. Lo que sucede es que
siempre hay alguno o alguna que no se entera, y Marta Ferrusola, la
reina madre del nacionalismo, se ha declarado independentista, por
supuesto en tevetrés. Ya saben, éramos pocos....
******************* Sección "bilingüe"
***********************
ETA busca credibilidad
Pablo Mosquera. La Voz 25 Septiembre 2010
El último comunicado de la organización armada es prueba inequívoca
de tres hechos: el comunicado anterior, tan esperado por anunciado,
al no decir con rotundidad que cesaba definitivamente la violencia
-alto el fuego verificable- dejó fuera de juego, definitivamente, a
la organización militar, que despreciaba el propio sistema
asambleario seguido por las bases de la izquierda aberzale para
establecer un nuevo tiempo en las construcción de la Nación Vasca,
donde la violencia no era admisible y, más que nunca, el obstáculo
para la participación política del constituido polo soberanista.
ETA sigue su pugna, más o menos larvada, con los sectores políticos
posibilistas de la izquierda nacionalista radical por el control del
proceso final y futuro sobre el conflicto vasco, parte del mismo
enunciado en la denominada Declaración de Bruselas. Pero es que tal
declaración impone a ETA el alto el fuego permanente y verificado,
sin condiciones, irreversible, precisamente para que puedan entrar
en funcionamiento las siguientes vías democráticas y no violentas
para resolver el contencioso.
ETA, que es consciente de su debilidad en todos los frentes, en su
propio entorno y ante los mediadores, recurre al único camino que le
queda. Intenta que tales mediadores, encabezados por Brian Currin,
le reconozcan cierto grado de interlocución; de ahí el contenido del
comunicado de los pistoleros del 19 de septiembre, en el que se
invita a estudiar juntos los pasos que necesita el proceso
democrático, incluidos los compromisos que debe adoptar la banda.
Evidentemente, tal banda trata de ganar tiempo y recuperar
credibilidad, esta vez, lejos de Euskal Herria.
Mientras, la sociedad vasca se acostumbra a vivir sin ETA, a
normalizar sus relaciones sociopolíticas en clave pragmática, de
autogobierno útil al desarrollo, capaz de generar riqueza y trabajo,
olvidando rápidamente aquellos síntomas de paranoia subcultural
propios del miedo a la intervención de ETA y su entorno.
En este nuevo escenario sociológico, es posible que las elecciones
forales y municipales arrojen cambios tendentes a situar al País
Vasco en la senda de otras comunidades, si bien sigue siendo
necesario el acuerdo PP-PSE para mantener las infraestructuras de la
alternancia hacia la democracia integral.
No imponer, no impedir
PATXI BAZTARRIKA GALPARSORO El Correo 25 Septiembre 2010
Ante todo, deseo agradecer a J. M. Ruiz Soroa la atención que, aun
desde la más profunda discrepancia, ha prestado a mi libro 'Babel o
barbarie'. No obstante, es obligado señalar que Ruiz Soroa (EL
CORREO, 18-9-10) me atribuye una intención que no figura ni en mi
libro ni, por supuesto, en mi ideario: «Obligar a los otros a hablar
euskera (?) al vasco monolingüe se le obliga a aprender y usar el
euskera». Nada más lejos de mi ánimo y de mi texto: soy partidario
de garantizar el conocimiento y uso del euskera (y del castellano),
no de imponer su uso (ni el del castellano). Soy partidario de
promover -no tan sólo 'permitir'- el uso del euskera, pero no de
imponerlo. Soy contrario a la imposición, incluida la imposición
pasiva, que ciertas prácticas monolingües llevan aparejada.
Dicho esto, merece la pena desgranar algunas reflexiones al hilo de
las objeciones planteadas por Ruiz Soroa. En primer lugar, resuelve
la colisión de derechos que se produce entre el bilingüe que opta
por vivir en euskera y el monolingüe que no puede utilizar esa
lengua haciendo prevalecer el derecho del monolingüe sobre el del
bilingüe, a quien prescribe una dosis de resignación, puesto que
«tiene garantizado en todo caso el valor comunicativo porque puede
hablar en castellano».
Pues bien, esa situación es, precisamente, lo que una política
lingüística orientada hacia la cohesión social debe eludir y, si
llegara a producirse, corregir. Y es que, como bien apunta Ruiz
Soroa, todas las políticas públicas «necesitan de una
justificación», especialmente en democracia. Y ¿qué mayor o más
noble o más democrática justificación puede existir para una
política pública que el deseo ampliamente mayoritario de una
sociedad? Otra cosa es, claro está, la legitimidad de la política
lingüística de fomento del multilingüismo en Euskadi (es decir, de
fomento del conocimiento y uso del euskera) que se propugne. Y haría
bien Ruiz Soroa, y cualquiera, en tachar de ilegítima la que yo
propugno si ésta impidiera al monolingüe mantenerse aferrado a esa
limitación. ¿O es que alguien consideraría lesivo para los derechos
de nuestros niños y jóvenes el hecho de que se programe la enseñanza
del inglés, geografía, literatura o matemáticas en nuestro sistema
educativo, bajo el argumento de que pueden existir alumnos (o padres
y madres de alumnos) que no deseen adquirir conocimientos en tales
materias? O, en otro orden de cosas, ¿debería depender de la
voluntad de uno u otro contribuyente 'perjudicado' que determinado
gobierno decidiera aplicar, pongamos por caso, una política fiscal
progresiva en bien del equilibrio social? Obviamente, no.
La cuestión de las lenguas es un tema sensible, al que
necesariamente debemos aproximarnos con cautela y responsabilidad.
Debemos aproximarnos con el único objetivo de la convivencia,
huyendo como de la peste de cualquier perspectiva que sirva para
ahondar en el conflicto. En nuestro caso, un país con una lengua
propia y dos lenguas oficiales, la única solución sostenible y
armónica consiste en dar con el punto de equilibrio entre ambas
lenguas y, en consecuencia, garantizar efectivamente la igualdad de
oportunidades para vivir en cualquiera de ellas, sin imponer ni
proscribir ninguna. Ciertamente, la búsqueda del equilibrio entre
ambas es la solución más difícil y compleja, pero es también la
única legítima y eficaz.
Pero la complejidad de una política lingüística legítima y eficaz
como la que propugno -una política lingüística de fomento del
euskera y respeto a todas las lenguas y a las opciones lingüísticas
personales de sus hablantes- no radica, como parece sugerir Ruiz
Soroa, en la manera de dilucidar si «el poder público tiene derecho
a convertir (al monolingüe) coactivamente en bilingüe». De hecho, si
algún derecho asiste al poder público es el de allanar los
obstáculos que la cohesión social halle en su avance, y lo que
propongo en 'Babel o barbarie' es, precisamente, que la superación
de esos obstáculos en materia lingüística se base más en la
persuasión y el máximo consenso social que en meros procedimientos
coercitivos. Ahí estriba la complejidad de la tarea.
No es aceptable que las personas bilingües vean mermados sus
derechos por el hecho de serlo. Al bilingüe no cabe imponerle el uso
del castellano «porque también sabe castellano», pues sólo a él le
corresponde el derecho de optar entre ambas lenguas. Es decir, la
condición de bilingüe no puede acarrear una duplicación de
obligaciones y una restricción de derechos.
Dicho de otro modo: cualquier adulto puede negarse a utilizar el
euskera y a aprenderlo, pero no puede pretender que la política
lingüística que la mayoría social demanda se base en esa actitud de
rechazo práctico hacia una de las lenguas oficiales de la comunidad.
Ni mucho menos puede pretender que los responsables de encauzar la
política lingüística renuncien a hacer de ella una contribución a la
armonía y cohesión social, y no una herramienta de restricción de
derechos.
La política lingüística se ha abordado entre nosotros durante estas
tres décadas, no sin problemas, no sin disfunciones, pero en un
clima de integración y con un sentido de la moderación elogiados en
todo el mundo. Entre todos hemos conseguido que las luces
prevalezcan claramente sobre las sombras, se mire por donde se mire.
No echemos a perder ese enorme capital de avance del euskera en
concordia y entendimiento. Poco o nada bueno aportan las actitudes
negativas o displicentes ante las lenguas diferentes a la que cada
cual considere propia. Poco o nada bueno aporta observar la
diversidad lingüística como una anomalía. La cohesión social exige
de todos nosotros un serio compromiso con la diversidad, también en
materia lingüística, ejerciendo los derechos pero asumiendo las
obligaciones, porque sabido es que los derechos sin sus correlativas
obligaciones no son derechos, sino privilegios.
Hagamos el camino sin imponer usos ni privilegios lingüísticos
propios de anhelos monolingüistas, sin impedir el ejercicio de los
derechos lingüísticos reconocidos a la ciudadanía vasca y reclamados
mayoritariamente por ella. Será, sin duda, una contribución
histórica del pueblo vasco a la historia moderna de la democracia.
Garantías constitucionales
Nota del Editor 25 Septiembre 2010
Hay que ver los medios que ponen a disposición de los normalizadores
de anormales para difundir su virus benefactor (para sus bolsillos),
cualquier cosa que presentan al periódico se lo publican y a los que
defendemos los derechos constitucionales y humanos nos silencian
incluso si intentamos pagar la publicación. Este normalzador
disfrazado dice "soy partidario de garantizar el conocimiento y
uso del euskera (y del castellano)", y siguiendo su argumento,
somos muchos los partidarios de garantizar el conocimiento del
cálculo diferencial, integral, vectorial, primeros auxilios, cirugía
plástica, botánica, bromatología y si piensa viajar a USA, además de
inglés, ganar al póker.
Nacionalismo de élite
CESAR GARCÍA MUÑOZ - EL MUNDO 25 Septiembre 2010
La quema de una foto del Rey -así como de una bandera y de una
Constitución españolas- durante la marcha independentista celebrada
el sábado con ocasión de la Diada alimenta el falso estereotipo que
mucha gente tiene respecto a los catalanes. Los últimos resultados
de la encuesta del CIS en Cataluña, en los que se ponía de
manifiesto que alrededor del 80% de los catalanes compatibilizan la
identidad catalana y española, fueron destacados con gran profusión
por todos los medios de comunicación. No deja de resultar curioso
que un dato tan conocido desde hace décadas tuviera tanta
repercusión. Y es que a muchos españoles que nunca han viajado a
Cataluña y que se guían por lo que dicen sus políticos sobre el
Estatut para medir el clima de opinión en esta región, esa noticia
les dejó perplejos. A muchas personas todavía les cuesta creer que
en la ciudad de Barcelona se escuche hablar más en español que en
catalán o que no pocos taxistas pongan la COPE en sus vehículos.
Entonces, ¿por qué los políticos catalanes son cada vez más
nacionalistas y les funciona? ¿No debería regir en política, al
igual que en otros órdenes de la vida, la ley de la demanda?
La peculiaridad de la situación catalana es que es posible la
coexistencia de una clase política muy radical y una mayoría más o
menos moderada de la ciudadanía que, aunque no comparte o es
indiferente a esos planteamientos, hace posible que salgan elegidos
esos representantes. Todo ello es posible porque el nacionalismo
catalán, al contrario de lo que se dijo durante la Transición, nunca
fue un movimiento de masas, sino un fenómeno promovido por una élite
de la sociedad catalana.
La teoría de la desconexión entre las élites políticas y una mayoría
del electorado no es, por otra parte, un asunto nuevo. En su libro
La desmovilización de los votantes americanos publicado en 1989,
Michael Avey demostró empíricamente que la razón por la cual los
votantes norteamericanos iban a las urnas en tan baja proporción no
era tanto debido al menor nivel educativo de estas capas de la
población sino a la desatención por parte de la clase política de
sus problemas reales. Avey defendía en este libro que si la élite
política norteamericana hubiera sido más receptiva a las demandas de
la clase trabajadora, la participación electoral en este país podría
haber sido de media del 80% en lugar del habitual 50%.
Una situación que se agudiza particularmente en Cataluña, donde la
desmovilización no sólo es electoral sino también civil. Y esta
desmovilización, sin ánimo de simplificar en exceso, afectaría
fundamentalmente a un amplio sector de la población perteneciente a
la clase trabajadora castellanohablante, de menor renta y formación,
es decir, el grupo social menos nacionalista.
Éste es un dato por el que suelen pasar de puntillas, o al menos
superficialmente, los análisis realizados por políticos y
periodistas. Si nos fijamos en los datos del perfil del
abstencionista en el referéndum sobre el Estatut encontramos una
fuerte correlación entre su pertenencia a la clase media-baja, su
grado de desinterés hacia las cuestiones identitarias y la
identificación con España como primera comunidad de referencia.
Según la encuesta realizada por el Centre d'Estudis d'Opinió con
posterioridad a la votación del Estatut, el 60% de los
abstencionistas -recordemos, un 50% del censo electoral- decía
sentirse tan español como catalán o incluso más español que catalán.
Además, una mayoría de ellos, el 72%, tenía al menos uno de sus
padres nacidos fuera de Cataluña. Sólo el 5% de los miembros de este
grupo tenía estudios universitarios y la mitad únicamente había
cursado estudios primarios.
Aunque en los sondeos que los periódicos catalanes suelen realizar
periódicamente acerca del sentimiento identitario suele observarse
de pasada que el mayor porcentaje de nacionalistas se encuentra
entre la población catalanohablante y que en general tiene más
antepasados catalanes, lo interesante es que más que criticar el
carácter excluyente o elitista de esta circunstancia, se observa una
suerte de lamento por no haber sumado al movimiento a capas más
amplias de la población. Lo interesante del caso es que este
carácter elitista del nacionalismo catalán no sólo tiene un
carácter, digamos, etnolingüístico, sino pura y directamente de
clase.
En un estudio relativamente reciente (y raro dentro de la corrección
política imperante en el mundo académico) publicado en 2007 en la
revista Nationalism and Ethnic Politics, Thomas J. Miley, del Centro
de Estudios Constitucionales, se permitía cruzar las variables de
nacionalismo y estatus socioeconómico. El resultado no dejaba lugar
a dudas: el sentimiento nacionalista en Cataluña era mucho más alto
entre la élite política y funcionarial que en el resto de la
población.
Un dato interesante es que, de acuerdo a este estudio, los
castellanohablantes o nacidos fuera de Cataluña que pertenecen a
esta élite burocrática, especialmente los profesores, son más
proclives al nacionalismo que el resto de sus conciudadanos.
Es decir, estaríamos hablando en toda regla de un nacionalismo
impulsado por una élite fundada en el estatus y/o la pertenencia
etnolingüística cuya desmovilización de la parte opositora se habría
logrado, eso sí, por métodos absolutamente cívicos y pacíficos: la
creación de un clima de opinión en el que la primacía del discurso
identitario habría alienado a la parte de la población con
preocupaciones más urgentes en temas como sanidad o educación.
Sirvan como ejemplo dos datos, la esperanza de vida es hasta 10 años
mayor en distintos barrios de la ciudad de Barcelona y Cataluña es
una de las comunidades donde el nivel económico determina en mayor
medida el acceso a la educación universitaria.
Los procedimientos de creación de este clima de opinión
desmovilizador son conocidos: la creación de un grupo potentísimo de
comunicación, líder en términos cuantitativos, de carácter público
(la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales emplea
aproximadamente al 25% de los profesionales del audiovisual en
Cataluña); las subvenciones directas o vía publicidad institucional
a diarios locales; la creación de símbolos e instituciones locales
cuyo objetivo no es tanto complementar como sustituir a las
españolas; los subsidios públicos a organizaciones de la llamada
sociedad civil que financian estudios (Òmnium Cultural pagó a un
académico canadiense de renombre para escribir un libro demostrando
que Cataluña es una nación) y organizan eventos que impulsan el
nacionalismo... Éstos son quizás los ejemplos más evidentes, pero a
ello hay que sumar un muy activo 15 o 20% de la población con una
alta capacidad de movilización.
Sólo desde los presupuestos de una sociedad oprimida por sus élites
políticas puede explicarse la creación de Ciutadans de Catalunya
que, lejos de nacer como un movimiento o lobby de base como sucede
por ejemplo en EEUU cuando los políticos no responden, ha sido
también un movimiento creado desde arriba por un grupo de
importantes intelectuales catalanes.
Por ello no se entiende que, dentro y fuera de Cataluña, el partido
que dice defender los intereses de los más débiles apoye, con el
presidente del Gobierno a la cabeza, en sus reivindicaciones al
grupo privilegiado de la sociedad catalana en perjuicio de sus
conciudadanos. Quizás sea porque, también en la cuestión de las
élites, Cataluña sigue estando a la vanguardia de España.
El tripartito incumple su promesa de
reducir la Administración catalana
www.gaceta.es 25 Septiembre 2010
El número de funcionarios ha pasado de 140.000 en 2003 a 226.000 en
2010. El incremento del sector público empresarial en la comunidad
ha sido de un 318% Desde 2003 se han creado 37 nuevas entidades
El Gobierno catalán ordenó a principios de año un estudio para
simplificar y reducir la Administración autonómica. El resultado fue
el Plan de racionalización del sector público de la Generalitat de
Cataluña, que fijaba el objetivo de suprimir o integrar 103
entidades públicas de las 245 existentes. El compromiso cayó en el
olvido hasta que CiU decidió reabrir la cuestión denunciando que
sólo se han integrado cuatro y que “se ha aprovechado para crear dos
nuevas agencias”.
El plan muestra que desde la llegada del tripartito al Gobierno, en
2003, se han creado 37 nuevas entidades públicas, y detalla que el
sector público catalán “es extensivo y sobredimensionado” en cuanto
al número de entidades con personalidad jurídica propia. Explica que
esta situación genera elevados costes de estructura y gestión, en su
mayoría financiados con recursos procedentes de la Generalitat.
El informe destaca que casi el 47% de las entidades “presentan
misiones, finalidades o funciones que en principio son
complementarias o similares”.
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