AGLI

Recortes de Prensa   Martes 28  Septiembre  2010

 

Plática de familia
IGNACIO CAMACHO ABC 28 Septiembre 2010

ÉSTA de mañana va a ser una huelga muy rara. Una huelga desganada en la que se atisba de lejos la falta de convicción de los convocantes y en cuyo fracaso no parece demasiado interesado el Gobierno contra el que teóricamente ha sido convocada. Una huelga sin ambiente, una huelga templada, una huelga amistosa, casi.

La mayoría de los trabajadores no quieren secundarla —otra cosa será que no tengan más remedio— y los propios sindicatos dan la impresión de ir a ella contra su propia voluntad. En realidad, es así: no han tenido más remedio porque tras dos años de alianza con el zapaterismo necesitan, tras el brusco alejamiento del presidente, una relativa exhibición de fuerza social para mantener su deteriorado predicamento. Y el Gobierno que quebró de repente su pacto de hierro siente una suerte de mala conciencia ideológica por su propia traición, tal que se diría que comprende los motivos sindicales y hasta estaría, si pudiese, dispuesto a apoyarlos; al fin y al cabo, fue la política conjunta la que condujo al borde de la bancarrota que provocó el forzoso golpe de timón reformista. De hecho, Zapatero no ha parado de justificar sus reformas en el imperativo categórico de los mercados internacionales de deuda, excusando la propia responsabilidad a expensas de su margen de autonomía soberana. Pero la única pirueta que todavía no puede componer este hombre, tan dado a contradicciones y quiebros, es hacerse una huelga a sí mismo.

Por eso hay un clima de pacto tácito, visible en el fácil acuerdo sobre los servicios mínimos, que apunta a un empate de conveniencia. A una huelga lo bastante intensa para que los sindicatos salven la cara pero no tanto como para desestabilizar al poder y ponerlo contra las cuerdas. En esa atmósfera de acuerdo implícito ha irrumpido como caballo en cristalería el ímpetu liberal de Esperanza Aguirre en defensa del derecho a trabajar, ofreciéndose como blanco común para el tiroteo que los presuntos adversarios no desean entablar entre ellos. Cargada de razones de fondo, la presidenta madrileña ha cometido el error táctico de erigirse en protagonista de un paro que no iba contra ella y ha soldado un poco más los cables que quedaban sueltos en el circuito entre las centrales y el Gobierno, deseosas ambas partes de encontrar un factor de distracción que reste vigor a su simulacro de enfrentamiento y desvíe la energía del presunto conflicto hacia un tercero sobrevenido.

Pero si ni los sindicatos ni el Gobierno quieren dramatizar, no existe motivo alguno para hacerlo. Escenifiquen su huelga y pásese la página de este ejercicio hipócrita que no es más que una plática de familia, como decía el Tenorio, una polémica artificial sin ánimo de hacerse daño. Proteste ahora el que quiera protestar, y el resto ya tendrá dónde y cómo hacerlo: cuando lleguen el día y la hora de las próximas elecciones.

La fe de Don Mariano
HERMANN TERTSCH ABC 28 Septiembre 2010

MARIANO Rajoy dice que se considera bien informado por el Gobierno en materia antiterrorista. Y está convencido de que el Gobierno socialista no está negociando en estos momentos con la banda terrorista. Nos alegra mucho saber que don Mariano está tan tranquilo. Otros, que por naturaleza somos más retorcidos y aviesos, no lo vemos todo con su envidiable placidez. Y tenemos algo más que una mosca detrás de la oreja, como le pasa a Jaime Mayor.

Comprendemos que el líder del PP crea que lo está haciendo muy bien todo. Las encuestas no dejan lugar a dudas. Algunas le dan ya trece puntos de ventaja al PP sobre el PSOE. Lo que comienza a ser una diferencia lógica entre oposición y Gobierno a la vista de que pintan bastos y de que el Partido Socialista se ha convertido en un divertimento de la descomposición y el desatino. Pero nos permitirá el líder de la oposición que le importunemos en su plácida pedalada hacia La Moncloa para advertirle. En la valoración e identificación de los peligros que emanan de Zapatero y su tropa, los cínicos, malpensados y descreídos hemos demostrado sobradamente nuestra superioridad sobre las buenas gentes, la gente de buena fe y la bendita ingenuidad. Modestia aparte, nuestros aciertos nos avalan.

Lo hacemos constar, sin alegría. Mucho nos tememos que le están engañando. Y nos negamos a pensar que a él no le parece ni bien ni mal que así sea. Porque sería realmente suicida y nada nos parece menos propio de un amante de la vida como nuestro fumador de habanos. La acumulación de indicios de que estamos plenamente inmersos en la reactivación de las negociaciones del Gobierno con ETA es ya tan grande —y crece con tanta celeridad—, que don Mariano debería tomarse la molestia de ponerlos en orden. Y sopesar la posibilidad de que también en esta ocasión le estén mintiendo el presidente del Gobierno y su Alfredo Fouché. Porque lo mismo cree el líder de la oposición que por el hecho de aventajar tanto a los socialistas en las encuestas, estos dos
hombres de dios le van a respetar ahora más que antes y más que a los demás. Tanto como para decirle una verdad. Eso sí que sería un grave pecado de vanidad.

Puede parecer una falta de tacto recomendarle que se lea bien una intervención que tuvo hace unos días en Sevilla Jaime Mayor Oreja. En ella describe muy bien todo este proceso en marcha, con la secuencia de comunicados de ETA, la lenta pero inexorable entrada en escena de los mediadores internacionales, la manida pero eficaz externalización de ETA de la izquierda abertzalecomo interlocutor, el aumento de privilegios para los presos y la coordinación con el PNV. Esto no va a pasar, don Mariano. Ya está pasando. Ya sabemos que don Jaime es un aguafiestas que irrita tanto en Génova como en Ferraz y Moncloa. Pero también es cierto que Mayor Oreja siempre ha acertado. Con la verdad. Y Zapatero y su Fouché siempre se han equivocado. Mintiéndonos a todos, incluido don Mariano

Componendas entre nacionalistas
ADOLFO GIL GÓMEZ La Opinión 28 Septiembre 2010

Los nacionalistas vascos que facilitarán la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2011 obtuvieron seis diputados a 50.000 votos cada uno, es decir representan a poco más de 300.000 españoles, más o menos el número de votos que cuesta el escaño de Rosa Díez o el de Llamazares.

Para terminar la legislatura aún no sabemos bien qué ha regalado el presidente del gobierno al PNV; pero, de lo ya hecho público, podemos deducir, sospechar, echarnos a temblar o directamente indignarnos, encolerizarnos y augurarle todos los males de la gitana que vende ramitas de romero.

Los derechos de los ciudadanos hace tiempo que no son los mismos dependiendo de su domicilio fiscal, hasta ahora los pactos de legislatura se venían solventando untando a los nacionalistas de turno con más cantidades, más euros para mejorar el servicio ciudadano en las competencias transferidas, como mucho se agilizaba el calendario de los traspasos, se pactaban infraestructuras de última generación, trenes voladores o prebendas personales. En esta ocasión creo que el salto cualitativo es de mucha trascendencia porque toca a la Seguridad Social, no será la exageración de su fragmentación en 17 cajitas únicas, pero por lo que vamos leyendo una empresa que se instale en el País Vasco no tendrá las mismas bonificaciones de la SS que una que se instale en Cuenca. ¿Esto afecta a la caja única? Es evidente que si se deja de ingresar en esa caja, afecta. Vendernos ahora la milonga de que la caja única es una especie de cuenta a plazo fijo que va acumulando intereses para pagar pensiones futuras es un insulto; de esa caja, más parecida a una cuenta corriente, entran y salen mensualmente cantidades que provienen de las cotizaciones de trabajadores y empresarios y salen cantidades destinadas a los fines que sean necesarios según lo disponga el gobierno de la nación; a partir de ahora será de otra forma, habrá cantidades que ya no se ingresen y habrá gastos que no decida el gobierno.

Parece un buen negocio para los nacionalistas vascos, pero puede ser que no lo sea tanto, son una población envejecida, su relación de activos cotizantes con pasivos receptores de prestaciones empieza a ser preocupante, a lo peor dentro de poco se percatan de que es precisa la solidaridad del resto de España. Por estas tierras pasa algo parecido, si a alguna de las provincias le echáramos las cuentas, entre los funcionarios que irán a menos y los pensionistas que irán a más, tienen menos futuro que servidor como humorista.

Pero no sé de qué nos asustamos, esta es la postura que mantuvieron con el Estatuto catalán, antes y después de la sentencia y lo que haga falta para que los nacionalistas no se enfaden. Es la misma postura de apoyo a las elucubraciones materializadas y perpetradas por el nacionalista Sarkozy y sus expulsiones de rumanos y la coincidencia con el nacionalista Rajoy y sus compadres catalanes buscando sin éxito campamentos gitanos por Badalona.

La semana pasada vimos los primeros pasos de los Presupuestos, las pensiones mínimas y del salario mínimo son, eso, mínimas, es preciso que el Gobierno rectifique la medida de congelación de las pensiones para 2011, que cumpla con los compromisos contraídos de elevar las pensiones mínimas y el Salario Mínimo Interprofesional, que financie estos necesarios incrementos sin recurrir a los excedentes de Seguridad Social, que deben contribuir a garantizar el futuro de las pensiones y no ser consumidos con decisiones cuya financiación debe proceder de los impuestos tal y como se ha acordado en el pacto de Toledo.

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Tiempo de penitencia
pedro arias ABC Galicia 28 Septiembre 2010

Los protagonistas de los excesos que nos llevaron al borde del abismo buscan hoy cómplices para recuperar una confianza imposible y la credibilidad perdida. Nada salió como se esperaba, todo pendía de un hilo, de una carta trucada que no podía durar. No hay servidumbre voluntaria en las esferas del dinero. Al final el endeudamiento extranjero hay que pagarlo. La fiesta nacional se ha terminado.

Los vendedores de humo utópico han comenzado a experimentar el realismo sobrevenido en los ciudadanos por la evidencia insoslayable de las falacias económicas. Zapatero se salvó por los pelos pero con una mayoría minoritaria y precaria en marzo del 2.008; todavía no se había evidenciado en toda su crudeza lo que estaba emergiendo; el engaño tuvo una última oportunidad. Pero ya entonces los nacionalismos periféricos, esos sueños del particularismo oportunista, iniciaron su declinar.

Un años después, en las autonómicas vascas y gallegas, los nacionalistas fueron desalojados de sus atalayas de poder; y en Galicia con sus aliados de la izquierda gubernamental.

Ahora le toca al tripartido catalán, la engreída coalición que inventó el Pacto del Tinell para aislar al PP con el cinturón sanitario para los apestados y así arrojarlo a las tinieblas de la cuarentena política. Expiarán su soberbia en la oposición y los protagonistas pagarán su arrogancia como sombras desaparecidas de la escena. De Cataluña el único interrogante es si la franja de electores que cambian de comportamiento electoral se focalizarán en CiU o darán una oportunidad suficiente al PP.

Quizás muchos prefieran mantenerse en claves del pasado, reafirmar el particularismo, el ser distintos e incluso superiores; más allá de la diferencialidad natural entre pueblos y entre personas. Es difícil desmentirse a sí mismos, desandar los caminos tanto tiempo transitados, cuestionar las señas de identidad, apostar por lo que en otro tiempo fue fácilmente denostado; e incluso justificadamente criticado. Nadie es perfecto; todo cambia y a la vez permanece. Arduo dilema político y moral.

Los damnificados por esta nueva época de cambio juegan a la gallina ciega y buscan cualquier aliado que les saque del túnel. El PNV pacta con Zapatero deferencias competenciales que ratifiquen la validez de los modelos aislacionistas del pasado; se trata tan solo de una honrilla ideológica y virtual, porque las transferencias vergonzantes serán administradas por Pachi López, el socialista que desbancó al PNV con el apoyo decisivo de Basagoiti, líder del PP.

En Madrid las caras del pasado y los contendientes por la sucesión interna, en el gobierno y en la arena de las primarias, entonan rogativas a la situación económica para que se rompan los indicadores de una vez y se anuncien las benaventuras de la nueva era de prosperidad antes de que lleguen las torturas de las citas electorales y sea imposible remontar. Mientras tanto se endurecen y dan palos de ciego; concentran la deuda para el estado, «todo el crédito para nosotros», filtran las posibilidades a los ayuntamientos dejando fuera a las joyas de la corona de la oposición y ensayan acosos selectivos a las comunidades autónomas adversarias.

A Galicia le caen todas. La culpa la tiene Feijóo y el PPdG que invirtieron la senda histórica de una Galicia que siempre fue a rebufo —cuando no a la inversa— de las tendencias políticas y electorales de España. Fijó el principio del fin de la era del falso talante, de la economía del endeudamiento masivo y del sedicente buenismo. Salvó a Rajoy y le inyectó un subidón de moral a un PP que desde entonces está imparable. Las europeas fueron un aviso.

Ahora se ha convertido en la comunidad más impertinente, primero vanguardia del cambio y después contestataria incansable de todas las maniobras de discriminación. No cesan de acosarla; en el tema financiero distorsionando un sector urgido de salidas rápidas y complejas; en la base energética, dificultando su modelo eólico, invadiendo competencias y trastocando las reglas del sistema; en la propia financiación de su gobierno autonómico, exigiendo con urgencia fondos gastados por el bipartito y configurando reglas de financiación desiguales, insolidarias y adversas; en los recortados medios para la dependencia, en las grandes inversiones públicas y en todo lo que pueda ser objeto de minado subterráneo o manifiesto.

Mientras tanto, el Gobierno Central se enfrenta a su propia penitencia; casi la mitad de los fondos de su presupuesto, tan vergonzantemente gestado, serán para gastos por desempleo y servicio de la deuda. Final coherente y representativo de una época de acritud, incompetencia y esperpento. Lo peor es que el pueblo será partícipe de su penitencia.

«Performance» sindical
IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 28 Septiembre 2010

Lo de mañana no es una huelga general, sino una «performance» sindical que, si saliera bien, sería llevada a Arco 2011 para epatar a la burguesía, o como se diga eso. De entrada, los sindicatos han tenido el buen gusto de señalarla en miércoles, a fin de que los huelguistas puedan organizar un «puente de la Huelga», que anticipa los puentes del Pilar, de la Inmaculada y de la Constitución, encadenados para obligar a los cinco millones de parados a no permanecer parados. Después de todo, son ellos los que pagan la «performance» de la huelga general que no es ni general ni huelga.

Huelga general es lo que montó Largo Caballero en el 34 porque a Gil Robles, que había ganado las elecciones, se hizo cargo de Defensa: «Se acordó declarar la huelga general en toda España», escribe el pobre loco en sus memorias, y añade: «Se compraron y repartieron armas, algunas de las cuales se entregaron a la comisión de Madrid y fueron descubiertas en una casa de los Cuatro Caminos. Una imprevisión de Prieto, que entregó a un individuo una tarjeta con direcciones, ocasionó la detención de algunos compañeros en la Ciudad Jardín, la Ciudad Universitaria y la Ciudad Lineal, con depósitos de armas... Se resolvió que en el caso de ser detenidos, para salvar a la organización obrera y al Partido Socialista se declarase que el movimiento había sido espontáneo como protesta contra la entrada en el Gobierno de la República de los enemigos de ésta... ¿Hice bien o mal al proceder como lo hice? ¿Debía entregar a la voracidad de la justicia burguesa a un defensor del proletariado?»

La Revolución sigue pendiente, pero ni Méndez, el Largo de Badajoz, ni Toxo, el Pasionario de La Coruña, van a repartir armas, sino subvenciones. De hecho, esta «performance» sindical no es más que un necesario reajuste de ubres entre tetones que no se dejan destetar. «¡A mí que no me toquen el cocido!» Porque, además, esta vez no hay en el Gobierno de eso que la izquierda y algunos revistosos del puchero llaman «fascistas». En la última huelga general, la del 20 de junio de 2003, el risueño comunista Romero creyó encontrar un par de ellos en un bar de Málaga y, al cabo, sólo consiguió este titular de prensa: «Antonio Romero condenado por pegar a un anciano que no hizo huelga». El anciano era el cliente, que quería desayunar. Romero, al parecer, llamó «fascista» al anciano burgués, pero sólo por ejercer, dijo, su derecho a la huelga «como piquete informativo». La información, lo primero.

Nuevo libro de Enrique de Diego: “Chueca no está en Teherán”
Redacción. Minuto Digital 28 Septiembre 2010

Reproducimos a continuación un extracto del libro ‘Chueca no está en Teherán, contra el caballo de Troya del multiculturalismo’ (Editorial Rambla), del que es autor el periodista Enrique de Diego, y que acaba de ponerse a la venta:

Lo descrito relativo a Inglaterra sonará al lector español a cosa sabida. La estrategia de caballo de Troya seguida por el laborismo es la misma de los gobiernos de Zapatero, aunque en este caso puede haber un plus de fatuo énfasis, propio de la estulticia que siempre exhibe el presidente socialista español. Incluso esa ingeniería social de demolición interna recibe el pomposo y vacuo nombre de ‘alianza de civilizaciones’, e incluye liderar el lobby a favor de la entrada de Turquía en la Unión Europea, con la consecuencia añadida de la libertad de movimientos por Europa de más de 68 millones de musulmanes, a sumar a los 52 millones que ya habitan en el ámbito de la Unión.

Aunque la islamización de España recibió un fuerte impulso con la política demencial de ‘papeles para todos’ perpetrada por el Gobierno socialista, y jaleada por los apoyos sociales subvencionados del partido socialista (docentes, medios de comunicación, cineastas, artistas, onegés y sindicatos), quienes primero abrieron las puertas sin control a la inmigración musulmana fueron Aznar y sus gobiernos. Ya a finales de 2001, tras el atentado en Nueva York de las Torres Gemelas, se incrementa la actividad de los integristas islámicos en España. En la operación Nova se detiene a dieciocho de ellos, comandados por Mohamed Achraf, que pretenden atentar contra la Audiencia Nacional. A finales de ese año, el grupo que cometerá la masacre de Atocha está prácticamente estructurado y mantiene reuniones en un piso de la calle Virgen del Coro de Madrid. En el año 2003 ya tienen en marcha la compra de explosivos en el mercado negro asturiano.

Esos peligrosos integristas no llegaron con Zapatero, sino que ya estaban con Aznar. Ante las críticas a su laxa política de inmigración, el entonces presidente del Gobierno del PP, respondió con frívola megalomanía que España tenía “problemas de país rico”, como corolario del lema más genérico de “España va bien”. No se exigió, como es el mínimo lógico de cualquier política de inmigración sensata, la aceptación de los valores básicos de la nación de acogida, de su ordenamiento legal (buena parte de los terroristas suicidas del 11 de marzo de 2004 eran conocidos narcotraficantes, sin que ello motivara su expulsión) y constitucional. Ni tan siquiera se primó la inmigración iberoamericana, de mucho más fácil integración por la lengua y la religión comunes.

El PP se mimetizó con la izquierda socialista y asumió su programa en materia de inmigración aunque con algún grado menos de radicalidad, pero es igualmente responsable de haber permitido y colaborado en la puesta en marcha de la ingeniería social de la estupidez multicultural y de la islamización de amplias zonas de España. La situación es muy grave en Murcia y Valencia, comunidades gobernadas por el PP; preocupante en Madrid; pero es especialmente grave en Andalucía y, sobre todo, en Cataluña.

La islamización en Cataluña ha sido incentivada tanto por los socialistas como por los nacionalistas catalanes, que coinciden en un extraño racismo y xenofobia contra todo lo español (lo cual es bastante delirante y complicado siendo ellos evidentemente españoles). Quienes son castellanoparlantes son perseguidos y discriminados por el nacionalsocialismo catalán, se les impide la educación en castellano (se persigue su uso en los recreos), se prohíbe su acceso a la función pública, se multa a aquellos que rotulan sus establecimientos en castellano. Esa política se proyecta y afecta a la inmigración castellanoparlante, a la que se percibe como un factor disolvente de la ‘identidad’ catalana que se identifica con el conocimiento y uso del catalán. Un integrista islámico que hable catalán no rompe el estulto imaginario del nacionalsocialismo. El efecto llamada de éste al islamismo ha sido más poderoso que en el resto de España. Es una grave responsabilidad de su mediocre y corrompida casta política.

Debates en dos lenguas
José Domingo www.vozbcn.com  28 Octubre 2010

‘A día de hoy ninguna formación política ha reclamado debates en catalán y castellano entre los seis candidatos de los partidos con representación parlamentaria, dándose por sentado que la lengua vehicular y preferente debe ser sólo el catalán cuando lo normal sería que las reglas de los debates garantizarán el pluralismo lingüístico’.

En las campañas electorales de los últimos tiempos, los debates televisados se han convertido en un elemento clave con suficiente poder como para inclinar, en uno u otro sentido, el resultado de las propias elecciones. Actualmente, el electorado no suele acudir a los mítines ni participa activamente en la campaña electoral, por lo que los debates televisivos entre los principales candidatos se convierten en el escenario crucial donde determinar el voto de los indecisos o, incluso, cambiar el sentido del mismo. Es sumamente arriesgado para un candidato negarse a celebrar un debate, porque los electores pueden interpretar su negativa como síntomas de soberbia o debilidad.

En la precampaña de las elecciones autonómicas, ha aflorado un tema de discusión que, tratándose de Cataluña, no podía ser otro que el de la lengua. Estatutariamente, en Cataluña, existen dos lenguas oficiales (tres a partir de la entrada en vigor de la Ley del Aranés) por lo que no tendría que generar ninguna polémica que los debates entre los principales candidatos se ofrecieran en los dos idiomas.

Sin embargo, el mero planteamiento de esta posibilidad ha dado lugar a una agria controversia entre los equipos de campaña de los dos principales partidos políticos. El repentino fervor bilingüe del PSC le ha parecido a Felip Puig, el soberanista secretario general de CiU, un insulto a la inteligencia; no es de extrañar esa reacción en una persona que se retuerce, incómodo en su asiento, cuando escucha intervenciones en castellano en el Parlamento de Cataluña.

A un mes de las elecciones todavía no se sabe si Montilla y Mas se verán las caras en un 'debate a dos', o si serán dos debates, uno es español y otro en catalán.

La discusión ha alcanzado tal magnitud que ha merecido la atención de un sondeo electoral, el del Racómetre de RAC1 del mes de octubre que ha preguntado sobre la lengua de los debates entre Artur Mas (CiU) y José Montilla (PSC). Mil personas han contestado la entrevista telefónica (456 catalanohablantes, 328 castellanohablantes, 214 bilingües y 2 de otras lenguas). Para el 71,6% de los catalanohablantes los debates se deberían hacer sólo en catalán, mientras que sólo un 19,8% era partidario de debates en los dos idiomas. Por su parte, un 60,3% de los entrevistados castellanohablante se inclinaba por la opción bilingüe y, sorprendentemente, un 17,5% de este sector prefería que todos los debates se desarrollaran en catalán. El 43,8% del grupo de los bilingües ha defendido la opción monolingüe, mientras que un 40,8% se decantaba por debatir alternativamente en catalán y en castellano. En resumen, un 55.5% prefería los debates en catalán y un 31.4% se mostraba partidario de hacerlo en castellano y catalán; del resto, un 13,1% no tenía formada opinión o no le interesaba el tema y un 4,8% solicitaba otras opciones.

Si comparamos esta encuesta con la de usos lingüísticos de la Generalidad de Cataluña de 2008 se aprecian algunos desajustes. En la del Racómetre hay un mayor número de entrevistados catalanohablantes y, en cambio, la sociedad catalana es principalmente castellanohablante. Esa disfunción se puede deber al azar o a que los catalanohablantes están más movilizados y se muestran más predispuestos a contestar este tipo de encuestas políticas que los castellanohablantes.

También hay otro dato interesante, un número significativo de castellanohablantes (17,5%) optan por que los debates se hagan sólo en catalán. De producirse la situación inversa, el nacionalismo catalán, siempre tan exagerado, ante la renuncia de los derechos lingüísticos y la cesión a la lengua del poder, calificaría este fenómeno como un síntoma de autoodio.

A día de hoy ninguna formación política ha reclamado debates en catalán y castellano entre los seis candidatos de los partidos con representación parlamentaria, dándose por sentado que la lengua vehicular y preferente debe ser sólo el catalán cuando lo normal sería que las reglas de los debates garantizarán el pluralismo lingüístico, salvo que se asuma que el público al que se dirigen las elecciones autonómicas es el catalanohablante.

De los seis candidatos principales, tres se reconocen catalanohablantes (Mas, Puigcercós y Herrera), dos bilingües (Sánchez-Camacho y Rivera) y uno castellanohablante (Montilla), pero este, durante toda la legislatura, ha hecho alarde casi exclusivo de la lengua catalana, lo que ha mermado su capacidad dialéctica en los debates parlamentarios.

En un debate electoral, sea a dos o a seis, los candidatos deben estar en las mejores condiciones y en igualdad de oportunidades por lo que es importante que, además de fijar los límites de tiempo y las condiciones para tomar la palabra, se establezcan reglas que garanticen una presencia equilibrada del castellano y del catalán y, sobre todo, no olvidar que el destinatario del debate es el público en general.

Sin embargo, a la vista del formato lingüístico estándar de los debates en las elecciones autonómicas parece como si el voto objeto de deseo fuera únicamente el de los catalanohablantes. Por lo tanto, debe ponerse en duda la sinceridad de los candidatos cuando lamentan el distanciamiento de la ciudadanía de la política y el elevado nivel de abstención, y empezar a sospechar que la desidia de una parte importante del electorado, que no ve como suyas estas elecciones, forma una parte consustancial del sistema que es aceptada y alentada por el propio establishment político.

José Domingo es diputado autonómico y presidente de Impulso Ciudadano

El PCE, más de 30 años después, sigue sin reconocer sus crímenes
Redacción. Minuto Digital 28 Septiembre 2010

El 9 de abril de 1977 culminó un largo proceso de negociación llevado a cabo entre Suárez y Carrillo, que cambio la estrategia de ruptura del PCE, por lo que entonces llamaron “ruptura pactada”. La Corona quedaba a salvo, pese a ser D. Juan Carlos un rey puesto por Franco. El monarca era visto con buenos ojos por los EE.UU. y la socialdemocracia internacional tampoco se oponía a su continuidad. Por otro lado los socialistas, pese a contar con importantes fuentes de financiación extranjeras, estaban divididos y sobre todo, apenas contaban con militantes dentro de España que pudiesen organizar ningún tipo de oposición seria a los políticos franquistas que pilotaban la transición. La verdadera fuerza de oposición interna al franquismo estaba en los comunistas y, tanto Suarez como la Corona, sabían que de ellos dependía en buena parte que el proceso de transición a la democracia fuese una reforma que garantizase su continuidad y no una ruptura de difícil pronostico.

Carrillo, que acababa de abandonar la hospitalidad del tirano rumano Ceauchescu, por su parte, consciente también de la necesidad de evolución para sobrevivir, se apunta a la moda del eurocomunismo y tras la reunión del Comité Central, la dirección comunista comparece ante la prensa, escenificando la aceptación de las condiciones del pacto, nada más y nada menos que con la bandera de España cubriendo la mesa, algo impensable hoy en día.

Carrillo vende a sus bases la necesidad de apoyar la transición pilotada por los franquistas para evitar un fantasmagórico golpe involucionista. No será la última apelación a un supuesto intento de golpe de Estado, que el PCE vuelve a repetir durante el verano, tras las primeras elecciones democráticas, con motivo de la huelga de la construcción, para justificar la extravagante petición de un gobierno de concentración nacional, en el que estén todos los partidos representados. Algún día quizás los investigadores encuentren en los archivos de la extinta URRS alguna explicación a tal comportamiento.

En todo caso atrás quedó el servilismo a Stalin, la matanza más brutal de toda la guerra civil protagonizada por Carrillo en Paracuellos, la implacable persecución religiosa, los asesinatos masivos de militares, falangistas y derechistas o la sanguinaria purga interna de los troskistas del POU, todo en aras de la viabilidad nuevo régimen democrático. Una lista de atrocidades que el PCE jamás ha reconocido y por las que nunca ha pedido perdón. Algo que deberían recordar en el PCE antes de hacer cualquier alusión a “olvidos”.

Huelga general 29-S
UGT y CC OO recibieron al menos 500 millones de euros en lo peor de la crisis
 www.gaceta.es 28 Septiembre 2010

La cantidad corresponde sólo a las subvenciones estatales. Apenas el 12% de los trabajadores están afiliados a alguna de las dos centrales sindicales mayoritarias.

La crisis económica ha salpicado con mayor o menor virulencia a todos los resortes de la sociedad. Cientos de miles de empresas han quebrado y la tasa de paro roza peligrosamente los cinco millones, pero los ingresos de los sindicatos han engordado con la recesión.

Aunque es prácticamente imposible realizar un cálculo real del volumen de ayudas públicas que reciben las principales centrales sindicales, según un informe realizado por el sindicato USO, Comisiones Obreras y UGT han recibido como mínimo 500 millones de euros entre 2007 y 2009.

Pero esta cantidad sólo se refiere a las ayudas que han ingresado los sindicatos por la vía de la Administración General del Estado. Es decir, que a esa cantidad ya de por sí abundante, hay que añadir las partidas que han llegado a las centrales a través de las subvenciones de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Según algunos estudios, esa cantidad podría duplicarse si se añadiesen las ayudas de las administraciones regionales. Así, por ejemplo, a las cifras citadas anteriormente habría que sumar otros 265 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió a UGT y CC OO entre 2004 y 2009.
La formación

Una de las patas fundamentales para la financiación de las centrales sindicales es, sin duda, las partidas que recibe por la gestión de innumerables cursos de formación.

Se trata de un negocio realmente suculento que consiste en ofrecer a parados y trabajadores todo tipo de formación que el Inem es incapaz de ofrecer. La mayor parte de los cursos que gestionan los sindicatos pasa necesariamente por las manos de la Fundación Tripartita que controla un presupuesto de más de 2.200 millones de euros.

Otro de los pilares en los que se asientan las arcas de los sindicatos en España es la negociación colectiva y la gestión de los expedientes de regulación de empleo, los consabidos ERE.

Es decir, que la crisis ha servido también para incrementar las partidas de las principales centrales, pues en 2009, los ERE crecieron un 583,7% y afectaron a 953.331 trabajadores.

En los últimos tres años, podrían haber ingresado en torno a 200 millones procedentes de la intermediación en los procesos de regularización de empleo, según han publicado varios diarios económicos. Y es que por cada despido que gestionan los sindicatos en estos casos, las centrales se llevan, al menos –varía según la organización sindical–, entre un 10% y un 15% de la cantidad que le corresponde como indemnización a cada empleado despedido en un proceso de regularización masiva.

Pero los sindicatos reciben dinero público también por la gestión de planes de pensiones. Según publicó LA GACETA, CC OO y UGT se embolsan anualmente medio millón de euros por la administración del Plan de Pensiones de la Administración del Estado.
Mileuristas

Gracias a todas esas partidas salidas de las arcas públicas, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo no tienen que preocuparse de llegar a fin de mes.

Según confirmó el líder de UGT en el programa Tengo una pregunta para usted, de Televisión Española, su sueldo ronda los 2.500 euros mensuales. Una cifra nada desdeñable, pero muy lejana a los 120.000 euros de ingresos anuales de los trabajadores que el Gobierno ha catalogado como ricos y a los que subirá su aportación impositiva el próximo año.

Ambos líderes sindicales cobran, según han manifestado, en torno a los 30.000 euros al año.
No sólo los dirigentes sindicales superan ampliamente los sueldos mileuristas. También sus asesores perciben unos sueldos anuales que rondan los 30.000 euros en el caso de Comisiones Obreras.

Uno de los motivos que ha provocado que el sindicato mayoritario de la función pública se haya descolgado de la convocatoria del 29-S es que los sindicalistas se han subido el sueldo en el último año, mientras los empleados públicos tendrán que apretarse el cinturón y soportar un recorte de su sueldo.

Según consta en el BOE, en 2009 los responsables de UGT se subieron el sueldo por encima de lo que subió la vida, es decir, por encima del IPC, que suele ser el valor utilizado para las revisiones salariales.

En junio del año pasado se publicaron las tablas salariales del convenio colectivo marco de la UGT. Según consta en el BOE, el poder adquisitivo de los empleados sindicales –en el caso de UGT, más de 1.500 trabajadores– subió el año pasado casi un 4%, mientras que el IPC cayó un 0,3%.

También este año y el siguiente verán incrementarse sus sueldos, aunque en menor medida, mientras que los funcionarios ven reducirse su sueldo y los pensionistas congelarse sus pagas.Pero quizás si hay un aspecto que resulte preocupante tanto para los propios sindicatos como para los contribuyentes es que el número de afiliados a las organizaciones mayoritarias cae en picado cada año. Las centrales se niegan a dar datos oficiales de sus afiliados y eso no hace más que aumentar las sospechas sobre su escasa representatividad real.
Sin afiliados

Según datos de 2008, Comisiones Obreras es la central mayoritaria con más de 1.200.000 sindicalistas en lista. UGT, por su parte, sobrepasa levemente el millón, aunque estas cifras podrían haber variado de forma contundente en el último año.

Los coordinadores sindicales se han quejado de que la crisis –aunque les ha reportado beneficios por la gestión de los ERE–, ha supuesto un bajón en el número de afiliaciones, pues los trabajadores no consideran rentable pagar a un sindicato por sus servicios, pues son conscientes de que las centrales van a seguir financiándose con el dinero público.

La clave está en comparar las cifras de afiliación con el número de trabajadores ocupados existentes ahora mismo en nuestro país. Según los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA), en España existen 18.476.900 trabajadores. Si relacionamos ese dato con el de los sindicalistas de carné, la conclusión es aplastante. Sólo un 12% de los asalariados españoles confían en la labor de los sindicatos mayoritarios.

Esas cifras coinciden y se traducen en una imagen de descrédito y desánimo general de las centrales, especialmente UGT y CC OO, que se han convertido para gran parte de la sociedad en un lastre.

Así, tampoco
El Editorial  La Razón 28 Septiembre 2010

Si las encuestas están en lo cierto, la mayoría de los trabajadores y ciudadanos no secundará la huelga general de mañana, aunque esa misma mayoría considera que hay razones suficientes para su convocatoria. Es decir, la opinión pública coincide con el lema sindical de la huelga para decirle al Gobierno «Así, no», pero al rechazar el paro, le replica a los sindicatos «Así, tampoco». No es la única paradoja aparente que hace tan atípica la jornada de mañana. Hay otras aún más llamativas, como la «comprensión» del Gobierno hacia el descontento laboral, el pacto tácito de no agresión entre ambas partes y la desviación de la agresividad sindical hacia los empresarios y la derecha política. Es la primera vez en España, y probablemente en Europa, que los líderes sindicales apuntan las baterías de la huelga general no contra el Gobierno que la ha provocado con su recorte de los derechos sociales, sino contra la oposición. La insólita campaña de videos de UGT, con groseros ataques a empresarios y emprendedores, refleja bien a las claras cómo la burocracia sindical busca en la derecha al chivo expiatorio del desastre laboral. Hay varias razones que explican esta patología que semeja la esquizofrenia, pero destacan la mala conciencia de los sindicalistas por su complicidad con una atolondrada política económica, el lastre ideológico que arrastran como fantasmas encadenados del siglo XIX y un hondo sentimiento de frustración por lo que consideran una traición de sus «hermanos» socialistas.

Así se explica que los organizadores del 29-S llegaran rápidamente a un acuerdo de guante blanco con el Gobierno de Zapatero para establecer los servicios mínimos y, por el contrario, mostraran su perfil piquetero con el Gobierno de Esperanza Aguirre. Éstas son las coordenadas y las intenciones en las que se moverán mañana los huelguistas, que nada tienen que ver con la opinión y el ánimo de los ciudadanos. Es probable que el país se paralice en buena parte, pues es relativamente fácil boicotear unos transportes públicos fuertemente controlados por los sindicatos. Pero una cosa es que la actividad laboral se congele y otra bien distinta que los trabajadores se movilicen detrás de las pancartas, más allá de los miles de liberados y de los llamados «piquetes informativos», eufemismo que suele ocultar la coacción, la amenaza y hasta la agresión a quienes no desean secundar el paro. En este punto, el Gobierno no puede rehuir su obligación de garantizar el derecho a trabajar de quien así lo desee y elija. Es muy libre de juzgar con benevolencia la convocatoria del paro y de extremar su delicadeza con los huelguistas, a los que de ningún modo quiere importunar, pero no puede abdicar ni soslayar sus responsabilidades de proteger el derecho de los trabajadores a trabajar. El derecho a la huelga es, por constitucional, indiscutible e inviolable, pero en medida exactamente igual ha de defenderse el derecho a no secundarla. ¿Cumplirá el Gobierno socialista con su obligación o tratará con manga ancha a ese «sindicalismo borroka» que suele aparecer en las grandes ocasiones? Éste será otro de los test que se plantea en la jornada de mañana, primera huelga general desde 2002.

El tongo
Javier G. FERRARI  La Razón 28 Septiembre 2010

España va a asistir mañana a un presunto pulso entre los sindicatos y el Gobierno que tiene un tufillo a tongo que tira de espaldas. Por si faltaba algo en la huelga-montaje, el sábado salieron a escena los subvencionados de la ídem, los actores, cantantes y escritores de la ceja que llevan haciéndole el caldo gordo a Zapatero desde el año 2003 con el «no a la guerra», el «nunca mais» y el aplauso entusiasta al llamado cordón sanitario por el que se quiso marginar al PP y sus diez millones de votantes de la vida política con la firma del Pacto del Tinell, uno de los episodios más infames de la democracia española. Si existía alguna duda de las verdaderas intenciones de CC OO y, sobre todo, de la UGT del cuarto vicepresidente, Cándido Méndez, no hay más que ver la cerrazón mostrada a la hora de negociar los servicios mínimos en Madrid, mientras que con el Ministerio de Fomento todo fueron facilidades. Los vídeos promocionales de la huelga-tongo ya lo dejaron muy claro. Se trata de darle leña a los únicos que son capaces de crear riqueza y por lo tanto puestos de trabajo, que no son otros que los empresarios, a quienes la reforma laboral les parece tan baja en calorías, tan descafeinada, como a los propios sindicatos, aunque jamás lo reconocerán públicamente. Por eso había que montar la huelga. Para salvar la cara del Gobierno y del PSOE cuando la caja de los truenos electorales está a punto de abrirse y no se va a cerrar hasta marzo del 2012. Hay que hacer creer a los potenciales votantes de la izquierda que se castiga a Zapatero, cuando el mensaje de verdad es demonizar a los patronos por su voracidad y a la derecha por haber realizado políticas neoliberales, y culparlos por ello de los cuatro millones de parados y el desastre de nuestra economía. El pobre presidente no ha tenido más remedio que aplicar la cirugía bien a su pesar ya que, como todo el mundo sabe, su especialidad es la homeopatía y la hipnosis.

Lo malo es que cada vez que hay que salvar al soldado ZP nos cuesta un ojo de la cara. De nuestra cara de contribuyentes resignados. A los liberados no les van a descontar un duro del sueldo que no se ganan, pero al resto de los que mañana no vayan a trabajar sí. ¿ Y cuantos de los que no acudan a sus trabajos no lo harán por miedo a los piquetes coactivos? Cuando un Gobierno tiene la firme voluntad de garantizar el derecho al trabajo, como ocurrió con el de Aznar en junio del 2002, la huelga fracasó por más que la propaganda político-mediática-sindical nos quisiera hacer creer lo contrario. La convocatoria de mañana no se ha realizado para exigir que se creen las condiciones necesarias para generar empleo. Los parados les importan un bledo. El objetivo es crear una suerte de ilusión de protesta contra el Gobierno mientras se envían constantemente mensajes y consignas contra el PP y la patronal con un interés muy especial en hacer daño a Esperanza Aguirre, a quien como no pueden desalojar en las urnas por más primarias que se hagan, hay que denigrar groseramente. Por eso Pilar Bardem y el resto de sus mariachis de la «gauche divine» se han prestado al tongo, a la farsa. Pase lo que pase mañana, salvo que los piquetes hagan salvajadas, el Gobierno podrá venderlo como un triunfo de su talante hacia las clases menos favorecidas y todo ese rollo demagógico que llevamos soportando desde marzo del 2004.

¿Europa de las libertades?
José Luis Requero  La Razón 28 Septiembre 2010

Confieso que no estaba al tanto. Pero gracias a Profesionales por la Ética he sabido que el próximo 7 de octubre la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votará el Informe McCafferty. Me explico. La semana pasada, organizado por Profesionales por la Ética, asistí a un desayuno con Sophia Kuby, directora ejecutiva del Observatorio Europeo para la Dignidad (European Dignity Watch). Este Observatorio es una organización europea que defiende la vida, familia y las libertades fundamentales mediante la presencia, asesoramiento y acción jurídica en las instituciones europeas.

Kuby alertó de unas iniciativas poco conocidas –que pasen desapercibidas es parte de su estrategia– cuyo objetivo es limitar las libertades fundamentales. Se refirió al Informe McCafferty y al proyecto de Directiva Antidiscriminación en el que trabaja la Unión Europea.

Son distintas pero coinciden en esos dos puntos –pasan desapercibidas, recortan libertades– con las que iría cuajando una dictadura global. El telón de fondo es generalizar la idea de que el aborto es un derecho que, como tal, no puede ser contradicho y que los estados deben garantizar. Y aquí empieza esa dictadura: al ser un derecho hay que laminar todo aquello –y a todo aquel– que sea un obstáculo.

El nervio de ese Informe McCafferty es poner coto a la libertad de conciencia basada en convicciones morales. Constata el incremento constante de personal sanitario que objeta y su respuesta es sencilla: cercenar esa libertad, limitar la objeción, de ahí su empeño por encerrarla en los muros de lo estrictamente privado, sin trascendencia pública. Erige el aborto en derecho, pero no lo presenta así, a las claras, sino que lo enmascara con la apelación a la salud reproductiva y sexual. La consecuencia cae por su propio peso y no es otra sino que no podrá prevalecer nada que contraríe ese nuevo derecho, incluso plantea que la objeción de conciencia ceda en caso de urgencia, que el objetor esté obligado a satisfacerlo.

Como se ve, lo que ese informe propugna, en el fondo, ya está incluido en nuestra vigente Ley del Aborto. En este sentido somos, lamentablemente, un país avanzado, precursor; vamos en contra de la Constitución que ordena a los poderes públicos procurar que el ejercicio de los derechos y libertades sea real y efectivo, les ordena que remuevan los obstáculos que impidan ese ejercicio. Pues bien, la Ley del Aborto rechaza que prevalezca la objeción de conciencia –manifestación de la libertad de pensamiento– y así todo conflicto que surja se resolverá de la «forma más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer», esto es, del aborto.

Otro eje del informe es que la objeción no tenga más alcance que el estrictamente privado: no cabe que tenga trascendencia pública. Habrá que llevar esto a otros ámbitos y materias, por ejemplo, la enseñanza. Con esos planteamientos no cabría que una universidad se niegue a que en su Facultad de Medicina se enseñe a cómo practicar un aborto; un colegio no podría negarse a que se enseñe esa particular concepción de la salud y los derechos de la mujer.

En la Europa del siglo XXI puede aparecer un nuevo gueto: el que excluya a quienes tengan convicciones sólidas, sean cuales sean, pero que no profesen la ideología dominante. Como dice el Informe McCafferty para el caso de los médicos, «la conciencia caprichosa de los médicos no puede prevalecer sobre los derechos reproductivos de las mujeres». Cerco a las convicciones, a las creencias. Se tiñe esa libertad de conciencia de presunción de culpabilidad, se ve cierta malicia en su ejercicio. Como no es un derecho que el Estado deba promover y garantizar, quien apele a sus convicciones para no practicar abortos deberá probar que su objeción es seria y actúa de buena voluntad.

Me he referido al Consejo de Europa y a la Unión Europea, a su proyecto de Directiva antidiscriminación, merecedora de un comentario aparte. Pero ahí está la ONU y su Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres y los Niños, también con el aborto como derecho planetario, de cuya aceptación por países subdesarrollados pueden depender ayudas. Es lo que se ha ventilado en la Cumbre celebrada la pasada semana sobre los Objetivos de desarrollo del Milenio. Habría que añadir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia en la que se libra otra sorda guerra: la de las raíces cristianas de Europa (tema de los crucifijos en las escuelas) o la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones (Educación para la Ciudadanía en España).

Esas organizaciones supranacionales son terreno de conquista para esas minorías que sostienen los postulados de la ideología de género (feministas radicales, lobby gay) o la industria abortista o, simplemente, para los que quieren eliminar las raíces de la cultura occidental. Cuentan de este modo con un atajo rápido y eficaz para su estrategia global de ingeniería social, de transformación de mentalidades. De imposición ideológica, de dictadura global, en lo que debería ser la Europa de las libertades.

Delincuencia legal
Francisco Rubiales PD 28 Septiembre 2010

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, quiso un día construir una obra que perdudara y que constituyera un monumento a su memoria, como si de un faraón se tratase. Ideó entonces unas setas enormes, en pleno centro de Sevilla, en la Plaza de la Encarnación, una obra cargada de problemas y que concita el rechazo de buena parte de sus ciudadanos. La obra, según algunos técnicos, es imposible porque carece de cimientos suficientes. Para otros expertos, es una locura que destruye la armonía del centro de Sevilla. La obra, ya medio realizada, acumula años de retraso y carece de sentido en tiempos de crisis, pero el alcalde se empeña en terminarla, a pesar de las masivas opiniones en contra. Muchos creen que la obra nunca se terminará y que tendrá que ser demolida en el futuro. En todo caso, como ya reconocen los propios promotores, la obra costará una fortuna, cien millones de euros más de lo planificado por un ayuntamiento endeudado y arruinado, que subsiste porque acribilla a sus ciudadanos con impuestos.

Las setas de la Encarnación sirven como ejemplo de lo que denominamos "delincuencia legal", una plaga que azota a la democracia española y que convierte a muchos políticos en delincuentes legales, en causantes de terribles daños al erario público, al bien común, al interés general y a la ciudadanía, sin que sufran consecuencia alguna, sin que paguen por ello.

En la democracia española, laxa y podrida, casi todas las insensateces y arbitrariedades son legales. El poder, en la práctica, es casi inmune e impune.

Cuando Zapatero compra los votos que necesita a los nacionalistas vascos o catalanes con dinero público, está anteponiendo su interés personal y el de su partido al bien común y al interés general, empleando dinero público para alcanzar esos fines, lo que equivale a practicar con impunidad la delincuencia legalizada. También es delito legal baneficiar a Cataluña sobre otras autonomías, rompiendo así el principio constitucional de la igualdad. No es menos delito legal repartir subvenciones entre empresas amigas, colocar a los parientes y amigos antes que a los que merecen esos puestos, elaborar listas negras de empresas a las que no se les otorgan subvenciones y concursos, cuando se miente a los ciudadanos y en otras mil actuaciones del poder, todas ellas merecedoras de ser tipificadas como delito en una democracia auténtica.

Cuando el ex presidente de Andalucía y actual vicepresidente del gobierno, Manuel Chaves, entregó 10 millones de euros a una empresa de la que su hija era apoderada, cometió un "delito legal" que debería avergonzarle y obligarle a dimitir.

Si se contabilizaran un día los miles de millones de euros gastados (malversados) por los últimos gobiernos españoles en comprar votos, en beneficiar a sus familiares, amigos y compañeros, en colocar en cargos públicos a gente innecesaria, en doblegar voluntades, en comprar medios de comunicación, en aplastar adversarios y en silenciar secretos, descubriríamos con sorpresa que con ese dinero podrían haberse construido por lo menos 20 centrales atómicas o garantizar las pensiones de los españoles durante los próximos dos siglos.

Muchos políticos españoles, arrogantes y blindados por la impunidad, cuando se les plantean estos asuntos se limitan a decir que "si no le gusta lo que hago, no me vote en las próximas elecciones", un argumento indeseable e insuficiente que demuestra la baja calidad de la democracia española y la baja estofa de sus dirigentes, pero los daños que causan quedan sin castigo y ellos, causantes de dramas y perjuicios muchas veces irreparables, en lugar de sufrir el castigo de la sociedad indignada, terminan disfrutando de pensiones de lujo y de privilegios que merecen menos que la cárcel.

Aunque los "delitos legales" son un mal generalizado en las democracias modernas, España es el líder en Europa y, probablemente, en todo el mundo occidental. Esos delitos legales se están extendiendo por doquier y en Europa son el reflejo de un diseño de una despreciable política sin ciudadanos, que goza del amparo de Bruselas.

Voto en Blanco

Una huelga contra la libertad
Salvador Sostres El Mundo 28 Septiembre 2010

La huelga de mañana va a ser cualquier cosa menos un ejercicio de democracia y de libertad. Los sindicatos nunca han creído ni en una cosa ni en la otra. Su ideología tiene evidentes raíces totalitarias y su estrategia siempre ha sido la amenaza y el chantaje. Una huelga general es un chantaje, un chantaje despreciable e inaceptable. Cada comité de empresa es una intromisión inaudita en la propiedad privada. Cada liberado sindical es un robo, una burla a la mínima libertad empresarial de contratar a alguien y que cumpla con su trabajo.

Lo primero que hicieron los sindicatos ante la convocatoria de la hulega general fue intentar eliminar al máximo la libertad de los que no querrán secundarla y que como personas decentes intentarán acudir a sus trabajos. Lo primero que hicieron fue intentar parar los transportes con unos servicios mínimos vergonzosos y armar una potente red de piquetes informativos que de informativos no tienen nada y no son más que unos impresentables que rompen cristales y amenazan -y hasta agreden- a las personas honradas por el simple hecho de querer cumplir con su trabajo o de pretender abrir sus negocios. Luego vinieron las amenazas. En Canarias han llegado a advertir del "grave riesgo" para los niños que vayan al colegio. En Madrid no garantizan los servicios mínimos. Etcétera.

Esto no es libertad, esto no es ni va a ser una huelga general. Va a ser una huelga sindical, de las castas sindicales. Los ciudadanos normales harán lo que puedan, que ante semejante clima de amenaza, servicios mínimos no atendidos y piquetes violentes, se presume que va ser más bien poco. La huelga de mañana va a ser una pantomima de las élites sindicales, de los mismos jetas de siempre, los mismos holgazanes que llevan desde la recuperación de la democracia buscando excusas para no trabajar y cobrar igualmente. Ellos y sólo ellos y sólo en su propio interés y para su propio beneficio querrán hacerse los imprescindibles y los salvadores para poder seguir viviendo del cuento a costa de los trabajadores a los que dicen defender y a los que simplemente chulean haciendo negocio con su necesidad.

Lo de mañana va a ser un escarnio a los valores de occidente, al principio de libertad y de prosperidad, un mayúsculo insulto a la inteligencia y una demostración más que la izquierda y lo que plantea la izquierda está obsoleto y caducado, todo en ella es fracaso y naufragio.

La verdadera huelga que tendría que hacerse sería contra las políticas de izquierda que nos han llevado a la miseria actual, y contra la complicidad sindical que ha tenido Zapatero para arruinar a España durante los años que lleva en el gobierno. Una sonora huelga contra todos estos incapaces y que durara veinte años y que consistiera en acudir cada día a trabajar con absoluta puntualidad. Sin tomarse ni un solo día personal, ni una sola baja por resfriado; ni aceptar ningún sueldo que no esté en relación con lo que a la empresa le has aportado con tu trabajo.

Y no esta indecencia sindical de mañana.

¿Es casual la mala calidad de nuestros políticos?
Juan Manuel Blanco* El Confidencial 28 Septiembre 2010

No resulta difícil percibir que la calidad de los dirigentes políticos en España ha sufrido un deterioro lento, pero intenso, durante las últimas décadas. “Cada país tiene los gobernantes que merece”, afirman algunos, señalando a los ciudadanos como responsables últimos del espectáculo tan poco edificante que ofrece nuestra clase política. Serían los votantes quienes, de forma deliberada y contumaz, encomendarían la responsabilidad de una gestión pública, cada vez más compleja, a unos líderes poco capaces, de honradez dudosa o inclinados a favorecer sus propios intereses.

Sin embargo, la escasa cualificación de los dirigentes no suele deberse a una supuesta ceguera o ignorancia de los votantes sino a un inadecuado diseño de algunos aspectos del sistema político. El voto es necesario para garantizar buenos gobiernos, pero resulta insuficiente si los incentivos para dedicarse a la política no son los correctos, los mecanismos de selección de los líderes son perversos y los electores no pueden discriminar con su voto las cualidades de cada candidato. Y, en España, estos procesos de selección e incentivos son manifiestamente mejorables, dando lugar a una peculiar ley de Gresham: los malos políticos tienden a expulsar de la circulación a los buenos.

La selección de los políticos
Es posible clasificar en tres categorías los atractivos que ejerce la actividad política sobre los sujetos: el salario, los ingresos poco justificables y las ganancias psicológicas (fama, prestigio, poder, posibilidad de servir al país, etc…) ¿Cómo afectan estos elementos a los distintos tipos de individuos? La dedicación a la política supone una importante pérdida salarial para las personas altamente cualificadas pero, con mucha frecuencia, una sustancial ganancia neta para los poco formados. También, por razones obvias, la actividad pública puede proporcionar unos enormes ingresos, pero sólo a los sujetos con una honradez mejorable. Por tanto, para las personas de acreditada valía y contrastada integridad, la política tan sólo ejerce el atractivo del prestigio y la satisfacción de servir a los ciudadanos, a costa de una pérdida material. Y, dado que este prestigio, se va reduciendo según se generalizan los políticos ignorantes o corruptos, la proclividad de los individuos honrados y profesionalmente competentes a dedicarse a la actividad pública no sólo es pequeña, sino que disminuye paulatinamente, lo que contribuye a una progresiva degradación de la clase política.

Su inclinación por políticas absurdas o contraproducentes no sólo se debe a la ignorancia y el desconocimiento sino también a la necesidad de adoptar cualquier medida que favorezca su permanencia en el poder

Los partidos realizan una segunda selección asignando cargos y puestos entre sus afiliados. La propia estructura de las formaciones, y el sistema de listas cerradas, conducen a que los criterios para obtener un puesto o ser incluido en una lista electoral no sean necesariamente la valía personal o profesional, sino otros como la lealtad al líder. El político individual se convierte, así, en un engranaje de la maquinaria del partido y puede permanecer años en un parlamento o en un ayuntamiento, callado, aplaudiendo al propio y abucheando al contrario (con independencia de lo que diga cada uno), limitándose a votar lo que diga el jefe de grupo. Es muy difícil que una mente independiente, íntegra, con criterio propio y altitud de miras pueda soportar mucho tiempo algo así. Además, la enorme proliferación de cargos de libre designación en las diversas administraciones crea un efecto llamada a personas con características negativas, pues perciben que, tarde o temprano, conseguirán alguno de los puestos. Por otro lado, la opacidad y las prácticas heterodoxas en la financiación de los partidos permiten a los corruptos pasar más desapercibidos en un ambiente de río revuelto.

En algunos países, el parlamento debe ratificar los cargos nombrados por el ejecutivo, ejerciendo un control de calidad efectivo cuando existe una verdadera separación de poderes. En España, la disciplina de voto de los diputados impide que el parlamento pueda cumplir, en la práctica, esta función: la ausencia de una auténtica separación de poderes juega también en contra de la calidad.

El mecanismo del voto puede permitir al ciudadano discriminar entre personas, eligiendo para representarle y gestionar lo público a aquellas que considera son más capaces y honradas, compensando así el fuerte atractivo que la política ejerce sobre individuos con perfiles dudosos. Por desgracia, en España el sistema de listas cerradas no permite al elector discriminar las cualidades de cada candidato individual ya que se ve obligado a votar un paquete elaborado por los partidos.

La única opción profesional
Todo este proceso contribuye a la creación de una casta de políticos profesionales, personas que, en palabras de Max Weber, no viven “para” sino “de” la política y difícilmente comparten valores, intereses y visión del mundo con los electores a los que, teóricamente, representan. Su inclinación por políticas absurdas o contraproducentes no sólo se debe a la ignorancia y el desconocimiento sino también a la necesidad de adoptar cualquier medida que favorezca su permanencia en el poder, ya que la ocupación de cargos públicos constituye su mejor (cuando no su única) opción profesional.

La banalización de la política, la repetición machacona de discursos huecos con frases pretendidamente ingeniosas, la primacía del corto plazo (o las meras ocurrencias) a la hora de tomar las decisiones o la preponderancia de la pura imagen sobre los argumentos y razonamientos, son algunas señales de la degradación a que nos lleva tan inadecuado diseño. Resulta una triste paradoja el hecho de tener unos puestos públicos muy mal remunerados para la responsabilidad que representan pero con un sueldo demasiado elevado para la competencia y actitud de muchas personas que los ocupan. Todavía quedan algunos políticos capaces y honrados, pero parecen constituir ya una especie en vías de extinción.

Es necesario revertir los incentivos y cambiar el sentido de la selección, reduciendo drásticamente el número de cargos políticos, mejorando la remuneración en los puestos de gran responsabilidad y estableciendo mecanismos que garanticen que los destinos sean ocupados por personas con una preparación y actitud adecuadas. Resulta imprescindible la ratificación de los nombramientos por un parlamento verdaderamente independiente (siguiendo el modelo de los EEUU), la generalización de elecciones primarias limpias dentro de los partidos y una reforma del sistema electoral, que obligue a los candidatos a someterse individualmente al escrutinio de los votantes y fomente la autonomía del político individual. Cierto, son cambios profundos, y alguno de ellos requeriría una reforma constitucional. Pero el esfuerzo nunca es excesivo cuando hay tanto por ganar en el terreno de lo material, en el plano de lo ético y, también mucho, en la esfera de lo estético.

*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

Conjuras contra ZP
Maniobras orquestales en la oscuridad
José García Domínguez Libertad Digital 28 Septiembre 2010

Algo huele a podrido y no precisamente en Dinamarca. ¿Cómo entender que, a cuarenta y ocho horas de una huelga general, emerjan de esa fosa séptica que es la trastienda del felipismo las calaveras atormentadas de Lasa y Zabala? ¿O quizá hemos de admitir que el azar, siempre caprichoso, quiere verter un tonel de cal viva en la presentación de la hagiografía de Javier Solana, eterna esperanza blanca de Prisa y la vieja guardia? Brillan navajas cainitas tras las sonrisas de terciopelo y en la sinfonía del fuego amigo ya no crepitan, ¡ay!, inocuas balas de fogueo. Quién sabe, acaso algo haya de verdad en todos esos chismorreos de asonadas palaciegas.

Tal vez vayan a por él, a por Zapatero. Y de ahí, vomitiva, la halitosis moral de Amedo, Barrionuevo o Benegas, el hedor insufrible de la zahúrda de Mister X, ahora desprecintada desde el poder en defensa preventiva. Entre otras cosas, a fin de que pueda opinar Pajín, "prácticamente pequeñita" en la fecha de autos y, piadosa consecuencia, exonerada por nada saber del asunto. Una coartada enternecedora. Al efecto, repárese en que, cuando Franco, Leire no representaba nada más que el fatal destino de un pobre espermatozoide condenado sin remisión al oprobio. Muy precaria limitación biológica, la suya de entonces, que, sin embargo, jamás le ha impedido sentar cátedra a propósito de la dictadura y sus desmanes.

Al tiempo, y si en verdad existiese la conjura, se reabriría una querella que aún hoy mantiene escindidos a los expertos: la de discernir quiénes son más nocivos, los simples o los malvados. Recuérdese, sin ir más lejos, al Rey Sol. Gozosamente amancebado Luis XIV con una conspicua satanista, la siniestra madame Montespan, Francia conoció sus mejores días de gloria; desposado luego con la casta y piadosa madame d´Aubigne, la nación cayó al punto en la decadencia. La expulsión de los protestantes, primera medida que se atribuye a aquella santa mujer, sería el principio del ocaso. Ya lo formalizó Carlo Cipolla, el gran historiador, en axioma de universal validez: "Los tontos son mucho más peligrosos que los malvados, porque los malvados descansan de vez en cuando, los tontos jamás". Y aquí, el malo, convendría que nadie lo olvidase, es González.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Alejandro Echevarria: “Las televisiones autonómicas nos van a costar 2.000 millones de euros”
Redacción. Minuto Digital 28 Septiembre 2010

El presidente de Telecinco y de UTECA, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, Alejandro Echevarria Busquet, ha advertido que España “no puede soportar la sangría” que significan las 13 televisiones públicas autonómicas existentes en el país, que este año 2010 “van a costar casi 1.900 millones de euros” y se han endeudado en 1.500 millones “por los déficits de explotación del pasado”. Por ello, cree que “habrá que empezar a pensar en racionalizar”.

Busquet ha participado en un almuerzo-coloquio organizado por el Club Financiero de Bilbao, en el que ha realizado una exposición sobre los “Retos y oportunidades del sector Audiovisual”, y ha asegurado que “un país como España, con los problemas que tiene desde todos los puntos de vista presupuestarios no puede soportar esta sangría que significan las televisiones públicas autonómicas”.

Según ha señalado, “las televisiones públicas más caras son las que hay en Euskadi y cuestan 253 euros a cada hogar vasco (140 euros, ETB)”. La segunda televisión pública más cara es la de Cataluña (209 euros por hogar), seguida de Valencia (202 euros), Murcia (192 euros) y Andalucía (173 euros). Además, ha indicado que las 13 televisiones autonómicas en España dan empleo a 10.000 personas, “que hacen lo mismo que pueden hacer Telecinco o Antena 3 con 1.000 personas de plantilla”.

En su intervención, ha señalado que estamos en un momento “tremendamente convulso de la economía y la incertidumbre sobre los plazos en los que la recuperación económica se instalará en nuestro país”. En su opinión, la recuperación económica va a ser “muy lenta y primero se tiene que recuperar EE.UU., luego Europa y luego España, con unos decalajes importantes”.

Además, ha destacado que estamos viviendo “una extraordinaria volatilidad en los mercados que valoran hoy las compañías y, en especial, las que operan las empresas con intereses en el sector de la televisión de una manera diferente a como las valoraban antes”. En ese sentido, ha destacado que, en estos momentos, las empresas de televisión “valen en bolsa la mitad de lo que valían hace tres años”.

Según ha explicado, los miembros de UTECA, que agrupa a los intereses de Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Veo Televisión y Net Televisión, es decir, todas las televisiones privadas nacionales, creen que “los peores momentos para nuestro sector se han superado y han pasado”, ya que, “por primera vez desde hace tres años las principales compañías presentan mejores resultados en el primer semestre del año, lo que se refleja en la mejora de casi un 50 por ciento de los resultados combinados de las empresas de televisión cotizadas”.

Busquet ha destacado que a esta situación ha ayudado la supresión de la publicidad en la televisión pública española y el “mejor comportamiento” de la inversión publicitaria en el primer trimestre. Tras calificar de “hecho histórico” la supresión de la publicidad en TVE, ha indicado que “no sólo ha permitido que las televisiones comerciales accedamos a un volumen de inversión nuevo de cerca de 500 millones de euros, sino que ha facilitado el ajuste en los precios en la publicidad, que estaban absolutamente tirados por la política comercial que marcaba TVE”.

Aunque ha reconocido que el buen comportamiento de la inversión publicitaria en el primer semestre de 2010, ha advertido de que “hay que ponerlo en cuarentena, porque hay que esperar unos meses para que se consolide esta recuperación, aunque las previsiones son ligeramente optimistas, ya que en el primer semestre del año las televisiones cotizadas han aumentado sus ingresos publicitarios en un 23 por ciento”.

El presidente de Telecinco ha destacado que “en ningún país europeo ni norteamericano se soporta el peso del sector público de televisión que es tan agobiante en España y con una competencia tan desleal hacia la televisión privada”. A su juicio, “esto es insoportable y, además, ni es moderno ni responde a la situación de la necesidad actual de corregir deficiencias en el sector público”.

¿suministro para los piquetes?
CCOO compra pegamento y masilla una semana antes de la huelga general
Los sindicatos se preparan para huelga general comprando pegamento y masilla. Este tipo de productos suelen ser empleados en las huelgas para impedir el acceso a los centros de trabajo. Libertad Digital ha tenido acceso a una de las facturas.
M. Llamas Libertad Digital 28 Septiembre 2010

CCOO de Madrid, en concreto, los sindicalistas de la Universidad Complutense de la capital de España, llevan días preparando la jornada de huelga general del miércoles. La semana pasada dos sindicalistas compraron pegamento y masilla, productos que suelen emplearse en este tipo de jornadas para cerrar centros, impidiendo así el acceso a estudiantes y profesores universitarios.

Según una factura a la que ha tenido acceso Libertad Digital, los sindicalistas de CCOO, compraron el pasado 22 de septiembre 11 tubos de Super Glue 3 y 4 de masilla gris, con un coste total de 141,55 euros.

Tal y como explica el dueño de la ferretería, "el pasado miércoles día 22 de septiembre, dos señores retiraron de nuestros lineales de venta numerosos blisters de pegamentos Super Glue 3 (pegamento instantáneo y muy resistente), acudiendo a la caja del establecimiento a efectuar su pago, como cualquier otro cliente".

"Solicitaron su factura de compra, y aunque el dependiente comprendió perfectamente el uso probablemente ilícito que se daría a ese material optó por permitir la venta, como por otra parte es nuestra obligación, pues el comerciante no puede rechazar una venta de un producto que tiene expuesto sus precios debidamente marcados", explica.

Los dos sindicalistas pagaron a nombre de CCOO Madrid, es decir, con dinero público, ya que este sindicato, al igual que UGT, se financia mediante las suculentas subvenciones que recibe del Gobierno.

BAUZÁ HARÁ "LO MISMO QUE FEIJóo"
UPyD: "Los temas lingüísticos son la melodía de los flautistas de Hamelín del PP para recaudar votos"
UPyD no se fía de las promesas lingüísticas del PP. Ante las promesas del candidato del PP en Baleares, José Ramón Bauzá, de acabar con la discriminación del castellano, el partido de Rosa Díez cree que acabará haciendo lo mismo que Feijóo en Galicia.
Bauzá promete "libertad lingüística absoluta" si es presidente de Baleares
Libertad Digital 28 Septiembre 2010

"El PP balear no tiene credibilidad alguna en materia lingüística. José Ramón Bauzá intenta convencer una vez más a los votantes con declaraciones sobre lo que haría si gobernara, pero no detalla los cambios legales que deben hacerse para abrir la puerta a la libertad lingüística, y que el PP se encargó de cerrar", afirmó el portavoz de Unión Progreso y Democracia en Baleares, Juan Luis Calbarro.

Para UPyD, las últimas declaraciones de Bauzá sobre temas lingüísticos son "la melodía con la que los flautistas de Hamelín del PP recaudan votos cada 4 años". Calbarro cuestionó las promesas de libertad lingüística del presidente del PP, puesto que, en su opinión, "el PP es tan responsable como el PSOE y los nacionalistas de su supresión. Fue el PP en el gobierno quien culminó el proceso de cierre lingüístico con el Decreto de Mínimos, que definía el catalán como la lengua vehicular de la enseñanza".

Profundizando en el tema, UPyD señala que "Bauzá no se pronuncia sobre el nefasto concepto de lengua propia" (artículo 4 del estatuto balear), que introduce un "sesgo liberticida e identitario incompatible con el verdadero bilingüismo". La formación de Rosa Díez considera que es necesario ser más incisivo y propone "el reconocimiento por igual de las dos lenguas de cada comunidad como oficiales, sin primar ninguna con el falaz adjetivo de propia. Sólo las personas tienen lenguas propias o maternas, no los territorios", recordó Juan Luis Calbarro.

En UPyD se considera que Bauzá no ha llegado a un nivel suficiente de concreción: "no se sabe si su partido sigue compartiendo el espíritu y la letra de la Ley de Normalización Lingüística, que ellos mismos promulgaron, ni qué haría con decretos educativos como el Plan de Atención a la Diversidad (que sólo reconoce el catalán como lengua vehicular incluso para los alumnos con necesidades especiales), ni si cambiaría los criterios para acceder a la función pública, o si desmantelaría la costosísima red de organismos oficiales que gastan grandes cantidades de dinero público subvencionando actividades privadas por motivos lingüísticos".

Calbarro distinguió entre la verdadera elección de lengua vehicular ("basta con incluir en el impreso de matrícula dos casillas") y la "especulación en porcentaje en el uso de las lenguas en las aulas". Al final, "esta fórmula crea insatisfacción en muchos casos". El portavoz de la formación progresista recordó que "ésa es la vía que ya escogió el PP balear en el pasado, con resultados funestos". Por su parte, "el decreto de Núñez Feijóo en Galicia se inclinó por esta solución tras ganar unas elecciones en las que también había prometido libertad de elección. He ahí la diferencia entre lo que propugnan en el PP y lo que hacen cuando gobiernan: al final, caen en el error de anteponer las lenguas al derecho a elegirlas". El Partido Popular, para Calbarro, "nunca ha tenido ningún escrúpulo en echarse en brazos de los nacionalistas de UM con tal de alcanzar el poder, y dejar a éstos que decidieran qué era normal y qué no lo era en materia lingüística. Es hora de que la normalidad lingüística la dicten los ciudadanos".

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De andar por casa, pero terrorismo
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 28 Septiembre 2010

Artefactos de fabricación casera. Así es como la jerga gubernativa se refiere a explosivos como el que el otro día dañó gravemente la sede del PSdeG-PSOE en A Estrada y antes algunos locales del PP, las oficinas de empresas constructoras o la casa de un comentarista político. La misma expresión empleada para referirse a la bomba que hace sólo unas horas chamuscó una oficina de empleo en Lugo. De ese modo, utilizando una especie de eufemismo, se intenta quitar hierro a un fenómeno que hace ya tiempo empezó a ser preocupante y que va a más en una escalada que podríamos acabar lamentando.

Es como si hubiera un terrorismo casero, o sea, de andar por casa, y otro industrial o a lo grande, que sería al que habría que tomarse más en serio por la gravedad de los daños que pudiera causar. Se supone que no hay motivo para la alarma social mientras lo que estalle sean ollas a presión, cacerolas o bombonas de camping gas y sus explosiones no causen desgracias personales, sólo estragos materiales y sobresaltos al vecindario que se despierta de madrugada por el ruido de un petardazo.

Seguramente no es así, sin embargo se podría pensar que tendrá que haber un muerto o al menos un herido para que adquiramos conciencia de que estamos ante un problema con mayúsculas. Entonces lamentaremos no haber sabido cortar por lo sano, erradicando a esa minúscula minoría de fanáticos que aspiran a conseguir por la fuerza de las bombas unos objetivos políticos que nada les impide plantear en las urnas. La democracia se legitima al oponer la fuerza de la idea a la idea de la fuerza.

Algunas de las personas que en Galicia han sido objetivo del terrorismo de baja intensidad tienen la impresión de que los cuerpos y fuerzas de seguridad no ponen en la investigación de esos atentados todo el interés que debieran. De lo contrario ya se habrían producido detenciones, máxime cuando las propias fuentes policiales no tienen empacho en buscar responsabilidades en una concreta y determinada dirección, la del independentismo violento, y cuando la autoridad gubernativa llega a decir que están sobre la pista.

La supuesta falta de celo policial ante las oleadas de explosivos caseros contrasta con la rapidez con la que cada verano son puestos a dispuestos a disposición judicial los incendiarios. Los detienen con simples indicios, por rumores o por sospechas vecinales en cuanto arrecia el fuego en el monte y se convierte en asunto de portada de la prensa, la radio y la televisión y acaban siendo puestos en libertad incluso sin cargos, pero después de haber contribuido a erradicar la sensación de impunidad que nos invade en ese trance. He ahí la clave.

En Galicia no hay todavía sensación de auténtico peligro. No creemos -o no queremos creer- que tengamos un problema de terrorismo, aunque sea en grado incipiente. Nos negamos a verlo, incluso ahora que son ya muchos los atentados registrados en apenas unos meses contra los más diversos objetivos y en prácticamente toda la geografía gallega. Preferimos pensar que son cuatro chaíñas, a los podríamos poner nombre y apellidos, y que la cosa no pasará de ahí. En otras latitudes cometieron ese mismo error y a día de hoy se lamentan de no haber aplastado a tiempo los huevos de la serpiente.

fernandomacias@terra.es

Galicia / ENTRE BRUMAS
El cuponazo vasco
juan granados ABC Galicia 28 Septiembre 2010

A la vez que Rodríguez Zapatero se apresuraba a pactar la quiebra de la caja única de la Seguridad Social con el Partido Nacionalista Vasco con el fin evidente de perpetuarse en el poder, el presidente Núñez Feijoo confesaba tras la celebración del último Consello de la Xunta de Galicia que el Estado se empeña en recortar 240 millones de € correspondientes a los fondos de cooperación firmados y comprometidos con la autonomía gallega. Al fin, un hito más en el camino del distingo económico que hace que el principio constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley no sea más que una burla cruel. El nacionalismo, que dice que se va pero nunca se termina de ir, parece vivir muy confortablemente traduciendo la cacareada diferencia en beneficio corriente.

Son hechos que de nuevo me hacen recordar que hasta el Estatuto de Bayona de 1808 encontraba rechinantes ciertos privilegios que durante el Antiguo Régimen habían ido obteniendo unos peninsulares sobre otros: «Todos los privilegios, que actualmente existen concedidos a cuerpos o a particulares, quedan suprimidos» (Art. 118) decían aquellos afrancesados. A los liberales de Cádiz semejante principio no les pareció mal del todo: «Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno» (1812, Art. 339). Claro que luego vinieron las guerras carlistas y el delirio federal a consagrar cupos, convenios y conciertos en un esfuerzo más bien inútil de contentar la esencial insatisfacción de los norteños. Y es que, como nos confirman cada día los líderes políticos de la CAV, los euskaldunes son muy conscientes de que el convenio navarro y el concierto vasco suponen un beneficio notable para los ciudadanos de aquellas comunidades.

Huroneando por la red, me topo con el abogado navarro experto en asuntos fiscales, Mikel Aranburu Urtasun, que, a lo mejor sin quererlo, desentraña muy bien la raíz de este oprobio secular: «La conclusión que obtengo es que por su lejano origen histórico, intrincada estructura y confusa génesis y actualización, el Convenio/Concierto posee el carácter de un mecanismo que opera desde lo jurídico-político como constructor de la identidad…Un artefacto de gran potencia simbólica que proporciona recursos materiales dignos de aprecio».

Así que, como sospechábamos, hasta para los muy expertos la cuestión del privilegio revestido de cupo, concierto o como demonios quiera llamarse, el tal "artefacto" para entendernos, es el fondo y ante todo un elemento lucrativo de justificación puramente simbólica. No extraña entonces que hasta el Financial Times haya reparado en esta secular tendencia de las nacionalidades históricas a aligerar el peso de la bolsa que han de entregar al recaudador, sea éste el estado central o la CEE: «Los catalanes, que presumen de ser más europeos que el resto de España, deberían recordar los principios de solidaridad de la Unión Europea. Estos incluyen transferencias de las regiones ricas a las menos desarrolladas. ¿Por qué debería ser así dentro de Europa pero no dentro de España?», decía a propósito de la autonomía fiscal que se pretendía desarrollar en el borrador del Estatut.

Desde una perspectiva cívica de las cosas, no hay mayor despropósito que tragar secularmente con el distingo, sólo por ver si se aplaca el furor del vecino poco solidario. El folclore está muy bien y resulta hasta pintoresco y fotogénico, pero la pasta, amigos, eso es otra cosa, algunos pecheros estamos ya un poco hartos de que las espesas negruras del Antiguo Régimen no terminen jamás de disiparse por estos peculiares pagos. De seguir así, terminaremos reeditando el sistema gremial.

lucha antiterrorista
Siete detenidos vinculados al aparato internacional de ETA
AGENCIAS | MADRID El Correo 28 Septiembre 2010

Están vinculados a 'Askapena', organización que se dedica a reclutar apoyos para la banda
La estructura del grupo figuraba entre los papeles del ex jefe etarra 'Thierry', detenido en 2008
Las fuerzas de seguridad registran los domicilios de los arrestados y un local en Pamplona

"Entroncado en el MLNV"
Askapena se constituyó oficialmente como organización en octubre de 1987 y se presentó en público el 5 de noviembre de ese mismo año. Sus miembros procedían de los comités internacionalistas, que se habían constituido en 1978 para realizar actividades de solidaridad internacional.

. Los miembros de la izquierda abertzale decidieron separarse del resto y celebraron una asamblea constituyente para crear Askapena. Cuando se dieron a conocer públicamente se presentaron como "un organismo popular partícipe del Movimiento de Liberación Nacional Vasco".

La solidaridad internacionalista de Askapena fue definida en la asamblea fundacional como "un sector específico de lucha". El nuevo grupo se presentaba como "una organización abertzale, antiimperialista de masas entroncada en el MLNV".

La vinculación de Askapena con HB fue clara desde el principio, tal como lo evidencia una circular del área de "Internacionales" de HB fechada en noviembre de 1988. Cientos de militantes de Askapena fueron enviados como brigadistas a Nicaragua desde la constitución de este organismo. Sólo en el año 1989 fueron 75 los que pasaron por el país centroamericano, según el balance presentado en su día por la propia organización.

El envío inicial de brigadistas se fue ampliando a otros países con el paso del tiempo, a la vez que Askapena iba acometiendo nuevas iniciativas. Así la III Asamblea de Askapena, celebrada el 11 de noviembre de 1990, acordó celebrar el "día del internacionalista" con carácter anual; también se puso en marcha la celebración de Semanas Internacionalistas en las que se ha invitado a participar a representantes de grupos de diversos países, como el PPK kurdo o las FARC colombianas.

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido esta noche en el País Vasco y Navarra a siete personas vinculadas a 'Askapena', considerada como la red de la izquierda abertzale para realizar propaganda en el extranjero, según han informado fuentes de la lucha antiterrorista. A los arrestados se les acusa de un delito de integración en banda armada.

En Vizcaya, concretamente en Getxo, ha sido arrestado Gabriel Basañez Ruiz en su domicilio de la calle de Jata en Algorta, número 12. En la calle Aforados número 1 de Barakaldo ha sido detenido Unai Vázquez Puente y su pareja Itxaso Lecuona Gegoz, hija de la dirigente de Batasuna Miren Legorburu. Ambos han abandonado su domicilio pasadas las 4.00 horas esposados y tras presenciar el registro, que ha durado dos horas. En las inmediaciones de esta casa los agentes también han procedido a registrar una bajera y un coche, según han informado testigos presenciales.

En Vitoria, los agentes han arrestado a Rubén Sánchez Barail en la calle Cantón Santamaría, número 7 y al presunto cabecilla del grupo, Walter Wendelin, en la calle Pintorería número 90, quien ya fue detenido en Venezuela el pasado marzo y entregado a Francia, donde finalmente quedó en libertad. De nacionalidad suiza, tiene su residencia fijada en Vitoria, de donde la Policía ha sacado varias cajas de documentos alrededor de las 06.20 de la madrugada, hora a la que ha sido trasladado a dependencias policiales. Por su parte, en Navarra han sido detenidos David Soto Aldaz y Aritz Gamboa Miguel.

Además de los registros de los domicilios de los detenidos, la Policía está registrando un local en Pamplona, que los arrestados empleaban como sede no declarada de la organización. La operación está siendo dirigida por el magistrado Pablo Ruz, que sustituyó a Garzón en la Audiencia Nacional tras la salida de éste.
Entre los papeles de 'Thierry'

La red internacional 'Askapena' -en euskera significa 'liberación'- fue constituida en 1987, y en su página web se define como "una parte más de la lucha por conquistar la independencia y el socialismo para nuestro pueblo". Sus activistas se denominan 'brigadistas' que mantienen contactos en el extranjero para difundir la actividad abertzale. Su misión es la de llevar lo que ellos denominan el "conflicto vasco" fuera de las fronteras españolas.

La estructura de 'Askapena' figuraba entre los papeles del que fuera 'número uno' de la banda, Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', detenido en mayo de 2008 en Burdeos (Francia), han informado fuentes de la lucha antiterrorista, que confían en que este operativo pueda aportar datos sobre las relaciones de los terroristas y su entorno con distintas organizaciones latinoamericanas, incluida las FARC.

Según estas mismas fuentes, el organigrama hallado en poder del ex jefe etarra ha servido a la Policía para evidenciar que uno de los detenidos, Walter Wendelin, ejercía como cabecilla de la organización. También aparecen detalladas las distintas áreas geográficas que cada uno de los arrestados tenía asignada en sus labores dentro de este aparato internacional de ETA.

En concreto, operaban en diversos países de Europa, Centroamérica y Sudamérica recabando apoyos para la causa terrorista etarra, estrechando lazos con movimientos afines o prestando cobertura a terroristas huidos. Además, el hecho de que la estructura de esta organización estuviera bajo el control directo de la cúpula etarra, permite demostrar el grado de pertenencia a banda armada del que se acusa a los siete detenidos esta madrugada.

Relación con las FARC
Especial atención cobran los lazos que pudiera haber alcanzado ETA en Latinoamérica con grupos guerrilleros más o menos activos de la región, incluidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas mismas fuentes creen que los detenidos están relacionados con algunas de las alusiones a ETA que se hallaron en el ordenador del que fuera 'número dos' de las FARC, Raúl Reyes.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco denunció en marzo la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre ETA y las FARC en un auto en el que procesó a seis presuntos etarras y siete miembros del grupo colombiano por compartir información sobre el manejo de explosivos e intentar cometer varios asesinatos, entre ellos el del presidente del país sudamericano, Alvaro Uribe, y su antecesor Andrés Pastrana.

Por esta razón, otro punto al que la Policía presta especial atención son los movimientos que esta organización realizó en Venezuela, donde mantenían contacto habitual con los etarras afincados en el país caribeño. No en vano, uno de los últimos cometidos que se le encargaron a los detenidos esta madrugada fue difundir la respuesta de esta colonia etarra al comunicado de ETA del pasado día 5 en el que la banda anunciaba desde hacía meses habían cesado sus acciones armadas ofensivas.

El PP vasco exige equiparación lingüistíca para dar su apoyo a los Presupuestos
Oyarzábal pide que se acaba con 'la discriminación por motivos de lengua' y se informe a los padres sobre los modelos disponibles
 www.lavozlibre.es 28 Septiembre 2010

Madrid.- El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, ha fijado como condición para el apoyo de su partido a los Presupuestos del Gobierno autonómico para 2011 que se equipare la financiación de la enseñanza en castellano que se ofrece en los centros concertados con la de la los modelos en euskera y bilingüe, para lo que pedirá que en las cuentas se asignen ocho millones de euros a este objetivo.

El dirigente del PP, en una rueda de prensa en el Parlamento, ha adelantado los requisitos que el PP planteará al PSE-EE en materia educativa en la negociación presupuestaria, que seguirá adelante en un encuentro que mantendrán el miércoles representantes de ambas formaciones.

Oyarzábal ha destacado que, dada la importancia de la formación y la innovación como fórmulas para salir de la crisis económica, las partidas destinadas a la educación no deben sufrir "recorte alguno" en las cuentas públicas de 2011, a pesar de que éstas deben estar regidas por un criterio de "austeridad".

El dirigente del PP ha destacado la necesidad de "retribuir mejor" a los profesores para reconocer a aquellos que "trabajan más" o tienen mayores responsabilidades" y como fórmula para "dignificar la carrera docente".

Entre las "condiciones" que planteará a los socialistas para apoyar los Presupuestos de 2011, se ha referido a la necesidad de garantizar "la libertad de elección" lingüística para los padres en lo que se refiere a la lengua vehicular en la enseñanza a sus hijos.

Al igual que el año pasado, ha solicitado al Gobierno que ponga en marcha una campaña de información personalizada para que los padres conozcan cuáles son los derechos que les asisten en esta materia y acabar así con "la discriminación por motivos lingüísticos".

Oyarzábal ha recordado que mientras la oferta de aulas de enseñanza en euskera o en modelo bilingüe de los centros concertados son financiados al cien por cien, la oferta de enseñanza en castellano ha recibido en los últimos años una financiación del 75 por ciento. Ante esta situación, ha solicitado la equiparación de la financiación, un objetivo que ha cifrado en ocho millones de euros.

También se ha referido a la intención del Gobierno vasco de destinar 400.000 euros, siempre que su situación financiera lo permita, a las ikastolas del Pais Vasco-francés. Oyarzábal ha destacado que en la comunidad autónoma ya existen "suficientes necesidades" como para invertir recursos en entidades de fuera de Euskadi.

Aunque ha destacado que su partido "apoya las ayudas a la promoción del euskera en Francia", ha afirmado que esto debe hacerse siempre a través de los organismos oficiales del país vecino y no, como en este caso, a través de "empresas privadas". Oyarzábal ha criticado la ausencia de "control" en el destino que las ikastolas financiadas puedan dar a esta subvención.

Respecto al 'Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia' que se pondrá en marcha durante este curso escolar, ha subrayado la necesidad de asignar los fondos necesarios para que esta iniciativa pueda desarrollarse de forma adecuada.

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