AGLI

Recortes de Prensa   Sábado 2  Octubre  2010

 

Los sindicatos serviles
En el Estado servil, utilizan la reivindicación para provocar el cambio político cuando los suyos no gobiernan
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 2 Octubre 2010

EL remedo de huelga del pasado miércoles nos sirve para reflexionar sobre la desdichada situación en que se hallan los trabajadores, víctimas de la situación que Hilaire Belloc anticipara, con gran clarividencia, hace un siglo en su ensayo El Estado servil. Llamaba Belloc «Estado servil» a un híbrido monstruoso entre el Estado liberal y el Estado socialista (lo que, sarcásticamente, se denomina hoy «Estado social») que, a la vez que mantiene los medios de producción en manos de unos pocos e implanta el trabajo obligatorio entre quienes no los poseen, asegura a estos últimos «la satisfacción de ciertas necesidades vitales y un nivel mínimo de bienestar». En el Estado servil, a los sindicatos se les adjudica el papel de reivindicadores de ese «nivel mínimo de bienestar», de tal modo que su consecución parezca a simple vista una «conquista» del sindicalismo; cuando en realidad se trata de una «concesión graciosa» del poder político y económico, que de este modo aseguran el equilibrio del sistema.

En el Estado servil los sindicatos dejan de representar los intereses, necesidades y aspiraciones profesionales de los trabajadores, para erigirse en instrumentos de proselitismo ideológico. Son simulacros de sindicato que han traicionado su misión originaria, para convertirse en meros apéndices del sistema que dicen combatir; pero que, en realidad, garantiza su subsistencia. El primer efecto pernicioso que tales sindicatos provocan es la debilitación del movimiento obrero, que se atomiza en mil banderías que reproducen la trifulca ideológica. Por supuesto, el sistema recompensa rumbosamente tal traición con sobornos que matan cualquier atisbo de vitalidad sindical: les garantiza una financiación parasitaria con cargo al presupuesto, fomenta su degeneración en burocracia hipertrofiada que reproduce miméticamente la burocracia política, convierte a sus dirigentes en una suerte de «delegados» del poder, etcétera. Y, una vez sobornados, los sindicatos dejan de existir como tales: ya no dependen de las aportaciones de sus afiliados (cada vez menos y más hastiados), para depender de un soborno que, si faltase, provocaría su inmediata extinción.

En el Estado servil, los sindicatos no tienen otro cometido sino ayudar a la tendencia ideológica a la que sirven en su conquista del poder. Utilizan la reivindicación como herramienta para provocar el cambio político cuando los suyos no gobiernan; y, una vez que los suyos han alcanzado el poder, rebajan el tono de sus reivindicaciones hasta reducirlas a la categoría de meros aspavientos retóricos, permitidos y aun jaleados por los partidos políticos que sostienen. Así se dan paradojas tan conmovedoras (tan siniestras, en realidad) como la que en estos días atenaza a los sindicatos, que convocan la huelga contra una reforma laboral... aprobada por los mismos a los que sostienen. Y una organización que actúa como sostén de una determinada tendencia ideológica no puede presentarse al mismo tiempo como adversaria de tal tendencia, y revolverse contra quienes ha contribuido a encumbrar y mantener en el poder... porque sería tanto como revolverse contra sí misma. De ahí el tufillo lastimoso que desprende esta huelga, concebida como una suerte de pantomima que el poder político «comprende» benévolamente, como el padre tiránico «comprende» que su hijo de vez en cuando se corra una juerga, para después del desahogo seguir tiranizándolo más y mejor. A lo que el hijo tiranizado accede, pues sabe que su sustento depende de la generosidad paterna.

Amos del país por un día
Luis Miguez Macho El Semanal Digital  2 Octubre 2010

No es difícil resumir en pocas palabras el análisis de esta huelga general que con rara unanimidad se ha hecho en casi todos los medios de comunicación. Lo primero que se resalta es que, más allá del autobombo sindical, la mayoría de la población no ha secundado el paro, al menos voluntariamente, por razones muy sencillas de explicar y de entender.

Para muchas personas, entre las que me encuentro, los sindicatos son corresponsables de la actual situación económica, por haber avalado, cuando no inspirado, la errática política del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, empeñado intensivamente en no hacer nada hasta que se le ha obligado a actuar desde el extranjero. Y cuando por fin se ha adoptado alguna medida por imposición internacional, los sindicatos no han sabido hacer otra cosa que oponerse sin proponer ninguna alternativa viable. Pero muchos de los que rechazan la reforma laboral impulsada por el Gobierno tampoco han apoyado una huelga convocada a toro pasado, que más parecía dirigida a salvar la cara a los propios sindicatos que a conseguir nada efectivo.

Como decía, este análisis no admite mucha discusión. Ahora bien, la huelga general sí debería servir para que se abriese un debate en profundidad sobre el modelo sindical que tenemos en España.

Con los sindicatos ocurre exactamente lo mismo que con cualquier otro tipo de organización que pretenda representar a grupos determinados de personas en función de un aspecto concreto de su actividad vital (aquí el trabajo): o son capaces de expresar de manera autónoma los intereses de los trabajadores en cuanto tales, o se convierten en simples correas de transmisión de opciones políticas ya representadas por los partidos, con lo que su existencia se vuelve redundante y acaban concentrándose en la defensa de los intereses particulares de sus miembros mejor situados.

La sociedad empieza a tener la percepción de que esto último es lo que ha sucedido con los sindicatos "de clase" en España. Una cosa es que nuestros sindicatos siempre hayan estado ligados a partidos políticos (de izquierda) y otra la deriva producida durante la presidencia de Rodríguez Zapatero, en la que la simbiosis entre Gobierno socialista y sindicatos es prácticamente total. Este modelo sindical es inviable y, como aconteció en la Gran Bretaña de los años setenta del pasado siglo, la única salida que queda es su desmantelamiento desde el propio Gobierno.

No espero, líbreme Dios, que en España aparezca una Margaret Thatcher que ponga en su sitio a los sindicatos, por más que haya alguna candidata para el puesto. Bastaría con que, cuando el Gobierno cambie de signo político, se adopten algunas medidas elementales que ayuden a corregir el estado actual de cosas.

La primera de esas medidas sería, por supuesto, la aprobación de una Ley de Huelga que regule con claridad, entre otras cosas, los servicios mínimos, los márgenes de actuación de los llamados "piquetes" y la responsabilidad de los convocantes de las huelgas en los casos de incumplimiento de las reglas. Adicionalmente, habría que revisar la figura de los famosos "liberados" y el régimen de financiación de los sindicatos, todo lo cuan sin duda sería muy bien recibido por la opinión pública en una situación de crisis económica como la actual.

Una última reflexión. En un país desarrollado como España, con una democracia parlamentaria consolidada e indiscutida, es impresentable que se siga tolerando la parafernalia sindical coactiva de las huelgas generales. Una minoría desprestigiada y deslegitimada, que de defensora de los derechos de los trabajadores ha pasado a ser vista como una casta improductiva, se convierte en la dueña del país por un día.

Y qué ama tirana: incapaz de convencer a casi nadie, recurre a la amenaza y a la violencia, para al día siguiente volver a la inanidad o a la vida de privilegio con respecto al resto de los trabajadores. Una sociedad libre no se somete de buen grado a este tipo de vejaciones, y lo acabarán pagando: el pretendido éxito de la huelga general se despeñará por el precipicio del descrédito social y hará más fácil asumir cualquier medida que se tome para enterrar este caduco modelo sindical.

Sindicalismo y ciudadanía
«Un sindicalismo español de escasa implantación social y, sobre todo, de débil implantación en las empresas ha buscado compensar esa debilidad mediante un acceso e influencia privilegiados sobre el Gobierno»
J. M. RUIZ SOROA El Correo 2 Octubre 2010

Si algo ha resultado llamativo y repugnante para la sensibilidad de muchos ciudadanos durante la reciente huelga ha sido la imagen de los piquetes violentos de trabajadores obligando a otros ciudadanos a actuar o abstenerse de actuar en libertad. Comportamientos que resultaban comprensibles y disculpables casi todavía ayer aparecen hoy como chirriantes atentados a la idea misma de lo que es una ciudadanía democrática. Y es que la democracia va madurando, incluso aquí. No se trata de exagerar ni de cargar las tintas, pero los sindicatos se equivocarían profundamente si no tuvieran en cuenta este rechazo instintivo del ciudadano. No es solo culpa de ellos lo sucedido, claro está, porque es un fenómeno al que coadyuva la ausencia (todavía hoy, después de más de treinta años) de una ley reguladora del derecho de huelga, y éste es un fracaso de la política democrática en su conjunto.

En cualquier caso, los piquetes son un ejemplo marginal de un problema más amplio y hondo: el de que los sindicatos españoles no encuentran su lugar y su forma de actuar en una sociedad que, cada vez más, se siente estructurada por su condición de ciudadanía. Los sindicatos fueron en una época prácticamente coextensivos con la sociedad, con la inmensa mayoría que precisaba de unas organizaciones colectivas de defensa de sus intereses; pero ya no lo son. Los sindicatos representan, cada vez más, sólo a una fracción de la sociedad, y la mayor parte de ella es ajena totalmente a su espíritu y su actividad. En esta nueva situación, los sindicatos deben modular su acción teniendo muy en cuenta que han dejado de ser los intérpretes privilegiados de los sectores más desprotegidos de la sociedad que antaño eran mayoría. No pueden seguir intentando apropiarse en exclusiva de la representación de lo que llaman 'clases populares' y que, en su mayor parte, son en realidad clases medias flanqueadas por grupos de excluidos. Son un actor importante, pero no el más importante.

Un sindicalismo español de escasa implantación social y, sobre todo, de débil implantación en las empresas ha buscado compensar esa debilidad mediante un acceso e influencia privilegiados sobre el Gobierno. Se ha comportado como un partido político que puede sostener o derribar gobiernos, más que como una organización independiente de intereses socioeconómicos. Ha intentado rentabilizar su actuación en un marco político, lo que le ha llevado también a asumir peajes políticos, pero el experimento parece haber llegado a su fin. Mejor haría en intentar volver al ámbito que nunca debió abandonar, el de las empresas y sectores productivos.

La época dorada de la concertación social y el neocorporativismo, en la que la política laboral y de rentas se fijaba entre los grandes interlocutores sindicales, empresariales y burocráticos, con un Gobierno encantado de bendecir cualquier acuerdo que garantizase paz y crecimiento, ha pasado. Los gobiernos de la época de la globalización se han convertido hoy en afanosos actores económicos a tiempo completo que buscan desesperadamente garantizar y mejorar la competitividad de su país. Están dispuestos a negociar y ceder contraprestaciones para engrasar la maquinaria del acuerdo social, pero ya nunca renunciarán a dirigir aquellos aspectos que afecten a esa competitividad. Porque sin ella no hay Estado de Bienestar. El Gobierno actúa cada vez más como un 'empresario de país' y los sindicatos deben asumir esa nueva condición: no pueden hacerle una huelga a ese empresario como se la hacían a otros, entre otras cosas porque ese Gobierno representa a los ciudadanos y sus decisiones han sido convalidadas en el Parlamento. Porque, mal que bien, no se olvide que el Gobierno representa a una generalidad y ellos, solo a una particularidad.

La crisis actual puede ser la ocasión para que los sindicatos asuman su nueva situación y desarrollen un relato nuevo. Un discurso que no sea el fácil del moralismo indignado (otros son los culpables) ni el del numantinismo heroico (no conseguirán cambiar el marco laboral). En su lugar, toca empezar a componer un discurso ciudadano, que sólo puede construirse aceptando que la ciudadanía en su conjunto se expresa por otros cauces diversos de los sindicales y que, por ello, su papel es colaborar con las decisiones elaboradas en esos otros cauces. Colaborar críticamente, colaborar para inclinarlas a su favor, colaborar negociando, pero colaborar.

Siete años perdidos
David Pérez www.gaceta.es 2 Octubre 2010

Salgado ha presentado en el Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que resume el fracaso de toda la política económica de Zapatero. Son antisociales, porque sus líneas generales no hacen nada para combatir el paro. Son confiscatorios, porque intentan solucionar el enorme agujero que ha provocado Zapatero en las cuentas públicas durante sus años de despilfarro con incremento de impuestos. Son ficticios, porque estiman un crecimiento que parece inalcanzable, en contra de las estimaciones de todos los organismos nacionales e internacionales. Son unos presupuestos sin margen de maniobra, porque 4 de cada 10 euros se destinan al servicio de la deuda y al pago del desempleo. Y son discriminatorios, porque concentran en Cataluña y Andalucía el grueso de la inversión, además del pacto suscrito con el PNV, cuyo trasfondo no está nada claro, al no explicar nítidamente si ese pacto rompe o no la caja única de la Seguridad Social.

Son el mejor escaparate de los vaivenes del Gobierno y los primeros elaborados bajo una especie de protectorado económico. Es el triste final de esta pesadilla económica que ha creado Zapatero.

Y son también, de nuevo, el reflejo de siete años de castigo a la Comunidad de Madrid, donde desciende la inversión un 44,82% respecto al último presupuesto del PP, mientras el conjunto de autonomías. se queda igual, al tiempo que Andalucía y Cataluña crecen un 15% cada una. Zapatero apura la legislatura sin un euro en obra pública nueva en Madrid, mientras sus dos precandidatos –Zapatero en sí mismos– participan en el castigo, bien desde la acción –desciende un 19,6% la inversión del ministerio de Sanidad en Madrid–, bien por silente complicidad –la de todo el PSM–.

*David Pérez es portavoz del GPP en la Asamblea de Madrid y José María Rotellar es profesor de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.

¿Qué amenaza terrorista en Europa?
POR FERNANDO REINARES catedrático de la universidad rey juan carlos ABC 2 Octubre 2010

ME refiero a la amenaza terrorista sobre cuya existencia se han pronunciado durante las últimas semanas cualificados responsables de la seguridad nacional e incluso algún dirigente político de tres países europeos: Alemania, Reino Unido y Francia. Una amenaza común en lo fundamental a todos ellos y que se refiere al terrorismo internacional relacionado directa o indirectamente con Al Qaeda. Primero fue Joerg Ziercke, jefe de la oficina federal alemana de investigación criminal, conocida por las siglas BKA, quien el pasado 6 de septiembre admitió públicamente que la amenaza de atentados terroristas en Alemania estaba creciendo. Pocos días después se supo que un extremista alemán de ascendencia surasiática, detenido en julio en Afganistán por militares estadounidenses, había declarado durante el interrogatorio al que fue sometido que sus correligionarios de la misma nacionalidad, establecidos en las zonas tribales de Pakistán, preparaban actos de terrorismo en Alemania y algún país limítrofe.

Por su parte, Jonathan Evans, director general del servicio de inteligencia británico, el MI5, dijo el 16 de septiembre que la posibilidad de que ocurra un atentado en el Reino Unido es seria, sin que nada indique que esta situación vaya a variar en breve. De hecho, el nivel oficial de amenaza terrorista en dicho país había sido elevado el 22 de enero de sustancial a grave, lo que técnicamente significa que la ejecución de un atentado dentro de sus fronteras es altamente probable. Al fin, la ministra francesa del Interior, Brice Hortefeux, declaraba el 19 de septiembre que «la amenaza es real», al comentar la posibilidad de que a corto plazo ocurriese un atentado yihadista en Francia y confirmar el reforzamiento de los dispositivos institucionales de vigilancia para tratar de impedirlo. Unos días antes, Bernard Squarcini, máximo responsable de la agencia francesa de seguridad interior (DCRI), se había aventurado a afirmar que Francia nunca antes se había enfrentado a una amenaza terrorista mayor que en la actualidad.

A ello debe añadirse que, a lo largo del mismo mes de septiembre, se ha registrado un extraordinario incremento en el lanzamiento de misiles desde aeronaves estadounidenses no tripuladas contra blancos localizados al noroeste de Pakistán. Por lo común dirigidos contra mandos o miembros de grupos y organizaciones terroristas que tienen en esa área sus bases, la finalidad adicional de esta ofensiva sería la de dificultar si no desbaratar preparativos, como los conocidos ayer, para la comisión de atentados terroristas en uno o varios de los aludidos países europeos, que al igual que en numerosos otros casos habrían sido ideados y planificados desde esa conflictiva zona. Aunque buena parte de los objetivos atacados por la CIA corresponde a elementos de Al Qaeda y de la llamada red Haqqani, conectada con los talibanes, otros se sitúan en el enclave de Waziristán del Norte, donde precisamente se asientan los extremistas reclutados en Alemania.

Cierto es que, en varias ocasiones durante los últimos dos años, las autoridades políticas o los altos cargos de la seguridad interior de algunos países europeos han expresado su inquietud por amenazas terroristas que no se han materializado. Pero no lo es menos que las atrocidades de Madrid y Londres ocurrieron sin previo aviso y tras haber sido mal valorada la situación. Ni tampoco que las policías y los servicios de inteligencia europeos han conseguido, en ese periodo de tiempo, impedir la preparación o ejecución de varios serios atentados de terrorismo internacional. Así, en julio de 2010 fue desarticulada en Noruega una célula yihadista multinacional cuyos planes estaban relacionados con otros, como el de llevar a cabo actos de terrorismo en Manchester, malogrado en abril de 2009. En octubre de este mismo año incluso se produjo un atentado yihadista, afortunadamente menor, en un acuartelamiento de Milán. Y podrían relatarse otros incidentes significativos.

Las noticias que ahora llegan acerca del Reino Unido, Francia y Alemania ponen de manifiesto que, si bien la amenaza del terrorismo internacional afecta al conjunto de la Unión Europea, en realidad no se distribuye de manera uniforme a lo largo y ancho del territorio comunitario ni del europeo en general. Ello obedece a un conjunto de factores cuya significación varía de unos países a otros. Entre ellos cabe aludir a antecedentes históricos de relevancia, la mayor o menor proximidad geográfica a zonas que son foco de yihadismo, el tamaño de las comunidades islámicas y en particular las dinámicas de radicalización observables en su seno, así como circunstancias propias de la política nacional o exterior, sin olvidar otros asuntos temáticos igualmente susceptibles de ser manipulados en la propaganda terrorista para señalar a determinados países. En todo caso, se encuentran especial pero no exclusivamente afectados los del centro, el oeste y el sur del subcontinente.

Por otra parte, de la información deparada por las principales operaciones contraterroristas desarrolladas recientemente en el ámbito europeo y de lo dicho por las autoridades que se han manifestado al respecto, se deduce que la amenaza del terrorismo internacional es de naturaleza compuesta y se corresponde con el carácter polimorfo de dicho fenómeno. Es posible la acción de individuos y células independientes, pero la eventualidad de atentados mayores, complejos e innovadores está asociada a la implicación, combinada o no, de grupos y organizaciones con estructura, liderazgo y estrategia. Entre ellos la propia Al Qaeda, si bien, debido a que sus capacidades operativas serían limitadas, sobre todo entidades afines como el Movimiento Islámico de Uzbekistán, Laskhar e Toiba, Therik e Taliban Pakistan o Al Shabaab, al igual que extensiones territoriales de la misma, casos de Al Qaeda en la Península Arábiga o Al Qaeda en el Magreb Islámico.

El hecho de que estos actores colectivos del terrorismo internacional estén asentados en Pakistán, Afganistán, Yemen, Somalia o Argelia, entre otros países, no significa que la amenaza que suponen para Europa sea solo de origen exógeno. Tras esta amenaza hay, sí, extremistas que son extranjeros y con frecuencia residentes legales entre nosotros. Pero los hay también que son ciudadanos de países europeos, a menudo descendientes de inmigrantes o nacionalizados tras una estancia más o menos prolongada en ellos. Más allá de afirmar que normalmente son varones entre veinte y cuarenta años, no es fácil elaborar una caracterización sociodemográfica de estos individuos, dada su diversidad, ni tampoco es siempre fácil saber si hicieron suyo el ideario terrorista dentro o fuera de las sociedades europeas. Pero, una vez radicalizados, tienden más a buscar ligámenes con algún grupo u organización yihadista en el exterior que a desenvolverse por su propia cuenta.

Con todo, Europa, pese a la retórica antioccidental de Al Qaeda, es un escenario secundario del terrorismo yihadista, que incide sobre todo, incluso cotidianamente, en regiones del mundo con poblaciones mayoritariamente musulmanas. Además, los europeos comparten problemas públicos más graves y apremiantes que la amenaza inherente a ese fenómeno, ante cuyos embates nuestras sociedades se han revelado hasta ahora muy resilientes. Pero expresiones de atención al mismo como las hechas en septiembre por algunos ministros y altos cargos europeos competentes en materia de seguridad no deberían entenderse como ejercicios de manipulación política. Sin alarmar con concreciones innecesarias, es razonable informar a los ciudadanos, en sus justos términos, de una amenaza que a corto plazo no puede ser anulada por completo, pero sí contenida y aminorada mediante adecuadas políticas gubernamentales y una óptima cooperación intergubernamental.

La cabeza de Luis XVI
Luis del Pino. Libertad Digital 2 Octubre 2010

Editorial del programa Sin Complejos del 2 de octubre de 2010

Cuando Luis XVI subió al cadalso construido en lo que hoy es la Plaza de la Concordia de París, el encargado de accionar la guillotina fue Charles Henri Sanson.

Sanson - que era hijo, nieto y bisnieto de verdugos reales - había estado trabajando quince años como verdugo real con la Monarquía y siguió luego actuando como verdugo oficial con la República, al igual que lo harían su hijo y su nieto. Resulta curioso cómo, a veces, los regímenes cambian, pero los verdugos permanecen.

La muerte de Luis XVI tuvo lugar el 21 de enero de 1793. Pero, en realidad, la cabeza del último rey de los franceses había empezado a rodar muchas décadas atrás, años antes de que Luis XVI naciera.

La Monarquía francesa estaba destinada a morir. Y la razón estriba en la diferencia entre dos palabras que muchas veces se confunden: legalidad y legitimidad. El de Luis XVI es un buen ejemplo de que los gobiernos, los regímenes o las instituciones pueden ser perfectamente legales y, sin embargo, completamente ilegítimos.

Todos tenemos claro cuándo una institución es legal: cuando está constituida y opera de acuerdo con las leyes vigentes. Sin embargo, la "legitimidad" de una institución es un concepto difuso y hasta cierto punto tautológico, es decir, perogrullesco: un gobierno, un régimen o una institución son legítimos sólo cuando la ciudadanía los considera legítimos. Y dejan de ser legítimos en el mismo momento en que comienza a cuestionarse el derecho a existir de ese gobierno, de ese régimen o de esa institución.

En ese sentido, la guillotina comenzó a prepararse para Luis XVI cuarenta años antes de su muerte, en el mismo momento en que los filósofos enciclopedistas franceses comenzaron a cuestionar el Derecho Divino de los reyes a gobernar. Es decir, desde el mismo momento en que comenzó a cuestionarse la legitimidad de origen del régimen monárquico. La Monarquía francesa cayó porque el rey era legal, pero había dejado de ser legítimo a ojos de sus súbditos.

Si Luis XVI fue guillotinado es, en definitiva, porque a alguien, años antes de la Revolución Francesa, se le ocurrió preguntarse por qué narices tenían los ciudadanos que aguantar y financiar a una nobleza y a una monarquía que no sólo no tenían ninguna utilidad social, sino que mantenían al pueblo sumido en la miseria.

El pasado miércoles tuvo lugar la huelga convocada por UGT y Comisiones Obreras. La jornada se saldó con un enorme fracaso: tan sólo entre un 5% y un 10% de los trabajadores secundó una huelga que era percibida por la inmensa mayoría de los ciudadanos como un burdo paripé: un obsceno intento de los sindicatos por aparentar que hacen algo ante una gestión gubernamental desastrosa, que ha llevado a nuestro país a los cinco millones de parados y a un recorte sin precedentes en las pensiones y en los sueldos de los funcionarios.

La jornada de huelga general, plagada de incidentes violentos, se vio coronada por una manifestación en Madrid en la que los dos autodenominados "sindicatos mayoritarios" sólo consiguieron reunir a la friolera de 19.000 personas. Ni siquiera la totalidad de los propios liberados sindicales acudió a la manifestación.

Si la cosa se hubiera quedado ahí, no tendríamos en realidad noticia. Nos limitaríamos a consignar que la ciudadanía había respondido a la llamada sindical con la misma indiferencia que ha mostrado a lo largo de los últimos años, en los que el número de asistentes a las manifestaciones del primero de mayo ha ido siendo cada vez más ridículo.

Pero los ciudadanos no se limitaron, en la jornada de huelga, a mostrar su indiferencia hacia los sindicatos, sino que fueron mucho más allá.

Muchos ciudadanos mostraron su indignación ante la convocatoria sindical. Muchos comerciantes plantaron cara a esas pandillas de delincuentes denominadas "piquetes informativos". Muchos vecinos colgaron pancartas en sus ventanas tildando de vagos a los sindicalistas o incluso se atrevieron a llamarles ladrones a la cara. Las pancartas y los gritos contra los sindicatos apesebrados pudieron verse y oírse incluso en la manifestación de cierre de la huelga convocada por los propios sindicatos.

En ese sentido, la jornada de huelga general constituyó mucho más que un fracaso de los sindicatos: fue una auténtica demostración de que los dos sindicatos mayoritarios han perdido definitivamente, de cara a la ciudadanía, cualquier resto de legitimidad que les pudiera quedar.

CCOO y UGT son dos sindicatos legales, qué duda cabe. Pero hace ya mucho tiempo que los españoles hemos empezado a preguntarnos para qué demonios sirven esos sindicatos. A preguntarnos por qué narices tenemos que aguantar que vivan a nuestra costa esos sindicatos, si no nos dan nada a cambio del dinero que les entregamos. A preguntarnos por qué tenemos que permitir que nos saqueen los bolsillos si no sólo carecen de cualquier utilidad social, sino que encima se permiten insultarnos, amenazarnos, agredirnos y coartar nuestra libertad de trabajar cuando y donde nos de la gana.

Al igual que pasó con Luis XVI y la monarquía francesa, los ciudadanos nos hemos dado cuenta, por fin, de que no tenemos por qué aguantar que nos tiranice quien vive a nuestra costa. Y esa sola constatación hace que cualquier rastro de legitimidad de la institución sindical se diluya como un azucarillo en agua caliente.

A partir de ahora, es ya sólo cuestión de tiempo que los ciudadanos terminemos derribando una institución caduca y obsoleta. Es ya sólo cuestión de tiempo que pongamos a los actuales líderes sindicales en su sitio y les mandemos a trabajar honradamente para ganarse el sueldo, en lugar de vivir como pachás a costa de nuestros impuestos. Es ya sólo cuestión de tiempo que terminemos aplicando la guillotina a las partidas presupuestarias destinadas a financiar a unas organizaciones sindicales carentes de cualquier tipo de sentido y de cualquier asomo de legitimidad.

El pasado miércoles 29 de septiembre, la cabeza de la institución sindical comenzó a rodar de manera inexorable, de la misma forma inexorable que comenzó a rodar la de Luis XVI aquel día de 1751 en que empezó a publicarse la Enciclopedia Francesa.

Galicia / DESDE EL ATLÁNTICO
¿Hay un deber de hacer huelga?
carlos ruiz miguel ABC Galicia 2 Octubre 2010

La pregunta podría resultar absurda si no fuera porque se basa sobre una constatación de hechos objetivos. ¿Se ha transformado la huelga de un «derecho de los trabajadores» en un «deber de los ciudadanos»? Reflexionemos sobre lo ocurrido el 29 de septiembre.

La huelga convocada para esa fecha suscita numerosas cuestiones. Hay quienes se quedan en la perspectiva cuantitativa: ¿ha sido un «éxito» o no según el cálculo de su seguimiento? Hay también quienes, con más profundidad, se plantean si esta huelga ha servido para algo, argumentando (a mi juicio con razón) que ha sido una operación estéril para los objetivos que ha pretendido conseguir.

Pero la huelga tiene otra faceta preocupante, y es la de si no se estará transformando la huelga en un deber general cuya exigencia queda en manos de los sindicatos, con la complicidad de los gobiernos nacional regionales. Me explico.

Lo que la Constitución dice es que la huelga es un «derecho» de los «trabajadores». Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), sólo son «trabajadores» los que estén trabajando por cuenta ajena en virtud de un contrato laboral. En consecuencia, el «derecho a la huelga» consiste en el derecho del trabajador por cuenta ajena, ligado por un contrato laboral, a no cumplir lo pactado en el contrato (es decir, «trabajar») sin por ello ser sancionado por el empresario. Y es que, de no estar reconocido el derecho de huelga, el incumplimiento del contrato laboral por el empleado podría ser sancionado por su empleador. Incluso con el despido. El TC ha ampliado este derecho a los empleados de las administraciones públicas aunque, como en el caso de los funcionarios, su relación no esté determinada por un contrato laboral, sino por lo que diga la ley.

En cualquier caso, lo que de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia del TC está claro es que ni estudiantes ni trabajadores-empresarios autónomos tienen derecho a la huelga. Y aquí es donde el asunto adquiere un tinte preocupante. Numerosos periódicos, entre los que está ABC, han reproducido fotografías de individuos amenazando o coaccionando a otros para sumarse a la huelga. Y estas acciones, cínicamente calificadas como «informativas», también se han hecho contra trabajadores-empresarios autónomos. Cuando el lector vea estas líneas podrá tener la seguridad de que el fiscal general del Estado no habrá excitado el celo de sus subordinados para que persigan a los que amenazaron o coaccionaron la libertad de otros, y muy llamativamente, de los trabajadores-empresarios autónomos.

La pregunta por tanto es muy simple: ¿existe un deber general de hacer huelga cuando un sindicato lo ordena? Si no existe ese deber, ¿por qué no se persigue a quienes coaccionan a trabajadores-empresarios autónomos para que cesen su actividad económica? Pero si alguien afirmara que existe ese deber, la conclusión es que como ocurre con el nuevo Estatuto catalán quizás es que lo diga la Constitución da completamente igual. Si esto es así, como parece, no se avecinan buenos tiempos.

Xavier Pericay recibe el Premio a la Tolerancia por su resistencia al nacionalismo
Abogó por el entendimiento entre Ciudadanos y UPyD en Cataluña
 www.lavozlibre.com 2 Octubre 2010

Xavier Pericay recibe el Premio a la Tolerancia por su resistencia al nacionalismo Xavier Pericay recibe el Premio a la Tolerancia por su resistencia al nacionalismo

Barcelona.- La Asociación por la Tolerancia entregó la noche de este viernes el XVI Premio a la Tolerancia al filólogo, escritor y profesor universitario Xavier Pericay. La concesión del galardón se justificó por "transitar hacia la incómoda situación de ser considerado como un disidente de los postulados nacionalistas excluyentes que imperan en Cataluña".

Según crónica de 'La Voz de Barcelona', Pericay, que reside en Palma de Mallorca en la actualidad, abogó durante el acto en el que recibió el premio por un entendimiento entre Ciudadanos y UPyD para evitar que los no nacionalistas queden fuera del Parlamento. En el acto de entrega denunció que “el nacionalismo es básicamente una línea divisoria, o se es nacionalista o no se es", a lo que añadió que “lo que el nacionalismo no tolera es la contradicción, [...] penaliza al disidente”, y lo hace tanto “social” como “económicamente”.

“Como el nacionalismo es monocorde, su denuncia, en la medida en que se vuelve sistemática, acaba siendo también monocorde, pero no queda mas remedio que seguir. El silencio, al contrario de lo que ocurre con el silencio administrativo, da siempre la razon al statu quo. Y en Cataluña no hay otro statu quo que el nacionalismo”.

Los miembros del jurado de la XVI edición destacaron el fuerte compromiso de Pericay "con la defensa de la libertad’ y han resaltado que en sus libros y artículos publicados en la prensa destila ‘honestidad intelectual y ofrecen el análisis, la reflexión y la crítica sobre política, sociedad y cultura de un librepensador forjado en los principios de la Ilustración".

El jurado lo compusieron De Carreras; Tubau; el escritor Idelfonso Falcones; las ex presidentas de la AT, Elvira Fuentes y Marita Rodríguez; la vicepresidenta de la AT Carmen Leal; el presidente de la Asociación por la Tolerancia, Eduardo López-Dóriga; el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona Joaquim Molins; el abogado Manuel Piñol; el empresrio Xurde Rocamundi; el profesor de Filosofía Antonio Roig; y el filólogo Josep Xicart.

Gonzalo Miró: 'Los nacionalistas están chantajeando al Gobierno'
El actor votará por Tomás Gómez en las primarias de Madrid
MARÍA EUGENIA YAGÜE.  www.lavozlibre.com 2 Octubre 2010

Madrid.- A Gonzalo Miró, de 28 años, le gustan el fútbol y el periodismo. Este verano, sus crónicas sobre el Mundial se publicaron cada día en el diario ‘Marca’ y ahora participa en la tertulia radiofónica deportiva ‘Punto Pelota’, de Intereconomía. ¿Más adelante? Ni él mismo lo sabe, aunque hay dos posibles proyectos de televisión.

Después de aprobar los exámenes para director deportivo de club, se dice que podría trabajar un día en su equipo del alma, el Atlético de Madrid. “Pero les va demasiado bien, no me necesitan para nada”, dice Gonzalo subido en una Hardley Davidson, donde posa como modelo ocasional del perfume italiano de la firma Bruno Banani.

- Como militante socialista, ¿cómo viviste la huelga general?
- La hice medio obligado, porque no tenía un trabajo al que ir ese día. De todas formas, no estaba del todo de acuerdo con la convocatoria. Puedo entender hasta cierto punto el descontento que la motivaba, pero no creo que sea el momento ni las formas. La violencia de Barcelona fue una vergüenza. La sensación era de algo antiguo, como de hace 15 años. Ahora hay formas de arreglar las cosas de otra manera, los tiempos son otros. Y en un momento tan duro como éste, los piquetes me parecen algo totalmente vandálico. Eso era para cuando se iniciaba la democracia, no ahora.

- Cambiemos de tercio…
- No me gustan los toros, ni tengo ningún nexo con ese mundo. Fíjate que mi madre tenía abono en Las Ventas y me llevó una vez a ver si me gustaban y fue que no. Luego volví cuando José Tomás se encerró en la Monumental de Barcelona con seis toros, por si realmente algo así merecía la pena verlo, y tampoco. Y eso que entiendo el mérito de los toreros, pero soy más de los animales, qué le voy a hacer…

"TENEMOS QUE DEFENDER A LOS CATALANES QUE SE SIENTEN ESPAÑOLES"
- Hablaba de cambiar de tema, pero ya que mencionas Cataluña, ¿cómo ves ese empeño en marginar la lengua española e imponer el catalán a la fuerza?
- Marginando el español estamos haciendo un gran daño a nuestro país del que no somos conscientes. Los partidos nacionalistas lo que hacen es chantajear al Gobierno y confirmarle los presupuestos a cambio de que les den el oro y el moro. Hay mucha gente que vive de ese discurso. Me parece bien que los catalanes quieran aprender catalán en el colegio, pero eso no significa que tengas que descartar el castellano y que no sea compatible, me parece absurdo. Además están abocando al fracaso a los estudiantes. Un día, los jóvenes de Cataluña no podrán ir a trabajar a Madrid porque no conocen bien la lengua española. Están tirando piedras contra su propio tejado. Se trata de globalizar el mundo, no de hacerlo cada vez más pequeño. Sobre todo, no me gusta que me obliguen a nada. Cuando he ido a Barcelona siempre me he sentido como en casa, me encanta, me parece una ciudad espectacular. Pero los españoles tenemos que defender a los catalanes que se sienten españoles. Parece que son muchos los que hacen ruido, pero luego hay otros muchos miles a los que tenemos que ayudar a mantener las costumbres españolas en Cataluña.

- ¿Por qué no entras en una tertulia política? Discutes con pasión y con argumentos.
- El otro día fui a la presentación de la candidatura de Tomás Gómez, dije alguna cosa y se armó una buena. A raíz de eso me ofrecieron ser contertulio, ¿qué te parece?, pero no estoy lo bastante preparado.

"VOTARÉ EL DOMINGO POR TOMÁS GÓMEZ"
- Entonces, ¿tienes claro la opción de Tomás Gómez sobre la de Trinidad Jiménez?
- Yo soy militante, me toca votar el domingo en las primarias y lo haré por Tomás Gómez, lo tengo claro. Y no entiendo por qué se le cierra la puerta a Tomás Gómez, aunque me imagino que es por ser un señor al que no controlan los de arriba. El discurso de que ‘Trini’ tiene más posibilidades de ganar no me lo creo. Y aparte, si ella lo está haciendo bien como ministra de Sanidad, ¿por qué tiene que dejarlo? Tomás ha puesto Parla en el mapa, lo ha hecho bien y es justo que dé un salto, salgan caras nuevas y se vaya renovando el partido con gente valiosa que venga desde abajo.

- ¿Por qué sigues militando en el Partido Socialista?
- Esa pregunta me la he hecho yo más de una vez. Pienso que sigo por opinar, por estar involucrado en algo como las primarias del domingo, pero muchas veces he pensado en irme, no creas.

- Tú, que has trabajado un tiempo en un magazine de televisión, ¿cómo ves los platós de hoy día?
- Pues cada vez peor, si hablamos de los ‘programas basura’. Y no vale el argumento que utilizan algunos de que eso lo ve toda España, no es verdad. Tienen buenas audiencias, lamentablemente, pero no lo ve tanta gente. ¿Un millón y medio de espectadores? ¡Pero si somos más de 40 millones de españoles! Intento consolarme por ahí. Si hay gente que se entretiene con eso, allá cada uno. Cuando han dicho alguna barbaridad sobre mí, no he entrado al trapo y he ido a los Juzgados directamente.

> Gonzalo Miró es imagen de marca de Bruno Banani, a cuya presentación en Madrid asistió esta semana.

Antonio Robles, candidato de UPyD al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat
Hace un año abandonó Ciudadanos, con el que ocupaba uno de sus tres escaños
 www.lavozlibre.com 2 Octubre 2010

Antonio Robles, candidato de UPyD al Parlamento de Cataluña Antonio Robles, candidato de UPyD al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat

Barcelona.- Antonio Robles, ex diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, encabezará la lista de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) por Barcelona en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña, que se celebrarán el próximo 28 de noviembre. Aunque UPyD no ha dado a conocer los resultados oficiales definitivos a última hora del sábado, una fuente del partido han señalado que "Robles ha ganado de forma rotunda y no parece que haya motivos de contabilización o de impugnación que puedan hacer variar este resultado". En Cataluña, era media docena de candidatos los que competían por el puesto de cabeza de lista por Barcelona al Parlamento, lo que conlleva en la práctica ser el candidato visible a aspirar a presidir la Generalitat de Cataluña.

Antonio Robles abandonó Ciudadanos a raíz de la alianza que Albert Rivera estableció con Miguel Durán, Tamayo y Balbás, un grupo con dudoso perfil político, que se presentó a las Elecciones Europeas de 2009. Antonio Robles dijo a ‘La Voz Libre’ en diciembre de 2009, cuando ingresó en UPyD, el partido de Rosa Díez, tras abandonar Ciudadanos por disentir de Albert Rivera, que compartía "muchísimas de las ideas que ella defiende, además de la ética y el coraje que está poniendo a las cosas, deseamos regenerar la vida política de los partidos, devolver al Estado las competencias que los nacionalistas están utilizando contra él y garantizar los derechos lingüísticos de todos los españoles”.

Entonces, ya se le preguntó por la posibilidad de encabezar la lista de UPyD en las próximas elecciones catalanas y Antonio Robles declaró : “Yo soy un simple militante, sin embargo, ese no es el debate”, explica Robles. “UPyD defiende un proyecto constitucional español, y en ese sentido creo que está prácticamente solo en Cataluña".

Antonio Robles ha tratado de realizar una campaña discreta entre los afiliados a UPyD en Cataluña, la mayoría de ellos procedentes como él de Ciudadanos. En su cículo de confianza había señalado que trataba de huir del morbo que podían producir titulares como "Antonio Robles encabezará una candidatura que se enfrentará a Albert Rivera", su antiguo compañero en Ciudadanos.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Sin estrenarse
Hay una nueva generación de bisoños etarras que tiende a administrar la tregua no para poner punto final a 50 años de trayectoria sino para dar inicio a su propia historia
KEPA AULESTIA El Correo 2 Octubre 2010

La lentitud con la que la izquierda abertzale trata supuestamente de avanzar, para así convencer a ETA de que vaya pensando en desarmarse, no parece exasperar a nadie. Las formaciones gobernantes o con aspiraciones de gobernar no tendrán prisa si la violencia física no se recrudece. Mientras que los más decididos de la izquierda abertzale y los entusiastas que les acompañan estas últimas semanas se ven obligados a disimular su impaciencia, no sea que ofrezcan síntomas de fracaso.

Es una cuestión de ritmos, tienden a señalar los observadores. Todavía hay resistencias que salvar, confiesan en privado los bruñidores de este nuevo proceso, para acto seguido dirigirse al Estado constitucional desplegando exigencias que de entrada cuestionarían su legitimidad. Eso fue la declaración de Gernika del pasado sábado. Pero las tres comunicaciones que ETA ha hecho públicas durante el mes de septiembre obligan a pensar que el problema no es que la cosa vaya muy despacio; el problema es que presenta demasiados indicios de volverse hacia atrás. Es la secuencia de siempre. ETA hace un guiño -el vídeo de la BBC- que su red comercial se apresta a vender como si fuese la gran oportunidad para alcanzar la paz, para luego introducir matices -la nota de respuesta a la Declaración de Bruselas- y acabar poniendo las condiciones de siempre con una verborrea inaudita -la entrevista del pasado domingo-. No se trata de una actuación planificada; es que les sale así por instinto de conservación.

Hace quince días el dirigente de la izquierda abertzale Xabi Larralde escribía para el público del País vasco francés que «la lucha armada no ha sido nunca más que la expresión contemporánea (y para algunos el catalizador) de la aspiración de los vascos a la soberanía». El tiempo verbal utilizado podría sugerir que la lucha armada ya no sería el reflejo de tal aspiración. Pero la lógica de Larralde tampoco llega a desbaratar la posibilidad de que la violencia etarra continúe. Qué decir de las tres comunicaciones de ETA al respecto. Ni de lejos se atreven a romper con el tabú de la renuncia a las armas, siquiera explicitándolo como horizonte deseable.

Todo lo contrario, los encapuchados tienden a envalentonarse a medida que hablan de «un escenario sin limitaciones ni imposiciones». Por su parte, la declaración de Gernika evidenció que, por distintas razones, EA y Aralar se han avenido a hacer suyo el discurso de la izquierda abertzale. En este contexto, el hecho de que hoy vaya a tener lugar en Bilbao una manifestación multitudinaria, para cuya convocatoria la izquierda abertzale ha pasado lista, y a la que se ha visto obligado a sumarse el PNV -aunque no se sepa si con una delegación o con algo más- cierra el conocido círculo de la solidaridad anti-represiva. Nadie que asista a esa manifestación, que a tenor de la multiplicidad de motivaciones se presenta a la carta, puede incurrir en la ingenuidad de pensar que la marcha será inocua, cuando sus mensajes van dirigidos a exigir cuando menos que el Estado de derecho se relaje. Y todo ello mientras el 'facilitador' Brian Currin anuncia la constitución de un «grupo internacional de contacto» cuya composición y objetivos serán dados a conocer a lo largo de este mes de octubre. La lentitud de lo que ocurre no exaspera a nadie, pero hay quien no puede permanecer quieto, no sea que ocurra algo que le coja por sorpresa. Al PNV le gustaría dibujar el escenario final de ETA con Zapatero, aunque ni está claro que el Presidente pueda llegar a verlo desde La Moncloa, ni resulta sensato un adelantamiento tan arriesgado.

Todas las esperanzas y todas las cautelas coinciden en interpretar el momento a tenor de las dificultades o incapacidades de la trama etarra para echar la persiana. Pero a la luz de sus últimos pronunciamientos convendría plantearse otra hipótesis. Es de suponer que a los que vienen de lejos se les hace cuesta arriba admitir que su trayectoria ha acabado con muchísima más pena que gloria. Pero posiblemente el problema mayor lo estén causando quienes todavía no se han estrenado. A los primeros les resultará dificultoso clausurar cincuenta años de historia sectarizada. Pero los segundos están dando inicio a una nueva etapa épica en la historia de los vascos. El obstáculo al que se enfrentarían Rufi Etxeberria y los suyos no es la posible aparición de una 'ETA auténtica' que reclamase su herencia histórica negándose a deponer las armas. Más bien se trata del problema que suponen quienes han sido alistados y encuadrados recientemente y han llegado en tiempo récord a hacerse con las riendas de una organización en declive. No es que no se les pueda confiar el cierre definitivo del negocio. Es que acaban de abrirlo. El 'cambio político' al que apelan los portavoces de ETA y los dirigentes más disciplinados de la izquierda abertzale encierra un doble significado. Para los veteranos supone la posibilidad de edulcorar su derrota mintiéndose a sí mismos y proclamando como victoria la constitución de un polo soberanista que puedan controlar. Pero para los que todavía no se han estrenado y, sin embargo, han llegado a la cúpula etarra la 'nueva fase política' es eso que podrían fiscalizar con la autoridad que les confieren las siglas heredadas sin siquiera moverse de su escondrijo. Es la savia joven que induce a los veteranos a aminorar la marcha, porque amenaza con relegarlos.

El único voto útil ´constitucionalista´: Plataforma por Cataluña
Enrique de Diego El Semanal Digital 1 Octubre 2010

El 18 de junio de 1815, en las campas de Waterloo (Bélgica), las fuerzas del general Wellington y las austriacas del mariscal Blücher obtuvieron una victoria en la que acabaron con el genio sanguinario de Napoleón. Tras dividir las fuerzas coaligadas, el corso se dispuso a acabar con el ejército británico. Contra lo que había sido su trayectoria, Napoleón actuó a la vieja usanza, de la manera peor concebible. Desangró y sacrificó su ejército atacando de continuo por el centro. Las cargas de caballería al mando del mariscal Ney fueron impotentes ante la fortaleza del cuadro inglés. La última carga desesperada de los veteranos de la Guardia Imperial representó un sacrificio inútil.

Un siglo después, el aclamado y respetado general Lee, un genio de la estrategia flexible, cometió el mismo error en Gettysburg. Frente a las suaves colinas de un pequeño pueblo, donde se atrincheraba el ejército del Norte, Lee estrelló, en oleadas, una tras otra, a la flor y nata, irreemplazable, del Sur.

Desde hace años, en Cataluña, lo que se ha dado en llamar a sí mismo el constitucionalismo, y que de manera menos vergonzante, debería proclamarse españolismo, viene atacando por el centro, sin maniobra alguna, al separatismo rampante e intervencionista.

Esa estrategia, dictada por un sincero amor a la libertad, está agotada, no ha hecho ni hace otra cosa que retroalimentar al nacionalismo. Planteando de continuo la batalla donde a éste le conviene, en su terreno propio, no hace ni ha hecho otra cosa que reforzarle. Es más, el constitucionalismo se ha ido viendo obligado a actuar a la defensiva, a transmitir la imagen de una simple reacción a la iniciativa independentista.

De esa manera, el constitucionalismo se ha satelizado respecto al nacionalismo.
La oportunidad de romper esa dinámica laberíntica, ese callejón sin salida, la representa Plataforma per Catalunya de Josep Anglada.

Situando la inmigración descontrolada y de manera más concreta la amenazante y gravísima islamización (más de cuatrocientos mil musulmanes en Cataluña, el 25% de las mezquitas salafistas, o sea de un integrismo extremo) como las auténticas amenazas a la identidad catalana y a la misma convivencia –lo cual, es cierto, responde a la estricta realidad- el partido de Josep Anglada rompe por completo e inhabilita tanto el discurso nacionalista como su estrategia. En vez de desangrarse con un ataque ineficaz al centro, se trata de una maniobra por los flancos (por el derecho, para ser más preciso).

No es ocioso recordar que España, la unidad nacional (recuperación de la unidad política alcanzada por el rey visigodo Leovigildo), se conformó contra el invasor Islam. Por lo mismo, los catalanes, los españoles de Cataluña, pueden y deben unirse para parar y revertir la islamización, antes de que Cataluña degenera en una república islámica.

En ese sentido, el esfuerzo por mantener a Ciudadanos, una opción ya fracasada, por muchos que sean sus méritos del inmediato pasado, y no pocos también sus errores, me parece un esfuerzo inútil, una pérdida lamentable de energías. Toda vez que el PP promueve la islamización allá donde gobierna, el único voto útil constitucionalista es el dirigido hacia las candidaturas de Plataforma per Catalunya. Porque es preciso frenar la islamización rampante y castigar a la casta política podrida.

Antisistema y Mossos
Alfons Quinta www.gaceta.es 2 Octubre 2010

En el seno de la Generalidad, los dos peores errores del tripartito fueron confiar todo el ámbito de la cultura –incluida su cadena TV3– a Esquerra, así como la Policía autonómica –los Mossos d’Esquadra– a lo que queda del comunismo catalán. El pasado día 29 se constató un nuevo efecto de la conjunción de ambas barbaridades.

Durante los cinco días previos a la presunta huelga general, los Mossos permitieron la ocupación de la antigua e inmensa sede de Banesto en la plaza de Cataluña, llevada a cabo con la confesada finalidad de radicalizar la huelga.

A este efecto, editaron y distribuyeron 350.000 ejemplares de un diario panfletario de 20 páginas. En su portada anunciaban “podemos vivir sin bancos, sin empresas multinacionales, sin dinero, sin clase política, sin capitalismo”.

¿Quién lo financió? Hay que sospechar de las grandes subvenciones otorgadas a la ultraizquierda. Es lógico que los Mossos no interviniesen preventivamente. En efecto, la compañera –en el sentido personal y político– del consejero de Interior, el viejo comunista Joan Saura, es la teniente de alcalde de Barcelona, Imma Mayol, que en el pasado se declaró públicamente “antisistema” y expresó su simpatía por el movimiento okupa.

A la vez el segundo de Saura en Interior, del mismo ideario, en lugar de estar en su lugar de trabajo, en un día tan complicado para el orden público, optó por ir a manifestarse. Es la grotesca imagen del bombero incendiario. Las agresiones diversas, entre ellas al director de Intereconomía en Cataluña, Francisco Pou, debían y podían ser evitadas. La actual cúpula de origen comunista de los Mossos tiene los días contados. Desaparecerán junto con el tripartito. Pero ello no acredita que Artur Mas pueda reformarlos. Sus males proceden de cuando Pujol era presidente y practicaba lo que en Italia llaman cattocomunismo. En cuanto a TV3, fue la única cadena de TV de España que el pasado día 29 llevó a cabo una huelga total de 24 horas, emitiendo sólo material enlatado en algunas de sus seis programaciones. Obviamente, consideró la huelga un gran éxito sindical.

Dos organismos que, por ser recientes, tenían que ser modernos y modélicos son perfectos antimodelos. Periódicamente volverán a ser actualidad por mil razones, todas ellas impresentables.

El «problema perpetuo» del Estatuto catalán
Hace más de 90 años que el Estatuto de Cataluña está en el centro del debate político español, desde el proyecto de 1919 descartado por Primo de Rivera hasta la última sentencia del TC
ISRAEL VIANA / MADRID ABC  2 Octubre 2010

Hace más de 90 años que el Estatuto de Cataluña está en el centro del debate político español. Dijo Ortega y Gasset en 1932, tres meses antes de que se aprobara el primer Estatuto de la historia de Cataluña, que «el problema catalán no se puede resolver, sólo se puede conllevar; es un problema perpetuo y lo seguirá siendo mientras España subsista».

Desde entonces y hasta la masiva manifestación del sábado por la sentencia del Tribunal Constitucional –que asegura que «la Constitución no conoce otra Nación que la española»–, el debate siempre ha estado ahí y parece interminable. Como prueba, las palabras de Josep Antoni Duran i Lleida ayer en el Congreso: «La sentencia del TC ha sido el motivo más separador en los últimos 35 años».

Esas diferencias en torno al termino «nación» y al Estatuto son, sin embargo, más antiguas. Ya en 1919, el conflicto de intereses entre el Gobierno catalán y el Gobierno español pusieron freno al primer proyecto de Estatuto, que, a pesar de haber sido aprobado por la Mancomunidad de Cataluña y votado a favor por más del 98% de los ciudadanos consultados, fue descartado por Miguel Primo de Rivera tras el golpe de Estado de 1923.

El Estatuto de Nuria
En la Cortes Constituyentes de 1931, en la Segunda República, volvieron a sumergirse en el debate sobre la organización nacional, las autonomías y el nuevo estatuto, que fue redactado en el valle de Nuria (Gerona).

El nuevo proyecto otorgaba a la comunidad un amplio autogobierno y, esta vez sí, tuvo éxito: fue aprobado en referéndum por más del 99% de los votantes y, más tarde, por las Cortes españolas con 314 a favor y 24 en contra.

En 1932, «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español»
Pero los enfrentamientos no tardaron en llegar. Para los catalanistas, aquel primer Estatuto rebajaba las pretensiones originales del proyecto, que en vez de declarar que «Cataluña era un Estado autónomo dentro de la República española», establecía que «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español». Aún así, estaban convencidos de que era un paso importante para la «emancipación de la patria catalana». Entre los partidarios del Estado unitario, en cambio, provocó una profunda alarma, pues creían que España se desintegraba.

ABC aseguraba que Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, había traicionado sus propios principios otorgándole a Cataluña tantos poderes, ya que, según podía leerse, en 1912 éste no sólo se oponía a que en España hubiera más de un Estado, sino que se oponía a la creación de una simple Mancomunidad.
Con la llegada de los radicales al Gobierno de la República en 1933, se originaron nuevos conflictos y declaraciones de inconstitucionalidad de alguna de las leyes aprobadas por la Generalitat, lo que provocó que el Estatuto fuera suspendido por tres años. Y aunque fue restaurado de nuevo por el Frente Popular en 1936, duró poco. Franco, basado en su visión unitaria de España, suprimía inmediatamente la Generalitat y el Estatuto.

El Estatuto de Sau
Bajo los últimos años del franquismo, los autonomismos renacieron con fuerza, evitando que el Caudillo pudiera realizar su sueño de uniformización nacional y sumisión total al centralismo madrileño, y en 1977 se reinstauraba de nuevo la Generalitat, formándose la «Comisión de los veinte», encragada de redactar un nuevo Estatuto.

«El referéndum del Estatuto de 1932 como el de 1979 tienen en común que el pueblo catalán demuestra que desea autogobernarse», dijo Josep Tarradellas, primer presidente de la Generalitat, después de que ver aprobado el texto por un 88% de los votos, pero obviando que la abstención había superado el 40%.

Y en 2003, tras la investidura de Maragall como presidente de la Generalitat, un nuevo estatuto volvía a centrar debate. Zapatero, por entonces candidato a la presidencia, prometía que apoyaría el nuevo texto que aprobara el Parlamento de Cataluña.

El primer artículo, que proclamaba que «Cataluña es una nación», fue aprobado en 2005 con el aval de todos los partidos catalanes a excepción del Partido Popular, que quería definir a la comunidad autónoma como «nacionalidad» y no como «nación». El problema de la concepción de Cataluña seguía, al igual que hoy, en el centro de la discusión.

Con algunas diferencias sustanciales, sobre todo en lo referente a la financiación, el texto fue aprobado finalmente en el Congreso en 2006, con 189 diputados a favor y 154 en contra. Muy lejos de aquella proporción de 314-24 de 1932.

El recurso de inconstitucionalidad
El PP presentaba entonces un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto en el TC, porque, según afirmaban sus dirigentes, se trataba de una «Constitución paralela». Un recurso basado, sobre todo y una vez más, en «el empleo del término nación, pues la única nación prevista en la Constitución es España».

La sentencia del TC asegurando que «Cataluña no es una nación» nos devuelve el «problema perpetuo» del que hablaba Ortega y Gasset en 1932. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe.

´Benvidos, welcome, benvenuti´
La Universidade da Coruña contará este curso con 254 estudiantes Erasmus y de intercambio procedentes, sobre todo, de países como Polonia, Italia, Francia, Alemania o Brasil
Los estudiantes extranjeros que resistieron a su primera noche de fiesta en la ciudad tuvieron la oportunidad de escuchar la bienvenida, en varios idiomas, que el rector de la Universidad, José María Barja, y los vicerrectores de Cultura y de Relaciones Internacionales les tenían preparada. Entre carcajadas ante las caras de sorpresa y concentración de quienes no habían escuchado nunca el gallego, los portavoces universitarios invitaron a los alumnos a ir más allá de los estereotipos y descubrir cada rincón de la ciudad
AIDA MOSQUERA | A CORUÑA La Opinión 2 Octubre 2010

"Benvidos, welcome, bienvenue, willkommen, benvenuti". Así recibió ayer el rector de la Universidade da Coruña, José María Barja, o al menos lo intentó, a los estudiantes Erasmus y de intercambio que pasarán este curso en la ciudad y que definió como "la avanzadilla de ese gran proyecto de Europa social que no sólo enriquece a los alumnos protagonistas, sino también a los países y a sus universidades". Pese a que la tradicional juerga universitaria de la noche de los jueves llevó a una gran parte de los recién llegados a no asistir al acto de recepción que se ofició en A Maestranza, los campus de Elviña, A Zapateira y Riazor presumirán de contar con 254 jóvenes extranjeros durante el curso 2010-2011, un 6% más que los matriculados el pasado año académico.

Tras recoger la camiseta, el plano de la ciudad y la carpeta que conformaron su kit de bienvenida, los estudiantes europeos y americanos -la mayor parte procede de Polonia, Italia, Francia, Alemania y Brasil-, tomaron asiento en las sillas del Paraninfo, apoyaron sus cabezas sobre sus puños y fruncieron el ceño esforzándose por entender lo que tanto Barja como la vicerrectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales, María José Martínez, les explicaban en gallego. Primero les agradecieron que se decantasen por la Universidade da Coruña y a continuación les comentaron que, además de sacar el curso, tienen una "gran oportunidad" para conocer Galicia "a fondo", algo que incluye, apuntaron, "la belleza de sus paisajes, la gentileza de sus gentes, su cultura y, por supuesto, el idioma"; una lengua que, aunque parecía totalmente nueva para los protagonistas del acto, treinta de todos ellos tuvieron la oportunidad de conocer durante el curso intensivo de gallego para estudiantes extranjeros impartido, por primera vez, al igual que el de catalán, euskera y valenciano, hace unos meses.

Con un dominio mayor de los idiomas que el del rector de la Universidad, el vicerrector de Cultura y Comunicación, Luis Caparrós, inició su discurso en inglés, continuó en italiano y, finalmente, se decantó por el castellano. Entre chascarrillos, destacó algunas de las actividades y ofertas de ocio a las que los estudiantes podrán acudir para descubrir la ciudad e hizo hincapié en la necesidad de olvidar "los tópicos que insisten en dar una imagen estereotipada de España, con toreros, sangría y flamenco".

Fiasco en el Erasmus: el timo de la estampita gallega.
Nota del Editor 2 Octubre 2010

Vaya fiasco se van a llevar la mayoría de los estudiantes que pensaron que venían a España y el español sería la lengua normal. La situación del idioma español en lo que queda de España, a cualquier persona razonable le resulta imposible imaginarla. Por ello, los estudiantes que han elegido Galicia, pensando que pertenece España y el español va a ser la lengua normal en la universidad, se van a llevar un chasco tremendo. En el peor de los casos, dado el nivel de nuestras universidades,. no van a perder mucho, podrán dedicar más tiempo y medios a la juerga, y ya tendrán tiempo de recuperar cuando les sea necesario. De todos modos, en general, los estudios universitarios constituyen una mínima parte de la materia que se exige en cualquier profesión.

SOCIEDAD
Lengua gallega, en universidades españolas
AGENCIAS | SANTIAGO La Opinión 2 Octubre 2010

La Consellería de Educación e Ordenación Universitaria firmará convenios con diversas universidades "punteras" de España y del extranjero con el fin de promover la lengua y la cultura gallegas, según avanzó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

En concreto, las universidades beneficiadas de los convenios serán la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Salamanca, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Cork, la Universidad de Berlín y la Universidad de Zádar.

A través de la Secretaría de Política Lingüística se destinarán un total de 360.854 euros para realizar las actividades al amparo de estos acuerdos. El pasado curso hubo 441 matriculados en estas clases.

Cataluña
Una queja al Síndic de Greuges cuesta 1.464 euros al ciudadano
El gasto en personal del defensor del pueblo catalán se ha disparado desde 2000
MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA ABC Cataluña 2 Octubre 2010

Cada queja ciudadana que tramita el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, cuesta 1.464 euros, cifra resultante de un progresivo aumento del gasto que esta institución, actualmente presidida por Rafael Ribó (ICV), ha experimentado en los últimos diez años. El incremento de personal y de altos cargos ha contribuido a disparar ese dispendio.

El coste público que supone gestionar cada expediente se ha triplicado con respecto a 2000, año en el que esta institución era dirigida por el fallecido Anton Cañellas (UDC) y que contaba con un presupuesto de 1,9 millones de euros. Sin embargo, el número de diligencias sólo se ha multiplicado por 1,5. Hace diez años, el número de quejas atendidas, tanto de oficio como a petición de los particulares, ascendía a 3.966, por lo que el coste de esos trabajos ascendía a una media de 490 euros. En 2009, las quejas contabilizadas fueron 6.046, pero el presupuesto asignado al Síndic ascendía ya a 8,8 millones de euros.

Recurso ante el TC
En ese creciente gasto tiene mucho que ver el personal que, a lo largo de estos años, ha ido subiendo. Así, de los 1,6 millones de euros que costaba mantener la plantilla del Síndic de Greuges en 2000 se ha pasado a 6,1 millones de euros. También ha aumentado la remuneración de altos cargos, pues si hace diez años alcanzaba la cifra de 239.743 euros, en 2009 la cantidad fue de 364.974 euros.

El objetivo del Síndic es garantizar el derecho de todas las personas a una buena administración y sus funciones están reguladas en los artículos 78 y 79 del Estatut. Ambos párrafos fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP, así como por el Defensor del Pueblo español, pues entienden que las competencias que se arroga la institución catalana pueden entrar en colisión con las de la institución de ámbito nacional. Actualmente, la Defensora del Pueblo es María Luisa Cava de Llano, que ejerce el cargo en funciones. Su reciente decisión de recurrir ante el TC la ley catalana de acogida de los inmigrantes, en la que se obliga a los extranjeros a acreditar el conocimiento del catalán para conseguir el certificado de arraigo, ha suscitado duras críticas nacionalistas a Cava de Llano. Hoy está previsto que se reúna en el Parlament la Comisión del Síndic de Greuges para ratificar los miembros del equipo para la prevención de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes designados por el ecosocialista Rafael Ribó.

Recortes de Prensa   Página Inicial