AGLI

Recortes de Prensa   Domingo 3  Octubre  2010

 

Unos presupuestos sin duda socialistas
EDITORIAL Libertad Digital 3 Octubre 2010

El socialismo antepone a la realidad los deseos de su ideología y la técnica presupuestaria no iba a escapar a esta norma que la izquierda viene observando en todo tiempo y lugar. Aceptado ese principio, podemos afirmar que los presupuestos generales del estado diseñados por Zapatero para el año próximo son socialistas de una forma ejemplar.

En efecto, la base sobre la que se han diseñado estos presupuestos públicos es inflar artificialmente la cifra de ingresos, para justificar una coacción institucional cada vez más intensa sobre los individuos gracias al gasto del estado en todo tipo de partidas de contenido ideológico, que son precisamente las que las últimas que los políticos de izquierdas están dispuestos a reducir.

Es difícil creer, como pretende Salgado que hagamos con esta astracanada presupuestaria, que la recaudación fiscal vaya a incrementarse sin haber iniciado con intensidad una etapa de crecimiento económico. Es imposible también que nuestro déficit público se reduzca en esa tesitura –gastando más que ingresamos–, con el agravante de la existencia de una deuda que consume ya la quinta parte de los recursos totales de ese presupuesto y unas cargas sociales consecuencia del desempleo galopante, que no dejan de crecer mientras otros conceptos de gasto de contenido sectario permanecen inalterables con la contumacia habitual de ZP.

En realidad, la aplicación de estos presupuestos generales va a provocar el efecto contrario al pretendido por el Gobierno, es decir, un incremento del déficit, un aumento de la deuda pública para financiarlo y el retraso indefinido de la salida de la crisis, característica esta última que distingue especialmente a la España de Zapatero de otros países gestionados con más criterio. Todo ello dará la excusa perfecta al Gobierno para incrementar la presión fiscal, otro efecto habitual, junto con el incremento necesario de las prestaciones del desempleo, de toda política socialista.

Y como el sectarismo ideológico de Zapatero no tiene límites conocidos, estos presupuestos consuman además el agravio de unas comunidades autónomas respecto a otras, al privilegiar financieramente a aquellas en que el PSOE tiene su particular granero de votos.

Las cuentas públicas que ha pergeñado el Gobierno socialista no sólo no van a contribuir reactivar una economía agonizante, sino que van a intensificar los problemas ya existentes agudizando de paso la desigualdad de los españoles dependiendo de su lugar de residencia. En todo caso, y desde que Zapatero anda por la Moncloa, nada nuevo bajo el sol.

'Reductio ad Hitlerum'
X. ZABALTZA El Correo 3 Octubre 2010

X. ZABALTZA ES AUTOR DE 'NOSOTROS, LOS NAVARROS' (ALBERDANIA, IRÚN, 2009).
HISTORIADOR Y ENSAYISTA

Tomo la expresión que encabeza este artículo del filósofo germano-americano Leo Strauss. La frase deriva obviamente de la 'reductio ad absurdum', figura de la lógica de Aristóteles que se utiliza para demostrar la falsedad de un argumento. Según Strauss, que no era lo que se dice un antisemita (era judío), a falta de mejores argumentos, en las sociedades occidentales se suele recurrir a Hitler para desacreditar al adversario, incluso hasta situaciones ridículas. Si el líder nazi era vegetariano (aunque al parecer comía carne de modo esporádico), el vegetarianismo tiene que ser algo perverso. Si era un fanático de Wagner, alguna complicidad debe de existir en la música de éste con el nacional-socialismo (aunque muriera nada menos que medio siglo antes de que el Führer llegara al poder). Desde el 11 de Septiembre, Bin Laden y el terrorismo yihadista han sustituido a Hitler en el imaginario del Mal Absoluto.

En Vasconia tenemos dos versiones autóctonas de la 'reductio ad Hitlerum': 'reductio ad Francum' y 'reductio ad ETAm'. Antagónicas en apariencia, idénticas en su funcionamiento. En nuestro país, el recuerdo de la dictadura por una parte y los crímenes de la organización armada por otra vician en origen todo conato de discusión política. En ciertos ambientes, cualquier ciudadano que defienda el castellano o la unidad de España se verá ipso facto acusado de ser un franquista, incluso aunque cuente con una larga trayectoria de lucha por la democracia. Y a la inversa, en otros ámbitos, por ejemplo en Navarra, todo aquél que reivindique la territorialidad o, sin más, un papel digno para el euskara, podrá ser tildado sin rubor alguno de cómplice del terrorismo, por más que le repugne la violencia.

Franco murió hace treinta y cinco años. Parece increíble, pero estuvo en el poder durante treinta y nueve. Algún día tendrá que acabarse el antifranquismo postfranquista de la izquierda y de los nacionalismos periféricos. Las nuevas generaciones ni saben ni quieren saber nada del dictador. El discurso victimista militante tiene que renovarse pronto si no se quiere que quede vacío de contenido. No sólo con Franco: también contra Franco vivíamos peor.

No es mi opción, pero creo que se puede defender una política lingüística más restrictiva con el euskara o incluso el recorte de la autonomía sin que se acuse a nadie de ser un epígono del dictador. Y a la inversa, ya va siendo hora de que se deje de criminalizar a todos los que se oponen al Tren de Alta Velocidad por supuesta connivencia con los terroristas. Tanto en la lucha contra Franco como en la lucha contra ETA se han cometido excesos, no sólo dialécticos, y justificado prácticas y actitudes que nada tienen de democráticas.

Hubo un tiempo en el que quise creer que la desaparición de ETA era condición suficiente para la normalización democrática de nuestro país. Hoy, cuando el sueño de una Vasconia sin ETA está más cercano que nunca, soy mucho más escéptico. Hay que acabar con ETA, por supuesto. Si es hoy, mejor que mañana. Pero también hay que modificar muchos 'tics' totalitarios que ya existían antes de que la organización disparara su primer tiro y que siguen presentes en muchos sectores de nuestra sociedad, de derecha y de izquierda, 'nacionalistas' y 'constitucionalistas'. En algún lugar he escrito que en nuestro país se percibe la debilidad de una tradición liberal y parlamentaria. Tanto el franquismo como ETA son consecuencia de ese déficit. Confundimos continuamente discutir con llevar la contraria. Nos cuesta admitir que no todo el que no piense como nosotros es un fascista o un filoterrorista. Porque a tal nivel ha llegado el debate.

Según tengo entendido, el Libro de Estilo del diario 'Haaretz' prohíbe el empleo de expresiones como 'genocidio', 'campo de exterminio' y 'nazi' para referirse a cualquiera de los contendientes del conflicto de Oriente Próximo. Tiene su mérito: en Tel Aviv no es algo obvio que no todo el que condene la política exterior (o la interior) del Estado de Israel es un antisemita. Como tampoco es consuelo para el sufriente pueblo palestino que Gaza no es Auschwitz. Si queremos mantener cierta honestidad intelectual, si queremos que nuestras palabras signifiquen realmente algo, tal vez aquí deberíamos seguir el ejemplo de 'Haaretz' y evitar las descalificaciones más burdas.

No son Franco ni ETA, sino las víctimas de ambos los que merecen nuestra atención. Franco lleva muerto casi cuarenta años. ETA se halla en el peor momento de su historia y qué más quisiera ella que tener la capacidad de influir en la sociedad que le atribuyen algunos medios. El antifranquismo está agotado desde hace lustros. El tiempo que le debería quedar al antietarrismo es el mismo que le queda a ETA: una cuenta atrás.

Despilfarros públicos injustificables
José Manuel Otero Lastres La Voz 3 Octubre 2010

Una de las principales preocupaciones de los españoles es la gravedad de nuestra situación económica. A nivel macroeconómico, los últimos datos muestran que la economía española está estancada, no crece o lo hace mínimamente. Y a nivel de cada hogar, los datos revelan que cada vez es menor el dinero disponible: el 30% de las familias reconocen dificultades para llegar a fin de mes.

Ante esta situación, la sabia y prudente conducta de los particulares contrasta con la de la Administración pública. A nivel familiar, a pesar de que cada vez se cuenta con menos recursos, la tasa de ahorro ha crecido en el último trimestre del 2009 hasta situarse en el 24,7%, que es el valor máximo trimestral hasta la fecha. Es decir, frente a las dificultades económicas, el mensaje que envían los ciudadanos a los gobernantes es muy claro: no hay otro remedio que apretarse el cinturón y nosotros somos los primeros.

Las cosas son distintas en las Administraciones públicas (central, autonómica y local). Su deuda asciende, según los datos del Banco de España, a seiscientos mil millones de euros. Esto significa que el Estado español tiene que ir devolviendo esos seiscientos mil millones de euros sin dejar de atender a todo lo que tiene que pagar cada año. Y como el Estado paga con lo que ingresa, que procede, en una importantísima parte, de nuestros impuestos, somos los ciudadanos los que acabamos soportando el despilfarro de nuestra Administración pública.

Para pagar el déficit, el Gobierno ha recurrido hasta ahora a la vía fácil de subir los impuestos, rebajar los sueldos de los funcionarios, y congelar las pensiones. Pero no sería objetivo si no dijera que también ha realizado esfuerzos para reducir el gasto público. Sin ir más lejos, en mayo de este año, el Consejo de Ministros aprobó medidas para reducir el gasto público en 15.250 millones de euros en el plazo de dos años. Por eso, me parecen absolutamente criticables dos medidas adoptadas por dos comunidades autónomas que, lejos de revelar una diligente y ordenada gestión de los recursos ajenos que administran, denotan un derroche malversador del dinero de todos los ciudadanos.

Me refiero, de un lado, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que va a destinar una notable partida presupuestaria para indemnizar con 1.800 euros a cada mujer que pruebe, mediante juramento o testimonios de terceros, que sufrió represión en su honor, en su intimidad o en su imagen por parte del franquismo entre 1936 y 1950. Y, de otro, al Principado de Asturias, en cuyo boletín oficial de abril de este año se prevé una partida de 450.000 euros para ayudas individuales, directas, extraordinarias y no periódicas a asturianos y descendientes de asturianos residentes en América Latina.

¿Tendrá esto algo que ver con el voto? ¿Es honesto destinar esos recursos aportados con enorme esfuerzo por los ciudadanos para tratar de perpetuarse en el poder? ¿Nos quieren convertir en un país de subvencionados para cautivar nuestros votos? Respóndanse ustedes mismos.

Maoísmos
La huelga general del 29-S derivó hacia una parodia de revolución cultural típicamente maoísta.
JON JUARISTI ABC 3 Octubre 2010

EN su arenga vespertina del miércoles, Cándido Méndez agradeció a las «formaciones de izquierda» el apoyo activo a la huelga general. La vaguedad de la expresión utilizada por el dirigente de UGT resultaba a esas horas del día un poco obscena. Todo el mundo, incluido Candido Méndez, conocía ya los sucesos de Barcelona, y por más que las televisiones públicas y unas cuantas cadenas privadas se empeñaran en separar los desmanes de los antisistema de la protesta sindical, es innegable que aquéllos son una formación de izquierda (o un conjunto de varias formaciones de izquierda). De extrema izquierda, si se quiere matizar, pero de izquierda ante todo, qué duda cabe.

El asunto puede parecer una nimiedad. No lo es. La inclusión de ese colectivo indefinido en el recuento de los protagonistas de la huelga convertía ésta, retrospectivamente, en una huelga política de la izquierda… contra el gobierno de la izquierda, aunque sólo en teoría. Produce un cierto estupor que el líder de la mayor central sindical del país desvirtuase así el carácter presuntamente sindical del acontecimiento en el mismo mitin de clausura. Por otra parte, es evidente que la huelga del pasado día 29 tuvo poco de sindical, en el sentido clásico del término. La última huelga general propiamente sindical fue la de 1988, y no se equivocaron entonces quienes auguraron que no volvería a haber otra huelga general de carácter sindical. El sesgo político de la de 2002, con la participación estelar de todas las formaciones de izquierda, empezando por la que hoy detenta el gobierno, fue inequívoco, pero es que se trataba de un ensayo de movilización de la izquierda contra el gobierno del PP (indispensable para engrasar una estrategia de acoso al mismo desde la calle, que funcionaría ya a la perfección en las campañas del Prestigey de la oposición a la guerra de Irak, incorporando sin escrúpulo alguno a la extrema izquierda).

La incapacidad de los dirigentes sindicales para cambiar el modelo se ha manifestado en la fastuosa confusión del discurso movilizador a lo largo de los tres últimos meses. Nunca quedó claro si se pretendía obligar al gobierno a cambiar su política, castigar a la patronal o machacar a la oposición. Con la excepción de Madrid, por supuesto, donde la huelga se planteó desde el principio y de modo exclusivo como un ariete contra Esperanza Aguirre. De hecho, los piquetes intentaron con particular entusiasmo paralizar el sector público de dicha Comunidad Autónoma -lo consiguieron al cien por cien en Telemadrid, la única televisión que se vio obligada a interrumpir sus emisiones-, y de ahí el contraste entre la indiferencia del Presidente Rodríguez ante lo que pasaba en la calle, a escasos metros del Congreso, y la indignación de la presidenta madrileña, hacia cuya sede de gobierno confluyeron desde la mañana los combativos sindicalistas de toda la capital. En tales condiciones, la huelga sólo podía ser política y ridículamente maoísta: una revolución cultural de sainete, contra el poder y a favor del poder simultáneamente, con los guardias rojos saqueando tiendas en Barcelona y el Gran Timonel mareando la perdiz en la Carrera de San Jerónimo, como si la cosa no fuera con él. Que no iba.

Los sindicatos subvencionados
Enrique de Diego www.gaceta.es 3 Octubre 2010

Ya, tras el fracaso general, se puede levantar acta de defunción de los sindicatos subvencionados. Ni con la ingente respiración asistida del dinero del contribuyente que, a manos llenas, les da el Gobierno y, con no menos generosidad, las autonomías, diputaciones y ayuntamientos del PP.

No ha habido huelga general, simplemente un día de asueto para quienes los ciudadanos ya consideran como vagos institucionalizados; para quienes objetivamente ejercen el parasitismo respecto a los trabajadores, los liberados de UGT y CC OO. Ha habido desagradable violencia de los ociosos, matonerismo de los mal llamados piquetes informativos, silicona en las cerraduras de los comercios. Intereconomía, en la persona de ese gran profesional que es Carlos Pecker, ha sido objeto también de la saña mafiosa y liberticida. Desde aquí mi solidaridad y mi apoyo a nuestro compañero. En el mundo al revés que vivimos, policías han sido agredidos por piqueteros en las instalaciones de CASA en Getafe. Se ha tratado de un auténtico intento de linchamiento que no puede quedar impune.

Hemos entrado en una nueva etapa. El pueblo español ha dado la espalda a los sindicatos subvencionados. La población española ha mostrado, yendo a trabajar –los que aún tienen puesto de trabajo– que sitúa a los sindicatos UGT y CC OO como buena parte del problema, como enemigos de los trabajadores, como un lastre para el progreso y aun la misma supervivencia. Estos sindicatos que se lucran con los ERE, que viven y se alimentan del sufrimiento de las gentes sencillas e indefensas, cuyos dirigentes viven en la molicie y el lujo, en los mejores restaurantes y de crucero, no representan a nadie.

Es preciso regenerar el mundo sindical, sacar a los sindicatos del Presupuesto, que dejen de ser correas de transmisión, brazos armados de los partidos de izquierdas, que sean asociaciones libres, voluntarias, eficientes y representativas. Es urgente que, al menos, las instituciones del PP dejen de subvencionarles.

Se ha producido esta semana el óbito de los sindicatos subvencionados. Ha sido un fracaso de Zapatero, Cándido Méndez y Toxo, del Gobierno, el PSOE, UGT y Comisiones Obreras. Porque todos ellos son enemigos de los trabajadores. Los peores enemigos de los trabajadores que ha producido España. Trabajadores de los que trabajan, claro.

Otrosí: la Fiscalía me ha llamado a declarar por las manifestaciones sobre José Bono en el programa A Fondo, del 8 de abril, y de El Gato al Agua, de 6 de abril, comentando las informaciones del diario LA GACETA. Me parece una pérdida de tiempo y de dinero del contribuyente. Mejor sería que la Fiscalía investigara a Bono.

Los currelas ganaron la huelga
La España oficial y la España real. Por un lado, la Unión General de Trabajadores; por el otro, los currelas
ANTONIO BURGOS ABC 3 Octubre 2010

SUBO otra vez, con todas las radios conectadas y todos los televisores enchufados, a mi Observatorio de la Lengua Cotidiana (Sin Trincar) y me llena de alegría comprobar lo que nos ha dejado la mal llamada Huelga General de la sanmiguelada: la consagración del uso generalizado de una nueva voz. La palabra es «currela», apócope de otra que no está en el DRAE, aunque sí en la murga famosa de Carlos Cano: «currelante». En los micrófonos con la voz de la calle en el Día Nacional de la Silicona, usted oiría muchas veces a sufridores de los piquetes mal llamados informativos, que se quejaban:

—No han dejado salir a los autobuses de las cocheras. ¿Cómo vamos a ir al trabajo los currelas que tenemos que pagar la hipoteca?
La España oficial y la España real. Por un lado, la Unión General de Trabajadores; por el otro, los currelas. No escuché que nadie hablase el día 29 de «los currantes», o «los currelantes». Por el contrario, muchas veces sonó este neologismo, que supongo madrileñismo, tan castizo como el habla de Arniches: los currelas.

La lengua española que persiguen en Cataluña como si fuera la Fiesta de los toros está más viva que nunca. Está en plena producción la factoría gaditana. En Cádiz cerraron muchas fabricas, menos la factoría de las palabras, para la que no hubo reconversión industrial. Si en el siglo XIX nos llegó desde Cádiz la palabra «liberal», en el XX nos vino «pelotazo». Sevilla no le ha ido a la zaga. La importación de la cultura underground de Berkeley y del movimiento hippy vía discos de las bases de Rota y Morón fue una revolución para el habla cotidiana, reflejada en el «Manifiesto de lo Borde» que en tiempos de Smash y del pujante rock andaluz bordó Gonzalo García Pelayo, donde consagró la palabra «rollo» y el verbo «enrollarse». En los textos de los rockeros sevillanos en el periodo que va de Mayo del 68 a la muerte de Franco pueden encontrar los lingüistas el arranque del éxito de los sufijos en —ata y en —ona, con los que ahora se construye media habla cotidiana. De allí, del pub Don Gonzalo de García Pelayo, de Smash, de Gong, de Alameda, surgió lo de llamar bocata al bocadillo o litrona y botellona a la cerveza. Esos recursos expresivos pasaron inmediatamente a Madrid, otra fábrica de la lengua, donde el jubilado fue inmediatamente jubilata y la furgoneta, furgona.

Aquellos viejos rockeros enriquecedores del habla se nutrieron del caló y de la jerga de los flamencos. De ahí tanto gitanismo en el propio «Manifiesto»: chungo, ronear. Y «currelar» por trabajar. Un currelar primo hermano y gitano de «tajelar» (correr) o de «camelar» (querer). Que en toda España lucha, con desigual fortuna, con «currar», que en Argentina y en el mundo de la flamenquería es justo lo contrario que trabajar: sacar dinero con engaño, aprovecharse de alguien, obtener ganancias con malas artes. Timar. Frente a un equívoco «currar», con el que nunca se sabe si el tío la dobla o engaña al prójimo, el expresivo y preciso gitanismo «currelar» ya ha entrado en la XXIII edición del DRAE. Acompaña allí a «currante» (por currelante) y a «curro» (por currelo). Pero la calle, madre y maestra de la lengua, ha consagrado la voz «currelante» hablando en plena huelga del currela, su apócope. La vieja voz calé, pasada por el casticismo madrileño y su riqueza creadora, nos dice que la mal llamada huelga general la ganaron los currelas que, como su mismo nombre indica, querían ir a trabajar. A ejercer el constitucional derecho a conjugar el verbo currelar.

La propuesta de Montoro
Germán Yanke ABC 3 Octubre 2010

Desde que el presidente del Gobierno diese un volantazo a su política económica, hemos asistido a un debate que ha estado más en la calle, en la prensa y en la vida académica que en el Parlamento. Unos han defendido que el único camino posible para abandonar la proximidad del abismo es la contención radical del gasto público y la reducción del déficit. Otros entienden que, en un momento en el que se precisa crecer, ya que sin crecimiento no hay empleo, el déficit es secundario y la inversión pública productiva debería ser el principal reto.

La presentación del proyecto de Presupuesto para 2011, es decir, las obligaciones que contiene, desbarata una parte de ese debate. No, ciertamente, la que se refiere a la vieja discusión sobre el papel del Estado en la actividad económica, pero sí, en las actuales circunstancias, la que hace referencia al papel principal o secundario de la lucha contra el déficit como objetivo y como urgencia. El impresionante gasto que suponen los intereses de la deuda, cada vez mayor, convierte el déficit en el gran cuello de botella. La discusión entre el liberalismo y el intervencionismo económico se centra en lo muy poco que a estas alturas podemos gastar.

Si ese terreno residual no es fácil, tampoco es de recibo que se transite por él con un automatismo desesperado en los recortes. A lo más que se llega es a la contabilidad imaginativa en vez de a la resolución política. Sin embargo, esta semana el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, abandonado el papel de vigilante que dice sencillamente «por ahí no», ha propuesto una revisión general de las Administraciones públicas evitando duplicidades, gastos innecesarios, voracidades autonómicas, ejercicio de competencias existentes, empresas públicas innecesarias, etcétera. Ojalá sostenga la propuesta y le escuchen.

Un informe antiterrorista alerta sobre la infiltración integrista en España
 www.gaceta.es 3 Octubre 2010

Avisa de que puede haber atentados suicidas “en lugar y momento desconocidos”. Al Qaeda utiliza como correo páginas web.

“Al proceso iniciado meses atrás con la llegada de ex presos islamistas de la prisión estadounidense de Guantánamo, hay que añadir el continuo auge del salafismo como doctrina que se está imponiendo en un significado territorio de la geografía española. Además, la amenaza se ve seriamente afectada por la excarcelación de presos yihadistas, no sólo de aquellos que han cumplido condena en España, sino de aquellos que son absueltos tras su detención por hechos relacionados con la actividad yihadista”, dice un informe elaborado por los responsables de la lucha antiterrorista al que ha tenido acceso LA GACETA.

Inocentes del todo
Los absueltos por la Audiencia Nacional a los que se refiere el informe son el español Gonzalo López Royo y el marroquí Fath Allah Sadaq, detenidos por la Guardia Civil tras detectar que estos dos sujetos enaltecían la yihad islámica a través de Internet.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Alfonso Guevara y como ponente Gregorio Ruiz Polanco, reconoce como hechos probados que “las expresiones vertidas por los dos procesados se refieren al homenaje a un guerrillero checheno, dedicando su página web a todos los musulmanes que mueren y sufren a manos de los infieles; al deseo de revertir España al Califato de Córdoba, a su llamada a la yihad y al martirio (…) El acusado Fath Allah Sadaq aportó a YouTube dos vídeos, uno con referencia a tres líderes de Al Qaeda, y otro con imágenes de un atentado contra un vehículo norteamericano en Irak”.

El fallo de esta sentencia, de 21 de junio pasado, resuelve absolver a los acusados “del delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a las víctimas del terrorismo de que venían acusados por el Ministerio Fiscal, con todos los pronunciamientos favorables inherentes a tal absolución”.
Terroristas suicidas

En otra parte del informe policial alertan sobre la posibilidad de que puedan cometerse en España atentados suicidas, “en lugar y momento desconocido”. Aclarando que las informaciones relativas a estos supuestos atentados yihadistas se han conseguido “dentro del plano de la colaboración internacional, con referencia directa a España, algunas informaciones sin contrastar generadas en el seno de Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI)”.

A continuación, los expertos antiterroristas hacen un repaso de hechos ocurridos en nuestro país que demuestran la penetración islámica en todos los órdenes que estamos padeciendo de un tiempo a esta parte. “En torno al auge y asentamiento del salafismo en nuestro territorio, hay que citar la celebración de un congreso de esta ideología islamista en la localidad de Salt (Gerona) durante los días 24 al 28 de junio, bajo el lema ‘La importación de la juventud y su importancia en la sociedad’ (…). Otro encuentro musulmán salafista en Torredembara (Tarragona), y uno más en Santa Coloma de Gramanet.

En cuanto al movimiento Tabligh Al Dawa (“Propagación de la Llamada”. Movimiento misionero radical procedente de la zona indo-paquistaní), celebraron una mashura (reunión, en árabe) en Torre Pacheco (Murcia) en el mes de junio de este año”.

Proselitismo
Ese mismo mes, un grupo de ocho miembros de esta misma organización visitó la mezquita de Alicante, donde realizaron labores de adoctrinamiento. A continuación se trasladaron a la mezquita del barrio de La Palmilla en Málaga, donde desarrollaron labores de proselitismo y captación, para trasladarse al centro islámico de Alguanzas en Murcia, para ejercer su especial apostolado.

No pasa tampoco desapercibido a los investigadores la actitud del imán de la mezquita de Cartagena, al que le molesta que las prostitutas deambulen por su demarcación en el ejercicio de su profesión, así como que los comercios circundantes a la mezquita que regenta despachen alcohol a sus parroquianos.

Dentro de esta geografía de penetración islámica de que está siendo objeto el suelo patrio no falta tampoco las actividades desarrolladas por el partido islámico marroquí Justicia y Caridad, que, según este mismo informe policial, “trata de alquilar locales para sus diferentes sedes, tal y como parece ocurrir en Tarragona, donde habría alquilado uno con una superficie aproximada de 800 metros cuadrados, con la perspectiva de comprarlo posteriormente”. La proliferación de páginas web con contenido fundamentalista es ya imparable en nuestro país. Una de ellas es la que ha puesto en funcionamiento el Partido de la Liberación Islámica (HUT), “que ha mostrado su interés expansionista, con profusión de links que remiten a diferentes sitios web y valoraciones de foros donde se avisa de una supuesta infiltración de servicios de seguridad occidentales. Este sistema de comunicación es una herramienta útil para intercambio de información para la comunidad global de Al Qaeda”.

En otra parte del informe los agentes de la lucha antiterrorista hacen especial mención a la aparición en nuestro país de medios de comunicación de origen marroquí, “sale a la venta la revista denominada Marruecos Siglo XXI, editada en lengua castellana y de publicación semanal. El director es Said Ida Hassam, calificado como fiel defensor del Gobierno marroquí”. Una publicación con una tirada de 15.000 ejemplares.
Gente peligrosa

El informe recoge bajo el epígrafe de “Alto riesgo contra cualquier interés español” el norte de África y Sahel, “donde aumenta el riesgo real de secuestros de occidentales y se mantiene un nivel de inseguridad en la región. Pakistán y Afganistán, donde sigue siendo notoria la ofensiva de los grupos yihadistas, en respuesta a las acciones militares de ambos países y EE UU. La población y los intereses internacionales siguen amenazados en toda la región”.

En relación con los posibles grupos terroristas procedentes de estos dos países (Pakistán y Afganistán) y que estén actuando en España, dice el informe: “En cuanto a los grupos asiáticos, es importante constatar que continúan recibiéndose informaciones sobre la presencia en España de miembros de grupos terroristas del eje afgano-paquistaní, si bien las mismas inciden en que su actividad estaría más bien centrada en aspectos logísticos y/o de financiación, lógicamente relacionadas con actividades de delincuencia común”.

No obstante, los grupos terroristas procedentes del Magreb son los más investigados por los agentes de la lucha antiterrorista y así lo reconocen en su informe: “Los grupos norteafricanos siguen siendo los más investigados en el marco de su actividad terrorista. Un dato significativo es que, junto al habitual origen geográfico de la mayoría, fundamentalmente magrebí, están siendo significativos los casos con origen en el cinturón saheliano, como mauritanos o malienses, e incluso de países más centrales y del este de África”.

INDEPENDENTISMO GALLEGO
Zaragoza: «Vamos a tratar al independentismo violento como actividad terrorista»

El fiscal jefe de la AN asegura que se van impartir a los cuerpos de seguridad del Estado «las instrucciones precisas para conseguir la desarticulación de este grupo»
J. Á. Fariñas la voz. 3 Octubre 2010

Los actos violentos del independentismo radical en Galicia se han duplicado en el 2009, según la última memoria de esa Fiscalía. En lo que va de año, cuando está empezando la temporada -el curso académico-, ya casi igualó la cifra del año pasado. Esta misma semana eran atacadas con artefactos incendiarios las sedes de las agrupaciones locales del PSOE en Salceda de Caselas y Salvaterra do Miño, ambas en la provincia de Pontevedra.

-¿Qué valoración se hace desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional de este fenómeno violento que no ha dejado de ir a más en los últimos años?
-La Fiscalía de la Audiencia Nacional siempre ha considerado estas acciones violentas vinculadas con el independentismo radical gallego como actos de terrorismo que encajan en un concepto de «terrorismo urbano o de baja intensidad» que la legislación penal contempla en el artículo 577 del Código Penal. Ahora bien, la reiteración de estos actos violentos y en particular su notable incremento en estos primeros meses del 2010, el empleo de explosivos y sustancias incendiarias, el fin que persiguen que no es otro que atacar el orden constitucional, así como la constante reivindicación de la mayor parte de ellos por una organización que actúa en la clandestinidad como es Resistencia Galega, nos va a obligar en un futuro próximo a reconsiderar el perfil de este grupo y de sus miembros, y a plantearnos su tratamiento jurídico-penal como una organización terrorista, y el de sus miembros como integrantes de la misma.

-Hasta ahora la respuesta judicial desde la Audiencia Nacional ha sido tibia. De los 10 detenidos en la operación Castiñeira, la mayoría volvieron a casa a los pocos días en libertad sin cargos y fueron recibidos como «héroes». Otros que quedaron en libertad con cargos pasaron a la clandestinidad. ¿Sigue considerando la Fiscalía válidos los criterios aplicados en esos procesos?
-Creo recordar que la operación por la que me pregunta se llevó a cabo en el 2005, año en el que no había accedido todavía a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por lo que ignoro los criterios jurídicos que se emplearon para resolver la situación personal de los detenidos en esa operación.

-La sentencia del Tribunal Supremo que subió de uno a cuatro años la condena impuesta por la Audiencia Nacional a dos jóvenes miembros de Resistencia Galega que planeaban atentar contra una inmobiliaria en Porto do Son en el año 2007, ¿va a suponer realmente un punto de inflexión en el tratamiento judicial de este tipo de grupos?
-Debe quedar claro que el aumento de las penas impuestas por el Tribunal Supremo fue posible gracias a un recurso de la Fiscalía contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, y es evidente que nos vamos a mantener en esa línea. Es más, quizás sea necesario convocar una reunión de trabajo con los responsables de las fiscalías de la comunidad autónoma de Galicia para conocer los asuntos de esta naturaleza que se tramitan ante los órganos judiciales de ese territorio, para mejorar la coordinación entre las fiscalías y para conseguir criterios uniformes de actuación respecto a este problema criminal.

-La aludida memoria de la Fiscalía constata que el año pasado no se registró ninguna detención de elementos de estos grupos. ¿Qué explicación tiene esto?
-Los datos que se citan en la memoria proceden de fuentes policiales, y seguramente el hecho de que no se produjera ninguna detención, pese a haberse perpetrado hasta 10 acciones violentas durante el año 2009, se justifica por la circunstancia de que los cuerpos policiales no hayan conseguido evidencias de quiénes son sus autores.

-¿Sigue considerando la Fiscalía, como dice en su memoria anual, que mientras no se detenga a los huidos de Resistencia Galega seguirán aumentando el número de acciones de estos grupos?
-Efectivamente el hecho de que los integrantes de Resistencia Galega no hayan sido detenidos todavía es la razón principal de que, a día de hoy, el número de atentados cometidos en el presente año haya superado el del pasado 2009. Por todo ello, es prioritario terminar con este problema, y en ese sentido vamos a impartir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las instrucciones precisas para conseguir la desarticulación de este grupo y la detención de sus miembros.

Derechos que se incumplen en la España de Zapatero
Francisco Rubiales Periodista Digital 3 Octubre 2010

En la España actual crecen las denuncias por violación de derechos. Generalmente, los medios de comunicación ocultan esas denuncias por proceder de simples ciudadanos que se sienten vejados y por considerarlas poco relevantes, pero la marea es creciente y, además, hay otras denuncias más sólidas, consistentes y preocupantes, como la condena a España por acoso y violación de derechos humanos, recientemente emitida por la ONU.

La llegada al poder de Zapatero ha representado un incremento de las violaciones de los derechos y libertades en España, pero no puede acusarse al gobierno de haber generado directamente ese deterioro, aunque su responsabilidad indirecta en gravísima. De hecho, el incremento de la corrupción, el enfrentamiento sin misericordia con la oposición, el aumento de privilegios para la casta política, la ruptura del principio de igualdad entre los pueblos de España, ataques a la solidaridad como representó el Estatuto de Cataluña, la adopción de la mentira y del engaño como políticas de gobierno y, sobre todo, el gran deterioro que traen consigo el desempleo masivo y el avance de la pobreza, son los culpables de que tanto el Estado de Derecho como la calidad de la democracia estén retrocediendo, de manera continua y preocupante, en la España de Zapatero.

En la actualidad, en España se violan los siguientes derechos:

Derecho a la integridad física y moral. Se siguen denunciando torturas y tratos inhumanos.
Derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial, que garantiza un proceso penal con garantías.
Derecho al secreto de las comunicaciones e inviolabilidad del domicilio.

Derecho a elegir libremente a los representantes políticos, un derecho básico en democracia que en España no ejercen los ciudadanos sino los partidos políticos, que son los que elaboran unas listas electorales que el ciudadano no puede alterar.

Derecho a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminaciones en el contenido de la ley.
Derecho a la limpieza y equidad en las administraciones públicas, minadas en España por la corrupción, el clientelismo, el amiguismo y la arbitrariedad.

Derecho a una comunicación libre, que abarca toda una serie de derechos, como la libertad de expresión, producción y creación literaria, artística, científica, técnica y tarea docente.

Derecho a la información: A recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, el secuestro administrativo y cualquier maniobra para dificultad el acceso a la información y la cultura. Derecho a la verdad, habitualmente ocultada en el sistema informativo español, casi siempre por influencias del poder político.

Derecho a participar en asuntos públicos, directamente o mediante representantes democráticos. Incluye el derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones.

Derecho de reunión, manifestación y asociación.

Derecho de acceder a cargo publico en condiciones de igualdad, un derecho conculcado frecuentemente en España, donde las subvenciones, los concursos públicos, los contratos y hasta los puestos de trabajo están dominados por la arbitrariedad, el amiguismo, el clientelismo, el enchufismo y las represalias contra los adversarios políticos o los que, simplemente, piensan distinto que el poder.

Voto en Blanco

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Equívoca marcha
EDITORIAL El Correo 3 Octubre 2010

La manifestación de ayer acabó reflejando todo menos un cambio de actitud en la izquierda abertzale

La manifestación convocada para ayer en Bilbao bajo, entre otros, el lema 'Ninguna imposición, ninguna violencia', reunió a una gran multitud y a representantes de todo el arco nacionalista, desde la izquierda abertzale hasta el PNV, pasando por Aralar y EA, así como a dirigentes de Ezker Batua. La convocatoria inicial trataba de protestar por la prohibición de dos manifestaciones fijadas para el pasado 11 de septiembre, al entender la Audiencia Nacional que sus promotores seguían directrices de ETA. Aunque los protagonistas de la 'declaración de Gernika' acabaron situando la movilización de ayer como un acto de respaldo a sus posiciones frente a las que representarían los gobiernos de Madrid y Vitoria.

Los ciudadanos que secundaron la marcha quisieron expresar su disconformidad con los límites que la Ley y los jueces establecen para evitar que las libertades civiles y políticas sean utilizadas en contra de las mismas, al entender que dichos límites son excesivos. Pero, como las consignas coreadas en la manifestación evidenciaron, muchos de los participantes no están dispuestos a admitir que el verdadero déficit democrático que soportan los vascos se debe a la coacción que ejerce el terrorismo etarra. Es más, al gritar 'presoak kalera', 'atxilotuak askatu' (libertad a los detenidos) trataron de exonerar a la banda de toda responsabilidad.

Los representantes de las formaciones democráticas presentes en la marcha debían percatarse de que no es ese el clima más esperanzador para que los terroristas renuncien a la violencia. Los dirigentes del PNV, EA y Aralar se felicitan porque la izquierda abertzale ha exigido un alto el fuego permanente a ETA. Pero eso no es exactamente así, puesto que no ha hecho pública tal exigencia de manera taxativa. Y mucho menos ha pedido el abandono definitivo de las armas. Cada sigla de las que se adhirieron a la manifestación de ayer tendrá razones hoy para defender su oportunidad soslayando aquello que pudo incomodarle en su desarrollo. Pero no estaría de más que especialmente el PNV se preguntase qué lectura habrán hecho de tan equívoca y escorada reivindicación de los derechos humanos quienes, armados, siguen eludiendo el clamor social de que ETA desaparezca. Si la banda sacaría la conclusión de que ya es hora de disolverse, o el eco que le llegó de Bilbao la animaría a todo lo contrario.

Un problema barcelonés
El Editorial La Razón 3 Octubre 2010

Atrás han quedado Berlín y Ámsterdam. El presente antisistema y «okupa» es de Barcelona. LA RAZÓN desgrana hoy una realidad que se ha hecho demasido común en las calles de la Ciudad Condal. Poco importa que la excusa sea un encierro en el Rectorado de la Universidad de Barcelona, el homenaje a una etarra, una celebarción del Barça o una cumbre de jefes de Estado. La batalla campal está asegurada. El día de la huelga general no fue diferente. El «movimiento», como lo llaman, es una ideología vacía, sin contenido, pero que, por encima de todo, busca el enfrentamiento con la autoridad. Un orden que encarnan la Policía, los Mossos d’Esquadra, que, curiosamente, tienen como su más alto responsable a un consejero de Interior, Joan Saura, pareja de la ex teniente de alcalde de Barcelona, Inma Mayol, de ICV, que se declaró «antisistema y favorable a los ‘‘okupas’’».

Un asunto este de la tolerancia con los antisistema que también estalló el 29-S en la Generalitat, ya que el segundo de Interior, y mano derecha de Saura, el también «eco-socialista» Joan Boada, se encontraba en Gerona, manifestándose contra el Gobierno de Zapatero, mientras sus hombres, los Mossos, eran atacados en pleno centro de Barcelona. Estas dicotomías han provocado en la Policía autonómica catalana un gran malestar, un no sentirse representados, ya que los cargos políticos parecen jugar a la equidistancia cuando tienen delante a la «muchachada» radical, minimizando, una y otra vez, la situación y la toma de medidas contra los antisistema. La última batalla campal ha dejado un saldo de 262.000 euros en unos destrozos que tienen unos autores cada vez más jóvenes. La inmensa mayoría de los detenidos en los altercados del 29-S no llegaba ni a los 25 años, y su única «ideología» está visto que es el vandalismo, la juerga y agredir a los policías. No es desdeñable el dato de que buena parte de esos energúmenos mantiene una excelente relación con sus similares del País Vasco, además de con radicales de Italia y Francia, especialmente.

De la misma manera, tampoco hay que olvidar a la facción independentista, proclive, en un momento determinado, a entrar en acciones de mayor envergadura, cercanas a la «kale borroka» sistemática. El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, alertó ayer sábado de que el hecho de que sólo dos de los 43 detenidos «antisistema» por los altercados durante la huelga general ingresaran en prisión generará un «efecto llamada para los radicales». Es más de lo mismo que hemos estado viendo los últimos años, desde la llegada al Ayuntamiento de la coalición PSC, ERC y ICV y ahora PSC e ICV. En Barcelona sale más barato agredir a un policía que el que la grúa se lleve el coche. El dato sin duda no pasará desapercibido para los «squatters» del resto de Europa, que tienen ante sí, en Barcelona, unas 25.000 casas vacías. Por eso, el Consistorio barcelonés no debería desdeñar la opinión de Fernández Díaz de que lo que procede es endurecer las leyes para que la Justicia pueda aplicarlas con celeridad y severidad. De lo contrario, la batalla del orden público en Barcelona será una guerra perdida.

Hijos de la ira
Los antisistema son un colectivo que reúne a «okupas», antiglobalización anarquistas y simples delincuentes

JANOT GUIL / BARCELONA ABC 3 Octubre 2010

Los altercados provocados por jóvenes antisistema que sucedieron al desalojo de la antigua sede de Banesto en la Plaza Cataluña, en el día de la huelga general, han devuelto al primer plano de la actualidad a este colectivo que demasiado a menudo ha causado destrozos en Cataluña y en especial en la capital catalana. De nuevo, se intenta descifrar quién conforma este tumultuoso colectivo que se resume bajo el adjetivo de antisistema y que en los últimos años se ha hecho fuerte en Barcelona, como admiten los propios responsables de ls seguridad pública: políticos y policías.

La batalla campal en pleno centro de la Ciudad Condal —barricadas, contenedores ardiendo, saqueo de tienda, cargas de los Mossos d'esquadra, etc —, se saldó finalmente con 43 detenidos. De ellos, por cierto, sólo dos han recalado en prisión provisional mientras que el resto ya vuelve a campar por sus anchas en libertad con cargos.

De los 43 detenidos, el 40 por ciento eran extranjeros —italianos, rumanos, sudamericanos, etc— y la mitad son de sobras conocidos por los Mossos: tienen antecedentes policiales por disturbios, desórdenes y algún otro delito. La media de edad es de 25 años.

Pero cifras frías al margen, el reatrato de estas hordas que toman la calle a pedradas, arrasan con todo y se enfrentan a los antidisturbios, tiene sus matices. Entre los llamados antisistema, se concitan grupos y movimientos asamblearios de carácter anarquista, anticapitalista, antiglobalización, «okupas», aternativos, «red skins» y, claro está, en algún caso los hay que son todo en uno. Luego, incrustados o consentidos, entre ellos se cuentan jóvenes que sin esforzarse a buscar una coartada ideológica —que si los bancos nos ahogan, que si el capitalismo es el demonio y la especulación su arma— aprovechan toda manifestación, concentración o celebración popular —como las victorias del FC Barcelona— para causar altercados en la ciudad.

Algunos de estos antisistema son extranjeros, y en ocasiones puntuales arriban a Barcelona en masa para armarla. Estos colectivos se sirven de Internet para sus convocatorias, para organizarse, para actuar. Aquí como en el resto del mundo. Con métodos de guerrilla urbana que a menudo condenan a los Mossos a jugar al gato y al ratón con ellos por las calles de la ciudad.

Con todo, cabe señalar que discernir entre una turba es harto díficil. Y arriesgado hacer un análisis sociológico acorde. Sirva como ejemplo que en mayo de 2005, durante la celebración popular en la Rambla de Canaletas de la Champions del Barça, hubo altercados y muchos detenidos y, entre ellos, un hijo del presidente de la Generalitat, José Montilla; fue condenado por dañar dos cabinas de teléfono a pagar una indemnización de 269,53 euros y una multa de 30. No se aceptó la atenuante de «intoxicación etílica» que esgrimió la defensa.

Permisividad
Son muchos y variados, pues, pero: ¿por qué Barcelona siempre está en su mapa? Porque muchos ya están aquí y porque otros recalan atraídos por el efecto llamada. Por la denunciada permisividad —política, policial y judicial— hacia estos movimientos radicales que hay en la capital catalana.

No obstante, la supuesta benevolencia judicial —rota el mes pasado con una sentencia histórica que condenó a tres años de cárcel a dos alborotadores— no alcanza como argumento clave. Porque las leyes son iguales en toda España. Así, las miradas se dirigen a los políticos. Sobre todo al Ayuntamiento que gobierna el PSC con ICV y a la Consejería de Interior que desde 2006 lidera Joan Saura (ICV), cuyo partido defiende las tesis «okupas».

Y es que es en Barcelona donde en dos fiestas mayores de barrio —Sants y Gràcia— se consienten festejos alternativos organizados por los antisistema y en los que, como este pasado verano, se amparan hasta actos proetarras. Y es en la capital catalana donde el movimiento antiglobalización ha logrado dos hitos vergonzantes: cuando se anuló la cumbre del Banco Mundial en 2001, o cuando sucedió lo mismo con la cumbre europea de Vivienda, en 2006, por temor a incidentes.

La ANLL pide a la Fiscalía General que actúe contra la Generalitat
La asociación cree que el Gobierno de Montilla "vulnera de forma continuada" la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut
 www.lavozlibre.com 3 Octubre 2010

Madrid.- La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística considera que la Generalitat está yendo demasiado lejos en el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña. Considera que Montilla “vulnera de forma continuada” lo dispuesto por el Tribunal. El último ejemplo es la convocatoria del ‘Premio Juventud’, dotado con 4.000 euros, y en el que se impone que el catalán sea la lengua que se tenga que utilizar para poder presentarse al concurso y optar al premio.

Por ello, y por los casos anteriores, la asociación que dirige Pablo Yáñez, considera que este es un nuevo atropello a la sentencia del tribunal: “Tal y como establece la sentencia del Estatut de Cataluña, el Tribunal Constitucional afirmó que el catalán no puede ser lengua “preferente” sobre el castellano en la acción de las Administraciones Públicas, por lo que se incluye a la citada Agencia Catalana de Juventud, dependiente de la Secretaría de Juventud de la Generalitat.

La asociación ha emitido este nuevo comunicado de denuncia ante el Gobierno de la Generalitat: “Desde la ANLL venimos denunciando que la insumisión del Gobierno de Montilla y su total desprecio por el funcionamiento del Estado de Derecho del que ha hecho uso en las decisiones del Tripartito sobre política lingüística tras la sentencia del TC, como puedan ser la Ley de Acogida de Inmigrantes, el Código de Consumo, el decreto que impone el catalán a los profesores universitarios o los miles de euros destinados en subvenciones a la primacía del catalán sobre el castellano”, recuerdan.

Y es por todas estas razones por las que instan a que la Fiscalía General del Estado a que actúe ante la Generalitat: “Entendemos que todas estas acciones de la Generalitat están fuera de los límites que marca la Constitución y que la vulneración consciente de la sentencia del Tribunal Constitucional podría suponer un presunto fraude de ley, por lo que elevamos a la Fiscalía General del Estado la petición de que actúe e investigue, hasta las últimas consecuencias, la responsabilidad política y legal que pudiese recaer sobre el Presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla”, concluye el comunicado.

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