AGLI

Recortes de Prensa   Domingo 17  Octubre  2010

 

Si no amas a ZP eres un facha
José Luis Roig www.gaceta.es 17 Octubre 2010

Los abucheos al Rey en Cataluña, claro, no merecen tanta reprobación.

Por desgracia, a estas alturas de la crisis y de la legislatura podemos esperar cualquier cosa de Zapatero. Por un lado, que siga prohibiendo todo aquello que le disgusta. El último intento, los abucheos del día de la Fiesta Nacional. Ya me explicarán cómo se consigue eso, salvo amordazar al público que asiste o que se contraten actores del colectivo de la Zeja artística que interpreten el papel, que ya conocen de sobra, de aplaudidores entusiastas de ZP. Claro que los abucheos al Rey en Cataluña no merecen tanta reprobación ni prohibición. El jaleo del 12 de octubre le ha servido a la izquierda recalcitrante como excusa perfecta para montar otro jaleo mayor contra los españoles cabreados.

Ellos los llaman fachas porque ningún español que no lo sea puede abroncar a ZP. Para entendernos: todo español que no calle y agache la cabeza ante los múltiples errores de ZP será un gran facha. ¿Qué es eso de estropear un acto tan solemne pitando al presidente del Gobierno? Pues mira por donde, eso es libertad de expresión y necesidad de dejar claro que España va peor por culpa de ese señor.

Pero para dejar más claro que de Zapatero podemos esperar cualquier cosa, acaba de tomar la nefasta decisión de entregarle al PNV –la derecha nacionalista vasca– 20 competencias más. Cuando todo el mundo sabe que uno de los grandes problemas de España es que al Estado se le ha ido de las manos el número de transferencias cedidas, y que el exceso de gasto de las autonomías es un grave lastre para salir de la crisis, Zapatero va y debilita aún más el Estado. Los coreógrafos de la izquierda, ciegos de ideología, quieren vender este acuerdo con el PNV como “el apoyo más sólido de sus dos legislaturas en el poder”, obviando el precio del rescate, que hunde un poco más la crisis española. Incluso dicen que el muerto está muy vivo. Cuando en realidad lo que ha hecho el muerto de ZP es hundir a sus herederos. El PSOE va a tener difícil convencer a los españoles de que los brotes verdes sólo han llegado para el PNV.

Extrema derecha
Carlos Dávila www.gaceta.es 17 Octubre 2010

Este país nuestro, soberbio hasta en las crisis, es puñetero, muy puñetero. Sobre todo en sus máximas, en sus dichos de uso común. Reparen en dos de ellos: “El que calla otorga” y éste otro: “No hay mayor desprecio que el no hacer aprecio”. Son contradictorios y enormemente comprometidos, básicamente porque encierran dos actitudes distintas, dos modos de comportarse en la vida. ¿Qué hacer ante los infundios?, ¿cómo comportarse ante las insidias?, ¿hay que responder a los ultrajes falaces? Personalmente, no albergo duda alguna: me inclino por no otorgar, y en cuanto a lo de callar, qué quieren que les diga, ni debajo del agua. No estoy entrenado para mantener la boca cerrada.

Respuestas inevitables
Todo esto viene a cuento de la patraña, más que campaña, que han emprendido grupos muy significados de la izquierda española, ayudados en el menester por colegas que nunca debieran estar celosos ni envidiosos de los éxitos ajenos, porque ellos, en sus biografías, están plagados de victorias informativas. La vorágine es por un lado genérica y por otro mantiene intenciones muy personales. Y a las dos hay que responder. A estas alturas de la película vital de cada quien resulta inútil, por estúpido, resaltar la lejanía que uno particularmente tiene con cualquier facción de la extrema derecha española. El que no se haya enterado de esto y mantenga lo contrario, que se vaya a cazar piedras a un río. Eso no es lo preocupante. Lo terrible es que simplemente por estrategia comercial se viertan acusaciones tan concretas como ambiguas –y no estoy jugando al retruécano– de pertenencia a grupos fascistas y facciosos. Eso resulta intolerable. El director de El Mundo lo ha hecho airadamente para glosar lo acaecido el Día de la Fiesta Nacional. Él conoce perfectamente nuestra trayectoria (y más la mía particular) y, por tanto, sabe perfectamente que su imputación, por más indirecta que haya sido, es simplemente una infamia.

Más me hubiera gustado que, en su momento, hubiera rectificado la falaz información que ofreció en su periódico a cuenta de un acto judicial sobre el caso Marichalar. Aún está en condiciones de reconocer que ni es verdad que nosotros en ÉPOCA hayamos achacado al señor Marichalar la condición de cocainómano, ni tampoco lo es que los presuntos cargos penales que se nos atribuyen a la redactora jefe de Investigación de LA GACETA, Eugenia Viñes, y al que suscribe impliquen dos años de cárcel. Eso es falso de toda falsedad. No cabe en ninguna cabeza que la eficaz y amabilísima abogada del ex duque de Lugo, Cristina Peña, haya podido transmitir al diario con el que ha colaborado en bastantes ocasiones en asuntos también judiciales para defender precisamente la libertad de información que la pena que prevé el reciente Código Penal para el delito de injurias sea de prisión. Otra vez falso. No hay más que leer el artículo 209 de este código para informarse de que, contrariamente, este presunto delito está castigado únicamente con multa. ¿Se ha molestado en apreciar el firmante de aquella información y sus directores, siempre y desde hace años amigos, del daño que ha causado tal información en las personas citadas o en sus familias? Un jurista amigo me decía muy recientemente: “No hay caso porque no lo vas a hacer, pero podrías, sólo como hipótesis, querellarte por daños contra los causantes de la información”.

De extrema derecha, nada o hay caso; no tengo la menor intención de recurrir a ese procedimiento. Sorprende que quienes desde El Mundo no han tenido la menor intención de rectificar lo antedicho se vengan ahora para arriba para imputarnos, también de forma indirecta (no son nada torpes), la autoría o la preparación de la monumental bronca que recibió Zapatero el pasado día 12. A este periodista, Zapatero le resulta una auténtica pesadilla, es un político desastroso que está sumiendo a España en una crisis institucional, territorial y política sin precedentes, en un caos histórico, pero, eso sí, ni personalmente ni como grupo de comunicación hemos tenido la menor tentación de organizarle una gresca a este individuo nefasto que hace tiempo debería haber vuelto a su casa de Las Rozas, o más lejos aún, de León. Es probablemente miserable el volcar sobre los demás esta acusación con el objetivo claro de colocar a un grupo rival, que no enemigo, en la repugnante extrema derecha. Tan repugnante como la que se sitúa en sus antípodas: la ultraizquierda. Desacreditar con una infamia por parte de quien la ha sufrido como ningún otro periodista en este país no forma parte del código de conducta de un simple competidor.

Así que de extrema derecha, nada. Aquí tenemos unos principios y los vamos a defender, y entre esos fundamentos está uno primero e irrenunciable: la libertad. Libertad, por ejemplo, para opinar que la señora ministra Aído es una analfabeta dinamitera cuando asegura que “debatir sobre la vida no lleva a ninguna parte”; libertad también para proclamar que remover la memoria para juzgar urbi et orbi al franquismo (desde una posición sostenida de antifranquismo) es una memez peligrosa; libertad para asegurar que el matrimonio homosexual es un dislate; libertad para afirmar que la socialdemocracia es únicamente un marxismo disfrazado; libertad para recordar que el PSOE fue un partido golpista cuyo fundador amenazaba de muerte a sus colegas diputados en el Parlamento español; libertad para decir en voz alta que España es una, aunque eso suene a cantinela de general dictador; libertad para aseverar sin ambages que el GAL fue un terrorismo vil de Estado; libertad para insistir en tantas otras cosas que, como escribía Pedro J. Ramírez en una dedicatoria a Carlos Dávila: “Son las que creemos y defendemos y además nos unen”. Libertad para todo eso y mucho más. ¿Y eso es extrema derecha? Pues vayan ustedes, todos, los que cantan esa insensatez, a hacer puñetas. Sin acritud, que diría el llorado (ahora) Felipe González.

Ejemplos concluyentes
Vamos a ser sensatos y a recuperar las buenas maneras. Aquí estamos en los juzgados no por destronar antidemocráticamente a la señora Torquemada De la Vega, sino por informar, como el ABC sin ir más lejos, y también como la estupenda Libertad Digital, de que esta señora votó irregularmente en las pasadas elecciones generales. Fascismo es, en todo caso, utilizar las instituciones del Estado para perseguir periodistas, que es lo que ha hecho con nosotros, gracias a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, la vicepresidenta en cuestión. El caso ¿ha estimulado a nuestros colegas para tener de ellos algún apoyo? En absoluto, a pesar de que alguno de nosotros tiene larga experiencia en suscribir protestas contra los que abusan de su poder en contra del derecho inveterado a la información. Extrema derecha es nombrar un comisario ad hoc (como ha revelado convenientemente El Mundo) para acechar a todo el que no está conforme con el régimen zapaterista. Extrema derecha es revolver un osario para hallar muertos discriminados. O extrema derecha es avisar a los cacos cómplices (caso Faisán) de que la Policía los quiere detener. La información libre es todo lo contrario. Ésa es la que ejercemos. Y como todos, para tener éxito, que parece que no nos va mal del todo.

El PSOE y los nacionalistas, después de Zapatero
Roberto Blanco Valdés La Voz 17 Octubre 2010

El previsible fiasco del PSC en las elecciones catalanas pondrá fin del peor modo posible al giro estratégico de mayor calado adoptado por los socialistas españoles tras la infausta llegada de Zapatero al liderazgo del partido: la de converger con los nacionalismos periféricos para hacerse con cuotas de poder en los Gobiernos autonómicos y para aislar no solo política, sino ideológicamente, al Partido Popular.

Lo primero habría sido explicable si la convergencia con los nacionalistas no se hubiera hecho al precio de que los socialistas renunciaran al propio discurso e ideario, asumiendo en sustitución el de sus socios. Pero la posibilidad de matar dos pájaros de un tiro (gobernar y de paso hacer pasar al PP como el gran enemigo de la descentralización) echó a los socialistas en brazos del nacionalismo, que en estos siete años se ha comido poco a poco el alma del PSOE, dejándolo convertido en lo que es hoy: una organización que, en la cuestión territorial, va sencillamente para donde sopla el viento.

Y ello porque ese entreguismo, especialmente visible en temas muy sensibles para la opinión pública (lengua e identidad) o de gran importancia para el futuro del país (definición de la estructura del Estado), se ha traducido a la postre en un despiste ideológico total que ha llevado a los socialistas a alcanzar grados de oportunismo que rozan la desvergüenza con frecuencia. De hecho, vergüenza es lo que produce ver ahora al PSC desdiciéndose en su programa electoral de la política de sanciones lingüísticas que ha practicado con saña durante dos legislaturas: y solo porque antes se trataba de congraciarse con el nacionalismo radical mientras que ahora toca acercarse al electorado no catalanista que piensa abstenerse en los comicios autonómicos.

Ese mismo oportunismo ha podido verse en Galicia esta semana, con un PSdeG que defiende, con razón, que el catálogo de medicamentos debe ser el mismo en toda España, pues de no ser así sufriría la cohesión territorial y la igualdad, mientras pretende para Galicia un Estatuto como el catalán, que constituye la definición misma de la descohesión y la insolidaridad. Por eso, ahora que Tomas Gómez y José María Barreda, exigiendo la reducción de mandatos, han abierto sin disimulos el debate del postzapaterismo -lo que llevará a los pretendidos sucesores a colocarse en la línea de salida- hay que esperar (y que exigir) claridad a todos ellos sobre si debe o no mantenerse esa alianza estratégica entre socialismo y nacionalismo que ha desfigurado al PSOE hasta el punto de hacerlo irreconocible para muchos de sus tradicionales electores, que cuando votan socialista no lo hacen para que aquel realice la política de los nacionalistas.

Zapatero y el emperador Teodosio
Luis del Pino Libertad Digital 17 Octubre 2010

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 16 de octubre de 2010

En el siglo XIII, Santiago de la Vorágine, arzobispo de Génova, recopiló en su libro "La leyenda dorada" una serie de relatos sobre la vida de los santos.

En uno de esos relatos se cuenta la bárbara represalia que el emperador Teodosio ordenó contra los habitantes de Tesalónica, como castigo por haber apedreado a los jueces de la ciudad. Teodosio mandó matar a 5.000 hombres, sin hacer ninguna distinción entre inocentes y culpables, con el fin de dar un escarmiento que los tesalonicenses no pudieran olvidar.

Poco después, cuando se hallaba de paso en Milán, quiso el emperador Teodosio acudir a la catedral a escuchar misa, pero San Ambrosio, el arzobispo de la ciudad, le salió al encuentro y le cerró el paso, dirigiéndose a él en estos términos:

"Emperador, ¿cómo puedes ser tan enormemente presuntuoso, después de haberte dejado llevar por aquel arrebato de ira? ¿Acaso te ciega tu cargo hasta el punto de no ser consciente del pecado que has cometido? Es verdad que eres príncipe, pero príncipe significa el primero, no el amo. No eres el amo de los demás hombres, sino sólo el primero de ellos. Y si es verdad que ellos son siervos, siervo eres tú también, el primero entre los siervos. ¿Cómo te atreves a intentar mancillar la casa de Dios? ¿Cómo pretendes entrar en Su casa con las manos manchadas de sangre? ¡Aléjate de aquí! ¡No se te ocurra añadir a tu pecado anterior un segundo pecado de sacrilegio!".

Teodosio, al oír aquellas palabras, renunció a entrar en la catedral, no volviendo a ser admitido en la iglesia hasta que no cumplió la penitencia que San Ambrosio le impuso.

Esta semana se ha celebrado el desfile de la fiesta nacional del 12 de octubre, en el que Zapatero ha cosechado una colección de abucheos aún mayor que el año pasado, que ya fue de buena cosecha.

Tan sonora ha sido la prolongada pitada que no ha habido manera de ocultarla, a pesar de los ímprobos esfuerzos realizados para alejar lo más posible al público de la tribuna de autoridades.

Más alarmados por la publicidad del asunto que por la pitada en sí, los miembros del Gobierno y destacados representantes del Partido Socialista han salido en tromba a afear la conducta a los abucheadores, diciendo que ese comportamiento constituye una falta de respeto para con la fiesta nacional, para con el himno español y para con el homenaje a los caídos.

¿Una falta de respeto a la Nación, al himno y a los caídos? ¡No, hombre, no!

Lo que mancilla la interpretación del himno nacional, lo que deshonra la ofrenda a los caídos por España, lo que constituye una ofensa a la Nación es la presencia en el acto de un presidente para quien la Nación es un concepto discutido y discutible

De un presidente que no tiene reparos en negociar con quienes han asesinado a tantos de aquellos a los que se dirige precisamente la ofrenda a los caídos.
De un presidente que ha conseguido que España sea el perfecto hazmerreír en la escena internacional.

De un presidente que consiente que sus socios de gobierno en Cataluña organicen referendos de secesión ilegales.
De un presidente que permite que se niegue a los españoles la posibilidad de educar a sus hijos en su propia lengua.

De un presidente que tolera que se sancione a los comerciantes por usar el idioma oficial de la Nación en su negocio privado.
De un presidente que sobrevive a base de malvender los restos de esa Nación a cambio de apoyos parlamentarios.

De un presidente que ha destruido la igualdad de los españoles ante la Ley con el Estatuto de Cataluña.
De un presidente que permite que en ayuntamientos gobernados por su partido se menosprecie a los símbolos nacionales.

De un presidente que tiene ministros que no dudan en reclamar nuevos estatutos identitarios para Galicia.
De un presidente que nombra ministra a quien tuvo las santas narices de manifestarse por las calles de Barcelona en apoyo de un actor que acababa de decir que nos metiéramos a España por el puto culo.

De un presidente que ha faltado a la legalidad y a su propio juramento al destruir la Constitución a la que le debe su cargo.

¿Cómo se atreve usted, señor Zapatero, a asistir a ese acto?
¿Cómo se atreve usted a añadir a sus pecados de lesa nación, el sacrilegio de deshonrar con su presencia el homenaje que a esa Nación, y a los caídos por ella, se hace?

Es usted, y no quienes le abucheaban, el que deshonra con su presencia un acto que debería servir para que rindan homenaje a su nación aquellos que creen en ella, lo cual no es su caso.

Es usted, y no quienes le abucheaban, el que mancilla con su presencia la interpretación de un himno nacional al que sus socios parlamentarios ofenden cada vez que tienen ocasión.

Es usted, y no quienes le abucheaban, el que mancha una ceremonia que está pensada para que recuerden a sus caídos aquellos para los que el sacrificio personal de esos caídos tiene algún significado, significado que a usted se le escapa.

¿Sabe cuál es la principal diferencia entre usted y el emperador Teodosio, señor Zapatero? Pues que al menos el emperador, disfrutando como disfrutaba de un poder omnímodo, guardaba aún respeto por ciertas cosas. Y es ese respeto el que permitió a San Ambrosio prohibir la entrada en la catedral al emperador.

Pero usted, señor Zapatero, no respeta nada. No hay nada que ningún hipotético San Ambrosio pudiera invocar para disuadirle de profanar un acto que no está pensado para usted. Porque usted no se detiene ante nada.

De ahí que a los ciudadanos no les quede otro recurso que el abucheo, para ver si usted se entera de que al homenaje a la Nación no tiene sentido que asista quien se comporta como un enemigo de la Nación y está dispuesto a pactar incluso con quienes asesinan, secuestran y extorsionan para tratar de causar daño a esa Nación.

Espero que el año que viene no tenga usted la desvergüenza de asistir al acto. Porque ni la Nación, ni sus símbolos, ni los muchos españoles que han dado su vida por esa Nación y por sus símbolos, se merecen que usted les deshonre con su presencia.

Con dos mandatos basta
Editorial www.gaceta.es 17 Octubre 2010

Zapatero está literalmente agotado políticamente y nada en el descrédito. Aznar supo desde el primer momento predicar con el ejemplo.

Los tambores de guerra que suenan dentro del PSOE tras el batacazo que los de Zapatero se dieron en las primarias madrileñas empiezan a tocar a duelo. El hasta ayer líder indiscutible se encuentra en almoneda. Lo que empezó José María Barreda, poniendo en duda sus cualidades y pidiendo que abandone la escena lo antes posible, se ha convertido en un clamor dentro del partido, más temeroso que nunca de perder las elecciones y, con ellas, el poder, y en un clamor nacional tras el vergonzoso pacto con el PNV en el que ha desembocado la desesperación del presidente.

El que más envalentonado anda es el triunfador de las primarias, Tomás Gómez, sabedor de que es el único que ha echado un pulso a Zapatero y lo ha ganado. El candidato madrileño no pide la jubilación anticipada de Zapatero, sino su retiro voluntario tras los próximos comicios. Sin ira, sin venganza, simplemente por haber culminado dos mandatos completos, tiempo de sobra suficiente para completar un ciclo en el poder. De este modo, la sombra de José María Aznar aletea tenebrosa sobre la cabeza del presidente del Gobierno, que, de hacer lo que pide Gómez, tendría que dejar la política mucho antes de lo que tenía pensado.

El hecho es que la propuesta de Gómez, limitar por ley a un máximo de dos mandatos ciertos cargos como el de presidente del Gobierno, es una de las asignaturas pendientes de la democracia española, al menos desde que Felipe González encadenase cuatro mandatos seguidos y aspirase al quinto en unas elecciones que perdió por la mínima. Aznar supo desde el primer momento predicar con el ejemplo y se autolimitó buscándose un sucesor y, acto seguido, retirándose de la vida política activa. Con Zapatero, sin embargo, todo parece indicar que nos encontramos ante una reedición –corregida y aumentada– del peor felipismo.

Pretende atornillarse al poder y emular al que un día fue su ídolo revalidando de nuevo la mayoría en 2012 y, si llega, en 2016. Sería una tragedia que esto sucediese. Zapatero está literalmente agotado políticamente y nada en el descrédito. Pero aunque no fuese así, no sería bueno que se presentase otra vez. La reelección indefinida suele derivar en tiranía y la reclusión prolongada en La Moncloa, cuya sintomatología está perfectamente estudiada desde tiempos de Adolfo Suárez,
tiene malévolos efectos en todo el sistema y es letal para las instituciones democráticas. No hay nación cuyas libertades no se resientan cuando el que está en el poder lo trata a título patrimonial, por mucho que las urnas le hayan sido propicias una vez tras otra.

Existe una relación que no falla entre niveles de clientelismo y permanencia en el cargo. Al saber que la ley les permite estar indefinidamente en el cargo, los gobernantes desatienden las prácticas democráticas y tratan de perpetuarse en el poder. Para conseguirlo harán uso de cualquier medio, incluidas la mentira, la manipulación y la conculcación de derechos.

En definitiva, el poder político es un caramelo demasiado apetitoso como para dejarlo en manos de una sola persona durante mucho tiempo. Muchos son los países que han adoptado leyes de limitación de mandatos. Estados Unidos quizá sea el más célebre, pero no es el único. En Chile, por ejemplo, desde la recuperación de la democracia los presidentes sólo pueden serlo por un mandato.

Durante ese tiempo tienen que sacar adelante un proyecto político de medio plazo y formar a un sucesor para que lleve adelante los de largo plazo. Chile no se ha arrepentido de hacerlo y hoy, con Sebastián Piñera, llevan ya cinco presidentes de diferentes partidos. Quizá de nuestros hermanos del Sur deberíamos aprender más de lo que pensábamos.

El precio de un año
La opinión de Cefas La Razón 17 Octubre 2010

Zapatero ha conseguido la estabilidad parlamentaria que necesitaba para agotar la legislatura. El problema reside en que el precio es tan elevado que nunca lo tendría que haber pagado. Desde hace años, el nacionalismo vasco quería conseguir una serie de competencias que le permitían casi completar el desarrollo estatutario y reducir la presencia de España en el País Vasco. Ni González ni Aznar aceptaron hacer las transferencias con el contenido y la forma que pretendía el PNV. Al final lo ha conseguido. Es la forma que tiene de negociar: la perseverancia. No tiene prisa. Se sienta e insiste hasta que llega su oportunidad y aprovecha la debilidad del rival para avanzar hacia su meta a largo plazo, que no es otra que avanzar hacia la independencia. Esto explica por qué estando en la oposición en el País Vasco está tan satisfecho por conseguir estas transferencias cuando al frente del gobierno está Patxi López, el gran perdedor de la negociación que le ha permitido ganar un año a Zapatero.

Chantajeable
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 17 Octubre 2010

CON la compra de los votos del PNV, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido desleal, primero, con España, luego, con su partido, y por último, consigo mismo. Aunque para ser desleal hay que creer en algo, y Zapatero cree, todo lo más, en él. Sobre la nación española ya sabemos lo que piensa: «es un concepto discutido y discutible», o sea, dudoso. Sobre el partido socialista, ya le hemos visto tirar por la borda sus principios en cuanto se lo ordenaron desde fuera, y en cuanto a sí mismo, ahí lo tienen asentando una puñalada en la espalda a Patxi López, tras intentar hacerlo con Tomás Gómez, como si fuera la cosa más natural del mundo, lo que nos da el perfil de su carácter. Y, encima, quieren prohibir que no se le abuchee. Cuando lo está pidiendo a gritos.

El «pacto» con el PNV que acaba de firmar para salvar los presupuestos no es el primero ni será el último que firma para salvarse él. Ya el año pasado firmó uno parecido, costándonos un ojo de la cara, y seguirán otros porque a estas alturas, Zapatero es un hombre chantajeable, como sabe todo el mundo, empezando por los que intentan sacar tajada de España. ¿Por qué creen ustedes que Mahomed VI, Chávez, Caruana, se permiten últimamente insultarnos, ultrajarnos, desafiarnos?

Porque saben que al frente tenemos un hombre capaz de darles todo, de enajenarlo todo con tal de seguir en el poder. Y nadie lo sabe mejor que el PNV, que le tiene tomadas las medidas, y esta vez se ha llevado el fuero y el huevo, pues a los 470 millones de euros por sus 7 votos —47 millones por voto— se añaden las 20 transferencias y la propina de cambiar los nombres oficiales de las tres provincias vascas. ¿Llegarán a ellas las cartas dirigidas con el viejo nombre? ¿Habrá que cambiar «vizcaíno» por «bizkaino» en El Quijote para designar al gallardo caballero que mantuvo un duelo con el héroe de La Mancha? ¿Y qué pasará cuando el resto de las autonomías pidan lo mismo? Luego se quejan cuando se le acusa de estar recreando los Reinos de Taifas. Claro que tampoco tiene ningún reparo en envolverse en la bandera española e incluso en esconderse detrás del Rey.

De todas sus deslealtades, la mayor es la que acaba de perpetrar con el único logro alcanzado durante su mandato, y eso, sin su colaboración: haber desalojado del poder a los nacionalistas en el País Vasco, encauzándolo hacia la paz, la igualdad y la justicia. Para pactar ahora con esos nacionalistas a espaldas de quienes lo consiguieron. Se ve que no le gustaba demasiado.

¡Y pensar que todo podía haberse evitado si el PP hubiese tenido la visión, generosidad y coraje de haberle prestado ocho votos para que no tuviera que someterse al chantaje! Aunque vayan a saber si los hubiese aceptado.

¿Una política anti-ETA en manos del PNV?
Los Puntazos La Razón 17 Octubre 2010

La letra pequeña del compromiso entre el Gobierno y el PNV contempla el diseño de la hoja de ruta para el final de ETA. Conocidas las posiciones de unos y otros, y los precedentes de la negociación con la banda, el panorama es preocupante. Los nacionalistas se oponen a la actual política antiterrorista y a la Ley de Partidos, y quieren a Batasuna en las instituciones. Además de Patxi López, el PP también se ha quedado fuera. Sería imperdonable repetir los errores del pasado que costaron vidas.

Los políticos españoles merecen la repulsa masiva del pueblo
Francisco Rubiales Periodista Digital 17 Octubre 2010

Los políticos españoles y, de manera especial, los que gobiernan, se merecen, sin la menor duda, la repulsa masiva del pueblo y el desprecio activo de los ciudadanos. Y la merecen no sólo porque han gobernado mal y porque su liderazgo, marcado por el error, el despilfarro, la arrogancia y la mentira, esté conduciendo a España hacia el fracaso y la pobreza, sino porque han perdido la sensibilidad y el alma, porque están tan aislados y endiosados que son incapaces de ver la magnitud del malestar que hay en la calle.

Ante una protesta masiva y estridente, como la que se produjo en el Paseo de la Castellana, el día 12 de octubre, sólo se les ha ocurrido pensar que el pobre presidente el gobierno ha sido ofendido, o que el momento era demasiado solemne para gritar. Hasta el rey, que al perder reflejos por la edad está perdiendo también la sensibilidad popular y el sentido de Estado que demostró tener en el pasado, ha lamentado las protestas en lugar de reflexionar sobre el estado de desesperación que deben tener los ciudadanos cuando se atreven a gritar ante la autoridad revestida de todo su poder, en un momento tan solemne y significativo.

Lo fácil es pensar que se trataba de agentes de la extrema derecha, o de acusar a la oposición de alentar la protesta. Lo difícil es admitir la verdad: que los españoles estamos tan cansados, tan hartos de ineficacia, de privilegios inmerecidos, de arrogancia y de ese mal gobierno que nos está llevando hasta el matadero, que somos capaces ya de protagonizar protestas de gran fuerza y vehemencia.

A los gobernantes más lúcidos se les ha ocurrido decir que "los políticos deben soportar las protestas populares", cosa cierta, pero ni siquiera a ellos han afrontado la esencia del problema: ¿Que está pasando en España para que los ciudadanos griten contra sus gobernantes y empiecen a odiarlos?

El balance de los actuales políticos españoles es sobrecogedor: han creado una sociedad sin valores, en retroceso, frustrada e infeliz, que les rechaza a ellos y que está perdiendo el respeto y el aprecio por la democracia. Hasta están consiguiendo que muchos demócratas recuerden el "franquismo" con añoranza. Desde el primero hasta el último, incluyendo a la oposición y al siniestro nacionalismo radical, son, sin la menor duda, una generación política amortizada, una casta política fracasada y merecedora de desprecio.

El grado de desesperación y de angustia de la población española es mil veces más alto de lo que el rey, Zapatero y su gobierno creen. Ellos, que viven en sus burbujas de lujo, con dinero público abundante, rodeados de seguridad, asesores que les adulan y privilegios similares a los que disfrutaban la nobleza y el clero en el "Antiguo Régimen", están ciegos y no saben ver el drama que se despliega en su entorno, en una España donde han cerrado más de un millón de buenas empresas, donde hay cinco millones de personas que quieren y no pueden trabajar, la España de los desaucios diarios de viviendas que no se pueden pagar, plagada de padres que se avergüenzan ante sus hijos porque no tienen dinero para alimentarlos, la España de las colas en los comedores de caridad, la del auge de Cáritas, la España que vuelve a emigrar y la que ha aprendido a odiar a sus políticos y a la misma política, un drama de consecuencias graves que nuestro país pagará durante muchas décadas de su futuro.

Parece mentira que sean tan obtusos y arrogantes, tan estúpidos y ciegos que no sean capaces de percibir la importancia de que la clase política aparezca en las encuestas como el tercer gran problema del país, por delante del terrorismo, por delante del problema de la vivienda, por delante de la violencia y de la inseguridad. La opinión negativa que los españoles tienen de sus gobernantes es causa más que suficiente en democracia para que se convoquen elecciones anticipadas.

El rey, Zapatero, su gobierno y su inmensa corte de subsidiados, ciegos y alienados, deberían saber que están jugando con fuego, que han fracasado, que les ha llegado la hora de retirarse y que, antes de que sean forzados a hacerlo por disturbios y altercados, deberían dejar paso a otra sangre nueva, más sensible, más próxima al pueblo y a sus problemas, más ética, menos habituada a convivir con la corrupción y, sobre todo, más demócrata.

PD: Uno de los lectores de Voto en Blanco, que presenció el desfile, asegura que el vehículo de la princesa también fue pitado y abucheado, pero ningún medio se ha atrevido a decirlo.

Voto en Blanco

El PSC censura su política lingüística
Los Puntazos La Razón 17 Octubre 2010

Ante el sombrío horizonte que dibujan las encuestas, el PSC parece dispuesto a reinventarse. Sólo así se entiende que en su programa electoral los socialistas catalanes se desmarquen de las sanciones lingüísticas y propugnen un fomento del catalán alejado «de la coacción y del enfrentamiento». Es decir, que el partido que pide ahora un debate con CiU en castellano y acude a la Fiesta Nacional en Madrid censura la política lingüística que ha llevado a cabo como Gobierno. Hace bien en rectificar.

Los “otros fenómenos terroristas” de España
Manuel Cerdán www.gaceta.es 17 Octubre 2010

Lo que muchos denominan “terrorismo de baja intensidad” no deja de ser terrorismo y sus autores lo que buscan es sembrar el terror. Durante 2009 se produjeron en Galicia 10 “acciones terroristas” contra periodistas, entidades bancarias y Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo sorprendente es que los autores de estos atentados sigan libres y ninguno de ellos haya sido detenido todavía.

El hombre/mujer del tiempo siempre que aparece delante del croma televisivo nos recuerda que las borrascas llegan del Atlántico a la Península por Galicia y desde allí se extienden a la meseta y a otras zonas geográficas. Pero hay otro tipo de tempestades que también nos llegan de tierras célticas, a tenor de lo expuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su última Memoria sobre 2009. Y esas amenazas nada tienen que ver con las inclemencias meteorológicas, sino más bien con el terrorismo. Sobre un tipo de terrorismo que algunos llaman, equivocadamente, “de baja intensidad”, porque no deja de ser terrorismo y sus protagonistas lo que buscan es sembrar el terror. La Fiscalía de la Audiencia Nacional lo cataloga con acierto como: “Otros fenómenos terroristas”.

Ha sido como un goteo, que ha pasado desapercibido en la mayoría de los medios de comunicación, pero que ha despertado preocupación en los fiscales que se dedican en la Audiencia Nacional a investigar el terrorismo.

Durante 2009, según la Memoria, se produjeron 10 “acciones terroristas” en Galicia –así las califica–, cinco más que en el año anterior. La mitad de los atentados se perpetraron en Pontevedra (dos contra sucursales bancarias, uno contra un concesionario de automóviles y dos contra un cuartel de la Guardia Civil y las oficinas de la Policía Local). Cuatro de las operaciones terroristas se ejecutaron en la provincia de La Coruña (dos en sucursales bancarias y otras dos en el domicilio de un columnista de La Voz de Galicia). Las acciones contra el compañero periodista no tenían ninguna gracia. Primero le lanzaron un cóctel molotov contra su jardín y después le quemaron un neumático junto a la rejilla de los contadores de luz, gas y agua. La Policía encontró en el buzón de su casa unos panfletos llamando a “la lucha contra los opresores gallegos” con la siguiente leyenda en gallego: “Stop. A repressom, denantes mortos que esclavos, viva Galiza ceive”. ¿Antes muertos que esclavos? Valiente majadería decimonónica. La décima acción terrorista se llevó a cabo en Lugo, en la entrada de una academia especializada en la preparación de funcionarios de Policía.

Lo sorprendente es que ninguno de los autores de los atentados haya sido detenido. Los activistas siguen libres con sus cócteles molotov y las latas de gasolina practicando lo que algunos consideran simples acciones callejeras de la chiquillería pero que, en realidad, ponen el peligro muchas vidas humanas. No es una broma. Es terrorismo. Estos son los detalles de una de sus acciones: en una sucursal de Caixa Galicia provocaron una explosión con un artefacto compuesto por pólvora que provocó daños en el inmueble y en varios vehículos estacionados en sus proximidades. Un tipo de acción incontrolada que podía haber provocado la muerte a los operarios de la entidad crediticia o a sus usuarios.

Los fiscales de la Audiencia Nacional adelantan que, si los autores de los atentados no son detenidos, todo indica que en un futuro “se observará una mayor complejidad y sistematización” en sus acciones violentas. El grupo Resistencia Gallega describió cuáles eran sus objetivos: “Instituciones bancarias, transnacionales, empresas expoliadoras de recursos energéticos, fuerzas de ocupación, proyectos y empresas vinculadas a la turistificación, obras públicas agresivas con la tierra, medios de comunicación al servicio del Estado, partidos políticos españolistas, empresas esclavistas, inmobiliarias…”. Todo un sarampión al estilo guerrillero bolivariano, pero que hay que afrontar con seriedad.

Si las acciones terroristas en Galicia han sido de corte independentista, según la Memoria de los fiscales, hay otras que se han ejecutado en Barcelona con el sello de “anarquismo insurreccionalista”. Una de las reivindicaciones finalizaba con el texto: “Muerte al Estado y viva la Anarquía”. También se han producido otras en Madrid, León, Córdoba, Guadalajara, Valencia y Sevilla. La Policía sospecha de pequeñas células formadas por jóvenes anarquistas que se relacionan con ese submundo antisistema –también antiglobalización y okupa– que se ha ido pergeñando en las grandes ciudades, principalmente en Madrid y Barcelona. No existe una red organizada, pero sí se comunican y se concentran en eventos muy determinados, como en la anterior jornada de huelga general o en las reuniones del G-8 y del G-20.

Para los fiscales, persisten circunstancias que motivan ese tipo de atentados anarcoinsurreccionalista y “es previsible la continuación de ese tipo de acciones en el futuro”. Eso sí, los expertos adelantan que no ha fructificado el intento de creación de un colectivo de presos anarquistas a semejanza del existente en los presos de ETA. Pero advierten de que los grupos anarquistas poseen más conexiones internacionales que ETA, que se aglutina “en torno a las figuras de presos considerados referenciales en cuanto a su capacidad ideológica”.

Está claro que, si no se ataja ese fenómeno y no se corta de raíz, corremos el riesgo de que se grapice –no sé si es correcto el palabro–, es decir, que los insurreccionalistas degeneren en un tipo de Grapo que practique el terrorismo urbano. Recientemente, hemos asistido en Cataluña a experimentos similares conectados de manera nostálgica a la desaparecida Terra Lliure. Grupos de jóvenes independentistas y anarquistas que juegan a terroristas llevando a cabo acciones contra bancos o edificios públicos con pequeños artefactos o cócteles molotov, que nada tienen de inofensivo.

La violencia callejera de los antisistema en las calles de Barcelona durante la jornada de huelga general es un primer paso para la formación de grupúsculos que acaban ejecutando acciones terroristas. La algarada barcelonesa delataba, por cómo fue ejecutada, que no era una acción aislada y espontánea. Los expertos coinciden en que respondía a un plan premeditado y coordinado desde la clandestinidad por un staff organizado. Los Mossos d’Esquadra, ya que disponen de su propio servicio de información, tienen ahora la obligación de desarticular esa red o pueden acabar en “otro fenómeno terrorista” como el de Galicia.

Los servicios sociales de los ayuntamientos y la Policía Municipal tienen asimismo la obligación de investigar si las subvenciones que conceden muchos municipios a determinados movimientos juveniles son destinadas a fines espurios. En Barcelona muchos de los jóvenes okupas que habían ocupado por la fuerza el edificio de Banesto, en la mismísima plaza de Cataluña, se habían beneficiado de esas ayudas. En el abandonado inmueble bancario, los okupas montaron su cuartel general y desde allí emprendieron la lucha callejera contra las Fuerzas de Seguridad y el destrozo de la ciudad.

Curiosamente, a pesar de la extrema violencia con la que actuaron, como se pudo ver en las imágenes de televisión, sólo fue detenida una veintena de agitadores. Al día siguiente, la mayoría quedó en libertad. Como sucede con los piquetes en las jornadas de huelga, la violencia les sale gratis a los violentos. Me cuenta un fiscal que algunos de esos descerebrados del cóctel molotov presentan un reguero de antecedentes que pone a uno los pelos de punta, como los de los punkis.

Esto ya no es cosa de un Cojo Manteca, incontrolado, que en una manifestación destroza a golpes una cabina de teléfono o quema con una caja de cerillas una papelera urbana. Aquí nos enfrentamos a algo más serio. Se trasluce la existencia de grupos organizados que hoy te lanzan una botella incendiaria, te mandan un paquete bomba o queman un cajero automático, pero que mañana –por el mismo procedimiento– pueden subir un peldaño en la escalada de terror y producir una zapatiesta.

En la Memoria de la Fiscalía de la Audiencia Nacional también se dedica una especial atención a la violencia callejera de los jóvenes seguidores de ETA y al Grapo. Sobre la primera, los fiscales concluyen que su actividad ha descendido en los últimos meses gracias a la respuesta policial y judicial. Con respecto al Grapo destacan la eficacia de las Fuerzas de Seguridad y afirman que “la extrema debilidad y práctica desarticulación de esta organización terrorista ha permitido neutralizar el riesgo que presentaba”. Por tanto, descartan la recomposición del grupo y dan por concluida su amenaza para la seguridad.

La Policía debe emplear la misma eficacia contra los anarcoinsurreccionalistas y los independentistas, ya sean gallegos o catalanes. Veremos en la Memoria del año que viene.

Integración escolar
EDITORIAL El Correo 17 Octubre 2010

El hecho de que medio centenar de colegios e institutos del País Vasco alberguen a más de un 30% de alumnos extranjeros compromete, en teoría, el objetivo de integrar socialmente a estos menores. Pero los notables resultados académicos y de convivencia obtenidos por centros que concentran porcentajes aún más elevados impiden, en la práctica, aplicarles una etiqueta de guetos que resultaría ofensiva. Y avalan la opinión de los expertos de que es el éxito escolar, la conclusión de los estudios por parte de unos chavales que parten en franca desventaja respecto a sus compañeros autóctonos, lo que ofrece la verdadera medida de la deseable integración. Al señalar el elevado número de estudiantes foráneos en la enseñanza en castellano, las agrupaciones de familias no hacen sino apuntar una de las disfunciones que genera un sistema de modelos lingüísticos sometido ya a revisión. Con todo, los padres tampoco pueden desentenderse de su generalizada negativa a enviar a sus hijos a aulas con alta tasa de compañeros inmigrantes; una decisión que pretende huir de una conflictividad no contrastada por la realidad. Evitar la concentración no parece tan útil como continuar proporcionando los recursos necesarios para que todos los alumnos, también los que han llegado de fuera, completen su formación de la manera más satisfactoria.

La enfermedad española
Jesús Cacho. El Confidencial 17 Octubre 2010

El comportamiento de nuestra clase política refugiándose en las medias verdades (cuando no mintiendo descaradamente), negando la evidencia (crisis económica), dando esquinazo a los asuntos capitales (necesidad de una reforma constitucional que, además de democratizar el sistema, reordene los poderes del Estado recuperando para el Gobierno central parte de las competencias transferencias), aferrándose al poder a costa de “deshacer país” (pacto con el PNV) y gesticulando en plena vía pública (la vicepresidenta del Gobierno con la presidenta del Constitucional durante el desfile del pasado año, o el alcalde de Madrid y el presidente del Gobierno este último), le ha llevado a ocupar el tercer puesto en el cuadro de honor de las preocupaciones nacionales, junto al paro y la recesión económica. Nuestros políticos son vistos hoy como una parte del problema de España, no como la solución. La crisis de los partidos –su divorcio con el principio de funcionamiento democrático que impone la Constitución- está en la raíz del agotamiento del régimen y son el gran obstáculo que se yergue a la hora de abordar esa reforma constitucional que cada día más ciudadanos reclaman como condición sine qua non para abordar un saneamiento global de nuestra democracia. Los partidos son los grandes enfermos de un sistema enfermo, necesitado de urgente cirugía si quiere adentrarse en el siglo XXI con posibilidades de procurar riqueza y empleo –bienestar- para todos sus hijos.

Dice Gilbert K. Chesterton en su Defensa de los pelmazos que para explicar el choque entre los intereses y emociones de esa pequeña elite [Juan Carlos I, Zapatero, Rajoy, Rubalcaba, Blanco y tal vez alguno más] donde se fabrican las políticas que luego procurarán el beneficio o la miseria de la mayoría, serían necesarias la pluma de Balzac para describir adecuadamente sus caracteres y la caridad ética de Spencer para definir sus planteamientos, aunque sólo un Shakespeare podría interpretar cabalmente sus emociones y sólo Dios juzgar sus almas. Entre las verdades –realidades- que nuestros políticos se niegan a proporcionarnos figuran cuestiones que en nuestro país se han considerado erróneamente en el ámbito de lo privado y que en algunas democracias avanzadas son de obligado cumplimiento en tanto en cuanto susceptibles de afectar a los gobernados. Me refiero a la situación de alguno de tales personajes, su verdadero estado de salud, su tránsito mental y/o psíquico, incluso su equilibrio moral. ¿Tenemos, por ejemplo, derecho a conocer el verdadero estado de salud de nuestro Rey o no estamos preparados para ello? ¿Cuál es el estado anímico y/o psíquico de Rodríguez Zapatero? ¿Controla la situación o es la situación quien le controla a él?

El ex ministro de Asuntos Exteriores británico David Owen, en su libro In Sickness and in Power. Illness in heads of government during last 100 years, afirma que es preciso animar a las democracias a promulgar leyes que hagan obligatoria la valoración médica independiente de todos los representantes políticos, en lugar de dejarlo al albur de la investigación periodística. Y cita algunos ejemplos: en 1945, Winston Churchill se habría reído de cualquier diagnóstico alarmista sobre su estado físico apareciendo en público con su grueso habano en los labios y una copa de brandy en la mano. Pero en 1953, una valoración independiente sobre su salud hubiera revelado el gravísimo ataque cardiaco que acababa de sufrir y que lo convertiría en una sombra de lo que había sido. Lord Moran, su médico personal, ¿se debía al interés del inquilino de Chartwell House o al mayor interés de la Gran Bretaña?

En 1996, el doctor Gubler, médico personal de François Miterrand, a quien hacía tiempo habían diagnosticado un cáncer de próstata, dijo que la revelación pública del verdadero estado de salud del presidente habría violado la confidencialidad médica, pero reconoció que se había visto atrapado entre dos códigos de honor, asumiendo que había firmado boletines médicos que no eran veraces. También ahora, el Dr. Laureano Molins, del Hospital Clinic de Barcelona, dijo en mayo pasado, ante decenas de periodistas, que “El Rey no tiene cáncer de pulmón”. Y hay quien sostiene que el sobrino de López-Rodó, ministro de Franco, dijo la verdad, pero no toda la verdad. El propio Monarca se encargó el martes, en la recepción ofrecida en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre, de bromear al respecto y pedir que le dejaran en paz, pero las cámaras de televisión, que no mienten, mostraron durante el desfile militar a un hombre hinchado, muy grueso, que mantiene el equilibrio con dificultad y que produce la angustiosa impresión de ir a desplomarse de un momento a otro cuan largo es. La salud del Rey se ha convertido en motivo de cábala diaria en las cúpulas de los grandes partidos, preocupados por lo obvio: lo que menos necesita ahora un país cuyos problemas surgen a borbotones es tener que hacer frente a un relevo en la jefatura del Estado.

Relevo al frente de un gran banco español
De la próstata de un prominente banquero se habla también en privado desde agosto pasado. El personaje, que siempre ha hecho gala de una excelente forma física, ha sido sometido a radiación para acotar el problema y, aunque no es en absoluto grave –de hecho podrá vivir muchos años con el adecuado tratamiento- se habla ya de que el gran cambio podría producirse a mediados de 2011. Y será un relevo doble, una reedición del felipista “dos por el precio de uno” (en alusión a Alfonso Guerra), porque la heredera ya ha mostrado en privado sus cartas con absoluta rotundidad: “cuando me toque asumir la responsabilidad, lo haré con mi propio consejero delegado… Etapa nueva, partido nuevo y no herencias viejas”. Un relevo que marcará un hito en la historia de la gran banca española.

¿Cuál es la verdadera salud mental de nuestros gobernantes? ¿Sufren el síndrome de Hubris -desprecio por los consejos de sus asesores, exagerada confianza en sí mismos y alejamiento progresivo de la realidad- que padecieron Bush, Blair y Aznar?

Estado físico y trastornos emocionales. ¿Cuál es la verdadera salud mental de nuestros gobernantes? ¿Sufren el síndrome de Hubris -desprecio por los consejos de sus asesores, exagerada confianza en sí mismos y alejamiento progresivo de la realidad- que padecieron Bush, Blair y Aznar? Según el citado Owen, en su día fueron numerosas las conjeturas formuladas en torno a la posibilidad de que Bush padeciera el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), mal caracterizado por la incapacidad para mantener la atención/concentración de quien lo padece. Es, además, uno de los trastornos psiquiátricos que suele provocar el abuso de determinadas sustancias, tal que el alcohol. Según el New York Magazine del 5 de febrero de 2007, los psicoanalistas -diagnóstico que fue aceptado por la American Psychological Association (APA)- afirmaron que Bush poseía un síndrome psicológico-conductual muy complejo, un trastorno de personalidad narcisista. ¿Cuál es la “enfermedad” que aqueja a Zapatero? ¿Cómo es el estado mental de un hombre a quien, en plena calle y mientras discutía con Ruiz-Gallardón, se le vio superado por el cargo, avejentado hasta lo indecible? ¿Cómo explicar esas pulsiones que le llevan de estados de aparente euforia a situaciones depresivas casi sin solución de continuidad, y qué importancia tiene ese anímico equilibrio inestable en la gobernación de un país que ahora reclama toda la concentración, el temple y la sapiencia del mundo?

Dicen que Zapatero sigue muy afectado por la situación creada en torno a su hija mayor, Laura, a la que el presidente profesa una admiración ilimitada a cuenta de su izquierdismo y con la que ha establecido estrechos vínculos de complicidad al margen de Sonsoles Espinosa. Sabedora de su fuerza, la niña ha reiterado al padre su deseo de que deje la política y salga de Moncloa, un lugar que odia y ella misma ha abandonado, “porque ya le has dedicado a España ocho años de tu vida”, y el padre duda, ponderando la posibilidad de que la infanta vuelva al redil si cumple esa exigencia vecina al chantaje. La cuestión no pasaría de ser un conflicto familiar más entre los millones que se suceden a diario de no ser porque, aseguran fuentes muy bien informadas, ha sido esta disputa la que ha disparado las maniobras dentro del propio Gobierno por la sucesión, “porque si Zapatero tira la toalla, alguien tendrá que sucederle”, y de ese interrogante ha surgido frondosa la alianza estratégica entre un José Blanco que se haría cargo de la dirección del partido, y un Alfredo Pérez Rubalcaba, siempre el hombre mejor informado gracias a SITEL, como candidato a la presidencia del Gobierno.

Zapatero y el chalé en las afueras de León
De ahí, también, las primarias que acaban de celebrarse en Madrid, que no perseguían otra cosa que el control del PSM. No es la única operación en marcha. No contará el dúo con alfombra roja para hacerse con el poder si finalmente ZP decidiera refugiarse en el chalé que se está construyendo en las afueras de León. Es la enfermedad de un PSOE que en 2004 se dio de bruces con el Poder cuando menos lo esperaba y sin haber completado su travesía por el desierto de la oposición, algo que hubiera permitido madurar a un ZP entonces muy verde, falto de hervores varios. El cáncer que hoy amenaza al PSOE es, por eso, la recidiva de una dolencia vieja, la de un partido que, desnortado tras los episodios de Borrell, Almunia y demás compañeros mártires, no resolvió adecuadamente sus problemas internos y sobre el que hoy pende la amenaza de una debacle electoral que podría mantenerlo postrado en la oposición por muchos años. ¿Quién sucederá a ZP? Tras el previsible varapalo de las catalanas, será necesario esperar a unas autonómicas y municipales de mayo próximo en las que el PSOE podría sufrir un duro castigo. Si tal ocurriera, no será Zapatero y sus cuitas con Laura quienes tomen la decisión de viajar a León: serán los barones del partido quienes le despojen del cargo con violencia y en evitación de males aún mayores.

PSOE enfermo; sindicatos también enfermos, contaminados por años de compadreo con una Moncloa convertida en fábrica de producir parados, e instituciones igualmente dañadas

PSOE enfermo; sindicatos también enfermos, contaminados por años de compadreo con una Moncloa convertida en fábrica de producir parados, e instituciones igualmente dañadas –pitos a Zapatero; quema de retratos del Rey-, con el prestigio por los suelos, porque ellas mismas no se han hecho respetar. Y no hay milagro económico a la vista capaz de rescatar a España y a los españoles del castigo de años de estancamiento por delante. El PIB muestra encefalograma plano para el resto de la Legislatura (crecimiento del 0,5% en el mejor de los casos para 2011), con riesgo de que los mercados vuelvan a darnos otro susto (la banca española tiene 88.000 millones de euros de deuda portuguesa en sus balances). Estancamiento a palo seco, pues, con tasas de paro por encima del 20%. En este marco, la decisión de ZP de resistir hasta el final merced al apoyo puntual de un partido que no está interesado sino en la ruptura del actual marco constitucional es un ingrediente más del drama de un país que puede llegar a marzo de 2012 exhausto o, aún peor, exánime. Vale el verso que escribiera León Felipe: “No hay más que una causa: la del hombre. Y, por ahora, la de la miseria del hombre”.

Queda un PP asimismo dañado en la raíz, aunque la creciente cercanía al Poder sea capaz de poner sordina en los conflictos internos que le afligen. España necesita a Rajoy y Rajoy necesita como agua de mayo llegar al Poder para llamar al orden y poner firmes a unos cuantos. De momento sigue obligado a guardar silencio, transigir con la corrupción hasta que los jueces dicten sentencia y consentir los caprichos con que la vieja guardia ha decidido obsequiarse. El último procede de Asturias, donde Alvarez Cascos ha decidido “pedirse” la dirección regional del partido, en lo que no sería sino una reedición del virreinato de Fraga en Galicia. Los viejos capos de la derecha reclaman su ración de tarta. Lo cual abona la tesis de que, sin ese triunfo electoral en lontananza, el PP también se vería seriamente amenazado de confrontación. De momento, el mundo del dinero se ha convencido ya de la necesidad de un cambio de caballo a favor de un Rajoy campeón del sentido común y enemigo declarado de cualquier clase de locuras. Nadie, sin embargo, parece reparar en el hecho de que al líder del PP no le será suficiente con acertar en la gestión de la economía, porque el problema español rebasa con mucho la estricta dimensión del Producto Interior Bruto, con ser ella importante. Como decía Manuel Muela el viernes en este diario, “nos hallamos ante una situación de emergencia nacional necesitada de decisiones ambiciosas, sobre todo de carácter político e institucional”. España merece más y también puede más.

Así se degrada la democracia
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 17 Octubre 2010

Hacía falta una radiografía fiable de la percepción de la democracia que tienen los ciudadanos españoles. Cuatro sociólogos y politólogos (1) de primera fila han escrito el ensayo La Calidad de la democracia en España (2), una de cuyas conclusiones más terminantes es la siguiente:

“En síntesis, a pesar de la satisfacción ciudadana con el sistema democrático como promotor de la libertad y de la igualdad, así como su apoyo a la mayoría de las instituciones básicas de la democracia, destaca, por encima de todo, la poca confianza que tienen los ciudadanos en su propio papel en la actual democracia representativa. Se comprueba lo extendida que está la creencia de que la democracia no representa exactamente el primado de la soberanía del pueblo. Los españoles creen de forma mayoritaria que los que detentan el poder, tanto político como económico, están por encima de la voluntad de los ciudadanos, máxima expresión de la soberanía popular. La falta de transparencia de las decisiones políticas unida a la insuficiente rendición de cuentas de sus representantes puede explicar que los ciudadanos no asuman los costes de participar en un sistema asimétrico en el que los poderosos ostentan siempre una posición privilegiada.”

“Los principales problemas de nuestra democracia se localizan en el funcionamiento de la sociedad civil y en la baja calidad de la representación política. Estos problemas se refieren tanto a los partidos políticos como a los representantes, que atienden de manera deficiente los principales problemas de los ciudadanos y no rinden cuenta adecuadamente de sus acciones políticas. La sociedad se ve a sí misma incapaz de influir en las decisiones políticas, al mismo tiempo que tampoco parece tener niveles de participación y acumulación de capital social suficientes para ser un actor relevante en el proceso político, más allá de su participación electoral. Una sociedad civil pasiva y desmotivada por la política y un sistema de representación caracterizado por su lejanía de los ciudadanos y por su falta de sensibilidad y respuesta a los problemas de aquellos, constituyen una mezcla peligrosa para la salud de la democracia española.”

En menos palabras no se pueden describir mejor las razones del malestar de los ciudadanos con un sistema democrático que legitiman plenamente (legitimación difusa), pero cuyo funcionamiento ha devenido en decepcionante (legitimación específica). La conclusión transcrita y otras muy similares son el resultado de una metodología proyectada por una auditoría ciudadana sobre la que han trabajado los autores de este ensayo que parece imprescindible para comprender qué está pasando en nuestro país. Es decir: queremos la democracia y no renunciamos a ella, pero su autenticidad se ha degradado. Así -y valga como ejemplo- la mayoría piensa (75% frente a 15%) que la justicia beneficia a los que tienen más recursos y que, por tanto, no es igual para todos; el 82% sospecha que los tribunales tratan de manera diferente a los políticos respecto a los ciudadanos anónimos y nada menos que el 56% confiesa que “no merece la pena” iniciar un pleito para reivindicar un derecho o el cumplimiento de una obligación.

Son también mayoría los que creen que la Constitución no se cumple: “nada o poco” (22%) y sólo “algo” (30%). Y, entre otros muchos datos, el 43% afirma que la clase política es más corrupta que el resto de la ciudadanía, entre otras razones porque el 70% supone que los políticos se preocupan más de sus intereses que de los comunes, aunque es aplastante el criterio de que los partidos políticos son necesarios para la propia democracia. Para los autores de este interesante ensayo -publicado el pasado mes de septiembre- “es razonable pensar que la corrupción política forma parte de esa identificación que hacen los ciudadanos de la clase política y los políticos como problema”. Esta advertencia de los expertos desmontaría la pretendida despreocupación ciudadana por la corrupción económica de sus representantes y remitiría, por el contrario, a una intensa ansiedad social respecto de este fenómeno que repunta y que no se detecta en toda su dimensión.

Los autores asumen, sin embargo, una especie de resignación de los ciudadanos ante la falta de honradez de la clase política, una resignación que podría devenir en cierto grado de insensibilidad

Los autores asumen, sin embargo, una especie de resignación de los ciudadanos ante la falta de honradez de la clase política, una resignación que podría devenir en cierto grado de insensibilidad. La autoestima social que detecta esta auditoría ciudadana es muy baja porque la sociedad civil española se autovalora muy mal: somos poco tolerantes (2,35 sobre 10), nuestra participación es escasa (2,42 sobre 10) y nos percibimos como incapaces de controlar al poder político (2,82 sobre 10). Para los autores, estas bajas puntuaciones explican “probablemente la falta de incentivos que encuentran los españoles para involucrase y participar en política”.

Con respecto a los partidos políticos y a la representación pública, la consideración ciudadana es pésima: de los diez indicadores que componen esta dimensión de la auditoría, siete obtienen un suspenso y cinco de ellos se sitúan por debajo del 4. Así, los partidos no dan la talla por incapacidad democrática, por falta libertad de expresión interna, por clientelismo, por confianza, por ausencia de rendición de cuentas, por desajuste entre demandas ciudadanas y oferta política, por falta de control de la acción de los representantes electos…Y siendo cierto que también aparecen luces en este estudio -la legitimidad de la democracia y la capacidad efectiva de gobierno- en la mayoría de las dimensiones estudiadas, la calidad del sistema en su vertiente operativa, funcional, resolutiva de problemas, los ciudadanos plantean abiertamente su insatisfacción. Los autores, por eso, concluyen su estudio con una advertencia muy seria: si no hay una regeneración, “la desafección ciudadana seguirá creciendo y el horizonte de la democracia se poblará de problemas que no presagian un futuro mejor que el presente, pese a que este sea manifiestamente mejorable”.

Existe, en consecuencia, una degradación democrática que los ciudadanos han percibido y exteriorizan con meridiana claridad. La auditoría ciudadana que sirve de base a los autores de Calidad de la democracia en España se realizó en 2007, cuando apuntaba ya la crisis y después de tres años de Gobierno socialista, aunque no hay en el estudio referencias coyunturales o de partido. Es de suponer que desde entonces hasta ahora, la auditoría ofrecería resultados más desalentadores. Sobre todas estas cuestiones han de trabajar los sociólogos, politólogos, analistas y universitarios para que el país no quede encarcelado en el discurso de los políticos mientras la democracia se degrada en España. Se debe acabar aquello de que “nos pasa que no sabemos lo que nos pasa”. ¡Vaya que si lo sabemos!

(1) Los autores de Calidad de la democracia en España. Una auditoria ciudadana (Editorial Ariel) son Braulio Gómez Fortes, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense; Irene Palacios, licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona; Manuel Pérez Yrueta, profesor de Investigación de Sociología del Instituto de Estudios Avanzados del CSIC del que ha sido director entre 1992 y 2009 y Ramón Vargas-Machuca, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Cádiz.

(2) La auditoría ciudadana se realizó en 2007 y los resultados estuvieron disponibles a comienzos de 2008 y se centró “sobre temas que los ciudadanos tienen una opinión formada a lo largo del tiempo y que no se refieren a aspectos o problemas coyunturales”.

EL ALCALDE PIERDE APOYOS
El País ve a Gallardón "en números rojos"
Hace dos días, el diario de Prisa le dedicaba su editorial a Gallardón, y no para bien precisamente. Hoy, de nuevo, El País dedica un amplio reportaje a la desastrosa situación del Ayuntamiento de Madrid, con una falta de liquidez que está provocando la asfixia a sus proveedores.
Libertad Digital 17 Octubre 2010

En el editorial de El País del viernes 15 de octubre podíamos leer una dura crítica al alcalde de Madrid, cobijada bajo un genérico "Pacto de austeridad" referido a todos los municipios y comunidades autónomas. "La considerable deuda del Ayuntamiento de Madrid, que se aproxima a 7.200 millones y que ha crecido casi un 400% desde 2003, ha vuelto a disparar las alarmas sobre el endeudamiento de las Administraciones locales y autonómicas en España"

Continuaba el diario del grupo Prisa diciendo que "no es posible explicar una deuda de 7.200 millones en Madrid solamente por la distorsión de competencias... En Madrid y en todos los ayuntamientos existe una responsabilidad política en la extensión del gasto publico y no sólo por las inversiones (...)" Y remataban: "El informe que enviará el alcalde de Madrid a La Moncloa para defender la refinanciación de su deuda tendría que incluir una relación de gastos que se recortarán, de empresas municipales que se liquidarán y de sueldos que se reducirán".

Por si no quedaba claro por donde iban los tiros, El País vuelve hoy sobre el tema y hace un análisis sobre la calamitosa situación del Ayuntamiento de Madrid.

Con el título "Gallardón entra en números rojos" el periódico pone sobre la mesa algunos datos sobre la situación del consistorio madrileño -"gasta cada día 12 millones de euros pero sólo ingresa 11,3 millones" -, y alertan sobre como la falta de liquidez está provocando la asfixia a sus proveedores: "el pago a las empresas que prestan los principales servicios acumula un retraso de nueve meses de media", señalan.

Pero es que, además, también arremeten contra el alcalde por su gestión en la Comunidad de Madrid: "su trayectoria en la Comunidad, que inició con una deuda de 2.791 millones y cerró con 8.862 millones, presagiaba su futuro como alcalde de la capital."

Resumiendo los datos aportados por El País, Gallardón triplicó la deuda en la Comunidad de Madrid y ha sextuplicado la municipal. Para rematar esta gravísima situación financiera, el Gobierno central ha denegado a Madrid la refinanciación de sus créditos.

La situación del ayuntamiento, recuerda, es cada vez más insostenible y el retraso en los pagos a los proveedores provocó que el pasado 24 de septiembre las "cuatro grandes constructoras del país, que le prestan servicios de limpieza y recogida de basuras -FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr-Vallehermoso-" amenazasen "con no pagar la nómina a 12.000 trabajadores si no reciben parte de los 298 millones de euros que se les adeudan". Pocos días después, el martes 5 de octubre,"los máximos ejecutivos de tres de esas empresas (...) acuden (...) a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, para pedirle que facilite fuentes de financiación a los ayuntamientos".

De la reunión no se sacó nada, y "la negativa de Salgado irritó tanto al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que el jueves de la semana pasada cargó contra el presidente José Luis Rodríguez Zapatero al que llamó "mentiroso" y "envidioso", según informa El País.

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La nación desatornillada
El Estado que Zapatero dejará en 2012 es mucho más débil y menos cohesionado que el que encontró en 2004
IGNACIO CAMACHO ABC 17 Octubre 2010

EL zapaterismo va a acabar como empezó: dándole un par de vueltas más a lo que Felipe González llamó la centrifugación del Estado. Para alcanzar el poder se apoyó en el soberanismo catalán y para apuntalarse en él un poco más ha alquilado una prórroga al nacionalismo vasco. Comenzó desbordando el Estatuto de Sau y ahora, antes de cerrar mandato, le mete mano al de Guernica. En el inicio traicionó el espíritu integracionista que caracterizaba a los socialistas de Cataluña y al final apuñala por detrás a los constitucionalistas de Euskadi. Un círculo perfecto.

La única línea clara que atraviesa de forma constante los años de poder de Zapatero es su empeño por rebasar el modelo territorial de la Constitución, forzándolo por la puerta de atrás mediante acuerdos con nacionalistas de todo rango. Ha pactado con Esquerra, con Convergencia, con el Bloque gallego, con el PNV; lo ha intentado con Aralar y no lo ha hecho con Batasuna porque se lo impidió el salvaje cerrilismo de ETA. La llamada geometría variable le ha servido para desbordar el marco competencial en sucesivas entregas de soberanía. El Estado que dejará en 2012 es mucho más débil que el que existía en 2004: lo ha enflaquecido hasta la anorexia a base de concesiones estatutarias y pactos puntuales, en cada uno de los cuales ha cedido trozos de cohesión nacional. En dos ocasiones, para salvar su propia estabilidad ha negociado a espaldas de los dirigentes territoriales del Partido Socialista entendiéndose con sus respectivas oposiciones; engañó primero a Maragall con Artur Mas —luego engañó también a Mas, pero ésa es otra historia— y ahora se ha entendido con Urkullu a expensas de Patxi López. El presidente se arrepintió de la alianza constitucionalista vasca a los cinco minutos y ha dejado al lendakari en una situación insostenible, que lo será más cuando, tras las elecciones locales de 2011, el PNV pueda blandir su flamante pacto para mantenerse al frente de las Diputaciones forales.

Esa tendencia continua de dispersión y bilateralidad es la única que se ha mantenido en dos legislaturas llenas de enmiendas, rectificaciones y pasos atrás; obedece a un designio político que ha convertido el sentido igualitario de la socialdemocracia española en una inclinación permanente hacia el soberanismo. Rey de la contradicción, Zapatero ha sido extrañamente fiel a una política deconstructiva que ha ido desparramando las ya escasas funciones integradoras del Estado. Este coletazo final no es más que un colofón lógico, casi colateral, de ese proceso de desestructuración que comenzó con el delirio del Estatuto de Cataluña. Dentro de año y medio, cuando muy probablemente acabe su etapa, entregará una España más débil y menos cohesionada. No rota, pero sí bastante desatornillada.

Un trueque indecente
Puede decirse a favor de Iñigo Urkullu, el vendedor, que no nos engaña. Su actitud es la que anuncian sus proclamas
M. MARTÍN FERRAND ABC 17 Octubre 2010

EN claro ejercicio de prostitución de la dignidad y función del empleo presidencial, José Luis Rodríguez Zapatero le ha comprado al PNV la mayoría parlamentaria que necesita para aprobar los Presupuestos Generales de 2011 y, lo que para él parece más importante, su continuidad en La Moncloa hasta el final de la legislatura.

El precio a satisfacer por tal envilecimiento de la tarea representativa incluye, además de otros paquetes más tangibles, la vía libre para que las tres provincias vascongadas pasen a llamarse oficialmente Araba-Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. A la vista de un trueque tan singular como rastrero y lejano del interés general de todos los españoles, es difícil discernir qué es lo que resulta más chocante e indeseable. Mal está que un jefe de Gobierno anteponga su personalísimo interés al de la Nación y disponga de lo que no es suyo, ni está en su mano, para obtener un beneficio propio, el de su continuidad. Es algo que retuerce los mecanismos del sistema y los pone en cuestión. Pero es todavía más singular, sintomático de la endeble normativa a la que nos sometemos, que un partido periférico, cuya identidad es la de dejar de ser español, tenga en su mano, con solo 6 diputados y el respaldo de 300.000 votos en la últimas legislativas —el 1,19 por ciento del total de los votos emitidos en España— el futuro de una Nación que dice no ser la suya y la marcha de un Estado en el que no se siente encuadrado. Y más todavía: que pueda incurrir en semejante esperpento en función de los poderes que ostenta, derivados de la Constitución del 78 y del Estatuto en vigor.

Puede decirse a favor de Iñigo Urkullu, el vendedor, que no nos engaña. Su actitud, suicida para el País Vasco y dañina para el resto de España, es la que anuncian sus proclamas. Los seis diputados del PNV que se sientan en el Congreso juraron servir los intereses generales del Estado y han reducido su compromiso a lo que entienden como provechoso para una mínima parte de ese Estado. Supongo que, a la larga, la decadencia vascongada que genera su conducta les pasará factura. En el caso del comprador, Zapatero, el engaño es manifiesto y, aunque se añade a los muchos ya consumados en su heptagenario monclovita, adquiere la gravedad que le aportan las circunstancias. Lejos de buscar rigor a cada partida del Presupuesto que debiera sacarnos de una crisis que no supo ver llegar y no quiso abordar resueltamente, las aplica en su propio beneficio, para perpetuarse en un sillón que requiere un líder herculano. No un alfeñique político disminuido por sus propios errores tanto como por sus erráticas compañías.

Se acabó López
GERMÁN YANKE ABC 17 Octubre 2010

Ayer, los socialistas vascos, cabizbajos y apesadumbrados, repetían el tópico de que «aún queda partido». Es difícil aceptarlo pero, en todo caso, queda parte de un partido en el que el Gobierno vasco de Patxi López pierde por una abultada goleada que le están metiendo desde su propia banda. Este esperpento de que las transferencias se negocien con su oposición, de que cambian la denominación de los territorios forales sin participación del Gobierno autonómico, de que se le cuela un proyecto museístico del PNV al que se oponía, de que se acuerde seguir el proceso de transferencias al margen de las instituciones competentes, es la sorprendente crónica del final de su experimento político. Un final en el que, lejos de participar, ha sido informado por sus compañeros del Gobierno de España «casi en tiempo real».

El que algunos portavoces del socialismo vasco, e incluso el propio López, insistan ahora en que serán ellos los que gestiones las competencias y en que el PNV se apunta a la gobernabilidad de España y al cambio propiciado por el lendakari, no hace sino agrandar, vía disimulo, la vergüenza de la derrota. El realista, en este caso, es el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que dice con tono altanero que no le importa dónde queda López porque sabe muy bien dónde queda. Y si todavía hay partido, no se olvide que, antes de terminar esta legislatura, a Rodríguez Zapatero le queda otra negociación de Presupuestos, con lo que la goleada puede todavía aumentar.

Con todo, la traición a López no es lo peor. El modo en que el presidente del Gobierno quiere ganar unos meses en el poder supone una espectacular quiebra institucional y, en el fondo, la imposibilidad de llevar a cabo políticas generales. Dicen los socialistas que el PP tiene un programa reducido, sólo quitar a Zapatero. Bueno, al fin y al cabo el único programa de Gobierno es mantenerle en el cargo, incluso a costa de un Estado razonable y del propio López.

Lenguas
No pocos escritores vascos han resistido al ensimismamiento y a la estupidez en una época de intolerancia
JON JUARISTI ABC 17 Octubre 2010

EL novelista vasco Anjel Lertxundi ha ganado el Premio Nacional de Ensayo. Es un reconocimiento que me alegra. No he tratado mucho a Lertxundi, pero siempre lo he tenido por un escritor estimable, en el fondo y en la forma. La nómina de los premios nacionales de Literatura en las décadas de la democracia contiene un buen número de autores vascos, tanto en eusquera como en castellano (sólo en los de Ensayo recuerdo a cinco, y es posible que me deje alguno).

Esto quiere decir que, a pesar de la intolerancia y el fanatismo, el País Vasco ha conseguido mantener una creatividad bastante digna y que no pocos de sus artistas y escritores han evitado la tentación del ensimismamiento estéril. Lertxundi es uno de ellos. Entre los narradores vascos actuales confieso mi preferencia por un puñado de autores, además del mencionado, que han escrito desde posiciones independientes, críticas y razonables. Pertenecen a generaciones diversas, pero son imprescindibles para entender la historia reciente del país. Me refiero a escritores como Ramiro Pinilla, Ramón Saizarbitoria, Mariasun Landa, Kirmen Uribe, Fernando Aramburu, Eduardo Gil Bera, Iban Zaldúa, Willy Uribe, Francisco Javier Irazoki, Mikel Azurmendi o Maite Pagazaurtundua. Aunque hay entre ellos varios premios nacionales de narrativa, la breve lista que propongo no pretende establecer un canon, sino identificar una literatura que, al margen de su valor estético, posee una indudable grandeza moral, porque ha sido escrita con voluntad de testimonio en un tiempo de embustes y silencios cómplices. A mi juicio, estos narradores, y poetas como Xabier Lete, Karmelo Iribarren, José Fernández de la Sota o Luigi Anselmi han conseguido preservar las necesarias y sencillas verdades cotidianas frente a un lenguaje dominante enfático y absurdo, cuando no criminal a secas.

Me alegra, por tanto, el premio concedido a Anjel Lertxundi. Sin embargo, estoy algo decepcionado por sus declaraciones acerca de su compromiso con la lengua vasca, que le habría llevado a optar por ella y no por el castellano, desde sus comienzos mismos, bajo la influencia de Gabriel Aresti y de Jorge Oteiza. Pero el primero de estos fue un escritor en gran medida bilingüe. El libro con que ganó el Premio Nacional de Literatura en 1964 estaba escrito en vasco y en castellano. De hecho, Aresti escribió buena parte de sus poemas en castellano antes de pasarlos al vasco, y las versiones eusquéricas de muchos de ellos son traslaciones poco logradas de los originales (así sucede, por ejemplo, con la práctica totalidad de sus sonetos). En cuanto a la obra literaria del escultor Oteiza, está escrita íntegramente en castellano. De los autores que he mencionado antes, varios son vascohablantes de cuna que escriben habitual u ocasionalmente en castellano; otros, castellanohablantes que han aprendido eusquera y escriben en ésta o en ambas lenguas, y otros, en fin, han escrito siempre en la suya materna, como Lertxundi o Pinilla. Entre escritores que han demostrado sobradamente un limpio espíritu de libertad frente al gregarismo identitario, la elección de lengua no debería requerir explicaciones en clave de compromiso, que resultan ampulosas y, lo que es peor, trasnochadas.

Impulso Ciudadano celebra su primer aniversario en un acto público y presenta el documento
POR UNA CATALUÑA PLURAL Y DE CIUDADANOS LIBRES AL AMPARO DE LA CONSTITUCIÓN”.
www.impulsociudadano.es/ 17 Octubre 2010

 Impulso Ciudadano ha anunciado que presentará a la Defensora del Pueblo y Grupos Parlamentarios durante la próxima semana una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del aranés por considerar inconstitucional que se reconozca la preferencia del aranés sobre el castellano y el catalán en el Valle de Arán.

La asociación Impulso Ciudadano ha celebrado esta tarde su segunda asamblea general en la que ha aprobado el documento de posicionamiento sobre las elecciones autonómicas con el título “POR UNA CATALUÑA PLURAL Y DE CIUDADANOS LIBRES AL AMPARO DE LA CONSTITUCIÓN”. El citado documento establece las líneas maestras que, de acuerdo con la asociación no nacionalista, deben regir la acción política de aquellas fuerzas que se comprometan con la defensa de la libertad individual, la pluralidad y la legalidad constitucional en Cataluña. Para Impulso estás líneas serían el restablecimiento de la preeminencia de la Constitución en Cataluña, el desmantelamiento de la costosa e improductiva estructura pseudoestatal de la Generalitat y la reivindicación de un proyecto nacional común con los ciudadanos de todas las partes de España y en pie de igualdad con los demás españoles, a través de unas instituciones autonómicas que no sirvan de dique sino de cauce.

Durante el acto, que ha contado con la asistencia de Jordi Cornet y Mª de los Llanos de Luna en representación del Partido Popular de Cataluña, Julio Villacorta y Pilar Barriendos de UPyD Cataluña y Sandalio del Río en mombre de CDS Cataluña, José Domingo, Presidente de la asociación, ha anunciado la presentación a la Defensora del Pueblo y Grupos Parlamentarios durante la próxima semana de una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del aranés por considerar inconstitucional que se reconozca la preferencia del aranés sobre el castellano y el catalán en el Valle de Arán. Asimismo, Domingo ha defendido la necesidad de potenciar el respeto a la Constitución entre los ciudadanos y con tal motivo ha anunciado la celebración de un acto unitario el día 6 de diciembre.

En el curso del acto público “Un año de Impulso” el vicepresidente de la asociación, Carlos Silva, ha detallado todas las actividades llevadas a cabo por la asociación durante su año de vida, destacando el hecho de que gracias a la iniciativa de Impulso Ciudadano la Defensora del Pueblo ha presentado sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de acogida de Inmigrantes y el Código de Consumo de Cataluña. Asimismo, se ha reprochado a los socialistas su cinismo al pretender atenuar el régimen de las sanciones lingüísticas cuando ellos han sido los promotores de su endurecimiento.

* Se acompañan adjuntos copias de los discursos del vicepresidente Carlos Silva y del Presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, que incluye el documento aprobado en la asamblea ordinaria.

1. Intro. acto: saludo/presentación/ agradecimiento asistentes: Buenas tardes a todos. Soy Carlos Silva, Vicepresidente de Impulso Ciudadano. Permitidme, en primer lugar, que os agradezca vuestra presencia y os dé la bienvenida a este acto de celebración del primer aniversario de Impulso Ciudadano como asociación por la defensa del pluralismo político, ideológico y lingüístico en España, la defensa de los valores constitucionales y el fomento de la cohesión y la convivencia entre todos los ciudadanos y comunidades españolas.

En este apartado de bienvenida, queremos agradecer especialmente que hayan querido acompañarnos hoy en este momento feliz y especial para todos los que nos hemos involucrado en este proyecto, la presencia de numerosas asociaciones y fuerzas políticas, dándonos muestra así tanto de su amistad, como de su compromiso con los valores y principios que defendemos desde Impulso.

Agradecemos, pues, la presencia del mundo asociativo representado por: • Eduardo López Dóriga, Presidente de la Asociación por la Tolerancia.
• Olegario en representación de Ágora socialista.
• Jorge Llopis, como encargado de relaciones institucionales de la Fundación Círculo Balear.

Y también damos gracias por su asistencia a los representantes de las tres fuerzas políticas que en estos momentos representan la resistencia al discurso único en la política catalana:
• Jordi Cornet, Secretario General del Partido Popular de Cataluña y María de los Llanos de Luna, Vicesecretaria del PP de Barcelona.
• Julio Villacorta, miembro de la Coordinadora de Unión Progreso y Democracia Cataluña.
• ___________________, _________________ de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.
• Sandalio del Río, Presidente de la Federación de Cataluña del Centro Democrático y Social.

Queremos finalmente agradecer los mensajes de felicitación y de ánimo recibidos desde fuera de Cataluña de Galicia Bilingüe, de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística y de la Fundación DENAES.

2. Discurso: Intro.
Hay una frase que dice “el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo”. A la vista de lo rápido que ha transcurrido el tiempo desde que estaba en este mismo escenario ayudando a Impulso Ciudadano a dar sus primeros pasos en público, no me cabe la menor duda de que durante este último año me lo he debido de pasar bomba. De todos es sabido que no hay peor enemigo de la diversión que el aburrimiento, ni nada más aburrido o que haga el tiempo más interminable que el no hacer nada.
Y creo que esa es la clave de este misterio espacio-temporal.

Hace un año, en mis palabras de presentación en sociedad de Impulso Ciudadano, expuse las razones que nos habían llevado a crear la asociación:
• reforzar y reactivar el movimiento asociativo de denuncia del nacionalismo,
• influir en el debate público,
• crear una fábrica de ideas que lanzase mensajes y propuestas a la sociedad,
• hacer posible un espacio de encuentro que superase las ideologías para luchar por el objetivo común de la defensa de la superioridad de los derechos individuales frente a los supuestos derechos colectivos.

Finalicé mi intervención, afirmando y subrayando que el “hecho diferencial” de esta asociación, nuestra herramienta habitual, sería la acción permanente en cualquier ámbito: la realización de estudios, el impulso de campañas, la promoción del debate, la denuncia pública, la asistencia jurídica a los afectados. Y concluía mi exposición, de manera algo solemne, diciendo: “Ese será nuestro sello. Ese será nuestro camino.”

Transcurrido un año, puedo decir tranquilamente, con satisfacción que, hemos cumplido ampliamente ese objetivo. No hemos tenido un minuto de aburrimiento. Hemos actuado en todos y cada uno de los ámbitos propuestos, y puedo decir orgulloso que, en cada uno de ellos, y dentro de nuestros modestos medios y posibilidades, hemos alcanzado logros que yo, en un ataque de inmodestia y dejándome llevar por este ambiente generalizado de celebración y amistad, calificaría de memorables.

3. Discurso: núcleo
Digno de ser recordado es, en mi opinión, el haber logrado unir a las asociaciones más representativas y lo que es, sin duda, más difícil, a todos los partidos catalanes que se enfrentan a la imposición nacionalista en un acto unitario sin precedentes contra las multas lingüísticas en Arenys de Mar bajo el lema “Per una
Catalunya en llibertat. No a las multas lingüísticas”. Lo hicimos para denunciar una realidad vergonzante, de la que ahora el PSC, impulsor y cómplice necesario de este atropello, pretende desentenderse y mirar hacia otro lado. Lo hicimos para mostrar nuestro apoyo a nuestros amigos y socios de Impulso Ciudadano que hoy nos acompañan:

• Xurde Rocamundi, probablemente el ciudadano no político profesional más conocido de Cataluña por su resistencia y su voluntad de no callar ante la injusticia, si es acompañado por sus amigos, mejor, pero Xurde no es de los que se arruga si tiene que enfrentarse a quien sea él sólo.

• Feliciana Piris, nuestra amiga Feli, una peligrosa activista antisistema que un día decidió poner en peligro y sacudir los cimientos las sólidas instituciones catalanas poniendo en el escaparate de su modesta mercería de barrio de toda la vida el cartel subversivo “Se cambian hilos” en lugar del preceptivo “Es bescanvien betes”, hecho por el que fue consecuentemente advertida y convenientemente sancionada.

• Y Ángel Centeno, quien, después de 30 años de negocio inmobiliario empezó una buena mañana a tener la sensación de que le observaban y le parecía ver a jóvenes que se paseaban, aparentemente ociosos por delante de su agencia, pero que parecían tomar notas y, por primera vez en tres décadas, encontraban su establecimiento suficientemente interesante como para hacerle unas fotos. Durante un tiempo, Ángel intentó olvidar esa repentina manía persecutoria que le había invadido, hasta que un día, aliviado, comprobó gracias a la visita de una inspectora de la Agencia Catalana de Consumo, que todo aquello no había sido producto de su imaginación, y, casi agradecido, recibió la constatación documental de que se le había estado vigilando y se había detectado que, semioculto entre todos sus rótulos y carteles en catalán, se encontraba la flagrante evidencia del delito, un cartel que decía “Se alquilan pisos” en vez de “Es lloguen pisos”. Ángel pasó inmediatamente a engrosar la lista de los antisistema, y por eso, entre otras cosas, también le queremos.

Desde Impulso Ciudadano hemos logrado el respaldo unitario de asociaciones y partidos en la concentración organizada por Impulso ante la Secretaría de Política Lingüística bajo el lema “La sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse” para exigir al Presidente de la Generalitat el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional y la modificación de la política y legislación lingüística, para adecuarla al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Todavía esperamos respuesta a la carta que enviamos a Montilla, pero dada la velocidad a la que, en los últimos días, el PSC se esta desdiciendo de todo lo que ha hecho en los últimos siete años, no nos extrañaría que durante las próximas semanas nos respondiera renegando de toda su obra y lanzando vivas y olés al Tribunal
Constitucional y a la Defensora del Pueblo. Si esto ocurriese, no dudéis en que os lo comunicaríamos y nos lo anotaríamos como otro tanto de Impulso Ciudadano.

A propósito del Defensor del Pueblo, quiero subrayar la inyección de ánimo que ha sido para nosotros el interés y afecto mostrado hacia nuestros planteamientos en sendas entrevistas tanto por el anterior como por la actual Defensora del Pueblo. Para Impulso Ciudadano ha sido, sin duda, un logro memorable, la interposición
por parte de ésta última de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de acogida de inmigrantes de Cataluña a instancias de nuestra asociación.

Impulso ha contribuido, también, a la presentación de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Código de Consumo de Cataluña por parte de la Defensora del Pueblo, tanto de manera directa, mediante la entrega de un informe jurídico instándole a presentar dicho recurso y la subsiguiente campaña de envío de
solicitudes, como de manera indirecta, al avivar el celo de distintos partidos políticos en esta materia.

En definitiva, la actividad de Impulso Ciudadano ha sido incesante y, desde un punto de vista personal, extenuante:

• Hemos denunciado a los organizadores de las consultas independentistas en Cataluña ante la Agencia Española de Protección de Datos por presunta vulneración de la Ley de Protección de Datos;

• Hemos asesorado jurídicamente y dado apoyo mediático a los comerciantes multados por no aceptar las obligaciones lingüísticas en relación a la rotulación de sus empresas;

• Hemos recurrido el Reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona;

• Hemos presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar por no exhibir la bandera de España en su fachada a instancia de nuestro amigo y socio Enrique Abad, concejal en dicha población que también podría contarnos muchas cosas sobre lo que es experimentar en la
propia piel la intolerancia y la violencia de los que se dicen representantes de la nación catalana. Por su denuncia en solitario de los incumplimientos en materia lingüística y de símbolos, Enrique ha sido objeto de pintadas y carteles infamantes en dicho municipio, llegando su piso a ser asediado y atacado mediante lanzamiento de objetos en una noche de juerga y violencia de los acólitos nacionalistas de Sant Pol;

• Hemos denunciado ante el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) el tratamiento informativo dado a las consultas soberanistas por parte de los medios de la Corporación Catalana y la emisión del programa pro-independentista Adeu, Espanya? en TV3;

• Con la ayuda del amigo de Impulso Ciudadano, Carlos Córcoles, hemos elaborado y hecho público el informe “Las lenguas oficiales en las webs de las administraciones catalanas” y dado traslado de éste al Síndic de Greuges, la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis. El caso del
Síndic de Greuges es interesante y nos lleva a las pequeñas, aunque predecibles, decepciones, y al mucho y largo camino que todavía queda por recorrer.

Como decía, escribimos y dimos traslado del informe al Síndic y a las dos asociaciones municipales más representativas de Cataluña. ¿Sabíais que la información ofrecida en la lengua que no es el catalán nunca es la misma al 100% en ninguna de las páginas de las Administraciones catalanas? ¿Sabéis que la totalidad de webs de los distintos Departamentos presentan deficiencias y contenidos limitados en sus versiones en castellano, no disponiendo ni tan siquiera, muchos de ellos, de
esa opción? ¿Sabéis que de las sesenta páginas web municipales consultadas sólo 4 cumplen con unos parámetros bilingües aceptables, el 30% tiene sus contenidos
mayoritariamente en catalán y el 45%, los tiene exclusivamente en esta lengua? Pues bien, a las dos asociaciones municipalistas de Cataluña no les pareció que mereciéramos ni una contestación.

El Síndic de Greuges al menos si contesto, pero la respuesta fue también sorprendente: en lugar de preocuparse por el hecho denunciado, el Síndic se erigía en defensor de las Administraciones públicas y presuponía la buena voluntad de éstas, dando por hecho que si la cosa no estaba mejor para los castellanoparlantes era porque no había tiempo, ni personas suficientes para hacer las mejoras necesarias, ni, lo que es más sorprendente, dinero, ese mismo dinero que es derrochado a
raudales, como ha descubierto y denunciado Impulso Ciudadano, en pins de oro y plata promocionales de la Plataforma pro Seleccions Esportives o en pagar el billete y estancia a la selección de hockey de Uruguay para ir al mundial de Sudáfrica en el 2008 y los viajes y estancias en hoteles de lujo de decenas de enviados de todas las nacionalidades para comprar el voto de las Federaciones deportivas internacionales, ese dinero no está disponible para cumplir el deber constitucional
de atención a los ciudadanos en la lengua oficial y común de todo el Estado. Como somos tercos, pedimos una entrevista al Síndic y este se reafirmó en su análisis marciano y nos confirmó que si no había denuncias individuales, no se daría por enterado.

Ahí tenemos, pues otro campo de batalla. Las instituciones estatales y autonómicas padecen una sordera que dura ya demasiado y que se ha agravado en los últimos años. Hay que hacer que nos oigan. El Ministro de Educación se hacía en una entrevista el año pasado el despistado y afirmaba, como si con él no fuera la cosa, su esperanza de “que en España no se le persiga a nadie por rotular de una u otra manera”. Por su puesto, le escribimos y su respuesta merece ser recordada hoy aquí.

En un tono general de hipocresía jesuítica, el Ministro lanzaba una loa a la “riqueza de incalculable valor que representaban las lenguas cooficiales de nuestro país” y valoraba que, y cito textualmente, “los asuntos en relación a las lenguas se han vivido en España con bastante normalidad. Eso no quiere decir que no hayan acontecido episodios concretos donde algunas personas se hayan sentido discriminadas en algún sentido en relación a este asunto.” Ya sabéis Xurde, Feli, Ángel, lo que sois para el Gobierno de España, “episodios concretos”, por supuesto, no significativos y que no alteran la norma, que es la convivencia armoniosa. Por cierto, sus consideraciones terminaban sentenciando que “no se defiende una lengua atacando a otras.” Aquí confieso que me perdí, y no llegué a entender bien si era una advertencia abierta al Gobierno de la Generalitat y su política de discriminación del castellano, o una advertencia velada a nosotros y nuestro empecinamiento en
defender los derechos individuales de uso del castellano.

• Conclusión.
Hemos de seguir luchando, movilizando a la sociedad para hacer oír nuestra voz, insistir, ser pesados, exhortar a los ciudadanos a que exijan el cumplimiento de sus
derechos. Desde Impulso Ciudadano lo hemos hecho. Nos hemos posicionado públicamente sobre todos y cada uno de los temas de actualidad relacionados con el ámbito de actuación de nuestra asociación:

a. hemos denunciado la discriminación a los autores en lengua castellana y aranesa en los premios “crims de tinta” del departamento de interior

b. solicitado la retirada de las cuotas lingüísticas en el cine y nos hemos solidarizado con los exhibidores catalanes

c. pedido la inclusión de preguntas específicas en el censo de poblacion sobre las lenguas de los catalanes.

Un sin fin de notas con el que no voy a aburriros más.

En definitiva, no ha habido ni un solo segundo para el aburrimiento.

Y esto ha sido solamente el primer año.

4. Discurso: Final
Porque, aunque estamos muy satisfechos por el trabajo realizado, todas las acciones mencionadas son sólo un punto y seguido. Son acciones que no habrían sido posibles sin el apoyo y ayuda de todos nuestros socios, del cariño y ánimo de Mª José, el trabajo incansable de Judit, la logística de Mº Isabel y Enrique, la energía
de Celia, y la energía y empuje de todos y cada uno sin excepción. Impulso Ciudadano va a seguir trabajando con el mismo entusiasmo porque tiene voluntad de permanecer y de ser, como anunciábamos hace un año, un punto de referencia central de la sociedad civil no nacionalista. Hay iniciativas de las planteadas todavía por resolver y nuevas en marcha, como un Recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria del Departamento de Justicia para la concesión de becas para la investigación, o nuevas acciones, sobre las que informaremos en un futuro próximo, en otro de nuestros frentes principales: la lucha por recuperar la calle como espacio de expresión libre del no-nacionalismo.

Un futuro próximo apasionante, con elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, en el que se presienten nuevos escenarios, en un contexto de crisis no solamente económica, sino institucional, de modelo social, que abre nuevas posibilidades para la acción y que ofrece la fascinante sensación de que es posible cambiar las cosas y de que hay, al fin, una oportunidad para hacerlo, esta vez, mejor. Muchas gracias. Doy la palabra a José Domingo, Presidente de Impulso Ciudadano…

DISCURSO DE UN AÑO DE IMPULSO
Carlos, nuestro eficaz vicepresidente, hablaba hace unos momentos de lo rápido que pasa el tiempo, “tempus fugit” y de que no hemos tenido tiempo de aburrirnos. La verdad es que no, la obra que tenemos por delante ciclópea, desmantelar todo el entramado nacionalista que desde hace más de treinta años viene construyéndose en Cataluña y que, con la fuerza del hormigón armado abraza a la sociedad, la comprime y la hace menos libre.

No es fácil erosionar una obra tan poderosa con casi solo un cincel, por eso los golpes que damos tenemos que intentar que retumben con fuerza y cual eco sirvan para propagar nuestras ideas.

Son tiempos difíciles y confusos en los que tratan de velar por los derechos de todos los ciudadanos son calificados de fascistas e intolerantes y, como no de anticatalanes. Sean mis primeras cartas de reconocimiento a la Defensora del Pueblo, Dª María Luísa Cava de Llano, y al Defensor del Pueblo, Don Enrique Múgica Herzog, que, con una firmeza atípica han sabido anteponer el derecho y la Constitución a las enormes presiones que han sufrido para que hicieran dejadez de sus obligaciones y no presentaran recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y contra la Ley de acogida de inmigrantes y del Código de Consumo de Cataluña. También quiero reconocer la entereza de algunas formaciones parlamentarias que han sabido capear el temporal y han promovido y mantenido también recursos de inconstitucionalidad contra esas normas y otras como el de la Ley del cine de Cataluña. Desde Impulso Ciudadano les pedimos a todas las instituciones que no les tiemble la mano a la hora de hacer valer los derechos de todos los ciudadanos. Queremos creer que en la decisión final ha influido la existencia de un grupo como Impulso Ciudadano que ha ejercitado su derecho de petición y que ha fiscalizado la tarea de las autoridades y de sus representantes. Cuando nos presentamos en sociedad nos comprometimos a actuar e incidir y, a la vista del resultado, podemos sentirnos ligeramente satisfechos de ello.

Continuamos en esta línea, anunció que la semana que viene presentaremos al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios una petición de que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aranés del Parlamento de Cataluña, porque somos partidarios de la igualdad de derechos en la actuación de la Administración con respecto a los ciudadanos y, como ha dicho el Tribunal Constitucional, no cabe preferencias en esta materia. Queremos los mismos derechos en el Valle de Arán para los españoles que hablan aranés, o para los que hablan castellano o para los que hablan catalán, puesto que las tres son lenguas oficiales en aquel territorio.

El año de Impulso ha venido marcado fundamentalmente por el empuje de una crisis económica terrible que está llevando a las puertas de la pobreza a miles de personas y quiero que quede plasmado en este acto que la primera prioridad de las instituciones y de los responsables políticos y sociales debe ser tratar de paliar ese estado de necesidad que ha llevado a algún compañero a decirme hoy que no podía acompañarnos porque no tenía dinero para desplazarse a Barcelona. Por eso, es todavía más indignante que nuestras autoridades destinen millones de euros a actividades destinadas a proyectos absolutamente sectarios y secundarios en vez de tratar de evitar que los comedores sociales se inunden de personas o que miles de españoles corran riesgo de perder su vivienda porque no tienen ingresos suficientes para pagar la hipoteca.

El año de Impulso también ha hecho caer algunos tópicos. La Cataluña uniforme que camina irremediablemente hacía la independencia, según continuamente nos adoctrinan desde determinados medios de comunicación, se expresó espontáneamente de la misma manera que el resto de España con motivo del triunfo de la selección nacional de fútbol dejando claro que el júbilo alcanza a todo el territorio y que a la hora de expresar la alegría común los distintos acentos de España se confundieron en un único vito.

El año pasado, en la presentación de Impulso Ciudadano, en esta misma sala algunos se removieron en sus asientos cuando advertí que, según el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, algunos podríamos comenzar a flaquear en la defensa de la Constitución de 1978. El 28 de junio de 2010 el Tribunal Constitucional hizo un buen servicio a la democracia española consolidando una importante doctrina en lo que respecta a la cooficialidad lingüística, al concepto de Nación y a la estructura territorial y judicial de España. Lo he dicho en otras ocasiones y hoy lo repito, la sentencia me parece excesivamente prudente y considero que otros preceptos hubieran merecido también tachas de inconstitucionalidad pero la acata y la respeto y si alguien quiere entrar a abordar su reforma, nosotros también jugaremos puesto que también tenemos propuestas. De todas maneras, en un momento en que el nacionalismo ha puesto en su punto de mira el pacto constitucional, nosotros queremos reforzar el edificio constitucional y dignificarlo. Por dignidad, os convocamos a celebrar de una manera unitaria, cívica y potente el próximo 6 de diciembre el Día de la Constitución.

Hoy, la asamblea de Impulso Ciudadano ha aprobado un documento trascendente, que nos recuerda que debemos remar, lo hagamos en uno o varios barcos, en la misma dirección. Impulso Ciudadano os invita a formar una escuadra democrática potente que sirva para franquear el paso a la España moderna e interrumpir la travesía a la flota secesionista. De eso queremos hablaros hoy aquí, del libro de navegación que proponemos para la nueva legislatura a las formaciones no nacionalistas. Paso a dar lectura de un documento, denso, con gran carga ideológica, que se asienta en la defensa de la Constitución, en el fortalecimiento de la cohesión social de los españoles, de todos los españoles, basada, precisamente, en el respeto a su pluralidad y en la defensa de sus libertades.

POR UNA CATALUÑA PLURAL Y DE CIUDADANOS LIBRES AL AMPARO DE LA CONSTITUCIÓN El próximo 28 de noviembre, los catalanes están llamados a las urnas para elegir al octavo Parlamento autonómico desde el restablecimiento de la democracia en España. Estas elecciones se producen en un momento especialmente delicado: España atraviesa una crisis social, económica e institucional sin apenas precedentes, en la que los discursos populistas de todo tipo encuentran el terreno abonado. En Cataluña esta crisis se manifiesta especialmente en una escalada nacionalista que se entremezcla y se confunde con las últimas réplicas del proceso de reforma estatutaria. Un proceso que, de la mano de la sentencia del Tribunal Constitucional, ha dejado al descubierto la fragilidad del subsistema político catalán, la frivolidad de sus principales dirigentes y la magnitud de la brecha abierta entre estos y la ciudadanía catalana.

En este contexto, algunos sectores ven las próximas elecciones al Parlamento catalán como la primera ocasión para pasar la factura electoral por la crisis a los socialistas en el poder, al frente de la Generalitat y del Gobierno de la nación. Para otros, las elecciones tienen una dimensión estrictamente catalana, que puede reducirse a la confrontación entre dos modelos de gobierno para Cataluña: el nacionalismo socialista de las dos últimas legislaturas y el nacionalismo conservador que gobernó Cataluña durante las cinco anteriores. Nacionalismo o nacionalismo. Los grupos y grupúsculos independentistas más radicales, por su parte, intentan convertir las elecciones en un plebiscito sobre la secesión que confirme la mítica marea de sentimiento independentista que los medios de comunicación al servicio del nacionalismo oficial han alimentado durante los últimos años.

El enfoque de los socialistas resulta particularmente llamativo. Tras hacer del conflicto identitario la principal seña de identidad de sus dos legislaturas al frente del gobierno autonómico, el PSC apuesta ahora por presentarse como garante de la convivencia con el resto de los españoles frente a una pulsión separatista con la que no sólo ha gobernado hasta la fecha, sino que ha conocido su máximo esplendor bajo su mandato; como el representante de la moderación, después de haber azuzado la radicalidad, y como el paradigma de la tolerancia, tras haber perseguido la pluralidad.

La apuesta socialista por situarse en el lugar contrario al que ha decidido ocupar en estos años es cínica y reveladora del doble juego en la oferta electoral del PSC. Los cuadros dirigentes de este partido vienen traicionando sistemáticamente desde hace décadas a una buena parte de sus votantes y a algunos sectores de su militancia, que aspiran a una Cataluña plural y en libertad, leal a la Constitución y solidaria con el resto de España. La reacción de estos socialistas de base que no se identifican con el nacionalismo oficial del aparato del partido es imprescindible para la regeneración política y social de Cataluña.

Integrismo identitario en el bloque orgánico del catalanismo Para Impulso Ciudadano, lo que marca el contexto político en el que se van a desarrollar las elecciones del 28 de noviembre es la expansión de un integrismo identitario cada vez más uniforme entre los dirigentes del catalanismo. La última legislatura ha hecho más visible que nunca la unidad esencial del bloque orgánico catalanista, tras la desautorización a que lo ha sometido el Tribunal Constitucional con motivo de la reforma estatutaria. La rígida disciplina de los partidos que integran este bloque (socialistas, convergentes, ex comunistas e independentistas) descansa sobre tres ejes:

• El control oligárquico, a través de sus medios políticos, económicos, culturales e institucionales, sobre la mayoría de la sociedad catalana, por un lado, y por otro, la apropiación por parte de esta oligarquía de la representación del conjunto de los catalanes ante los núcleos de decisión y las instituciones democráticas nacionales. Las redes de corrupción generalizada, tráfico de influencias y dinámicas mafiosas que apenas han asomado a la superficie revelan, aunque probablemente en una mínima parte, el entramado de intereses inconfesables que se esconde tras el catalanismo. No menos sintomática es la aversión de la clase dirigente catalanista a cualquier tipo de contrapoder que pueda poner en cuestión su control social, político y económico, ya sea el Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia, el Defensor del Pueblo, los medios de comunicación independientes o cualquier institución que caiga fuera de su esfera de influencia.

• La radical indiferencia e insolidaridad frente al proyecto común de España, que no es nueva, pero que resulta más grave y más mezquina, si cabe, en un momento como el actual de crisis multidimensional en nuestro país. La falsedad del mito de la colaboración desinteresada y la contribución a la gobernabilidad de España por parte del nacionalismo catalán ha quedado al descubierto:  el catalanismo está aprovechando el momento de debilidad institucional y de dificultades en el ámbito social y económico que atraviesa España para hacer avanzar sus programas de máximos, desafiar al Estado democrático y a sus instituciones, azuzar la tensión identitaria entre catalanes y el resto de españoles y apuntalar las bases de un poder político, económico y mediático amenazado por el creciente distanciamiento de la sociedad catalana respecto a sus dirigentes.

• La apuesta por un modelo de sociedad cerrada y excluyente que se construye al margen y en contra de la mayoría de los catalanes. Las políticas puestas en marcha en esta legislatura, algunas de ellas invalidadas por el Tribunal Constitucional, se han dirigido única y exclusivamente a imponer una visión integrista de la sociedad catalana. Los sectores que no la comparten son hostigados por un poder que desconfía de la pluralidad porque ve en ella la semilla de la disidencia. La radicalización de la imposición del catalán como única lengua oficial de hecho y la expulsión del castellano en la enseñanza y en la vida pública; las periódicas campañas contra enemigos externos o internos; la política de persecución y sanciones a los empresarios que no se plieguen a las arbitrarias normativas lingüísticas; la patológica aversión a toda simbología considerada “españolizante”, y la construcción y la defensa de una Cataluña mítica se hacen a expensas de los catalanes que integran la Cataluña real, a la que consideran impura y peligrosa porque es diversa y no se somete a la rigidez integrista. La verdadera disyuntiva en estas elecciones no es, por tanto, entre independentistas y no independentistas, entre socialistas y convergentes, sino entre el bloque orgánico del catalanismo, cada vez más escorado en su conjunto hacia un integrismo de la identidad nacional, y las alternativas democráticas de izquierda, centro y derecha que exijan que la Cataluña oficial sincronice su reloj con la Cataluña real y se ponga a su servicio.

Impulso Ciudadano ante las elecciones Impulso Ciudadano no pide el voto para ninguna opción política, pero aspira a que las fuerzas políticas que se comprometan con la defensa de la libertad individual, la pluralidad y la legalidad constitucional ensanchen su representación en Cataluña, que su voz pueda oírse con más fuerza ante la apisonadora del nacionalismo hegemónico y que su proyecto político pueda abrirse paso en la sociedad catalana.

El catalanismo orgánico que combate Impulso Ciudadano no se reduce al independentismo, ni mucho menos a la esperpéntica ultraderecha separatista que ha surgido al calor de las dos legislaturas tripartitas. El proyecto no nacionalista que Impulso defiende, y cuya expresión política respalda, se concreta en hechos como los siguientes:

• El restablecimiento de la preeminencia de la Constitución en Cataluña y de la autoridad de las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento. La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía ha ratificado lo que era un secreto a voces: elementos nucleares de la política lingüística llevada a cabo en Cataluña, y especialmente aspectos como la inmersión lingüística obligatoria, la exclusión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, su expulsión de los medios públicos de comunicación, las multas a los comerciantes por incumplimiento de los deberes lingüísticos y, en general, cualquier medida dirigida a imponer el uso “preferente” de una lengua sobre otra es inconstitucional. Reclamamos que los partidos se comprometan a respetar el marco jurídico e institucional vigente, que deroguen o modifiquen convenientemente la legislación que el Tribunal Constitucional ha declarado contraria a la Constitución y lesiva para los derechos de los ciudadanos catalanes. Exigimos que la inmersión lingüística obligatoria sea sustituida por un nuevo régimen lingüístico que lleve a la escuela lo que es normal en la calle, que garantice la presencia normal y vehicular de las dos lenguas oficiales y propias de los ciudadanos de Cataluña, el castellano y el catalán, y que esta dinámica de igualdad lingüística se implante también en todos los ámbitos de la vida pública en que esté ausente, de forma que la Administración sea tan bilingüe como los ciudadanos que la sufragan.

• El desmantelamiento de la costosa e improductiva estructura seudoestatal de la Generalitat (miniembajadas incluidas), que tan sólo sirve para consumir recursos públicos y defender los intereses del independentismo, no los de Cataluña ni de los catalanes. El despilfarro de recursos públicos, en forma de subvenciones a medios de comunicación afines, mantenimiento de redes clientelares y financiación de proyectos de “construcción nacional” resulta siempre inaceptable, pero su obscenidad es aún más manifiesta cuando se da en el actual contexto de grave crisis económica y cuando está llevando al límite la capacidad de la Generalitat para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos que tiene encomendados. Los catalanes ya tenemos un Estado y exijimos que este funcione con la máxima coordinación y eficacia. No necesitamos que detraiga parte de sus energías en la grotesca emulación de seudoestados inoperantes y carentes de cualquier justificación, más allá de la simple ensoñación identitaria.

• La reivindicación de un proyecto nacional común con los ciudadanos de todas las partes de España en el que los catalanes queremos participar solidariamente y en pie de igualdad con los demás españoles, a través de unas instituciones autonómicas que no sirvan de dique sino de cauce.

La hegemonía histórica del bloque orgánico del catalanismo en los últimos 30 años se ha basado, primero, en la marginación política y mediática de las posiciones contrarias al discurso nacionalista y, segundo, en la apropiación de la voz de los catalanes ante los interlocutores políticos, sociales y cívicos del resto de España. Las formaciones no nacionalistas que concurren a las elecciones autonómicas del 28 de noviembre tienen la responsabilidad, y también la obligación, de actuar contra ambas dinámicas y renunciar a alimentarlas desde sus espacios de representación y acción política. Sólo privando al catalanismo orgánico del juego de espejos en que sostiene su doble hegemonía (dentro y fuera de Cataluña) podrá aspirarse a normalizar la Cataluña plural —irreconocible en la caricatura identitaria que el nacionalismo intenta imponer a los catalanes y presentar a los demás españoles— en el seno de una España igualmente diversa, también alejada del tópico de intolerancia, centralismo y anticatalanismo con el que los ideólogos nacionalistas la han dibujado durante décadas.
Barcelona, 16 de octubre de 2010


¿Es constitucional el Estatuto de Cataluña?
El Estado de las autonomías tras la sentencia del TC
FRANCESC DE CARRERAS.CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA nº 206 –  17 Octubre 2010

En el momento de escribir este artículo han transcurrido ya dos meses desde que se hizo pública la esperada sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña (1). Quiénes no la han leído, ni quizás lo harán por no ser expertos en la materia, se plantean una pregunta que no les queda todavía clara: la sentencia ¿es favorable o desfavorable a la constitucionalidad del Estatuto?

Se trata de una duda normal por la forma en que ha sido acogida la sentencia, tanto por parte de los juristas especialistas en el tema como por parte de los políticos y de los articulistas. Grosso modo, en ambos grupos se da la misma división de opiniones: unos consideran que el Estatuto en el fondo ha sido desvirtuado, otros que ha salido prácticamente indemne. A esta confusión contribuye también, involuntariamente por supuesto, la lectura de los votos particulares, en buena parte razonablemente fundados que, según como sean interpretados, parecen expresar opiniones muy dispares dentro del Tribunal cuando en realidad, como veremos, hay una coincidencia básica de fondo.

Todo ello es un reflejo de que, a pesar de la sencillez narrativa con la que está redactada la sentencia, ahí se abordan problemas muy complejos para quien no esté avezado en la materia. Son, por tanto, más que justificadas las dudas sobre el significado de tan importante resolución. Y ello hace también que no sea fácil responder con brevedad a un lego en la materia la cuestión un poco simplista planteada al principio: ¿la sentencia es favorable o desfavorable a la constitu- cionalidad del Estatuto? Ahora bien, que no sea fácil no significa que sea imposible, ni siquiera que sea excesivamente difícil, sobre todo, como es el caso, cuando la respuesta es por escrito y con un espacio suficientemente generoso como el que brinda esta revista.

Permítanme, sin embargo, antes de razonar la respuesta, avanzar el núcleo básico de la conclusión. A la vista del fallo —hecho público el pasado 28 de junio, pero sin ir acompañado por los fundamentos jurídicos ni los votos particulares— ya podía adivinarse que el Estatuto había quedado seriamente tocado, no sólo por los 14 preceptos declarados inconstitucionales sino, sobre todo, por los otros 27 que eran objeto de interpretación conforme. Recordemos que desde los partidos catalanes que aprobaron el Estatuto, apoyados por sectores sociales de la misma Cataluña orquestados desde el Gobierno de la Generalitat, se exigía desde hacía meses que todo el texto debía ser declarado conforme a la Constitución; e incluso pocos días antes de hacerse pública la sentencia, en un ridículo y desesperado intento de frenar su inmediata aprobación, el Parlamento de Cataluña adoptó una resolución instando al TC a que se abstuviera de dictarla por ser incompetente en la materia. Además, pocas horas después de conocerse el fallo, el presidente de la Generalitat José Monti- lla, en una dura alocución institucional, instó a convocar una manifestación en contra del Tribunal que tuvo lugar el sábado 10 de julio.

Así pues, en este tenso ambiente, el simple fallo fue considerado como un severo varapalo. Dadas las expectativas catalanas, no había para menos: 41 preceptos estaban afectados, total o parcialmente, de inconstitucionalidad. Sin embargo, aún podía alegarse que una gran mayoría habían sido declarados acordes con la Constitución, sobre todo si se desdeñaba, por inofensiva, la técnica de la interpretación conforme.

Ahora bien, el verdadero jarro de agua fría sobrevino con la lectura de la sentencia completa, publicada el 9 de julio, y en especial de sus fundamentos. Efectivamente, en estos fundamentos se iban desgranando, con naturalidad y sencillez, argumentos fácilmente comprensibles que —reiterando una doctrina constitucional muy consolidada— desvertebraban el nuevo edificio que se pretendía construir con el nuevo Estatuto. No se trataba ya de los 41 preceptos afectados de inconstitucio- nalidad que figuraban en el fallo sino de muchos más: en los fundamentos quedaba claro que el significado que se daba a ciertos preceptos era muy distinto a la intención de sus redactores y que ciertas interpretaciones se proyectaban de forma transversal a títulos enteros de la norma recurrida. Fue entonces cuando se vio con claridad que los objetivos esenciales del Estatuto habían quedado desvirtuados. Como escribió inmediatamente el profesor Fernández Farreres, "tras la lectura de sus fundamentos jurídicos, bien puede afirmarse que ese Estatut ya no es lo que pretendía ser. La Sentencia ha alterado de raíz su sentido y las finalidades perseguidas con su aprobación" (2).

1. Los objetivos del proyecto catalán
El proceso legislativo que concluyó con la aprobación del Estatuto tuvo dos fases muy diferenciadas a las que corresponden dos textos distintos: el proyecto aprobado por el Parlamento catalán el 30 de septiembre de 2005 y el aprobado en las Cortes Generales que después fue ratificado mediante referéndum en Catalunya. El proyecto inicial aprobado por el Parlamento catalán era contrario a la Constitución en muchas de sus innovaciones fundamentales (3). Durante la tramitación en el Congreso se introdujeron importantes modificaciones, eliminando así los preceptos más flagrantemente inconstitucionales, pero todavía quedaron algunos flecos por pulir y, sobre todo, muchos preceptos ambiguos, como es habitual en textos legales que son fruto de dificultosos consensos.

Nadie ponía en duda que el Estatuto pasaría por el cedazo del Tribunal Constitucional y seguramente por ello se cerraron acuerdos con la convicción de que sería este alto órgano jurisdiccional quien se encargaría de adaptarlos definitivamente a la Constitución. Esta previsión fue una grave imprudencia, ya que la "patata caliente" servida al Tribunal ha resultado, como no podía ser menos, profundamente indigesta y, como era de esperar, le ha conducido a una grave crisis de credibilidad, erosionando hasta límites muy peligrosos su prestigio y autoridad ante la opinión pública.

Los objetivos centrales del proyecto catalán eran dos: primero, otorgar un trato jurídico singular a Cataluña, dada su condición de nación, que permitiera distinguirla de las demás comunidades autónomas; y, segundo, aumentar y garantizar las competencias de la Genera- litat y mejorar su financiación. En definitiva, aumentar la esfera de autogobierno mediante su diferenciación del resto de comunidades (4).

No debe olvidarse que desde los pactos autonómicos entre PSOE y PP del año 1992 la orientación definitiva del Estado de las autonomías se inclinó hacia formas federales al igualar sustancialmente las competencias de todas las comunidades. Esto, lógicamente, no fue aceptado por los nacionalistas, dado que la "condición nacional" de Cataluña no admitía que fuera tratada como las demás comunidades. De ahí que el sector moderado de este nacionalismo —el PSC maragalliano— optase por proponer un modelo impreciso y desconocido en el derecho comparado, el llamado "federalismo asimétrico", cuando a principios del año 2000 pacta con ERC e IC con el objetivo de desbancar a CiU del Gobierno de la Generalitat. De este pacto político inicial, al que después CiU no tiene más remedio que añadirse, nacerá el proyecto de Estatuto aprobado en el Parlamento catalán y posteriormente, tras las modificaciones exigidas por el PSOE, el texto definitivo que ha sido objeto de la sentencia constitucional.

Esta singularidad catalana y el aumento y garantía de los poderes de la Generalitat, se concretaban en seis grandes innovaciones:

• Considerar a Cataluña como una nación. Con este término se la distinguía de las demás comunidades que sólo gozaban, según el art. 2 de la Constitución (en adelante CE), de la consideración de nacionalidades o regiones.

• Desbordar el contenido del Estatuto anterior para darle una apariencia formal de Constitución: incluir, pues, en su texto, títulos y capítulos que regularan derechos, deberes y principios rectores, régimen local, poder judicial, acción exterior de la Generalitat y relaciones institucionales con el Estado y la Unión Europea.

• Incorporar al articulado del Estatuto los principales aspectos de la actual política lingüística para así impedir futuras modificaciones parlamentarias.

• Aumentar de las competencias propias mediante la definición de sus diversos tipos, el blindaje frente al Estado de las competencias actuales y la limitación de las competencias de éste, a pesar de estar garantizadas constitucionalmente en el art. 149.1 CE.

• Vincular desde el Estatuto a determinados órganos estatales alegando que es una ley orgánica y, por tanto, una norma de carácter estatal. Además de las competencias, ello afectaba al poder judicial, al Tribunal Constitucional y otros órganos independientes, al sistema de financiación y a la reforma estatutaria.

• Regular los órganos y procedimientos de relación bilateral con el Estado.

Estas innovaciones se basaban en una determinada concepción constitucional del Estatuto como norma jurídica. Esta nueva y peculiar concepción (5) derivaba de los siguientes fundamentos:

1. El Estado de las autonomías está "desconstitucionalizado", es decir, apenas está configurado en el título VIII de la Constitución. En virtud del principio dispositivo (el "derecho a la autonomía" mencionado en el art. 2 CE), es en los Estatutos donde se perfilan los rasgos principales del sistema autonómico. Por tanto, dado que propiamente no existe un modelo constitucional de Estado de las autonomías, puede procederse a su reforma mediante la modificación de los Estatutos.

2. Los Estatutos no son una simple ley orgánica sino que, debido a su procedimiento paccionado de elaboración y reforma, forman parte del bloque de la constitucionalidad y gozan dentro del ordenamiento de una posición cuasi- constitucional, es decir, de hecho materialmente constitucional, que los convierte en complemento de la Constitución en cuanto a la organización territorial del Estado.

3. Esta posición hace que los estatutos sean normas que exijan un especial respeto y lealtad por parte de los demás órganos del Estado. Ello hace que sean invulnerables respecto de las demás leyes que concretan la distribución de competencias y forman también parte de dicho bloque.

4. El contenido constitucional de los Estatutos, determinado en el art. 147.2 CE y puntualmente en algún otro precepto constitucional, es su contenido mínimo. Pero los Estatutos pueden también incluir cualquier otro contenido que permita a la comunidad autónoma desplegar el conjunto de sus funciones constitucionales derivadas de su condición de norma institucional básica de la comunidad, según establece el art. 147.1 CE.

A estos innovadores fundamentos, jurídicamente tan distintos a la doctrina comunmente aceptada, hay que añadir otra notoria imprudencia en los planteamientos jurídicos del proyecto catalán: el olvido de la jurisprudencia constitucional. Efectivamente, en los Estados que, como el nuestro, están dotados de Tribunal Constitucional —es decir, en las democracias constitucionales— no es admisible considerar que la Constitución se reduce a la simple literalidad de su texto, sino que debe considerarse también parte del acervo constitucional la interpretación que de este texto ha ido elaborando el Tribunal Constitucional al hilo de sus resoluciones. Nuestro sistema constitucional, como es sabido, es un sistema jurídico jurisprudencializado.

Por tanto, si bien es razonable sostener que antes de 1981, es decir, antes de que se dictaran las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, en el texto estricto de la Constitución no había elementos suficientes para delimitar con exactitud un modelo de organización territorial, hoy, y desde hace bastantes años, ello ya no es así: dicho modelo se ha ido construyendo pacientemente mediante la legalidad que desarrolla la Constitución, especialmente en los Estatutos, a la que debe añadirse la jurisprudencia constitucional que la interpreta.

En el proyecto catalán hubo un adanismo constitucional notoriamente osado e, incluso, escasamente democrático, ya que se pretendía cambiar el modelo constitucional existente por una vía que ni es la prevista en los procedimientos de reforma constitucional, ni respeta una jurisprudencia que, si bien es modifica- ble, hasta que ello no suceda de hecho forma parte de la Constitución misma. Puede alegarse que precisamente esta sentencia era la ocasión para cambiar la jurisprudencia. Ahora bien, no es sensato pensar que un Tribunal que tiene por norma, incluso por obligación, ser prudente en los cambios de doctrina, ya que la estabilidad constitucional es uno de los valores que debe preservar, efectuara un giro tan profundo como el que exigía el Estatuto catalán.

Estas bases constitucionales configuraron el proyecto aprobado en el Parlamento de Cataluña. A su paso por el Congreso, como ya hemos dicho, este proyecto fue profundamente modificado debido especialmente a las objeciones de constitucionalidad contenidas en el dictamen jurídico encargado por el grupo parlamentario socialista a una comisión de cuatro profesores de derecho constitucional que sirvió de parámetro a dicho grupo para enmendar el proyecto. No obstante, como también hemos señalado, dichas modificaciones dejaron flecos con presuntas tachas de inconstitucionalidad, muchos preceptos ambiguos y, sobre todo, una finalidad de la norma que seguía respondiendo a los objetivos iniciales del Parlamento catalán. A la tarea de detectar y acomodar a la Constitución estos flecos y ambigüedades, así como también a impedir que la finalidad de la norma pudiera ser utilizada para escapar del ámbito constitucional, se ha dedicado el Tribunal en su sentencia.

2. Las peculiaridades de la sentencia
Contrariamente a la opinión común, la STC 31/2010 no es de una gran extensión si se tiene en cuenta el hecho extraordinario e inédito que se impugnaron más de doscientos preceptos incluidos en alrededor de 120 artículos. Como es sabido, la parte más importante de toda sentencia son los Fundamentos Jurídicos que en este caso abarcan 234 páginas tamaño DINA-4 a doble espacio: de promedio poco más de una página por precepto. Cuestión distinta es que los Antecedentes, básicamente los argumentos alegados por las partes y resumidos por el Tribunal, alcancen 449 páginas y los votos particulares 196 más, en total, 879. El núcleo de la sentencia está, sin embargo, en los Fundamentos Jurídicos, es decir, en 234 páginas. Mediante su lectura podemos hacernos una idea bastante precisa del contenido.

No es ocioso conocer estos datos sobre la extensión de la sentencia para así entender otra de sus características. Se trata de una resolución escrita con una concisión y claridad inusuales en el Tribunal. Esta relativa poca extensión va ligada a la estructura formal de la sentencia. En los Antecedentes se detallan las alegaciones de las partes y en los Fundamentos, contra lo que es habitual, apenas se sintetizan éstas sino que se indica el Antecedente concreto y, a lo más, se le alude con extrema brevedad siempre con el objetivo de lograr el cabal entendimiento de lo argumentado.

Pero hay más. Los razonamientos del Tribunal son también sucintos, en especial porque en la mayoría de los casos están fundados en aplicación de jurisprudencia anterior, a la que se remite dando una simple referencia (siempre de la resolución clave, no a un largo listado de sentencias como es lo más frecuente) y, en ciertos casos, los menos, al núcleo básico de la doctrina del Tribunal. También suelen resumirse en los primeros Fundamentos de cada bloque la argumentación básica y de ahí resulta, con naturalidad y sencillez, su aplicación a los preceptos recurridos sin necesidad de muchas más explicaciones. Así pues, a diferencia de la mayoría de las sentencias, que suelen caracterizarse por ser muy farragosas (la STC 247/2007, sobre el Estatuto de Valencia, es un caso paradigmático), la STC de la que tratamos se lee con fluidez y no exige un sobre- esfuerzo de comprensión debido a su claridad expositiva.

A esta primera caracterización formal, hay que añadir algunas otras más sustanciales. En primer lugar, la sentencia tiene un carácter netamente interpretativo como muestra de un exquisito respeto por el legislador estatutario al declarar nulos sólo 14 de los preceptos recurridos. Es decir, la mayoría del Tribunal, mediante la técnica de la "interpretación conforme", se ha inclinado por conservar la literalidad de los preceptos, aunque haya tenido, en muchos casos, que forzar (y, a veces, retorcer) su interpretación. Precisamente, este ha sido el principal reproche de los magistrados de la minoría que han formulado votos particulares. El magistrado Vicente Conde, aún admitiendo por supuesto el uso de las "interpretaciones conformes", considera que la sentencia de la que discrepa utiliza esta técnica "en términos desmedidos".

Y añade que la misma "en modo alguno puede justificar una autoatribuida facultad del Tribunal Constitucional de reconfigurar la ley que juzga, recreándola"; según su criterio, ello "implica invadir el espacio lógico de la potestad legislativa, atribuida por la Constitución a las Cortes Generales como representantes del pueblo español". También el magistrado Javier Delgado, autor de otro voto discrepante, desaprueba que la sentencia no declare la nulidad de preceptos estatutarios por la vía de atribuirles "un sentido distinto al que deriva de su texto, con lo que se crea una norma nueva, cometido propio del legislador absolutamente ajeno a la función constitucional de este Tribunal".

¿En qué medida tienen razón estos magistrados? Distingamos dos aspectos. En primer lugar, en términos generales creo que su apreciación es cierta. En efecto, de la lectura de los fundamentos se desprende que las "interpretaciones conformes" son muy numerosas y, en casos, extremadamente forzadas, incluso contrarias a la literalidad del precepto, con objeto de salvar su constitucionalidad formal. Ello es reprochable dado que puede generar inseguridad jurídica, como ha recordado el Tribunal en numerosas ocasiones que no dejan de mencionar los citados magistrados.

Ahora bien, en segundo lugar, debemos preguntarnos si, excepcionalmente, en este supuesto tales interpretaciones conformes no están justificadas. Primero, por el respeto debido a un legislador ciertamente extraordinario, un legislador que nunca había tenido ocasión de comparecer delante del Tribunal Constitucional. No olvidemos que un trámite necesario del procedimiento legislativo para aprobar este Estatuto lo ha constituido el voto en referéndum de los ciudadanos catalanes que, por tanto, han formado parte, en este caso, del poder legislativo estatutario. No pongo en duda la competencia del Tribunal para admitir el recurso y dictar la sentencia, cuestión sólo suscitada por un sector ultraminoritario de la doctrina. Pero tampoco cabe ninguna duda que el supuesto es absolutamente inédito y singular; tan inédito y singular que en estos años se ha ido conformando un consenso implícito alrededor de la idea de restablecer en estos casos, es decir, en normas que requieran de un referéndum para su aprobación, el recurso previo de inconstitucionalidad (6).

Además, hay también otro factor, de carácter más coyuntural, que justifica un tipo de sentencia "tan interpretativa" como la presente. Se trata de la constatada dificultad de llegar a formar una mayoría dentro del Tribunal, dificultad que ha ocasionado, como ya hemos dicho, un serio desgaste de su autoritas ante la opinión pública. No es cierto que el Tribunal haya estado debatiendo sobre el Estatuto de Cataluña durante cuatro años. De hecho, empezó a debatirlo en enero de 2008, tras la sentencia del Estatuto de Valencia (que, de todas formas, ya se extendió en consideraciones que afectaban al Estatuto de Cataluña) y en estos dos años —a excepción de los últimos meses— el Tribunal ha dictado sentencias sobre casos difíciles y ha sentado una importante y compleja doctrina sobre la noción de "especial trascendencia constitucional" en la admisibilidad de los recursos de amparo, según el nuevo texto del art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, introducido por la reforma de 2007. Por tanto, hasta los últimos meses, el debate sobre el Estatuto no ha interrumpido la normal producción de sentencias, ni como se dice con frecuencia, ha ocupado todo el tiempo del Tribunal.

Ahora bien, en estos últimos meses, ante el acuciante asedio político y mediático, era urgente que el Tribunal adoptara una resolución que zanjara las dudas de constitucionalidad sobre el Estatuto; siempre, naturalmente, que se cumpliera la condición de que tal resolución, además de técnicamente bien fundada y razonablemente argumentada, fuera lo suficientemente clara, sin mácula alguna de ambigüedad en los dictums ; es decir, no una claridad meramente expositiva. Pues bien, si se cumplían estas condiciones, a mi modo de ver está justificado, en estas circunstancias, que la resolución fuera predominantemente interpretativa, incluso que preceptos objeto de interpretación conforme no fueran llevados al fallo. A mi modo de ver, una sentencia como la dictada, que reúne todos estos requisitos, es perfectamente legítima y adecuada.

Bien mirado, tal como estaban las cosas, el Tribunal sólo tenía dos caminos para llegar a formar una mayoría suficiente para su aprobación: el que finalmente ha tomado (una sentencia clara, pero predominantemente interpretativa) o declarar la nulidad de un centenar o más de preceptos, como resulta de los planteamientos de la mayor parte de votos particulares. Si la mayoría se ha alcanzado al fin por el primer camino y la sentencia expresa claramente —como después veremos- las inconstitucionalidades, totales o parciales, que se observan en el texto estatutario, creo que esta mayoría ha optado por el camino más inteligente y efectivo.

Antes de entrar en los asuntos doctrinales de fondo, otras tres cuestiones revisten interés. Me refiero, naturalmente, a interés para entender bien la manera cómo pueden resolverse estos asuntos de fondo.

En primer lugar, la sentencia no resulta doctrinalmente muy innovadora. Como ya hemos dicho antes de manera incidental, los principales argumentos utilizados para resolver sobre la constitucionalidad de los preceptos recurridos están basados en jurisprudencia constitucional a la que apenas se añade ningún otro argumento. En este sentido, es una sentencia previsible, con apenas sorpresas en sus aspectos esenciales, y en modo alguno da muestras de activismo judicial por parte del Tribunal. Al contrario, como antes hemos señalado, se trata de una sentencia muy prudente, obsesionada por respetar el texto de la norma. Ello prueba el error del legislador al ignorar una jurisprudencia que se pretendía cambiar estableciendo unas nuevas bases para el sistema autonómico mediante la reforma de la función constitucional de los estatutos.

En segundo lugar, aunque lo niegue en algún fundamento, creo que en la interpretación de bastantes preceptos la sentencia tiene un fuerte carácter preventivo, es decir, examina a la luz de la Constitución el precepto recurrido calculando las consecuencias de su efectividad, lo cual da una sensación de desconfianza respecto al desarrollo del Estatuto que puede llevar a cabo el legislador catalán. Ciertamente, el TC tiene vedado por su propia doctrina hacer juicios preventivos y debe limitarse a juzgar los preceptos en sí mismos. Ahora bien, en el caso de un Estatuto creo que tiene una cierta justificación hacer juicios preventivos, ya que sus preceptos tienen más vocación de desarrollo legislativo que de aplicación directa. Si a ello añadimos el carácter ambiguo e indeterminado de muchos preceptos, debido sobre todo al escaso rigor técnico y a las frecuentes contradicciones del texto estatutario, entra dentro de las funciones del Tribunal advertir que determinados desarrollos legislativos pueden incurrir en vicio de inconstitucionalidad para que el Parlamento y el ejecutivo catalán lo tengan en cuenta al ejercer sus respectivas funciones legislativas.

Finalmente, en contra de las apariencias, el acuerdo general en torno al juicio de constitucionalidad que merece el Estatuto, es mucho mayor del que parecen mostrar la doble mayoría y los numerosos votos particulares. Respecto a la doble mayoría, una aprobó el punto primero del fallo (magistrados Jiménez, Conde, Delgado, Rodríguez-Zapata, Rodríguez Arribas y Aragón) y otra los puntos segundo y tercero (magistrados Casas, Jiménez, Pérez Vera, Gay, Sala y Aragón). Sólo dos magistrados, pues, formaron parte de ambas mayorías: Guillermo Jiménez y Manuel Aragón. Obviamente, el 99 por ciento de la sentencia fue aprobada por la segunda mayoría, ya que el punto primero del fallo se refiere sólo a una cuestión puntual del Preámbulo con meras consecuencias interpretativas en algún artículo. Por tanto, en una primera apreciación cuantitativa, puede dar la impresión que toda la sentencia sólo fue aprobada por seis magistrados.

Sin embargo, esta apreciación es engañosa ya que la principal discrepancia entre los magistrados Conde, Delgado y Rodríguez Arribas y la mayoría que aprueba los puntos segundo y tercero del fallo, es más cuantitativa que cualitativa. Es decir, estos magistrados discrepantes suelen coincidir, en líneas generales, sobre las cuestiones de fondo con los magistrados mayoritarios pero disienten fundamentalmente por una razón: consideran que la mayor parte de los preceptos que han sido objeto de "interpretación conforme" —consten o no en el fallo—deberían haber sido declarados nulos. Por tanto, a excepción del magistrado Rodríguez Zapata, que alega otras razones de inconstitucionalidad, nueve magistrados mantienen una doctrina sustancialmente igual sobre los preceptos recurridos aunque no estén de acuerdo en el alcance del fallo. En consecuencia, la resolución del TC expresa un consenso de fondo mucho mayor que el que aparentemente reflejan las votaciones.

3. La cuestión clave: naturaleza, contenido y función de los Estatutos
En los Fundamentos Jurídicos (en adelante FJ) 3 a 6 y 57, en total seis páginas y media, se resume la doctrina sobre la naturaleza jurídica, el contenido y la función de los Estatutos de autonomía, aspectos clave de toda la sentencia. En efecto, en estos fundamentos se establecen los parámetros constitucionales básicos desde los que se analizan los preceptos impugnados, parámetros que, a su vez, son una réplica a las bases jurídicas del proyecto catalán que antes hemos sintetizado. Veamos.

• En relación a su naturaleza, el FJ 3 dice que los Estatutos son normas subordinadas a la Constitución, ya que no son expresión del poder constituyente sino de un poder fundado en la Constitución misma. Con estas obvias afirmaciones, se desestima claramente la confusa idea de los Estatutos como ley cuasi-constitucional: "como norma suprema del ordenamiento —dice la sentencia— la Constitución no admite igual ni superior, sino sólo normas que le están sometidas en todos los órdenes". Tampoco da la sentencia ninguna importancia a la idea de que un estatuto puede ser una norma "materialmente constitucional": simplemente se limita a calificar este término —como así es— de concepto meramente doctrinal o académico sin valor normativo alguno. Por último, se recuerda que los estatutos se integran en el ordenamiento bajo la forma de ley orgánica, algo también obvio, y extrae la lógica consecuencia de que se relacionan con el resto de normas del ordenamiento a través de los criterios de jerarquía y competencia, dependiendo esta última, naturalmente, del contenido constitucional- mente legítimo de los estatutos.

• Precisamente al contenido de los estatutos dedica la sentencia los FJ 4 a 6. Delimitar este contenido en estos primeros Fundamentos resulta sumamente acertado porque sirve para orientar toda la doctrina de la sentencia. En efecto, una posición restrictiva en este punto hubiera tenido como consecuencia la declaración de nulidad de buena parte del Estatuto por desbordar a primera vista las materias que le están constitucionalmente reservadas. En total, algo más de un centenar de artículos hubieran quedado afectados de inconstitucionalidad por no ser materia estatutaria. El Tribunal, pues, hace un notorio esfuerzo para justificar una concepción amplia del contenido estatutario que le ha permitido salvar, al menos en apariencia, el "estatuto con alma de Constitución" —como ha sido llamado el Estatuto catalán— aún cuando después, al descender a examinarlo en detalle, haya desactivado sus núcleos centrales y, por tanto, sus efectos jurídicos sean muy limitados o casi nulos.

Con esta finalidad, la sentencia distingue entre un contenido constitucionalmente explícito y otro contenido implícito, tal como ya expuso en la sentencia 247/2007, sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana. El contenido explícito es el mencionado en el art. 147.2 CE y en los preceptos constitucionales relativos a la lengua (art. 3 CE), los símbolos (art. 4 CE) o la composición del Senado (art. 69.5 CE), entre otros. El contenido implícito, no fijado expresamente en la Constitución, es el complemento adecuado del anterior por su conexión con las citadas previsiones constitucionales, fundamentándose tal adecuación en la función que la Constitución encomienda a los Estatutos debido a su condición de normas institucionales básicas de las comunidades autónomas (art. 147.1 CE).

Esta expansión del contenido estatutario tiene, de acuerdo con la sentencia y como es obvio, algunos límites evidentes: por ejemplo, las reservas constitucionales a favor de leyes específicas, como es el caso de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional u otras leyes orgánicas en materias no autonómicas. Otros límites, sin embargo, ni son tan evidentes ni están perfilados con claridad, ya que se plantean en un plano de gran abstracción y la misma sentencia reconoce que su delimitación concreta sólo puede llevarse a cabo desde el mismo Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta, por un lado, la divisoria entre la Constitución y los poderes constituidos y, por otro, los límites que marcan la eficacia regular del sistema en su conjunto.

Desde ambos puntos de vista, la sentencia distingue, a su vez, entre límites cuantitativos y cualitativos Los primeros deben tener en cuenta que los Estatutos son normas rígidas que inevitablemente implican una petrificación del ordenamiento, y ello debe hacerse compatible con el derecho de participación política, no impidiendo que actúe el principio de reversibilidad de las normas, inherente a la misma idea de democracia. Por tanto, hay que considerar excepcionales las leyes que —como el Estatuto- han sido aprobadas mediante procedimientos agravados y por mayorías cualificadas. Asimismo, considera el Tribunal que una regulación de detalle en los Estatutos puede sólo objetarse por razones de oportunidad, aunque sin olvidar, como se dijo en la STC 247/2007, que lo propio de los Estatutos es regular aspectos "centrales o nucleares" de las instituciones y las competencias, con lo cual implícitamente excluye regular en un estatuto aspectos de detalle.

Otros límites señalados por la sentencia son los cualitativos, es decir, aquellos contenidos que no se corresponden con materias estatutarias porque, de acuerdo con su naturaleza, son propios de una norma nacida del poder constituyente, es decir, de una Constitución, no de una norma procedente de los poderes constituidos como es el caso de los Estatutos. En particular, dice la sentencia, hay que excluir de las materias estatutarias "la definición de las categorías y conceptos constitucionales, entre ellos la definición de la competencia de la competencia que, como acto de soberanía, sólo corresponde a la Constitución (...) y sólo al alcance de la función interpretativa de este Tribunal (STC 76/1983)". Estas consideraciones, que siguen el camino abierto por la sentencia LOAPA en relación a las "normas meramente interpretativas", le permitirá más adelante al Tribunal declarar inconstitucionales, vía nulidad, vía interpretación conforme, determinados preceptos de los decisivos artículos 110, 111 y 112 del Estatuto, en que se pretenden definir las categorías de competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas.

• Por último, respecto a la junción de los estatutos, la sentencia hace dos oportunas precisiones. Primera, los Estatutos no sólo crean un ordenamiento propio sino que garantizan el ordenamiento global (el conjunto del ordenamiento español reducido a unidad por la Constitución) dado que la infracción de un Estatuto, por remisión a la Constitución de la cual deriva, incurre en vicio de inconstitucionalidad. Con ello se reafirma la noción doctrinal hasta ahora aceptada de "bloque de la constitucionalidad" y se rechaza la idea —presente, como hemos visto, en ciertos juristas catalanes— de que los Estatutos, al formar parte de tal "bloque", gozan de indemnidad frente a las otras normas que lo componen. En cuanto a la segunda precisión, la sentencia también afirma que los Estatutos son las normas que atribuyen competencias a la comunidad respectiva, lo cual es obvio, pero añade que no atribuyen en forma alguna competencias al Estado —al que le han sido atribuidas directamente por la Constitución— excepto por defecto, es decir, en aplicación de la cláusula residual del art. 149.3 CE o por el alcance de las competencias autonómicas atribuidas en el propio Estatuto.

De estos cinco básicos fundamentos —3 a 6 y 57— derivan múltiples aplicaciones concretas que afectan de forma transversal al resto de fundamentos jurídicos y son clave en la interpretación de muchos de los preceptos recurridos. Señalemos sólo dos relevantes consecuencias generales.

• El Tribunal reafirma de manera contundente la supremacía normativa de la Constitución sobre los Estatutos y sobre el resto del ordenamiento, así como al Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la misma. Algo obvio, por supuesto, pero que, ante ciertos planteamientos ambiguos, era necesario corroborar.

• El Tribunal rechaza las bases principales sobre las cuales se había estructurado el Estatuto catalán y a las que antes hemos hecho referencia. En efecto, se da por sentado implícitamente, que el modelo de Estado de las autonomías está configurado y no opera en su reforma el misterioso principio dispositivo; los Estatutos operan dentro del ordenamiento como leyes orgánicas y sus peculiaridades procedimentales no inciden en su posición ordinamental; en el plano normativo son irrelevantes, como ya hemos señalado, calificaciones doctrinales como norma "cuasi-constitucional" o "materialmente constitucional" aplicadas a los Estatutos; los Estatutos forman parte del bloque de la constitucionalidad, como reconoce el art. 28.2 LOTC, pero ello no significa superioridad jerárquica alguna respecto a las demás normas de dicho bloque que les permitan quedar indemnes frente a las mismas; aunque el art. 147.2 CE señale el contenido mínimo de los estatutos, su contenido máximo no es indeterminado sino que tiene límites constitucionales que sólo puede establecerlos el Tribunal Constitucional.

Por tanto, como ya hemos dicho, el Tribunal rechaza, en estos pocos fundamentos, buena parte de las bases teóricas sobre las que se asentaba el Estatuto catalán. A partir de ahí, se desprenden con naturalidad las consideraciones de los demás fundamentos, hasta llegar a 147.

4. ¿Qué es lo que queda de las grandes innovaciones?
Por evidentes razones de espacio no podemos entretenernos en analizar cada uno de los preceptos recurridos, ni siquiera de la mayoría, y explicar la posición del Tribunal al respecto. Nos limitaremos, pues, a resumir la posición del Tribunal en las cinco grandes innovaciones a las que antes nos referíamos y que desplegaban los dos objetivos básicos del proyecto de Estatuto: singularizar a Cataluña respecto de las demás comunidades y aumentar y garantizar los poderes de la Generalitat.

a) Nación, ciudadanía catalana y derechos históricos
Cataluña no es una nación en el sentido constitucional del término, tal como se deduce de los arts. 1.2 y 2 CE; es decir, no es una nación con un significado equivalente a pueblo como poder constituyente. Cataluña, como es obvio desde un punto de vista constitucional, solo puede ser una nacionalidad: así lo proclama el mismo art. 1 del Estatuto (en adelante EAC). Como tal nacionalidad, tiene derecho a la autonomía que, en la interpretación del Tribunal, equivale a autogobierno. Así pues, el término "pueblo" aplicado a Cataluña no es equiparable al término "pueblo español" del art. 1.2 CE, sujeto de la soberanía, sino que se refiere al "conjunto de ciudadanos españoles que han de ser destinatarios de las normas, disposiciones y actos" emanados de la Generalitat; ciudadanos que son, a su vez, los que participan en la formación de la voluntad de los poderes de la Generalitat.

Por su parte, respecto a los derechos históricos mencionados en el art. 5 EAC, la sentencia estima que no son de la misma naturaleza que los derechos forales vascos o navarros, lo cual es evidente, ni tampoco fundamentan el autogobierno de Cataluña, tal como literalmente dice el precepto estatutario, sino que se limitan a anticipar un elenco de competencias en materia de lengua, cultura, educación y sistema institucional, que deben ser concretados y desarrollados en otros preceptos del EAC. Esta, a mi modo de ver, forzada interpretación, convierte el art. 5 EAC en un precepto inocuo y sin valor normativo alguno.

b) El Estatuto como Constitución de Cataluña
El principio fundamental del nacionalismo es que a toda nación le corresponde un Estado. Todo Estado, dice el liberalismo democrático, debe dotarse de una Constitución. Pues bien, ya que no tenemos de momento un Estado propio, parecen decir los autores del proyecto de EAC, al menos que nuestro Estatuto se parezca lo más posible a una Constitución. Este curioso razonamiento está en la base del proyecto de EAC con el objeto de que éste tenga apariencia formal de Constitución incluyendo las materias que suelen serle propias.

Ya nos hemos referido a los límites constitucionales del contenido estatutario y a la actitud del Tribunal, respetuosa con el legislador, de acoger una concepción amplia de dicho contenido. Sin embargo, a su vez, el Tribunal desactiva el valor jurídico de los preceptos que acoge. Recordemos algunos ejemplos.

En cuanto al catálogo de derechos, de acuerdo con la reciente doctrina de la STC 247/2007, no son por supuesto derechos fundamentales, ni siquiera derechos subjetivos, sino que han quedado reducidos a simples mandatos al legislador. Al Consejo de Garantías Estatutarias, con pretensiones de tener algún parecido con la jurisdicción constitucional mediante dictámenes vinculantes respecto de leyes reguladoras de derechos, queda reducido a mero órgano consultivo, tal como ya era antes: sólo el nombre ha cambiado. El Síndic de Greuges , equivalente al Defensor del Pueblo, con pretensiones de desalojar a éste del territorio de Catalunya, queda también tal como estaba. El régimen local está naturalmente sujeto a las bases estatales, como no podía ser menos en virtud de la jurisprudencia constitucional respecto al art. 149.1.18 CE. El intento de Poder Judicial catalán tampoco se admite dada la unidad jurisdiccional que la Constitución prescribe: la Generalidad sigue siendo, como antes, competente en la administración de la Administración de Justicia.

En definitiva, la ampliación del contenido estatutario se mantiene en lo fundamental pero sin eficacia alguna. Como ha dicho el profesor Joaquín Tornos, de la Universidad de Barcelona, a pesar de que el nuevo Estatuto catalán tenga 223 artículos "el incremento del autogobierno respecto al Estatuto de 1979 es muy limitado" (7) .

c) Regulación del régimen lingüístico
Numerosos artículos del EAC están dedicados a regular materias lingüísticas. No cabe duda que la voluntad inicial era incorporar al EAC los preceptos clave de la Ley de Política Lingüística de 1998, que no había pasado el filtro del Tribunal Constitucional, para así blindar la política de la Generalitat al amparo del Estatuto, con la convicción de que no se atreverían a declarar preceptos inconstitucionales en esta delicada materia. Sin embargo, el tiro les ha salido por la culata: el Tribunal no se ha apeado de su doctrina, especialmente la que se desprende de las SSTC 82/1986 y 337/1994, y aplicada al EAC, vía nulidad, interpretación en el fallo o simple interpretación en los Fundamentos, ha modificado profundamente las bases jurídicas de la política lingüística catalana. La legislación vigente habrá de acomodarse a la doctrina de la sentencia y pasar de la actual tendencia al monolingüismo catalán a un bilingüismo que se corresponda con la realidad social y con las previsiones constitucionales. Estos son los principios básicos emanados de la sentencia.

• Catalán y castellano son las lenguas oficiales de todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, incluidos los órganos de la Administración central y de otras instituciones estatales. Ambas lenguas son de uso normal por y ante estos poderes públicos. Además, deben estar situadas en posición de "perfecta igualdad de condiciones por cuanto hace a las formalidades y requisitos de su ejercicio, lo que excluye que haya de pedirlo expresamente", tal como hace el último inciso del art. 50.5 EAC, precepto que a mi juicio hubiera debido ser declarado nulo por inconstitucional y que es objeto de una forzada interpretación conforme (FJ-23). Además, el catalán no puede ser de uso "preferente" respecto al castellano porque ello supondría la primacía de una lengua sobre otra, es decir, un trato privilegiado. Por tanto, la prescripción del "uso preferente" del catalán como lengua oficial ha sido declarada, con razón, inconstitucional y nula.

• El catalán puede ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en cuanto es también lengua oficial en Cataluña. No obstante, sentado este principio en el FJ-14 y reiterado con más detalle en el FJ-24, no se comprende que no sea declarado inconstitucional y nulo el art. 35, EAC en sus apartados 1 y 2 (primer inciso), en virtud de la regla hermenéutica inclusio unius, exclusio alterius .

• El deber de conocer el catalán sólo es aplicable a aquellas personas relacionadas con los ámbitos de la educación y de las administraciones públicas. Por tanto, no tiene el carácter generalizado del deber de conocimiento del castellano establecido en el art. 3 CE. Así debe interpretarse el significado de tal deber exigido en el art. 6.2 EAC, en una interpretación muy forzada contra la literalidad de la norma.

• Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística —entre castellano y catalán— para relacionarse con los poderes públicos y, por tanto, pueden escoger libremente la lengua con la que se dirigen a ellos. Los poderes públicos tienen la obligación de atender a los ciudadanos en la lengua que elijan entre las dos lenguas oficiales. Por tanto, el personal al servicio de las Administraciones radicadas en Cataluña debe acreditar un conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales para ejercer las funciones propias de su cargo o puesto de trabajo. En cambio, en las relaciones entre particulares, como se dice al examinar el art. 34 EAC, en el FJ-22, no es exigible el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas dado que en estos casos el derecho de opción lingüística no tiene como correlato un deber al no ser ninguna de las partes poderes públicos obligados a usar las lenguas cooficiales. Es por ello que hubiera debido ser declarado nulo este art. 34 EAC en lugar de ser objeto de una confusa interpretación que, por lo que se parece deducirse, es contraria a la literalidad del texto.

• El criterio territorial delimita la oficialidad de una lengua oficial. Por tanto, la sede de una autoridad determina la lengua oficial en la que deben dirigirse los ciudadanos a los poderes públicos. Esta es la doctrina tradicional del TC en este punto (STC 82/1986) que ratifica esta sentencia. El art. 33.5 EAC determina que los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y jurisdiccionales de ámbito estatal de acuerdo con la legislación correspondiente. La sentencia interpreta que esta legislación estatal puede adecuarse o no, con entera libertad, a este precepto e, interpretada en este sentido, el art. 33.5 EAC es considerado constitucional. A mi modo de ver, esta interpretación es contraria a la doctrina constitucional y la literalidad del precepto imponía que fuera declarado nulo.

d) Las competencias de la Generalitat
Uno de los principales objetivos del nuevo Estatuto era, como ya hemos dicho, el aumento y garantía (el llamado "blindaje" frente a las presuntas erosiones del Estado) de las competencias de la Generalitat. Para ello el Estatuto optó, finalmente, por tres vías: definir los tres tipos básicos de competencias; especificar las competencias actuales en materias y submaterias para que, "en todo caso", petrificaran la situación actual; limitar la competencias del Estado al obligarle a ejercitarlas bajo determinadas formas de colaboración. La sentencia, sólo mediante la nulidad de tres incisos y mucha interpretación conforme, aunque muy poca llevada al fallo, impide que se alcancen los objetivos mencionados. Así lo ha admitido el profesor Carles Viver Pi-Sunyer, director del Institut d'Estudis Autonòmics y jurista clave en la elaboración del Estatut: "En suma, puede concluirse que la sentencia desactiva prácticamente todas las novedades que pretendía introducir el Estatuto en este ámbito [el de las competencias]. La situación después de la sentencia será la misma que existía antes de aprobarse el texto estatutario" (8).

En apretado resumen, la sentencia sienta los principios básicos de la distribución de competencias (los fundamentales FJ 57 y 58) y redefine los conceptos de competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas (arts. 110, 111 y 112 EAC), adecuándolos a la jurisprudencia constitucional. Para ello declara nulo la principal innovación del artículo 111 (el concepto de bases estatales) y efectúa interpretaciones conformes que se llevan al fallo en los artículos 110 (competencias exclusivas) y 112 (competencias ejecutivas). Con todo ello, el TC deja claro que no hay petrificación alguna en la jurisprudencia constitucional; que la especificación de competencias de la Generalitat (incluida la reiterada expresión "en todo caso" al referirse a las competencias que actualmente ya ejerce) tiene un valor meramente descriptivo, en modo alguno prescriptivo; que el Estado es totalmente libre en el ejercicio de sus competencias, sin que los Estatutos puedan condicionarlo; y que, en definitiva, la última palabra en la materia será aquella que establezca, en su caso, el Tribunal Constitucional. El alcance de todas estas consideraciones es transversal a todo el largo título IV (arts. 110-173) dedicado a las competencias Como decían los citados juristas catalanes, la situación no se ha movido de donde estaba. Añado yo que no podía ser de otra manera.

e) La vinculación de los órganos estatales al Estatuto y las relaciones bilaterales .
Acabamos de mencionar cómo la sentencia establecía plena libertad para el Estado en el ejercicio de sus propias competencias sin estar condicionado para nada por el EAC. Esta misma concepción es la que aplica a otros preceptos en los que se establece la participación de la Generalitat en funciones propias de órganos del Estado. Ciertamente, parece evidente, es decir, es de puro sentido común, que un Estatuto, por su carácter territorial, no es la norma adecuada para vincular a las instituciones estatales. Sin embargo, también es cierto que en virtud de los principios de colaboración y participación, de carácter netamente federal, las comunidades autónomas —todas ellas, no sólo Cataluña— pueden participar en la designación de miembros de determinadas instituciones estatales que afectan a competencias autonómicas, como son el TC, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o la Comisión Nacional de la Energía, entre otras. La sentencia admite que ello puede llegar a ser así si el legislador estatal competente lo dispone, pero actuando éste con plena libertad y sin ningún condicionante. Esta interpretación salva, pues, la literalidad de determinados preceptos impugnados, siempre dejando a salvo la competencia estatal exclusiva en estas materias.

En cuanto a las relaciones bilaterales entre la Generalitat y el Estado, ligadas ideológicamente a la condición nacional de Cataluña y que pretendían añadir un toque confederal al Estatuto, la sentencia establece su doctrina básica en el FJ 13, dejando sentado que, si bien "la Gene- ralitat es Estado", como ya se dijo en la STC 12/1985, el Estado referido no es el "central" sino el Estado que comprende a éste y a todas las demás comunidades autónomas, es decir, el Estado como conjunto de poderes públicos. Las relaciones de la Generalitat con el Estado son, pues, con el "Estado central" y bajo dos condiciones: primera, no es una relación entre iguales, ya que el Estado ostenta una relación de superioridad; segunda, el principio de bilateralidad, como el de multilateralidad, es una manifestación del principio general de cooperación. Por tanto, no hay en estas posiciones ningún aroma confederal y sí, en cambio, mucho de federal.

5. Con vistas al futuro
Una primera conclusión general es que la sentencia deja prácticamente las cosas tal como estaban antes del proceso estatutario catalán que, a su vez, dio paso a otros procesos de reforma. Este proceso ha sido, como ya dijimos algunos en su momento, un viaje a ninguna parte. Los problemas del Estado de las autonomías eran otros; además no eran muchos, ya que su desarrollo se había llevado a cabo con prudencia y sensatez. Pero el camino que se escogió en el año 2005, el de las reformas estatutarias, determinado por tácticas políticas del momento, fue equivocado. La sentencia ha puesto fin a las dudas: en los objetivos que se pretendían el Estatuto ha resultado manifiestamente inconstitucional.

Una vez más, el TC ha tenido que hacer una función que propiamente no le corresponde, aunque en el derecho comparado no es extraño que otros tribunales del mismo género hayan tenido que realizar en casos excepcionales funciones semejantes: el Tribunal Supremo de Estados Unidos es un claro ejemplo. En nuestro caso, tras una excesiva demora en dictar la sentencia, el TC ha sabido resistir innumerables presiones, ilegítimas e injustificables en un Estado de derecho. Por tanto, puede concluirse que el excelente resultado final, sobre todo si tenemos en cuenta la desidia del legislador al aprobar un Estatuto como el que se aprobó, restituye el honor de un Tribunal sometido a la prueba más difícil de su historia.

El problema inmediato que plantea la sentencia es el de su aplicación. En efecto, su carácter fuertemente interpretativo hace que, si bien es indudable que su doctrina se impone al legislador, éste debe actuar con lealtad para modificar las leyes afectadas. No parece que ello vaya a ser fácil, especialmente en Cataluña, donde las reacciones a la sentencia por parte de las más altas autoridades de la Generalitat han llegado de hecho a un explícito desacato. Esperemos que el tiempo, que según dicen todo lo cura, vaya imponiendo la sensatez, en este caso el respeto por las reglas del Estado de derecho.

Queda pendiente, sin embargo, el problema de estabilizar definitivamente el Estado de las autonomías. Ello no compete al Tribunal Constitucional sino al legislador, probablemente al poder constituyente derivado, en definitiva a los partidos y, muy especialmente, a los dos grandes partidos estatales. Espero que no cometan de nuevo la ingenuidad de pretender una reforma con los partidos que cuestionan el Estado de las Autonomías como modelo federal y quieren acercarse a modelos confederados y asimétricos. Creo que este es ahora el debate que tenemos en puertas. Debate teórico, por un lado, en el que tienen voz, entre otros, los juristas, pero debate sobre todo político, entre partidos, en las Cortes generales y en la opinión pública. Quizás el fracaso del Estatuto catalán sea un acicate para que el modelo de Estado de las Autonomías se cierre definitivamente y acabemos con el problema territorial en España.

FRANCESC DE CARRERAS – CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA nº 206 – Octubre 2010

(1) STC 31/2010, de 28 de junio, que resuel­ve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Estatuto de Cataluña de 2006 por 99 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso. Están pendientes otros seis recursos, uno de amplio alcance interpuesto por el Defensor del Pueblo y cinco más, sobre aspectos puntuales, interpuestos por cinco comunidades autónomas. (volver)

(2) G. Fernández Farreres, "La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña: algunas precisiones sobre su verdadero significado y alcance", Iustel, 13 de julio de 2010. (volver)

(3) Sobre el proyecto aprobado por el Parla­mento catalán y su contexto político, véanse mis dos artículos: "Reflexiones sobre la propuesta de nuevo Estatuto de Cataluña", Teoría y Realidad Constitucional, num. 16, 2005; F. de Carreras, "El nuevo Estatuto frente a la Constitución", Claves de Razón práctica, num. 158, 2005. (volver)

(4) Pasqual Maragall, en la presentación de una conferencia del ministro Jordi Sevilla en el club Siglo XXI de Madrid, expresó muy clara­mente los objetivos de la reforma del Estatuto al sostener que la propuesta catalana podía sin­tetizarse en tres objetivos: "Un Estatuto que con­tenga una definición precisa de las competencias de la Generalitat, de manera que se evite su ero­sión por parte de la legislación básica del Estado, como efectivamente ha ocurrido en el curso de los años. Una financiación que asegure la suficiencia de recursos, la plena capacidad de gestión, pero también la solidaridad y, por supuesto, la trans­parencia. El reconocimiento constitucional de la singularidad, en este caso de la singularidad cata­lana, en la España plural." (volver)

(5) Sobre este aspecto particularmente intere­sante desde la perspectiva jurídica, véase mi artícu­lo en Teoría y Realidad Constitucional ya citado, pp. 54-58. También S. Muñoz Machado, "El mito del estatuto-constitución y las reformas estatutarias", en J. Tornos Mas (dir.), Informe comunidades au­tónomas, , 2004, Instituto de Derecho Público, Bar­celona, 2005, pp. 731-753. Esta nueva concepción innovadora está muy claramente expuesta en Informe sobre la reforma de l ' Estatut , Institut d'Estudis Autonomics, Barcelona, 2004, redactado por una comisión compuesta por los profesores Enoch Albertí, Enric Argullol, Joaquim Ferret y Carles Viver Pi-Sunyer. (volver)

(6) En nuestro ordenamiento sólo podrían darse dos supuestos: las reformas estatutarias que precisen referéndum y las reformas constitucionales. Estas últimas, sin embargo, debido a su naturaleza, sólo podrían ser recurridas por vi­cios de procedimiento (y aún ello es cuestionable dado que no está previsto explícitamente en la ley). Además, en el caso de los Estatutos siempre será posible interponer una cuestión de incons- titucionalidad por un juez, cuestión que, debido también a su naturaleza, no puede ser objeto de recurso previo. (volver)

(7) J. Tornos Mas, "L'Estatut com a norma jurídica", Revista catalana de dret públic, núm. especial "Sentencia sobre l'Estatut", 2010. (volver)

(8) C. Viver Pi-Sunyer, "Los efectos jurídicos de la Sentencia sobre el Estatuto", Revista catalana de dret públic, Especial Sentencia sobre l'Estatut, julio 2010. En el mismo número de esta revista, su directora Mercè Barceló, catedrática de Dere­cho Constitucional, llega a la misma conclusión en el artículo titulado "La doctrina de la STC 31/2010 sobre la definició estatutaria de les ca­tegories competencials": "Todas y cada una de las intenciones de la reforma en cuanto al refor­zamiento del autogobierno desde la perspectiva competencial se han venido abajo. Con suerte, se ha vuelto al Estatuto de 1979". (volver)

ETA mantiene activo el brazo armado de la extorsión que creó tras el parón del 11-M
Una unidad mixta del aparato militar y financiero es la encargada del chantaje, que nunca está en tregua
FERNANDO ITURRIBARRIA CORRESPONSAL | PARÍS. El Correo 17 Octubre 2010

En el marco de la vigente suspensión de los atentados, ETA mantiene operativo el brazo armado de la extorsión económica, que sigue activa como han denunciado la patronal y autoridades vascas. 'Gesa', ejecutor violento de un chantaje que nunca está en tregua, fue creado en abril de 2004 cuando el potencial atemorizador de la amenaza terrorista quedó mermado por el parón técnico improvisado a raíz de la ofensiva islamista del 11-M.

Unidad mixta de los aparatos militar y financiero, se trata de la estructura encargada de ejercer sobre el terreno las medidas de amedrentamiento y represalia decididas contra los empresarios recalcitrantes al pago del 'impuesto revolucionario'. Estas actuaciones intimidatorias, que incluyen métodos expeditivos como el 'secuestro exprés', no entran dentro del cese de las acciones armadas ofensivas, pues forman parte de las habituales tareas de abastecimiento, en este caso económico.

Gracias a la incautación de contabilidad e informes internos, los servicios antiterroristas franceses tienen documentado el nacimiento de 'Gesa' en una época de alto el fuego no negociado similar a la actual. Entonces, en la primavera de 2004, el comité ejecutivo, 'Zuzendaritza Batzordea' o 'Zuba', ordenó a los comandos armados un parón temporal en su actividad, con repliegue de las células de liberados a Francia como medida de seguridad, en reacción a la conmoción provocada en la opinión pública por los atentados terroristas del 11-M. El primer fruto estratégico de este movimiento táctico fue la creación en el seno del aparato militar de una unidad nueva exclusivamente dedicada a la ejecución del chantaje económico.

'Gesa', su nombre, es el resultado de la contracción entre 'Esa' (nombre del aparato militar, abreviatura de 'Ekintza Saila', departamento de acción) y 'Gezi' (extorsión, siglas de 'Gora Euskal Zerga Iraultzaila', que significa 'Viva el impuesto revolucionario vasco'). Según los analistas franceses, la nueva estructura comenzó a funcionar en abril de 2004 a las órdenes de Peio Eskisabel Urtuzaga 'Xerpa', que acababa de asumir la co-jefatura del aparato militar, y tuvo un rápido desarrollo: de 14 personas en su creación pasó a contar con 35 en agosto del mismo año.

La reestructuración motivó un reparto de papeles en el entramado recaudatorio. 'Gezi', que sigue dentro del aparato político, se encarga de fijar los objetivos del chantaje económico, de enviar las cartas de extorsión, de recuperar las sumas exigidas y del seguimiento de los pagos.

Fichero de morosos
'Gesa', emanación del aparato militar, se ocupa de la fase coercitiva mediante la movilización de los comandos armados contra los contribuyentes recalcitrantes, que son encasillados en tres ficheros. El denominado 'Exprés' agrupa a los empresarios seleccionados para ser retenidos durante unas horas en un lugar apartado y obligados a pagar o a firmar un pagaré bajo amenazas. 'Egurra' reúne a los extorsionados que han pasado a ser objetivo militar por morosidad o impago. 'Salataria' designa a los merecedores de represalias prioritarias por haber informado a la policía.

El estreno de 'Gesa' fue providencial para restablecer con prontitud el equilibrio financiero de ETA, que arrastraba un persistente déficit a pesar del esfuerzo por controlar el gasto de los diferentes aparatos. Un informe de la tesorería o 'Diba' (por 'Diruzaintza Batzordea'), elevado a la reunión c elebrada por 'Zuba' en julio de 2004, subrayaba que las arcas se vaciaban debido a la tendencia a la baja de los ingresos y la confiscación de unos 100.000 euros desde comienzos de aquel año en operaciones policiales.

En la siguiente reunión del comité ejecutivo, fechada en setiembre de 2004, el mismo redactor se felicitaba por la regularidad y la importancia de los ingresos procedentes del 'impuesto revolucionario' recaudados por 'Gesa'. En agosto se había percibido una suma de 60.000 euros entregada por 'Ander', alias atribuido a Iñaki Arietaleaniz Telleria. Este ex preso se había reenganchado tras ser condenado en España a raíz de su arresto en 1993 por la Ertzaintza en una operación combinada con la policía francesa contra una red de extorsión dirigida por Carlos Almorza Arrieta 'Hilario'.

Un mes después la inyección fue de 172.200 euros gracias al cobro de tres impuestos distintos que provocaron que el balance mensual por fin fuese positivo frente a unos gastos de 94.400 euros. Es decir, en apenas ocho semanas, con solo cuatro 'zerga' (impuesto) ETA ingresó casi un cuarto de millón de euros.

Los expertos franceses atribuyen la autoría de estos informes contables a Soledad Iparragirre Genetxea 'Anboto', que bajo el alias de 'Baltza' había asumido a principios de los años 2000 la jefatura de 'Diba' y de 'Gezi'. En la casa rural que ocupaba en Salies de Béarn (Pirineos Atlánticos) con Mikel Albisu Iriarte 'Antza', jefe del aparato político, se intervino el mayor y más completo volumen documental sobre la finanzas de ETA descubierto hasta la fecha.

De su estudio, los analistas deducen que por lo menos el 85% del presupuesto total procede de la extorsión. Alrededor del 7% es resultado de la venta a simpatizantes de bonos y de artículos con el emblema de la serpiente enroscada en el hacha. El resto corresponde a aportaciones voluntarias.

En una nota interna, 'Baltza' explicaba a un comando de 'legales' (no fichados) los procedimientos que debían desarrollar en el seno de 'Gesa'. Les ordenaba realizar pintadas amenazantes en el domicilio del moroso, llamar a la puerta y disparar al aire, recurrir a 'arrestos' (secuestros exprés) y utilizar artefactos explosivos cerca del objetivo.

Pero puntualizaba que los miembros de la célula debían interiorizar que se trataba de acciones de advertencia que no tenían que causar víctimas, sólo daños materiales. Las bombas tenían que ser etiquetadas con las siglas de ETA y no estar escondidas para que el contenido del paquete resultara evidente.

Petición a un ex futbolista
En otro documento, la tesorera insistía a sus subordinados sobre la conveniencia de establecer pagos en plazos para disponer de 'cash flow' de cara a los ejercicios venideros. En una carta remitida a un ex futbolista internacional se le proponía una contribución anual de 6.000 euros a la lucha de liberación nacional mientras que a un holding empresarial vasco se le reclamó el pago escalonado de doce millones hasta 2014.

Un informe de 'Diba', aprobado por 'Zuba' en su reunión de julio de 2004, estipuló la atribución mensual a cada activista de una suma de 1.500 euros, revisable al alza en caso de necesidad. Esa asignación se descompone en 600 euros para cubrir las necesidades del mes en curso más otros 900 «de seguridad» para resistir mes y medio en caso de pérdida de contacto con la organización.

Otra nota de la tesorería dirigida a los jefes de aparato insistía sobre la necesidad de disimular las cantidades de dinero elevadas que recibían con carácter trimestral. En cumplimiento de ese imperativo de seguridad, 'Antza' y Anboto' habían puesto sus reservas económicas a buen recaudo en su guarida bearnesa.
En el depósito de un lavadero, al que se accedía por un camino de tierra trasero, se encontró al desplazar las dos losas que lo tapaban un bidón de plástico flotando en el agua. En su interior había dos embalajes termosellados en los que se guardaban un total de 21.000 euros en billetes de 20 y 50. Era la economía sumergida de 'Gezi'.

HABLAN FILÓLOGOS E HISTORIADORES
Cambiar el nombre de las provincias vascas, "un disparate" y "una barbaridad"
Las críticas al acuerdo entre Gobierno y PNV para cambiar el nombre de las tres provincias vascas trascienden al mundo de la política. Historiadores y filólogos se muestran muy críticos con Zapatero. "A los políticos no les hemos dado facultad alguna para que cambien las reglas de la ortografía".
LIBERTAD DIGITAL 17 Octubre 2010

La Razón recoge este domingo la opinión de distintos historiadores, filólogos así como de miembros de la Real Academia de la Lengua y de la Historia sobre el cambio de nombre de las tres provincias vascas. En el acuerdo entre Gobierno y PNV para aprobar los presupuestos de 2011 y salvar así a Zapatero se incluye que a partir de ahora estas provincias se llamen Gipuzkoa, Araba y Bizkaia.

Sin embargo, estos expertos se han manifestado en contra y critican esta cesión del Gobierno central. Por ejemplo, Gregorio Salvador afirma que "la lengua no se dispone con leyes políticas. Es como si, por un acuerdo con Gran Bretaña se dijera que ahora vamos a llamar London a Londres. Pues esto es lo mismo. Es una cosa tan disparatada...". Además, este miembro de la Real Academia afirma que "lo que resulta más indignante es que un presidente de Gobierno se dedique a hacer estos cambios por intereses partidistas".

De forma similar se pronuncia Fernando García de Cortazar: "Me parece una barbaridad que el interés sectario del PSOE y del PNV llegue hasta la modificación del nombre de las cosas y el de las provincias vascas". El catedrático considera que "hechos como este tienen gravísimas consecuencias en la percepción negativa que tienen los ciudadanos de la política. Así, indica que "a los políticos no les hemos concedido facultad alguna para que cambien las reglas de la ortografía". "Estaría bien que la RAE tomara cartas en el asunto y atajara estas barbaridades lingüísticas", sentenció.

Por su parte, Francisco R. Adrados espera que "Rajoy lo anule al día siguiente si en el futuro llega al poder. Por unos pocos votos para el presidente de Gobierno, estas personas son capaces de cambiar de nombre a todo". Por ello, este otro miembro de la Real Academia afirma que "No existe ninguna justificación histórica ni filológica. Es algo que decide Zapatero".

Por último, otro miembro de la Real Academia, Luis Suárez cree también que "no existe ninguna justificación histórica ni lingüística". En su opinión, no hay ningún documento medieval ni contemporáneo que pueda respaldar este cambio. Lo que existe ahí es algo más profundo que no nos quieren explicar bien. Un pacto que se va a saldar con un precio muy alto. Me parece un disparate".

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