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Recortes de Prensa   Miércoles 20  Octubre  2010

 

Nuevo ataque a la soberanía del Estado
Editorial www.gaceta.es 20 Octubre 2010

Al fragor del debate sobre los Presupuestos del Estado y de los votos necesarios que el presidente Rodríguez Zapatero ha tenido que negociar con algunos grupos de la oposición, Coalición Canaria ha arrancado el compromiso de apoyo del PSOE a su Proposición de Ley sobre delimitación de los espacios marítimos de Canarias, con la que se pretende legalizar un ataque directo a la propia soberanía del Estado español.

Bajo el pretexto de regular una, aparentemente inocente, cuestión de transferencia de competencias autonómicas en materia de aguas interinsulares, Coalición Canaria pretende modificar, nada más y nada menos, que la delimitación de las aguas territoriales del archipiélago y, por extensión, de su zona contigua y su zona económica exclusiva, tal y como se encuentra actualmente regulada por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por España en 1997.

En concreto, dicha convención señala, en sus artículos 3 a 16, el alcance y delimitación del mar territorial, que llega a las 12 millas y que, a su vez, constituye el espacio marítimo de referencia para determinar la zona contigua y la zona económica exclusiva de cada Estado. De acuerdo con el artículo 5, establece el sistema de delimitación de la línea de base normal, que literalmente se determina como “la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño”.

En efecto, al adoptar el sistema de líneas de base recta, en lugar de las líneas de base normal, que unan “los puntos extremos más salientes de las islas e islotes que integran, según su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Canarias” (artículo único Proposición de Ley), el partido canario aplica un sistema de delimitación marítima que la convención considera excepcional y que sólo lo admite para los Estados archipelágicos (artículo 47 de la convención) o los lugares “en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata” (artículo 7.1 de la convención), situaciones que no concurren en el caso de Canarias. Naturalmente, acto seguido reclama el ejercicio de los derechos y facultades sobre estas aguas marítimas por parte de la comunidad autónoma.

En otras palabras, el sistema de delimitación recogido en la proposición de ley no se corresponde con el que la legislación española ya tiene aceptado, de conformidad con la convención, lo que supondría la derogación de la aplicación del derecho marítimo internacional aceptado por España. A nadie se le oculta que ello tendría un efecto directo e inmediato sobre el resto de comunidades autónomas con aguas marítimas, salvo que se pretendiese aplicar esta ley en exclusividad para el caso canario, como parece ser el caso.

Más grave sería el impacto que semejante proposición de ley tendría, en caso de aprobarse, sobre las relaciones con terceros países, como Portugal, Marruecos o el Sáhara Occidental, con algunos de los cuales las respectivas zonas económicas exclusivas todavía no han sido objeto del necesario acuerdo con España para su mutuo reconocimiento.

Finalmente, no puede ignorarse que la determinación del territorio de un Estado, incluidas sus aguas marítimas, constituye una de las facultades más esenciales de la soberanía, como lo son las relaciones internacionales o la defensa, cuyo ejercicio compete a sus poderes centrales, y, por tanto, no pueden ser objeto de una cesión o negociación bilateral con cualesquier comunidad autónoma o partido político.

Las pretensiones de Coalición Canaria para ampliar las competencias autonómicas de su comunidad autónoma, sólo pueden reconocerse como legítimas si se plantean en el marco de la legalidad que garantiza la soberanía del Estado y no a costa de erosionarla.

No es la primera vez que este asunto se plantea en las Cortes, pero hasta ahora no había encontrado eco en los grandes partidos políticos por lo disparatada que resultaba la propuesta. En esta ocasión, Coalición Canaria ha encontrado la oportunidad idónea en la debilidad parlamentaria que aqueja al Gobierno para evitar la devolución de los Presupuestos del Estado.

Una vía subrepticia para sacar adelante sus pretensiones, aunque con ello se arruinen derechos del resto de los españoles, se cuestione la legalidad internacional y se incremente la conflictividad con los países vecinos. No han de faltar voces que minimicen este asunto o acusen de catastrofismo a quienes advertimos sobre las nefastas consecuencias de aprobar esta proposición de ley. A ambos hay que decirles que, en política internacional, jamás se puede admitir que la soberanía del Estado y la integridad territorial se cuestionen si no se quiere estimular las tentaciones expansionistas de otros países, pero, si quedaba alguna duda, el señor Caruana ya se ha anticipado reclamando la internacionalidad de las aguas gibraltareñas

En el poder, como sea
Editoriales ABC 20 Octubre 2010

LOS pactos del Gobierno con los nacionalistas vascos y canarios no van a dar más estabilidad que la que precisa Zapatero para prolongar la agonía de su mandato. La inestabilidad que aqueja a España no se resuelve con pactos de legislatura de última hora, como si el problema nacional fuera la inquietud por la falta de apoyos de Zapatero. El problema sigue siendo el mismo que antes de los acuerdos con PNV y Coalición Canaria, la existencia de un Gobierno agotado y aferrado al poder, solo que con una expectativa ampliada en el tiempo.

Por tanto, el problema se agrava para España en la medida en que la crisis política no va a encontrar su salida natural en unas elecciones generales anticipadas. La colaboración nacionalista tampoco va a ser gratis, más allá del precio pagado por el Gobierno con forma de transferencias, dinero y otros pactos que, en el caso del PNV, se adivinan en el terreno de la lucha antiterrorista; o más bien habría que decir en el terreno del cese de la violencia. Es una auténtica burla que el remate al acuerdo con el PNV haya ido acompañado de elogios del Gobierno al «sentido de Estado» de los nacionalistas vascos, pese al historial que estos presentan de deslealtad a la Constitución, a los intereses nacionales y a la lucha contra ETA.

Por lo pronto, el Gobierno canario va a entrar en crisis tras el anuncio del líder del PP y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Manuel Soria, de no mantener el acuerdo con Coalición Canaria. La respuesta del PP es coherente con la responsabilidad que asumen sus hasta ahora socios de gobierno en prolongar la crisis política y económica de España con su apoyo a Rodríguez Zapatero. No se puede jugar a dos barajas en un momento histórico que reclama, más que nunca, cambiar de rumbo político.

Pero las turbulencias han llegado también al Partido Socialista de Euskadi, cuyos dirigentes no pueden ocultar su malestar por el acuerdo con el PNV, que pone punto final al cambio político que pudo haberse iniciado hace dos años, con el consenso entre populares y socialistas para acabar con la hegemonía nacionalista. Alguno de los dirigentes del PSE ha reconocido que el pacto de Zapatero con Urkullu ha traspasado «alguna línea roja». Pero no basta con lanzar estos mensajes de medias palabras si no vana acompañados de hechos. Mientras no se demuestre lo contrario, el PSOE es tan responsable como Zapatero de haber acabado con la esperanza de cambio en el País Vasco.

Zapatero
Presupuestos y "cultura" del odio
Agapito Maestre Libertad Digital 20 Octubre 2010

Los nuevos Presupuesto Generales del Estado puede que sean un desastre desde el punto de vista de la economía nacional, según destacan reputados economistas, pero son, sin duda alguna, un excelente negocio político para el PSOE y los separatistas del País Vasco y Canarias. La inversión de Zapatero es mínima, pero bien utilizada pudiera obtener unas ganancias relevantes en lo que a poder y política se refiere. ¿Qué invierte Zapatero en el negocio con los separatistas? Arriesga sólo una pequeña parte de su gran capital acumulado, durante estos últimos siete años, en el banco del PSOE, pero obtendrá beneficios a corto y largo plazo: no sólo se asegura unos meses más en el poder sino que también acrecentará su gran capital político.

¿Cuál es el preciado capital del PSOE de Zapatero? A la altura de esta legislatura, y a tenor de todas las leyes de carácter ideológico aprobadas en los mandatos de Zapatero, nadie puede dejar de reconocer que el odio, la ira y la venganza son, en efecto, los componentes principales del preciado tesoro que se guarda celosamente en el banco del PSOE. Desde que Zapatero llegó al poder, sólo tuvo un objetivo romper todos los grandes consensos políticos de la Transición y, de paso, dividir y fragmentar la viabilidad de un Estado de Derecho basado en el Estado-nación. España, la nación española, ha pasado ya a un segundo plano, o peor, ha sido totalmente sustituida por un extraño Estado-partido cuyo principal capital es el odio al discrepante. La política, el negocio político, sólo se puede hacer con el afín o seguidor.

Empieza a ser una obviedad para cualquier analista político serio reconocer que, una vez más en nuestra historia, se ha instalado el odio entre españoles. La ley de Memoria Histórica es sólo un ejemplo de ese canto al odio y la ira entre españoles. Zapatero está triunfando. Ahora empieza a recoger los frutos de lo sembrado en estos años pasados. Resulta, sí, una obviedad reconocer que este odio entre españoles empieza a ser el denominador común de la actual vida política y social de España. Naturalmente, todos los agentes políticos tienen contraídas graves responsabilidades con esta "cultura del odio": en primer lugar, el PSOE y los separatistas serán mirados con rigor por los futuros historiadores de la democracia por atizarla sin ningún tipo de límite y, en segundo lugar, los de la derecha, especialmente el PP, serán juzgados por no querer, o peor, no saber detenerla.

Lo cierto es que este asentamiento de la cultura del odio en España, consolidada por Zapatero merced a la ruptura de los grandes consensos políticos de la Transición, le permite aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado con la ayuda de unos actores políticos que, lejos de importarle la nación, sólo quieren la creación de odio para su destrucción. Todos salen, pues, ganando. El odio trae más odio. Se rompe los pactos de Gobierno con el PP, primero, en Canarias y, seguramente, también en el País Vasco. Zapatero sabe lo que es romper y fracturar, utilizar el odio y la ira para obtener altos réditos políticos; por ejemplo, fractura a su propio partido en el País Vasco, además de eliminar a Patxi López como un posible competidor para liderar el PSOE, pero eso no significa que disminuya su capital político; por el contrario, parece que el odio crece sin que nadie lo pueda detener.

La acumulación de rabia y cólera, guardada colectivamente, adquiere una forma de reserva, tesoro o crédito del que podrían vivir durante mucho tiempo los partidos de la izquierda. De hecho, como ha dicho recientemente Sloterdijk, desde las revoluciones francesa y, sobre todo, soviética los partidos de izquierda se han convertido en los grandes bancos de la ira que, cuando saben hacer su negocio, obtienen con las aportaciones de sus clientes ganancias relevantes en lo que a poder, política y "thimótica" se refiere. La cuestión para la España de aquí y ahora es la siguiente: ¿Podrán sobrevivir el PSOE con esa acumulación de ira y, sobre todo, habrá algún partido político decente capaz de demostrar que eso no es un capital apto para la inversión democrática?

No sabría responder la pregunta. Pero, por desgracia, me temo lo peor. Zapatero podría con esta maniobra de los Presupuestos no sólo ganar tiempo, cosa decisiva en política, sino quizá consiga también un cúmulo de ira imposible de derrotar en futuras competencias electorales o de gobernabilidad.

¿Por qué es perverso el pacto Gobierno-PNV?
Roberto Blanco Valdés La Voz 20 Octubre 2010

Los partidarios del reciente pacto Gobierno-PNV, en el que el primero cede al segundo competencias del Estado a cambio de seguir en el poder un año más, lo defienden con dos distintos argumentos: uno principal (que todos los Gobiernos del mundo en minoría actúan igual) y otro accesorio: que en realidad todos los presidentes españoles que lo han necesitado se han comportado como ahora Zapatero. Pero lo cierto es que tal forma de razonar es muy endeble: y ello porque el primer argumento es falso, mientras que el segundo es solo parcialmente verdadero.

Es falso, en efecto, que, cuando les toca (por ejemplo, para aprobar presupuestos), los Gobiernos europeos -séanlo de Estados federales o unitarios- negocien, como en España, sobre la definición de la estructura del Estado, entre otras cosas porque tal estructura está constitucionalmente fijada y no puede ser objeto de constantes componendas partidistas. En Europa, los Gobiernos en minoría negocian con partidos bisagras estatales solo sobre el sentido y la finalidad de sus políticas, ajustándolas a las exigencias de sus socios para obtener así su apoyo.

Las negociaciones españolas son insólitas y no se dan en ningún Estado descentralizado del planeta: dada la suicida apertura de nuestra estructura del Estado, el Gobierno negocia con un partido territorial que, por serlo, solo defiende los intereses de una parte frente a los intereses generales y que se comporta, en consecuencia, como un mero grupo de presión: el negociante -¡y nunca mejor dicho!- va a lo suyo y lo de todos le resulta secundario. La cosa es peor, claro, cuando ese partido -como el PNV de hoy en día- es secesionista y afirma sentirse no español, de lo que cabe deducir que nuestros intereses generales se la traen completamente al fresco.

Es cierto que esta situación general existe en España desde hace treinta años y lo es también que otros presidentes (González en 1996 y Aznar en el 2000) debieron afrontar negociaciones similares. Lo que no es cierto es que uno y otro actuaran en su día como ahora Zapatero. Por no hacerlo, González hubo de anticipar las elecciones generales; Aznar, por su parte, se negó, al igual que antes González, a aceptar la lectura pro domo sua que del Estatuto vasco hace el PNV, lo que explica que aquel llevará más de dos décadas reivindicando lo que ahora Zapatero, en un acto de irresponsabilidad sin precedentes, ha entregado al País Vasco y deberá luego ceder a los otros territorios.

Porque esta es la verdad: que la gran diferencia entre Zapatero y quienes lo precedieron en el cargo es que él, en contraste con los demás, carece de una cualidad sin la cual un gobernante es un auténtico peligro: del más elemental sentido del Estado.

San Borondón
Alfonso Ussía La Razón 20 Octubre 2010

No hay canario que no ame apasionadamente a la isla de San Borondón, ese espejismo que se crea en la mirada con los contraluces del horizonte. Es una isla que navega y desaparece, que surge y se clava en los ojos de los que, con todo el derecho que otorga la tradición, la sueñan. A quienes no creen en su existencia, San Borondón les niega la visión de su silueta, más de galeón que de falúa. Isla canaria habitada por el vacío. Efecto óptico de la mar, creado, es un decir, por las sombras en los atardecielos del Nublo y el Teide, canarión y chicharrero respectivamente, y el segundo, la cumbre de España, formidable cono de roca y lava que dibuja el perfil prodigioso de la isla de Tenerife.

San Borondón nos pertenece, por lo tanto, a todos los españoles, insulares y peninsulares. Y hoy me sorprendo leyendo que entre Zapatero y Paulino Rivero nos la quieren arrebatar a los que no somos nativos de las islas. Las aguas españolas interinsulares han pasado a llamarse «aguas canarias» a cambio del apoyo a los presupuestos. No entiendo el alcance del acuerdo. Siempre han sido aguas canarias. Y siempre aguas españolas. ¿Cómo pueden llamarse o ser de otra manera? Tengo para mí que algunos gobernantes son capaces de culminar cualquier estupidez para mantenerse en la cima de sus gobiernos. ¿Qué ganan los canarios con la nueva denominación? Nada. ¿Qué perdemos todos los españoles, canarios incluidos? Nada. ¿Qué ganamos? Nada. Con todos los respetos que me merece el señor Rivero, su obsesión se me antoja una tontería.

Si se trata de una simple concesión administrativa, o de una transferencia inesperada, pueden existir problemas de soberanía. Se cede la responsabilidad y custodia de las aguas interiores a cambio del sostén presupuestario. Dejan de ser españolas para reducir su propiedad al ámbito canario. Por ello, el control y vigilancia de las «aguas canarias» se traspasa de la Armada Española y la Guardia Civil a la presumible Marina de Guerra canaria y a las fuerzas de seguridad autonómicas. Para ello, don Paulino Rivero tiene que proponer a los diferentes cabildos insulares la inmediata construcción de los buques que habrán de conformar la futura Armada Canaria. Porque si dejan de ser aguas españolas, ¿qué pinta ahí la Marina? Y si dejan de ser aguas españolas ¿qué hace la Guardia Civil impidiendo la llegada de las pateras que provienen de Mauritania, el Sáhara o Marruecos?

El apoyo a los presupuestos para que Zapatero se mantenga en el desgobierno de España deja secuelas de incultura y majadería nominativas. Se obliga a dar una patada a un idioma que hablan y escriben cuatrocientos millones de personas con la nueva denominación de Gipuzkoa (Guipúzcoa) y Bizkaia (Vizcaya), como si ello fuera posible. Y se desespañoliza la mar canaria por un mero capricho aldeano de guanche iluminado. Menos mal que el presidente de Murcia es del Partido Popular. De ser nacionalista murciano nos obligaría Zapatero a hablar en panocho, y las aguas de Cartagena, con la base incluida, pasarían a ser propiedad soberana de los naturales de Murcia. Menudo lío de aguas territoriales. En fin, que nos han quitado a los españoles peninsulares las aguas de Canarias y el espejismo mágico de la isla de San Borondón. Y lo último, no lo tolero. También es mía.

La esfinge falible
Carlos ALSINA La Razón 20 Octubre 2010

Quienes estábamos allí cuando Barreda se salió de la linde podemos dar fe de lo orgulloso que se fue el manchego de su eclosión de rebeldía precocinada. Me interesa más lo que piensa un dirigente político que lo que declara. Barreda, por una noche, se despelotó en público («¡calzones fuera!») y compartió con el respetable sus reflexiones más sinceras, léase sus cálculos electorales cortafríos. Veo menos relevante su acto de contrición posterior, un falso intento de aguarse a sí mismo. De haber imitado a Bono hubiera obrado al revés: primero vaselina y después lavativa, nunca al revés porque entonces sales tú escocido. Barreda dijo lo que piensa y otros siguen pensando en lo que dijo. No comparto la tesis de que Zapatero ha cerrado en Ponferrada (o en la ejecutiva del lunes) el debate sucesorio: no está en su mano cerrarlo, como ya no estaba abrirlo.

El chute de autoestima que ha exhibido tras los pactos paliativos sólo revela hasta qué punto llegó a verse él mismo desahuciado. Su victoria en la fase de clasificación de los Presupuestos es un triunfo político inapelable, pero aún sigue lejos –bien lo sabe– de ganar la Champions. El presidente inaugura su último año de mandato atando la estabilidad parlamentaria al módico precio de ver afeada su conducta persa por aquéllos que ansiaban esculpirle una lápida. La mayor concesión que ha hecho a sus nuevos (y viejos) socios es la de no desmentirles cuando éstos alardean de haberle arrancado un botín enorme. «Solicito permiso, presidente, para presumir en los foros de haberte sacado los higadillos». «Permiso concedido, Urkullu, a mi ya me da lo mismo». Examinados los términos del contrato de adhesión que ha suscrito el PNV, tampoco es para tirar cohetes nacionalistas. Si esto mismo lo hubiera firmado Patxi López le habría faltado tiempo a Urkullu para censurar al lendakari por rendir el alma vasca a cambio de veinte sugus.

Zapatero salva el barranco y conserva para sí la exclusiva de fijar fecha de vencimiento a esta legislatura agónica. No es manca la gesta, pero sigue cojo. En el Congreso se ganan las votaciones. Las elecciones son otra cosa. El ardor mitinero redivivo tiene más de placebo que de eficaz antídoto contra la deserción creciente que las encuestas rezuman. Peca de nuevo el presidente de su natural tendencia a hacer lecturas simples de problemas complejos (Iñaki Gabilondo dixit). Confunde el fulgor de la noticia diaria con la prospección geológica del terreno que pisa, la coyunda con la coyuntura, el flotador con el barco. Ignorando su reciente historia, vuelve a ejercer de profeta inflamado en hipérboles para afirmar que «las reformas ahora emprendidas garantizan el bienestar de España para los próximos veinticinco años». Suena a broker político que promete rentabilidad máxima a un inversor arruinado. El líder falible insinúa estar dispuesto a repetir; intuyo que él se sabe en retirada. Me interesa más lo que piensa un dirigente político que lo que declara, pero la esfinge camufla su indecisión en la cábala.

Gulliver en Liliput
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 20 Octubre 2010

DE cuantas bizarras frases se han oído últimamente, la que más me ha impresionado es la del presidente canario, Paulino Rivera, tras sellar su pacto con Zapatero: «Mi primera responsabilidad es defender los intereses de Canarias». Como si estuviera hablando de otro país. Como si los intereses de Canarias no tuvieran nada que ver con los de España. Casi, casi, como si Canarias gana lo que pierda España, por lo que el primer deber del presidente canario es sacarla lo más posible. Es la filosofía que se ha impuesto entre esa panda de reyezuelos que, aprovechando la rivalidad de los dos grandes partidos, gobiernan sus taifas con un único lema: sacar a España cuanto puedan para sus comunidades y, a veces, para sí mismos, como ha ocurrido en Baleares.

Cuando establecimos el Estado de las Autonomías se nos dijo que significaría un avance sobre el Estado centralista, al romper su rigidez, agilizar los trámites y poner más en contacto el ciudadano con la administración. Lo que hemos tenido los españoles es justo lo contrario: en vez de un Estado, diecisiete reinos de Taifas, igual de centralizados, con más burocracia y más trámites que nunca. Gulliver en el país de Liliput, bien amarrado por los enanitos. Ahí tienen a los canarios reclamando «sus aguas». Y Zapatero, dándoselas. ¿Significa que en caso de una eventual invasión marroquí —no olvidemos que figuran entre la reivindicaciones de Rabat— se encargarán de defenderlas? O sin ir tan lejos: ¿afrontarán en adelante por su cuenta la invasión pacífica de africanos? ¡Quite para allá! Significa sólo que el señor Rivero podrá ir de Tenerife a Las Palmas cantando: «Estas son nuestras aguas. Se las he quitado a España». Veremos lo que tarda el señor Revilla en hacer lo mismo con las santanderinas.

Todo esto es un chiste. Lo que ya no es un chiste es la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social en el País Vasco. Nos dicen que no rompe la caja única, que sólo afecta a la gestión. Pero ¿cómo podrá gestionarse una Seguridad Social sin haber transferido su caja? Nadie lo sabe, y si lo sabe, no lo dice. Para eso hemos pagado a precio de oro los votos de los nacionalistas vascos y canarios en apoyo del presupuesto. Un presupuesto que, como advirtió la vicepresidenta segunda, poniéndose la venda antes de recibir la pedrada, pueden necesitar «medidas adicionales, que no vacilaremos en tomar». Claro que el principal objetivo de ese presupuesto no es económico, sino político. De momento, han conseguido mantener a Zapatero en el poder unos cuantos meses más, y están dispuestos a seguir pagando. Mientras haya dinero en la caja, claro.

Un simulacro de ruptura
EDITORIAL Libertad Digital 20 Octubre 2010

Tras el bochornoso respaldo de Coalición Canarias a los nefastos Presupuestos Generales del Estado presentados por Zapatero, el Partido Popular ha anunciado una supuesta ruptura con sus socios de gobierno en las Islas Canarias que todavía no sabemos muy bien si merece tal nombre.

Naturalmente, no vamos a pedir al consejero de Economía y Hacienda canario, presidente del PP en aquella comunidad, José Manuel Soria, que vote ahora en contra del proyecto autonómico de Ley de Presupuestos para 2011 que él mismo presentará para su aprobación el próximo viernes ante el Consejo de Gobierno autonómico. Tampoco vamos a pedir que, a partir de ahora, el PP canario vote de manera sistemática en contra de todo lo que presente Coalición Canaria, como reprimenda al apoyo que permitirá a Zapatero seguir arruinando a los españoles, incluyendo, que nadie se llame a engaño, a los propios canarios. Pero una cosa es esto, y otra muy distinta, garantizar sin más a los nacionalistas la estabilidad de su gobierno, tal y como ha hecho el PP al mismo tiempo que anunciaba su supuesta ruptura con ellos.

Si el anuncio de ruptura no pretende ser más que un mero gesto a la galería –algo probable si tenemos en cuenta que se produce a escasos siete meses de las próximas elecciones autonómicas–, los consejeros del PP no sólo tienen que hacer efectiva su salida del gobierno canario la próxima semana, tal y como se han comprometido supuestamente a hacer, sino garantizar a los nacionalistas canarios que a partir de ahora ya no apoyarán nada que no corresponda al cien por cien con su ideario y con lo que se comprometieron con sus electores. Pero, sobre todo, el PP tiene que romper real y definitivamente, tanto en Canarias como a nivel nacional, con los nacionalistas que, a la vista está, sólo persiguen objetivos espurios a costa de la desvertebración y empobrecimiento general de España.

Lo paradójico es que parece haber sido más Rajoy que el propio presidente del PP canario el principal interesado en que la supuesta ruptura con CC no sea "traumática", expresión que nos tememos puede encubrir la voluntad de que no sea real ni, menos aun, firme en el tiempo. Especialmente si tenemos en cuenta que no sería la primera vez que PP y los nacionalistas canarios rompen para poco después, ya pasadas las elecciones, recomponer sus alianzas del gobierno.

Si Rajoy, de verdad, quiere revertir el proceso de disolución y empobrecimiento nacional que está padeciendo España, no puede limitarse a sustituir a Zapatero en sus alianzas con los nacionalistas. Por el contrario, y tal y como ya hemos apuntado en innumerables ocasiones, debe impulsar una reforma en el sistema electoral que imposibilite que pequeñas minorías regionales se conviertan en árbitros para la gobernabilidad de toda la nación. Quizá, una vez conseguido que Zapatero ya no esté al frente del PSOE, resulte posible un acuerdo de Estado entre los dos grandes partidos para frenar esta suicida sangría de legitimidad y competencias que está acabando con la administración central, la única en la que todos los españoles podemos mirarnos de igual a igual. Pero de no ser esto posible, Rajoy debe regresar a los principios que tradicionalmente ha venido defendiendo su partido, aquellos a los que apelaba María San Gil en su famosa ponencia donde se pronunciaba en contra de los pactos con los nacionalistas. Entonces fue el presidente del PP canario quien los ridiculizó con un SMS que decía: "María, he recibido tu ponencia. ¡Arriba España!". Aunque siendo el principal responsable del errático giro emprendido por su partido desde el Congreso de Valencia, no tenemos demasiadas esperanzas.

El búnker. La medalla
Luis del Pino Libertad Digital 20 Octubre 2010

Ha elegido Gabriel Moris, para su más reciente artículo sobre el 11-M, una imagen ciertamente sugestiva. Recuerda Gabriel que los búnkeres son instalaciones militares (también los hay civiles) de carácter defensivo y se pregunta cómo destruir el búnker que nuestros gobernantes han construido en torno a la masacre de Madrid.

Resulta sugerente la imagen porque, en efecto, las distintas instituciones que hubieran debido arrojar luz sobre lo que ocurrió en Madrid aquella mañana de marzo, se han atrincherado en torno a una versión oficial que ya ni siquiera pretenden que resulte creíble y se limitan a rechazar con facilidad cada ofensiva que desde el frente mediático, el cívico o el judicial se desarrolla. La semana pasada, sin ir más lejos, Francisco José Alcaraz reprochaba a nuestros representantes políticos, en el Congreso, su negativa a atender a las demandas de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que ha solicitado amparo en vista del obstruccionismo del Ministerio de Interior en la causa que se sigue contra el comisario Sánchez Manzano por presunta manipulación de pruebas y falso testimonio.

¿Servirá de algo esa admonición de Alcaraz a sus señorías? Por supuesto que no. Eso no quiere decir que no haya que sacarles los colores a los diputados, pero las palabras de Alcaraz serán amortizadas por nuestra clase política a beneficio de inventario, de la misma manera que se amortizaron antes las de Ángeles Domínguez, presidenta de la AAV11M, en ese mismo sentido y en ese mismo escenario.

Pero existen otras dos acepciones de la palabra búnker que hacen que esa imagen elegida por Gabriel resulte especialmente adecuada. "El Búnker" - con mayúscula - se llamó, durante la Transición española, a ese sector del régimen franquista que se oponía con uñas y dientes a cualquier tipo de reforma democrática, por tímida que fuera. Desde ese punto de vista, no cabe sino constatar el paralelismo de aquella clase política periclitada con una parte nada desdeñable de nuestra actual clase política, empeñada hoy - como ayer el otro Búnker - en defender a capa y espada un régimen que lleva muerto desde que alguien reventara cuatro trenes repletos de pasajeros el 11 de marzo. Y dentro de esa defensa de un régimen muerto, el mantenimiento de la versión oficial de la masacre de Madrid juega un papel fundamental, puesto que de ese mantenimiento dependen, en cadena, la supervivencia del actual reparto de poder, de las presentes instituciones y de las prebendas existentes.

Hace un par de años, todavía era posible encontrar periodistas o políticos que defendían sinceramente la veracidad del núcleo básico de la versión oficial del 11-M. Hoy, es tarea casi imposible encontrar a alguien capaz de argumentar en ese sentido. A cambio, lo que cada vez abunda más son aquellos que en conversación informal recurren a un razonamiento que tiene mucho que ver con la tercera acepción del término elegido por Gabriel Moris para titular su artículo.

Porque "búnker" se llama también a las instalaciones - civiles o militares - pensadas no para preservar, sino para "contener" lo que hay en su interior. Es decir, también se denomina búnker a aquellas instalaciones que no están destinadas a proteger algo frente a los ataques del mundo exterior, sino a proteger a ese mundo exterior frente a lo que el búnker contiene: por ejemplo, instalaciones utilizadas como cementerio nuclear de residuos radiactivos o instalaciones empleadas para la realización de experimentos biológicos.

Según esa tercera acepción, la versión oficial de la masacre de Madrid actúa como auténtico búnker que pretende aislar a la sociedad española del conocimiento de lo que el 11-M representa y de las consecuencias que ese conocimiento traería. "¿Acaso no es mucho mejor - te dicen quienes así argumentan - evitar asomarse al abismo? ¿Qué sentido tiene ya remover algo que huele tan mal? La sociedad española no está preparada para mirar al monstruo a la cara. Dejémosle dormir en su búnker".

El Gobierno ha condecorado a Driss Jettou, primer ministro marroquí durante el 11-M. Nada más natural. ¿Acaso existiría la versión oficial del atentado si no hubiéramos contado con la inestimable colaboración de los "servicios amigos" a la hora de apuntalar tal o cual cabo suelto?

******************* Sección "bilingüe" ***********************

PP y CC
¿Hay que engañar al pueblo?
José García Domínguez Libertad Digital 20 Octubre 2010

Decía Charles Péguy –y decía bien– que nada hay más antiguo que un periódico de ayer ni nada más actual que un poema de Homero. De ahí, por cierto, que la lectura serena de los antiguos ofrezca siempre la mejor información confidencial para lidiar con los zetapés, los riveros, los sorias o los don marianos de turno. Sin ir más lejos, la procedencia de engañar al pueblo, empeño que ahora mismo ocupa por igual a socialistas, conservadores y trapisondistas canarios, es moneda de cambio que ya fue puesta en circulación por Federico II de Prusia.

Así, a la pregunta del soberano sobre si correspondía mantenerlo en su ignorancia acerca de la res publica, Goethe, el gran maestro de humanistas, respondería en forma de epigrama: "¿Debe engañarse al pueblo? / Desde luego que no / Mas si le echas mentiras / mientras más grandes fueren / resultarán mejor". Nadie podrá negar que Goebbels dispuso de buenos maestros, los mejores. Por lo demás, ocurre con frecuencia que un príncipe resulte popular mientras, por bisoñez o simple necedad, lastima a los suyos. Repárese en aquel altivo Rodríguez, el que dio en cometer el Estatut al tiempo que se tuteaba con Otegi y Ternera. Por el contrario, pasar a conducirse con alguna sensatez –de grado o a la fuerza, es lo de menos– pudiera condenarlo a ojos de la muchedumbre. No otro es el caso del mismo indigente que hoy empeña mares y océanos a cambio de una mísera prórroga en el purgatorio.

¿Habría, entonces, que mentir al pueblo por norma? Condorcet, persona decente pese a tratarse de un intelectual célebre, siempre se opuso. Suyo es el opúsculo que lleva por título ¿Es conveniente engañar al pueblo?, ilustrada réplica al rey de Prusia que debieran procurarse con urgencia ciertos aprendices de brujo que pululan por la planta noble de Génova. A fin de cuentas, los ventajistas de cosa canaria acaban de atrancar unos Presupuestos del Estado que hubiese firmado Rajoy con los ojos cerrados, como sabe en su fuero interno hasta el gato de Cheshire. ¿A santo de qué, pues, ese numerito, el del divorcio exprés ful de Soria? ¿A qué burlarse de los votantes simulando una ruptura que ni es ni fue ni será? ¿A qué tanto Goethe de medio pelo?
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Santuarios terroristas
POR LUIS DE LA CORTE IBÁÑEZ ABC 20 Octubre 2010

LAS recientes declaraciones proferidas por dos etarras en la Audiencia Nacional, reconociendo que habían recibido entrenamiento en Venezuela, devuelven actualidad a la cuestión de los llamados santuarios para terroristas: un problema que lleva largo tiempo afectando a España, así como a la seguridad, la estabilidad y la paz de otros muchos países, sino del mundo entero.

D No deja de resultar curioso que una expresión como la que figura en el título haya ganado carta de naturaleza, tanto fuera como dentro de nuestro país, teniendo en cuenta su significado primario y original. La palabra «santuario» fue acuñada para designar cualquier templo o sitio al que pudieran peregrinar los fieles de alguna religión, normalmente para dar una prueba de fe. Durante la Edad Media las iglesias y los monasterios cristianos se convirtieron en lugares a los que, merced a la ley de asilo, los perseguidos por la justicia podían hallar resguardo de sus perseguidores, debiendo abstenerse estos de violar tal refugio.

De modo que, andando el tiempo, la citada práctica de «acogerse a sagrado» permitió agregar un nuevo significado a la voz santuario, comenzando a usarse también para designar todo espacio que otorgase seguridad a sus moradores y visitantes, incluyendo también a toda suerte de maleantes. En conformidad con ello, la noción de «santuario terrorista» se ha terminado empleando para describir aquellos enclaves que ofrecen protección a elementos terroristas, ya se trate de unos pocos individuos o de toda una organización. Expresado con otros términos, esos santuarios se corresponden con las «bases seguras» que, de acuerdo con T. H. Lawrence (el legendario Lawrence de Arabia), constituyen una de las condiciones indispensables para el éxito en cualquier guerra de guerrillas: un lugar donde poder quedar a salvo de un enemigo superior en fuerzas, a quien solo cabe derrotar evitando todo enfrentamiento directo, pero sometiéndolo a cambio a hostigamientos reiterados (o, en el caso del terrorismo, a ataques dirigidos contra población civil o no combatiente).

La experiencia acumulada durante un largo siglo XX traspasado por un mínimo de cuatro oleadas de terrorismo insurgente, cuyos efectos se hicieron sentir en una multiplicidad de países y en varios continentes, ha demostrado la enorme importancia que el acceso a algún espacio de impunidad (santuario) entraña para la supervivencia y efectividad operativa de cualquier organización terrorista. Ello se explica, sobre todo, por las múltiples exigencias que requiere la propia actividad terrorista y las facilidades que los santuarios ofrecen para su cumplimiento, incluyendo evitar vigilancias y detenciones, adiestrar a los propios militantes, acceder a fuentes de financiación, armas y otros recursos, diseñar estrategias y planificar y preparar atentados, cubrir requerimientos logísticos, desarrollar acciones de comunicación y propaganda, establecer contactos con otros grupos terroristas o criminales, reclutar nuevos miembros, y otras.

Los enclaves constituidos en santuarios terroristas pueden adoptar una amplia variedad de formas y ubicaciones, siendo esa misma variedad lo que determina cuáles y cuántas de las anteriores funciones pueden ser satisfechas mediante su uso, además de la más básica de resguardo y ocultación. Algunos santuarios se emplazan en los propios países donde los terroristas cometen sus atentados, en regiones, localidades o barrios donde gozan de un apoyo social considerable, como ocurriera con los sectores católicos de varias ciudades norirlandesas en que las operaba el IRA. O en campos de refugiados como los que permitían a extremistas palestinos ocultarse tras mujeres y niños.

No obstante, los santuarios que resultan más útiles a las organizaciones terroristas (y más difíciles de erradicar) se sitúan en países donde sus militantes no son activamente perseguidos por el Estado, lo cual puede suceder por varios motivos: por ausencia de control estatal sobre la parte del propio territorio donde se cobijan y operan los terroristas (caso de los Estados frágiles o fallidos); por indiferencia del propio Estado cuyo país les sirve de santuario (recuérdese la indolente actitud mantenida durante años por Francia y Argelia respecto a ETA, hoy afortunadamente superada); por afinidad ideológica (como la profesada hacia Osama bin Laden por los gobiernos islámicos y extremistas que le acogieron sucesivamente en Sudán y Afganistán durante la década de 1990); o por voluntad expresa de apoyar un extremismo violento cuyos efectos pudiera favorecer la propia agenda internacional, siguiendo el ejemplo de numerosos estados que han patrocinado a organizaciones terroristas foráneas de diverso signo (como hicieron la antigua URSS y la República Democrática Alemana, Libia, Irán o Siria, entre otros estados).

¿Qué puede hacerse para eliminar las condiciones que producen santuarios terroristas? Centrándonos en los santuarios internacionales, resulta evidente que la invasión militar, por sus enormes costos humanos y económicos, debe ser una opción únicamente aplicable bajo situaciones de emergencia como la generada por el asentamiento de Al Qaida en tierras afganas con consentimiento del régimen talibán. Ante todo, es prioritario impulsar y sostener todas las acciones diplomáticas y medidas de presión que sean necesarias para comprometer a los estados que integran la comunidad internacional a prohibir el acceso y tránsito de terroristas foráneos dentro de sus fronteras y, en caso de no poder evitarlo, detenerlos y entregarlos a la Justicia de sus países de origen. Y, por supuesto, hay que ayudar política y económicamente a resolver los problemas de escasez de recursos y gobernabilidad que convierten a ciertos países y regiones en lugares hospitalarios para criminales internacionales de toda condición. Todo esto se viene haciendo en cierta medida, pero también con limitaciones importantes. Y, por desgracia, aún existen estados que toleran y apoyan al terrorismo.

Con su participación en la misión ISAF, España colabora con otros muchos países para evitar que Afganistán vuelva a ser un inmenso refugio y campo de entrenamiento para terroristas. Pero ese país centroasiático no es ni mucho menos el único santuario extranjero que debe preocuparnos. En su informe final, publicado en julio de 2004, la comisión encargada de investigar los atentados del 11-S identificó varias regiones del mundo que estaban funcionando o podían funcionar como santuarios para Al Qaida u otros grupos armados ideológicamente próximos, siendo las principales algunos países o regiones del sudeste asiático, Asia Central (Pakistán occidental y su frontera con Afganistán, la Península Arábiga, el Cuerno de África y África occidental —desierto del Sahel, Magreb, Nigeria). Seis años después de haberse confeccionado, esa lista no admite rectificación. Así, teniendo en cuenta que España se halla bajo amenaza del movimiento yihadista global, la existencia de cada uno de esos santuarios afecta directamente a nuestra seguridad.

Por último, la alusión inicial a Venezuela nos recuerda que, prolongando una vieja costumbre practicada por varios países iberoamericanos (México, Cuba, Colombia, Uruguay, Nicaragua) todavía hoy ETA contaría con santuarios fuera de nuestras fronteras, en los cuales no solo encuentra refugio, sino que también emplea para garantizar su capacidad de matar. Esto ocurre en un país al que nuestra diplomacia considera amigo (pese a estar sometido a un gobierno indudablemente atroz), pero cuyas autoridades no tienen reparo en difamar a nuestras Fuerzas de Seguridad y nuestro sistema de justicia. Y solo resta preguntar: ¿se está haciendo todo lo que se puede y debe para acabar con esta situación? En verdad, no lo parece.
LUIS DE LA CORTE IBÁÑEZ ES PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

A y B
¿Del pacto entre Urkullu y Zapatero se deriva «que el PNV legitima, por fin, el Estatuto de Gernika»? «¿No se daña el bien fundamental estatutario, el de ser compartido por una gran mayoría de la sociedad vasca»?
JOSEBA ARREGI El Correo 20 Octubre 2010

Varios factores han conducido a que la comprensión de la democracia se encuentre entre nosotros muy desfigurada. Ello ha inducido a más de uno a pensar que sería necesario escribir una especie de abecedario de la democracia. El propósito de estas líneas se queda en bastante menos. Sólo quiere analizar dos puntos de nuestra actualidad política, eso sí, de especial importancia.

El primer punto, el A, se refiere a las palabras pronunciadas por la directora de víctimas del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, en su comparecencia en el Congreso, y a su recepción por los medios. De sus palabras se han resaltado las referidas a que en la cuestión de las políticas antiterroristas y de las medidas a aplicar a los presos de ETA que rompan con la organización, son los políticos quienes están legitimados para actuar, independientemente de lo que piensen las asociaciones de víctimas, a las que se les otorga el papel de notarios de la deslegitimación de ETA en su momento final.

Se trata de un debate recurrente: ¿Cuál es el papel de las víctimas en la política antiterrorista? Es evidente que para algunos partidos ese papel, sea el que sea, siempre es molesto, mientras que otros piensan que la opinión de las víctimas siempre debe ser vinculante para todo actor institucional. ¿Cuál es la legitimidad de las víctimas, qué es lo que otorga peso especial a su opinión? No es, creo, sólo su sufrimiento no buscado, sino impuesto por ETA. Porque ese sufrimiento, en cuanto impuesto por ETA, apunta a su fuente: el asesinato, o intento de asesinato, llevado a cabo por ETA. Sin esas víctimas primarias, las asesinadas y las supervivientes de atentados de intención mortal, no habría víctimas familiares y no habría sufrimiento alguno.

La legitimidad de las víctimas familiares no está ni en su sufrimiento personal ni en lo que piensen individual o colectivamente, sino que se halla en la verdad objetiva de las víctimas asesinadas o supervivientes de atentados mortales. Y esa verdad está en la intención que motivó y causó cada uno de los asesinatos. Y en cada uno de los asesinatos, es la verdad objetiva de las víctimas primarias, queda condenado el proyecto político de ETA. La memoria, dignidad y justicia que reclaman las asociaciones de víctimas hace transparente esa condena y recuerda que el futuro de Euskadi, de España en su conjunto, no puede edificarse sobre los ejes estructurales del proyecto de ETA, que fueron los que legitimaron y motivaron en primer lugar los asesinatos.

Esto coloca un límite infranqueable a la posible actuación de los poderes públicos, actuación que en un Estado de Derecho siempre está sometida a los principios de derecho y a las leyes. Y el límite se puede formular como pregunta: ¿Es aceptable que quienes se desligan de ETA afirmen que de ahora en adelante lucharán por el mismo proyecto político que antes, pero solo por medios pacíficos, por vías exclusivamente políticas? ¿Es aceptable que el futuro de Euskadi, cualquier reforma del Estatuto de Gernika o lo que algunos quisieran en su sustitución se defina sobre los ejes del proyecto político de ETA que motivó casi mil asesinados? ¿No significaría esto volver a matar a los ya asesinados, volver a herir mortalmente a los supervivientes de atentados mortales?

Es necesario plantear estas preguntas precisamente en estos momentos, y es a partir de estas preguntas desde donde se puede discutir y definir el papel y la función de las asociaciones de víctimas en este proceso que es, al parecer, el final de ETA.

Segundo punto, el B. Parece que la debilidad parlamentaria extrema del presidente Zapatero va a parir el cierre del tan denostado, por algunos, Estatuto de Gernika. Ése cuya defunción se proclamó precisamente en Gernika allá por el año 1998, si no me falla la memoria, y en presencia del entonces secretario del EBB del PNV. ¿Cuál es el significado político de este cierre del Estatuto? El significado aparente es que se completa la transferencia de las competencias previstas para Euskadi. Por fin: se supera la incapacidad, o falta de voluntad, de los sucesivos gobiernos centrales, 'del Estado', como se dice enfáticamente, para cumplir una ley orgánica como es el Estatuto. Ese incumplimiento era la verdadera fuente de deslegitimación del Estatuto, y no otra cosa, se nos afirmaba permanentemente.

El Estatuto, por supuesto, son las competencias en él contenidas como propias de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Pero el Estatuto no sólo es eso. El Estatuto es la institucionalización política de la sociedad vasca. El Estatuto es la institucionalización de las relaciones entre la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado. El Estatuto es la elevación de la sociedad vasca a sujeto político siguiendo unas reglas, con unas instituciones, según unas normas, con una determinada legitimidad.

El cierre que se nos propone ahora se refiere exclusivamente a las competencias pendientes, y sin explicitar cuáles son y su valor. Pero no cierra, sino que pone en entredicho el régimen institucional definido por el Estatuto. No cierra, sino que cuestiona las relaciones establecidas por el Estatuto entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central. Y por esa razón, al mismo tiempo que aparentemente refuerza el valor político del Estatuto, lo debilita, porque, al no ser un cierre establecido según las normas estatutarias, sino fuera de ellas, daña a la institucionalización estatutaria de la sociedad vasca como sujeto político.

Todas estas grietas, en mi opinión graves, del desarrollo estatutario en este supuesto cierre del mismo se pueden resumir en dos preguntas: ¿Significa ese cierre que el PNV legitima, por fin, el Estatuto de Gernika como la institucionalización que corresponde a una sociedad vasca plural y compleja con todas sus consecuencias -el Estatuto depende y se engarza en la Constitución española-? ¿Con las grietas de este cierre a las que se ha apuntado más arriba, no se daña el bien fundamental estatutario, el de ser compartido por una gran mayoría de la sociedad vasca, para seguir siendo, de la mano de Rodríguez Zapatero, el estatuto exclusivo del PNV?

Crece el mapa
Maite Nolla www.gaceta.es 20 Octubre 2010

Como sabrán, la última remesa de consultas independentistas ha cosechado peores resultados que en las anteriores, que ya eran bastante ridículos.

Como sabrán, la última remesa de consultas independentistas ha cosechado peores resultados que en las anteriores, que ya eran bastante ridículos. Por ejemplo, en Tarragona, feudo de Carod-Rovira, la cosa ha rondado el 5%, empeorando el fracaso leridano que estuvo en el ocho. Y eso, pese a que uno de los consejeros independentistas de la Generalitat cedió urnas para facilitar el evento, con la oposición hipócrita de Montilla y de Iceta, que como ya saben ustedes, se han vuelto españoles en los últimos tiempos, al menos hasta el último domingo de noviembre. Ésa ha sido una de las polémicas de la semana en Cataluña, aunque yo sigo pensando que peor que el uso de las urnas del departamento de Gobernación, es el uso indebido y nada casual del censo.

Las consultas han vuelto a ser un fiasco pese a que TV3 vende estas miniconcentraciones como si se tratara de auténticas jornadas electorales. Por ello, de alguna manera TV3 tenía que ocultar su propio y nuevo fracaso. TV3 ha dedicado su tiempo y nuestro dinero a fomentar esto y el fracaso de las consultas es un fracaso en general de la televisión pública y en particular de su directora, conocida independentista. El caso es que en la cadena pública catalana debían tapar el ridículo de esta convocatoria, porque es su propio ridículo, y utilizaron la siguiente fórmula: crece el mapa de las consultas; como el del tiempo. Lo importante es que las consultas se hagan cada vez en más sitios, aunque cada vez vaya menos gente.

La cuestión de fondo es que se desmonta la teoría elaborada este verano, que venía a decir que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto había provocado una fractura entre España y Cataluña. Tal era la fractura, que se estaba produciendo un crecimiento imparable del independentismo. España y sus comportamientos estaban fomentando el independentismo. Montilla, Duran y todos los que se apuntaron a esa mentira, salieron a la calle, –alguno incluso pasó un mal rato– nos amenazaron al resto con un farol y, eso, mintieron.

*Maite Nolla es abogada.

El ticket Zapatero-Moratinos: ruindades y cobardías
Alfonso Merlos Periodista Digital 20 Octubre 2010

La política exterior del PSOE no es ni prudente ni cautelosa. Es la pura resignación para quienes confían en la promoción en el mundo de los derechos y los intereses de España.

A Moratinos le sienta como un traje la definición de diplomacia de Napoleón: "La ciencia de aquellos que no tienen ninguna otra y son tan profundos como el vacío". Los órdagos que han lanzado contra España en los últimos días el caudillo Chávez y el alcalde Caruana dejan al descubierto las miserias de la política exterior zapaterista. Y esa política exterior tiene dos notas que sobresalen por encima de las demás.

La primera: es coherente. Naturalmente, quien no cree en la nación española es lógico que no se entregue a la defensa de los intereses nacionales. Poco debe importar a quien no siente España que la imagen, las credenciales y la reputación de España en el mundo sean violadas por los más osados sacamantecas.

La segunda: es inane. Obviamente, aquel que ante cualquier problema defiende de forma pública y exclusiva, como Rubalcaba o Caamaño o el propio Moratinos, las tesis de "esperar y ver" o "no polemizar" o "tensar la cuerda" está sembrando las bases para que le tomen por un actor irrelevante y flojo; en palabras de Rajoy, "por el pito del sereno". Y ahí está Zapatero, con los brazos caídos, inmóvil, postrado ante las chulerías y bravatas que salen de Caracas o de La Roca y, el día de mañana, ¡vaya usted a saber de dónde!

Las tragaderas de este zapaterismo amilanado y silente en el mundo, para desgracia de los españoles, son insondables.

En el caso de Gibraltar, la Navy puede hacer pruebas de tiro contra boyas rojigualdas. Los llanitos pueden rellenar aguas españolas con piedras y escombros. La policía del peñón puede abroncar a la Guardia Civil en nuestro territorio. Las autoridades de la colonia pueden suspender ilegalmente una serie de reuniones a tres voces y con tres votos. Pueden tocar nuestros enemigos los extremos de la ilegalidad y de la inmoralidad, pueden afrentarnos hasta el límite que les parezca que aquí en Madrid no pasa nada. Bueno, sí pasa. Pedimos perdón porque son ellos los que nos piden explicaciones y nos leen la cartilla. Los agresores se sienten agredidos. ¡Los pájaros disparan contra las escopetas!

En el caso de Venezuela, por el contrario, no se está constatando la incapacidad del gobierno para defender la unidad nacional o la integridad territorial. Se está dejando al descubierto su insolidaridad para combatir el terrorismo internacional. El quid de la cuestión no está únicamente en que Chávez da abrigo a etarras como Cubillas que, a su vez, abrigan a los pistoleros que cruzan el charco para entrenarse en la selva. El fondo está en que de acuerdo a los últimos informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de Naciones Unidas, el gorila (dícese del "militar que intenta tomar el poder por la fuerza o viola los derechos humanos", retrato perfecto de Hugo Chávez Frías) es uno de los grandes patrocinadores mundiales del terrorismo. Les pone comida caliente y sábanas limpias a los criminales de ETA pero también a los de las FARC, entregados compulsivamente al negocio del el asesinato.

Hoy son los capos de Venezuela y Gibraltar los que chulean a España, pero ayer fue el de Marruecos, y anteayer fue una banda de secuestradores en Mauritania; y antes de anteayer otro grupo de piratas en Somalia. Las bofetadas no cesan pero Zapatero y Moratinos, vengan de donde vengan, nunca ven forma de pararlas o contestarlas.

Y el resultado de esta forma tan timorata y traidora de entender la diplomacia lo estamos sufriendo. No es que hayamos sido devueltos "al rincón de la Historia", en palabras de Aznar. Simplemente las grandes potencias nos dan esquinazo. Y los parias de la comunidad internacional, como Chávez y Caruana, se nos suben a las barbas, a sabiendas de que Zapatero ha desguazado España. Y ya se sabe que en los desguaces no se ven potentes vehículos sino los restos del siniestro: un conjunto de piezas en oferta y en stock.

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La isla de Ferrín
En Méndez Ferrín ha brotado la indignación ante la propuesta de recuperar el topónimo La Coruña
ALFREDO AYCART ABC Galicia 20 Octubre 2010

POCO ha necesitado José Luis Méndez Ferrín para acomodarse a la canonjía de la presidencia de la Real Academia Gallega. Ha perdido ya hasta su talante reivindicativo, mecido quizás por la generosa aportación del gabinete autonómico que preside Alberto Núñez Feijóo, mucho más rumboso con la institución, pese a las limitaciones impuestas por la crisis, que su añorado bipartito.

Llevado por sus férreas convicciones ideológicas, más arraigadas que sus responsabilidades, dejó pasar con silenciosa complicidad la evidente discriminación que supone la minimalista subvención del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, menos de un tercio para la Academia Gallega del millón que perciben análogas entidades en otras comunidades más favorecidas por la simpatía del inquilino de la Moncloa.

Nada nuevo bajo el sol: los escritores de cámara de la cultureta gallega acostumbran a vivir con más holgura cuando es la denostada derecha la que se ocupa de la gestión cultural, una feliz circunstancia que les permite zarandear con impune agresividad a sus pánfilos benefactores, empeñados en alquilar a precio de oro su cínico servilismo. En ese fondo de apadrinada hipocresía se enmarca el sosegado discurso con que se resignó la Real Academia Gallega al cicatero comportamiento del bipartito y, concretamente, de la Consellería de Cultura que dirigía la nacionalista Ánxela Bugallo, en contraste con las hay que pensar que descontroladas remesas, en vista de la falta de explicaciones, que recibía la Mesa por la Normalización Lingüística.

Y es ese fondo, en fin, el que explica el insólito brote de indignación que ha acometido a José Luis Méndez Ferrín ante la propuesta del portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña para recuperar como oficial el topónimo de la ciudad en castellano. Siguiendo como de costumbre, y a pies juntillas, la estrategia diseñada por el BNG.

Ayuno de argumentos, el señor Méndez Ferrín se invistió ayer de un aura de autoridad sobrevenida para intentar imponer su criterio excluyente con la disparatada pretensión de que la recuperación legal de la denominación castellana aislaría a una ciudad cuyos naturales gustan asegurar, por más que le duela al proclamado policía de la lengua, que pertenecen a La Coruña.

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