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Recortes de Prensa   Domingo 24  Octubre  2010

 

El problema autonómico
Editoriales ABC 24 Octubre 2010

Con el abuso del «hecho diferencial» y los «microestados», la organización autonómica ha degenerado en un Estado central residual

LA crisis económica ha puesto al descubierto la insostenibilidad de la organización autonómica del Estado, al menos en las condiciones actuales. No será posible una reducción del déficit público, ni una renovación de las bases del crecimiento económico, si las administraciones regionales siguen considerándose exentas, en todo o en parte, del compromiso de austeridad que requiere la situación. También es cierto que no se puede poner a todos los gobiernos autonómicos al mismo nivel, porque los hay que están consiguiendo mantener la economía y el empleo en tasas mejores que la media. Otros siguen anclados en el discurso victimista de hace treinta años para justificar su inoperancia. Pero el derroche autonómico es efecto y no causa de los vicios del sistema. La autonomía nunca debió ser entendida como un drenaje del Estado central para satisfacer pruritos localistas. Debía ser, según su fundamentación constitucional, una forma de descentralizar competencias que hasta entonces residían en las instituciones nacionales, con precisiones singulares de la Constitución a los derechos históricos de los territorios forales. Sin embargo, entre el abuso del «hecho diferencial» y la excitación del folclore regionalista, el principio de organización autonómica ha degenerado en un Estado central residual, contra el que compiten entidades que, desde su interior, han asumido el papel de microestados. Es indudable el beneficio de la descentralización de las administraciones para el ciudadano, pero para obtenerlo no había que transformar la autonomía en coartada para el derroche en medios públicos, la duplicación de competencias o el tejido de redes clientelares.

En muchos aspectos del Estado autonómico se ha ido más lejos del modelo federal, que, por serlo, dota a las instituciones centrales de poderes de armonización y legislación básica más fuertes que los que tienen a su disposición el Gobierno y Parlamento españoles. Desde luego, nada ha sucedido por un decurso fatal de los acontecimientos, sino por políticas muy concretas que han tratado el poder autonómico como una mercancía de reparto, engordándolo hasta poner al Estado al borde su inviabilidad, como se ha visto en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. Pero ya no es hora de más jueces, sino de políticos que asuman que hay que cambiar sustancialmente las bases del Estado autonómico.

En el país de las maravillas
La España autonómica ha desembocado en un quimérico puzle que constituye un lujo administrativo que no nos podemos permitir
MANUEL MARTÍN FERRAND ABC 24 Octubre 2010

Evolución del gasto de la autonomías



«La última vez que yo estuve en Galicia —escribía Julio Camba en 1918—, Galicia era una de las más hermosas regiones españolas. Ahora ha ascendido a la categoría de nación». Y añadía el maestro gallego que se redimió de la acracia en ABC: «Una nación se hace lo mismo que cualquier otra cosa. Es cuestión de quince años y un millón de pesetas. Con un millón de pesetas yo me comprometo a hacer rápidamente una nación en el mismísimo Getafe, a dos pasos de Madrid».

El experimento previsto por Camba se inició sesenta años después de su planteamiento, hace poco más de treinta años, y ha costado cifras superiores a los seis mil euros —el millón de pesetas— presupuestados por el genio de la provincia de Pontevedra; pero, en líneas generales, ha certificado la capacidad visionaria del maestro. Han surgido, con mayor o menor descaro, diecisiete naciones y todas ellas definen ya su modelo antropológico dominante, sus rasgos culturales definitivos, lo específico de su Geografía, lo diferencial de su Historia y, en suma, sus rasgos identitarios sobresalientes.

La Transición, el insólito y benemérito salto de la dictadura a la democracia, ha generado muchas y profundas transformaciones en España; pero la mayor de todas ellas es, sin duda, la que podemos agrupar en el Título VIII de la Constitución vigente: la España Autonómica, algo que sustentado en un pragmático afán descentralizador, de signo contrario al centralismo autoritario de Francisco Franco, ha desembocado en un quimérico puzle —una Nación de naciones— que, independientemente de cualquier valoración política, constituye un lujo administrativo que no nos podemos permitir.

Millones de funcionarios
El gasto de las Administraciones territoriales (35,6% las Autonomías y 29,9% los Ayuntamientos) supone el 49,2 por ciento de los gastos totales del Estado que, como se sabe, cursa en varios planos administrativos: el nacional propiamente dicho, el autonómico o regional, las diputaciones en las autonomías pluriprovinciales, los cabildos en los archipiélagos y el municipal. Además, instituciones y organismos, centros y empresas públicas de la más diversa naturaleza y elevado coste.

De los 800.000 funcionarios que, redondeando, atendían las instituciones del Estado en el momento de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, hemos pasado a casi 3,5 millones. Mucho parece lo de cuadruplicar una nómina pública; pero, poco o mucho, la realidad acredita la no sostenibilidad del concepto y de su proporción dentro de una población activa que, por razones coyunturales que empiezan a ser también estructurales, seguirá ofreciendo la más baja productividad con respecto al total poblacional de todos los estados europeos y, lo sospecho aunque no puedo certificarlo, de todos los del mundo.

Hace unos pocos días el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le recordaba al Gobierno que, inexcusablemente, en 2011 «debe cumplir el objetivo de reducir el déficit hasta el 6 por ciento del PIB». Cueste lo que cueste, decía el gobernador porque «es la base de la credibilidad del país». Una credibilidad, añado por mi cuenta, que está en veremos. Durante el heptagenario de poder de Zapatero, los Presupuestos han sido, en los ingresos, la expresión de un deseo y, en los gastos, un propósito incumplido. Las agencias de clasificación —Standard & Poor's, Moody's y Fitch— ya lo han significado en la valoración del riesgo financiero del Reino de España.

La TV como síntoma
Puestos a recortar gastos, la más eficaz de las medicinas para el tratamiento de nuestra despilfarradora enfermedad económica nacional, habrá que hacerlo de donde haya, no de las hipótesis platónicas que suelen manejarse. Como decíamos, la Administración central del Estado acapara para sí el 20,9 por ciento del total de los gastos públicos. En las Autonomías hay algunas que, en el último quinquenio, han incrementado la masa salarial de sus funcionarios y empleados en más de un 50 por ciento y, para mayor escándalo, en un tiempo en el que las circunstancias han impuesto un número escaso, prácticamente simbólico, de transferencias. En más de una de las Comunidades, uno de cada tres empleados trabaja con cargo al Presupuesto. ¿Se puede hablar de algo que no sean drásticos recortes?

En las Autonomías se ha incrementado la masa salarial de sus funcionarios en más de un 50 por ciento
Las corporaciones locales, los Ayuntamientos, manejaron durante el pasado ejercicio el 13,6 por ciento del total de los gastos públicos, una proporción verdaderamente exigua si se tiene en cuenta que todos los españoles vivimos, realmente, en un municipio, mientras que las ideas autonómicas y nacionales nos resultan más abstractas y distantes. La Seguridad Social, con el 29,5 por ciento del gasto total del Estado, constituye, con la fuerza añadida de sus transferencias, el capítulo más grueso y significativo del de un 100 por cien que, ni en su conjunto ni en sus partes, podemos seguir soportando con los recursos disponibles.

El «plan B» que reclamaba, en previsión de que no funcione el A, Miguel Ángel Fernández Ordóñez es imprescindible. La deuda contraída por las Autonomías supera ya, solo en lo que se observa a primera vista, los 120.000 millones de euros. Una cifra que denuncia, a lo largo del último ejercicio, un incremento del 26 por ciento. La contemplación en el detalle es aún más pavorosa. Por ejemplo, la suma del déficit, sin contar la deuda acumulada, de las televisiones autonómicas alcanza los 1.500 millones de euros, la misma cantidad que el coste total de RTVE en el presente ejercicio. Añádasele al capítulo las televisiones y radios municipales, que existen aunque no están censadas, y tendremos a la vista la elefantiasis de un capítulo que, en el orden lógico de la demanda social, debiera ser menor y casi insignificante.

Educación + Sanidad= 60%
¿Cómo se puede recortar el gasto de los medios audiovisuales de titularidad pública? Seguramente la única solución eficaz para atajar el mal es proceder a su cierre. Algún líder regional especula, a efectos meramente dialécticos, con su «privatización»; pero, ¿cómo se privatiza un bien que, en función de la digitalización, ya no es escaso, en el que la acumulación de las deudas y el déficit es parte esencial de su naturaleza en razón de su ocupación y control sindical?

Los toros es donde mejor se advierten las distancias que han acarreado las transferencias competenciales
Lo que debiera haber sido un bien notable a partir de la ordenación territorial que marca el Título VIII, la descentralización y el subsiguiente mayor control de los recursos disponibles se ha quedado en poco menos que nada. El 60 por ciento del total gasto autonómico, por ejemplo, se centra en las partidas de Educación y Sanidad, transferidas en su práctica totalidad a las correspondientes Administraciones autonómicas. No ha supuesto ninguna reducción del gasto con respecto a la centralización anterior, todo lo contrario. Como un efecto mágico del sistema, el gasto se ha convertido en creciente y, como una perversión del principio de igualdad que reclama la Constitución vigente, se ha incrementado también la diferencia entre las prestaciones que están al alcance de los ciudadanos en unos y otros territorios del Estado. Hay, en lo que a la potencialidad del gasto respecta ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Más los inmigrantes que todavía están sin clasificar. Algo de difícil arreglo aún contando con el copago.

La fiesta de los toros, aunque sea un capítulo menor y anecdótico dentro de una contemplación general de la disfuncionalidad que arrastran las Autonomías, es donde mejor se advierten las distancias que han acarreado las transferencias competenciales. Con la evolución normativa que es inherente a cada uno de los Parlamentos del Estado, llegaremos a disponer de 17 reglamentos taurinos distintos y, para empezar, en una autonomía como la catalana ya han sido prohibidas las corridas de toros y novillos, bien sean a pie o a caballo.

Diecisiete mercados En lo que se refiere al mercado, la distribución y venta de productos y servicios ya no obedece a los supuestos de la unidad de mercado que, según los expertos, es un acelerador inestimable de eficacia, calidad y servicio. El mercado nacional se ha fragmentado en 17 mercaditos autonómicos y éstos, a su vez, en unos cuantos millares de minimercaditos locales. A partir de la homogeneidad salarial que, todavía, marcan en España los convenios colectivos se genera el despropósito de lo teóricamente igualitario en el territorio de la demanda y evidentemente fraccionado y diferente en el de la oferta. ¿Es eso algo que le convenga a alguien?

Nos hemos permitido el retorno a un estadío poco menos que medieval
Frente a un mundo globalizado, corto en distancias y mínimo en diferencias, en España nos hemos permitido el retorno a un estadío poco menos que medieval en el que lo folclórico e identitario impone su ley frente a la lógica de un consumo en el que sean aplicables las leyes de los grandes números para el abaratamiento del consumo de las familias y las personas. Dentro de un marco tan complejo, diabólico, no se puede ignorar un capítulo especial y secreto de nuestra economía nacional que cursa con distintos e inescrutables dimensiones en las distintas Autonomías. Según un interesante trabajo que, con la autoría de los profesores Brindusa Anghel y Pablo Vázquez, publica el reciente «Libro marrón» del Círculo de Empresarios —«Implicación de la economía sumergida en España»— el monto de esa actividad encubierta en el periodo 1989-2010 se acerca al 20 por ciento del PIB. Muy poco menos, según las estimaciones, que Grecia e Italia y menos de la mitad que en los EE. UU. El desigual reparto de la «actividad» por el territorio nacional incrementa notoriamente la desigualdad entre unas y otras autonomías y, en cualquier caso, en un efecto que toma razón, además de sus génesis clásicas, de la confusión de mercados y fiscalidades que ofrece el complejo muestrario nacional.

Según los expertos, a pesar de la gravedad del momento, la cantidad escondida en ese complejo y delictivo mundillo andará alrededor de los 200.000 millones e, incrustado en la economía real y fiscalmente correcta, podría aportarle al Estado la cantidad que se deduce de su base cotizable y a la Nación otra cantidad muy parecida por la inducción de actividad y trato comercial que genera la normalidad. Ese capítulo fantasmal de la economía, no es, únicamente, un efecto de la ruptura de la unidad de mercado, ofrece mayores posibilidades a quienes pretenden escaparse de la voracidad pública. Las diferencias interregionales que establece son de orden mayor y, con su potencial fiscalidad, podría cambiar el sentido económico de las Autonomías con mayor prosperidad de comercio y turismo en su tabla productiva.

Sin concurso ni oposición
No es cierto que las Autonomías produzcan entusiasmo en los territorios en los que cunden los nacionalismos, tanto más cuanto más centrífugos sean estos, que en los más sosegadamente españoles. Aparte de lo identitario —mucho ruido y pocas nueces—, las Autonomías en su imprevisto desarrollo presente han significado un modo de vida para cientos de miles de funcionarios y contratados sin concurso ni oposición y un nuevo estatus que satisface a la clase política de todas las circunscripciones. Ni en las Autonomías más españolas y menos ditirámbicas se observan movimientos de contención y, menos, de devolución al Estado de competencias que, quizás con precipitación, les han sido transferidas.

Ni en las Autonomías más españolas y menos ditirámbicas se observan movimientos de contención
La deuda de las Comunidades —más de 100.000 millones— es, todavía, menor que la del Estado; pero cursa con menor transparencia y ofrece mayores dificultades en su seguimiento. De ella y de su desequilibrio, en los años dorados del ladrillo, surgió el mayor epígrafe de la corrupción que nos empobrece económica y moralmente y que, misteriosamente, no nos indigna en la intensidad que permitiría sospechar la tradicional cólera del español sentido.

Un lujo insostenible
Está latente, flota en el aire, una cuestión de muy difícil respuesta y que sería deseable que todos, aunque solo fuera hacia adentro, respondiéramos con sinceridad. ¿Estamos satisfechos de nuestro vigente modelo de organización territorial del Estado? ¿Era eso lo que esperábamos cuando, en diciembre del 78, refrendamos con nuestros votos el texto constitucional en el que hoy se asienta el modelo español de descentralización y convivencia? Sea cual fuere el sentido de nuestras íntimas respuestas —añado— es un lujo que no nos podemos permitir en su dimensión actual.

Si no queremos precipitarnos en los abismos del pesimismo colectivo, lo que nunca es provechoso ni produce satisfacciones, habrá que celebrar el éxito, aunque menor del previsto por la empresa y demandado por el respetable, de las últimas ocho décadas de la vida española. Algunas cuentas y muchos proyectos nos han salido mal y son evidentes los fracasos en la selección del personal; pero todo tiene arreglo. Lo más difícil aquí y ahora, porque está en juego el pan de una nueva casta política, es echarle más parches a los rotos autonómicos y empezar a pensar, sin prisas, en una revisión constituyente que corrija los excesos de nuestro sarampión democrático y parcelario y, sin impulsar grandes movimientos centrípetos, consiga calmar los centrífugos.

El diseño vigente del Estado es insostenible. El gasto supera a los ingresos y, además y sobre todo, sus muchos ciudadanos —la mayoría de los no separatistas— que ven en el modelo, además de despilfarro y solapamiento de funciones y atribuciones, un atentado contra la idea unitaria del Estado. Duplicamos los gastos y dividimos la eficacia colectiva, un mal negocio. En 1924, y vuelvo con Camba, decía el maestro que «llevamos cincuenta años pasándonos de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, para ver si se calman nuestros males, como esos enfermos que, postrados en el lecho, se vuelven ahora de un lado para echarse luego del otro sin encontrar nunca alivio a sus dolores».

De lo que se trata es de curar las heridas del maltrecho cuerpo nacional, echarle un zurcido a los bolsillos colectivos y, en su caso, darle un varetazo en la mano a quien acredite tenerla demasiado larga. España es un país muy difícil y no se precisa la colaboración de todos para alcanzar el circense más difícil todavía. Hoy por hoy, la Administración pública nos cuesta, de promedio, 10.000 euros por ciudadano y año. El problema no es de izquierdas o derechas que, en un Estado de Bienestar, no se distingue suficientemente. Es de trabajo privado y decencia pública.

Las regiones gastan 40 de cada 100 euros
El proceso de descentralización del gasto público en España ha sido meteórico en el último cuarto de siglo. El Gobierno de la nación gestionaba a mediados de los años ochenta el 45% del gasto público total de España. Diez años después, la cifra se reducía al 35% y hoy apenas es responsable de veintiuno de cada cien euros que se gastan en España. En el extremo opuesto, los Gobiernos regionales, que han ido asumiendo cada vez más competencias, han pasado de gestionar el 20% de los recursos en 1985 a tener en sus manos casi el 40% del presupuesto total de las administraciones españolas, como muestra el gráfico adjunto. Las corporaciones locales, por su parte, también han aumentado su peso en el gasto en el último cuarto de siglo, pero mucho menos, han pasado del 10% al 13%. 

Una España plural y funcional
«La crisis económica no es en España una crisis internacional, es consecuencia de nuestros propios excesos, los inmobiliarios, fiscales, financieros y territoriales. Tenemos que devolver la solvencia y la eficiencia al Estado»
POR FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 24 Octubre 2010

LA organización territorial del Estado ha sido, junto con la cuestión religiosa y el atraso económico, motivo de debate permanente entre españoles. Intelectuales, políticos, militares, burgueses y proletarios se han pasado medio siglo XIX y XX discutiendo las esencias de la patria. Es, como decía Ortega, un problema irresoluble, solo conllevable. Pero creo que ya va siendo hora de que los economistas aportemos también nuestro granito de arena a la discusión, porque está en juego la prosperidad común.

La Constitución de 1978, y sobre todo su interpretación posterior por el Tribunal Constitucional, el único legitimado para hacerlo, ha resultado en un Estado de las Autonomías de difícil encaje conceptual, pero que es una realidad política establecida. Su desarrollo ha coincidido con uno de los períodos más largos de crecimiento económico de la España moderna, y este hecho ha servido para legitimarlo ante los ciudadanos hasta el punto que muchos le atribuyen propiedades terapéuticas que no le corresponden. No hay ninguna evidencia empírica, ni ningún argumento doctrinal en la literatura económica, que permita concluir que un mayor grado de descentralización política o administrativa facilita el progreso y el crecimiento del bienestar. Pero en política, la concurrencia temporal es sinónimo de causalidad y son muchos los españoles que, parafraseando la pancarta clásica de la Transición, asocian de buena fe libertad, crecimiento y Estatuto de Autonomía. Puede incluso argumentarse, entiéndase como una provocación cariñosa, que ha sido precisamente cuando Madrid se ha liberado de sus obligaciones centralistas y capitalinas, cuando ha podido liberar todo su energía creadora, todo su espíritu emprendedor y ha puesto distancia considerable con sus principales rivales en el ranking de Comunidades. Como un juego del destino, la descentralización política ha resultado en concentración económica, a pesar del más que generoso sistema de transferencias corrientes y de capital que ha supuesto el Estado de las Autonomías.

El desarrollo autonómico ha seguido en nuestro país un modelo anárquico, de diferenciación-imitación, a golpe de las necesidades electorales del partido de gobierno que ha provocado un resultado no querido por nadie. Un proceso dominado por razones emocionales, por interpretaciones históricas interesadas, por elites locales, caciquiles si se permite la expresión técnica, que se han convertido en expertos buscadores de rentas, agitando presuntos agravios locales. Un proceso centrífugo imparable que, como comenta un amigo, ha llegado al ridículo. Ya no hay personaje español que no sea enterrado envuelto en su bandera autonómica, habiendo quedado reservada la bandera española para los ecuatorianos muertos en acto de servicio en Bosnia o Afganistán.

Las cosas son así, pero no pueden seguir así. Porque el sistema se ha convertido en completamente disfuncional y amenaza con llevarse por delante la libertad y prosperidad que tanto nos ha costado construir juntos. La crisis económica no es en España una crisis internacional: es consecuencia de nuestros propios excesos, los inmobiliarios, fiscales, financieros y territoriales. Tenemos que devolver la solvencia y la eficiencia al Estado. Recuperar la solvencia exige un ajuste del tamaño del Estado que la sociedad empieza a entender y asimilar. Los ciudadanos españoles sabemos, aunque no nos guste, que mantener el Estado de Bienestar exige reformarlo en profundidad. Podemos discutir del nivel adecuado de impuestos y gasto público, y eso debería ser precisamente la política presupuestaria, pero no discutimos que los números a medio plazo tienen que cuadrar. Pero no acabamos de estar cómodos con la idea de que preservar el Estado de las Autonomías exige también reformarlo en profundidad, para hacerlo viable, funcional y eficiente. Reformarlo al menos en dos direcciones: para garantizar la cohesión social, como recogía ya un documento del Consejo Económico y Social del año 2000, y para garantizar la unidad de mercado, protegida en la Constitución española, pero subordinada en la práctica al derecho a la autonomía.

La España de las Autonomías ha devenido a todos los efectos prácticos en un país federal. No estaba en el diseño original, pero es irrelevante a estas alturas, porque tampoco dejaba de estar y así han querido que fuese los sucesivos componentes del Tribunal Constitucional. También ha quedado claro que no puede ser un país confederal, porque no cabe en la Ley Fundamental del 78 y porque una amplísima mayoría social rechaza esa idea. Federalismo es incompatible con bilateralidad y supone la ordenación jerárquica de las distintas administraciones públicas. Supone también que no puede haber privilegios, prebendas ni diferencia alguna en el sistema de financiación territorial, que no puede ser a la carta de los intereses locales. Supone lealtad entre los distintos Estados federales, que renuncian explícitamente a decisiones unilaterales y se comprometen a defender y promover en su territorio también los elementos de integración, como es sin duda el castellano, un activo fortuito que nos ha caído en gracia. Y supone también que el Gobierno central, al que quizá podríamos empezar a llamar Gobierno federal, porque las palabras nunca son neutrales, responde de la soberanía nacional ante la Cámara de representación de los ciudadanos y no de los territorios.

Centrémonos pues en completar el Estado Federal en lo que es más urgente: en dotarle de instrumentos de decisión propios de un Estado Federal. Porque si no lo hacemos España dejará de ser viable. No resultará funcional y crecerá la tentación de sus partes de buscar ingenuo cobijo en Europa. Una Unión de Estados, como ha subrayado el último acuerdo de gobernanza económica alcanzado por Merkel y Sarkozy, a la que los españoles de toda región o nacionalidad le permitimos cosas que causarían furor de ser impuestas por el Gobierno central. ¿Se imaginan que Madrid y no Bruselas hubiera aprobado el ajuste fiscal que ha llevado a secar de financiación a Comunidades y Ayuntamientos? Necesitamos reglas de decisión claras y definitivas. Podríamos empezar porque la Administración central utilizara sin complejos las competencias básicas de coordinación y planificación de que dispone para exigir información y cumplimiento de los objetivos presupuestarios a todas las administraciones públicas. Seguir por la aprobación de una Ley de Coordinación entre Administraciones Públicas, que reconozca la supremacía del Gobierno federal. Y terminar convirtiendo la unidad de mercado en prioridad política, exactamente como lo hace la Unión Europea o los Estados Unidos de América, lo que tendría importantes implicaciones para la sociedad española. Pero supone sobre todo un punto de inflexión en una política que ha sacralizado lo que nos separa y castigado lo que nos une. No hay país que aguante esa deriva y no hay economía que pueda competir con esos costes de transacción. Porque se trata precisamente de que el Estado de las Autonomías no sea otra forma fallida de organización territorial.
FERNANDO FERNÁNDEZ ES PROFESOR DEL IE BUSINESS SCHOOL

La sostenibilidad del gasto de las comunidades
JULIO GÓMEZ-POMAR ABC 24 Octubre 2010

De acuerdo con las cifras de los PGE para 2011, que la mayor parte de los analistas nacionales y extranjeros coinciden en considerar demasiado optimistas, las CCAA presentarán un déficit en 2011 del 3,3% del PIB, superior al propio déficit del Estado, cifrado en el 2,3% del PIB. Este desequilibrio presupuestario, que se sitúa además en una tendencia creciente y que se traduce en la necesidad de endeudarse más y más para financiarlo, impone un serio problema de sostenibilidad a las finanzas públicas. El Estado, además, se ve incapaz con el actual modelo de articulación con las CCAA de aplicar una política de estabilización económica, ya que carece de los instrumentos necesarios para decidir sobre sus gastos y sus presupuestos.

Las herramientas de que dispone el gobierno central para influir en las finanzas de los gobiernos autonómicos son, en primer lugar, el sistema de transferencias de recursos a las mismas —el modelo de financiación—. En segundo lugar, la tutela sobre sus decisiones de endeudamiento que están sometidas en determinados supuestos a autorización según tipos, plazos y volumen sobre recursos. En tercer lugar, desde 2001, la legislación de estabilidad presupuestaria —flexibilizada en sus últimas reformas— que obliga a las CCAA a mantener un cierto equilibrio presupuestario y a presentar planes de reequilibrio presupuestario si incurren en desviaciones excesivas.

La experiencia hasta la fecha demuestra que los acuerdos y compromisos en materia de déficit de las CCAA con el gobierno central no han servido de mucho y los mecanismos de disciplina por parte del gobierno central han sido también hasta la fecha poco creíbles. Las CCAA han recibido en los últimos años aportaciones extraordinarias a la financiación de la sanidad que se han consolidado en el sistema. Los seis modelos de financiación que han funcionado hasta ahora han supuesto siempre una reducción de los recursos del Estado y un aumento de los correspondientes de las CCAA. El propio diseño del modelo tampoco introduce incentivos para disciplinar el gasto. La reforma de la LOFCA de 2009 ha permitido a las CCAA en 2009 y 2010 endeudarse para la financiación del gasto corriente. Este es el panorama.

Para asegurar las sostenibilidad económica del sistema hace falta; primero, voluntad política por parte del gobierno de España; segundo, una reforma de la LOFCA que de instrumentos al gobierno para fijar con claridad el nivel de gasto y el nivel de endeudamiento y finalmente, que los principios constitucionales de autonomía y coordinación lo admitan.
JULIO GÓMEZ-POMAR ES DIRECTOR DEL CENTRO PRICEWATERHOUSECOOPERS & IE DEL SECTOR PÚBLICO

Edición Impresa / BANCARROTA MUNICIPAL
Los ayuntamientos adeudan hoy más del triple que hace 15 años
Vivieron por encima de sus posibilidades gracias al ladrillo y ahora no pueden pagar las facturas
FERNANDO ROJO ABC 24 Octubre 2010

El cobrador del frac se ha instalado a la puerta de los ayuntamientos españoles, que han triplicado su endeudamiento en los últimos 15 años. La situación es tan crítica que muchos alcaldes llevan meses sin poder pagar a las contratas. Alguno ha tirado la toalla y ha dimitido, harto del acoso de los acreedores. Hasta ahora, al menos, podían seguir pidiendo préstamos. Pero Zapatero ha cerrado el grifo del crédito a aquellos municipios cuya deuda supere el 75 por ciento de los ingresos corrientes.

Ha sido el enésimo bandazo de un Gobierno que no hace mucho se dedicaba a repartir generosamente los fondos del Plan E entre los consistorios para arreglar cientos de kilómetros de aceras. Luego, llegó Bruselas con las rebajas y el Gobierno prohibió que las entidades locales, incluso las más saneadas, se siguieran endeudando. Pero ante la protesta de los alcaldes propios y ajenos, no le ha quedado más remedio que echar marcha atrás y restringir la medida a una parte de los consistorios, en su mayoría del PP. Ello desencadenó un encontronazo entre Rodríguez Zapatero y Ruiz-Gallardón en mitad del desfile militar del 12 de Octubre.

La mayoría de los expertos consultados no ven del todo acertada la decisión gubernamental. «Por muchas que sean las urgencias presupuestarias, no pueden alterarse repentinamente las reglas del juego. El endeudamiento de una entidad local es una fuente de financiación básica, que afecta a la raíz del modelo», advierte Mario Garcés, inspector de Hacienda e interventor y auditor del Estado.

En la misma línea, Ángel de la Fuente, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cree que «el control sobre el endeudamiento es positivo, pero aplicado con sentido común. Ir dándoles permiso con cuentagotas para emitir deuda según van cumpliendo objetivos puede ser un instrumento útil, pero no tiene sentido no dejarles refinanciar la deuda que va venciendo».

Sin embargo, Susana Borraz, de Analistas Financieros Internacionales, no cree que vaya a ser un problema porque aunque «no podrán salir al mercado para obtener financiación, en cambio la deuda pendiente se irá reflejando en el aumento del remanente de tesorería».

Por si esto fuera poco, la Federación de Municipios y Provincias calcula que el 33 por ciento de los servicios que prestan están fuera de sus competencias. Esto no era problema cuando el dinero de las recalificaciones urbanísticas fluía alegremente por las casas consistoriales. «Gracias a los fuertes ingresos del “boom inmobiliario”, se embarcaron en una política de gastos estructurales, como construir polideportivos o grandes auditorios, que ahora sin embargo son incapaces de mantener», indica Fernando Eguidazu, del Círculo de Empresarios. «El político local —añade por su parte Mario Garcés— tiene una tendencia natural a gastar y a asumir competencias propias de las comunidades autónomas, sin que éstas a su vez transfieran fondos para atender estos gastos».

Y mientras tanto, sigue pendiente la segunda descentralización». Pere Puig, profesor de Economía de Esade, considera que «no nos podemos permitir en este momento un nuevo sistema de financiación local. Es la hora de llamar a la responsabilidad de todas las administraciones»

El Gobierno de “al precio que sea”
Carlos Dávila La Razón 24 Octubre 2010

Carmen Tomás, la estupenda columnista de nuestro periódico, ha venido sosteniendo durante toda esta pasada semana que Zapatero no mintió hace siete días en Ponferrada cuando aseguró que no haría más que un cambio en el Gobierno: el del pobre Corbacho. Carmen afirma que aquel día, sólo hace siete, no pensaba en otra cosa, que lo que ha venido después, que lo que se supo el miércoles, fue, sencillamente, un cambio de opinión no personal, si no presionada. Algo así como lo que ocurrió en el mes de mayo cuando Europa entera, y singularmente sus líderes, Sarkozy y Merkel, le pusieron la cara roja y le dijeron: o cambias de política económica o te echamos al corral. Parece el mismo caso. La vieja guardia del felipismo feroz, la que ha vuelto ahora al poder, estaba hasta el gorro de la endemoniada, y al tiempo inane, gobernación del presidente. Por lo bajo, de rondón, pero últimamente ya más en público, ha venido afirmando a quien le quiso escuchar que “esto ya no aguantaba un minuto más” (afirmación que se la oí directamente a un ex ministro de González), que el orate de Moncloa “nos va a llevar no sólo a nosotros (al PSOE se refería, naturalmente) sino a España entera al desastre más absoluto”.

La sola baza
Es decir, que los que de nuevo han vuelto al machito le tenían, y le siguen teniendo, auténtica tirria a Zapatero. Ahora bien: ¿quién de ellos le ha organizado el complot? o por mejor preguntar: ¿cómo se ha fraguado la operación del cambio? Aestas alturas no hay respuesta exacta para los interrogantes, pero sí deben analizarse un par de señales que nos pueden conducir a entender lo que ha sucedido. Uno, el principal, es que los camisas viejas del partido le han insistido –sin mucho esfuerzo, dígase así– en que su única bala en la recámara, su sola baza para las venideras elecciones generales, era ETA. Así dicho, sin rodeos.

Rubalcaba ha sido el principal artífice de esta terapéutica de convencimiento, entre otras cosas porque desde que llegó al Ministerio del Interior se propuso reencontrarse con la negociación. Rectificó el primer tiro, o sea, el diálogo directo, y buscó hábilmente las vías interiores y exteriores más plausibles para llegar a un acuerdo con los asesinos terroristas. Y en eso está. Ahora, incluso tiene más autoridad para seguir en este proceso que, desde luego, tiene riesgos pero que en este momento parece más posible que en la pasada legislatura.

Él y su presidente deben estar seguros de que si Zapatero presenta antes de los próximos comicios las armas de ETA, la nueva victoria estará cantada. En la sociedad hay muchas dudas al respecto porque, según proclaman las encuestas, ETA ya está “descontada” en la lista de las preocupaciones nacionales, lo cual es una excelente noticia, claro está. Pero es ETA la baza. Zapatero sabe, aunque lo oculte, lo disfrace y mienta miserablemente, que la situación económica no va a mejorar y que, en consecuencia, el público en general va a condenar en las urnas sus enormes torpezas en la conducción de la crisis. Por lo demás, tampoco puede presumir de haber conseguido siete años después de su primera elección que la España institucional haya quedado reforzada; antes al contrario, ha saltado por los aires. No es esa su mejor carta de presentación. ETA y nada más que ETA y si alguien puede ofrecerle resultados al respecto, al precio que sea, eso sí, era y es Rubalcaba. Por eso le ha dado todo el poder. Lo divertido es que el vicepresidente desconfía del presidente y viceversa. La pregunta es: ¿quién traicionará a quién?, ¿hasta cuándo se soportarán?

La salvación: ETA
“ETA– le han dicho– puede salvarte”, y “Rubalcaba –le han repetido– es el hombre”. Y Zapatero se ha echado en sus brazos. Pero, claro, el pretendido ha puesto sus condiciones que, en opinión de las fuentes que ha venido consultando nuestro periódico durante todos estos días, era únicamente una: escoger su equipo. Y desde el momento en que Zapatero supo de la condición supo del mismo modo, que ya no podía proceder a la sustitución única del depauperado Corbacho: la crisis le saltó por los aires.

De nuevo, este hombre ha quedado superado por las circunstancias; en mayo, le bajaron a la realidad sus colegas europeos, y ahora, ya a finales de octubre, le han impuesto la realidad sus conmilitones socialistas veteranos, aquéllos a los que maltrató en los inicios de su pésima gobernación. Algunos periódicos han tildado o llamado a Rubalcaba el “presidente bis”. No es así; es el presidente ejecutivo, el otro va a quedar sólo para el “amén, sí señor”, para refrendar lo que se le presenta a la firma. Pero, que nadie se equivoque, por muy astuto que sea Rubalcaba, que lo es, por muy ladinas que sean sus relaciones con Zapatero, éste ha tomado nota de lo que le ha ocurrido. El pasado jueves, me decía un hombre, perfecto conocedor de la personalidad del aún jefe del Gobierno: “Si los que le han presionado, porque le han visto derrotado, creen que se va a olvidar de ellos, están muy equivocados, en cuanto pueda, les pasará la cuenta”. Así que, atención al dato.

El nuevo Gobierno le ha estallado en las manos y ahora se trata de averiguar qué va a hacer con él. Desde luego, la biografía de su principal hacedor, Pérez Rubalcaba, no es muy esperanzadora. Es, sobre todo, preocupante. Será, eso no hace falta siquiera destacarlo, un brillante portavoz; nadie como él, suele repetir algún periodista amigo, miente con más convicción. Su trayectoria le avala al respecto. Marginada, como está, y digan lo que digan, la recuperación económica, este Gobierno bicéfalo, se va a dedicar a hacer política en tres dimensiones: la primera, a intentar, lo que decíamos, disparar la bala de ETA, la única bala que le queda en el cargador; la segunda, a destrozar, por el método que sea y como sea, al opositor, al Partido Popular, que ahora camina destacado en los sondeos; la tercera, a controlar todavía de forma más rigurosa, todos los aparatos del Estado, desde la Policía y la Guardia Civil, que ya estaban bajo la férula del ministro, al CNI que ahora queda también en su derredor. Es decir, nadie, nadie desde que advino la democracia en este país ha tenido tanto poder como Rubalcaba. ¿Cómo lo va a administrar? Seríamos inocentes si creyéramos que de forma aséptica; no, Rubalcaba no está ni para engordar a los contrarios, ni para preservar su intimidad; está para ganar las elecciones de 2012, también “como sea”, la expresión más querida de su presunto jefe. Y repito: al precio que sea. Estamos todos avisados.

Frenar al PP
Porque además, el PSOE no es que ejerza el poder, es que lo ejecuta en el más estricto sentido del término. Ni repara en gastos ni en medios. Y Rubalcaba es el mejor gestor de esta forma de gobernar. Al enemigo, no es que le corte el agua, es que se la llena de sal. Los que creían que ya lo habían visto todo con el Zapatero 2004-2010, estaban equivocados; de ahora en adelante la estrategia es guante de percal en mano de trilita o de titadyne, el explosivo del 11-M. Ésa es la única forma en que, en opinión de los nuevos-viejos gobernantes, la ascensión del PP se puede frenar en seco. Rubalcaba, el jefe de la operación, es, recuerden, el “merecemos un Gobierno que no nos mienta” y el inventor del “doberman”, el peor asesino que haya sido empleado nunca en una campaña electoral.

A falta de ideas, buenas son tortas
Editorial El Correo 24 Octubre 2010

La invectiva lanzada por Óscar López en el Comité Federal revela la sequía de ideas de los socialistas tras el cambio de Gobierno. Si todo lo que se les ocurre, después del parto rubalcábico, y la zarabanda de ministros, es atacar al Grupo Intereconomía, España lo tiene claro.

“Hay que acabar con (…) las intereconomías”. Al margen de lo más obvio –un ataque en toda la regla a la libertad de prensa y una falta de respeto a los millones de españoles que, en el ejercicio de su derecho a la información, siguen a los medios de este Grupo–, la invectiva lanzada por Óscar López en el Comité Federal revela la sequía de ideas de los socialistas tras el cambio de Gobierno. Si todo lo que se les ocurre, después del parto rubalcábico, y la zarabanda de ministros, es atacar al Grupo Intereconomía, España lo tiene claro. Si ése es el único cartucho que tienen en la recámara, cuando vamos camino de los 5 millones de parados y el modelo de Estado surgido en la Transición está seriamente tocado, apaga y vámonos.

El Comité Federal demuestra que el Partido del Gobierno no tiene otro proyecto que mantenerse a cualquier precio en el poder –aunque el precio sea ceder ante una ETA anémica– y sus prebostes y barones no tienen otras miras que darse de dentelladas por la sucesión, ajenos por completo al drama económico, laboral y personal de millones de ciudadanos. Que los optimistas se vayan olvidando de que la crisis de Gobierno tenga el honrado objetivo de variar el rumbo que lleva España, sino el de evitar la catástrofe electoral que las encuestas y el sentido común le auguran al PSOE.

En su falta de sentido de Estado, el presidente llegó ayer a medir el “éxito” de la reforma gubernamental en “las caras que tenían ciertos dirigentes del PP” al enterarse de los nombramientos. Reflexiones como ésa nos enfrentan al estado ruinoso de la mentalidad zapaterista. También en el nivel de la insoportable levedad presidencial queda otra de sus declaraciones de ayer, en la que aseguró que los nuevos ministros tienen “experiencia acreditada”. Es cierto que Zapatero no tiene capacidad de medir experiencias ya que la suya era nula cuando llegó a Moncloa; pero no se puede decir, sin rubor, que sus nuevos ministros –Pajín, Gómez, Aguilar y Jáuregui– tengan “acreditada experiencia” en Gobierno, salvo que se refiera a la experiencia acumulada por los cuatro, junto con el Urdidor Mayor Rubalcaba y el ex comunista y nuevo secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, en situar al partido del Gobierno a la izquierda de lo que debería ser una socialdemocracia moderna.

Las palabras de Zapatero nos sitúan ante un nuevo Gobierno con una carga política sectaria más que inadecuada en estos momentos de consternación para millones de españoles que reclaman gestores honrados y eficaces, no ideólogos. El problema del socialismo español del siglo XXI no está, como creen ciertos barones de Ferraz, en “los problemas de comunicación de sus ideas”, sino en sus ideas, alejadas de la realidad e instaladas en la autocomplacencia acrítica.

A estas alturas, la fuga-marcha de Zapatero al término de su segunda legislatura se impone como un alivio. En el mismo Comité Federal que ayer aprobó a la búlgara las órdenes de Zapatero, hay personas como la ministra de Defensa, que afila la bayoneta ante el combate cuerpo a cuerpo que desatará el clarín que llamará al poszapaterismo. La vieja guardia felipista, de la que Rubalcaba es tótem, prepara fichas de la talla internacional de Solana o de la talla, sin más, de Bono. Como se puede leer hoy en LA GACETA, incluso Blanco, Patxi López o Fernández Vara podrían ser alternativas. Sea quien sea, y por desgracia todavía queda demasiado tiempo, el socialista que tome las riendas del partido lo hará para ser el nuevo líder de la oposición. Ojalá.

La categoría y la anécdota
Diego Armario La Razón 24 Octubre 2010

La naturaleza política de los nacionalistas está en remar contra el interés de los españoles.

Llevamos varios días mareando la perdiz, hablando de lo que no tiene importancia y olvidándonos de que el truco de magia de ZP consiste en hacer que todos creamos que el conejo ha salido de la chistera cuando en el fondo no hay chistera ni conejo. Para mí la anécdota está en quienes son los nuevos ministros, ya sean hombres o mujeres, y en cómo lo van a hacer de aquí al final de la legislatura porque en el fondo da lo mismo: o no saben o no pueden arreglar el país.

En cambio, la categoría de todos los sucesos políticos de los últimos días está en el cáncer de nuestro sistema electoral, que promueve que los grandes partidos con posibilidades de gobernar España sigan estando en manos de unos escasos y pocos representativos votos: los nacionalistas de una u otra parte, que aparecen cuando más débil está el Gobierno de turno para poner precio a su colaboración. Aquí nos seguimos jugando el modelo de nación y no hay nadie que ponga pie en pared para frenar esta deriva. La culpa de lo mal que nos va no la tienen los nacionalistas, porque está en su propia naturaleza política remar en contra del interés general de los españoles y sacar el máximo de rentabilidad para sus intereses secesionistas.

El modelo de nación que está quedando después de nueve legislaturas no es responsabilidad de quienes no creen en España, sino de quienes no se ponen de acuerdo para hacer que “un puñado de votos”, que no llegan a la decena, no valgan como si fuesen 100. Se acaba de aprobar una reforma de la Ley Electoral hace unos días y no ha habido ni la valentía ni el sentido de Estado suficiente por parte del PSOE ni del PP para rectificar una decisión de hace 30 años que primaba a los nacionalistas y que se ha demostrado que es perjudicial para los intereses generales de España. Pienso que la altura de miras de los políticos se demuestra cuando el objetivo que persiguen no es sólo ganarle al rival, sino también cuando se es capaz de aliarse con él para los temas importantes.

El co-presidente
IGNACIO CAMACHO ABC 24 Octubre 2010

NI siquiera el tándem histórico de Felipe González y Alfonso Guerra admite comparación con la bicefalia que acaban de constituir Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba. Felipe nunca delegó el liderazgo, nunca renunció al número uno, y de hecho acabó liquidando a su valido tras haber prometido hacer causa común con él. Zapatero ha puesto su presente y su futuro en manos de un verdadero co-presidente cuya acumulación de poder —la policía, los servicios secretos, la coordinación ministerial y la portavocía del Gobierno— le va a permitir incluso filtrar la información de que disponga su teórico jefe. Se trata de lo más parecido a una abdicación que ha ocurrido en la política contemporánea española: un gobernante agotado, abrasado por sus errores, que entrega las llaves de su proyecto a un profesional del poder a costa de inmolarse a sí mismo como líder.

El miércoles comenzó el postzapaterismo. La copresidencia no tendría sentido si Zapatero vuelve a ser candidato porque su valor electoral está destruido. Rubalcaba queda investido de la función de decidir si será él mismo el cabeza de cartel o dará paso a una tercera persona. La misión de organizar el fin de ETA responde a la necesidad de cerrar el mandato del presidente con un legado distinto al de los cuatro millones de parados, y eventualmente proyectar sus propias aspiraciones de liderazgo. El resto de su trabajo consiste en construirle al PP un relato negativo que aminore o neutralice la ventaja que ha cobrado en los sondeos de opinión pública, y en administrar a favor de su causa el miedo que inspira su control de las cañerías secretas del Estado. Al situarlo en la verdadera cúpula del poder, Zapatero le ha otorgado la facultad de decidir sobre su propio destino. Ambos tienen seis meses, diez a lo sumo, para evaluar el éxito de esta operación terminal que medirá sus resultados en las municipales y autonómicas de mayo. Al comienzo del próximo curso como muy tarde, la socialdemocracia habrá de proponer a la sociedad española una candidatura para las generales, que son la ultima ratio de este experimento bicéfalo.

El zapaterismo ha muerto. Sólo Leire Pajín, y en cierta medida Trinidad Jiménez, permanecen como testimonio residual del liquidado pensamiento Alicia, el juvenilismo feminista de las alegres políticas ingrávidas que cayeron escombradas en el terremoto financiero de mayo. Encomendado al último eslabón del tardofelipismo, el presidente ha entonado la palinodia final de un enorme fracaso, que subraya el generalizado alivio del partido ante su maniobra de rescate a la desesperada. Pero lo que Rubalcaba va a tratar de rescatar no es el proyecto de Zapatero, ni mucho menos el rumbo de un país en quiebra social, sino la supervivencia del PSOE más allá de una experiencia fallida.

El PSOE y su Judas Tadeo
Jesús Cacho. El Confidencial 24 Octubre 2010

La Historia se repite. Catorce años después de aquella “lluvia de piedras” que, según la periodista M. A. Iglesias (La Memoria Recuperada. Editorial Aguilar, 2003), le impidió predicar entre los infieles el mensaje del profeta González (“De modo que agarró con fuerza el paraguas y se dispuso a cruzar la calle: había al otro lado unas gentes a las que deseaba contar lo que iban a hacer los socialistas; a él se lo había contado Felipe, lo de la “renovación” y todo lo que se iba a poner en marcha…”), Alfredo Pérez Rubalcaba (APR), 59, vuelve a surgir, cual ave fénix, entre el lodo de la gran tormenta dejada por los 7 años de otro Gobierno socialista, para hacerse con el timón de un barco que navega sin rumbo (zapatero: “Dícese del que maniobra o ha maniobrado mal, o no entiende la maniobra”, Diccionario General del Mar), mientras en derredor llueven piedras, el granizo de casi cinco millones de parados y subiendo. Con el PSOE a 14 puntos en las encuestas, las elecciones catalanas encima y las municipales y autonómicas en el horizonte de mayo, en el Partido Socialista tocaron a rebato. Si a unas encuestas que parecían presagiar muchos años en el desierto de la oposición, se unen los problemas familiares de un hombre cuya estabilidad emocional parece en entredicho, a nadie puede extrañar que en el seno del propio Gobierno fraguara la gran alianza entre José Blanco y APR destinada a hacerse cargo de la nave en caso de renuncia súbita o desastre electoral. El dead line de ZP tenía fecha fija: las urnas de mayo. Y hubieran sido entonces los pesos pesados del partido, los amos del PSOE de siempre, los que le hubiera mandado a paseo.

El episodio de las primarias de Madrid no es sino la manifestación más evidente de la tormenta que se estaba gestando en el seno del partido contra su líder. “A Tomás le dicen que acepte la entrevista con José Luis en Moncloa, que le aguante el pulso y que salga de allí con la promesa de primarias, porque te vamos a ayudar a ganarlas. Sin ese respaldo, jamás el de Parla se hubiera atrevido a desafiar al Presidente. Y le apoya gente importante, empezando por Felipe. Es la rebelión a bordo contra un personaje que amenaza con descojonar el partido”, asegura una fuente socialista. El impacto de esa derrota fue demoledor para el inquilino de Moncloa. Por si no se había enterado, a la palestra saltó también José María Barreda, aparición con todos los visos de estar igualmente teledirigida. De modo que lo ocurrido el miércoles no es sino un golpe de mano, golpe de Estado si se quiere, urdido dentro del PSOE contra Zapatero.

El de León ha rendido armas y enseñas ante los barones, ante el PSOE de siempre, el que todavía encarna APR. El domingo 17 por la mañana, ZP repetía convencido que la crisis se limitaría a la sustitución de Corbacho. Por la tarde, los teléfonos se ponían en marcha rumbo a un cambio radical de Gobierno. ¿Qué ocurrió a mediodía? ¿Quién almorzó con Zapatero? ¿Con qué argumentos torcieron su pulso? Parece obvio que APR ha impuesto sus condiciones. Fuera estorbos. Lejos María Teresas y Pajines. Prietas las filas. Se explica el contento del propio González (“Cuando las cosas van mal, militancia pura y dura”) tras lo que muy bien podría ser calificado como “Decreto de Unificación” entre felipismo y zapaterismo (si es que alguna vez hubo algo parecido con tipo tan liviano como ZP). Por primera vez en la historia de los Ejecutivos socialistas, no hay un solo ministro catalán en el Gobierno. Y se acabaron las bromas: Rubalcaba, Blanco, Jáuregui, Iglesias, Serrano… Es la delantera del Gobierno y del PSOE de aquí al final de la Legislatura. ¡Mujeres fuera; esto es un asunto de hombres!

Todo el poder para APR. Zapatero pasa a convertirse en presidente no ejecutivo. El consejero delegado de España S.A., el poder ejecutivo, el chief executive officer (CEO) es Pérez Rubalcaba. En su contrato figura negro sobre blanco la promesa de un suculento bonus: convertirse en cabeza de lista para las generales de 2012 si su gestión consigue cambiar el sentido de las encuestas y alumbra alguna posibilidad de triunfo para el PSOE. En caso de que la situación empeore o se mantenga tal cual, será el propio Zapatero quien se coma el marrón de volver a medirse con Mariano Rajoy, esta vez para perder. Justo al revés de cómo se está diciendo estos días. Pocos políticos, desde la muerte de Franco, han acumulado tanto poder como el que va a disponer este titulado en Químicas, hombre de una mala salud de hierro, afable de trato, aparentemente familiar, cercano, pero puño de hierro en guante de seda, cuyo solo apellido es capaz de despertar hoy todo tipo de pulsiones de amor-odio entre los españoles. Manuel Fraga fue vicepresidente y ministro de la Gobernación (Interior) entre diciembre del 75 y julio del 76, en el Gobierno predemocrático de Arias Navarro. Tal vez no sea una casualidad que el fenómeno se reproduzca ahora, a punto el 30 aniversario de la muerte del dictador, como ominoso recordatorio de la pobre calidad de una democracia sin demócratas como la nuestra.

Todo el poder para Rubalcaba
Que en una dizque democracia el hombre con más poder político sea el Ministro de la Policía suena, más que raro, inquietante. En efecto, como Vicepresidente 1º APR es ya el máximo responsable de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (CDGAI), con control directo sobre el servicio secreto (CNI). Como Ministro de Interior, del que depende el sistema de escuchas Sitel, controla los servicios de información de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Y naturalmente las relaciones con TVE. Y desde luego la secretaría de Estado de Comunicación. Y obviamente buena parte de unos medios de comunicación prácticamente quebrados, empezando por ese Grupo Prisa que cobra de pronto nueva vida, eufórica existencia, con un Cebrián resucitado de entre los muertos vivientes. Para resucitados, nadie como el propio APR. Dice Stefan Zweig en el prefacio de su Fouché, retrato de un hombre político que «en la esfera de poder de la política, raras veces deciden las figuras superiores, los hombres de ideas puras, sino un género mucho menos valioso, pero más hábil: los que ocupan un segundo plano». Reconocido como uno de los tres grandes diplomáticos de la Revolución -con Talleyrand y Sieyés-, Joseph Fouché (1759-1820) fue capaz de pasar como un rayo de sol a través del cristal de Revolución, Directorio, Consulado, Imperio y Monarquía. Parapetado tras una autodisciplina férrea y una espartana renuncia a todo lujo o boato, cruel con los enemigos y servil con los poderosos, sin sentimientos, sin escrúpulos, desplegó siempre una enorme capacidad para desaparecer en las tormentas y volver a reaparecer al lado del vencedor. Como APR, que en 1998 apostó por Almunia contra José Borrell y perdió. En 2000 apostó por José Bono contra Zapatero y perdió. Ahora acaba de apostar por “la señorita Trini” contra Tomás Gómez y también ha perdido.

Pero, como el duque de Otranto, APR tiene la habilidad de volver siempre a la superficie, fresco como un corcho flotando tras el paso del turbión. Fue así como resurgió con Zapatero como el único gran superviviente del felipismo. Con más fuerza, si cabe, en razón del papel capital jugado en la victoria de marzo de 2004. Nuestro curita de Nantes fue, en realidad, el verdadero triunfador del 14-M (él encauzó la revuelta del sábado de reflexión con aquel antológico “los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”), un tipo capaz de reinventarse con las mismas viejas virtudes de los tahúres de la política, “esos artistas de manos ágiles, palabras vacías y nervios de acero”. Un maestro de esa fatalité moderne que, según Napoleón, es la política. Tipo más listo que inteligente, en las antípodas del hombre de Estado, su gestión en el último Gobierno González se caracterizó por el sectarismo, pecado que ha vuelto a cometer con largueza –uso de Policía y Judicatura contra la oposición- al frente de Interior con el Gobierno Zapatero. Está en su ADN. Es cierto que todo el mundo tiene derecho a cambiar, pero el primer síntoma de la nueva etapa no ha podido ser peor. Me refiero a la campañita montada a toda prisa -con la ayuda de Prisa, que todo vuelve do solía- contra el PP a cuenta de la frase pronunciada por el cabestro alcalde de Valladolid.

¿Va a ser esta la tónica, esta la calidad del agit-prop que el “Gobierno de comunicadores”, sedicentes artistas del micrófono, se dispone a desplegar para ganar las generales de 2012? Si la respuesta es sí, entonces pueden dormir tranquilos en la calle Génova. Una demonización tan chusca del adversario solo conseguirá convencer a los convencidos y provocar la risa de los españoles sin partido, acostumbrados a caminar sin yugo de la demagogia uncido alguno. La línea a seguir, con todo, está clara: propagando a palo seco, con olvido de los problemas de fondo del país –y no solo económicos-, muchos y a cual más graves, todo ello al servicio de esa “realidad inventada” de que hablaba en este diario Carlos Sánchez. Ingrediente capital de esa estrategia será la descalificación del PP, con campañas en la mejor línea Gürtell y la búsqueda de un acuerdo con el PNV que permita hablar del final de ETA.

Una España postrada y sin nervio
Que una política basada casi en exclusiva en al agit-prop tenga éxito se antoja complicado, incluso en una sociedad tan domesticada como la española. “Tristes guerras/si no es amor la empresa/tristes, tristes”. La realidad es tozuda y los problemas de fondo tan graves, tan necesitados de cirugía a corazón abierto, tan urgidos de grandes pactos basados en el respeto estricto a las reglas de juego democrático, que montajes mediáticos como el que hemos presenciado esta semana más parecen verdura de las eras, globos listos para explotar dos días después de lanzados al espacio que otra cosa. El problema de España es el de un país con cinco millones de desempleados que, tras casi tres años de recesión, sigue postrado y sin nervio, sin pulso, en una de esas “paradas de mulo manchego” a que aludía Joaquín Costa. Un país incapaz hoy de ofrecer una perspectiva de futuro ilusionante a los más jóvenes y mejor preparados, obligados a emigrar para ganarse la vida. Todo lo demás es hojarasca. Propaganda.

Sobre las ruinas de lo que antaño creímos un gran país, el PSOE reunificado, el PSOE de siempre, el PSOE más previsible pero también más duro de pelar, se apresta a defender sus posiciones de Poder con uñas y dientes frente a un PP que ha sido incapaz en estos años de limpiar su nómina de indeseables tipo De la Riva. Sobre el PSOE llueven chuzos de punta (“súbitamente comenzó a caer del cielo algo que no podía ser agua, ni siquiera granizo… Le rompió el paraguas y a punto estuvo de romperle la cabeza: ¡eran piedras! ¡Puras y duras piedras!” La Memoria Recuperada), de modo que el socialismo se ha encomendado a APR cual Judas Tadeo, el santo de los casos desesperados. La situación recuerda mucho la del otoño de 1980, con un Adolfo Suárez en fase terminal, y naturalmente la del último Gobierno González, con Belloch y Rubalcaba como vicepresidentes y la inestimable asistencia de José Enrique Serrano, entonces y ahora director del gabinete del Presidente. Aquella resistencia numantina en medio de escándalos sin cuento llevó al PSOE a perder por sólo 300.000 votos. Está por ver si en 2012, un Rubalcaba más Fouché, más viejo, más sabio, más resabiado que nunca, más consciente de la levedad de España y lo español, deja escapar la oportunidad de su vida entregando el Poder galantemente al PP en caso de perderlo en las urnas. Los ciudadanos españoles se merecen otra cosa.

Acabar con el multiculturalismo
Editorial La Razón 24 Octubre 2010

Alain Touraine dice ahora que “una sociedad multicultural no es posible en Europa”. Se permiten las religiones siempre que no ordenen cosas contrarias a la ley común. Toda la cuestión reside en saber quién tiene derecho a definir los derechos. Podremos compartir nuestro espacio con otros, pero sin que deje de ser nuestro.

“Una sociedad multicultural no es posible en Europa”. Lo acaba de decir Alain Touraine en Oviedo, antes de recibir su premio Príncipe de Asturias, ese galardón a la corrección política. Cosas veredes, amigo Alain: hace 20 años, a los que decíamos esas cosas nos llamaban inmediatamente “fascistas”, como a la Merkel. Ahora también, sí, pero ya sólo desde la trinchera de la ultraizquierda oficial, donde la checa se va haciendo búnker. Bienvenido sea, en todo caso, el aldabonazo de Touraine, porque viene a poner el dedo en una llaga que en España nadie osa tocar. Metamos en ella el puño, y hasta el fondo.

¿De qué estamos hablando? Porque del multiculturalismo (“multiculti”, como dice Angela Merkel) se habla mucho últimamente, pero no está claro que todo el mundo sepa lo que dice. Multiculturalismo no es que en un sitio haya muchas culturas. No. Multiculturalismo es la doctrina según la cual las diferencias de carácter cultural deben ser afirmadas en la ordenación de la vida colectiva, de forma que cada comunidad pueda organizarse según sus propias reglas en el marco de una sola sociedad. Así, por ejemplo, los musulmanes podrían vivir en España con su poligamia, de manera legal.
Procede de EE UU

La ideología multiculti viene de América, de donde no nos llega sólo el Tea Party, sino también este otro tipo de infusiones. Fue allí, en los Estados Unidos, donde se planteó la idea de que las distintas comunidades étnicas pudieran vivir sin abandonar su particular concepción de los derechos y la vida social. A lo largo de los años setenta fue construyéndose una doctrina orientada a que las minorías negra (afroamericana), asiática o musulmana pudieran ser americanas sin renunciar a su identidad previa. Para la nueva izquierda americana, aquello representaba un nuevo horizonte: después de superar la lucha de clases, había que superar la lucha de culturas. Se acabó la supremacía blanca, anglosajona y cristiana; tras la democracia social, había que conquistar la democracia cultural.

Cuando pasó a Europa, la ideología multiculti adoptó la forma de un imperativo: respetar cuidadosamente las formas de vida de las nutridas comunidades de inmigrantes. Esto significó un sensible cambio de perspectiva. Hasta ese momento –años ochenta, más o menos–, la doctrina hegemónica había sido la del mestizaje, el melting pot, o sea, todos mezclados, conforme al antirracismo oficial. Pero fueron las propias minorías las que no querían mezclarse, y tenían sus razones: ¿a santo de qué dejar de ser lo que somos? Lo multiculti, por el contrario, ofrecía un marco mucho más acorde con sus aspiraciones: puesto que somos muchos, vivimos en este país y lo sostenemos con nuestro trabajo, exijamos que este país nos reconozca nuestra identidad particular.
Adiós al mestizaje

En España hay ejemplos muy notables de esta evolución. Aquí los artistas de la zeja, antes de que ceja hubiera, montaron una fundación que respondía al nombre de Contamíname (todavía sobrevive, abundantemente financiada con dinero oficial). Ahí estaban casi todos los nombres de la vieja izquierda caviar, haciendo propaganda incesante del mestizaje, primero, y del multiculturalismo después. Y la propaganda se convirtió en actos. El nuevo Estatuto de Cataluña, al mismo tiempo que consagra al catalán como “lengua propia”, defiende la necesidad de promover “políticas que garanticen el reconocimiento y la exigencia de derechos y deberes para las personas inmigrantes”, llegando incluso a dar espacio a formas de unión conyugal como la poligamia.
Avance islámico

Es precisamente la pujanza musulmana lo que ha llevado a constatar que, pese a las buenas palabras, el multiculturalismo nos lleva al hoyo. Hace algunos años, el veteranísimo Arnaud de Borchgrave, editor de The Washington Post y director de la United Press Internacional, lanzaba la voz de alarma: las minorías musulmanas están creando en Europa una sociedad paralela con sus propias reglas, tolerada por la sociedad oficial. Es un proceso sostenido y consciente de penetración social y cultural. El primer paso es provocar que las instituciones funcionen a favor del islam. Y una vez dentro del sistema, es decir, una vez logrado que el sistema acepte la singularidad musulmana, llegará el momento de imponer la supremacía islámica. En el consejo municipal de Amberes (Bélgica) figuran ya fundamentalistas islámicos –por supuesto, ciudadanos belgas– que se desenvuelven sin la menor cortapisa. Entre nosotros, Enrique de Diego ha estudiado intensamente el problema.

Un objetivo fundamental de los musulmanes es que la Justicia les reconozca su particular fuero. Allá por 2007, hizo mucho ruido en Alemania el caso de una ciudadana de origen marroquí que acudió a los tribunales para solicitar el divorcio de su marido, musulmán, porque éste le infligía malos tratos. El tribunal se lo denegó. La juez Christa Datz-Winter utilizaba el Corán –sura 4, versículo 34– para fundamentar su fallo: en la cultura musulmana el marido tiene derecho a usar el castigo corporal contra una mujer desobediente y establecer la superioridad del marido sobre la esposa. Aquella sentencia venía a establecer que el musulmán, por serlo, tiene derecho a una interpretación singular de la ley. La juez Datz-Winter fue finalmente retirada del caso, pero el punto débil del sistema quedaba al descubierto.

En un mundo así, la gente sale corriendo. En Gran Bretaña se ha producido en los últimos años un curioso fenómeno: el vuelo blanco, es decir, el movimiento masivo de familias europeas que cambian de residencia para que sus hijos no vayan a colegios con mayoría de alumnos asiáticos o africanos. Pero los asiáticos y los africanos actúan del mismo modo, de manera que el viejo sueño multiculti termina creando una multiplicidad de guetos. El viejo proyecto de inducir el mestizaje mediante la convivencia forzosa de niños de distinto origen étnico ha fracasado. El veterano laborista Jack Straw, varias veces ministro con Tony Blair, advertía: “La gente está respirando el mismo aire, pero caminando en aceras distintas”.

En Francia, el debate empezó planteándose a propósito del velo femenino islámico. Enseguida la opinión se rompió en dos: a un lado, los republicanos, que defendían la necesidad de asimilar a las minorías culturales, es decir, la renuncia de las minorías a aquellas costumbres que rompieran el orden general; al otro, los demócratas, que apostaban por caminar hacia una nueva forma de orden social donde todos cupieran sin dejar de ser lo que son. Ambas posiciones alcanzan su punto de ebullición cuando entran en contacto con la realidad: si optamos por la integración previa renuncia, al estilo republicano, será preciso ejercer una cierta violencia, aunque sólo sea administrativa, porque se está obligando a alguien a dejar de ser lo que es; pero si optamos por la sociedad multicultural, al estilo demócrata, tendremos que ser capaces de imaginar un nuevo marco de derechos y deberes aceptado por todos, y eso nos llevará a su vez a emplear métodos que nos permitan obligar a todos por igual, de manera que el conflicto se multiplica. El problema no es inventar un orden, sino mantenerlo.
Nuevo paradigma

“Es necesario priorizar el orden”, acaba de decir Alain Touraine. Ya decía Goethe que prefería la injusticia al desorden: la injusticia, si hay orden, se puede rectificar, pero el desorden sólo genera caos y, por tanto, injusticia. Con esto Touraine se pasa a nuestra orilla. Bienvenido a la derecha, monsieur Touraine, pero ya podía usted haber llegado antes. En todo caso, nunca es tarde si la dicha es diestra. Y ahora, la cuestión es: ¿qué hacemos? “Hay que respetar los derechos –dice Touraine–. Derechos para todos”. Bien, pero ¿sus derechos o los nuestros? Porque, al final, toda la cuestión reside en saber quién tiene derecho a definir los derechos.

Poco a poco, en Europa se va dibujando sólo una vía: que las minorías se integren en el marco de principios y leyes que ha fijado la mayoría. ¿Por qué no? Disponemos de una política de libertad de cultos que permite la práctica de cualesquiera religiones, siempre que no ordenen cosas contrarias a la ley común. Pero, ojo, eso implica la necesidad de que nosotros sepamos dónde hay que integrar a la gente, cuál es el marco de principios que define nuestra identidad. No se trata sólo de un ordenamiento legal, sino también de una identidad cultural, de una tradición, lo cual incluye, por cierto, una religión.

No todos estarán de acuerdo, como es natural (eso también forma parte de nuestra manera de ser). Pero la definición y la afirmación de nuestra identidad colectiva, como españoles y como europeos, se ha convertido hoy en un instrumento de primera importancia para guiar racionalmente la integración de quienes vienen de fuera. Hemos de definir y proteger nuestro propio espacio. Y podremos llamar al otro para que se integre en él, pero sin que deje de ser nuestro. De lo contrario, no veremos integración alguna, sino, propiamente hablando, una desintegración. Es lo que estamos viviendo ya.

Sólo el PP puede hacer bueno a este Gobierno
EDITORIAL Libertad Digital 24 Octubre 2010

A cualquier observador imparcial debe parecerle excesivo el temor desatado en el PP tras la elección de los nuevos integrantes del Consejo de ministros. La ya famosa conversación entre Arenas y de Cospedal, en la que ambos mostraban su preocupación por la supuesta excelencia de algunos de los elegidos, estaría fuera de lugar en cualquier partido serio que tuviera que enfrentarse a la ruina absoluta provocada por Zapatero, un desastre nacional ante el que no cabe el menor atenuante. Sin embargo este Partido Popular, entre azorado y pusilánime, se desconcierta de buenas a primeras y confiesa su pobreza de espíritu ante unos cambios ministeriales que, en realidad, sólo van a agravar los problemas existentes hasta la llegada irremisible de las próximas elecciones generales.

Si al PP le intimidan una marxista irredenta abonada a la casa común, un sindicalista vocacional partidario del corrector líquido en materia estadística o una ignorante proteica cuyo principal aval consiste en acumular sueldos públicos a una velocidad portentosa, es que no confía demasiado en sus posibilidades o en las de sus futuros candidatos más destacados.

Ahora bien, si el partido de Mariano se empeña es capaz de hacer pasar este ramillete de indigentes, trufado con la cuota habitual del felipismo de alcantarilla, por uno de los equipos de Gobierno más solventes del panorama occidental. Sólo tiene que dejar a sus altos cargos actuar de forma tan obtusa a como lo ha hecho el alcalde de Valladolid, personaje desconocido para el gran público, que gracias a su alarde de estolidez verbal ha permitido al PSOE poner de nuevo contra las cuerdas a su rival político.

Por supuesto los socialistas no son quienes para dar lecciones de moral pública, tampoco en asuntos relativos al respeto que hombres y mujeres debemos profesarnos mutuamente, pero su habilidad para utilizar la propaganda en contra del partido rival hace que la hipocresía evidente de su conducta pase desapercibida para el gran público, que es el que hace válidos los argumentos de unos y otros en última instancia.

El gabinete con que Zapatero quiere llegar a las próximas elecciones, Rubalcaba mediante, es tan lamentable como los que viene pergeñando desde aquel infausto 14-M, hechos todos a imagen y semejanza del personaje. Sólo el PP, con su cobardía o su torpeza, puede dar oxígeno a un conjunto de políticos amortizados que llegan a la poltrona con la fecha de su decapitación política fijada de antemano. Si en Génova preguntaran a sus bases en lugar de a Arriola otro gallo les cantaría. Al PSOE también.

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Esa terrible duda
Luis del Pino Libertad Digital 24 Octubre 2010

Editorial del programa Sin Complejos del domingo 24 de octubre de 2010

Permítanme que hoy inicie el programa con un chiste que me contó mi buen amigo Paco Linares, que tiene ese gracejo especial de muchos andaluces a la hora de contar historias divertidas.

Un hombre muy pudiente y ya entrado en años tiene que ausentarse un día de su casa. Como sospecha que su joven y bella esposa le puede estar siendo infiel, el rico terrateniente le encarga a su mayordomo que vigile a la señora mientras él está fuera, para poder luego informarle.

Por la noche, al regresar a la casa, el hombre, muy agitado, interroga al mayordomo:

- ¿Qué ha hecho mi mujer mientras yo estaba ausente?

- Pues verá - responde el criado. Nada más irse el señor, la señora acudió presurosa al teléfono y habló con alguien. Y unos minutos después apareció en la casa el señorito Andrés, ese muchacho tan apuesto que es el dueño de la finca colindante con la nuestra.

- ¿Y qué pasó? - pregunta el hombre, demudado.

- Pues que la propia señora acudió a abrir la puerta y allí, en mitad del recibidor, pude ver que ambos se daban un beso que yo me atrevería a calificar - si el señor me lo permite - de apasionado.

- ¿Y después qué ocurrió? ¡Cuénteme, hombre, cuénteme!

- Pues que el señorito Andrés le dio a la señora una palmadita - perdóneme el señor - en las nalgas, en un gesto que a mí me pareció de complicidad, y ambos se dirigieron a las escaleras, abrazados por la cintura, para subir a la zona de los dormitorios.

- ¿Y qué pasó entonces? - inquiere el marido engañado.

- Pues que yo subí sigilosamente detrás de ellos y vi cómo se volvían a besar, esta vez de una forma un tanto procaz, delante de la puerta del dormitorio de la señora, después de lo cual entraron en la habitación.

- ¡Pero siga, hombre, no se pare! ¿Pudo ver usted qué es lo que hicieron? - pregunta el marido, cada vez más lívido.

- Pues - titubea el mayordomo - yo me acerqué al dormitorio y, ya que el señor me había pedido que me informara, pegué la oreja a la puerta y pude oír unos jadeos y gemidos y algo que me pareció el crujido de los muelles de la cama. Pero ver, lo que se dice ver, no pude ver nada, porque la puerta estaba cerrada.

Entonces el marido, mesándose los cabellos y con gestos grandilocuentes, exclama a voz en grito:

- ¡Dios mío! ¡No puedo soportar esta duda que me corroe!

A lo largo de los dos últimos años, hemos visto cómo el Gobierno - que supuestamente había roto las negociaciones con ETA - se negaba a derogar la resolución parlamentaria que autoriza esas negociaciones.

Hemos visto también cómo el Gobierno se ha negado a aplicar la Ley de Bases de Régimen Local para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV, ese partido que el propio Tribunal Supremo afirma que forma parte de ETA.

Hemos visto cómo desde las filas del Partido Socialista de Euskadi se lanzaban mensajes instando a retomar el mal llamado "proceso de paz".

Hemos visto cómo Arzallus y otros representantes del mundo nacionalista confirmaban que las conversaciones entre socialistas y batasunos continúan.

Hemos visto a profesionales de la mediación internacional salir a la palestra a presumir de interlocución tanto con el mundo batasuno, como con el gobierno; y hemos podido conocer incluso lo que cobran por sus servicios.

Hemos visto al gobierno comenzar un goteo cada vez más insistente de acercamientos de presos al País Vasco, incluidos muchos con historiales enormemente sangrientos.

Hemos visto cómo los tribunales concedían permisos o excarcelaciones para que los pobres etarras cuidaran de sus madres enfermas, se sometieran a tratamientos de fertilidad o se fueran a Francia a cruzar a su perrito.

Hemos visto a ETA y el Gobierno lanzarse mensajes cruzados destinados a ir preparando a la opinión pública de cara a oficializar de nuevo las conversaciones.

Hemos visto a los medios de comunicación oficiales entrevistar al terrorista Otegui y presentar sus declaraciones como un desmarque de la violencia.

Y hemos visto a Pachi López alabar la nueva actitud de los batasunos y al propio Zapatero declarar textualmente que esos gestos de la denominada izquierda abertzale "no serán en balde".

¿Y qué es lo que ha hecho Mariano Rajoy, líder de la Oposición, ante esta avalancha de datos que confirman, con toda rotundidad, que el Gobierno y ETA nunca han dejado de estar encamados?

Pues el pasado miércoles, en respuesta a esa afirmación de Zapatero de que los movimientos en la izquierda abertzale "no serán en balde", don Mariano Rajoy Brey manifestó, muy solemnemente, que esas palabras de Zapatero "le preocupan" y que el PP "estará vigilante" para que no se negocie con ETA.

Como pueden ver, el líder de la Oposición, al igual que el hombre del chiste, tampoco puede soportar "esa duda que le corroe".

Conflicto
'Hay que ser más cabrones y responder en catalán cuando os pregunten en castellano'
El dueño de Radio Tele Taxi considera que ha llegado 'la hora de que Cataluña sea un país de Europa'
 www.lavozlibre.es 24 Octubre 2010

Madrid.- A Justo Molinero, empresario y periodista, no le ha importado su imagen de presidente de Radio TeleTaxi para mostrar su ideología acerca del nacionalismo, la lengua, los catalanes y los españoles. Se ha despachado a gusto. Lo ha hecho en un acto de Plataforma per la Llengua que recoge ‘La Voz de Barcelona’.

Lo primero que hizo Molinero, en la presentación de una guía de la plataforma, fue presumir de que en su casa “sólo se habla catalán” y la emisora de televisión que se ve es TV3. “Para mí no es ningún esfuerzo. En mi casa vivimos en catalán y comemos en catalán”.

Considera que ver a Cataluña como país es una realidad que está al llegar: “Más tarde o más temprano Cataluña será un país más de Europa. Entre otras cosas, tenemos un idioma que nos une a todos: el catalán. Si nuestra comunidad fuera independiente, viviríamos mejor sólo en catalán”.

El empresario se muestra totalmente insatisfecho con la evolución del catalán en la comunidad yasegura que ha llegado “la hora del catalán”. Por eso, lanza un mensaje a la sociedad catalana para que “se mentalice de que el catalán debe ser la única herramienta para desarrollarnos”.

“Los que hemos venido de fuera necesitamos a los catalanes para que estos, si son catalanoparlantes, no cambien de lengua cuando alguien se dirige a ellos en español”. Por ello, insta a todos los catalanoparlantes a ser “más cabrones y menos educados” con las personas que cambien el catalán por el castellano para responder a una pregunta formulada en español.

Él se pone como ejemplo de persona que aprende catalán: “Estoy haciendo dos horas de catalán al día para poder utilizarlos en los 'sms' del móvil”. Molinero, quien se ha declarado independentista en anteriores ocasiones, presume de que en su tierra cordobesa natal, Villanueva de Córdoba, le llamen “el catalán”, pero lamenta que en Cataluña todavía se refieran a él como “el andaluz”. Y él se defiende haciendo suya la frase hecha de los vascos: “Los catalanes nacemos donde queremos”.

Y así cerró su intervención, esperando que el catalán acabe siendo una “lengua incuestionable y de uso común obligatorio”.

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