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Recortes de Prensa   Miércoles 27  Octubre  2010

 

Autonomías: vicios y distorsiones
Editoriales ABC 27 Octubre 2010

EL Instituto de Empresa Familiar ha azuzado el debate sobre los «privilegios» de los funcionarios con su propuesta de que éstos puedan ser despedidos. La idea no es nueva y su planteamiento desenfoca el problema real, que es el de la estructura administrativa de España, viciada de inflación de órganos, exceso de empresas públicas, abuso de asesores y cargos a dedo y duplicación de competencias. Ayer mismo, Mariano Rajoy, que denunció «la madeja administrativa que ahoga a la sociedad civil», y Emilio Botín, que criticó unas duplicidades que generan «ineficiencias, barreras y distorsiones», abogaron por la reducción del aparato administrativo que ABC cuestiona como parte de su reflexión sobre la necesaria regeneración de la vida pública española.

La solución a las faraónicas dimensiones de la Administración no pasa por someterla a los parámetros de la empresa privada, por la radical diferencia de objetivos y estructuras y porque habría que concretar qué ejemplos de gestión se pueden tomar como referencia, porque esa apelación se descalifica con episodios de desastrosas direcciones empresariales. Aun admitiendo la necesidad de controlar y sancionar a los funcionarios que dan por sentado que su obligación acabó cuando aprobaron la oposición, la propuesta del despido pone al funcionario en una situación de precariedad frente a los cargos políticos. El despido del funcionario vinculado a la valoración discrecional de su trabajo abre la vía al control partidista de la Administración, en niveles aún mayores que los actuales. En todo caso, no es necesario porque existen procedimientos de inspección y sanción para los funcionarios que abusan de sus condiciones laborales. Que se apliquen.

El problema de la Administración no se resuelve «privatizando» el estatuto jurídico de los funcionarios, sino atacando su hipertrofia organizativa, verdadero lastre para el desarrollo económico y una fuente patógena de corrupción y derroche. Es mucho más acertado el entramado de empresas públicas, auténticas administraciones paralelas, que son pasto de favores políticos; o el gasto en esos asesores que pululan por las dependencias oficiales; o la multiplicación por diecisiete —uno por autonomía— de muchos órganos del Estado, por ese efecto replicante que lanza a las autonomías a una continua expansión. La responsabilidad de todo esto es política y no de los funcionarios.

¿Por qué los franceses se rebelan contra el gobierno y los españoles no?
Francisco Rubiales Periodista Digital 27 Octubre 2010

El derecho a rebelarse contra los gobiernos inicuos es universalmente reconocido como ley fundamental. Algunas constituciones democráticas, como la de Estados Unidos, lo reconocen como derecho inalienable del pueblo. El principio de que "Los pueblos deben de luchar por sus leyes como si estuvieran defendiendo sus murallas" es sagrado para todo demócrata. Entonces ¿que está ocurriendo en España para que los ciudadanos soporten como cobardes el mal gobierno, la antidemocracia, la corrupción, la ineficiencia y los abusos del gobierno que preside Zapatero?

En España existen por los menos cien veces más injusticias, abusos, vejaciones a la ciudadanía y atentados contra la democracia que en Francia y mil motivos más para que los ciudadanos salgan a las calles y se rebelen contra un gobierno que, para la inmensa mayoría de los demócratas españoles, es inicuo. Pero en Francia salen y en España no ¿Por qué ocurre eso? ¿Es sólo cuestión de cobardía?

La cobardía del pueblo español es sólo una de las razones, pero no la única. Hay otras muchas que explican la tragedia de un pueblo que soporta ser aplastado por un mal gobernante. Quizás la principal de todas es que el poder político lleva tres décadas envileciendo a la sociedad con enorme éxito.

¿Cómo puede defender sus derechos y rebelarse contra los que abusan del poder un pueblo que apenas ha aprendido en las escuelas, al que jamás han hablado de deberes y que está integrado mayoritariamente por minusválidos intelectuales que acuden en masa ante el televisor para contemplar, al lado de sus hijos, la "fabulosa" vida de Belén Esteban y que disfrutan asistiendo a programas de televisión donde los protagonistas suelen ser macarras, prostitutas, mentirosos profesionales y canallas, personajes que se despellejan mutuamente ante las cámaras, mientras que los niños y adolescentes los miran como modelos a imitar? ¿Cómo pueden rebelarse los millones de españoles que sueñan con llegar a un cargo público para poder aprovecharse y robar, como hacen muchos de los actuales políticos? ¿Pueden ser rebeldes aquellos que se conforman con unas raciones ridículas de cerveza, tapas, envidia y fútbol, un cóctel utilizado tanto por el franquismo como por la falsa democracia para hipnotizar y aborregar a los españoles?

Guste o no guste, la obra maestra de la falsa democracia española, durante los últimos 30 años, ha sido degradar y, muchas veces, envilecer al pueblo español. El envilecimiento, de donde emana la cobardía, es lo único que explica por qué un pueblo que en el pasado fue noble e indomable, es hoy el hazmerreir del mundo al soportar a un gobierno sin altura, cuyas únicas herencias serán el endeudamiento, la pobreza y la tristeza generalizada, que ni siquiera es respetado por los demás gobernantes democráticos del mundo.

Hay otras muchas razones que explican la cobarde esclavitud de los españoles ante el poder político, desde el sometimiento al gobierno de periodistas e intelectuales a la utilización perversa del dinero público para apuntalar el poder, comprar voluntades, castigar al adversario y beneficiar a las propias huestes, pero mencionemos únicamente tres que consideramos fundamentales:

--- La corrupción ha hecho ya mella en la sociedad española y la ha alejado de valores como la justicia, la honradez, la decencia, el esfuerzo, la dignidad y otros muchos.

--- Los sindicatos, que son los convocantes y la punta de lanza de la rebelión francesa, son libres en Francia, mientras que en España están comprados por el gobierno, que los inunda de dinero y privilegios, lo que les impide ser libres y defender los verdaderos intereses de los trabajadores.

--- Los franceses demostraron suficientemente a lo largo de la Historia su sentido de la libertad y su decisión de enfrentarse al poder político cuando éste es injusto e indigno, no así en España, donde, salvo escasas excepciones, la sumisión y el miedo han dominado la relación histórica entre el pueblo y el poder.

Téngase en cuenta que los franceses están luchando contra su gobierno para impedir que les retraen la jubilación hasta los 62 años, mientras que en España ya nos jubilamos a los 65 y la van a retrasar hasta los 67. Además, los salarios en Francia están más altos; los franceses tienen mayor capacidad adquisitiva; la justicia funciona mejor en Francia; los nieveles de corrupción son muy inferiores en Francia; la protección social en Francia es mejor y la "casta" política francesa tiene muchas más capacidad intelectual, vergüenza, decencia y responsabilidad que la española.

Voto en Blanco

ETA
Negociación es colaboración
Pío Moa Libertad Digital 27 Octubre 2010

Uno de los grandes errores de la transición fue la llamada "solución política" a la ETA, es decir, la solución por medio de negociaciones, lo que implica concesiones sustanciales. Idea que atacaba al estado de derecho, pues convertía el asesinato en un modo rentable de hacer política, convertía a la ETA, precisamente, en una potencia política a cuyo nivel se ponía el propio Estado y, al mostrar la debilidad de este, estimulaba la estrategia de los terroristas. A veces, en la historia, ha sido necesario llegar a pactos semejantes, cuando el enemigo era una verdadera potencia y no había otra solución, pero la ETA nunca fue un problema de tal envergadura en España. La causa real de la "solución política", impulsada desde Prisa, el socialismo, el nacionalismo vasco y aceptada por la UCD, era la simpatía de fondo hacia la ETA por parte de aquellos grupos que se proclamaban antifranquistas o deseaban hacer olvidar su pasado franquista. Pues compartían con la ETA ese antifranquismo visceral, habían apoyado de mil modos al terrorismo nacionalista vasco desde que este empezó a matar en 1968, y sentían hacia los asesinos una mezcla de admiración –porque estos se atrevían a hacer lo que ellos no osaban– y esperanza de recoger los frutos políticos de su trabajo sucio. Cualquiera que conserve la memoria recordará todo esto, que en un próximo libro sobre la transición detallo. Durante el franquismo todos ellos habían colaborado con la ETA, como mínimo en el plano propagandístico, continuación del cual era la "solución política".

Fue Aznar, y más aún Mayor Oreja, quien emprendió la única vía acorde con el estado de derecho y la potencia real de los terroristas: la vía policial, que los otros veían como subordinada a la política (aunque no faltaron al PP algunos movimientos en falso). Y la acción consecuente en esa dirección casi desmanteló a la ETA, de modo que en el último año de Aznar, el grupo terrorista fracasó en todos sus intentos de asesinato.

Podemos admitir que, hasta entonces, la negociación-colaboración con los terroristas se debió en parte a un error de análisis e ignorancia de la historia (una terrible carencia de nuestros políticos), aun si subtendido por la mencionada afinidad ideológica inconfesada, pero muy real, basada en un antifranquismo que nunca fue democrático. Ahora bien, tras la exitosa demostración de Aznar ya no había ningún equívoco ni error posible. La negociación, diálogo, proceso de paz o como se le quisiera llamar, era lisa y llanamente colaboración.

Rodríguez heredó una posición excelente para rematar la labor de Aznar, pero optó por lo contrario: por intensificar la colaboración con los asesinos a extremos nunca vistos. Así, les hizo concesiones ya completamente innecesarias: legalidad, dinero, proyección internacional, silenciamiento de las víctimas, estatuto de estado asociado cuyo modelo sería el catalán (recuérdese a Rodríguez: "aceptaré lo que el Parlament decida", concediéndole la soberanía de hecho), confusión intencionada con el caso de Irlanda, disminución de la presión policial a niveles simbólicos, hasta el chivatazo famoso, etc. A cambio, la ETA solo tenía que dejar las pistolas, unas pistolas que, Rodríguez lo sabía, ya no estaba en condiciones de utilizar demasiado, después de los golpes de Aznar-Mayor Oreja. Con ello, Rodríguez, hombre algo perturbado y megalómano, quedaría como el gran "pacificador" y muy posiblemente recibiría el premio Nobel (creo que la perturbación mental del presidente resulta palpable en numerosas anécdotas, como su pregunta a su madre agonizante, o en su compulsiva tendencia a mentir, y es un factor no desdeñable de su política).

Sólo que la ETA interpretó aquellas concesiones como un signo de debilidad que le animó a ir "a por todo", y rompió momentáneamente el "diálogo". El Gobierno recordó a los terroristas (muy infiltrados desde tiempos de Aznar) su difícil posición mediante numerosas detenciones, sin interrumpir por ello los contactos. Y no debe olvidarse que esas detenciones, en la perspectiva del "acuerdo de paz", son solo provisionales. La gran esperanza electoral de Rodríguez, en plena crisis económica, es llegar a ese acuerdo, que le beneficiaría tanto como a los asesinos. A costa, claro está, de arruinar el estado de derecho, la Constitución y de avanzar en la balcanización de España.

EpC
Un PSOE consecuente, un PP cobarde
Pablo Molina Libertad Digital 27 Octubre 2010

Los manuales de esa supuesta materia de estudio llamada sarcásticamente "Educación para la Ciudadanía" responden plenamente al objetivo para el que fue diseñada. No cabe por tanto acusar a las editoriales de haberse excedido en sus contenidos, pues con su defensa de la última brizna de basura marxista demuestran que han captado perfectamente los objetivos pedagógicos de la asignatura.

El que los izquierdistas pretendan adoctrinar a los hijos de los demás en su detritus ideológico y además con carácter obligatorio entra dentro de lo esperable en esa ideología. La supervivencia del modelo social que mantiene a estos resentidos sociales necesita a las nuevas generaciones convencidas de que trabajar para los demás no es esclavitud sino solidaridad, que los ideólogos del progresismo y sus grupos de presión no viven aprovechándose del esfuerzo ajeno sino creando cultura y bienestar social, que el aborto es un derecho "humano" o, en el colmo del delirio, que los sindicatos hacen mucho bien a los trabajadores.

Lo que ya no es tan comprensible es que el partido que le disputa a la izquierda el poder no haya planteado hasta sus últimas consecuencias la batalla contra este envenenamiento masivo, al menos allí donde ejerce labores de gobierno. Lo digo porque en las comunidades autónomas donde gobiernan los populares, los padres con hijos en edad de ser adoctrinados para el zapaterismo estamos tan solos como lo puedan estar en las regiones socialistas.

Lo único que ha hecho el PP es publicar en el boletín oficial de la región de que se trate un documento en el que se eliminan de la asignatura los contenidos más polémicos. Ahora bien, ¿de verdad alguien medianamente inteligente piensa que con ese simple gesto nuestros hijos van a estar a salvo de que sus profesores les impartan la materia con todas sus consecuencias? ¿Acaso van a estar los consejeros de Educación populares sentados junto al profesor de EpC para evitar que utilice el manual elegido por el centro educativo en toda su extensión? Por supuesto que no. Se trata únicamente de hacer cómo que se está en contra pero sin implicarse de verdad, no sea que la izquierda vernácula llame facha al político responsable del PP o le organice una manifestación a las puertas de la consejería y acabe saliendo en la primera página del chafardero local.

Con que acudieran a la concentración diez perroflautas, el cese del alto cargo popular estaría garantizado. Igual que el PSOE, vaya.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.

Crisis de hipertrofia
Mejor que despedir funcionarios sería dejar de contratar ese personal que duplica una Administración hipertrofiada
IGNACIO CAMACHO ABC 27 Octubre 2010

ANTES que despedir funcionarios, como ha propuesto el dueño de Mango ante un impávido Rubalcaba, quizá conviniese probar a dejar de contratarlos. Sobre todo por la puerta de atrás, la de los enchufes y las designaciones de confianza, que es la vía por la que ingresa ya un cuarenta por ciento de los trabajadores de la Administración pública para después consolidarse en ella en pie de igualdad con quienes han entrado por oposición o concurso de méritos. Ese núcleo laboral estampillado ha servido a los ayuntamientos y las autonomías para crear una estructura paralela que duplica innecesariamente la nómina con el objetivo de burlar los procedimientos de control de gasto establecidos en la legislación administrativa. Y no se trata en su mayoría de médicos, ni de profesores, ni de jueces ni de bomberos, sino de personal de gestión, burocracia pura reclutada en muchos casos con criterios clientelares de afinidad política y a la que se va atornillando al presupuesto mediante mil y una triquiñuelas como la que acaba de perpetrar la Junta de Andalucía para asimilar a veinte mil contratados de golpe bajo el pretexto de proceder a un reajuste organizativo.

Gran parte de la mala prensa del funcionariado procede de la desconfianza social en los supuestos privilegios de esa superestructura hipertrofiada. El principal es la estabilidad de los profesionales de la Administración, que surgió como una garantía de neutralidad política y ha desembocado en la realidad de que cada Gobierno —sobre todo los autonómicos— desembarca en el poder con un ejército de empleados afines que superpone a los preexistentes ante la imposibilidad de despedirlos. El resultado es un incremento acumulado del sector público sin que se aprecie mejora sustancial de su eficacia, aunque sí una inflación del gasto que en tiempos de recesión se demuestra insostenible. Pero la solución no está en prescindir de los funcionarios de carrera, que probablemente sean lo mejor del sistema y los que mantienen los servicios, sino en eliminar la grasa acumulada por varias décadas de clientelismo. Y eso equivale para los políticos a practicarse un harakiri electoral.

La propuesta productivista de Isak Andic —cuya exitosa empresa textil ya pretenden boicotear algunos sindicalistas quisquillosos— para introducir criterios flexibles en los salarios y la duración del empleo público tal vez posea impecable lógica de eficiencia pero sólo resultaría practicable en un mundo laboral distinto, creado ex novocon reglas diferentes a partir del caos de una hecatombe. En la España actual un proyecto así se antoja, más que voluntarista, sencillamente inviable. Aunque tarde o temprano alguien tendrá que decidirse a imponerle a la Administración una dieta de adelgazamiento, so pena de que sobrevenga de hecho la catástrofe de una suspensión de pagos.

ANIMA en esradio A IR A LA MARCHA DEL 6-N
Alcaraz: "Defendemos a las víctimas de las prebendas de Rubalcaba a ETA"
Francisco José Alcaraz ha animado en los micrófonos de esRadio a la ciudadanía a asistir a la concentración del próximo 6 de noviembre en defensa de "la memoria y dignidad de las víctimas" e indicó que "hay que dar un paso más" después de que el Gobierno lleve dos años acercando presos y excarcelando etarras.
LIBERTAD DIGITAL 27 Octubre 2010

En una entrevista en Es la mañana de Federico, el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, ha hablado sobre la próxima marcha del 6 de noviembre contra las cesiones del Gobierno a los terroristas. En ella, animó a los españoles a acudir a la concentración para resucitar la "rebelión cívica" y para defender la "memoria, dignidad y justicia de las víctimas".

En este sentido, Alcaraz indicó que coincide con el análisis de Mayor Oreja sobre la existencia de una "negociación sumergida" que, en su opinión, intenta "engañar a la ciudadanía". Por ello, cree que se ha sobrepasado con mucho la línea roja y puso ejemplos de las cesiones a los terroristas como la presencia de ETA en los ayuntamientos o los casos de excarcelaciones o la no persecución a Josu Ternera, del que dijo que está "protegido por el CNI".

Sobre la marcha, aseguró que "lo importante no es quien convoque sino el por qué se convoca, y esto es por las excarcelaciones y las prebendas dadas por Rubalcaba". En este sentido, dijo no entender que la actual AVT diga que da un aprobado al ministro del Interior cuando "se ha acercado a La Tigresa o mientras pretende ocultar las responsabilidades políticas y policiales en el caso Faisán".

Sobre si ha tenido apoyos en el seno del PP, Francisco José Alcaraz afirmó que la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril cambiará un viaje a Japón para poder asistir a la concentración y anunció que también les han dado su apoyo Regina Otaola u Ortega Lara.

También dijo que comprender el riesgo que desde el Ejecutivo se le acuse de dividir a las víctimas. "Lo he vivido en la pasada legislatura, persecución por parte del Gobierno. Me pongo de nuevo en la diana del Gobierno y de sus medios", sentenció.

Por ello, añadió que "sé que la marcha no va a tener la gran afluencia de otras porque no contamos con voz en otros medios, que nos están boicoteando", aunque dijo que no le importan las cifras si no la lucha por la dignidad de las víctimas. "Hay que dar un paso más porque llevamos dos años acercando y excarcelando etarras", dijo.

Por último, Alcaraz hizo un llamamiento para recabar ayuda para la marcha. Así, dijo que en su página web pueden intentar colaborar siento voluntarios para la marcha como con alguna cantidad económica que sufrague los gastos puesto que "somos la asociación menos subvencionada".

Editorial de César Vidal
Sin que sirva de precedente, César Vidal da la razón a los nacionalistas catalanes
Cuenta la Historia que en el año 985, Almanzor dirigió su campaña anual de agresión contra la ciudad de Barcelona. Desde hacía al menos cuatro décadas, el conde de Barcelona había seguido una política de entendimiento con el califato de Córdoba.
César Vidal Libertad Digital 27 Octubre 2010

A cambio de una sumisión formal a su gobierno que aparece recogida en distintas fuentes, gozaba de una autonomía prácticamente total y, sobre todo, se aprovechaba de las posibilidades comerciales del trato con Al-Andalus.

Dado que el conde Borrel había aprovechado recientemente la debilidad de los monarcas carolingios y la proclamación de los Capetos para sacudirse formalmente la sumisión al reino franco, la situación resultaba, si no perfecta, sí llevadera y, en apariencia, mucho mejor que la de leoneses, castellanos, aragoneses o navarros. Nada justificaba, por lo tanto, un ataque de Almanzor. Nada, salvo el deseo de dejar de manifiesto la actitud que los infieles podían esperar de un poder islámico. A la cabeza de su ejército, Almanzor salió de Córdoba y, tomando la ruta de Levante, se dirigió hacia el condado de Barcelona.

Alarmado ante un comportamiento que no entendía, el conde Borrell intentó contener el avance musulmán. El resultado fue una desastrosa derrota y la continuación de la expedición islámica en dirección a Barcelona. Almanzor llegó ante sus muros el 1 de julio de 985 y seis días después la ciudad fue saqueada y arrasada por las fuerzas musulmanas a la vez que sus habitantes eran muertos o convertidos en esclavos.

Durante los seis meses siguientes, las tropas islámicas se entregaron a destruir todo lo que encontraban a su paso en la comarca circundante. El prestigio militar de Almanzor se elevó extraordinariamente en el mundo islámico a uno y otro lado del Estrecho con aquellos actos de barbarie y debe reconocerse que es muy comprensible que así fuera. Sin embargo, para los otros núcleos cristianos del norte quedó de manifiesto fundamentalmente que la política de entendimiento del condado barcelonés había desembocado en las peores consecuencias que hubieran podido imaginarse.

En las últimas horas, hemos tenido noticia de otro nuevo dislate cultural perpetrado por los nacionalistas catalanes. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes:

1. Tal y como informa el diario La Gaceta este martes, la Plataforma por la Lengua, entidad de carácter independentista subvencionada por la Generalidad, pretende que los inmigrantes musulmanes que viven en Cataluña hablen en catalán.

2. Para ello, han publicado una guía titulada Salam al catalá cuyo objetivo es acercar la cultura catalana a los musulmanes. De este modo, afirman que quieren "mostrar los vínculos que históricamente ha habido entre ambas realidades, y acercar la lengua del país a la población musulmana araboparlante".

3. La guía, editada por la Dirección General de Asuntos Religiosos, utiliza de "manera gráfica y comprensible" aspectos de la lengua catalana.

4. Por su parte, el portavoz del Consejo Islámico, Mohammed Halhoul, indica que el catalán "puede abrir nuevos horizontes" a los musulmanes.

5. La directora de Asuntos Religiosos de la Generalidad, Montserrat Coll, pidió en la presentación de la guía que los catalanes no cambien de lengua y no hablen en castellano a los inmigrantes ya que "El idioma común de Cataluña es la lengua catalana".

6. Ciertamente, aunque la afirmación es discutible, la guía se ha editado en una versión bilingüe: catalán y árabe.

7. Curiosamente, Montserrat Coll, la responsable de asuntos religiosos de la Generalidad ha sido condecorada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

8. De manera bien significativa, Montserrat Coll fue condecorada junto a Gómez Bermúdez y el deán de la catedral de Mallorca, conocido también por su orientación izquierdista.

9. De este modo, el Ministerio del Interior ha premiado a un alto cargo de la Generalidad que exige, sin que tenga competencias para ello, que no se hable en castellano a los inmigrantes.

10. La dirección de Asuntos Religiosos que desempeña Montserrat Coll se creó en 2004 con la llegada del Gobierno nacional-socialista y depende de la vicepresidencia, es decir, de Carod Rovira.

11. Entre los logros de la anticonstitucional dirección de Asuntos religiosos está la polémica ley de centros de culto de Cataluña aprobada en 2009 con la que el mantenimiento o apertura de un templo depende del poder político. De hecho, un alcalde podría retirar la licencia a una parroquia y procederse a su cierre y

12. En el momento de la tramitación de la ley el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia denunció el problema de tener que depender de la autorización del alcalde para mantener abierto un templo lo que, a su juicio, "supone una dependencia del poder político que a todas luces resulta inaceptable".

Históricamente, Cataluña ha sufrido el azote del Islam como el resto de las regiones españolas. Quizá la única diferencia sea que en diversas ocasiones, algunos de sus condes pensaron que podrían llegar a un acuerdo con los musulmanes, gravísimo error político que tuvo pésimas consecuencias como fue la destrucción de Barcelona por Almanzor.

Ahora los nacionalistas catalanes – que, por definición, odian todo lo español – han decidido que prefieren el Islam a su vinculación con España y que incluso ese Islam puede resultar un aliado ideal para lo que denominan de manera bastante ridícula "la construcción nacional" de Cataluña.

Pues bien, por esta vez, vamos a dar la razón a los nacionalistas catalanes.

Aboguemos, firme y decididamente, porque todos los musulmanes que hay en España se vayan a Cataluña,

Insistamos, con no menos firmeza y decisión, para que se establezcan allí de manera permanente y con todas sus consecuencias e incluso defendamos que si les apetece, aprendan catalán y ya veremos lo que se tarda en ver a los nacionalistas catalanes inclinándose en dirección a la Meca.

CASI EL 50% NO ES FUNCIONARIO
Los empleados públicos crecen tres veces más que los del sector privado
En 1976 había en España 1.374.000 personas que cobraban del sector público; en 2010, había 3.086.000. Es decir, en tres décadas su número ha crecido un 125%, un porcentaje tres veces superior al del sector privado. Las autonomías y el personal no funcionario son los mayores responsables.
D. SORIANO Libertad Digital 27 Octubre 2010

El número y el coste de los empleados públicos ha sido objeto de polémica en las últimas semanas. Este mismo lunes, el presidente de Mango, Isak Andic, ha pedido que cambie su régimen laboral para que puedan ser despedidos y tener sueldos variables, que incluyan incentivos. Navarra ya ha anunciado que quiere suprimir el carácter vitalicio de los funcionarios. Además, los empleados públicos de carrera han sido los grandes perjudicados del tijeretazo, puesto que se les ha recortado su sueldo una media de un 5% (en algunos casos llega al 12%).

Lo cierto es que en las últimas tres décadas, el número de personas que reciben un sueldo de un organismo público se ha más que doblado, un porcentaje que excede con mucho a lo ocurrido en el sector privado. Así, a finales de 1976 (primer año que recoge la EPA del INE) había en España 1.374.000 personas que cobraban de la Administración; en el segundo trimestre de 2010, ya eran 3.086.000. Esto supone un crecimiento del 125%.

Es una cifra alta, sin duda, pero aún más llamativa si la comparamos con los datos del sector privado. Así, hace 34 años había 12.669.000 ocupados en España (11.295.000 en compañías privadas), que ahora son 18.477.000 (15.391.000), lo que supone un incremento del 36% en los trabajadores a sueldo de las empresas españolas. Es decir, que la tasa de crecimiento del sector público es más del triple de la del sector privado.

Hasta ahora hemos hablado de personal a sueldo de las administraciones y no de funcionarios. Esto es así porque, aunque normalmente se usa esta última palabra como sinónimo de aquella expresión, lo cierto es que gran parte del crecimiento del sector público ha venido de la mano de los no funcionarios. Así, los trabajadores al servicio de la administración se dividen en funcionarios, personal laboral y otro personal. Sólo los primeros pasan por una oposición (con todos los requisitos, controles y exigencias que esto tiene), los demás son contratados con diversas fórmulas. Es verdad que algunos catalogados como personal laboral también tienen que pasar exámenes muy duros, casi equiparables con una oposición, y no se puede meter a todos en el mismo saco. Pero también es cierto que es una fórmula que se puede utilizar fácilmente para el dedazo.

Según Rafael Coloma, portavoz de Fedeca (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado), "antes casi no había personal laboral ni interinos, la gran mayoría de los empleados públicos era funcionario". Pero la situación ahora es distinta.

Los no funcionarios
Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, España tiene 2.968.628 trabajadores en la administración pública. De ellos, 1.618.474 son funcionarios, 709.491 son personal laboral y 370.092 son otro personal. Además, a esos 2,9 millones de trabajadores hay que sumar casi 400.000 más que refleja la EPA y que tampoco son funcionarios (la gran mayoría pertenecen a las empresas públicas, especialmente autonómicas, por lo que no aparecen en las estadísticas del Gobierno).

De esta manera, la cifra final es de 1.618.474 funcionarios y 1.467.000 trabajadores que también cobran, de una manera u otra, del Estado sin haber pasado nunca por una oposición.

Si se analizan estos datos por administraciones, tampoco todas son iguales. Los organismos dependientes del Gobierno central suman un total de 591.559 trabajadores de los que sólo 140.216 no son funcionarios, un 24%. Además, en el Registro Central de Personal (ver página 10 del documento adjunto) están incluidas la mayoría de sus empresas públicas (entre ellas, las dependientes de la Sepi) y otros muchos organismos autónomos. Es decir que, en este sentido, los distintos Gobiernos que se han sucedido han sido moderados en su creación de empleo público.

Autonomías y ayuntamientos
Porque de donde viene la explosión es de las administraciones regionales y locales, auténticos generadores de trabajadores a sueldo de los políticos, tanto funcionarios como, especialmente, no funcionarios. Así, las comunidades autónomas tienen 888.403 funcionarios y 460.089 en otras categorías. Y los ayuntamientos suman 215.621 funcionarios y 442.284 empleados que no lo son.

Pero, además, a todos esos trabajadores no funcionarios hay que sumar los 387.362 que incluye la EPA y no el Registro Central de Personal. Son casi 400.000 personas que declaran trabajar para las administraciones y no aparecen en el registro oficial. La gran mayoría de estos fantasmales empleados públicos ocupan plaza en las numerosísimas empresas públicas diseminadas por todo el país. Y a ellas han accedido, en un alto porcentaje, por el antiguo, clásico y caciquil dedazo del político de turno.

Así, si tomamos este dato de la EPA como correcto, ayuntamientos y autonomías tienen 1.104.024 funcionarios y, aproximadamente, 1.200.000 trabajadores a sueldo que no han pasado por una oposición, lo que suma un 53% del total.

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La realidad de lo "inimaginable"
EDITORIAL Libertad Digital 27 Octubre 2010

Ya podrá el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, disimular todo lo que quiera y hasta considerar "inimaginable" que un "partido democrático" mantenga reuniones con Batasuna; lo cierto es que, salvo que no considere democrático a su propio partido y a los partidos nacionalistas con los que ha mantenido alianzas de gobierno, esto es precisamente lo que están haciendo, tal y como reconocen hasta los propios protagonistas de dichas reuniones.

Así, la noticia del diario El Mundo de este lunes, que aseguraba –más bien, confirmaba– que "Eguiguren se reúne periódicamente con los líderes de la izquierda abertzale", ha recibido el espaldarazo del dirigente histórico de Batasuna, Tasio Erkicia, quien ha confirmado en Radio Popular que existen "vías de comunicación con el PSOE" y que los socialistas conocen "de primera mano" los pasos de los proetarras.

Asimismo, el secretario general de ERC, Joan Ridao, también ha reconocido en rueda de prensa que él mismo se ha reunido con una delegación batasuna, encabezada por dos miembros de la Mesa Nacional de HB, Fernando Parrena y José Luis Moreno, para, según ha explicado, "conocer las intenciones" de los proetarras.

También el candidato de Iniciativa per Cataluña Verds, Joan Herrera, ha confirmado haber mantenido una reunión con la formación ilegalizada por su pertenencia a ETA, a la que asistió junto a la portavoz parlamentaria Dolors Camats.

El problema, por tanto, no se presenta por una supuesta falta de imaginación del portavoz socialista sino, más bien, de vergüenza; empezando por la que es necesaria para no olvidar las públicas reuniones que los socialistas mantuvieron con los representantes de la ilegalizada Batasuna, y por la que se sentó en el banquillo a Patxi López.

Una cosa es que José Antonio Alonso prefiriese que todas esas reuniones con los proetarras siguieran manteniéndose, como hasta ahora, en secreto, y otra cosa muy distinta pensar que pueda resultarle "inimaginable" lo que lamentablemente es real desde hace mucho tiempo. De hecho, desde los días de infamia que protagonizó el PSOE para desbancar al PP del Gobierno, no hay nada que la falta de escrúpulos de los dirigentes socialistas no haya hecho realidad.

Así, algo tan "inimaginable" como tener como socios de gobierno a una formación separatista como ERC, que había mantenido reuniones previas con ETA en Perpiñan para, según confesaron, "diseñar estrategias conjuntas para la desestabilización del Estado español" se hizo realidad, no ya en Cataluña, sino a nivel nacional. Igualmente, cosas tan "inimaginables" como que un presidente de gobierno cuestionara la nación como "concepto discutido y discutible", o que prometiera, "por una tregua cuanto antes", que "todo tendrá cabida, tenga el alcance que tenga", también se hicieron realidad.

Llegada la tregua terrorista que los socialistas habían prenegociado en secreto y adquiriendo compromisos políticos, Zapatero tampoco dudó en hacer una "inimaginable" declaración en el Congreso, en la que respaldó "el derecho de los vascos a decidir su futuro", conocido eufemismo de los separatistas para referirse a la autodeterminación y que, como se supo más tarde, el propio Gobierno había pactado con ETA. Algo tan "inimaginable" como el respaldo de un gobierno a "internacionalizar la resolución del conflicto", también se hizo realidad con una votación en Estrasburgo que hizo a los batasunos allí desplazados descorchar más de una botella. Algo tan inimaginable como que el Gobierno socialista siguiera negociando con ETA después del atentado de Barajas es algo que incluso reconoció el propio Zapatero.

A la vista de ese pasado y de este presente, que ese proceso de negociación se mantenga, y con nuevos bríos, es una repugnante realidad. Y lo único "inimaginable" debería ser que alguien pueda ponerlo en duda.

Abrigo de piel de oso
Carlos ALSINA La Razón 27 Octubre 2010

De tanto escuchar la cantinela de que el Gobierno corajudo y generoso sacrificaba votos por el bienestar de España orillando el cálculo electoral y resignado al sino de las encuestas, había llegado a creer la palabra del presidente: «No pienso en 2012, sino en los próximos veinticinco años». Todos los símiles que han empleado, sin embargo, los nuevos portavoces del equipo remozado (los tenísticos de Rubalcaba, los futbolísticos de Marcelino Iglesias) responden a una misma partitura: los cambios buscan darle la vuelta al tanteo, ganarle a las encuestas, que diría Tomás Gómez. Para ser un Gobierno alérgico al cálculo electoral, hace una semana que no habla de otra cosa. Sólo en esa clave se explica la euforia por la jubilación de De la Vega y el alivio por la enmienda a la totalidad que Montilla se ha ganado a sí mismo. Si Rajoy tiene una «agenda oculta», como dice Blanco, el Gobierno llega a su último año sin más agenda conocida que cerrar el 2011 con el seis por ciento de déficit público. Como reclamo electoral, no moviliza mucho.

Entre la urgencia demoscópica y el marcaje de los mercados, el PSOE necesita parir un programa que se pueda decir «de izquierdas» en contraposición al recetario de recortes que antes era neocon pero que ahora es suyo. El nuevo eslógan dice que este Gobierno «va a explicar mejor las cosas» pero, en sus primeros compases, se ha entregado al titular fácil y la frase corta, al humo para ahogar la respiración del adversario rehuyendo alegremente la letra pequeña, siempre engorrosa.

Es en este contexto (y por eso escama) donde ha brotado el discurso que dice que ETA, poco más o menos, ya es pasado. Anoto tres afirmaciones en seis días. Rubalcaba en el Senado: «Según nos vamos acercando al final, será más necesario mantener la unidad de los partidos»; Zapatero en La Moncloa: «Estamos en un momento decisivo y tenemos datos determinantes»; Blanco en Málaga, el más explícito: «Estamos a punto de acabar con ETA».

Entiendo que el Gobierno martillee el oído de Otegi y de Usabiaga con el mensaje de que en mayo termina el plazo para renacer del cagatorio y hacer de la izquierda abertzale algo distinto a la filial etarra; entiendo que el Gobierno alimente la idea de que invertir en ETA, batasunos, es malgastar la pasta; pero no alcanzo a entender este afán por sembrar la especie de que la banda es una escombrera colmada de pistolas cascadas y presta ya a la clausura por extinción del negocio.

Si el Gobierno quiere explicar mejor las cosas, aquí tiene una oportunidad de hacerlo. «Estamos a punto de acabar con ETA». Defina «a punto», ministro. ¿ETA se acaba este domingo, para Navidad o en Semana Santa? Explique qué saca en limpio el Estado de cebar expectativas en lugar de aguardar a que los hechos se produzcan. Me resisto a creer que, a falta de otras ilusiones, pretendan obtener rédito de la mera percepción de que el final pueda estar llegando. La presciencia la carga el diablo, con dinamita de la T4.

Montilla, o la política como el arte de engañar a todo el mundo
Roberto Blanco Valdés La Voz 27 Octubre 2010

La política democrática debiera ser, por sus propios objetivos, una actividad con un alto grado de nobleza, pues consiste en gestionar, en representación del pueblo, los intereses generales: los de un municipio, una provincia, una comunidad autónoma o el conjunto del Estado.

Pero para que la política pueda realizarse con ese exigible grado de nobleza han de cumplirse ciertas condiciones: la honradez personal de sus protagonistas es sin duda la primera, pero también la coherencia en los planteamientos que se defienden ante el público. Es, precisamente, la frecuente ausencia de una y otra la que ha colocado a los políticos españoles (aunque no solo a los españoles, por supuesto) en el escaso aprecio ciudadano en que hoy están.

La cosa es, sin embargo, que no todos, ni mucho menos, son igualmente responsables de ese efecto social demoledor. Dejando ahora al margen la cuestión nerval de la honradez y centrándonos en la coherencia ideológica -que es, obviamente, otra forma de honradez- asistimos estos días a un espectáculo bochornoso, que desprestigia a la política y a quienes se dedican a ella, a paso de gigante: José Montilla, abrumado ante la posibilidad de una derrota electoral estrepitosa, se ha convertido de la noche a la mañana en el más duro crítico de lo que José Montilla ha realizado desde su llegada a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.

Montilla reniega ahora de las multas lingüísticas que antes impulsó con entusiasmo pese a constituir una práctica desconocida en cualquier Estado democrático digno de tal nombre. Y reniega, más en general, de su entrega al nacionalismo radical, hasta el punto de anunciar, sin dar ni una sola explicación, que la fórmula del tripartito que ha llevado al PSC a ser un rehén de ERC ya no le parece adecuada. Ese giro sorprendente, que es consecuencia del oportunismo descarnado de quien no tiene otro credo que el que conviene a sus propios intereses, es aún más escandaloso si se tiene en cuenta que Montilla hizo toda su carrera de aparatchick del PSC (pues eso y no otra cosa era Montilla) como cabeza del sector españolista frente a los sectores catalanistas del socialismo catalán.

¿En qué cree Montilla? Probablemente en nada. O mejor, quizá solo en una cosa: que la política de masas es el arte de engañarlas, la de partidos el arte de situarse en ellos siempre en la posición más favorable a los propios intereses y la democracia una forma a través de la cual personas sin más méritos que su ambición y sus ganas de mandar pueden llegar a ocupar posiciones de poder y a obtener remuneraciones económicas a las que jamás podría aspirar trabajando como lo hacen los ciudadanos a los que Montilla pretende ahora manipular una vez más.

PLENO EN EL PARLAMENTO
La Xunta sostiene con sueldo y sin tarea a 51 altos funcionarios que apoyaron al bipartito

Función Pública se escuda en la falta de vacantes para recolocar al personal y el PSOE habla de sectarismo
Domingos Sampedro santiago. La Voz. 27 Octubre 2010

Medio centenar de funcionarios cualificados -27 del grupo A1 y otros 24 del grupo A2- cobran su sueldo íntegro de la Xunta por hacer prácticamente nada, debido a que el departamento de Función Pública todavía no les ha asignado tareas concretas a unos empleados que ocuparon jefaturas de servicio o subdirecciones xerales con el anterior Gobierno bipartito, encabezado por Emilio Pérez Touriño. El PSdeG sacó este caso ayer a la luz para denunciar el «sectarismo» del Ejecutivo de Feijoo y el «despilfarro» de 2,5 millones de euros al año en salarios públicos.

La portavoz socialista en materia de hacienda, María José Caride, ya se encargó de poner este asunto sobre la mesa el pasado sábado, en el transcurso de la comparecencia parlamentaria de la conselleira Marta Fernández Currás, quien aclaró que al llegar al Gobierno, en abril del 2009, eran 130 funcionarios de libre designación los que estaban pendientes de reubicar y que, hasta el momento, se le había dado un puesto a 80.

Pero el PSOE volvió a sacar ayer la carta aprovechando el debate en pleno de una moción del diputado José Manuel Lage Tuñas relacionada con la Función Pública. «Acabamos de descubrir que teñen a 51 persoas sin nada que facer, asignándolle un soldo Nescafé», denunció el parlamentario, quien vio en esta situación «un claro caso de despilfarro» por parte del Ejecutivo de Feijoo, pues abundó en que estos funcionarios infrautilizados le cuestan a la Xunta 2,5 millones de euros al año, es decir, unos 10 millones de euros en el conjunto de la legislatura.

Asignación de plazas
El debate giró hacia estos derroteros cuando el portavoz socialista del área institucional defendía una moción, rechazada por el PP, en la que emplazaba a la Xunta a que antes del 30 de noviembre asignara su plaza al medio millar de opositores que aprobaron su plaza en los procesos convocados en el 2008.

El nacionalista Alfredo Suárez Canal pidió «un mínimo de sentidiño» en este asunto, tras admitir que sentía «vergoña» de tener que reclamar en la Cámara que se procediera al nombramiento de quienes hace meses aprobaron su plaza de funcionarios y se ven abocados a estar en su casa sin trabajar.

Por parte del PP intervino Antonio Rodríguez Miranda, quien eludió respaldar la iniciativa que avalaban el PSOE y el BNG con el pretexto de que «en un mes e medio» se podría asignar ya la plaza a los nuevos funcionarios, toda vez para que para entonces está previsto que concluya el concurso de traslados puesto en marcha por la Xunta. Miranda, sin embargo, pasó de puntillas sobre el caso de los 51 funcionarios cualificados que no tienen tarea desde hace 16 meses, un asunto al que respondió la Consellería de Facenda, que tiene las competencias en materia de Función Pública, con un argumento muy similar: que el caso de estos funcionarios «vai quedar solventado» una vez que se resuelva el concurso de traslados puesto en marcha.

«Moi ríxida»
En todo caso, el departamento que dirige Marta Fernández Currás puso de relieve que la Administración es «moi ríxida», aclarando que no se puede ubicar a estos funcionarios si no hay vacantes disponibles.

Lage Tuñas hiló con esta problemática puntual la reforma de la Lei de Función Pública que el Gobierno está tramitando en la Lei de Acompañamento de los Presupostos de la Xunta, y que en primera instancia pretendía promover el traslado forzoso de funcionarios. En cambio, Facenda negó ayer este extremo, al señalar que lo que pretende hacer con el cambio de normativa es dotar de «maior flexibilidade» a la Administración pública y poder así acordar una reordenación de personal para «aproveitar ao máximo os recursos humanos» y cubrir las necesidades de trabajo que haya con funcionarios.

De igual modo, el departamento de Facenda señaló que con el bipartito hubo «máis de cen funcionarios» sin plaza asignada durante cuatro años.

SEGÚN UN AUTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona no están obligados a hablar en catalán
@Antonio Fernández (Barcelona). El Confidencial 27 Octubre 2010

“La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma”. La frase es de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, es decir, aquélla que revisaba la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos del Estatuto de Autonomía.

Siguiendo esta estela, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de dictar un auto en el que anula cautelarmente varios artículos del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado el 5 de febrero pasado. Todos los partidos votaron a favor excepto el Partito Popular, que llevó el tema a los tribunales.

El máximo órgano judicial catalán anula, así, los artículos 3.1; 3.2; 3.4; 5.2; 7; 12; y 18. El primero proponía que “las actuaciones internas del Ayuntamiento de Barcelona deben hacerse en catalán”. Los socialistas intentaron la aprobación con un ligero matiz: introducir la palabra “normalmente” antes de “catalán”. Pero tanto su socio (ICV) como los restantes grupos de la oposición (CiU y ERC) no aceptaron ese añadido.

El 3.2 también señala que las actas del Ayuntamiento han de redactarse en catalán, ya sea de comisiones o de organismos y entidades dependientes del consistorio. El 3.4 extiende la obligatoriedad de este idioma a rótulos indicativos de oficinas y despachos y a los impresos, sellos de goma, matasellos o elementos análogos. El 5.2 obliga a redactar en catalán todos los documentos. Del artículo 7, el TSJC sólo elimina un inciso que dice que “en sus comunicaciones administrativas orales, el personal del Ayuntamiento de Barcelona ha de utilizar la lengua catalana, excepto que el administrado o la administrada pida ser atendido/a en castellano”.

El artículo 12 hace referencia a la rotulación de toda case que dependa del Ayuntamiento, pudiendo, por motivos justificados, utilizar el castellano. Aun en este caso, la versión catalana “figurará de forma preferente”. El 18 establece que “en los registros administrativos del Ayuntamiento, los asentamientos se han de hacer en catalán”.

El texto del auto señala que “los demás artículos, en cuanto no imponen el uso exclusivo de una de las lenguas oficiales, o contienen salvedades, remisiones a normativa y matizaciones, o deben ser estudiadas por vez primera al tratar el tema de fondo, deberá mantenerse su ejecutividad, sin perjuicio de las valoraciones que, sobre unas y otras, puedan hacerse al dictar sentencia una vez tramitado el procedimiento contra la resolución del TSJC cabe todavía recurso, para lo que da un plazo de cinco días a las partes.

Treinta años de ‘normalidad’ sin reglamento lingüístico
Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo popular del consistorio barcelonés, pidió ayer que el Ayuntamiento acate la resolución judicial y suspenda los artículos citados. Fernández subrayó que “con el pretexto de fortalecer el catalán, se aprobó un reglamento lingüístico que en la práctica excluye al castellano de la vida municipal”.

También recordó el líder popular que “han sido 30 años sin reglamento lingüístico en el Ayuntamiento de Barcelona y nunca había pasado nada, ningún obstáculo para la promoción de la lengua catalana, desde la naturalidad y el respeto por el sentimiento de los barceloneses y la convivencia del castellano y catalán en la administración municipal”. El dirigente del PP manifestó, asimismo, que “nosotros defenderemos un modelo lingüístico que abogue la defensa de la lengua catalana para fortalecer el uso del catalán también en el ámbito de la Administración, siempre que no suponga una discriminación del castellano”.

Por otra parte, el TSJC también se pronunció sobre un recurso de la asociación Convivencia Cívica Catalana contra un reglamento similar de la Diputación de Lérida, aprobado el 18 de junio de este año, que preservaba el catalán y el aranés. Según la asociación, 19 artículos de este reglamento excluyen el castellano. El TSJC anula un total de 13 artículos. Este auto, sin embargo, contó con un voto particular del magistrado Alberto Andrés Pereira, que considera que debe reservarse la anulación de los preceptos a la sentencia definitiva.

Cataluña
Suspendido el reglamento que consagraba la supremacía del catalán en Barcelona
El TSJC se basa en la sentencia del TC sobre el Estatut para señalar que el castellano no puede excluirse
ÀLEX GUBERN / BARCELONA ABC Cataluña 27 Octubre 2010

En contra de lo que llegó a asegurarse, el alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no va a ser inocua en cuanto a la regulación del catalán. Sólo unos meses después del pronunciamiento del TC, y en base al mismo, el Ayuntamiento de Barcelona no va a poder establecer el catalán como lengua preferente sobre el castellano.

Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal del PP, y basándose en parte en el texto del Constitucional, ha suspendido de manera cautelar, a la espera de sentencia definitiva, diversos artículos del Reglamento Lingüístico de Barcelona, vigente desde el pasado mes de febrero. Otro tanto acuerda el tribunal con respecto al reglamento dictado por la Diputación de Lleida, recurrido en este caso por Convivencia Cívica.

El TSJC entiende que los artículos suspendidos cautelarmente, en concreto siete, «contienen mandatos concretos y específicos cuyo significado excluyente del castellano es claro y manifiesto. El alto tribunal fundamenta su auto de suspensión en base a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, que establece que «la definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma».

Por voluntad
La suspensión definitiva de los artículos del reglamento lingüístico, si es que finalmente el TSJC lo decide, no implica que el Consistorio vaya a proceder ahora de una manera bilingüe, como le exige el PP. No obstante, impedirá a la administración, reglamento en mano, prohibir por ejemplo a un funcionario dirigirse a un ciudadano en castellano. Se entiende que el Consistorio seguirá siendo monolingüe de facto por propia voluntad, pero no porque lo blinde un reglamento.

El primer artículo suspendido cautelarmente por el TSJC es el 3.1, que señala textualmente que «las actuaciones internas del Ayuntamiento de Barcelona se deben hacer en catalán». El 3.2, por ejemplo, alude a la obligación de redactar las actas de los plenos, la Comisión de Gobierno o las comisiones informativas en catalán, mientras que el 3.4 regula «los impresos (...) rótulos indicativos de oficinas y despachos, cabeceras de toda clase de impresos, sellos de goma, mata-sellos u otros elementos análogos»; el 12 imponía el catalán en los «rótulos públicos» . De alguna forma, la suspensión del TSJC no impedirá que el catalán siga siendo hegemónico en la administración municipal, pero facultará a quien quiera que gobierne a usar el castellano si lo desea.

En la misma lógica, un funcionario podrá dirigirse en castellano a un administrado si así lo desea en base a a la suspensión cautelar de parte del artículo siete, que establece que «en sus comunicaciones administrativas orales, el personal del Ayuntamiento ha de usar el catalán, salvo que el administrado pida ser atendido en castellano». La argumentación del TSJC es la misma que ya llevó a la suspensión del reglamento lingüístico de los ayuntamientos de Sabadell y Sant Pol, o la Universidad Pompeu Fabra.

Fernández lo celebra
Alberto Fernández, líder del PP en Barcelona, celebró un auto que certifica que «la necesaria defensa del catalán no puede hacerse a costa de la exclusión del castellano». Fernández recordó que Barcelona ha funcionado en las últimas décadas «sin necesidad de ningún reglamento», y que el auto certifica «la hipocresía de unos políticos, que sólo recurren al castellano para pedir el voto o recaudar impuestos».

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