AGLI

Recortes de Prensa   Viernes 26  Noviembre  2010

 

Al borde del abismo
Editorial www.gaceta.es 26 Noviembre 2010

La UE y el FMI estudian ya un ‘plan B’ para rescatar a España en caso de quiebra. El crédito, que es lo que España necesita,se basa en la confianza, y ésta está en mínimos.

El problema esencial de España es que Zapatero ya no tiene ninguna credibilidad. Seis años mintiendo a los ciudadanos han llevado al Gobierno al más completo descrédito y a la economía española, a la ruina. De los brotes verdes y el optimismo enfermizo del presidente hemos pasado a la amenaza seria de una posible intervención. El ambiente se corta a cuchillo y la sensación imperante que define el sentimiento de las autoridades comunitarias y de los inversores es de miedo. Miedo a que España necesite acudir al Fondo de Estabilidad Financiera aprobado el pasado mayo.

Las dudas surgen por todas partes y la UE y el FMI estudian ya un plan B para rescatar a España en caso de quiebra. Para colmo, la guinda la ponía el propio vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, quien ratificaba las dudas sobre la solvencia española. “Dudas en torno a España las hay. Lo estamos viendo en la reacción de los mercados ante la deuda pública española”.

Los primeros en alertar ayer fueron los analistas de los principales diarios alemanes, que no dudaban en poner a España en el punto de mira. Alemania es la que más tiene que perder, y la posibilidad de que la economía española quiebre se planteaba sin tapujos. La duda que venían a poner sobre la mesa es si la quiebra se llevará por delante la moneda única. El diferencial con el bono alemán superó ayer los 250 puntos básicos, y el miedo se ha instalado no sólo en los medios germanos, sino también en las principales cabeceras de EE UU, como The New York Times o Washington Post, que analizan en profundidad el “potencial desastre” que implicaría esta situación. Las dudas, como decía el propio Almunia, hay que despejarlas cumpliendo con los compromisos, pero el Gobierno se empecina en repetir que no hacen falta más ajustes.

El proceso es muy simple. España está endeudada hasta las cejas y cada día tiene más dificultades para pagar. Y el dilema es si tras el rescate de Grecia e Irlanda, y descontado el salvamento de Portugal, España será el siguiente. En cualquier caso el euro se debilita y la todopoderosa Alemania pierde, ya que es el país que cuenta con mayor deuda española en su poder. El problema es que el endeudamiento español sigue creciendo mientras el cuadro macroeconómico se deteriora prácticamente en todos los renglones: el consumo cayó un 1,1% en el último trimestre; la balanza comercial se ha deteriorado un 5% en lo que va de año; el PIB se estanca; el desempleo se mantiene en el 20% (y creciendo), y la deuda se mantiene disparada con una prima de riesgo batiendo récords todos los días.

Ante este panorama, la financiación de la deuda se hará insostenible y el dinero dejará de venir. Y si nos cierran el grifo, sólo quedarán tres opciones: suspender pagos, echarnos en brazos de Alemania o esperar que el Banco Central Europeo cree más euros para refinanciarnos. Una situación límite que sólo se podría abortar –si es que nos queda tiempo– si el Gobierno hace los gestos necesarios para devolver la confianza a los mercados. Es decir, cumplir de una manera decidida las promesas anunciadas, aplicando nuevos recortes y arbitrando serias y profundas reformas estructurales de liberalización capaces de impulsar el crecimiento y el empleo.

Una tarea ardua y difícil. Si en tres años Zapatero y su Gobierno han sido incapaces de arbitrar medidas para tranquilizar a los mercados, ¿qué cabe esperar de la reunión que mañana mantendrá el presidente del Ejecutivo con los primeros espadas de la empresa española, auspiciada por el Rey Juan Carlos? La cita, una muestra más de la delicada situación de la economía española, es el reflejo de la preocupación reinante. ¿Qué cabe esperar? No mucho.

El crédito, que es lo que España necesita para no suspender pagos, se basa en la confianza, y ésta está en mínimos porque Zapatero se ha encargado de dilapidarla a base de engaños y mentiras. ¿Hay tiempo para enderezar el rumbo? Las dudas están más vivas que nunca y puede pasar de todo. Pero si este Gobierno no es capaz de hacer nada, lo mejor que puede hacer es dimitir. España y Alemania le quedarían eternamente agradecidos.

Mucho follaje y ninguna raíz
Pedro-Juan Viladrich www.gaceta.es 26 Noviembre 2010

Es muy saludable que, por fin, la sociedad civil –mediante voces de procedencia diversa– reaccione y diga ¡basta! a la casta política, a su despilfarro, ineficiencia e impunidad.

¿Qué extraño neurotransmisor –o muy loco o muy cuerdo– me hizo asociar el discurso de Soledad Puértolas, en su merecido ingreso en la Real Academia, con el manifiesto de la Fundación Everis presentado en sociedad y al Rey cuando casi ya es tarde? La Puértolas nos rescata al primer plano los personajes femeninos secundarios del Quijote. No sólo por feminismo, espero, sino porque, a veces y no pocas, lo que pasa por principal es fachada, mientras los cimientos, que soterrados todo lo soportan, están ocultos a la mirada superficial. ¿Qué sería de una copa sin raíces? Un árbol muerto.

La puesta en valor de Marcela o Dorotea me hizo preguntarme por otros rescates. No en la literatura cervantina, sino en la actual descomposición española. Menos follaje y más raíces. Pero, ¿cuáles son las raíces y dónde están? Uno puede haberse acostumbrado tanto a deglutir comida basura que se vuelve incapaz de apreciar un solomillo. En los mismos días que la Puértolas recuperaba mujeres, la Fundación Everis presentaba una urgente, preocupada y sistemática propuesta de reformas. El tronco donde convergen las áreas a regenerar es la insostenibilidad del modelo actual, sobre todo de Estado.

Pero el redoble que llama a rebato general es la afirmación de que, siendo todos responsables, todos tenemos que arrimar el hombro para, juntos, salir de la inminente ruina. Es muy saludable que, por fin, la sociedad civil –mediante voces de procedencia diversa– reaccione y diga ¡basta! a la casta política, a su despilfarro, ineficiencia e impunidad. Es esperanzador que los ciudadanos –desde sensibilidades transversales– descubran que no pueden esperar paternidad, providencia y creatividad de ese ente llamado Estado, tras el cual, sacralmente revestidos con esa fictio iuris, se agazapan grupos cuya intención real no es otra que el poder y su disfrute. Más sociedad y menos Estado.

Pero una vez dicho esto –y sinceramente–, en el manifiesto Everis, si bien hay más tronco que follaje, faltan raíces y sobra Fuenteovejuna. De la decadencia actual no todos los españoles son responsables. Hay un grupo, fácilmente identificable, que son los autores del colosal desaguisado en tiempo récord y que busca quedar impune. Es más, los españoles más inocentes son los que tendrán que pechar la hipotética recuperación con su patrimonio, pensiones e ingresos durante muchos años de austeridad, sudor y seriedad profesional.

Para identificar a los culpables, el manifiesto Everis nos suministra las pistas en la sistemática del documento. Que hay que amputar de cuajo, por insostenible, el déficit, la deuda y la elefantiasis del Estado y de las comunidades autónomas es algo obvio y todos sabemos quiénes lo han provocado. Que es imprescindible un eficiente, no dependiente del exterior y barato modelo energético, también es algo sabido, como quiénes demonizaron la energía nuclear y organizaron el caos de las actuales renovables. Que no somos competitivos ni añadimos especial valor a nuestra producción; que nuestro mercado laboral es, además de rígido, un útero estéril para engendrar empleo aunque consentidor de liberados, rutinarios y absentistas, resulta evidente, pero evitaré señalar al sindicalismo oficialista e instalado. Que nuestro sistema educativo es una fábrica de jóvenes de los que un 45% fracasa en sus estudios o cae en el pozo del desempleo, mientras les corroe el desánimo, el sinsentido y el botellón.

Pues la infección empezó con los arrogantes autores de la Logse y la prepotencia de las ideologías sectarias en los claustros, en los planes de estudio y en la mixtificación de las oposiciones y concursos, que han desmotivado a los mejores y más independientes. ¿Para qué seguir? Lo de Fuenteovejuna no ha sido oportuno porque ni es verdad ni justo.

Vamos a las raíces. Los de Everis, con razón, están asustados con el hundimiento del Estado de bienestar y de las pensiones. Pero no hay en todo el documento una referencia a la verdadera causa del naufragio. ¿Por desconocimiento o porque la causa no es pensamiento políticamente correcto? Estos días, en una extraordinaria conferencia en el CEU San Pablo de Madrid, el economista Ettore Gotti Tedeschi –actual capo de las finanzas vaticanas, por decirlo en breve y con brocha– demostraba que el Estado de bienestar tiene su base en la demografía o, por decirlo con mayor rigor, en el equilibrio de la pirámide de la población.

Somos una sociedad con más viejos que jóvenes. No porque haya aumentado la expectativa de vida, sino porque los índices de natalidad –en torno al 1,2– están muy por debajo del recambio generacional –el 2,1– y, si no hay jóvenes que con su trabajo paguen impuestos, creen riqueza y empleo y coticen a la Seguridad Social es imposible el Estado de bienestar, la sanidad pública y el pago de pensiones a los jubilados. Son los hijos los que garantizan el futuro, porque ellos mismos son el futuro, y sin ellos no lo hay. Pero un hijo no es un simple producto engendrado. No es tornillo ni hormiga.

Un hijo, dispuesto a hacerse cargo de la generación de sus mayores, es un hombre concebido, criado, educado y amado como persona por unos padres en un hábitat de vínculos de solidaridad incondicional y de valores de excelencia que, mediante ciclos muy diversos pero biográficos, llamamos familia. Ya salió la palabra políticamente incorrecta, la familia fecunda y estable, cuya desestructuración y decadencia está en la raíz del problema demográfico que hace insostenible el actual Estado de bienestar. También sabemos quiénes se han encargado de menospreciarla y debilitarla. La catedrática Teresa López López lo demostraba en un demoledor informe sobre cómo el Gobierno Zapatero en sus, presupuestos para el 2011, ha castigado a la familia. Pero de eso hablaremos otro día.

La cleptocracia y el ocaso del mercado
Juan Manuel Blanco*. El Confidencial 26 Noviembre 2010

Hace unas semanas se publicaron los resultados de dos informes que merecen ser analizados. Por un lado, Doing business, del Banco Mundial, señalaba a España como uno de los países del mundo donde los emprendedores encuentran mayores trabas para abrir una empresa. Hasta diez complicados y larguísimos trámites burocráticos son necesarios para comenzar a operar un negocio. Por otro, según el índice de Transparency International, la corrupción política en España, ya endémica, había aumentado dramáticamente en el último quinquenio, degradándonos a puestos poco acordes con nuestro nivel de desarrollo material. Estos dos aspectos de la realidad, en apariencia inconexos, suelen presentarse conjuntamente: los países con más trabas, regulaciones, controles y exigencias de permisos a la actividad económica también suelen ser los más corruptos ¿Qué relación existe entre ambos fenómenos?

Hasta hace unos años se pensaba que la corrupción surgía como un recurso de la sociedad ante el exceso de regulaciones: una reaparición del mercado allí donde las autoridades, quizá bienintencionadas pero ignorantes, ponían barreras al desarrollo de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Las diferentes administraciones irían generando miles de leyes, reglamentos, permisos o regulaciones muy difíciles de cumplir, incluso contradictorias entre sí, que ralentizarían la actividad económica y la creación de empresas. Sin embargo, gracias a unos oportunos sobornos, se lograría una aplicación muy laxa de estas regulaciones y una agilización de los trámites. Las comisiones pagadas a los políticos actuarían como un catalizador de la actividad económica aunque, a la postre, la carga se traspasase a los ciudadanos por el aumento de precio de las obras públicas, la vivienda y otros bienes.

La nueva visión de la corrupción
No obstante, pronto se reveló que esta visión benévola no era capaz de explicar la corrupción a gran escala. El fenómeno resultaba bastante más complejo y mucho más terrible, dañino y destructor. Y no constituía una salvación para el mercado sino, por el contrario, el germen de su desaparición. La corrupción no suele surgir como una estrategia del sector privado para sortear complicadas e insensatas regulaciones sino que son los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente las trabas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trata de restringir la libre competencia imponiendo barreras a la entrada, de manera que las empresas que se establezcan (o comiencen ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública o consigan una recalificación del suelo) puedan obtener unas rentas no competitivas. Las normas o requisitos, fijados legalmente, deben ser lo suficientemente complejos o enrevesados como para permitir un fuerte grado de discrecionalidad en su aplicación. Así, las autoridades pueden, en la práctica, decidir libremente a quienes otorgan el privilegio mientras, en apariencia, cumplen las reglas. Pero el privilegio se otorga a cambio de un determinado pago al político o, más frecuentemente, al partido. Por tanto, la corrupción consiste en el reparto entre ciertas empresas y los políticos de las rentas no competitivas creadas por decisión deliberada de estos últimos.

La ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo

La corrupción tiende a generalizarse cuando el régimen político carece de mecanismos eficaces de control del poder, permitiendo que el comportamiento discrecional y arbitrario de los gobernantes se ejerza sin apenas impedimentos. Así, la ausencia de una separación efectiva de poderes y la existencia de un régimen partitocrático constituyen un excelente caldo de cultivo para la corrupción, siendo España un buen ejemplo. Cuando el intercambio de comisiones y favores se generaliza hasta el punto de constituir la regla más que la excepción en las operaciones de cierta envergadura, las relaciones corruptas dejan de ser ocasionales para convertirse en estables y continuadas (tramas corruptas) y la frontera entre lo público y lo privado acaba difuminándose en beneficio de una clase política y ciertos empresarios que actúan en clara connivencia a costa del contribuyente. El régimen resultante suele denominarse cleptocracia. Los precios para la obtención de permisos y licencias (entre ellos, la controvertida recalificación del suelo) son bien conocidos por los participantes, así como las comisiones por la adjudicación de contratas públicas. No es necesaria la exigencia explícita de la contraprestación en cada caso pues todos conocen las reglas de juego y la forma de pago. Como consecuencia, las obras públicas suelen acarrear un coste final muy superior al que realmente corresponde, el valor del suelo queda sistemáticamente inflado y, si se privatizan empresas, éstas son vendidas a un precio muy inferior a su valor real. Muchas leyes, normas o disposiciones (estatales, autonómicas o municipales) que, a primera vista, parecen simplemente absurdas o contraproducentes, podrían tener como objetivo la creación de oportunidades adicionales de enriquecimiento para los partidos y para algunos dirigentes.

Las consecuencias de la cleptocracia
La cleptocracia genera una importante transferencia de rentas de los contribuyentes a los políticos y a ciertos grupos de presión cercanos al poder. Pero sus consecuencias son mucho más graves. Además de suponer una gran quiebra moral, la corrupción generalizada tiende a retorcer el espíritu de las leyes pues éstas acaban obligando y restringiendo a los ciudadanos pero dejan un amplio margen de actuación a los políticos. Crean también incertidumbre (desconfianza por parte de lo inversores extranjeros) e inseguridad jurídica, ya que las decisiones de las autoridades son imprevisibles, no ajustándose en realidad a las normas. Los principios de la competencia quedan en entredicho pues ésta se limita, en ciertos sectores, a aquellas empresas que gozan del favor oficial y, aunque algunas de ellas no desean participar en tan sucias actividades, acaban viéndose arrastradas debido a que el negocio queda cerrado para quien no paga el peaje. Desaparece así el fundamento del mercado ya que se prima a los menos honrados frente a los más competentes, con una gran pérdida de eficiencia, bienestar y posibilidades de crecimiento. Y el gasto público tiende a desviarse hacia aquellos proyectos que generan mayores comisiones para los partidos (generalmente las obras públicas) y no hacia aquellas necesidades sociales más perentorias. Muy típicas de las cleptocracias son las obras faraónicas.

Siendo tan graves las consecuencias de la corrupción generalizada, es necesario plantear y exigir unas reformas que establezcan los apropiados mecanismos de control del poder político, garanticen una efectiva separación de poderes y fijen unos sistemas adecuados de selección de los gobernantes. Y, sobre todo, determinen de forma inequívoca que el objetivo de las leyes debe consistir en garantizar la libertad de los ciudadanos y poner límites a la acción de los políticos y no al revés.

*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

28-N, una oportunidad para el cambio
Editoriales ABC 26 Noviembre 2010

El Partido Popular catalán debe ganar una posición estratégica que permita iniciar el inaplazable cambio político necesario en Cataluña y en España

DESDE que la incógnita de las elecciones catalanas se reduce a la dimensión de la victoria de Convergencia i Unió, el socialismo ha de prepararse para una derrota que irá más allá de la factura política que deberá pagar José Montilla por la gestión del tripartito. Lo que está llamado a quebrar es el proyecto político que Zapatero puso en marcha en 2003, cuando impulsó y apoyó la constitución de un gobierno autonómico con independentistas y cuyo objetivo era un estatuto soberanista. Esa proyección nacional de las elecciones catalanas se combina de forma espontánea con la necesidad de que el próximo gobierno autonómico, en manos de CiU, esté sometido a unos contrapesos que lo obliguen a desechar sus propuestas más inviables, como la reivindicación de un concierto económico para Cataluña —ahora, cuando más necesaria es la integración de las economías; o más radicales, como la contumacia en las políticas de inmersión lingüísticas y multas por no usar el catalán. Las buenas expectativas de CiU tienen más que ver con la aspiración de los catalanes a una forma de gobernar menos conflictiva que la del tripartito que a una aceleración de las mismas políticas soberanistas que han fracasado.

La obtención de un buen resultado por el PP es una condición necesaria para que el próximo gobierno nacionalista de Cataluña se vea conminado a pensarse nuevas aventuras soberanistas o confederales. Al margen de declaraciones de clara coyuntura electoral, los modelos sociales y económicos de convergentes y populares tienen más puntos en común que en discordia. Los experimentos estatutarios y frentistas del socialismo con sus aliados han deprimido la vitalidad de la sociedad catalana, ya saturada de muchos años de victimismo nacionalista. Una temporada de políticas realistas, bien estructuradas en sus prioridades e incardinadas en propuestas de cooperación leal con las instituciones centrales, tendrá efectos saludables innegables en la vida catalana. Si el PP está en condiciones, a partir del próximo domingo, de condicionar bien sea la investidura del nuevo Gobierno, bien sean sus principales líneas políticas, se abrirá un tiempo para la renovación de expectativas, que habrá de continuar en las elecciones autonómicas y locales de 2011 y en las generales de 2012. Como sucediera en el País Vasco —con un contexto y con unas consecuencias totalmente distintas—, el PP catalán debe ganar una posición estratégica que permita iniciar el inaplazable cambio político necesario en Cataluña y en España.

Crisis nacional
En ruina
Florentino Portero Libertad Digital 26 Noviembre 2010

Se supone que la política exterior es "política de Estado" y que, por lo tanto, los grandes temas requieren de un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas y de la comprensión de la opinión pública. No hace falta insistir en la ausencia de ese tan necesario acuerdo, porque es a todas luces evidente. Lo sorprendente es que la huída hacia delante en la que ha incurrido el Gobierno ha roto la disciplina en sus propias filas. Algunos de sus "notables", preocupados por el malestar de sus simpatizantes, han llegado a la conclusión de que más vale criticar a su propio Gobierno, con lo que ello implica de quiebra dentro del socialismo español, que caer en una línea de acción contraria al sentir de su propia gente. Lo mismo cabe decir de los socialistas europeos. La tendencia a protegerse unos a otros en el Parlamento Europeo ha quedado superada por el escándalo provocado por la represión marroquí y la complacencia española. De común acuerdo han condenado la violencia alauí y la censura de la prensa a la que se ha prestado nuestro Gobierno.

La crisis saharaui no es más que un exponente de algo mucho más serio: el colapso de una forma de hacer política. Es difícil imaginar que este barco a la deriva pueda llegar hasta marzo de 2012, fecha prevista para la convocatoria de elecciones generales. Zapatero está acabado, Rubalcaba parece desbordado por la cantidad de responsabilidades que ha asumido, en un acto reflejo de soberbia y autosuficiencia, y la mayoría parlamentaria se descompone a la vista de los previsibles resultados en las próximas elecciones locales y regionales, de los que las catalanas no serán más que un adelanto.

La gravedad de la crisis económica es innegable, pero si a ello añadimos la falta de un Gobierno capaz de tomar las decisiones necesarias y la inviabilidad del marco institucional del que nos hemos dotado es cuando tenemos una visión más completa de la situación en la que nos encontramos. Por ello no debe sorprendernos que lo que más caracteriza la acción exterior en estos días es la ruina de la imagen nacional, de eso a lo que recientemente hemos dado en llamar "marca". El crédito cuesta años consolidarlo, pero se puede destruir en poco tiempo. El ciclo iniciado en la Transición, con el fin de "situar a España en el lugar que le corresponde", concluyó donde empezó. Ahora está por ver que seamos capaces de reconstruir el edificio del Estado y los acuerdos básicos para volver a ser alguien en la escena internacional, de la que tanto dependemos.

28-N
Antes de las autonómicas catalanas
Agapito Maestre Libertad Digital 26 Noviembre 2010

El fracaso de Cataluña se reflejará en la alta abstención que habrá el próximo domingo. He aquí una razón de ese fracaso. Salvo un par de excepciones, creo que todos los partidos políticos de Cataluña han mostrado una vez más su rahez y casticismo. Su mortecino y cruel nacionalismo. Esos partidos jamás podrán sacudirse el pelo de la dehesa nacionalista mientras no reconozcan lo evidente: Cataluña no es apenas nada sin España. Durante la campaña electoral se han empecinado sobre una perversidad, a saber, la manipulación sistemática de los derechos democráticos, que son siempre individuales, hasta hacerlos depender de unos inexistentes derechos colectivos, históricos, territoriales e identitarios. Falso. Las elecciones de Cataluña son para votar un parlamento primero, y después un mesogobierno, que forman parte del Estado-nacional español. Son instituciones españolas o no son. Punto.

Sin embargo, esos partidos se han presentado a estas elecciones, una vez más, como si fueran una consecuencia de unos supuestos "derechos históricos" de Cataluña. He ahí el principal engaño de esta campaña electoral: ocultar que el parlamento regional catalán, como el resto de parlamentos autonómicos de España, se forman merced a unos derechos democráticos que otorga la Constitución de España. Hablar de derechos colectivos de Cataluña, se mire desde donde se mire, es un escándalo. Es una forma torticera de seguir alimentando el gran escándalo de Montilla, representante del Estado-nacional, cuando se puso al frente de una manifestación contra el Estado-nacional del que era la máxima autoridad. Esperpéntico. Tan esperpéntico fue el proceder de Montilla y la casta política catalana como el famoso "artículo colectivo" que suscribieron, el pasado 21 de mayo, la mayoría de medios de comunicación de Cataluña contra la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Nadie, sin embargo, podrá negar "coherencia" a estos partidos a la hora de supeditar los derechos individuales y democráticos a un falso derecho colectivo de Cataluña. Es, pues, la única "coherencia" de estos incoherentes. Es su asesinato de guante blanco: hacernos pasar unos derechos individuales, ahora y durante toda la etapa del Tripartito, como si fueran dependientes de "la" nación catalana o cosa similar.

No obstante, los votantes no tragan con el engaño y precisamente, por eso, no irán a votar. La abstención se prevé de campeonato; entre otros motivos, sigo la encuesta preelectoral del CIS, porque un 66% no se considera nacionalista, y de los que sentían nacionalistas un 5% se considera aún menos nacionalista que hace cuatro años. Si con esto no tienen bastante para sentir vergüenza los partidos nacionalistas, o sea casi todos los partidos de Cataluña, apunten estos datos de esa misma encuesta: sólo un 37% del electorado se siente más catalán que español o sólo catalán y, además, ha disminuido en un 8% respecto a una encuesta similar del año 2006.

Gobierno
¡Ya escampará!
Humberto Vadillo Libertad Digital 26 Noviembre 2010

Lo único que falta a los miembros del Gobierno Zapalcaba es, antes de una aparición televisiva, sacarse del seno una cajita con migas y espolvoreárselas generosamente por barba, pecho y regazo. Toda la obsesión de este Gobierno consiste en que no se note que no ha comido, que no se note que no tiene quien le suscriba la deuda. No a un precio razonable. No, con la situación actual. No, con el escenario que contemplamos para el 2011. No, con las medidas adoptadas. No.

Al Gobierno le preocupa su crédito electoral. Exclusivamente. Zapalcaba ha vaciado de papeles su despacho monclovita para dejar sólo un calendario en el que cada mañana traza aplicadamente una equis con un rotulador negro de punta gruesa: "días que faltan hasta las elecciones" y un poster del Gran Arquitecto del Universo ante el que todas las tardes quema unos palillos de incienso alzando preces para que mejore la situación económica internacional. Ese es hoy, su único programa de Gobierno. Sus 666 consejeros lo han redactado en pulcra redondilla: "Ya escampará (y mientras no escampe la culpa es del PP): perspectivas y posibilidades". Un plan maestro que el rescate de Irlanda ha destrozado.

Lo normal hubiera sido que, tras el rescate de Irlanda, hubiera vuelto una apariencia de calma a las economías europeas. En la práctica ha sucedido todo lo contrario. El temor a que Portugal se convierta en el siguiente negrito junto con la sospecha de que España es demasiado grande como para ser rescatada y cierta comprensible exasperación alemana han hecho que el diferencial de la deuda española con la alemana se amplíe en lugar de reducirse.

Pero Zapalcaba no puede culpar a "los mercados". Nada de lo anterior nos afectaría si se hubieran tomado las medidas que debieron tomarse en mayo y que Zapatero no tomó para no perjudicar las perspectivas electorales del PSOE. Aquellas a las que se comprometió ante Obama y Merkel. Reformar en serio el mercado de trabajo, suprimir la negociación colectiva, reformar las pensiones, sanear los balances bancarios, enfrentarse al déficit de las comunidades autónomas... La única medida que realmente se llegó a tomar fue el recorte a pensionistas y funcionarios, pero lo así obtenido se fue inmediatamente en nuevas contrataciones en la administración pública y en comprar al PNV un año más de legislatura. Pero Zapatero, que ha hecho de la mentira el verdadero leitmotiv de su presidencia pensó que podía engañar a sus socios europeos y ganar tiempo hasta que se produjera la reactivación económica mundial que viniera a salvarle.

Y cuando en vez de la anhelada recuperación lo que llegó fue el rescate de Irlanda, Zapatero, convertido ya en Zapalcaba, comprobó que puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero ni siquiera controlando todas las televisiones puedes engañar un solo minuto a los inversores internacionales.

¿Y qué nos espera ahora?
Pues irónicamente, Zapatero, que ganó las elecciones gracias a los votos catalanes, podría perder su puesto gracias a esos mismos votos catalanes. Si hay suerte, el revolcón de los socialistas el próximo domingo será de tal grado que el PSOE decidirá que este Zapatero, que es veneno para la economía española es también un veneno para sus perspectivas electorales y decidirá, entonces, ofrecerle una salida más o menos honrosa. Habremos cambiado entonces la inmoral incompetencia de Zapatero por la incompetente inmoralidad de Rubalcaba. No se me ocurre mejor expresión de la postración a la que ha llegado España que reconocer que muchos nos alegraremos cuando el portavoz del Gobierno de los GAL, el hombre del 11-M, del Faisán, de JAG y de SITEL sea presidente del Gobierno.

Reducción del gasto a lo Gallardón
EDITORIAL Libertad Digital 26 Noviembre 2010

Ha sucedido un milagro en España. Algunos políticos tienen prohibido endeudarse más. Sin duda, la medida del Gobierno de impedírselo sólo a algunos ayuntamientos, en lugar de a todos, y seguir permitiéndolo a las autonomías y la administración central resulta injusta y timorata. Pero eso no quita para que sea una buena noticia que se empiecen a implantar algunos límites legales a lo que los políticos pueden hacer no ya con nuestro dinero, sino con el de nuestros hijos.

Ante esta tesitura, un político responsable ajustaría su administración, reduciría costes de todo tipo e intentaría por todos los medios ajustar sus gastos a sus ingresos. Si no lo es buscaría hasta debajo de las piedras todo tipo de trucos contables con los que maquillar su déficit y así poder derrochar lo mismo que antes, endeudando a tus gobernados y sus descendientes exactamente igual, pero dentro de la letra de la ley, que no de su espíritu.

Gallardón es un derrochador. Existe un cierto mito de sus dotes como gestor, completamente infundado, basado en las numerosas obras públicas que se han completado bajo su gobierno. Pero darle al pico y la pala no es especialmente complicado si no se tienen en cuenta los costes. Si una familia mileurista se hiciera construir una casa de dos pisos en la zona más noble de la ciudad donde viven a nadie se le ocurriría calificarlo de acierto o de buena gestión. Es vivir por encima de sus posibilidades, que es la especialidad del alcalde de Madrid.

La diferencia, claro, es que esa hipotética familia se arruina ella sola, pero un gobernante se gasta el dinero de los demás. Y uno de los principales trucos de que disponen para ocultar sus deudas son las empresas públicas. Así, Gallardón se ha vendido a sí mismo Mercamadrid para poder reducir su deuda, que no puede refinanciar, a una empresa pública propia, que sí puede hacerlo. No es la primera vez: lleva dos años vendiendo terrenos municipales a otra empresa pública del ayuntamiento con el mismo objetivo.

Las empresas públicas son uno de los mayores coladeros de enchufismo, derroche e ineficiencia de las administraciones públicas. Existen 4.000 entidades de este tipo en España, que deben 52.000 millones de euros y emplean a cerca de medio millón de personas. Entre sus actividades se encuentran la organización de carreras de caballos, la fabricación de corcho o vidrio, todo ello tan sumamente necesario que, sin duda, debe correr a cargo de los impuestos que pagamos los españoles.

Dentro del consenso socialdemócrata que padecemos, la mayoría de los votantes apoyan que el Estado ayude a quienes menos tienen de diversas maneras, sea con subsidios directos o indirectos, como las becas, o proveyendo servicios como la sanidad o la educación. Pero no parece que el mantenimiento de una red de hoteles de lujo entre en esa definición. Si el resto del mundo espera de este Gobierno un gesto decidido contra el déficit, podría empezarse por la prohibición de crear empresas de titularidad pública a todas las administraciones, así como un plan que lleve a la venta de las que ya tienen, sea completamente o en parte.

Si una empresa pública es rentable, ¿qué razón hay para no venderla e ingresar los impuestos que dejen sus nuevos dueños? Y si no lo es, ¿por qué se mantiene en esta época de vacas flacas? ¿Acaso son sus trabajadores más dignos de atención que los que padecen el paro por el abultado gasto público? Hemos permitido que nuestros políticos derrocharan nuestros impuestos cuando podían, pero no parece sensato seguir así cuando la caja está vacía.

La fiesta de Mas

Cataluña es la más endeudada no sólo por culpa del tripartito, sino porque Pujol y Mas gobernaron sin mirar en gastos innecesarios
José Antonio VERA La Razón 26 Noviembre 2010

Hay algo en Artur Mas que produce inquietud. Su doble discurso, quizás esa tentación inexplicable por seguir la senda de Puigcercós pese a que ERC cae en picado en las encuestas. Ayer nos sorprendió otra vez con apelaciones que, hechas por otra persona en otro país, podrían ser calificadas de racistas. No creo que Mas sea racista, pero alimentar el discurso contra España, aprobar vídeos de campaña en los que un carterista envuelto en la bandera rojigüalda roba a un catalán, o decir que «no queremos que la fiesta que se ha hecho desde hace tiempo en el resto del Estado se pague con dinero de los catalanes», es propio de políticos segregacionistas como Bossi, que culpan de sus males a los demás y se dedican a ganar votos llamando «ladrones» a los romanos y los napolitanos. Mal asunto. No por el uso en sí de la palabra «fiesta», sino por decir que la «fiesta» es de los demás, y que la paga Artur Mas. Ambos conceptos falsos. Es verdad que en España, y por tanto en Cataluña, ha habido mucha fiesta. Administraciones públicas hinchadas, empresas públicas deficitarias, inversiones ruinosas, derroche en subvenciones, subsidios, regalos de cheques bebé y 400 euros, planes E o el voto cautivo del PER.

Esos y otros exponentes de la «fiesta española» han tenido su reflejo y ampliación en la Cataluña gobernada por Mas en Ayuntamientos y Diputaciones, y por supuesto en la gestión diaria de un tripartito que ha gastado sin contemplación en viajes y coches oficiales, informes y mamandurrias soberanistas, embajadas innecesarias y parafernalia semiestatal. En realidad el tripartido se ha dedicado a hacer lo mismo que Pujol, aunque con especial descaro. Cataluña es la autonomía más endeudada, no sólo por la gestión de Montilla, sino porque Pujol gobernó sin miramientos en protocolo y propaganda, en televisiones y radios públicas, en abrir oficinas por el mundo y llevar representantes del Estat Catalá a lugares insospechados. La fiesta española ha sido en gran medida la fiesta autonómica y la fiesta de un nacionalismo catalán insaciable, más preocupado por lucir en coche oficial con senyera que por mejorar la vida diaria de una Cataluña que gobiernan desde hace treinta años y que si no ha prosperado ha sido por la «fiesta del tripartito», sí, pero también por la «fiesta» de Mas y de Pujol cuando mandaron. Eso sin citar otras fiestas de juzgado de guardia como el expolio del Palau o las presuntas comisiones de Prenafeta y Maciá, o la supuesta financiación irregular a través de los negocios del juego y el tres por ciento.

De Mas inquieta que carezca del sentido de Estado que al menos tenía Pujol, y ese discurso de parvulario tan impropio de quien va a ser pronto presidente de Cataluña. No estaría de más que, en vez de emular tanto a Puigcercós, se fijara un poco en Duran, a quien por alguna razón las encuestas sitúan como el político mejor valorado no sólo en Cataluña sino también en el resto de España.

Joaquín Leguina: los conversos al antizapaterismo, a la cola
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 26 Noviembre 2010

Después de morir el tío Paco, los antifranquistas-de-toda-la-vida brotaron como setas en los despachos más elegantes del Gobierno y hasta en los cuarteles militares. Lo mismo empieza a ocurrir con los antizapateristas-de-toda-la-vida, que empiezan a asomar cuando ZParo, aún vivo, huele a muerto.

Joaquín Leguina ha salido del armario. Después de años de estar muy contento en el PSOE de ZParo ha decidido romper -al menos en aparencia- con éste. Claro, cuando otros llevan aguantando insultos desde hace años, él calentaba el escaño de diputado socialista. Ahora le publican un libro en el que describe el desastre que es el nuevo socialismo de ZParo.

El ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general de los socialistas madrileños Joaquín Leguina ha levantado la voz para criticar con dureza al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al "sectarismo de corral y rebaño" que, en su opinión, se ha instalado en el PSOE desde que impera lo que él califica como "nuevo socialismo".

Dice el Evangelio que hay más alegría en el Cielo por un pecador que se arrepiente que por cien justos que perseveran. Desde la posición de Nuestro Señor, que prometió al Buen Ladrón que esa misma tarde del Viernes Santo estaría con Él en el Paraíso, es comprensible. En este Valle de Lágrimas, los arrepentidos en el último minuto, mientras están acabando de tragar el caviar, tienen muy mala prensa.

Yo recuerdo que el patriota Joaquín Leguina votó sí en las Cortes al Estatuto catalán. Así lo explicó en una impagable entrevista que publicó El Plural (¡por una vez digamos algo bueno de este panfleto!):

-Pero usted votó a favor del texto final, así como también votó a favor de la tramitación...
-Sí, porque eso es lo que decidió mi partido. Y es una cuestión de disciplina. Voté por disciplina, no por convicción. La disciplina de voto es importante.

La partitocracia en acción: "no me gusta una ley, pero voto a favor de ella porque me lo manda mi dios, digo mi partido, que me da de comer solomillo". Se acaba el solomillo y se acaba la lealtad.

¡Joaquín, que has sido diputado en las legislaturas de 2000-2004 y 2004-2008 cuando las listas las hacía ZParo! ¡Que tu dedito ha aprobado los Presupuestos de Solbes!, ¡que has sido parte del partido que ha fomentado el odio entre los españoles y que ha negociado con ETA!, ¡que has apoyado la Ley de Memoria Histórica! No vayas ahora de virgen ofendida, macho. Al menos no empujes para colarte.

¡Cómo me cargan estos patriotas con pensión máxima de la Seguridad Social por haber sido chupóptero y tribunas en El País! Por cierto, Joaquín: ¿a quién vas a votar en las elecciones autonómicas y municipales de Madrid: a Tomás Gómez o a Esperanza Aguirre? ¿y en las de 2012: a ZParo o a MariAAAAAAAno?

(A ver si el siguiente miembro de la vieja guardia del partido de los GAL y Luis Roldán es rebelarse contra ZParo es Alfonso Guerra. Entonces me creeré que el PSOE va a apuñalar a ZParo como los traidores apuñalaron a Julio César.)

Intercambio de cromos
Las víctimas temen que las prisas lleven al Gobierno a cometer nuevos errores.
Mª Luisa García-Franco www.gaceta.es 26 Noviembre 2010

Las víctimas del terrorismo no tienen claro que el Gobierno pretenda acabar con ETA con la ley en la mano. Desconfían de Rodríguez Zapatero y de Rubalcaba. De lo contrario, no habría sido necesario que ayer presentaran un documento en el que exigen que no haya impunidad, sino Justicia. Tal vez teman que, para conseguir el fin del terrorismo antes de que termine la legislatura, el presidente esté dispuesto a intercambiar todo tipo de cromos con el mundo de ETA.

Han visto que Rodríguez Zapatero es experto en negociaciones mercantiles y que si está dispuesto a pagar cualquier cosa al PNV para que, además de mantenerle en el poder, le libre de ir al Congreso para explicar la crisis saharaui, no negaría nada, ni a los otegis, ni a los terneras, si con ello consiguiera que la gente creyera que el fin de ETA está a la vuelta de la esquina.

En cuestiones mercantiles, no hay ética que valga. Por eso las víctimas de ETA hablan de la posibilidad de convertirse en “dobles perdedoras” y denuncian la utilización de la política penitenciaria para enmascarar medidas de gracia que consideran injustas. Ellas nunca pidieron a Gobiernos socialistas del pasado que aplicaran en su nombre la Ley del Talión.

Fueron otros quienes tomaron la iniciativa de apostar por el “ojo por ojo” y quienes crearon el GAL, al margen de la ley. ¿Estarían las víctimas en la cárcel si ellas hubieran seguido ese camino?Probablemente sí, pero ellas lo han esperado todo de la Justicia. Son los políticos los que, tanto ahora, como en el pasado, han buscado atajos que no les han llevado a ninguna parte.

Las víctimas no cambian de actitud en función del calendario electoral y temen que las prisas por acabar con ETA lleven al Gobierno a cometer errores que todos acabemos pagando, porque si se justifican, con cesiones, los atentados de ETA, ¿por qué no volver a matar?

*María Luisa García-Franco es periodista.

La evolución de Savater
En algunas cosas el filósofo no defiende hoy lo mismo que en su juventud: el constitucionalista fue ácrata, el fustigador de los nacionalismos periféricos fue su defensor. Pensar libremente es también cambiar de ideas
JOSÉ LÁZARO El País 26 Noviembre 2010

La fidelidad a las propias ideas choca a veces con el hecho de que pensar es cambiar de ideas. La trayectoria ideológica de Fernando Savater ofrece un ejemplo que, más allá de su caso concreto, puede ser un buen punto de partida para analizar los fundamentos (y los riesgos) del librepensamiento.

Ya en su primer libro, publicado hace 40 años (Nihilismo y acción, 1970), aparece una frase premonitoria: "Cada hombre se parece más a todos los hombres que a ese arbitrario y simple fantasma que llamamos él mismo". Cuatro décadas después son muchos los que afirman que Savater ha dejado de ser "él mismo", aunque no acaban de ponerse de acuerdo en qué "él mismo" ha dejado de ser y en cuál se ha convertido. Hay quien le pide que explique si fue el coronel Tejero quien más influyó sobre su evolución intelectual, quien le reprocha que no siga diciendo lo mismo que decía hace 30 años y quien le acusa de traicionar unos ideales que suelen estar más cerca de las creencias del acusador que de las ideas del acusado.

Cuando en 1974 publicó Savater su tesis sobre Cioran se la dedicó a Agustín García Calvo, hoy claro ejemplo de un buen pensador que, sin embargo, ha logrado superar los 80 años pensando básicamente lo mismo que pensaba a los 40.

Quizá lo que mejor simboliza lo permanente en Savater es la metáfora politeísta que desarrolló en libros juveniles (De los dioses y del mundo, Escritos politeístas, La piedad apasionada) y que en sus memorias, 30 años después, recuerda con poco aprecio. En aquellos sermones politeístas aparece claramente todo lo que iba a dejar atrás en años posteriores: la identificación del Estado como enemigo abstracto, el énfasis en el carácter puramente negativo del pensamiento crítico, el abuso de las mayúsculas para identificar objetivos más o menos fantasmáticos a los que combatir... Pero también aparecen sus constantes: la búsqueda de una perspectiva plural, la denuncia de los muchos disfraces del Dios Único, la defensa de la multiplicidad de valores posibles que cualquier totalitarismo niega, la síntesis de pensamiento teórico y narrativa literaria, la libertad individual autónoma frente a todos los gregarismos (religiosos, militares, ideológicos, nacionalistas...).

La valoración del marxismo es un ejemplo de constancia en sus planteamientos. Desde los años setenta (cuando el marxismo todavía era la referencia común de casi toda la intelectualidad progresista) hasta la actualidad, Savater no ha dejado de criticar el sectarismo comunista ni de reconocer el núcleo noble de varias tesis marxistas.

Por el contrario, quizá el más evidente de sus giros ideológicos fue el referente a los nacionalismos autonómicos. En 1981 escribía: "Creo que la profundización de la democracia en España pasa, entre otras cosas, por el cumplimiento radical de las autonomías y el abandono por derribo del modelo de Estado madrileño-centralista". Esta opinión no era infundada, tenía sólido apoyo en su fidelidad al pluralismo politeísta. Frente a los que advertían ya entonces contra los nuevos nacionalismos (que acabarían evidenciando la misma esencia sectaria del viejo nacionalismo españolista), Savater afirmó que el incipiente movimiento de las nacionalidades periféricas suponía "una nueva forma más directa de participación de los ciudadanos en la gestión de sus asuntos, una nueva motivación comunitaria menos abstracta que el Estado tradicional, la reinvención de una solidaridad plural en lugar de monocorde". Esta actitud tuvo un momento álgido cuando en 1981 apareció en Barcelona un manifiesto de Amando de Miguel, Federico Jiménez Losantos y otros 2.300 abajo-firmantes que denunciaban el intento institucional de convertir el catalán en la única lengua oficial, amenazando los derechos de los castellanohablantes. Savater llegó a escribir: "Otro tema por el que asoman las orejas (¿o el tricornio?) los de la ofensiva prorrecuperación de la España cañí es el del manifiesto en defensa de los derechos del castellano en Cataluña (...), que por lo visto pretende ajusticiar con anécdotas para manchegos inocentes toda la brega por recuperar una lengua maltratada y postergada".

Incluso los más radicales partidarios de la costumbre de cambiar de ideas solemos sentirnos incómodos cuando nos recuerdan el ardor con que defendíamos antaño argumentos contrarios a los que ahora nos parecen ciertos. Por eso hay tanta afición a edulcorar el pasado, maquillar los recuerdos y borrar los fragmentos molestos de las antiguas fotografías. Pero el que un pensador cambie de ideas (es su trabajo) no excluye la posibilidad de que tome como objeto de reflexión precisamente esos cambios. Por eso es interesante preguntarle directamente a Savater lo que piensa, en 2010, sobre estas cosas que pensaba (y escribía) allá por 1981. ¿Se podría decir que Amando de Miguel, Jiménez Losantos y compañía se dieron cuenta ya entonces de cosas que otros tardamos mucho más tiempo en ver con claridad? Su respuesta no podía ser más clara: "Probablemente sí, aunque Jiménez Losantos, por otra parte, también había defendido antes otras cosas. Pienso que tenían razón con aquel manifiesto, lo que pasa es que entonces las autonomías aún no habían tenido oportunidad de desarrollarse y aquella experiencia había que intentar hacerla. Yo fui claramente partidario de ello. Además, al principio era muy fácil, porque el franquismo parecía una guía casi infalible que nos indicaba, a la contra, lo que había que hacer: si Franco había aplastado los nacionalismos nosotros los teníamos que defender, si Franco había perseguido las demás lenguas nosotros las teníamos que apoyar... Por eso tengo la tranquilidad de que se intentó. El problema fue que a los 10 o 15 años nos dimos cuenta de que se estaban generando otras formas de autoritarismo y avasallamiento. La única duda que te queda es: si todos hubiésemos apoyado, ya en el año 1981, aquel primer manifiesto en defensa de la lengua castellana, ¿hubieran ido mejor las cosas? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Para mi conciencia es mejor no haberlo hecho, porque al menos ahora podemos argumentar: 'Oigan, yo les di a ustedes su oportunidad y miren lo que han hecho con ella".

Aquel Savater defensor de los nacionalismos periféricos ha quedado tan lejos como el Savater ácrata que ante el referéndum constitucional de 1978 se burlaba desde las páginas de Egin de "la entusiasta campaña constitucional", afirmaba que "lo difícil y moderno no es ya fabricarse otra Constitución, sino arreglárselas para no tener ninguna", y adelantándose a la objeción de que en ese caso "cada cual podría verse sometido a tropelías sin cuento", sostenía que "en cambio, con una Constitución las tropelías tienen al menos cuento y así, contadas de antemano, ya no duelen tanto...".

Puede ocurrir que el dogma creencial acierte alguna vez contra el pensamiento lógico. Pero hay una diferencia fundamental: el librepensador acierta o se equivoca personalmente; argumenta a los 60 años contra las tesis que defendió a los 20 porque cuatro décadas de trabajo han dado sus frutos. El creyente se limita a cambiar de rebaño: la misma certeza clarividente con que a los 20 defendía uno el maoísmo, la pone a los 60 en la defensa del neoconservadurismo. El pensador reconoce sus errores y endereza el rumbo gracias a ello; el dogmático siempre encuentra un argumento para justificarlos y un competidor al que culpar por ellos.

Por eso la diferencia entre el librepensador y el sectario no solo está en la probabilidad de acertar, sino en la actitud de hacerlo por cuenta propia o por fidelidad a la banda de turno. Savater lo ejemplificaba al escribir en 1984: "En cuanto adopto con cierta determinación un punto de vista, comienza a tentarme con fuerza la opción opuesta y soy más sensible que nunca a sus encantos persuasivos. Esta propensión a encarnar la quinta columna de mí mismo no me evita los furores de la toma de partido, pero, en cambio, me priva del dócil nirvana de la afiliación...".

José Lázaro es profesor de Humanidades Médicas en la Universidad Autónoma de Madrid.

El mercado electoral catalán (y VIII)
Tres caminos para los catalanes: Independencia, federalismo o Constitución
El apoyo social al la independencia ha crecido estadísticamente en los últimos años | Santi Cogolludo
Javier Oms | Barcelona EM 26 Noviembre 2010

En los mítines de la campaña catalana hay dos botones que se suelen pulsar, a gusto del orador. Uno, lleva impresa la palabra 'Crisis'. Al presionarlo, el tono del orador se vuelve sobrio, académico y paternalista, -lo arreglaremos. Tenemos la solución. Sabemos lo que hacemos-. Es un botón muy utilizado pero, al final, convierte el mitin en una cita fría y sin momento para el confeti. El otro, en cambio, es otra cosa. Lleva la palabra 'España' y su sólo tacto despierta en la audiencia una sobreexcitación difícil de controlar: Euforia para unos, rechazo en otros, nadie se queda impasible ante una palabra que algunos pulsan como ludópatas.

Consulta por la independencia
Que el apoyo a la independencia ha crecido entre la sociedad catalana es una obviedad estadística que viene siendo reflejada en todos los estudios publicados en los últimos meses. Así, el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado antes del periodo electoral señalaba que el 22,8% de los ciudadanos se mostraba dispuesto a que se abriera la puerta del soberanismo. Una cifra que aumenta si se tienen en cuenta los resultados de la encuesta del Centre d'Estudi d'Opinió (CEO), dependiente de la Generalitat, y donde el 25% de los encuestados se declara abiertamente a favor de crear un Estado. En 2005 el mismo estudio reflejaba apenas un 13,6%.

Más elevado resulta incluso el apoyo al secesionismo en la reciente encuesta de Sigma Dos publicada por EL MUNDO y que reflejaba que casi un tercio de los encuestados -exactamente un 30,4%- cree que Cataluña debe romper definitivamente su relación con España.

El debate en torno al Estatut de Catalunya, la rocambolesca senda de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) o la nueva financiación han sido los encargados de remover el gallinero de tal manera que la carta del independentismo se ha vuelto extraordinariamente golosa. Tanto, que le han salido defensores a ultranza donde tradicionalmente sólo había uno: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Sin mayor reparo que el que les da la posibilidad de ganar mucho y perder poco, Joan Laporta y su Solidaritat per la Independència (SI) han incrementado el tono de sus discursos, obligando a Joan Puigcercós a pisar el acelerador: "En Andalucía no paga ni Dios".

Con el déficit fiscal en una mano y la 'estelada' en la otra, en ERC están intentando sacar réditos del hartazgo que han detectado en la ciudadanía. Un cansancio que quieren transformar en una respuesta democrática, sin contar con el resto del Estado, y que se vea reflejada en una consulta sobre la independencia.

Esa es, según señala día sí, día también su líder, Joan Puigcercós, la condición 'sine qua non' pactarán con quien venza en las elecciones, entiéndase, con CiU. "Condicionaremos la presencia de ERC en el Govern a la presentación (...) de una propuesta de consulta popular por la vía del referéndum por el futuro de Cataluña".

El problema con el que se encuentran los republicanos es, ahora, la proverbial capacidad de CiU para jugar a la incertidumbre sobre sus verdaderos deseos independentistas. Así, la federación nacionalista, que sin duda ha pisado el acelerador en estos siete años en cuanto al soberanismo, quiere ir paso a paso y evitar una consulta tan solo llegar al Palau. Artur Mas lo repite por activa y por pasiva: primero el concierto económico y después, la independencia.

Cierto que en su programa CiU refleja cómo "el autogobierno de Cataluña se debe a su derecho democrático e irrenunciable de toda nación a decidir su futuro". Un autogobierno completo al que, aseguran, se llegará gracias a su hoja de ruta, "posible y real" y que comienza "con la propuesta de un modelo de financiación propio como uno de los grandes objetivos para los próximos años".

Mantener viva la Constitución o disfrazarla
El papel que la Carta Magna juega en la política catalana es esencial. Divide a las formaciones en constitucionalistas, detractores y quienes piden su reforma para dibujar un nuevo modelo de Estado.

La percepción en los partidos nacionalistas queda reflejada en esta sentencia incluida en el programa electoral de CiU: "el pacto constitucional establecido en el marco de la transición ha llegado a su límite, especialmente después de la sentencia que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre el Estatut". Agotado. Se acabó. No da para más.

Más contundentes son en su análisis desde ERC, quienes consideran prácticamente una quimera seguir pensando en España como un Estado plurinacional. Según apuntan, el debate debe seguir los derroteros que marca "la inexistencia de un Estado español plurinacional, la inviabilidad del federalismo y el agotamiento del autonomismo". Para ellos comienza "una nueva etapa: la del post-autonomismo", paso previo "a la consecución de un estado propio, democrático y social en el si de la Unión Europea".

La defensa cerrada de la Constitución tal y como está queda en manos de PP y Ciutadans, desde donde advierten que el estado de derecho se sostiene sobre esa única piedra.

Según el programa electoral de Ciutadans, "la Constitución es la que permite la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todos los españoles; la que permite la convivencia (...); la atiende los problemas y necesidades". Una percepción que el PP reitera al considerar el texto como el marco idóneo para la convivencia y donde debe seguir jugando su partido Cataluña.

Federalismo, ¿siguiente parada?
Romper radicalmente con el texto no entra tampoco en los planes de PSC e ICV, desde donde tras sumarse a quienes creen que Cataluña es una nación, abogan abiertamente por abrir el camino hacia un Estado federal.

Una ruta que, no obstante, debe contar con un inicio ya conocido: el Estatut. Ambas formaciones defienden que la reforma aprobada en 2006 y desmantelada en parte por el TC debe desplegarse en toda su amplitud, recuperando los trozos que la sentencia y los recursos han ido dejando por el camino.

Superado ese primer paso, para ICV el objetivo es alcanzar la plenitud como nación logrando ser reconocidos como "un Estado propio en el si de un estado plurinacional". Los ecosocialistas, eso sí, se suman a quienes reclaman una consulta entre la ciudadanía "en caso de negativa por parte del Estado a la negociación sobre la reforma constitucional que las instituciones catalanas planteen".

No quiere ir tan lejos el PSC, que se aferra con fuerza a la idea de federalismo de la que mucho se habló con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero pero que ha ido languideciendo con el paso de los años. Montilla, escaldado tras las aventuras a las que le ha llevado ERC, lo tiene claro. La reforma de la Constitución es necesaria para "reforzar los instrumentos federales del Estado" y alcanzar el reconocimiento real del "carácter plurinacional" del Estado.

"Cataluña es España"
Lejos, muy lejos de cualquier atisbo de aventura soberanista o federalista se sitúan dos de las formaciones que, si las encuestas no van muy equivocadas, mejorarán sus resultados durante las presentes elecciones: PP y Ciutadans.

Abrazados a las enseñas catalana y española, ambos partidos no se cansan de repetir que "Cataluña es España" y que cualquier paso hacia el "abismo" de la independencia sería un error, un ejemplo de irresponsabilidad y, en definitiva, la constatación del "pensamiento" único contra el que luchan en el Parlament.

Poco lugar a la imaginación deja en su programa el PP, que bajo la fusión de la 'senyera' y la rojigualda reclama "una Cataluña fuerte dentro de una España fuerte", haciéndose eco de lo que consideran "el sentimiento mayoritario de la sociedad catalana: unos ciudadanos que nos sentimos tan catalanes como españoles".

Lanzada su carta de presentación, y sabiendo que serán claves en el futuro Govern, ponen sobre la mesa una primera advertencia: "No apoyaremos a ningún govern ni a ningún partido que apoye la independencia de Cataluña ni que proponga referéndums o consultas independentistas".

Mayor dramatización plasma en su programa electoral Ciutadans, que arremete sin contemplaciones contra un "nacionalismo" que "sigue una estrategia de confrontación e imposición para alejar Cataluña del resto de España". Según recogen, "los discursos victimistas, las constantes exigencias, el desafío al Estado de derecho, las imposiciones lingüísticas e identitarias no representan a la mayoría de los catalanes".

Así, C's se ofrece como el remedio, garantizando su defensa del "compromiso con la convivencia, la apuesta por una Cataluña plural y la fraternidad con el resto de España". Una hermandad que en C's ven comprometida con medidas como el veto a las corridas de toros en Cataluña -"un intento de borrar de Cataluña lo que se considera un símbolo español"- o la "confrontación política" a través del deporte a través de las "selecciones nacionales catalanas".

PP y C's, además, se hacen con la bandera del bilingüismo para no soltarla a lo largo de sus programas electorales. La lucha contra "la imposición" pasa, según constatan, por lograr que las administraciones y la educación asuman de una vez que el castellano, como el catalán, deben tener el mismo espacio donde respirar. En su opinión, privilegiar una lengua sobre otra no sólo aleja a Cataluña del resto de España, sino que atenta contra los derechos de los ciudadanos.

«Hay importantes diferencias en el acceso a los medicamentos según las autonomías»
La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria denuncia la desigualdad que se está produciendo en los hospitales españoles
mario s. guillén ABC 26 Noviembre 2010

El Estado de las Autonomías está generando en muchos ámbitos la fragmentación de la unidad de mercado. También en el ámbito sanitario, donde la existencia de 17 servicios de salud distintos está provocando desequilibrios. Hasta el punto de que un mismo enfermo pueda ser tratado o no con un medicamento que le cure dependiendo de si vive en Pamplona o en Murcia. Que según el lugar donde resida se garantice o no su derecho a una atención médica que le pueda salvar la vida.
Un mismo enfermo puede ser tratado con un medicamento que le cure o no dependiendo de donde viva

Éstas circunstancias ya se están produciendo en algunas ocasiones y tienen peligro de aumentar porque, con la crisis, las autonomías están decidiendo de forma unilateral qué medicamentos seleccionan o no. Así consta en la denuncia que el presidente de la Sociedad Española de Medicina Hospitalaria, José Luis Poveda, ha realizado aprovechando unas jornadas sobre selección de medicamentos que ha organizado el laboratorio Praxis: «no podemos consentir que con la crisis el acceso a los medicamentos esté comprometido a través de cualquier comunidad autónoma, porque puede haber importantes diferencias en el acceso a los tratamientos y por tanto en la supervivencia y calidad de vida del paciente».

Andalucía crea su propia agencia
Según Poveda, también jefe del Servicio de Farmacia del Hospital La Fe de Valencia, «cada autonomía está aplicando diferentes criterios y sistemas de selección de medicamentos», lo cual se convierte en algo muy peligroso ya que deciden en relación a sus cuentas. El déficit sanitario es gigantesco (la anterior ministra del ramo Trinidad Jiménez lo cifró en 8.000 millones de euros) y el Ejecutivo ha aprobado una batería de normativas para reducir el gasto farmacéutico en más de 2.000 millones de euros.

Ahora, la situación parece que va un paso más allá hacia este modelo fragmentado, en el que cada autonomía toma sus propias decisiones de compra de fármacos y productos sanitarios. Andalucía ya ha anunciado la creación de una plataforma de compra con la que asegura que ahorrará 100 millones de euros al año. Pero la Asociación de Medicina Hospitalaria denuncia que esta comunidad «lleva años trabajando para crear este marco sanitario» y que sólo ahora se ha anunciado. Se anuncia que después vendrán más.

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Normalizar Cataluña
La deriva soberanista del Estatut ha desembocado en una profunda decepción colectiva y un hastío ciudadano
IGNACIO CAMACHO ABC 26 Noviembre 2010

LA política catalana de los últimos siete años es el ejemplo más palmario del ensimismamiento que ha convertido a la clase dirigente en un problema creciente a los ojos de la opinión pública. El gobierno tripartito de la Generalitat se ha entregado a una pulsión intervencionista casi neurótica, mezclada con un delirio identitario que ha alcanzado extremos pintorescos como el descacharrante decreto que obliga a servir pa amb tomacaen los hoteles. La deriva soberanista del Estatut, auspiciada por la irresponsabilidad de Rodríguez Zapatero y la ofuscación nacionalista de Maragall, ha desembocado en una profunda decepción colectiva que ha ampliado a base de excesos —en ocasiones mutuos— la brecha sentimental entre Cataluña y el resto de España. El fracaso de ese empeño artificial se refleja en el hastío de unos ciudadanos que amenazan con una baja participación en las elecciones del domingo. La suerte parece echada en todas las encuestas, que pronostican de manera unánime el retorno al poder del nacionalismo clásico, el de Convergencia i Unió, y el descalabro de la coalición de perdedores que encumbró en la presidencia a un político mediocre como José Montilla. La experiencia tripartita ha arrastrado al Partido Socialista a mínimos de credibilidad que no ha podido levantar su tardío arrepentimiento.

La derrota del PSC será también la del zapaterismo y su concepto trivial de la gestión pública. La gente que aún está dispuesta a participar en el debate político quiere volver a las cuestiones que realmente importan, sin perderse en asuntos tan artificiales como estériles. La candidatura nacionalista de Artur Mas no tiene el prestigio de la de Pujol pero aparece envuelta en un halo de cierta responsabilidad ante el descalzaperros organizado por la alianza izquierdista. Mas ha orillado la discusión estatutaria y victimista para centrar su propuesta en reformas institucionales que hagan frente a la recesión, y ha limitado las reclamaciones soberanistas a un discutible cupo económico que de momento encuentra la oposición matizada de los dos grandes partidos nacionales. Con ese programa reformista parece haber recabado el apoyo de una mayoría burguesa cansada de aventurerismos; suya será, si gana, la responsabilidad de no volver a agendas delirantes y centrarse en sacar a Cataluña del retroceso socioeconómico que ha experimentado en la última década.

España también necesita una Cataluña serena cuya dirigencia pública colabore en la delicada regeneración que plantea la crisis. En este tiempo desquiciado se han cometido muchos errores a ambos lados del Ebro, pero la normalización ha de comenzar de dentro hacia afuera. En ese sentido, la tentación de un frente soberanista representa el principal peligro para la estabilidad de un sistema precarizado por una política ajena a la demanda social. Ése es el desafío de Mas: devolver la cordura a la escena catalana y tratar de resolver sus problemas sin crear otros nuevos.

Elecciones
¿Qué diferencias hay entre UPyD y C'?
Antonio Robles Libertad Digital 26 Noviembre 2010

Me siento extraño ante el deber de escribir la columna semanal en Libertad Digital como articulista independiente y, a la vez, combinarlo con la circunstancia partidista de candidato a la presidencia de la Generalitat por UPyD a las próximas elecciones autonómicas de Cataluña. Y ya que uno no puede saltar por encima de su sombra, voy a contestar por escrito la pregunta más insistente que se me ha hecho a lo largo de la campaña electoral: ¿qué diferencias hay entre UPyD y Ciutadans? Y qué mejor sitio para hacerlo que en las páginas donde me dieron siempre libertad para escribir sin cortapisa alguna.

La he esquivado docenas de veces para evitar incomodar a un proyecto que forma parte de mi vida; y que desde el principio hice lo imposible porque convergiera en un partido único con UPyD. Aunque como se ve, con evidente fracaso. Posiblemente quise ignorar entonces lo que desconocen todavía tantos cada vez que nos recuerdan sorprendidos por qué no vamos juntos. Y es que, a primera vista, el origen y la finalidad de los dos partidos parecen idénticos, pero ni uno ni la otra lo son. Aunque eso sí, tienen en común algunos puntos significativos. Pero la filosofía de fondo y el fundamento que los originó, hacen de UPyD un partido completamente diferente a todos los demás, incluido C’s.

Veamos las similitudes. Hay dos características fundamentales en las que se asienta la especificidad de C’s después de cuatro años de presencia en el Parlamento: la defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y el rechazo del nacionalismo identitario. El resto de propuestas son más borrosas, sobre todo después de los bandazos mediáticos, y de la alianza con "Libertas" en las europeas que me llevó a dejar el partido y entregar mi acta de diputado.

Esas dos similitudes, con matices, son buena parte de mi resistencia en Cataluña a la exclusión nacionalista y parte importante del programa de UPyD, por lo que la defensa de la libertad de elección lingüística y la resistencia al nacionalismo obligatorio está más que cubierta por la candidatura que encabezo. Y sin sorpresas. Hay ciertas cosas que nunca negociaremos, entre ellas los derechos ciudadanos a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales.

Sin embargo, UPyD no se limita a defender derechos lingüísticos o rechazar al nacionalismo obligatorio, ni reducir su acción política a un hecho puntual especialmente nocivo, como puede ser la lucha contra ETA en el País Vasco. UPyD nació para defender el Estado, es decir, para defender los intereses comunes de todos los españoles, la igualdad y la libertad. No en una comunidad determinada, sino en toda España. No como alianzas entre partidos con personalidad propia, aunque tuvieran un nexo de unión de intereses comunes, sino como partido nacional sin franquicias políticas, o conciertos económicos propios, fiscales, lingüísticos, educativos, sanitarios o de cualquier otra índole que hubiere que negociar en cada caso. Y eso se concretaba en una reforma de la Constitución, en una reforma de la ley electoral, en la devolución al Estado de la competencia de educación, sanidad... y en la regeneración democrática. No se quería caer en el error de partidos confederados al modo y manera de PSOE y PP, que obligados por las franquicias de sus delegaciones autonómicas, ceden una y otra vez trozos de soberanía del Estado a los nacionalistas para mantenerse en el poder o para alcanzarlo. De esa manera, han renunciado a ser partidos nacionales para convertirse en rehenes de sus propias franquicias. La más evidente, el PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), que por pasar desapercibido en el paisaje nacionalista se ha disuelto en él con graves consecuencias para el bien común de todos los españoles.

En España hoy se puede ser vasco, catalán, canario o gallego, pero no se puede ser español. Nosotros queremos ser y sentirnos españoles sin complejos. Es preciso que la superioridad moral del nacionalismo y la renuncia a ser partidos nacionales de PSOE y PP se tropiece con un partido nacional serio, seguro de sí mismo, sin complejos, que defienda los intereses comunes de todos los españoles vivan donde vivan del territorio nacional y digan los que digan los nacionalistas. Al fin y al cabo, ellos son lo que les han permitido ser PSOE y PP. Empezando por incumplir sentencias de los tribunales, algunas incluso del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Hoy en España hay una gravísima crisis económica originada en parte y sin duda agravada por una insostenible corrupción política causada por la erosión suicida de la autoridad del Estado y su Constitución. Todo eso está propiciado por un desmantelamiento de las estructuras políticas del Estado a través de andanas estatutarias, cacicadas soberanistas y dejadez de los partidos nacionales, (PSOE y PP) que es preciso corregir devolviendo a la nación las herramientas comunes que restituyan al Estado la capacidad de defender los intereses comunes de todos los españoles. Empezando por reformar la ley electoral para adecuar la representación parlamentaria a los ciudadanos. Un hombre, un voto. No puede ser que a UPyD le cueste un diputado 303.000 votos, al PP y PSOE, 65.000 o al PNV, 50.000. Siguiendo con la devolución de la Educación al Estado. La educación no puede seguir siendo el instrumento de algunos gobiernos nacionalistas para construir una nación contraria a los intereses comunes de todos los españoles, ni podemos seguir permitiendo que generaciones enteras, el futuro de nuestro bienestar, sigan saliendo sin una formación académica adecuada.

Hoy España vive una gravísima crisis económica a la que en buena parte la ha llevado la arbitrariedad y mala gestión del engranaje autonómico. Es necesario eliminar duplicidades en las instituciones, financiar gestiones ineficientes o permitir el despilfarro de algunas autonomías en la construcción de micro Estados con el dinero de todos los españoles.

En este contexto, no podremos hacer las reformas políticas oportunas sin un partido nacional capaz de tener un discurso idéntico en todas partes y valiente para proponer un nuevo modelo de Estado federal cooperativo que cierre la indefinición del modelo territorial del Estado actual de las autonomías, y cuya naturaleza esté basada en otorgar las mismas competencias, la misma financiación y la misma capacidad legislativa a todas las federaciones.

Como tampoco podremos luchar contra las distorsiones legales provocadas por los partidos que cobran del Estado para destruirlo si no hay una reforma de los órganos judiciales que evite que sean una réplica de las mayorías parlamentarias. La separación de poderes debe ser restablecida.

Todo eso y muchas más cosas no las puede llevar a cabo un partido de ámbito regional, ni tampoco un conglomerado de partidos confederados con sus problemas específicos regionales. Tarde o temprano justificarían su existencia en defender lo suyo frente a lo común. Para esto no hacían falta tantas alforjas.

Si tienen alguna duda, recurran a la contradicción que producen las declaraciones de C’s hoy mismo en El Mundo de Catalunya, donde a la vez que Artur Mas dice en portada que "mantendré las multas y la inmersión lingüística", "el portavoz de C’s admite que no cierra la puerta a CiU". Después del pacto con Libertas en las europeas, esta nueva flacidez de principios es inquietante.

Nada cambiará de verdad en España sin un partido nacional fiable que pueda defender lo mismo en el Congreso de los Diputados y en el resto de parlamentos autonómicos sin relaciones bilaterales con nadie. Y digo fiable, porque sin ese requisito estaríamos repitiendo las intentonas fallidas de otros.

Los derechos ciudadanos a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales
Nota del Editor  26 Noviembre 2010

La frasecita "Los derechos ciudadanos a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales", vista desde cualquier parte de lo que queda de España donde el español no es lengua "impropia", parece que queda muy bien, muy correcta, los que viven en regiones donde el español es lengua "impropia", allá ellos con sus problemas, aquí (en lo que queda de España) no nos importa ni afecta, no pensamos ir ni de vacaciones a esos lugares y mostramos nuestra "tolerancia" dejando que por allí hablen la lengua oficial o cooficial que les venga en gana.

Pero si Vd. recuerda que en el Senado han implantado un sistema de traducción simultánea, a costa de nuestros bolsillos, para que cualquier senador pueda utilizar aquí en lo que quedaba de España, su lengua regional, porque no quiere cumplir con el deber constitucional de conocer la lengua española, ya comienzas las fisuras con la fracesita, que no es lo que parecía.

Si por circunstancias de la vida, Vd. vive o tiene que trasladarse a una de esas regiones, la fracesita es un bombazo a sus derechos humanos y constitucionales, pues implica que Vd. tiene que aceptar que le exijan (si quiere estudiar o trabajar allí) el conocimiento de la lengua regional, y que a sus hijos se la inoculen en contra de sus intereses, derechos y voluntad.

Si Vd. es un lector habitual de estas páginas, ya conoce muy bien la trampa de las lenguas regionales y de la xenofobia que supone para los que tenemos como lengua materna el español. Por eso, está bien que los habitantes que están de acuerdo con este planteamiento, nieguen su voto a CiU, PSC, ER y demás partidos nacionalistas superinoculadores, pero no piense que Ciudadanos o UPyD resuelven el problema, sólo traen un poco de español a la vida pública catalana, pero sigue siendo obligatorio el conocimiento de la lengua regional.

NO A LA IMPUNIDAD
Documento íntegro que 21 asociaciones de víctimas remitirán al Gobierno para buscar un final de ETA "sin impunidad para los terroristas"
Raúl González Zorrilla Periodista Digital 26 Noviembre 2010

Euskadi Información Global. Redacción. Bilbao. Veintiuna asociaciones y fundaciones de víctimas han suscrito un documento con el que afrontar un posible final del terrorismo.

El texto, cuyo contenido representa la opinión generalizada de la práctica totalidad de los afectados por la violencia, destaca, fundamentalmente, que el final de ETA ha de producirse por la derrota de los criminales y pone de manifiesto, sobre todo, que un proceso de estas características no debe conceder espacios de impunidad a los criminales que tantas muertes, dolor y sufrimiento han provocado.

Frente a quienes apuestan por teorías revisionistas de la reciente historia del País Vasco que buscan trasladar a la opinión pública la idea falsaria de que en Euskadi ha habido "dos bandos enfrentados" o el mensaje incierto de que se ha producido "violencia por ambas partes", las víctimas del terrorismo ponen en un primer plano la superioridad ética del Estado de derecho, destacan la prioridad incuestionable de los valores democráticos y defienden la solidez de las leyes y normas que conforman nuestra sistema de libertades.

Por su importancia, a continuación publicamos el decálogo, que bajo el título de "No a la Impunidad", han elaborado consensuadamente las asociaciones de víctimas, y publicamos íntegramente también el documento ("Principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad") que éstas harán llegar al Gobierno, partidos politicos y diversas instituciones para reclamar sus derechos.

NO A LA IMPUNIDAD
Decálogo

1.- Respeto y sensibilidad con las víctimas en la opinión pública, evitando inferir un nuevo dolor ñadido, evitando asimismo una susceptibilidad justificada entre quienes tienen las heridas más sensibles.

2.- Unas reglas de juego claras, comprensibles para todos, evitando capítulos de confusión pública.

3.- Es imprescindible resistir a la tentación de impunidad judicial o histórica para blindarnos contra cualquier táctica engañosa promocionada por el mundo de Batasuna o ETA.

4.- Antes del fin de ETA: No a la impunidad.

5.- Durante el fin de ETA. No a la impunidad.

6.- Tras el fin de ETA. No a la impunidad.

7.- Exigencia a ETA, Batasuna y al resto de su entramado político de la necesaria condena de la historia de ETA para volver a jugar en la política democrática, a fin de evitar una nueva tentativa de banalización, relativización y legitimación a posteriori de la misma.

8.- La política penitenciaria no debe convertirse en una política de gracia, porque no lo indica la ley y porque una aplicación laxa de la progresión de grados, supondría una forma de impunidad.

9.- Para la reinserción de presos de ETA, hay que tener en cuenta las vertientes pública y privada. La vertiente privada exige el reconocimiento del daño personal causado, la asunción de responsabilidades pecuniarias y la colaboración, en lo posible, con la justicia para aclarar y resolver los cientos de casos de asesinatos aún no esclarecidos y pendientes de juicio.

La vertiente pública exige la denuncia pública del reinsertado de la violencia terrorista, lo cual lleva a exigirle que acepte el Estado de Derecho, así como la condena de los fines totalitarios que radican en la acción terrorista para favorecer la deslegitimación del terrorismo entre los niños y jóvenes que legitiman todavía tales prácticas.

10.- Las víctimas del terrorismo creemos que el hipotético final de ETA debe hacer posible el esclarecimiento de todos los atentados que están sin resolver y que suman centenares de asesinados, heridos, secuestrados y extorsionados sin autor conocido.

Documento complementario: "Principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad"
Polémica: La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, cuestionada
Artículo: ¿Quién teme a las víctimas del terrorismo en el País Vasco?
Artículo: Debe preocuparnos la urgencia por aplicar toneladas de impunidad, por olvidar casi medio siglo de totalitarismo nacionalterrorista y por apelar al perdón en vez de a la justicia"

Cataluña
Un año después, Cataluña sigue teniendo ‘dignidad’… por suerte
El 26 de noviembre de 2009, doce periódicos publicaron un editorial conjunto para presionar -en un hecho sin precedentes en las democracias occidentales- al Tribunal Constitucional.
Daniel Tercero www.vozbcn.com 26 Noviembre 2010

El editorial conjunto publicado en 'La Vanguardia', el 26 de noviembre de 2009.

Ha pasado un año. Un 26 de noviembre de 2009 doce periódicos de Cataluña publicaron un mismo editorial, escrito por un periodista de La Vanguardia, en la órbita de CiU, y por un notario, en la órbita del PSC, para presionar, en un hecho sin precedentes en las democracias occidentales, al Tribunal Constitucional (TC), que estaba aún deliberando sobre el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña presentado por el PP.

Los diarios, que todos reciben grandes subvenciones por parte de la Generalidad, eran El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa. Y el texto asumía, literalmente, los argumentos nacionalistas, recordando que ‘será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores’, como si el proceso no hubiera sido democrático, pues el TC tiene la última palabra en caso de ser requerido para ello.

Ataque contra el TC
El editorial dedicaba varios párrafos a deslegitimar al TC y advertía: ‘No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. [...] Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España’.

Además, se hacían portavoces de todos los catalanes: ‘Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa’. Y finalizaba con otra advertencia:

‘El Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum. Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable’.

Agradecimientos de Montilla
Al día siguiente, el presidente autonómico, José Montilla (PSC), agradecía el editorial conjunto: “Me siento muy identificado con el texto, quiero agradecer a los diarios y a las personas que lo han impulsado y también agradecer a todo el que lo está apoyando”. Y, poco después, se supo que tanto él como José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, sabían de antemano que se iba a publicar el texto conjunto.

En la misma dirección se manifestaron otros dirigentes del Gobierno de la Generalidad, como el número tres, Joan Saura, que incluso pidió a los magistrados del Alto Tribunal que tuvieran en cuenta el texto de los periódicos para tomar las decisiones legales, como si el editorial conjunto fuera ley.

A partir de la publicación del editorial, se aumentó la presión sobre los jueces del TC. Incluso no se sabe, con seguridad, si consiguió parte de su intención, influir en la decisión de los magistrados. Se premió a los periódicos, desde el nacionalismo, se firmaron más manifiestos contra la legalidad vigente y democrática, Montilla siguió presionando públicamente al Alto Tribunal y uno de los redactores del texto cargó duramente ad hóminem contra uno de los magistrados del TC.

¿Qué queda de todo esto? Tras una manifestación, como respuesta a la sentencia del TC, que ajustó a la legalidad el texto estatutario, convocada por una entidad independentista y respaldada por el Gobierno autonómico, con su presidente al frente, y más allá de las cifras de participación; y un espantoso ridículo en una sesión para la historia del Parlamento autonómico, Cataluña, por suerte, sigue manteniendo intacta -o, si cabe, más consolidada- su ‘dignidad’.

Pan con tomate, con dos huevos
Javier Quero www.gaceta.es 26 Noviembre 2010

Cada nueva ocurrencia supera en surrealismo a la anterior. De ahí a prohibir la tortilla española, hay un paso.

Los límites de la estupidez humana son como los del Universo, están en continua expansión. El Gobierno del tripartito ha pulverizado las estadísticas que calculan el índice medio de gilipollas por metro cuadrado. La última sandez consiste en imponer a los hoteles que sus clientes desayunen pan con tomate, con dos huevos. Lo de los huevos es opcional. La Generalitat ha convertido el bufé libre en bufé obligatorio y por decreto.

El Ejecutivo catalán ha montado su propio autoservicio, que ofrece al público todo tipo de leyes especialmente diseñadas para incomodar a la población. En el menú de este “Sírvase usted mismo” se puede elegir entre fastidiar a los taurinos, perseguir a los comerciantes que quieran rotular sus establecimientos en español o presionar a los inmigrantes que no tuvieron la precaución de leerse el manual Aprenda catalán en 15 días antes de subirse a la patera.

Cada nueva ocurrencia de la Generalitat supera en surrealismo a la anterior. El seny catalán se les está yendo a algunos por el sumidero de su mediocridad. Ya sólo falta que los celíacos y alérgicos al tomate sean declarados enemigos de Cataluña por no comer pa amb tomaca. De ahí a prohibir la tortilla española, hay un paso. Más les valdría a estos partidos preocuparse por los chorizos que hay en su despensa en lugar de andar tocándole la butifarra al personal.

La gastronomía catalana es lo suficientemente apetitosa como para que el turista la pida, incluso la exija en hoteles y restaurantes sin necesidad de que se la impongan. Quien acuda a Cataluña y no aproveche las temporadas de los rovellons y de los calçots con romescu, igual que quien no pruebe la butifarra, els peus de porc o el bacallà a la llauna tiene delito, pero es una forma de hablar.

Estos catalanes de cuarto de hora que mandan en la Generalitat se lo toman literalmente y lo convierten en delito de verdad.

Sobre el tema en cuestión, leí ayer en LA GACETA: “A partir de ahora, las categorías de cuatro estrellas, Superior y Gran Lujo, que hasta ahora existían de facto, pero no estaban reguladas, se reconocen…” Y ahí quedó la frase, suspendida por unos puntos suspensivos, perdida en el suspense. O falta algo o sobran puntos. O las dos cosas. Lo que falta es cordura y lo que sobra: puntos innecesarios que al incluirse en las normas producen gilipoleyes.

Sahara Occidental: Resolución del Parlamento Europeo
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 26 Noviembre 2010

Hoy, jueves 25 de noviembre de 2010, el Parlamento Europeo ha aprobado una importante resolución sobre el Sahara Occidental. En esta resolución la UE, entre otras cosas: 1) condena los violentos incidentes provocados por la intervención marroquí en El Aaiún; 2) lamenta los ataques a la libertad de prensa y pide a Marruecos que cese el bloqueo informativo sobre el Sahara Occidental; 3) expresa su preocupación por la detencióny acoso a defensores saharauis de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental y pide que los defensores de los derechos humanos encarcelados en el territorio o en Marruecos sean tratados con arreglo a las normas internacionales y que tengan un juicio rápido y justo; y 4) pide a la UE que inste al Reino de Marruecos a que acate el Derecho internacional en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental. El Gobierno de España, potencia administradora del territorio, ya no tiene más excusas.

La propuesta de resolución es un texto patrocinado conjuntamente por diputados de varios grupos, sustituyendo a los siete proyectos de resolución que se habían presentado.
Para que conste, estos son los diputados que han patrocinado esta resolución:
- en nombre del Grupo PPE: Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Ernst Strasser, Cristian Dan Preda (entre ellos, los eurodiputados españoles del PP José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela)
- en nombre del Grupo S & D : Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana, Norbert Neuser, Ana Gomes, Gilles Pargneaux, Ulrike Rodust, Andrés Perelló Rodríguez, Richard Howitt (entre ellos, los eurodiputados españoles del PSOE María Muñiz De Urquiza y Andrés Perelló Rodríguez)

- en nombre del Grupo ALDE: Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramón Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson (entre ellos, los eurodiputados españoles del PNV Izaskun Bilbao Barandica y de CiU Ramón Tremosa i Balcells)
- en nombre del Grupo Verts/ALE: Raúl Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller, José Bové, Indrek Tarand, Emilie Turunen, Margrete Auken, Alyn Smith, Eva Joly (entre ellos, los eurodiputados españoles de Iniciativa per Catalunya-Els Verts Raúl Romeva i Rueda y el de ERC Oriol Junqueras Vies)

- en nombre del Grupo ECR: Charles Tannock, Michal Tomasz Kaminski, Tomasz Piotr Poreba, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki
- en nombre del Grupo GUE/NGL: Willy Meyer, João Ferreira, Sabine Lösing, Sabine Wils, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Bairbre de Brún, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz (entre ellos, el eurodiputado español de IU, Willy Meyer)
- en nombre del Grupo EFD: Fiorello Provera

EL TEXTO DE LA RESOLUCIÓN
El Parlamento Europeo,
– Vistas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental,
– Vista la Resolución 1920 (2010) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que amplía el actual mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO),
– Vistos los últimos informes del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad sobre la situación en el Sáhara Occidental, de 14 de abril de 2008, de 13 de abril de 2009 y de 6 de abril de 2010,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Marruecos el 3 de mayo de 1979,
– Visto el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, especialmente su artículo 2,
– Vistas la Declaración de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2007 sobre la octava reunión del Consejo de Asociación UE-Marruecos, así como la Declaración conjunta realizada en la primera Cumbre UE-Marruecos, celebrada el 7 de marzo de 2010,

– Vistas, en particular, las conclusiones extraídas de las visitas realizadas por su Delegación ad hoc para el Sáhara Occidental en septiembre de 2006 y en enero de 2009, en las que se pedía la ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), a condición de que todas las partes interesadas estuvieran de acuerdo, con el fin de conferirle competencias para el control del respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, y en las que se pedía también a la Comisión que, si lo consideraba oportuno, y a través de su Delegación en Rabat, controlase la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y enviara regularmente misiones,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el Sáhara Occidental, en particular la de 27 de octubre de 2005 (1),
– Vista la declaración realizada el 10 de noviembre de 2010 por la Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, sobre el Sáhara Occidental,
– Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión, de 24 de noviembre de 2010, sobre la situación en el Sáhara Occidental,
– Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que varios miles de saharauis abandonaron sus ciudades e instalaron tiendas de campaña en las afueras de El Aaiún, creando así el campamento de Agdaym Izik, para protestar pacíficamente por su situación social, política y económica y sus condiciones de vida,

B. Considerando que, después de varias semanas, estas personas pasaron a ser, según los observadores de las Naciones Unidas, alrededor de unas 15 000, y que se entabló un diálogo con las autoridades,

C. Considerando que el domingo 24 de octubre el ejército marroquí mató a Nayem Elgarhi, un adolescente saharaui de 14 años, e hirió a otras cinco personas cuando trataban de llegar al campamento en las afueras de El Aaiún,

D. Considerando que el 8 de noviembre de 2010 un número todavía desconocido de personas, entre ellas personal de las fuerzas de policía y de seguridad, murieron durante la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes dirigida a desmantelar el campamento de protesta de Agdaym Izik; considerando que también se han recibido informaciones acerca de un número importante de civiles heridos al utilizar las fuerzas de seguridad gases lacrimógenos y porras para despejar el campamento,

E. Considerando que estos incidentes se produjeron el mismo día en que se iniciaba en Nueva York el tercer ciclo de negociaciones informales sobre el estatuto del Sáhara Occidental, en las que participaban Marruecos, el Frente Polisario y los países observadores, Argelia y Mauritania,

F. Considerando que se ha impedido la entrada de periodistas, diputados nacionales y regionales de la UE y diputados al Parlamento Europeo a El Aaiún y al campamento de Agdaym Izik, y que algunos de ellos han sido incluso expulsados de El Aaiún,

G. Considerando la muerte violenta del ciudadano español Babi Hamday Buyema en circunstancias que aún no han sido esclarecidas,

H. Considerando que, después de más de 30 años, el proceso de descolonización del Sáhara Occidental sigue sin haber concluido,

I. Considerando que la UE sigue estando preocupada por el conflicto en el Sáhara Occidental y sus consecuencias y repercusiones regionales, incluida la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, y que apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y de su Enviado Personal en favor de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo saharaui, tal y como propugnan las resoluciones de las Naciones Unidas,

J. Considerando que diversos informes han demostrado que los recursos naturales del Sáhara Occidental se explotan sin que ello aporte ningún tipo de beneficio a la población local,

1. Manifiesta su más profunda preocupación por el notable deterioro de la situación en el Sáhara Occidental, y condena con firmeza los violentos incidentes que se produjeron en el campamento de Agdaym Izik cuando estaba siendo desmantelado y en la ciudad de El Aaiún;

2. Pide a todas las partes que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier nuevo acto de violencia;

3. Lamenta la pérdida de vidas humanas, y expresa su solidaridad a las familias de las víctimas, de los heridos y de los desaparecidos;

4. Toma nota de la constitución por parte del Parlamento marroquí de una comisión de investigación encargada de investigar el curso de los acontecimientos que condujeron a la intervención de las autoridades marroquíes, pero considera que las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones;

5. Lamenta los ataques contra la libertad de prensa y de información que han sufrido numerosos periodistas europeos, y pide al Reino de Marruecos que permita el libre acceso de la prensa, los observadores independientes y las organizaciones humanitarias al Sáhara Occidental y su libre circulación dentro del territorio; lamenta que las autoridades marroquíes hayan prohibido la entrada al Sáhara Occidental a diputados, periodistas, medios de comunicación y observadores independientes;

6. Insiste en la necesidad de pedir a los órganos de la Naciones Unidas que propongan el establecimiento de un mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental;

7. Celebra la reanudación de las reuniones informales entre Marruecos y el Frente Polisario bajo los auspicios del Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas, incluso en las tensas circunstancias actuales, y pide a los actores regionales que actúen de forma constructiva;

8. Recuerda su apoyo a la reanudación de las negociaciones informales entre las partes en conflicto con vistas a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable de conformidad con lo establecido en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

9. Pide a la Comisión que vele por que se asigne la ayuda humanitaria necesaria, con un incremento de los fondos, a los refugiados saharauis, cuyo número se estima entre 90 000 y 165 000, que viven en la región de Tinduf, para ayudarles a cubrir sus necesidades básicas de alimentos, agua, alojamiento y servicios médicos y para mejorar sus condiciones de vida;

10. Expresa su preocupación por la detención y las acusaciones de acoso de defensores saharauis de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental; pide que se trate a los defensores de los derechos humanos encarcelados en el territorio o en Marruecos con arreglo a las normas internacionales y que tengan un juicio rápido y justo;

11. Pide a la UE que inste al Reino de Marruecos a que acate el Derecho internacional en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental;

12. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la Unión Africana, a la Delegación del PE para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe, a la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, al Parlamento y el Gobierno de Marruecos, al Frente Polisario y a los Gobiernos y Parlamentos de Argelia y Mauritania.

(1) Textos Aprobados, P6_TA(2005)0414.
 

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