AGLI

Recortes de Prensa   Viernes 17  Diciembre  2010

 

PP y PSOE
Escupir sobre las tumbas de los padres
Pío Moa Libertad Digital 17 Diciembre 2010

La declaración de hijo predilecto de Gijón para Santiago Carrillo constituye uno de esos episodios simbólicos que retratan indeleblemente a sus autores, la izquierda y el PP. Una casta capaz de sorprendernos cada día con nuevas vilezas.

¿Qué representa Carrillo en la historia de España? En suma, ha sido el mayor terrorista español del siglo XX. Su ideología fue el totalitarismo staliniano, cuando estaba en el PSOE y cuando pasó al PCE, la práctica del terror desde el poder (la mayor matanza de prisioneros de la guerra) y el intento de volver a la guerra civil con el maquis, que ocasionó miles de muertos en los años 40. Sus fracasos le llevaron a intentar la infiltración –y contaminación– ideológica, presentada cínicamente como "lucha por la libertad" (la misma libertad del Frente Popular), en universidades y fábricas, a apoyar a la ETA, difundir la falsedad histórica y enmascarar sus intenciones. No ha tenido España mayor enemigo de la democracia.

Se objetará que durante la Transición se portó razonablemente, y hasta cierto punto es verdad; por lo menos más razonablemente que Felipe González, como recuerdo en La Transiciónde cristal. Supo hacer de necesidad virtud, ante el peligro de quedarse en una ilegalidad que beneficiaría al PSOE. Porque, como acertó Torcuato Fernández-Miranda, la oposición solo aceptaría la reforma democrática si se sabía débil, y nadie mejor que Carrillo conocía su debilidad. De haber tenido más fuerza, habría impuesto su rupturismo frentepopulista. Fue Suárez quien desbarató la sabia orientación de Torcuato dilapidando con las izquierdas y los separatistas el capital político heredado. En todo caso, aquella conducta más o menos razonable de Carrillo no contrapesa ni de lejos sus crímenes anteriores; por otra parte mantuvo siempre su ideología, la más totalitaria, insistamos, del siglo XX.

Él hablaba por entonces de su deseo de firmar la condena a muerte de Franco. Del hombre que había salvado a España de la revolución querida por Carrillo, que había evitado a España la guerra mundial, derrotado su maquis guerracivilista, presidido una era de prosperidad sin precedentes, diluido los odios fratricidas de la república e inaugurado la paz –que continúa– más larga y fructífera vivida por España en varios siglos. No son opiniones, sino hechos constatables, y alguien tiene que recordarlos frente a la mentira rampante. Hechos que han permitido el paso a la democracia a pesar de la mediocridad, las demagogias y ligerezas de quienes dirigieron el tránsito, como creo haber mostrado en el libro citado. El hombre, en fin, a quien ahora retiran los honores los mismos políticos que los conceden a Carrillo.

Resulta que esos políticos, muchos de izquierda y casi todos los del PP, provienen, familiar o directamente, del régimen anterior, son hijos y nietos de quienes, con grandes sacrificios, impidieron a Carrillo y los suyos imponer sus ideas y prácticas en España. Esos políticos escupen sobre las tumbas de sus padres. Es un aspecto más de su insondable desvergüenza: las gentes de la triple corrupción –intelectual, económica y sexual– que extienden como una peste sobre el país. La náusea.

La pierna o la vida
La indemnización de 3 millones de euros por una pierna a Madina y de 70.000 por la vida de un general es peor que un agravio
HERMANN TERTSCH ABC 17 Diciembre 2010

AL final van a tener razón quienes dicen que en este país ya no se irritan más que los marcianos. Ya no debe de ser siquiera pasotismo, mera indolencia o resignación. Debe de ser un fenómeno colectivo de desactivación de la sensibilidad de los individuos. Parece que la sociedad española, sumida en sus cuitas particulares, angustiada por la precariedad de sus existencias personales y familiares, es incapaz ya de indignarse ni frente a la peor indignidad o injusticia. ¡Qué prácticos, Dios mío, que sólo nuestro bolsillo logra motivarnos! O deprimirnos. Si no llega a ser por la crisis económica, es posible que aún tuviéramos contenta con el Atila de León a una mayoría de los españoles, indiferente ante la impostura y la fechoría.

Como ven, yo sí me sigo irritando por la falta de irritación de los españoles, por su indiferencia ante tanta tropelía e injusticia. Hoy sólo les hablaré de una, que resulta insólito no haya generado una ola de indignación nacional. El general Justo Oreja fue asesinado por ETA en el año 2001. El 28 de junio de aquel año, una bomba colocada en una bicicleta junto a su domicilio de Madrid le causó gravísimas heridas. Murió un mes de sufrimiento más tarde, el 29 de julio. Ahora, tras el juicio a los dos terroristas acusados como autores de aquel crimen, se ha dictado la indemnización que habrá de cobrar su familia. La Audiencia Nacional ha estipulado que la viuda reciba 70.000 euros y los cuatro hijos 20.000 cada uno. Total, 150.000 euros. Es ya una cifra muy alejada de los 750.000 euros que recibieron hace tan sólo un mes la viuda y la hija de Manuel Indiano, concejal de Zumárraga también asesinado por ETA. Pero ese agravio comparativo es una pequeña broma ante el insulto que espera a cualquiera que busque criterios aplicados. Porque resulta que si la pobre familia de Justo Oreja recibe la mínima, la máxima indemnización jamás otorgada por un tribunal a una víctima de ETA —¡tres millones de euros!— la recibió Eduardo Madina, flamante secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso.

Madina perdió una pierna hasta la rodilla en un atentado, lo que todos lamentamos. Pero el señor Madina hace vida prácticamente normal y tiene comprobadas energías para ganarse su muy sabroso sueldo parlamentario mejorado. Hace buena vida social política y tiene siempre ganas y fuerzas para insultar a la oposición del PP, a la que parece considerar más peligrosa que a los amigos de la banda que le puso la bomba. La indemnización sin precedentes de tres millones —¡43 veces la indemnización a la viuda del general Oreja!— se justifica en el escrito con los «padecimientos físicos y psíquicos» y que el atentado le impidió seguir como profesional en el equipo de voleibol. ¿Pretende quizás alguien que los padecimientos psíquicos de la familia de Oreja fueron leves? ¿O leve su sufrimiento físico con la mitad del cuerpo quemado agonizando un mes? Que este escándalo pase inadvertido, que no provoque furia, es peor que triste. Y no para la viuda del general Oreja. Para todos nosotros.

Pujol contra Vargas Llosa
Vargaslloseando
Maite Nolla Libertad Digital 17 Diciembre 2010

¿Por qué reaccionó Pujol cómo reaccionó contra Vargas Llosa? Pues se puede pensar que porque el galardonado con el Premio Nobel es español y no nacionalista. O directamente antinacionalista; mucho mejor. Yo me decanto por otra versión: Pujol es un tipo rencoroso, que no soporta que la imagen que él mismo ha conseguido crear, a base de esconder la realidad, se cuestione y menos con tanta repercusión. Ya sé que el libro de Sánchez Dragó y Boadella se ha hecho famoso por las aventuras del primero con las lolitas japonesas, pero al margen de ello, en uno de los pasajes del libro se pone de manifiesto la diferencia entre el que piensa que Pujol es, al menos en apariencia, un tipo amable y moderado, y el que le conoce y sabe que estamos ante un gran cómico que se aprovecha de la primera impresión y del desconocimiento.

Se desmonta el mito del inteligentísimo hombre de estado si resulta que no sabe hacer otra cosa que sacar a pasear a Franco, cuando Vargas Llosa fue naturalizado español para evitar, como él mismo dice, que se convirtiera en un apátrida. Y si alguien que ha vivido el exilio tiene la sensación de que había más libertad en Barcelona en los años setenta que ahora, eso debería avergonzar al que gobernó durante veintitrés años en Cataluña.

El caso es que al margen de este incidente y de las respuestas que ha recibido Pujol de Pepe García Domínguez o de Arcadi Espada, Vargas Llosa también es parte de la actualidad política. Me refiero a que desde UPyD se quejan amargamente del trato de la prensa y de la opinión y de que no se ha hecho hincapié en la relación entre Vargas Llosa y el partido de Rosa Díez. Echarle la culpa a la prensa está feo, máxime después de que un partido nacional haya obtenido menos de seis mil votos en Cataluña; pero es que al menos desde Libertad Digital se dijo desde el primer día que la concesión del Premio Nobel a Vargas Llosa dejaba en muy mal lugar, por ejemplo, a la candidata en su momento del PPC, a cuenta del famoso manifiesto en defensa de la lengua común que uno promovió y otra no firmó por considerarlo innecesario en Cataluña. Lo que sorprende es que la mejor campaña política que suponía la concesión a Vargas Llosa del Nobel se haya desaprovechado de una manera tan estúpida. Lo mismo que el caso de Paco Caja y dejar que otros se atribuyeran sus méritos. ¿Cuánta gente sabía al ir a votar que Vargas Llosa era casi uno de los fundadores de UPyD? ¿Cuántas personas sabían que Paco Caja cerraba la lista de Rosa Díez por Barcelona? Tuvieron tiempo de sobras y oportunidades más que de sobras. Y cuando parecía que ya no tenían ni una cosa ni otra llegó el Nobel. No echen la culpa a los demás.

El violado derecho a la enseñanza en casa
EDITORIAL Libertad Digital 17 Diciembre 2010

Cuando un juez progresista tiene de su lado a la Ley para violar los derechos individuales suele hacer unas sentencias impecables. Eso no obsta para que, cuando no es así, torture el ordenamiento jurídico hasta el extremo para obligarle a confesar lo que quiere que confiese. Sin duda, las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña o la Ley de Igualdad se encuentran en el segundo caso. Desgraciadamente, la decisión de obligar a una familia a escolarizar a sus hijos pese a que les enseñaban en casa, y muy bien, parece jurídicamente impecable.

Es cierto que las principales violaciones de los derechos de los españoles se han producido por la vía de interpretar nuestra carta magna al progresista modo. Pero el problema es que nuestra Constitución tampoco venía de fábrica tan garantista como se nos quiere hacer creer. Así, en su artículo 27, el referido a la educación, protege el derecho de los padres a que sus hijos reciban la "formación moral y religiosa" que prefieran, pero nada más. Es cierto que, aunque hace obligatoria la educación básica, no impone la escolarización de los niños, por lo que abriría la puerta a la enseñanza en casa. Pero es un extremo que deja a los legisladores, y ya sabemos que en materia de educación nuestras leyes han sido todas izquierdistas, es decir, ruinosas tanto para la enseñanza como para la libertad.

El homeschooling, como se suele conocer a esta práctica por ser EEUU el país pionero en la materia, está en la práctica, aunque no explícitamente, prohibido por las leyes educativas progresistas. Pero no debería serlo si la ley se escribiera pensando en lo mejor para los niños, y no en lo que más satisfaga el ego y el ansia de poder de los pedagogos. En el gigante norteamericano existen dos millones de niños en edad escolar que reciben enseñanza en casa, con resultados mejores a la media. No resulta extraño, pues es evidente que tienen unos padres que se preocupan por su formación mucho más que la mayoría.

Ciertamente, existe el riesgo de que unos padres desalmados usen la excusa de la enseñanza en casa para no proporcionar una educación y un futuro a sus hijos, por las razones que sean. Pero esa excepción no debe llevar, en un Estado democrático que respete las libertades de sus ciudadanos, a prohibir la regla. Si se quiere, se pueden establecer controles como obligar a los niños educados en casa a someterse a exámenes a final de curso, o perseguir ese fraude como se persiguen otros, con denuncias e investigaciones policiales. Es muy tradicional de la izquierda poner los casos extremos como justificación para imponernos medidas draconianas para todos, pero es una lógica que no tiene sentido aplicar, y además es dañina para nuestras libertades.

Entre las muchas medidas que deben tomarse en materia educativa, entre las que habría que destacar la imposición a los pedagogos de una orden de alejamiento de por vida de cualquier organismo público encargado de la educación, está sin duda la regulación del derecho a educar a los hijos en casa. Mejoraría la calidad, ahorraría dinero público y aumentaría las libertades. Así que, por supuesto, ningún partido cogerá esta bandera.

Enseñanza en casa
Una sentencia política
Victoria Llopis Libertad Digital 17 Diciembre 2010

Tiene gracia que el Tribunal Constitucional haya evacuado justo hoy una sentencia sobre el llamado homeschooling. Y tiene gracia porque esta sentencia cae con estrépito sobre la opinión pública española que hace escasamente una semana conocía que el suspenso español en PISA era aún más profundo que en evaluaciones anteriores. Según el informe, en España el 20 por ciento de alumnos tiene un nivel de comprensión lectora que no garantiza su éxito en sus estudios. En el caso de Andalucía, Baleares y Canarias, el porcentaje asciende a un 25 por ciento. En el nivel 2, con un nivel considerado mínimo para lograr un aprendizaje básico, se halla sólo el 27 por ciento de los alumnos. En cuanto a las matemáticas, España sigue también por debajo de la media, con 483 puntos frente a los 496 de la OCDE. En competencias científicas, no hay mejora: 488 puntos, los mismos que en 2006 y por debajo de los 501 de la OCDE. Además, España tiene un porcentaje de repetidores muy superior a la media de los países de nuestro entorno –un 36 por ciento–, y que estos alumnos tienen bajo nivel a pesar de haber repetido curso. En los países con menos repetidores, como Finlandia, este dato sólo llega al 5 por ciento.

Igualmente, la Fundación Santamaría daba a conocer hace escasos días otro demoledor informe en el que constataba que la desmotivación de la juventud española sobre su futuro es total: el 46% de la generación comprendida entre 15 y 24 años declara su falta de confianza en un futuro prometedor, independientemente de la crisis económica, y más de uno de cada tres considera que por muchos esfuerzos que uno haga en la vida nunca se consigue lo que se desea.

También hace pocos días se daba cuenta de una sentencia por el que resultaba condenada una madre que pegó a la profesora de su hijo a cuenta de un bocadillo, en un caso más de violencia física contra los profesores como escalón final del desprestigio del profesorado por parte de la sociedad.

En este contexto, si uno sale a la calle a hacer una encuesta y pregunta a la gente normal para qué lleva a sus hijos al colegio, le dirán que para que aprenda cosas: a leer y escribir, a hacer cuentas y a conocer algo sobre el mundo que les rodea; a lo mejor incluso para que aprenda un poco de inglés, que siempre viene bien. En definitiva, para que aprenda algo que le sirva para su futuro. Seguramente la mayoría de las familias no se plantean grandes objetivos culturales, les basta con que su paso por el colegio les sirva para encontrar un buen trabajo el día de mañana.

Lo malo es que en la España de la Logse-LOE, eso ya no es así. Los centros escolares son meras guarderías donde simplemente los niños permanecen ahí de los 6 –o antes– hasta los 16, con independencia de que quieran o no, consigan o no, les interese o no saber algo sobre algo. Pasarán por imperativo legal estén como estén, si ya han repetido un curso en cada etapa; y aunque no sepan casi leer ni escribir, ni que "cónyuge" no se dice "cónyugue", tendrán su certificado de ESO y aterrizarán sobre el mercado laboral para engrosar las listas del Inem.

Pues bien; en medio del marasmo que certifica PISA, de la descomposición que afecta a la mayoría de los centros públicos que se han convertido en ciudades sin ley donde no hay autoridad ni respeto por el profesor, donde la rebaja de los contenidos –para evitar que el fracaso escolar oficial sea tan masivo como en la realidad es– raya en el analfabetismo funcional, y sobre todo, en medio de una escuela convertida escandalosamente en vehículo de adoctrinamiento político –léase Educación para la Ciudadanía y todo su cortejo–, el esfuerzo de unas familias que han conseguido sustraer a sus hijos de esta debacle y darles una educación que les ha proporcionado llegar a hablar cinco idiomas, tocar instrumentos, dominar todos los objetivos de instrucción previstos en los programas de matemáticas, ciencias, etc, y tener una vida social tan satisfactoria como los que más, ¿viene la Sra. Casas a decirnos que no puede ser, que tienen que ir a los centros de burricie oficial? ¿Cuál es la pega, señora mía? ¿Es que teme el Tribunal Constitucional que esos niños no se instruyan bien y peligre su formación académica? A la vista está que no. La razón es simple y evidente: el Estado no quiere a nadie fuera del circuito.

Al comentar el informe PISA 2006 ya decíamos que antes de la Logse, el sistema oficial de enseñanza era un medio de promoción social, con independencia del nivel previo socio-económico y cultural de las familias.Recordaba que J.F. Revel decía en El Conocimiento Inútil que "la decadencia que viene sufriendo la enseñanza desde hace 30 años es consecuencia de una opción deliberada, según la cual la escuela no debe tener por función transmitir conocimientos". La Logse supuso la imposición de toda una doctrina pedagógica, la ideologización total, y probablemente irreversible, de la enseñanza pública española. Y añadía Revel: "para mí sigue siendo una incógnita el grado de voluntariedad de la izquierda occidental cuando ha ido tomando decisiones que iban a conducir necesariamente a la universalización de la ignorancia". Los 30 años transcurridos nos han despejado la incógnita: la escuela ha sido tomada como herramienta revolucionaria de cambio social por el adoctrinamiento obligatorio y universal. Por eso, los homeschoolers son incómodos, aunque sean minoritarios; recuerdan que hay vida –¡y qué vida!– fuera del circuito estatal.

Afortunadamente, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 14 dice que "se respeta el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas." Nótese lo de "pedagógicas". Ánimo, homoschoolers. Acudan a Estrasburgo. En el resto de Europa sí hay homeschooling. Y que cunda.

¿Habrá siempre democracia?
La crisis hace visibles las tendencias de nuestro sistema político. Asfixiado por múltiples restricciones, el poder representativo es crecientemente impotente. Poderes no elegidos democráticamente mandan mucho más
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA El País 17 Diciembre 2010

Resulta quimérico pensar en un régimen político perenne, que sobreviva indefinidamente, al margen de cambios sociales y económicos. La democracia, como todas las demás formas políticas que le han precedido, en algún momento dejará de existir y será sustituida por un sistema distinto. ¿Qué puede venir a continuación? ¿Cómo se tomarán las decisiones colectivas? ¿Quién decidirá?

La pregunta puede parecer de imposible respuesta. ¿Acaso alguien puede osar saber lo que sucederá en el largo plazo? Probablemente no. Sin embargo, la mera especulación sobre ese futuro incierto nos obliga a plantearnos cuestiones difíciles sobre el presente democrático. La crisis económica en la que nos encontramos nos da algunas pistas de por dónde puede evolucionar la democracia en el futuro. La crisis, en cierto sentido, ha hecho visibles algunas tendencias subterráneas que determinarán el sino de nuestro sistema político.

Creo que las democracias desarrolladas que conocemos, las llamadas democracias liberales, se construyen sobre dos principios complementarios. Por un lado, el principio de igualdad política, en virtud del cual todos los ciudadanos, con independencia de su género, edad, etnia, riqueza, educación, etcétera, tienen el mismo derecho a participar en la vida política. Nadie puede ser discriminado por alguno de los motivos mencionados. La libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho de voto son manifestaciones claras del principio de igualdad.

Por otro lado, el principio de autogobierno, que establece que las decisiones colectivas han de tomarse en función de las preferencias de los ciudadanos y no en función del criterio de los sabios, los aristócratas, la divinidad o los poderosos. Teniendo en cuenta que los ciudadanos, casi siempre, se encuentran divididos y tienen ideas distintas sobre lo que debe hacerse, se recurre a la regla de mayoría, que es la regla que minimiza el número de gente que está en desacuerdo con la decisión adoptada. La cuestión es que, haya mayor o menor división en el seno de la sociedad, la decisión colectiva final se tome de acuerdo con lo que la gente piensa.

Ninguno de estos dos principios por separado, ya sea el de igualdad o el de autogobierno, es suficiente para justificar la democracia. El principio de igualdad, por ejemplo, es compatible con un sistema político en el que los cargos públicos se repartan por lotería o en el que se llegue a gobernante mediante oposición. Por su parte, el principio de autogobierno no requiere elecciones, siempre y cuando el gobernante actúe de acuerdo con los deseos de sus ciudadanos. La democracia es fruto del hermanamiento entre ambos principios: si todos los ciudadanos son iguales políticamente y las decisiones colectivas se toman en función de las preferencias individuales, lo que resulta son las democracias liberales de nuestro tiempo.

Pues bien, creo que la tendencia de nuestra época, agravada durante la crisis económica, consiste en ir abandonando paulatinamente el principio del autogobierno. Mientras que los derechos que garantizan la igualdad política se mantienen estables y tienen una solidez envidiable, las decisiones de los representantes políticos cada vez guardan una conexión más lejana con las preferencias individuales de los ciudadanos.

Esto no se debe necesariamente a que los políticos traicionen a sus electores. Más bien es consecuencia de la cantidad asfixiante de restricciones a las que está sujeto el poder representativo. Son tantas las limitaciones legales y materiales de los Gobiernos, que estos cada vez tienen menor capacidad para gobernar y llevar a cabo las promesas electorales por las que fueron elegidos.

Así, los Gobiernos han de actuar dentro de los estrechos márgenes que les dejan los tribunales constitucionales, los bancos centrales independientes, las agencias reguladoras y las instituciones supranacionales a las que deben obediencia. Y han de responder además a las presiones materiales de los mercados y los poderes económicos. En estos momentos de crisis, por ejemplo, los gobernantes de los países democráticos parecen contentarse con no ahogarse en la tormenta financiera, sacando la cabeza por encima del agua, pero sin conciencia de la dirección en la que les empuja la tempestad.

Es muy preocupante que en la esfera pública vaya cundiendo la impresión de que el buen gobernante, el hombre de Estado, es aquel que abandona los compromisos adquiridos con la ciudadanía y adopta, por "responsabilidad", medidas impopulares. Parece como si el certificado de buena conducta del gobernante se expidiera en función del grado de impopularidad de la política llevada a cabo.

La crisis nos señala, de forma muy cruda, cuál es la tendencia dominante: una desconfianza creciente hacia el poder representativo en beneficio de instituciones y centros de poder sin legitimación democrática. El principio de que las decisiones colectivas sean fruto de las preferencias ciudadanas está en franca retirada. El peso de los expertos y de instancias de poder no representativo, el prestigio de las decisiones impopulares y la desconfianza hacia los políticos ponen en serios aprietos el ideal del autogobierno.

Como en esas novelas de ciencia ficción que, pese a situarse en mundos remotos y lejanos en el tiempo, terminan aludiendo a nuestra condición presente, cabe imaginar un futuro en el que la democracia haya evolucionado hacia un sistema caracterizado por el respeto a los derechos fundamentales de las personas y por el mantenimiento de ámbitos de libertad importantes. Una vez que se disfruta de la libertad, es poco probable que se renuncie a un bien tan preciado. La libertad es una conquista irrenunciable e irreversible. Pero en este mundo por venir, la libertad de cada uno no podrá apenas utilizarse para definir proyectos colectivos que se lleven a la práctica. Seguirá habiendo libertad de opinión, más incluso que antes si cabe, pero sin la posibilidad de que las opiniones de la gente sean el criterio a seguir en la toma de decisiones políticas.

No cabe descartar entonces que los Gobiernos dejen de ser representativos en algún momento. Eso no quiere decir que vayan a actuar siempre al margen del sentir mayoritario de la sociedad, pero si atienden a las demandas ciudadanas será en todo caso por cálculo o conveniencia, no porque el sistema político se construya en torno al principio de que las decisiones colectivas estén determinadas por las preferencias individuales. Con seguridad seguirán existiendo medios de comunicación libres, grupos de presión y toda clase de asociaciones, pero quizá no partidos políticos. En la hipótesis más favorable, se mantendrían las elecciones, pero los candidatos y sus plataformas de apoyo tratarían de destacar sobre sus rivales únicamente por su capacidad de gestión y no por sus diferencias ideológicas. Y si la integración supranacional continúa, la relación entre la ciudadanía y los decisores será cada vez más débil, como ya se aprecia en el funcionamiento de la Unión Europea.

El principio liberal seguirá ganando peso frente al principio democrático. Habrá, por tanto, algo parecido a un Estado de derecho, a escala supranacional probablemente, que garantice tanto los derechos individuales como el entramado institucional que requiere una economía capitalista global. En ese marco, la gente tendrá capacidad de influencia sobre todo en el ámbito local, donde podrían desarrollarse prácticas democráticas más puras que las que conocemos actualmente, pero sin que los cambios locales puedan en todo caso extenderse más allá, derivando en cambios sociales de mayor alcance.

El futuro que nos aguarda no creo que pase por Gobiernos despóticos o autoritarios. Sí, en cambio, por formas de dominación difusas y tecnocráticas, compatibles con el ejercicio de la libertad individual. Sería el triunfo del liberalismo, que siempre ha mantenido una relación incómoda y tensa con el principio democrático.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense y autor de Más democracia, menos liberalismo (Katz).

Israel
Los enemigos de mis amigos...
GEES Libertad Digital 17 Diciembre 2010

La decisión de Brasil y Argentina de dar el estatus de Estado a Palestina ha creado malestar en Israel. Son el sexto y el séptimo país de América Latina en anunciar tal reconocimiento después de Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Uruguay y Bolivia. Se apunta a que el próximo año se podrían sumar Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador y El Salvador. Algunos de ellos tienen una larga trayectoria de amistad con Israel.

¿Por qué un reconocimiento anticipado de un Estado palestino? Dicen los respectivos Gobiernos latinoamericanos que responden al llamamiento hecho por el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, en favor de la paz. Pero lo que de verdad están apoyando es a una organización que no tiene el control sobre todos los territorios palestinos porque allí las fuerzas que tienen influencia responden en su mayoría a movimientos terroristas que niegan la existencia del Estado de Israel. Alguien tendría que haber valorado si estos reconocimientos suponen compartir la visión de la política internacional de los terroristas islamistas. Se trata por tanto de una decisión unilateral y contraproducente porque envía el mensaje a los palestinos de que no necesitan lograr la paz ni renunciar al terrorismo para ganar el reconocimiento de un Estado soberano.

¿Y como se ha llegado a este paso en Iberoamérica? Pues en parte por la influencia de Chávez y del denominado eje bolivariano –que salvo Ecuador todos han reconocido el Estado Palestino con capital en Jerusalén–, y también la creciente influencia y penetración de Irán en la región. Ya se sabe: los enemigos de mis amigos también serán enemigos míos.

Ese continuo acercamiento iraní a Iberoamérica en los últimos años, llevado a cabo de la mano de Venezuela, responde principalmente a la búsqueda de nuevos aliados diplomáticos en un momento de aislamiento internacional del Gobierno de Teherán por su programa de enriquecimiento de uranio. Ahmadineyad ha elegido a unos dirigentes regionales dispuestos a luchar contra el "imperialismo" de Washington y contra la hegemonía político-económica de Occidente, que encima se encuentran en el patio trasero de Estados Unidos. Y ya se sabe cómo se lleva Irán con Israel.

Los Castro, Chávez, Ortega y Morales han abierto la puerta al fanatismo de Ahmadinejad. Otra historia es Brasil, potencia regional y aspirante a líder global, que dice no querer subordinarse a ninguna potencia –en especial a Estados Unidos– y cuyas relaciones con Irán responden a intereses económicos y a sus propios aires de grandeza. Por eso el reconocimiento de Brasilia de un Estado palestino no ha sorprendido, como sí lo ha hecho el de Argentina, cuya relación con Irán ha estado marcada durante años por el caso AMIA, el atentado contra el centro comunitario judío de Buenos Aires en 1994.

Pero si alguien cree que la campaña de la Autoridad Nacional Palestina para lograr el reconocimiento de la independencia de un Estado Palestino es nueva y fruto de la última paralización de las negociaciones, se equivoca. Llevan más de año y medio volcados en ello y con el ojo puesto principalmente en la Unión Europea. Los europeos hasta ahora se han resistido a las peticiones palestinas aunque Lady Ashton, la principal responsable diplomática europea, empezó su cargo hace casi un año emprendiéndola a tortas con Israel, empeño al que se han sumado ahora Felipe González y Javier Solana. También Moratinos y Kouchner publicaron un artículo promoviendo el reconocimiento de un Estado palestino Así que nos pueden sorprender por cualquier lado, porque olvidan que cualquier paso en este sentido sólo tendría consecuencias fatales para las negociaciones y el futuro de la región. Son el peor impulso a la paz: premiar comportamientos inadmisibles.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Coyuntura
La deuda autonómica se dispara un 27,3% y supera por primera vez el 10% del PIB
El endeudamiento de los ayuntamientos crece un 4,3% y la deuda pública total roza el 60% del PIB. La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el tercer trimestre fue nuevamente Cataluña.
Madrid - Efe La Razón 17 Diciembre 2010

La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 27,3% en el tercer trimestre del año en comparación con igual periodo de 2009, hasta registrar 107.624 millones de euros (10,2% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.

De esta forma, el endeudamiento autonómico se ha acentuado como consecuencia de la crisis económica, que está provocando un incremento de los gastos y una caída muy importante de la recaudación.

Los datos del Banco de España muestran además que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

Los ayuntamientos han seguido la misma tendencia que las comunidades y su endeudamiento alcanzó en el tercer trimestre los 36.226 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la deuda de la Administración Central repuntó en el mismo periodo un 15%, hasta los 467.348 millones de euros, lo que representa el 44,1% del PIB.

Como consecuencia de la aceleración del endeudamiento de todas las administraciones, la deuda pública en España (Estado Central, comunidades autónomas y ayuntamientos) alcanzó en el tercer trimestre los 611.198 millones de euros, el 57,7% del PIB, rozando la tasa del 60%, el máximo previsto en el Tratado de Maastricht para los países del euro.

CATALUÑA LIDERA. Cataluña encabeza las deudas
La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el tercer trimestre fue nuevamente Cataluña, con 30.304 millones de euros, cantidad que representa el 28% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.

Después de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (16.365 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 12.583 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55% del total del endeudamiento regional.

A continuación, figuran Andalucía (11.384 millones de euros), Galicia (5.809 millones), Castilla-La Mancha (5.327 millones), País Vasco (4.105 millones), Baleares (4.024 millones), Castilla y León (3.660 millones de euros), Canarias (3.392 millones), Aragón (2.625 millones), y Murcia (2.016 millones).

Completan la lista Navarra (1.544 millones), Extremadura (1.457 millones), Asturias (1.407 millones), Cantabria (881 millones de euros) y La Rioja (739 millones).

En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad autónoma logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año, destacando el incremento del 143% en el caso de País Vasco, el 63% de Canarias, el 44% de Navarra o el 51% de Murcia.

Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana vuelve un trimestre más a situarse a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 16% de su PIB, seguida de Cataluña (15,4%), Baleares (15,2%), Castilla-La Mancha (15,1%), y Galicia (10,6%), todas ellas por encima de la media (10,2%).

Los porcentajes son menores en La Rioja (9,4%), Navarra (8,4%), Canarias (8,1%), Andalucía (7,9%), Extremadura (8,2%), Aragón (8%), Murcia (7,4%), Madrid (6,6%), Castilla y León (6,5%), Cantabria (6,5%), País Vasco (6,2%) y Asturias (6,2%).

Los ayuntamientos deben un 4,6% más
Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 36.226 millones de euros en el tercer trimestre en relación a igual periodo de 2009, el equivalente al 3,4% del PIB, lo que representa un aumento del 4,6% sobre el mismo periodo del ejercicio precedente.

Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.127 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 3,6%, y de esta cifra, 14.689 millones pertenecen a capitales de provincia.

La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.755 millones de euros, lo que supone prácticamente un estancamiento (+0,2%) respecto al mismo periodo de 2009.

No obstante, destaca el incremento del 9,5% de la deuda del consistorio de Barcelona, que sumó 794 millones de euros, y el de Valencia, que elevó su endeudamiento un 10,3%, hasta los 872 millones de euros.

La deuda del Ayuntamiento de Madrid (7.134 millones) es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, y además es casi diez veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, representa un descenso del 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Cuestión de adjetivos
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 17 Diciembre 2010

Rufi Etxeberria predijo ayer que ETA va a dar «una respuesta positiva» a la petición de tregua que le han formulado los firmantes de la declaración de Bruselas y la propia Batasuna. Llevan tantos meses esperando esa respuesta que algún día de estos acertarán y ETA sacará un comunicado. En septiembre, sin ir más lejos, la banda hizo tres declaraciones y las cosas siguieron como estaban.

Lo que esperan los firmantes de las declaraciones de Bruselas y Gernika es que ETA anuncie una tregua permanente, verificable y unilateral. Lo que espera el resto de los ciudadanos es que la banda terrorista renuncie definitivamente a las armas. La diferencia parece una cuestión de adjetivos, pero en realidad es de sustantivos.

Permanente fue el calificativo que ETA le dio a la tregua del año 2006. Se lo pidió Jesús Eguiguren a 'Josu Ternera' porque «había que utilizar otra terminología más impactante» que la empleada en 1998 cuando el alto el fuego fue bautizado como «indefinido». A la hora de la verdad a ETA le dio lo mismo un adjetivo que otro.

Volvió a matar cuando le dio la gana. Así que si ahora vuelve a decir que su tregua es permanente estaremos de nuevo ante un intento de vender mercancía averiada.

Le añaden en esta ocasión el calificativo de verificable y se ofrece Brian Currin con varios de los suyos para hacer de verificador. El 2 de septiembre de 1999, en plena tregua, el entonces jefe de los comandos de ETA, 'Txapote', recogió a sus subordinados Guillermo Merino y a Patxi Rementería, los llevó a una casa de cursillos, les impartió adiestramiento durante cinco días y los mandó a Vizcaya el día 12 con órdenes para poner en marcha un nuevo comando y empezar a atentar.

¿Si en una futura tregua la banda hiciera algo parecido, estarían Brian Currin y sus verificadores capacitados para enterarse de algo así? ¿Podrían esos verificadores enterarse de que el 'Txeroki' de turno ha enviado a un comando a volar la terminal 4 de Barajas en plena tregua? En absoluto. Sólo los cuerpos policiales españoles y franceses podrían obtener este tipo de información y, por desgracia, no en todas las ocasiones.

Son esclarecedoras las palabras de John Alderdice, miembro de la comisión que supervisó el alto el fuego en Irlanda del Norte, recogidas por Íñigo Gurruchaga en EL CORREO del pasado día 5. Alderdice reconocía que sin el apoyo de los gobiernos, y por tanto de los servicios policiales españoles y franceses, esa comisión de supervisión no podría funcionar.

La capacidad de una supervisión real de una organización clandestina como ETA por parte de una comisión como la que promueve Currin es muy limitada, por no decir nula. A no ser que se aplicara el modelo de la guerrilla salvadoreña, concentrando en campamentos a los miembros de ETA para poder controlarlos. Además, en 2006 también el Gobierno se ocupó de verificar la realidad de la tregua sin que ello evitara que ETA robara armas, formara comandos, reclutara nuevos militantes y siguiera extorsionando.

Queda el tercer adjetivo, el de unilateral. Valdría si se aplicara al abandono definitivo de las armas como planteaba el antiguo miembro del comando Vizcaya Alfonso Etxegarai (Egin 22-2-94) cuando señalaba que «podemos abandonar la lucha armada antes o después, pero no negociarla». «La podemos abandonar porque lleguemos al convencimiento de que ya no da más de sí o porque la vemos innecesaria en una etapa dada de la lucha», indicaba, añadiendo que «las decisiones sobre la lucha armada las deberíamos tomar internamente y no en una mesa de negociación con el enemigo».

El problema, en realidad, no son las adjetivos, sino lo sustantivo, el término tregua, que va asociado a lo temporal, al cese de las armas durante un periodo, y lo que se demanda es el abandono definitivo del terrorismo, no un paréntesis.

Incoherencias
Milagro de la Navidad: los nacionalistas santifican la presencia en sus aeropuertos de las «fuerzas de ocupación»
IGNACIO CAMACHO ABC 17 Diciembre 2010

DA gusto ver a esos nacionalistas del PNV votar como un solo hombre el estado de alarma que permite al Ejército tomar el control de la torre de ídem del aeropuerto de Sondika-Loiu, esa especie de halcón curvo que parece vigilar el simbólico vuelo de la enorme paloma de hormigón diseñada en mitad de un verde valle por Santiago Calatrava. Por esas cosas de la política, la compraventa de favores y tal, los aguerridos abertzales que llevan treinta años cuestionando la presencia militar en Euskadi han inclinado su orgullosa cerviz para autorizar que un puñado de uniformes vigile el ordenado tránsito navideño de los vascos y las vascas, que decía el profesor Ibarretxe. Estos altivos representantes de la soberanía euskaldun son los que no hace mucho organizaron un aquelarre de desagravio porque unos soldados clavaron la bandera española en lo alto del monte Gorbea; allá subieron después los jeltzalesa conjurar el sacrilegio en una procesión de cánticos e ikurriñas, que sólo les faltó llevar con ellos un exorcista. Y ahora, miren por dónde, los que consideran a las Fuerzas Armadas una espuria tropa de ocupación les tienden la alfombra para que cuiden de que los ciudadanos presuntamente ocupados puedan recibir sin sobresaltos a los familiares que, como el turrón, vuelven a casa por Navidad, y amparan su salvífica presencia con un manto de aprobación legislativa para que no se resfríen.

Pero no ha sido esta paulina conversión militarista la única incoherencia del carnaval en que se ha convertido la crisis de los controladores. El Partido Popular, después de pasarse una semana tronando —con razón jurídica y moral—contra el aberrante estado de alarma preventiva, optó por ponerse de perfil según el acreditado estilo gallego de su líder. Ni sí ni no sino todo lo contrario. Mirada al tendido y a silbar, no vaya a ser que se arme otro lío y les salpique la cólera ciudadana. Con dieciocho puntos de ventaja en los sondeos tiene cierta lógica que la prioridad de Rajoy consista en no cometer errores y dejar que el Ejecutivo se equivoque solo como acostumbra, pero alguna vez el hombre que aspira a ser presidente tendrá que dar su opinión más allá del eclecticismo. Lo criticable del caso no es la abstención en sí misma, que viene a expresar una sensata desconfianza simultánea en las dos partes del conflicto, sino la contradicción entre el énfasis previo en la crítica y el lavado de manos final ante una medida de excepción abusiva.

Con tan extraña confluencia de paradojas políticas, los españoles viviremos en estado de alarma —motivos tenemos, pero son otros— hasta el 15 de enero. Es lo que quería el Gobierno, forzado por su propia incompetencia a echarse en manos de la milicia. Sólo que la democracia es un régimen civil en el que el recurso al Ejército siempre constituye un fracaso de la política.

Rearme de Segi
Editoriales ABC 17 Diciembre 2010

La detención de seis nuevos miembros de la organización Segi, ilegalizada en su día por el Supremo, y de dos abogados defensores de ETA representa un nuevo golpe para las aspiraciones de quienes ilegalmente pretenden mantener en pie el andamiaje social y «político» del terrorismo. Mientras los mal llamados «posibilistas» insinúan condenas de la violencia que realmente nunca rubrican, otros se encargan en la sombra de rearmar a la banda terrorista y nutrir a su brazo «político». Segi, como antes Xaki, EKIN o Batasuna, son sinónimos de terror. Y contra ellos, de nada vale atender a cantos de sirenas. Sólo sirven las Fuerzas de Seguridad y la Justicia.

Las dos almas del PSC
Alfonso Guerra, al referirse al triunfo del alma catalanista del socialismo catalán, habló del rapto de la Federación Catalana del PSOE por el PSC
MIQUEL PORTA PERALES ABC Cataluña 17 Diciembre 2010

Desde su fundación —el 16 de julio de 1978, fruto de la unificación del Partit Socialista de Catalunya (Congrés), el Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) y la Federación Catalana del PSOE—, el Partit dels Socialistes de Catalunya ha vivido una serie de querellas internas entre las llamadas almas catalanista y españolista.

Ya en su origen apareció el conflicto entre la tradición socialista catalana y la española. La primera —anticentralista y antiestatista— bebía en las fuentes del catalanismo, el anarcosindicalismo, el cooperativismo, la autogestión y el cristianismo social. La segunda —centralista y estatista— procedía del obrerismo clásico made in PSOE. Este conflicto inicial se resolvió en el II Congreso del PSC (1980) con el triunfo de los catalanistas frente a los miembros de la antigua Federación Catalana del PSOE que entendían que el partido no debía ser nacionalista. En su día, Alfonso Guerra, al referirse a este triunfo, habló del rapto de la Federación Catalana del PSOE por el PSC. Vale decir que el PSOE reconoció las resoluciones procatalanistas del Congreso.

La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA, 1981), rechazada por el PSC catalanista y asumida por el españolista, que se negó a trasladar al PSOE las enmiendas aprobadas por la Ejecutiva del socialismo catalán, dio lugar al segundo conflicto. La victoria del PSOE en las generales de 1982 restauró la unidad perdida. Unidad que se explica por la hegemonía del alma catalanista (Raimon Obiols o Narcís Serra) en detrimento de la españolista (Ernest Lluch, Eduardo Martín Toval, Josep Maria Triginer). En el VII Congreso del PSC (1994), el alma españolista —los «capitanes»— ganó la partida a la catalanista. El detalle: el alma españolista controlaba el partido, pero la cúpula seguía en manos de catalanistas como Raimon Obiols o Narcís Serra. Finalmente, en el IX Congreso (2000) los capitanes destronaron a los catalanistas y José Montilla fue nombrado primer secretario del PSC. Cierto es: el catalanista Pasqual Maragall fue candidato a la Generalitat y presidente de la misma en 2003. Duró lo que duró y se le apartó cuando convino.

Llegado al poder, el PSC de Montilla vivió una singular mertamorfosis. El PSC —¿oportunismo? ¿conversión sobrevenida?—, en lugar de marcar diferencias con el nacionalismo, se subió al carro. La resurrección del alma catalanista ha tomado cuerpo en la política lingüística, educativa y cultural de la Generalitat. Y en el amago de insumisión ante la sentencia restrictiva del TC sobre el Estatuto. Lo que resulta sorprendente es que esta Santa Alianza entre socialismo y nacionalismo se empaquetara y vendiera como una manifestación del progreso. Que el invento no funcionaba, lo constató el propio Montilla cuando, en plena precampaña electoral, cambió el discurso, la táctica y la estratégica distanciándose del nacionalismo. El alma españolista despertó tarde y el 28 de noviembre pasó lo que pasó. El PSC, además de hacer frente a la crisis ideológica que padece la izquierda, debe decidir cuál es la sustancia que informa su cuerpo. Es decir, cuál es su alma. Lo dijo el filósofo Antonio Machín: no se puede tener dos amores a la vez y no estar loco. No se puede tener dos almas a la vez sin perder proyecto, votos, elecciones, cargos, presupuesto y poder. El problema no es teológico, sino político.

Actualidad
El PSE y el PP le dan 400.000 euros a las ikastolas de Francia
Patxi López y Antonio Basagoiti acuerdan eliminar estas ayudas en 2012
 www.lavozlibre.es 17 Diciembre 2010

Madrid.- El PSE y el PP han visto como el Gobierno vasco de Patxi López mantendrá las ayudas a las ikastolas de Francia en plena crisis. Concederá 400.000 euros anuales en el año 2011. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendía.

Estas ayudas no estaban previstas este año en los presupuestos vascos, pero finalmente se van a materializar para posibilitar que proyectos iniciados ya por estas ikastolas, gracias a las subvenciones (1,1 millones de euros) otorgadas por el anterior Gobierno vasco , puedan completarse.

Aunque el PP ha mostrado públicamente su postura contraria a la concesión de este tipo de ayudas, Idoia Mendía decía que la formación de Antonio Basagoiti estaba al tanto de la medida y que no iba a poner trabas. Sin embargo, su secretario general en el País Vasco, Iñaki Oyarzábal, afirmaba que "no tiene ningún sentido" financiar a empresas privadas del sur de Francia que, al final, "lo único que sirven es para formar estructura nacionalista allí".

Lo curioso de esas manifestaciones es que se producen dos días después de que el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, visitara por primera vez Euskaltzaindia, en cuya sede dijo que su partido tiene el compromiso de mantener "vivo" el euskera "con independencia de ideologías y colores políticos" y "refriegas sectarias".

Por su parte, el parlamentario del PSE Vicente Reyes, que defendió canalizar todas las ayudas a través de la oficina pública de la lengua vasca, dijo que "este Gobierno no ha querido entrar como un elefante en una cacharrería". Afirmó que el departamento de Cultura se vio forzado a suscribir con Seaska un convenio por 1,2 millones de euros hasta 2012 porque con estas ayudas el Gobierno de Ibarretxe generó unas expectativas de gasto en las ikastolas. Por tanto, cortarlas en seco -como pedía UPyD- "sería una irresponsabilidad desde el punto de vista de la defensa del euskera".

EN 2012 SÍ CORTARÁN EL GRIFO
Las ikastolas de Francia dependerán de sus propios recursos y de las ayudas que les pueda dar el Estado francés a partir de 2012. PSE-EE y PP unieron sus votos este jueves, 16 de diciembre, para sacar adelante una iniciativa por la que se insta al Gobierno de Patxi López a "no acordar subvención alguna a los centros educativos privados situados fuera.

Los argumentos esgrimidos por los socios de gobierno para justificar la eliminación de esta partida han sido dos, la crisis económica y que la escolarización en Iparralde (el País Vasco francés) es competencia exclusiva de la Administración gala.

Aunque finalmente estas subvenciones tienen fecha de caducidad, en el año 2011 se seguirá ayudando económicamente a las ikastolas de Francia y no se llevará a cabo lo defendido por UPyD, que instó al Gobierno vasco a eliminar las concesiones a las ikastolas en el país galo en el próximo año.

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