AGLI

Recortes de Prensa   Domingo  26  Diciembre  2010

 

La Cataluña del partido único
EDITORIAL Libertad Digital  26 Diciembre 2010

El debate de investidura del candidato de Convergencia y Unión, Artur Mas, como presidente de la Generalidad de Cataluña, ha disipado cualquier duda acerca del objetivo político de esta nueva legislatura pilotada por CIU que, en lo esencial, no se va a distinguir de la muy lamentable trayectoria de los anteriores ejecutivos fruto del acuerdo tripartito entre las fuerzas nacionalistas y de izquierda.

La erradicación de la lengua común de todos los españoles y la persecución de los que pretendan lo contrario en ese territorio, el establecimiento de un marco de financiación injusto y anticonstitucional, la decisión formal de no acatar las sentencias judiciales o la amenaza de secesión de esa parte de España salvo que la aritmética política en la política nacional aconseje lo contrario, son los grandes ejes esbozados por el candidato investido tan sólo con leves toques de maquillaje ideológico con los que, en definitiva, la rebelión institucional de un órgano del Estado como lo es la comunidad autónoma pretende adquirir carta de naturaleza. El hecho de que el partido político que sostiene al Gobierno de la nación se muestre entusiasmado con este programa de radicalismo inverecundo y anticonstitucional, añade una recia dosis de vergüenza colectiva a esta gravísima decisión que alguna vez esos dirigentes actuales tendrán que explicar sus votantes.

En esencia, lo que pretende Artur Mas es aplicar cierto decoro a la gestión económica de una institución devastada como la Generalidad para mejorar la herencia tripartita, algo al alcance de cualquier político dada la forma en que se han conducido siempre los incompetentes comandados primero por Maragall y más tarde por Montilla. En el resto de asuntos que competen a su jurisdicción política, el nuevo Gobierno que tomará posesión esta próxima semana no sólo comparte la visión de sus tristes antecesores, sino que se muestra dispuesto a intensificar su acción en todas aquellas materias que conduzcan al establecimiento de una sociedad nacionalista, usufructuando la riqueza de otras regiones mientras llega la independencia a modo de un peaje que incomprensiblemente el resto de los españoles nos vemos condenados a pagar generación tras generación.

Ese, y no otro, es el objetivo del nacionalismo identitario a pesar de que, en ocasiones, haya querido verse a los dirigentes de CiU como políticos sensatos en los que se puede confiar más allá de sus concesiones al separatismo, tomadas tradicionalmente como una excentricidad elaborada en clave interna electoral. De extravagancias, nada de nada. Artur Mas tiene decidido llevar el proyecto político de un camaleónico Pujol hasta sus últimas consecuencias. Por desgracia, la penosa situación política de la España de Zapatero ofrece a estos y al resto de nacionalistas una ocasión inmejorable.

La Europa descabalgada
FERNANDO SAVATER El Correo 26 Diciembre 2010

En una de las óperas más curiosas y divertidas de Rossini, 'Il viaggio a Reims', una serie ciudadanos de cada uno de los países europeos que pretenden viajar a Reims para una trascendental celebración principesca se ven retenidos en una posada y obligados a convivir porque carecen de caballos que les permitan realizar su viaje. Me parece que este libreto es una excelente metáfora 'avant la lettre' de la situación de relativo desconcierto que vive actualmente la Unión Europea. Los países europeos no tienen más remedio que permanecer juntos en muchos esenciales aspectos sociales, culturales y económicos pero parecen incapaces de ir más allá y avanzar hacia objetivos más ambiciosos, aunque a la larga no menos necesarios. Por lo visto les faltan los imprescindibles caballos de proyectos comunes no meramente subsidiarios y de unas convicciones y valores democráticos compartidos.

Los cargos más relevantes de la UE indican con claridad que nuestros Estados no están dispuestos a apostar por un liderazgo inequívocamente fuerte para la empresa común. Se ha preferido optar por figuras de perfil bajo y moderado, capaces de crear consensos o de resignarnos a ellos. Y se establece como un axioma que los ciudadanos europeos no quieren configurar una Unión de perfil más enérgico y acusado, ni convertir a Europa en una potencia mundial, sobre todo en el campo militar, hasta el punto de poder renunciar a la permanente tutoría de los Estados Unidos de América.

Para muchos españoles de mi generación, es difícil no considerar esta actitud como un confortable fracaso: una frustración. Los que fuimos jóvenes en la dictadura franquista teníamos un entusiasmo europeísta quizá ingenuo, resumido en el dictamen atribuido al filósofo Ortega y Gasset: «España es el problema, Europa la solución». Pero realmente esta solución parece haberse quedado bastante lejos de las mejores expectativas depositadas en ella. Hoy comprendemos que sin duda Europa, la Unión Europea, es una solución, pero no cualquier Europa y cualquier unión sino una que reúna condiciones que ahora parecen seriamente comprometidas, cuando no definitivamente descartadas.

Sigo creyendo que la Europa que merece la pena es la que defiende y representa a los ciudadanos, no a los territorios; la que protege derechos políticos (también deberes, desde luego) y garantías jurídicas, mucho más que privilegios y esas hueras tradiciones que suelen encubrirlos frente al forastero; la Europa que mantiene la integridad de los Estados de derecho democráticos actualmente existentes frente a las disgregadoras reivindicaciones étnicas, siempre retrógradas y xenófobas; la Europa de la libertad acompañada de solidaridad, no cerrada ante quienes por persecución política o necesidad económica llaman a su puerta ni acorazada en sus beneficios, sino abierta: deseosa de colaborar, ayudar y compartir. La Europa de la hospitalidad racional que desde luego no es la de la discriminación laboral de inmigrantes a que apuntan vergonzosas leyes recientemente propuestas en el Parlamento de Bruselas.

Esta UE necesita unos europeístas militantes, capaces de contrarrestar a los políticos europeos cortos de miras. En todos los países -lo hemos visto en Chequia y otras naciones del Este, pero también en Inglaterra o Irlanda y hasta en Francia- surgen líderes y grupos nacionalistas, partidarios del proteccionismo riguroso hacia el exterior y del liberalismo extremo en el interior, con una mentalidad de auténticos hooligans de valores hipostasiados que se fijan como inamovibles en sus aspectos más excluyentes para dejar fuera de la fiesta a todo ese gran Otro al que temen. Es decir, europeos intransigentes sólo en lo que beneficia a sus estrechos (y muy cristianos, eso sí) intereses. Un integrismo que define las raíces europeas de un modo selectivo que privilegie la perspectiva más conservadora y excluyente de una tradición rica precisamente en la polémica de sus contradicciones.

Pero también existe otro peligro, el de la frivolidad de la buena conciencia multicultural que se opone al cristianismo excluyente pero no en nombre del laicismo democrático sino para abogar por otros dogmas religiosos que también se pretenden superiores a las leyes civiles e incluso a la versión occidental de los derechos humanos. La Europa deseable es aquella en la que las creencias religiosas o filosóficas son un derecho de cada cual pero no el deber de nadie y menos obligación general de la sociedad como conjunto. Un espacio político radical y consecuentemente laico -lo cual no quiere decir antirreligioso- en el que imperen las normas civiles por encima de cualquier consideración fideísta étnica o cultural y donde haya una clara distinción entre lo que algunos consideran pecado y lo que todos debemos juzgar como delito.

Una Europa cuyo espacio académico y universitario permita la movilidad profesional de estudiantes y profesores, pero cuya universidad no esté al servicio de intereses empresariales, de rentabilidad inmediata. La Europa del talento sin fronteras, no de las nóminas y el lucro. Sí, desde luego, necesitamos caballos que nos lleven pero también aurigas que sepan hacia dónde queremos ir. Yo creo que aún estamos a tiempo.

El TS habla al fin y habla bien
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 26 Diciembre 2010

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Seguramente estarán ya en la Universidad las dos niñas cuya madre recurrió en mayo de 2006 contra el arrinconamiento del castellano en un centro escolar de Tarragona y que ahora, diciembre de 2010, ha visto reconocidas sus pretensiones por el Tribunal Supremo que, en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de Cataluña, ha resuelto que el catalán no puede ser la única lengua vehicular de la enseñanza ni la única empleada en la comunicación de los centros con las familias y los alumnos. El TS ha fallado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha puesto una pica en Flandes que, con independencia de que levante una escandalera o sirva de muy poco, dice mucho del hispánico modo de hacer las cosas.

Porque, en definitiva, el TS ha dicho lo que desde sus primeras sentencias viene diciendo siempre muy generosamente el TC a propósito de las lenguas. Que el modelo constitucional no consiente exclusiones de las lenguas oficiales, que la cooficialidad ha de entenderse como normalización del bilingüísmo y que el trato de favor de la lengua oficial privativa de una comunidad no debe proseguir cuando su conocimiento sea general en la población, dato probado, dice el TS, con sólo leer los estudios realizados en 2007 y 2008 por el Instituto Catalán de Estadística sobre la materia. El TS no ha anulado ninguna ley porque no podría hacerlo, ni ha fijado las medidas que haya que adoptar para incorporar el castellano a la enseñanza como lengua vehicular porque eso le corresponde a la Generalitat, pero sí le exige que dicha incorporación sea proporcionada y que se comunique con las familias en castellano si se lo solicitan, como era el caso. El TS ha dicho que en este caso la aplicación de la normativa lingüística por la administración educativa fue incorrecta y que su respaldo por el TSJC también lo fue.

Se podría haber ahorrado a doña Marina Gala Prieto el calvario procesal que ha soportado si los ilustres magistrados del TSJC hubieran tenido a bien liberarse de la ola de corrección que nos invade y hubieran aplicado como debían la doctrina, ya antigua, del constitucional. Pero no fue así y doña Marina tuvo que revestirse de paciencia y defender su causa a la que el TS ha dado ahora la razón. Sería deseable no levantar un incendio en Cataluña ni a favor ni en contra de la sentencia, es decir que no se atasquen los juzgados con mil reclamaciones y que no se organicen manifestaciones patrióticolingüísticas por la Diagonal. Sería mejor que el modelo de conjunción lo fuese de verdad y se desprendiera de lo que la inmersión tiene de excesiva y excluyente, es decir, de la pretensión de reducir el castellano a simple asignatura, máxima aspiración del nacionalismo amparada por el tripartito. Sería deseable que, normalizado el conocimiento del catalán, el trato de favor fuese disminuyendo hasta instalarse la administración en las dos lenguas oficiales, o sea, en el bilingüismo equilibrado que quiere la Constitución. Ir más allá, esto es, imponer al ciudadano el uso de una sola lengua choca con la libertad individual y no tiene cabida en una democracia.

Desgraciadamente las cosas se harán de otro modo y seguiremos a embestidas y trompicones, retorciendo la Constitución. Es casi una costumbre así que no hay que extrañarse de que importantes políticos catalanes ya se hayan expresado contra la sentencia y declaren que no moverán ni una coma de la inmersión. Era previsible y es probable que si doña Marina no tiene seguidores, la inmersión continúe tal cual. Es lo que sucede cuando, agazapados o entregados los políticos, ¡qué entretenidos en Ferraz con el acertijo que propone Zapatero!, todo se fía al Tribunal Supremo, que habla bien pero después de un calvario de más de cuatro años que pocos pueden recorrer.

El Tribunal Desconstitucionalizador
Nota del Editor 26 Diciembre 2010

Hay mucha gente que salta de alegría porque el TC tras largos años, ha largado una sentencia infumable en la que determina la obligatoriedad del
bilingüismo, en contra del monolingüísmo obligatorio en lengua regional que reina actualmente. Pero no  podemos olvidar lo que determina la constitución española,  por muchas retorcidas e ilógicas "interpretaciones" que suelte el TC, hay deber de cocer el español, y no establece deber alguno de conocer las lenguas regionales.

Hay que derogar la inmersión ya: es inconstitucional
Roberto Blanco Valdés La Voz 26 Diciembre 2010

No hay que ser un finísimo jurista -basta con ser intelectualmente honesto- para constatar, sin duda alguna, que los sistemas de inmersión lingüística aplicados desde hace años en España chocan de manera frontal con el principio de cooficialidad previsto en nuestra ley fundamental.

Reconociendo, como era lógico, la existencia de lenguas regionales, nuestra Constitución las consideró cooficiales en sus zonas respectivas, junto al castellano, lengua común de todos los ciudadanos españoles. Que, a partir de tal declaración de cooficialidad, el castellano haya podido desaparecer de algunos territorios como lengua vehicular de la enseñanza es un misterio nada difícil de explicar: una combinación del sectarismo lingüístico de los nacionalistas y la falta de coraje de los no nacionalistas acabó pronto por conducir al disparate de que cientos de miles de niños no pudieran estudiar en castellano, pese a ser esa una de las lenguas cooficiales del país en el que viven.

Pues bien, parece que ese disparate político y jurídico -fuente, durante años, de incontables atropellos de los derechos personales- está a punto de acabarse, tras varias sentencias del Tribunal Supremo que, ajustándose a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la resolución que resolvió el recurso del PP contra el Estatuto catalán, han declarado que la inmersión lingüística constituye una violación obvia y flagrante del principio de cooficialidad que nuestra Constitución estableció.

Algunos lo afirmamos así con claridad en cuanto pudimos leer la sentencia del Constitucional, pero han sido necesarios los recientes pronunciamientos del Supremo para que la doctrina en materia lingüística del máximo intérprete de la Constitución se haga jurídicamente operativa, poniendo así las bases de lo que de inmediato debería suceder: que en las comunidades donde existe el sistema de inmersión se reformen las leyes que lo regulan para proceder a derogarlo.

La increíble respuesta de los dos primeros partidos catalanes (CiU y PSC) -que acaban de firmar un pacto para la investidura de Artur Mas en donde acuerdan, de hecho, incumplir las citadas sentencias del Supremo- constituye, sin embargo, un paso más, de extraordinaria gravedad, en su línea de constantes desafíos a la legalidad vigente. Y si ello es muy preocupante en el caso de CiU, lo es mucho más en el del PSC, que, con el rumbo ya perdido por completo, insiste en la política de marginalidad que lo ha llevado a obtener, aún no hace un mes, los peores resultados de su historia. Estos son, al fin, los lodos de la política de confluencia con los nacionalistas que Zapatero, irresponsablemente, inauguró con los efectos demoledores que hoy están bien a la vista.

El poszapaterismo
Como ya no le queda nadie a quien engañar, trata de engañar a sus colaboradores más leales, que no saben qué hacer con él
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 26 Diciembre 2010

¿ESTAMOS viviendo en el poszapaterismo y no nos damos cuenta? Es muy posible ya que los humanos tendemos a no ver lo que tenemos delante, puestos los ojos más allá. El primero que acabó con el zapaterismo fue el propio Zapatero, cuando en mayo pasado abjuró de cuanto había dicho y hecho en seis años de gobierno, y ha sido también él quien le ha dado el tiro de gracia al reconocer tácita y torcidamente que no se presentará a la reelección. Con lo que cometía la última de sus traiciones: a su partido. Genio y figura.

Zapatero no llegó a la Moncloa con un simple cambio de gobierno. Llegó a cambiar el cambio, a acabar con la Transición, aquel consenso entre las principales fuerzas políticas españolas para traer la democracia a nuestro país, basado en la aceptación de todos, en vez de la imposición de unos sobre otros, como venía ocurriendo. No, él venía a sustituirlo por lo que la extrema izquierda reclamó desde el principio: negar legitimidad a la derecha, acabar con los últimos restos del franquismo, romper definitivamente con la iglesia católica, implantar un modelo territorial, cultural y social que acabase de una vez por todas con la «vieja España», sustituyéndola por los principios de la revolución del 68: feminismo, individalismo, narcisismo, permisibilidad. De ahí que no se preocupara para nada de la economía, y mucho, de la «cultura», o contracultura más bien. Todo lo que hizo, desde la negociación con ETA a la alianza de civilizaciones, pasando por el nuevo estatuto catalán y la ley de Memoria Histórica tendía a eso.

Lo malo fue que, en su ignorancia, no se había enterado de que la revolución del 68 había pasado tiempo atrás y que lo que se nos venía encima era una crisis económica de proporciones planetarias. Como el niño que se ha encaprichado por un juguete o el visionario convencido de estar en posesión de la verdad, siguió adelante con su proyecto incluso cuando todo el mundo se daba cuenta de que ya no servía, si es que había servido alguna vez. En ello ha perdido un tiempo y un dinero preciosos, hasta que la realidad le ha llamado al orden, obligándole a hacer todas aquellas cosas que había creído estaba predestinado a desterrar. Hoy, es un hombre tan atacado por la izquierda como por la derecha, que tiene que apoyarse en el prestigio del ejército y en la lucha contra ETA para presumir de algún mérito, y que pide ayuda desesperada a los que intentaba expulsar de la escena política para cumplir los deberes que le imponen desde fuera. Patético. Y como ya no le queda nadie a quien engañar, trata de engañar a sus colaboradores más leales, que no saben qué hacer con él, aunque al único que está engañando es a sí mismo.

Ciudadanía española
Gustavo Bueno www.gaceta.es 26 Diciembre 2010

Antonio Jiménez tuvo que hacer uso del fórceps para que Rajoy, en su comparecencia en El Gato al Agua, dijese algo –bien poco– sobre las medidas que tiene previsto adoptar cuando alcance el poder en asuntos como el aborto, los matrimonios homosexuales o la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Apuntó Rajoy que tendría sentido enseñar la Constitución y, sobre todo, pues fíjese, Europa, sus entresijos y los beneficios de nuestra presencia en esa Unión. Rajoy confirmó así que el PP está prisionero del mismo fundamentalismo europeísta que sus contrincantes socialdemócratas. Para este viaje no hacían falta alforjas.

¿De qué ciudadanía están hablando? Parece, sin duda, que de una ciudadanía política –valga la redundancia– y no de algún conjunto de normas generales –si es que las hay– de urbanidad, cortesía y saber estar entre humanos que ya no viven selváticos por los campos. Tienen por horizonte cierta mística y nebulosa ciudadanía europea, algo que nunca podrá darse mientras existan naciones políticas soberanas como España, Francia o Alemania. Pues, a poco que se piense, no tiene ningún sentido imaginar una educación para la ciudadanía a secas, sin más precisiones.

¿Por qué no reconvertir esa discutida asignatura en una Educación para la Ciudadanía Española? ¿O es que la gangrena autonómica impone tánto como para no mentar la bicha? Una ciudadanía española que, por supuesto, sería ridículo pretender identificar con la de una Europa mítica y que no puede ignorar la realidad cultural de una Hispanidad de la que formamos parte.

Una educación para la ciudadanía española bien necesaria, que afronte tratar de esos mínimos que han de caracterizar a los compatriotas españoles del siglo XXI, si no queremos que, dentro de muy pocos años, lo que hoy son unas piaras de insolentes lechoncitos talibanes porcinófobos pretendan restaurar medievales teocracias que la vez anterior, no hace tanto tiempo a escala histórica, tardamos siete siglos en sacudirnos.

MÉRITOS Y DEMÉRITOS
El papel del PSOE en la Transición, reducido a sus verdaderos términos
Enrique Rodríguez ESD 26 Diciembre 2010

La izquierda se la apropió para imponer sus valores a la vida política, y ahora quiere destruirla... para seguir imponiéndolos. La historia y el análisis de Pío Moa rompen ese discurso.

EL AÑO CLAVE
En 1978 el Rey sancionó la Constitución, final legal, que no político, del periodo de la Transición.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SUÁREZ
"Suárez tuvo importantes aciertos puntuales, como la derrota de la huelga general de noviembre de 1976 o la legalización del PCE, pero su línea general resultó, cuando menos, desafortunada. Buscó difuminar el origen franquista de la Transición y de él mismo, sumándose, al menos por omisión, a las desvirtuaciones de la izquierda y de los nacionalistas regionales. Su manejo de la crisis económica fue mala y la del terrorismo peor; molestó innecesariamente al ejército y, llevado por su afán de esfumar el pasado, impidió acuerdos con AP para contrapesar el empuje creciente de la izquierda y los nacionalistas, lo cual repercutió en la desintegración de la propia UCD" (Conclusión 14ª).

EL PAPEL DEL PSOE
"La oposición rupturista constituyó, también contra cierta leyenda, un riesgo para la Transición mucho mayor que el búnker, al que alimentó con sus radicalismos. Dicha oposición puede dividirse entre la que practicaba el terrorismo y la que no lo hacía, y en ninguno de los dos casos era democrática. La identificación entre antifranquismo y democratismo es uno de los mitos causantes de mayor confusión. El totalitarismo de la ETA o el GRAPO no precisa aclaración, pero poco se entenderá olvidando que el otro sector rupturista, agrupado en torno al PCE y el PSOE, era adepto a ideologías profundamente antidemocráticas, a las que sólo renunció, muy a medias, porque, tal como observó Fernández-Miranda, esos partidos sólo aceptarían la democratización si se sentían débiles" (Conclusión 7ª).

UN PROCESO FRÁGIL
Pío Moa. La Transición de cristal. Franquismo y democracia. Prólogo de Stanley G. Payne. LibrosLibres/Intereconomía. Madrid, 2010. 318 pp. 20 €

ARTÍCULOS RELACIONADOS
Como señala Stanley G. Payne en el prólogo de La Transición de cristal (LibrosLibres/Intereconomía), el proceso político acaecido a la muerte de Francisco Franco "tiene fama bien merecida de ser el principal –tal vez único– gran éxito político español de la historia contemporánea".

Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un doble proceso: por un lado, se está viendo que muchos problemas que se descontrolan (el nacionalismo, la politización de la Justicia, la creación de una casta partitocrática al margen de los ciudadanos, etc.) tienen su origen, de un modo u otro, en aquellos años; por otro, la labor de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha basado en dinamitar algunos de los consensos básicos que caracterizaban ese éxito (resurrección del guerracivilismo o exclusión de la oposición en asuntos que siempre se habían acordado entre las grandes fuerzas políticas).

Es buen momento, pues, para una revisión histórica como la que emprende Pío Moa en esta obra que, como todas las suyas, resulta poco acomodaticia con las versiones oficiales y prefiere los hechos a la propaganda.

Por ejemplo, deja bien establecido que el carácter pacífico de la Transición es obra del mismo régimen de Franco en la medida en que había logrado la reconciliación efectiva (si no política) entre los españoles, consiguió alcanzar unas altas cotas de prosperidad económica para una amplia clase media, y gozaba una estabilidad bastante sólida.

No obstante, a partir de 1969 (justo alcanzada la cima de esa estabilidad con la proclamación de Don Juan Carlos como sucesor a título de Rey), la desafección de la Iglesia, los enfrentamientos entre familias del régimen y el surgimiento de una eficaz rebelión universitaria comenzaron a preparar el terreno a una evolución política muy distinta a la que Franco daba por segura a su fallecimiento. El asesinato del almirante Luis Carrero Blanco sería el sello del papel determinante que jugaría además el terrorismo en la futura configuración institucional.

Es justo después cuando, tras el fracaso de la presidencia de Carlos Arias Navarro, surge de manera imprevista la figura de Adolfo Suárez, lógico protagonista de este libro, pero a quien Moa no retrata con los tintes rosáceos que se han empleado a fondo después para convertirle en icono intocable de un proceso intocable. Una vez alcanzado el poder que ambicionaba (tras los padrinazgos de Fernando Herrero Tejedor y Torcuato Fernández Miranda) y convertido en instrumento del Rey para efectuar el cambio, Suárez adquirió "vida propia" y desquició el proceso con cesiones continuas a la izquierda y los nacionalistas.

Moa destaca el debate entre reforma y ruptura, y cómo el ya presidente del Gobierno, cuando todos los partidos habían pasado por el aro del primer concepto, acabó transformándolo en el segundo. La figura de Manuel Fraga gana enteros a esta luz, pues su proyecto habría evitado muchas de las indefiniciones de la arquitectura constitucional de 1978, ahora en acelerado derrumbe.

La Transición de cristal nos recuerda todos estos hechos en sucesión cronológica y recupera la coherencia interna que hemos perdido al enjuiciarlos, arrastrados por la apropiación indebida que se ha hecho la izquierda del proceso. Lo que salió bien, sostiene Moa, salió bien porque desde dentro del régimen de Franco se dirigieron los acontecimientos hacia la democracia actual (la democracia en sí es, a juicio del autor en sus conclusiones finales, prácticamente lo único bueno que dejó el cambio).

A algo tan evidente como que, cuando se llega a la aprobación de la Constitución, todo ha sido pilotado por personalidades vinculadas de una forma u otra al franquismo, se le ha dado la vuelta hasta convertir la Transición en una heroicidad más de socialistas y comunistas (que querían algo muy distinto y poco afín a un sistema parlamentario occidental, como demuestra Moa), y asignar un papel decisorio a quien, como Felipe González, lo tuvo relevante, pero encontrándose casi todo hecho.

Y eso no tendría más valor que el de triquiñuela propagandística si no fuese porque ha colmado de complejos a la derecha para hacerla dócil a la conducción que la izquierda ha hecho desde entonces del devenir nacional, imponiéndole sus valores como los únicos admisibles en democracia y descalificando como franquistas los valores ajenos (Suárez tuvo responsabilidad también en esto, apunta el autor, en su empeño por despegarse de su aborrecido Fraga). Para, ahora, cuando la Constitución y la Transición misma son un obstáculo para continuar el camino, aparcarlos y remitirse al Frente Popular como única fuente de legitimidad democrática en España.

De ahí la importancia de un estudio donde Moa, con su habitual frialdad analítica, pone las cosas en su sitio.

Falseamiento de reglas constitucionales
El presidente ha desaparecido de la esfera y ha sido sustituido por el ministro del Interior.
José F. Merino www.gaceta.es 26 Diciembre 2010

Desde la remodelación ministerial que tuvo lugar el pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno ha desaparecido de la esfera política, sustituyéndole de forma pública y notoria el vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Rubalcaba. Algunos comentaristas se han preguntado por las causas de esta ausencia; pero más importante que preguntarse por las causas es plantearse los efectos jurídico-constitucionales que tan extraña conducta puede tener como elemento distorsionador de las reglas de juego que configuran el régimen del primer ministro en nuestra monarquía.

La Constitución de 1978 define la figura del presidente como un “canciller” fundamentado en el principio de preeminencia del jefe del Gobierno sobre los demás miembros del Gabinete. Esto quiere decir que el presidente deja de ser un simple primus inter pares para convertirse en jefe del colegium, como se deduce de las siguientes manifestaciones positivas: a) la confianza parlamentaria se sustenta objetivamente en el presidente a través de la moción de investidura. Es él y su programa quien obtiene la confianza parlamentaria; b) es el presidente quien ejerce el liderazgo y quien actúa de coordinador de las funciones de los demás miembros del mismo, al atribuirle la Constitución el papel de director de la acción del Gobierno; c) y, finalmente, el nombramiento y cese de los ministros se produce “a propuesta de su presidente”, aunque sean nombrados por el Rey dentro de una función carente de margen de discrecionalidad.

La posición constitucional del presidente corresponde, por lo tanto, a una concepción de Gobierno presidencialista. Así es por lo que sólo el presidente es quien puede promover la cuestión de confianza, previa deliberación del Consejo de Ministros, ante el Congreso de los Diputados (artículo 112 de la Constitución); y la iniciativa para promover la moción de censura ha de incluir como requisito indispensable un candidato a la presidencia del Gobierno (artículo 113 CE), precisamente porque la confianza es el arco de bóveda que sustenta el régimen de la monarquía parlamentaria.

Es significativo, como colofón, que en nuestra Constitución no se admite la responsabilidad política individual de los ministros ante la Cámara baja, que sólo pueden ser reprobados, pero sin que sus efectos subsiguientes comporten necesariamente una sanción política (dimisión o cese). Responsabilidad política que sí le es exigible al presidente del Gobierno individualmente y al Gobierno en su conjunto.

Es evidente que el presidente del Gobierno no puede hacer dejación de funciones para eludir su responsabilidad directa ante la Cámara y ante la opinión pública, utilizando la estrategia de entregar la dirección política del Estado al vicepresidente primero y ministro del Interior, Rubalcaba, pues con esta forma de proceder se alteran las reglas de juego constitucionales. En estos momentos, como diría Bertrand Russell, el ministro del Interior –y controlador de todos los servicios de información del Estado– representa el “poder desnudo”; esto es, un poder sin la necesaria legitimación parlamentaria, que sólo es otorgable, a través de la moción de investidura, a quien ha ganado unas elecciones generales o a quien accede a la Presidencia por medio de la moción de censura.

En consecuencia, estamos asistiendo a una desnaturalización del sistema parlamentario español a la que se debería poner fin de forma inmediata: bien convocando elecciones generales o bien mediante dimisión del jefe de Gobierno, tal como hizo Adolfo Suárez hace ahora casi 30 anos. No es admisible mantener a los ciudadanos en la situación de incertidumbre que genera tan anómalo proceder; menos aún, en la situación de crisis que soporta la sociedad española, necesitada más que nunca de un liderazgo claro y responsable. El riesgo de que no se adopte alguna de las dos medidas indicadas, puede comportar una grave mutación constitucional por la simple vía de hecho, con la que se crearía una bicefalia en la jefatura del Gobierno en la que el presidente, respaldado en su día por la correspondiente moción de investidura, pasaría a convertirse en un jefe de Estado bis, sin respaldo constitucional.

En conclusión: si se mantiene esta extraña situación de “retirada activa” por parte de Zapatero, muy comentada como fenómeno anómalo en los foros internacionales, que ya ha permitido prorrogar un estado de alarma difícilmente justificable, podría, además, entre otras consecuencias imprevisibles, imposibilitar la convocatoria de elecciones generales, por razones de calendario, hasta después de las elecciones municipales y autonómicas, lo que supondría un grave incumplimiento de los deberes constitucionales y de los actos debidos de Gobierno, exigibles directamente y sólo al presidente, dando paso a una situación inédita en nuestra democracia.

*José Fernando Merino es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y letrado de Cortes y del Consejo de Estado.

Violencia e independencia
No hay ninguna guerra en la que detener acciones mediante un alto el fuego.
Gustavo Bueno www.gaceta.es 26 Diciembre 2010

Veinte santones bien paniaguados, armonistas y pacifistas no violentos, firmaron en marzo de 2010 una Declaración de Bruselas jaleando el supuesto compromiso de una indefinida izquierda abertzale tendente a poner fin al “último conflicto en Europa” mediante “un alto el fuego permanente y completamente verificable” de ETA, que, “debidamente respondido por el Gobierno español” permitiría alcanzar una paz duradera. Estamos en fechas entrañables y además se van acercando las elecciones. Arrecia, por tanto, una nueva campaña de los secesionistas y otra vez sus cómplices se llenan la boca de promesas vacuas y conciliaciones estúpidas. A cambio de una simple “condena de la violencia”, parecen estar dispuestos a concederles cuanto pidan, en aras de lograr nada menos que terminar con el “último conflicto en Europa”. ¡Qué risa! Como argumento para subir la tarifa de la pandilla de mediadores extranjeros, no está mal: quedarían sin trabajo, los pobres, sería su último trabajito en euros…

Pero sucede que aquí no hay ninguna guerra en la que detener acciones militares mediante un alto el fuego, y sólo quienes estén amedrentados o aterrorizados por esa banda de asesinos podrán dar alguna beligerancia a cualquier nuevo comunicado suyo. Aunque hay que reconocer el éxito que han logrado al confundir la débil opinión de tantos medios, tertulianos y opinólogos. La cuestión determinante no es que un partido político deba “condenar la violencia”, que se da por supuesto, sino que se mantenga en el ámbito constitucional que define la indisoluble unidad de la Nación, la soberanía de España y a los propios partidos.

¿No habrá llegado el momento de iniciar un proceso de ilegalización si el PNV no retira de su Declaración del Centenario esas afirmaciones anticonstitucionales que aseguran que los vascos de los seis territorios constituyen un mismo pueblo unido, un pueblo que ni reconoce ni acata otra soberanía?

VÍCTIMAS DE ETA
Víctimas de ETA remiten documento para el fin del terrorismo
 Minuto Digital 26 Diciembre 2010

La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha editado el documento consensuado por la práctica totalidad de asociaciones y colectivos en el que dejan claro el modelo en el que, a su juicio, debería basarse un eventual fin del terrorismo y lo ha remitido al Gobierno, el principal partido de la oposición y las principales instituciones del Estado.

El documento, que se presentó públicamente el pasado 23 de noviembre, vio la luz tras un intenso periodo de negociación entre las asociaciones y ahora ha sido editado en un documento que se ha hecho llegar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y todos los ministros del Ejecutivo socialista, según han informado a Europa Press fuentes de la Fundación.

También ha sido enviado a la oposición, los grupos parlamentarios, todos los diputados, senadores y todos los diputados del País Vasco y Navarra, además de empresarios y sindicatos, patronales y medios de comunicación y todas las personas que representan los distintos estamentos de la sociedad.

El documento lleva adjunta una carta de la presidenta de la Fundación de Víctimas, Maite Pagazaurtundua, en la que explica cómo fue elaborado y lo presenta como una aportación con el objetivo de que sirva de ayuda para el fin del terrorismo.

El texto fija los “principios rectores” sobre el final de ETA y reclama que se exija tanto a la organización terrorista como a su entorno político que condenen toda la historia de la banda para participar en el juego democrático. Esta exigencia también debe extenderse a los presos etarras para su reinserción, que además deben reconocer el daño causado y condenar públicamente las acciones terroristas.

Destaca como “condición democrática básica” la reprobación de la historia de ETA, un aspecto que sostiene que debe exigirse tanto a la organización terrorista como a todo su entorno. “Tal condena debe ser exigida como uno de los mínimos sin cuyo cumplimiento no es posible ni reinserción particular alguna ni participación en el juego democrático”, prosigue el documento antes de reconocer que “hay mucha gente temerosa de exigir esto a ETA”.

El documento realiza también una breve referencia al panorama que se presenta ante las elecciones municipales del próximo año y reconoce que el entramado político de ETA “se asfixia fuera de las instituciones”. Por ello, advierte de que sus intenciones para concurrir a los comicios “están trufadas de adornos semánticos y maniobras ambiguas que hacen imposible comprobar que no haya tongo o engaño, como ha sido habitual en todos estos años”.

Todas las reivindicaciones de las víctimas se basan en que no debe existir impunidad “antes, durante o tras el fin de ETA” y establecen unos principios rectores del modelo del fin de la organización terrorista, que comienzan con una apuesta por la claridad y la franqueza y reclaman que se evite caer en el juego semántico de la banda y Batasuna, “siempre plagado de palabras torticeras, tacticismos malintencionados y dobles sentidos para engañar”.

En este punto, recuerda que las víctimas no se han vengado y se han sometido a la ley en todo momento, y por ello basan en la justicia todas sus reclamaciones.

NO JUGAR CON LA POLÍTICA PENITENCIARIA
Además, aborda la situación penitenciaria de los presos etarras y sostiene que no debe convertirse “en una política de gracia”, ya que un derecho “irrenunciable” de las víctimas es el derecho a la justicia. Según advierte, una medida como la excarcelación anticipada de presos juzgados y sentenciados, “enmascarándolo en una aplicación laxa de la progresión de grados”, supondría también “una forma de impunidad”.

Por ello, rechaza que se pida generosidad a las víctimas del terrorismo y subraya la necesidad de separar la justicia de la moral. “Un ejemplo paradigmático de la separación del plano legal y el moral es que el Papa Juan Pablo II perdonó a Ali Agca, pero el preso siguió cumpliendo su pena”, recuerda el documento en el apartado que exige un cumplimiento íntegro de las penas y de la ley.

Según sostiene, la reinserción de los presos debe tener una vertiente pública y otra privada, y siempre en casos individualizados porque “no serían aceptables soluciones colectivas para el colectivo de presos etarras”. La vertiente privada de la reinserción exige el reconocimiento del daño personal causado, la asunción de responsabilidades pecuniarias y la colaboración con la justicia para resolver los casos de asesinatos aún no esclarecidos y pendientes de juicio.

Por su parte, la vertiente pública exige la denuncia pública del reinsertado de la violencia, lo que conlleva que acepte el Estado de Derecho y condene los fines totalitarios que persiguen las acciones terroristas. “La reinserción significa volverse a integrar en aquello que el delito ha roto”, explica el texto, que a continuación recuerda que el terrorista ha roto “las reglas fundamentales de la convivencia aprobadas en derecho”.

¿QUÉ OCURRE SI HAY IMPUNIDAD?
El texto también contempla la posibilidad de que exista un modelo de fin de ETA con impunidad y advierte de que, en ese caso, las víctimas no podrían desarrollar un papel de deslegitimación ética, social y política “que necesitará muy especialmente la sociedad vasca y navarra, puesto que la aplicación de cualquier tipo de impunidad forzaría a elaborar un tipo de discurso en el que se diluyera el fondo de verdad objetiva de las víctimas”.

“En un modelo que tolerara dosis de impunidad, el pretendido apoyo a las víctimas del terrorismo se convertiría en un grotesco sarcasmo, por mucho que se utilizasen con éxito fórmulas retóricas, propagandísticas y de control mediático que lo enmascarase”, advierte.

Remiten a Zapatero y Rajoy su modelo para el fin del terrorismo
Las víctimas no aceptarán una solución colectiva para los presos de ETA
 www.gaceta.es 26 Diciembre 2010

La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha editado el documento consensuado por la práctica totalidad de asociaciones y colectivos en el que dejan claro el modelo en el que, a su juicio, debería basarse un eventual fin del terrorismo y lo ha remitido al Gobierno, el principal partido de la oposición y las principales instituciones del Estado.

El documento, que se presentó públicamente el pasado 23 de noviembre, vio la luz tras un intenso periodo de negociación entre las asociaciones y ahora ha sido editado en un documento que se ha hecho llegar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y todos los ministros del Ejecutivo socialista, según han informado a Europa Press fuentes de la Fundación.

También ha sido enviado a la oposición, los grupos parlamentarios, todos los diputados, senadores y todos los diputados del País Vasco y Navarra, además de empresarios y sindicatos, patronales y medios de comuniación y todas las personas que representan los distintos estamentos de la sociedad.

El documento lleva adjunta una carta de la presidenta de la Fundación de Víctimas, Maite Pagazaurtundua, en la que explica cómo fue elaborado y lo presenta como una aportación con el objetivo de que sirva de ayuda para el fin del terrorismo.

El texto fija los "principios rectores" sobre el final de ETA y reclama que se exija tanto a la organización terrorista como a su entorno político que condenen toda la historia de la banda para participar en el juego democrático. Esta exigencia también debe extenderse a los presos etarras para su reinserción, que además deben reconocer el daño causado y condenar públicamente las acciones terroristas.

Destaca como "condición democrática básica" la reprobación de la historia de ETA, un aspecto que sostiene que debe exigirse tanto a la organización terrorista como a todo su entorno. "Tal condena debe ser exigida como uno de los mínimos sin cuyo cumplimiento no es posible ni reinserción particular alguna ni participación en el juego democrático", prosigue el documento antes de reconocer que "hay mucha gente temerosa de exigir esto a ETA".

El documento realiza también una breve referencia al panorama que se presenta ante las elecciones municipales del próximo año y reconoce que el entramado político de ETA "se asfixia fuera de las instituciones". Por ello, advierte de que sus intenciones para concurrir a los comicios "están trufadas de adornos semánticos y maniobras ambiguas que hacen imposible comprobar que no haya tongo o engaño, como ha sido habitual en todos estos años".

Todas las reivindicaciones de las víctimas se basan en que no debe existir impunidad "antes, durante o tras el fin de ETA" y establecen unos principios rectores del modelo del fin de la organización terrorista, que comienzan con una apuesta por la claridad y la franqueza y reclaman que se evite caer en el juego semántico de la banda y Batasuna, "siempre plagado de palabras torticeras, tacticismos malintencionados y dobles sentidos para engañar".

En este punto, recuerda que las víctimas no se han vengado y se han sometido a la ley en todo momento, y por ello basan en la justicia todas sus reclamaciones.
No jugar con la política penitenciaria

Además, aborda la situación penitenciaria de los presos etarras y sostiene que no debe convertirse "en una política de gracia", ya que un derecho "irrenunciable" de las víctimas es el derecho a la justicia. Según advierte, una medida como la excarcelación anticipada de presos juzgados y sentenciados, "enmascarándolo en una aplicación laxa de la progresión de grados", supondría también "una forma de impunidad".

Por ello, rechaza que se pida generosidad a las víctimas del terrorismo y subraya la necesidad de separar la justicia de la moral. "Un ejemplo paradigmático de la separación del plano legal y el moral es que el Papa Juan Pablo II perdonó a Ali Agca, pero el preso siguió cumpliendo su pena", recuerda el documento en el apartado que exige un cumplimiento íntegro de las penas y de la ley.

Según sostiene, la reinserción de los presos debe tener una vertiente pública y otra privada, y siempre en casos individualizados porque "no serían aceptables soluciones colectivas para el colectivo de presos etarras". La vertiente privada de la reinserción exige el reconocimiento del daño personal causado, la asunción de responsabilidades pecuniarias y la colaboación con la justicia para resolver los casos de asesinatos aún no esclareidos y pendientes de juicio.

Por su parte, la vertiente pública exige la denuncia pública del reinsetado de la violencia, lo que conlleva que acepte el Estado de Derecho y condene los fines totalitarios que persiguen las acciones terroristas. "La reinserción significa volverse a integrar en aquello que el delito ha roto", explica el texto, que a continuación recuerda que el terrorista ha roto "las reglas fundamentales de la convivencia aprobadas en derecho".

¿Qué ocurre si hay impunidad?
El texto también contempla la posibilidad de que exista un modelo de fin de ETA con impunidad y advierte de que, en ese caso, las víctimas no podrían desarrollar un papel de deslegitimación ética, social y política "que necesitará muy especialmente la sociedad vasca y navarra, puesto que la aplicación de cualquier tipo de impunidad forzaría a elaborar un tipo de discurso en el que se diluyera el fondo de verdad objetiva de las víctimas".

"En un modelo que tolerara dosis de impunidad, el pretendido apoyo a las víctimas del terrorismo se convertiría en un grotesco sarcasmo, por mucho que se utilizasen con éxito fórmulas retóricas, propagandísticas y de control mediático que lo enmascarase", advierte.

La volatilidad revolucionaria
Si las gentes entendieran que lo que nos gobierna es porque así lo hemos querido, sin justificaciones ni rodeos, todo podría cambiar, ser distinto y mejor
pedro arias veira ABC Galicia 26 Diciembre 2010

LOS pueblos tienen los gobiernos que se merecen. No es una máxima justa, pero debería ser el teorema fundamental para una democracia viva y que se respete a sí misma. Sería un principio contra la resignación ciudadana, el pasotismo del civismo impotente y el cabreo estéril. Si las gentes entendieran que lo que nos gobierna es porque así lo hemos querido, sin justificaciones ni rodeos, todo podría cambiar, ser distinto y mejor. Porque si nos viéramos reflejados en los gobiernos, como el espejo de nuestra voluntad que realmente son, la vergüenza instintiva que se apoderaría de nuestras conciencias se convertiría en indignada palanca de cambio que todo lo podría enmendar.

Los gobernantes son lo que son debido a que el pueblo lo consiente así. Los electores no reaccionan con suficiente rigor contra la mala administración de casi la mitad de sus ingresos, que es la parte que manejan las administraciones públicas de la riqueza nacional. Tampoco supervisan con la necesaria severidad a quienes le van a regular la educación de sus hijos, la sanidad que obligatoriamente han de financiar, los endeudamientos que les van a endosar, lo que podrán percibir por los sudores de juventud y madurez cuando entren en la edad de la debilidad, y hasta los hábitos y modos de beber y fumar.

Por esa dejadez objetiva del pueblo hay crisis económicas, despilfarro y desgobierno. Y es paradójico que ocurra en una democracia, donde la soberanía radica en sus votos, que se depositan voluntariamente. Cuando para arreglar las cosas bastaría con otro talante electoral. Oportunidades no faltan. En España, entre locales, autonómicas, europeas y generales, se vota a un promedio anual. Es posible castigar la incompetencia.

Sin embargo el pueblo, al menos sus mayorías, dejan pudrir las cosas y no aprende de la experiencia. Es la mayor de las paradojas de nuestro tiempo. No se corresponde esta actitud del elector en el plano público con su comportamiento en el ámbito privado. En éste, siempre está cambiando y renovándose; de coche, casa, vestido, música, empleo, residencia, canales de televisión, lecturas, hábitos de vida y ahora incluso hasta de pareja. No hay inercia que no revise ni oportunidad de mejora que no aproveche. Sin embargo hay una gran proporción de gente que se mantiene apegada a siglas políticas desautorizadas por la experiencia, local y universal.

Son de los nuestros, se dicen. Y se sienten confortados en la ilusión tribal, sin percibir tan fatal error. Juzgando a los ciudadanos políticamente volátiles, aquellos que cambian de voto y parecer según el comportamiento concreto del actor político, como unas veletas, como traidores a una causa, a una sigla. Como si la incondicionalidad política fuese virtud cívica y no la razón de los males que nos aquejan.

Porque la volatilidad es revolucionaria; pacífica e inteligentemente revolucionaria, el arma de cambio natural y de control sobre quienes delegamos tantos poderes. Si saben que hagan lo que hagan contarán con nuestros votos, gobernarán mal; es ley del comportamiento histórico, norma universal de la acción humana. Es conducta tentadora el no esforzarse lo bastante para alcanzar lo mejor; abandonarse a la rutina y mantenerse comprando voluntades. Ganar denostando a los competidores y suplir las carencias por la mentira y el engaño; y perdurar rodeándose de pelotas al tiempo que se explota la dócil servidumbre de los aduladores a sueldo.
La volatilidad es decir no a que se manipule la bondad natural de la gente devolviendo a cambio mediocridad e incompetencia; recurriendo a falsas utopías de igualdad y solidaridad, que se pagarán con los propios impuestos del pueblo. Es confianza condicionada al hacer concreto del gobernante, a sus resultados efectivos. También escepticismo crítico y fecundo, como el que aplicamos a las relaciones más duraderas y en las empresas de mejor desempeño.

Si cada vez más personas descreen de lo que creyeron incondicionalmente y dicen basta ya, enjuiciando a los gobernantes con la misma inteligencia empleada en las demás facetas, daremos un gran paso adelante para cambiar la mediocridad vergonzante que nos gobierna y dar paso a la posibilidad de una regeneración general. Nada estará garantizado sobre lo que pueda llegar. Pero los que vengan tendrían claro que serán valorados implacablemente por un pueblo que paga el gobierno, sabe que lo paga y no tolerará el ridículo, ni la estupidez, ni la incompetencia.

Zapatero ya no es Robin Hood, sino el sheriff de Nottingham
Francisco Rubiales Periodista Digital 26 Diciembre 2010

Ayer, jueves 23 de diciembre, proyectaron en un canal de pago español la inolvidable película de aventuras "Robin Hood: Príncipe de los ladrones" (Robin Hood: Prince of Thieves), dirigida en 1991 por Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner. Estoy seguro de que, al verla, muchos españoles pensaron en la paradoja protagonizada por Zapatero, que se presentó ante los ciudadanos con la atractiva imagen de Robin Hood y que termina su terribles días de poder político con la del odiado sheriff de Nottingham.

Al igual que ocurría en aquella Inglaterra medieval del rey Juan sin Tierra, en la España de Zapatero se ha creado un divorcio profundo entre el pueblo y los que le gobiernan, entre los ciudadanos que sufren y un poder político elitista, privilegiado y millonario, que acosa cada día al pueblo con nuevos impuestos, desahucios, embargos, subidas de precios y represiones. El rechazo popular al poder político es igualmente semejante porque en la España de Zapatero no para de crecer y es ya más del 80 por ciento de la ciudadanía la que se distancia de su líder y lo condena abiertamente.

Las últimas "fechorías" de Zapatero y los suyos (subidas de impuestos, congelación de pensiones, reducción de salarios, desahucios, supresión de conquistas y derechos sociales, subida de la luz, confiscación de coches y el por ahora frustrado cierre de páginas de Internet) recuerdan, de manera fiel, la política desplegada en la película por el trio déspota del sheriff de Nottingham (Alan Rickman), ayudado por su primo Guy de Gisborne (Michael Wincott) y la bruja Morgana, que recuerdan de manera lamentable a personajes tan reales de la sufrida España actual como el propio Zapatero, Rubalcaba y Leire Pajín.

La España de Zapatero terminará el año 2010 con casi cinco millones de parados sin trabajo, con casi diez millones de pobres, con más de medio millón de viviendas arrebatadas a ciudadanos, cuya pobreza les impide pagar las hipotecas, con casi la mitad de sus jóvenes sin esperanza de poder trabajar, con insoportables subidas de impuestos y de precios (la luz) y con nuevas leyes represivas, como la confiscación, por parte del gobierno, del coche de los infractores graves y la por el momento frustrada Ley Sinde, con la que el gobierno de Zapatero quiere reprimir libertades y derechos en Internet.

La comparación de España actual con la desgraciada Inglaterra del efímero rey Juan sin Tierra es tan inevitable como dolorosa. José Luis Rodríguez Zapatero asumió el poder en 2004 presentándose ante los ciudadanos como un Robin Hood defensor del pueblo y capaz de ampliar las libertades frente al autoritario Aznar, de repartir riqueza entre los necesitados y de proteger a los débiles, pero hoy, al final de su segundo mandato, la sociedad española asiste aterrada ante su transformación y, tras haber traicionado su programa y sus promesas, ahora se parece más al déspota sheriff de Nottingham que al querido príncipe de los ladrones.

Si no lo creen, vean la película y descubrirán cómo Zapatero nos recuerda, sorprendentemente, al sheriff, cómo Rubalcaba se asemeja a Guy de Gisborne y como la bruja Morgana nos evoca a Leire Pajín, la niña preferida del nuevo e implacable "Zapaterismo".

La mayor diferencia entre la pobre España actual y aquella triste e injusta Inglaterra es que en España no aparece por ninguna la figura de Robin Hood, un líder capaz de reunir en su entorno al frustrado y sufrido pueblo para devolverle la esperanza y la ilusión.

Voto en Blanco

¿Qué pensará Rufi de esto?
Santiago González El Mundo 26 Diciembre 2010

Han pasado dos días desde el atraco de ETA en Lyon, en el que robó material informático para la fabricación de documentos. El dato que esperaba ayer la información de El País ya se ha producido, según podemos ver en la segunda portada de El Correo, correspondiente a hoy, jueves:

El asunto es que Batasuna sigue sin decir ni mú. Los muñidores de 'El proceso de paz rides again' habían anunciado que ETA haría un comunicado definitivo de abandono de las armas o, en caso contrario, Batasuna rompería con la banda terrorista. Pues bien, 48 horas más tarde, no se oye todavía ni una tos en las filas arnaldas. Seis días separan las dos portadas de El Correo. Las dos aseveraciones de Rufi Etxeberria en el primer titular han sido falsadas. Lo inminente no ha sido la paz, sino un atraco que revela justamente lo contrario: la voluntad de ETA de perseverar en lo suyo, intención que, por otra parte, está en todos sus comunicados. Y la promesa de no fallar, lo mismo.

Habrá un comunicado en los próximos días o semanas. ¿Mensaje de Nochebuena, como el Rey o lo dejarán para el día de los Santos Inocentes?¿Se tomará el Gobierno la molestia de responder al comunicado, aunque sea para decir "no es suficiente"?

Lean esta reflexión, si les parece.
Nota del blogger.-Perdonarán que insista en el asunto, pero el enfoque de una buena parte de comentarios sobre el comentario de ayer, revelan que sus autores no lo habían entendido, lo cual lleva al titular de la bitácora a considerar que algo debió de fallar en la exposición del asunto para que se diera tal resultado. Con el propósito de enmendar en lo posible el entuerto, volvamos sobre el tema, adaptándolo a los niveles de compresión lectora más sencillos. Resumen: una organización que quiere rendirse, ¿realiza el atraco de Lyon?¿Si vis pacem para bellum (9 mm.)?

Cataluña, es el primer centro islamista del mediterráneo
En Badalona, hay una “efervescencia islamista”
Juan González.  Minuto Digital 26 Diciembre 2010

Según el Departamento de Estado norteamericano, en Badalona hay una “efervescente actividad de islamistas”, lo que indica que García Albiol, presidente del Grupo Municipal del PP de Badalona, no ha exagerado al advertir de los peligros que genera una inmigración masiva e incontrolada.

El edil popular, que debe hacer frente a varias querellas relacionadas con sus declaraciones supuestamente “xenófobas”, ha sido acusado públicamente de “manchar el buen nombre” de la ciudad, así como de fomentar la intolerancia hacia los “nuevos badaloneses”, como los que ocupan plazas y calles los viernes para orar en dirección a la Meca, o los gitanos rumanos que desvalijan los hogares de nuestros compatriotas “calorros” (Sancho amigo, cosas veredes) del barrio badalonés de San Roque.

El pregonero de las Fiestas de Mayo, en un encendido discurso contra “la intolerancia”, declaró: “No os dejéis engañar por los que tienen ganas de jugar con fuego”, en clara referencia a García Albiol. Más tarde, un grupo de notables locales firmó un manifiesto llamado Nos gusta Badalona, en el que se afirmaba que la ciudad tiene los mismos problemas que cualquier otra localidad de las mismas dimensiones… pero, “la diferencia, es que “aquí” se distorsionan , se exageran y amplifican para obtener beneficio político partidista”

El pasado 11 de diciembre el diario El País reproducía unos interesantes textos del Departamento de Estado norteamericano hechos públicos por Wikilieaks, según los cuales: “ Cataluña, es el mayor centro mediterráneo de actividad de radicales islamistas” y, además, “En Badalona, hay una efervescente actividad de islamistas”. ¿Quiere esto decir que El País y el Departamento de Estado conspiran, por extrañas razones, contra la tercera ciudad de la región catalana?

En realidad, quienes mancillan el “honor local”, son aquellos que realizan largos y costosos viajes para fomentar el comercio entre ¡China y Badalona!, o cierto personaje de la Pesoe que , in illo tempore, ocupó la alcaldía estando acusado de fraude fiscal. Igualmente, manchan la honorabilidad de la ciudad todos esos concejales que han convertido a Badalona en un remanso de islamistas, cuyas detenciones periódicas aparecen en los medios de información de toda España.

FAES pide suprimir a los funcionarios "prescindibles"
 www.gaceta.es 26 Diciembre 2010

La Fundación presidida por José María Aznar alerta del gran aumento de entidades y funcionarios en las CCAA y propone suprimir los "prescindibles". Denuncia que en 18 meses se crearon 100 entes públicos, 1,2 por semana. Cataluña y Andalucía, ambas gobernadas por los socialistas en ese periodo de tiempo, son las que más tienen y "casi triplica" a Madrid y a Valencia, las que menos tienen.

Un informe de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) alerta del importante aumento de entidades dependientes de las comunidades autónomas y funcionarios autonómicos durante los últimos años y propone que las instituciones analicen en profundidad cuáles de sus servicios son imprescindibles y aquellos otros que, sin embargo, son prescindibles.

El informe de la Fundación presidida por el ex presidente del Gobierno José María Aznar para el actual líder del PP, Mariano Rajoy, bajo el título de 'Por un Estado autonómico racional y viable', analiza la composición de las autonomías, las competencias que tienen atribuidas y otros aspectos como el número de empresas públicas o de funcionarios.

En cuanto a este último punto, el documento firmado por Mario Garcés revela que se constituyeron cerca de 100 entes públicos durante 2008 y los primeros seis meses de 2009, a razón de 1,2 por semana. De la misma forma, la tendencia en los últimos seis años es de crecimiento constante, repartida de manera desigual por las comunidades autónomas.

Los datos exponen que, a mediados de 2009, en Cataluña había un total de 335 entidades, seguida por Andalucía con 317 y lejos de las siguientes: Baleares (166), Galicia (146), Madrid (137) y la Comunidad Valenciana (136).

Según estos datos, el número de entes públicos "no se corresponde con el porcentaje de población" por comunidades. Pese a que Andalucía tiene el 17,77 por ciento de la población española, Cataluña el 15,95 por ciento y Madrid el 13,59 por ciento; Cataluña "casi triplica" el número de entidades de Madrid.

En concreto, en todas las autonomías desde abril de 2003 el número total de entidades se ha incrementado un 28,64 por ciento, con una mayor aceleración durante los años 2005 y 2006 con un 6,86 por ciento y un 4,37 por ciento respectivamente. Los funcionarios crecen un 29% en cuatro años

En cuanto a los empleados públicos, advierte de que se ha producido "una posible sobrepoblación" de funcionarios durante los últimos años. Un análisis de los datos revela que, en los últimos cuatro años, las comunidades autónomas han incrementado su tasa de empleados públicos en un 29,46 por ciento frente el aumento del 6,70 del Estado.

"Habida cuenta que desde 2006 hasta 2010 apenas se ha producido ningún incremento significativo del catálogo de competencias transferidas a las comunidades autónomas, parece que encuentra escasa lógica este incremento de recursos que se ha producido de manera heterogénea entre las diferentes administraciones territoriales", argumenta.

Desde el primer trimestre de 2006 hasta los primeros tres meses de 2010 únicamente Canarias, Galicia y Navarra han reducido su plantilla de empleados públicos; aunque el informe advierte de que debería analizarse a la vez si esa reducción ha supuesto a la vez un incremento en las dotaciones de recursos humanos en Diputaciones, Cabildos o Consejos Insulares

Cuatro escritos en catalán en cinco años
Los catalanes prefieren el español para dirigirse a la Unión Europea
 
www.gaceta.es 26 Diciembre 2010

La Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER) sólo ha recibido cuatro escritos en catalán en los últimos cinco años: dos enviados al Consejo Europeo, uno dirigido a la Comisión y otros Comité Económico y Social.

Todos ellos han sido contestados en un plazo que ronda los dos meses y medio y su traducción se ha llevado a cabo en colaboración con los órganos designados al efecto por la comunidad catalana.

Así se lo ha asegurado el Gobierno al diputado de CiU en el Congreso, Jordi Xuclà, quien formuló al Ejecutivo una batería de preguntas escritas interesándose por el "retraso" con el que, a su juicio, se están aplicando los acuerdos suscritos entre España y las instituciones comunitarias para fomentar el uso limitado de las lenguas cooficiales ante estos órganos.

En sus preguntas, Xuclà se hacía eco de las denuncias de dos asociaciones en defensa del catalán que se quejaban de que las instituciones europeas o no contestan a los ciudadanos que se dirigen a ellas en esa lengua o lo hacen incumplimiento los plazos normativos previstos.

El Ejecutivo replica al diputado nacionalista que el informe realizado por las entidades Horitzó Europa y Òmnium Cultural se basa únicamente en el seguimiento realizado a siete cartas y que de ellas todas las que llegaron a la REPER ya han sido contestadas. Y es que la REPER se encarga sólo de gestionar los documentos dirigidos al Consejo, la Comisión, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social.
Acortar los plazos

Por contra, si los textos tienen como destinatario al Defensor del Pueblo europeo, la institución contacta directamente con los órganos de traducción autonómicos, mientras que los enviados al Tribunal de Justicia de la UE deben pasar por la Oficina de las Lenguas Oficiales del Ministerio de Política Territorial, que se ocupa tanto de su traslado como de su traducción. Respecto al plazo para la remisión de la respuesta, el de los cuatro documentos recibidos desde 2005 por la REPER, rondó los dos meses y medio. La intención, explica el Ejecutivo, es reducir ese tiempo, pero subraya que se ha tener en cuenta que son varias las instituciones que participan en este proceso: la receptora, la REPER y, según los casos, los órganos de traducción de las comunidades autónomas.

La copla de los GAL: de por qué la gente quiere enterarse
 www.gaceta.es 26 Diciembre 2010

El ex presidente del Gobierno Felipe González sigue despertando los fantasmas del pasado. ¿Por qué ahora Amedo pretende reabrir la herida de los GAL? Porque nunca se cerró. Los españoles seguimos sin conocer la verdad de los policías que participaron en los GAL .

Felipe González continúa despertando los fantasmas del pasado. Una vez más, sin que nadie lo invite a la fiesta, en una nueva entrevista se introduce por los procelosos senderos de la guerra sucia y dice que él habría matado a los asesinos del atentado de Hipercor. Ésa es una rabieta de salón reservada a cualquier ciudadano de a pie pero no a un ex presidente que estuvo al frente del Gobierno más de 13 años y fue señalado como la X de los GAL.

Si González insiste en seguir por esa línea reivindicativa, lo tiene fácil: presentarse en la Audiencia Nacional y declarar ante los magistrados todo lo que sabe sobre ETA y la génesis de los GAL.

Como ha hecho el policía José Amedo. El ex subcomisario, que pagó con la cárcel su entrega a la política antiterrorista de los Gobiernos de González, ha pedido su comparecer ante los jueces para testificar en el último sumario que sigue abierto sobre los GAL. Pero, después de varios meses, sigue pendiente de una respuesta oficial de la Presidencia de la Audiencia Nacional.

Tiene gracia. Un ciudadano, que ya ha cumplido todas sus causas pendientes con la Justicia y que no pide ningún privilegio judicial, llama a la puerta de la verdad y, en lugar de ser recibido con los brazos abiertos, recibe el mismo trato que un apestoso. “Este tipo, cuanto más lejos, mejor”. La mayoría de los magistrados apuesta por el perfil plano, pero, en el caso GAL, si no se apuesta con redaños, le toman a uno el pelo. Y si no que se lo pregunten a aquellos fiscales y jueces, como Ignacio Gordillo y Javier Gómez de Liaño, que soportaron en sus carnes todo el peso de la venganza del poder político por atreverse a limpiar la cal viva.
Muchos de ustedes se preguntarán: ¿Por qué Amedo pretende ahora reabrir la herida de los GAL? Porque nunca se cerró y es higiénico para un país que las páginas de su historia reciente no se escriban en blanco. También está en su derecho: si participó en aquellos escuadrones de la muerte fue porque se lo pidió su Gobierno.

Eso es lo que el policía contestó al ministro Pérez Rubalcaba, cuando éste lo llamó delincuente, esgrimiendo en su defensa que cuando se sentó en el banquillo lo hizo siguiendo las directrices y estrategia del Gobierno socialista. Pero los españoles seguimos sin conocer la verdad absoluta de Amedo y del resto de los policías que participaron en los GAL.

Primero, porque desde el inicio de las investigaciones el subcomisario de Bilbao se sometió a la versión del Gobierno, negándolo todo, actitud que también le favorecía a él, hasta que fue condenado a 108 años, y después porque es libre de hacer lo que le plazca. Incluso aunque esa libertad pueda estar preñada de rencor o venganza. La frase lapidaria de las novelas negras de que la venganza es un plato que se sirve frío es tan lícita como entendible en el caso de Amedo.

¿Cómo reaccionaría usted si un día su Gobierno le pide que tire del carro para acabar con ETA y le convence de que la mejor solución es el tiro en la nuca, como hacen los terroristas, después un juez lo detiene y lo mete en la cárcel, un tribunal lo condena a 108 años de cárcel, soporta el oprobio popular, le promete el indulto para que se coma el marrón y luego se lo escamotea, le abre una cuenta millonaria con fondos reservados en Ginebra y más tarde se la birlan, le retiran todos sus derechos como ciudadano y, para colmo, cuando está rehaciendo su vida, llega un ministro, con quien encubrió durante años codo con codo la responsabilidad socialista en los GAL, y le llama delincuente?

Amedo ni es una ursulina ni un querubín y su participación en la guerra sucia contra ETA fue aseverada con abundantes pruebas, cuestión que él tampoco niega, pero resulta poco gratificante que uno de los suyos –copyright, Uno de los nuestros, de Scorsese– , a quien ha ayudado a sortear la verdad, le llame delincuente desde la atalaya de la dignidad. ¡Manda huevos! -copyright, Federico Trillo–. Rubalcaba poco o nada tuvo que ver con el huevo de la serpiente de los GAL, pero sí tuvo que verlo todo con la operación de encubrimiento desplegada desde La Moncloa entre 1993 y 1996.

Que se lo pregunten a dos funcionarios del Cesid, ahora CNI, al comandante Jambrina y al general Madrigal. Primero a Jambrina, el fustigador de Perote, que departía asiduamente con los responsables del gabinete de crisis del palacio presidencial. Un palacio del siglo XVII, reconstruido por los condes de Monclova donde habitan los espíritus y fantasmas acumulados durante tres siglos. Debajo de las alfombras, hoy día todavía pueden encontrarse restos de ectoplasmas felipistas.

De aquel comité de sabios monclovitas surgió la brillante idea de enviar a la cárcel de Guadalaja las cámaras de TVE para que Julián Sancristóbal sobreimpresionara la X de los GAL con una supuesta Z, responsable de un supuesto complot político. Aquella mamarrachada ocupó la apertura del telediario de las nueve de la noche por decisión de María Antonia Iglesias, entonces directora de los Informativos de la televisión pública.

Poco duró tan endeble argumento porque Sancristóbal optó por disparar hacia arriba y acusar a Vera y Barrionuevo de estar al tanto y autorizar el secuestro de Marey. El ex director de la Seguridad del Estado renunciaba a ser otro chivo expiatorio y a ser engullido por la razón de Estado. El scoop televisivo quedó registrado en las videotecas como uno de los sucesos más deleznables en la historia de la televisión.

Pero los cañonazos monclovitas no terminaron ahí. Poco después, TVE le cedió una cámara a Narcís Serra para que zarandeara a su antojo a los periodistas que habían desvelado las escuchas del Cesid. Según el vicepresidente, otro de los integrantes del gabinete de crisis, todo se debía a una confabulación de los reporteros, pero semanas después se vio obligado a dimitir, junto con el ministro de Defensa, García Vargas, y el director de los Servicios Secretos, Emilio Alonso Manglano. Estaba claro que todos ellos se veían desbordados por el peso de las pruebas acumuladas por los reporteros de investigación.

El propio Amedo, que siempre tuvo muy presente aquel aserto de Napoleón III de “quien sirve a un Estado sirve a un ingrato”, también guarda un amplio dossier, epistolar y sonoro, sobre los desechos de los GAL. Uno de ellos es una lista con los nombres de todos los generales de los grupos antiterroristas, que, ya en 1994, se lo facilitó al entonces notario mayor del Reino Juan Alberto Belloch, pero que no figura en ninguna causa judicial abierta contra los GAL.

Por no aparecer no aparece ni en el expediente iniciado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, contra altos cargos de Interior. Amedo ha comentado a sus allegados que el magistrado, en su día, no quiso saber nada de aquella lista. Creo que coincidió con el viraje político del superjuez, cuando decidió presentarse a las elecciones generales como número dos de la lista de González.

En aquella época pude echarle un vistazo a aquel documento que Amedo puso en manos de Belloch para recordarle que su Gobierno había contraído el compromiso de concederle el indulto, pero tengo el convencimiento de que jamás fue incorporado a ninguna causa judicial. Pero ahora sí podría ser adjuntado a ese maldito sumario que sigue abierto en la Audiencia Nacional.

El añorado Manuel Vázquez Montalbán en el prólogo “Viaje a la cheka democrática”, del libro El origen del GAL, que firmé a medias con Antonio Rubio, mantiene: “... el intelectual orgánico colectivo del PSOE se negó a hacer lo que hubieran necesitado realmente la izquierda y la sociedad democrática en su conjunto: una autocrítica de la evidencia de que la democracia española había construido sus chekas y en ella se había torturado y asesinado”.

Y concluye: “... conduce a la pregunta, todavía sin contestar, de por qué el Gobierno de Felipe González ascendió a general al coronel Rodríguez Galindo y, como en la copla de la Piquer... del porqué de este porqué, la gente quiere enterarse”.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Poner en valor el avance del euskera
ISABEL CELAÁ El Correo 26 Diciembre 2010

CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Nuestra enseñanza en euskera está firmemente asentada y consolidada. Sus parámetros de calidad son buenos, la satisfacción de las familias es alta y son ya varias las promociones de jóvenes vascos que han culminado con éxito sus estudios, desde los primeros niveles de la educación infantil hasta los universitarios.

El sistema de acreditación de conocimientos de euskera no puede permanecer ajeno a este enorme salto producido en la normalización lingüística y debe reconocer y validar el esfuerzo social y personal de estos jóvenes, sus resultados, así como avalar la calidad de nuestra propia enseñanza en euskera.

Por ello, carece de sentido exigir a titulados universitarios que han realizado en euskera toda su formación educativa -incluso desde los tres años- la superación de una prueba idiomática adicional para acceder a un puesto de trabajo en el que se requiera el conocimiento de la lengua vasca. No es habitual que un país exija certificaciones lingüísticas a sus propios ciudadanos, escolarizados en su sistema educativo. Es algo que se practica exclusivamente con los ciudadanos extranjeros.

Otras comunidades autónomas con lenguas propias distintas del castellano y también con larga trayectoria en la enseñanza en esas lenguas, han avanzado en esa dirección. Es el caso de Galicia, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares que poseen desde hace algún tiempo mecanismos de reconocimiento de la adquisición de los conocimientos lingüísticos obtenidos.

No actuar sería tanto como perseverar en una injusticia, probablemente en una discriminación cuando a esos mismos jóvenes no se les pide la superación de ninguna prueba en la otra lengua oficial de esta comunidad. Persistir en ello solo siembra dudas gratuitas sobre la calidad de nuestra educación en euskera.

La madurez de la educación vasca y la implantación generalizada de la enseñanza en euskera permite dar ese paso con el alumnado que ha realizado sus estudios básicamente en esta lengua.

Podemos avanzar un paso más en nuestro tránsito hacia la normalidad. Obviamente, sería temerario hacerlo con carácter general, eliminando el sistema de certificaciones lingüísticas o aplicándolo únicamente a aquellas personas escolarizadas fuera de nuestra comunidad. No es esto lo que propone el Gobierno vasco, que conoce bien nuestra dispar realidad sociolingüística.

Pero la anomalía no puede ser eterna ni su resolución puede demorarse a un último paso definitivo y completo. Debemos adecuar hoy el reconocimiento del avance de la lengua vasca al nivel de generalización de la enseñanza en euskera en nuestro sistema educativo y a la extensión de su conocimiento en las generaciones jóvenes.

Por ello, el Gobierno vasco va actuar y solventar esta situación con equilibrio y madurez. Va a reconocer y validar las titulaciones universitarias cursadas en euskera eximiendo a estos titulados y tituladas de la necesidad de acreditar las certificaciones lingüísticas equivalentes al C1, es decir, el Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) y sus equivalentes.

Del mismo modo se obrará con las certificaciones equivalentes al B2 en el caso del título de Bachillerato y de otros estudios de enseñanza posobligatoria cursados en euskera, así como con el título de Graduado de Secundaria para el nivel lingüístico B1.

En cada uno de los casos permitirá además a estos jóvenes incorporarse a los estudios de lengua vasca que se puedan realizar en la escuelas oficiales de idiomas o en los diferentes euskaltegis, a partir de ese nivel establecido.

Quedan, sin embargo, algunos que considerar y concretar. Entre otras cuestiones, deberemos establecer claramente qué se puede considerar como estudios realizados en euskera, así como determinar el alcance retroactivo de la norma.

Tenemos voluntad de hacerlo con el acuerdo de las universidades, del conjunto de los agentes educativos y de los grupos políticos, que ya han manifestado su disposición favorable en la sesión parlamentaria recientemente celebrada.

Por ello, la norma legal reguladora de este reconocimiento deberá esperar hasta bien avanzado el próximo año para ser aprobada. Pero su objetivo ya queda claro: los estudios ordinarios realizados en euskera deben y van a ser convenientemente reconocidos y validados.

La vía abierta por el Gobierno vasco supone transitar de la anomalía a la normalidad, dando un paso de gigante en el reconocimiento de los logros obtenidos por la ciudadanía vasca.

Para que conste, sobre la lengua impropia.
Nota del Editor  26 Diciembre 2010

Es curioso, pero si alguien pretende evaluar mis conocimientos de algo que yo conozco, en caso alguno me opongo, al contrario, es muy probable que resulte todo lo contrario, que el evaluado sea el tipo de enfrente que ha tenido la desfachatez de dudar de mis conocimientos, y por ello, esto de que los títulos que concede un organismos viciado, sean suficientes para determinar la idoneidad lingüística en lengua "propia" de un candidato, que además utiliza ese conocimiento marginal para expulsar del sistema a quienes no pueden acreditar el conocimiento de una lengua "propia" que no tiene sentido desde ningún punto de vista que no sea la exclusión de quienes han dedicado su tiempo a estudiar materias ventajosas para la sociedad, da la impresión de que tratan de ocultar algo más que ignorancia.

Y además se atreve a denominar al español como lengua "propia" ("lenguas propias distintas del castellano") cuando todos sufrimos porque esa afirmación es una mentira absoluta, el español es por definicion de lengua "propia" una lengua impropia.

Lo más penoso es que la consejera multiredundante (17 veces) de EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN desperdicie los recursos públicos (recursos que un momento antes eran privados, de Vd.y míos) en estas políticas xenófobas de los comisarios político-lingüísticos.
 

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