AGLI

Recortes de Prensa   Lunes 27 Diciembre  2010

 

España en peligro: la senda de los forajidos (Reflexiones para recibir el año 2011)
Francisco Rubiales Periodista Digital 27 Diciembre 2010

En los últimos dias del año 2011, Voto en Blanco publicará algunas reflexiones para abrir los ojos y para que podamos recibir el nuevo año bajo la fuerza de la verdad, entendiendo mejor el mundo que nos toca vivir.

El apoyo socialista a la investidura del nacionalista-independentista catalán Artur Mas es uno de los acontecimientos políticos más graves e inquietantes de todo el agonizante año 2010 y una auténtica patada en el hígado a la democracia. Pero la mediocridad reinante en la política española, la corrupción generalizada, el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación, la propaganda intoxicante de los partidos y la sumisión borreguil de la sociedad ocultan a los ciudadanos la gran vileza y peligrosidad de ese acontecimiento, que implica nada menos que el apoyo del socialismo a la independencia catalana y a la insumisión frente a las sentencias de los grandes tribunales Constitucional y Supremo.

Los socialistas catalanes y españoles, al apoyar la investidura del catalán Artur Mas, han dado un nuevo paso, esta vez trascendental, que les aleja de su política tradicional y de su carácter de partido político español. Con esa peligrosa decisión dejan de ser un partido adscrito a la Constitución y a la legalidad, emprendiendo una nueva e inquietante ruta por la senda de la disgragación y de la enemistad con el concepto de España.

La ruta asumida por el PSC, con el apoyo del gobierno de Zapatero, al apoyar a CIU, un partido marcado por rasgos tan duros y democráticamente discutibles como la lucha por la independencia catalana, la corrupción y el cobro sistemático de comisiones ilegales, que incluye también la desobediencia activa de las sentencias emitidas recientemente por los tribunales Constitucional y Supremo sobre la marginación del español en tierras de Cataluña, coloca al PSOE en una peligrosa senda, transitada con frecuencia por malvados y forajidos que eluden la Justicia.

Si no es abortado a tiempo por un socialismo menos temerario, enloquecido y obsesionado por el control del poder que el que pilota Zapatero, ese paso decisivo del PSOE, que le vincula a la insumisión, marcará profundamente el futuro de España, ensanchando la fosa que separa a los socialistas de la Constitución española y de la legalidad democrática, dejando al PP un espacio amplio por ocupar como único gran partido constitucionalista y defensor de la unidad de la nación y de la legalidad vigente.

El paso dado por Zapatero al apoyar la insumisión frente a las sentecias del Constitucional y el Supremo ha sorprendido no sólo a la España amante de la legalidad democrática, sino también en las propias filas del PSOE, donde todavía resisten, aunque cobardemente y guardando un vergonzoso silencio, algunos dirigentes y militantes que creen en la legalidad constitucional y en España como nación.

El nuevo paso, aunque representa un avance cualitativo y de enorme importancia, no hace otra cosa que avanzar por la senda peligrosa y nada democrática abierta por el gobierno de Zapatero cuando fraguó alianzas con partidos de ideología opuesta para cerrar el paso del poder al Partido Popular, cuando selló pactos con nacionalismos extremos, tradicionales enemigos de España, sin otro fin que mantener el poder, o cuando utilizó los fondos públicos para premiar el apoyo en el Congreso al gobierno de Zapatero, consagrando así una política que antepone el poder a los principios y que dinamita el fundamental principio de la igualdad de los españoles ante la ley.

Esa ruta por la que avanza el socialismo bajo el mando de Zapatero está política y democráticamente envilecida y, como ocurrió con el socialismo en la II República, vuelve a desenterrar los peores fantasmas del pasado español.

El avance del PSOE, uno de los dos grandes partidos españoles, por una senda política donde han sucumbido los principios y las idealogías, donde conviven fácilmente con la corrupción, en la que utilizan el dinero de los españoles para defender los intereses partidistas y en la que se antepone el control del poder a todo principio, incluyendo el bien común y el interés general, constituye una crisis de mayor alcance y trascendencia que la actual crisis económica, que está arrasando la prosperidad española.

La frivolidad, la mediocridad, la manipulación de las ideas, la espantosa corrupción de la política actual española y el sometimiento de la aborregada población a la propaganda de los partidos y a la mentira institucionalizada impiden captar toda importancia del paso dado. La existencia de un PSOE insumiso, disgregador y dispuesto a todo con tal de controlar el poder es una amenaza de inmensas proporciones que se cierne sobre el futuro de España como país y que podría abrir de par en par las puertas del enfrentamiento y de la ruptura de la convivencia.

Voto en Blanco

Déficit
El cómputo parcial de las comunidades autónomas
Jaime de Piniés Libertad Digital 27 Diciembre 2010

El pasado mes de abril, la UPyD denunciaba y cuantificaba por primera vez el derroche en que incurrían las comunidades autónomas. Esa primera estimación desveló cifras de infarto: las comunidades autónomas de España incurrían en un sobrecoste y, por lo tanto, en gasto superfluo para dar un servicio eficiente a los ciudadanos, de aproximadamente 26.000 millones de euros al año. No cayó en saco roto la denuncia, porque a esa voz pronto se unieron la crítica del Fondo Monetario Internacional sobre el despilfarro y el gasto autonómico y, poco después, la del Banco de España. El libro de Alberto Recarte se publicó en el otoño analizando con autoridad la sangría estructural del Estado autonómico. Pero, no fue hasta que los mercados elevaron el diferencial del bono español frente al bund alemán (manteniéndolo por encima de los 250 puntos básicos), y la agencia de rating Moody’s puso el dedo en la llaga y dijo que ponía el país en "negative watch", es decir, anunciaba públicamente que estudiaba la posibilidad de bajar el rating del Reino de España, precisamente por ese descontrol de los déficits públicos de las comunidades autónomas, insisto, solo fue tras todo este cúmulo de denuncias cuando, por fin, accedió el Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero a actuar dando más información a los mercados.

Efectivamente, el Gobierno ha adelantado información sobre los déficits públicos de las comunidades autónomas que representan más de la mitad de todo el presupuesto discrecional (sin incluir la Seguridad Social) del conjunto de las Administraciones Públicas de España. Este esfuerzo, aunque llega con una demora de décadas, tiene que saludarse como positivo. Hace falta mucha más transparencia pero a fecha de hoy, el Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero ha dado un paso en la buena dirección. En vez de esperar hasta marzo para saber algo más sobre el agujero presupuestario de las comunidades autónomas, se han adelantado los datos del tercer trimestre y, sorprendentemente, se nos dice que sólo hay un déficit público autonómico del orden del 1,24% del PIB español versus el 2,4% esperado para todo el año, factor que nos llevaría a la añorada senda de reducción del déficit publico de todas las Administraciones Públicas tanto en el año en curso.

Sin embargo, las cifras dadas son parciales. En primer lugar, el cuarto trimestre suele ser el de más gasto y este no se ha incluido. Pero, además, los criterios empleados por el Gobierno para estimar el déficit autonómico excluyen un significativo número de institutos, agencias públicas e instituciones. Pongamos por caso las televisiones y radios autonómicas, ninguna de ellas ha formado parte del cálculo. Y finalmente, el criterio de cómputo empleado es de caja y no el equivalente al devengo empleado en la contabilidad nacional. Por todo ello, no se puede entender cómo el Gobierno llega a afirmar que las comunidades autónomas no superarán un déficit del 2,4% para el conjunto del año en curso. Ojos para ver.

Por si fuera poco todo lo anterior, aún no se ha aclarado el mecanismo de control que quiere implementar el Estado para asegurar la disciplina presupuestaria en las comunidades autonómicas en el corto plazo. Lo que ha presentado el Gobierno como medida disciplinaria es la oportuna denuncia de situaciones excesivas confiando en que esto ejerza suficiente presión para corregir el derroche. Lo cierto es que la reputación sí es eficaz para frenar situaciones de déficit en el medio plazo, puesto que nadie presta a un derrochador. Así, el Gobierno anunció a bombo y platillo que dos comunidades autónomas superaban un déficit del 2% de su PIB regional en el año 2010. Y Moody’s, avalándose de dicho informe gubernamental, rebajó en un escalón el rating de las dos comunidades en cuestión aumentando de esta forma su coste de financiación. Pero las medidas basadas en la reputación no impiden que se produzca el daño. Actúan a posteriori, como nuestro Gobierno. Para ejercer un control eficaz hay que establecer claros límites sobre el gasto autonómico, incluyendo aquellas transferencias del capítulo IV de los presupuestos autonómicos dirigidas a empresas, consorcios, etc. que presten servicios externalizados.

Esa gran nación
Algún día, los historiadores deberán dar cuenta de esta nueva crisis de España.
Rafael L. Bardají www.gaceta.es 27 Diciembre 2010

España podía haber sido uno de los grandes en Europa, pero no lo va a ser. Seamos o no un gran pueblo, la verdad es que cada cierto tiempo nos sentimos tentados por el suicidio colectivo. Y nos ha tocado otra vez ahora. De contar como aliados con la principal potencia del mundo, Estados Unidos, y la democracia más asentada, Reino Unido, hemos pasado a ser ignorados por los amigos y despreciados por aquellos a quienes nunca debimos arrimarnos, de Chávez a los Castro; de avanzar para consolidarnos como un país rico a vivir al borde de la quiebra; de contar con un proyecto común, liberal y modernizador a hundirnos en las miserias de los nacionalismos excluyentes.

Algún día, los historiadores deberán dar cuenta de esta nueva crisis de España. Marzo del año 2004, con las bombas y el derribo del PP, marcará sin duda un hito, pero más importante para el hundimiento nacional será el resultado electoral de 2008, cuando una mayoría de españoles eligió a un mentiroso y un inepto para que siguiera dirigiendo España, sólo que, como hemos podido comprobar, hacia el abismo. La llegada al poder de ZP tras los atentados del 11-M es sencilla de explicar; su mantenimiento ocho años, no. Eso es lo malo de la teoría de la fruta madura: se sabe que acabará por caer, pero la caída puede que se demore demasiado. Tanto como para que la fruta, en lugar de madura, esté pocha del todo. El Gobierno socialista, no ya simplemente Zapatero, no está pocho, está podrido. Ningún cambio de cara sacará a España de donde él mismo nos ha metido. El proyecto político de Zapatero, Chacón o Pajín es el que es, como se puede ver en la transformación del PSC de Montilla en una fuerza independentista y del reparto de la pobreza, incapaz de generar empleo. España es una gran nación. Lo ha dicho el Rey.

Pero mucho me temo que no esta España ni la que nos promete Zapatero. Y es que la grandeza hay que ganársela con tesón y mucho esfuerzo.

Discurso del Rey
Deslegitimación democrática
Agapito Maestre Libertad Digital 27 Diciembre 2010

Quienes saben de las cosas de la Corona, especialmente los cercanos a los socialistas, dicen que el discurso del Rey ha perdido su razón de ser. ¿Quién es el principal responsable de ese fracaso? Según esos mismos especialistas en la cosa monárquica, mantienen que el propio Rey ha adquirido mucha responsabilidad en el deterioro de la institución; entre otros motivos, alegan que ha sido incapaz, en los últimos años, de reinar con sentido de nación. Se ha dejado querer hasta por los nacionalistas de Cataluña o es que acaso se puede olvidar el consejo que le dio a Carod Rovira: "Hablando se entiende la gente". Seguramente, esa expresión será recordada, por los futuros historiadores de esta etapa de España, al lado de la opinión de Zapatero sobre el concepto discutido y discutible de la nación española. Son dos expresiones que retratan perfectamente el carácter de los dos personajes.

Parecen dos hombres llamados a entenderse sin remilgos; de hecho, el Rey hizo más de un elogio de Zapatero en el pasado reciente. Cosa curiosa si observamos el silencio que el Borbón guardó sobre otros antiguos presidentes del Consejo de Gobierno. Así las cosas, no es de extrañar que los del PSOE se apropien el discurso del Rey y lo vean como uno de los suyos, o sea, un firme defensor de las reformas que está impulsando Zapatero; no me parece nada anormal, como algunos han puesto el grito en el cielo, que el PSOE haya hecho suyo el discurso de la Corona, entre Zapatero y Juan Carlos I siempre ha habido una gran sintonía.

Tan buena sintonía hay que incluso pueden mantener la misma opinión casi en los mismos tiempos. El Rey, por ejemplo, repitió dos veces que la crisis económica española no era responsabilidad del Gobierno sino que era una crisis internacional. Es lo mismo que nos dice Zapatero día tras día sin el menor sentido de su responsabilidad. Por otro lado, el Rey dejó claro en la velada de Navidad que permanecerá en su cargo de Jefe del Estado pase lo que pase, es decir, que lejos de ejercer su cargo con sentido autocrítico, se parapeta en el yo nunca abdicaré. En condiciones normales, naturalmente, no sería yo quien pusiese en cuestión al Rey, pero, hombre, con lo que está cayendo, no sobraría un poquito de sentido crítico. Si la mayoría de los ciudadanos españoles no hallan la razón de ser del discurso de Navidad, sería menester que el Rey, al menos por un momento, se hubiera planteado no tanto su pérdida de legalidad, que jamás la ha perdido, sino su propia crisis de legitimidad.

El "yo permaneceré al frente de la nave del Estado", como si no existieran circunstancias y razones sobradas para plantearse su idoneidad, coincide con la revelación, casi ridícula y obvia, que Zapatero le hace a su periodista de cámara: no dimitiré y seguiré hasta el final de la legislatura pase lo que pase. Independientemente de las consideraciones morales, o mejor, inmorales, que pudiéramos hacer sobres esas declaraciones, creo que los dos caen en el mismo defecto: carecen del mínimo sentido de la responsabilidad al no hacer una mínima autocrítica sobre sus respectivas responsabilidades en el estado de deterioro institucional y económico que viven los españoles. He ahí el síntoma más reaccionario de la llamada España de las Autonomías.

La margarita de ZP
César VIDAL La Razón 27 Diciembre 2010

Buena parte de esta legislatura ha transcurrido en medio de especulaciones sobre la dimisión de ZP y el adelanto de elecciones. Personalmente, nunca he creído en ninguna de las dos posibilidades y así lo he expresado en repetidas ocasiones. Mantener ese punto de vista no ha resultado fácil. A decir verdad, me he encontrado con las reacciones más diversas.

Una ha sido contemplar el cabreo soberano que se apoderaba de más de uno de los que me escuchaban incapaz de soportar que alguien creyera en la posibilidad de que ZP se quedara una hora más en La Moncloa. Otra ha sido la de tener que escuchar las más diversas teorías relativas acerca de por qué ZP se acabaría yendo de una vez tras deshojar la margarita de su sucesión. Una de las últimas elaboraciones mentales que he oído tiene su aquel. Según esta nueva explicación, ZP no tiene más remedio que marcharse porque una de sus hijas góticas une a esa condición la de estar enamorada de un okupa. Ambos se dedicarían a entrar en propiedades ajenas si bien Sonsoles, la esposa de ZP, habría logrado que la Guardia Civil trajera de regreso a La Moncloa a la díscola otaku. El argumento concluiría afirmando que, para sobrellevar la paz doméstica, ZP estaría dispuesto a retirarse.

Ignoro de dónde ha podido partir esta historia, pero yo personalmente no me la creo. De entrada, arranca de un punto de partida más que endeble. Si, efectivamente, el problema está en que la rebelde otaku abandone las okupaciones y regrese a casa, ¿alguien cree que sin el marido en La Moncloa Sonsoles conseguiría que la Benemérita fuera igual de diligente en llevar pequeñuelas al redil? No lo creo yo.

Pero además hay otro factor nada desdeñable y es que la salida de ZP implicaría una derrota segura del PSOE, mientras que su permanencia le ofrece una posibilidad, aunque mínima, de ganar las elecciones de 2012. Con un estado de alarma que impide convocar elecciones y unas municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, el PSOE no tendría casi tiempo para buscar un sustituto a ZP y que éste no se estrellara clamorosamente en marzo de 2012. Sin embargo, ZP podría aguantar la legislatura apoyándose en una CiU empeñada en llegar a la independencia a medio plazo.

No sólo eso. Si en el primer trimestre de 2011 sufrimos una suspensión de pagos, es posible que un año después muchos no lo recuerden. Finalmente, el desastre en las municipales y autonómicas podría ser aprovechado para movilizar al electorado de izquierdas que se ha ido descolgando en los dos últimos años y que es, a fin de cuentas, el que da ventaja en las encuestas al PP de Rajoy.

Con una derecha incapaz hasta el momento de ganar nuevos votos, con una izquierda enloquecida al grito de «los fascistas llegan a La Moncloa. ¡No pasarán!» y con un Mas encaminado hacia la independencia, ZP podría gobernar un tercer mandato. De modo que aquellos que desean, de manera más que comprensible, el final político de ZP deberían dedicar menos tiempo a pensar en razones por las que se irá y más a analizar aquellas por las que podría quedarse. ZP no ha deshojado nunca la margarita de su sucesión. Si acaso, se ha dedicado a dejar España como un erial.

Sucesión e interinidad
El Editorial La Razón 27 Diciembre 2010

Por mucho que el secretario de Organización socialista, Marcelino Iglesias, y buena parte de la estructura federal del partido se afanaran ayer mismo en proclamar que no está abierto en el PSOE el debate sucesorio, y ni siquiera la discusión sobre si Rodríguez Zapatero debe hacer pública la decisión sobre su futuro político cuanto antes o no, la realidad desmiente los intentos de estos dirigentes por apagar un fuego encendido y alimentado precisamente por el propio presidente del Gobierno y secretario general socialista. De Rodríguez Zapatero, y sólo de él, es la responsabilidad de haber abocado al Ejecutivo, a su partido y a la coyuntura política a un futuro de incertidumbres y de tensiones nada beneficioso para un país con un serio déficit de confianza en las esferas internacionales y con todas sus circunstancias políticas y económicas escrutadas al segundo por los mercados.

Las cábalas lanzadas ya desde hace meses, y más aún con el nombramiento de Pérez Rubalcaba como vicepresidente primero, se dispararon cuando Rodríguez Zapatero confirmó hace unos días que había trasladado la decisión definitiva sobre su futuro a su esposa y a un íntimo colaborador del partido, el llamado «confidente». Da la impresión de que el presidente va por libre y que sus maniobras espasmódicas se convierten en zancadillas a esos estrechos colaboradores que intentan sofocar una situación potencialmente explosiva. La lucha por el poder no sale gratis. Desgasta y mucho a las organizaciones. Y no puede pasarse por alto que los malabares de Zapatero han llegado además en un crítico momento para el PSOE, asomado al abismo del peor resultado de la historia democrática.

Si el presidente tuviera en cuenta la opinión de los ciudadanos, plasmada en los estudios demoscópicos, lo tendría sencillo. El grado de rechazo que provoca su figura política habla por sí solo sobre el estado de la opinión pública. Según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, casi siete de cada diez españoles opinan que Rodríguez Zapatero no debería presentarse a las elecciones generales de 2012. También es una mayoría (53,2%) la que entiende que el PSOE debe acabar ya con esta indecisión y anunciar su cabeza de cartel. Los encuestados tienen sus favoritos, con Rubalcaba en primer lugar (32,7%), seguido de José Bono (29,5%) y Carme Chacón (12,2%). No estamos convencidos de que Zapatero atienda al criterio de los españoles o, incluso, a sus intereses para decidir lo que más conviene en cada momento. En caso contrario, la suerte estaría echada.

España y sus urgencias necesitan algo de su Gobierno, además de las reformas demandadas, y es certidumbre, estabilidad y liderazgo. Si Zapatero persiste en jugar a la indefinición y a la duda, afrontamos una etapa de interinidad política que pesará como una losa sobre las posibilidades del país de embridar la desconfianza y enfilar la recuperación. El presidente debe solucionar lo que él mismo generó. Después de las navidades, el país exigirá decisión, carácter, energía, liderazgo y autoridad políticas. Y esas cualidades no pueden darse en quien deambula entre el tacticismo político y la vacilación personal.

Cuando gobernar se convierte en el arte de manipular
EDITORIAL Libertad Digital 27 Diciembre 2010

Pocos hechos son más sintomáticos del creciente abismo que separa a la población española de su casta política que esa súbita preocupación que se ha desatado entre los jerarcas autonómicos del PSOE por la posible catástrofe electoral en los comicios del próximo mes de mayo. Conscientes de que la desastrosa gestión de Zapatero está acabando con sus posibilidades de victoria, el secretario de Organización del partido, Marcelino Iglesias, ha tenido que salir en defensa del presidente y prometerles que "sabe administrar muy bien los tiempos".

Claro que a los tiempos a los que se refiere Iglesias no son los de la recuperación económica, cuyo inicio lo dató Zapatero hace unos días para dentro de un lustro, sino los tiempos de la propaganda política y de los golpes de efecto cosméticos. Es decir, y por si alguien continuaba dudándolo, ni el Gobierno central ni los barones regionales se están ocupando en acelerar la salida de la recesión sino sólo en salvaguardar sus mullidos sillones durante los próximos cuatro años. Los cinco millones de parados no son el centro de sus preocupaciones e iniciativas, sino sólo una chinita en su camino hacia la reelección que en su caso debe ser maquillada u ocultada.

Así las cosas, mientras el estamento partitocrático siga más interesado en preservar sus redes clientelares, su poder, su influencia y sus privilegios que en servir a los españoles, continuarán sin adoptarse las imprescindibles reformas que este país necesita. Porque ese sentimiento de superioridad y lejanía con respecto a los problemas mundanos de la ciudadanía, esa indiferencia hacia la dramática situación que estamos viviendo, es lo que lleva a que nuestros políticos sólo den tímidos e insuficientes pasos en la buena dirección cuando los mercados internacionales los colocan ante una situación insostenible.

Sólo de este modo se explica que mientras las familias y las empresas han tenido que apretarse el cinturón hasta extremos muy dolorosos –quedándose en el paro o quebrando–, el sector público, incluido el autonómico, siga engordando a costa de un endeudamiento que se ceba, vía mayores impuestos y tipos de interés, sobre esas ya muy debilitadas familias y empresas. O sólo así se explica que cinco millones de parados no empujen al Gobierno o a la oposición a exigir una reforma laboral integral que, por mucho que se oponga a los dogmas ideológicos de la izquierda, ponga fin a la dictadura sindical en las relaciones laborales.

Al cabo, nuestros gobernantes no sienten la crisis como propia, muy en especial porque recaudan más impuestos y despilfarran mayores cantidades de nuestro dinero que antes de que ésta se desatara. Nuestra crisis se ha convertido en su buena salud, de modo que el único nubarrón que otean en el horizonte sea el de no salir reelegidos. En caso de renovar el mandato después de mayo, su barra libre continuará sin ningún tipo de restricción ni quebradero de cabeza. Por ello, no observan al sufrido pueblo soberano como un ente al que deben servir, sino como uno al que pueden manipular. La administración de los tiempos del PSOE no es más que eso: cómo conservar la poltrona tras siete años de ataque sistemático a las libertades y la prosperidad de los españoles. Ni la crisis institucional ni la crisis económica han ido nunca con ellos.

La estrategia de Artur Mas
El pacto de Mas y Montilla le permite a Zapatero pensar en un apoyo de CiU más allá del previsible triunfo del PP en las municipales
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 27 Diciembre 2010

¡Pobre Arriola! Él, que se imaginaba a Artur Mas dependiendo de los votos de Alicia Sánchez Camacho... Porque ¿en qué otro grupo, sino en el PP, tendría que apoyarse CiU en el parlamento catalán? Al sociólogo y a sus asesorados de la calle Génova no se le pasaba por la imaginación que CiU pudiera llevar a cabo ¡al fin! la llamada «sociovergencia» e, incluso, la incorporación a su gobierno de figuras independientes y progresistas.

Ha sido inútil recordar durante años que en Cataluña caben todas las formas de coalición menos las que supongan acuerdos de fondo con el PP. Es algo que está en la «naturaleza» de los nacionalistas. El precedente del apoyo parlamentario al Gobierno de Aznar lo fue a escala estatal, después de la borrachera del GAL y la corrupción económica, y fue muy limitado en el tiempo y en los contenidos. Duró un santiamén. Precisamente el triunfo de Aznar en las segundas elecciones se debió a que se negó a todo tipo de compromisos con los nacionalismos periféricos que fueran más allá de las transferencias previstas. Pero es inútil demostrar lo obvio.

Por ejemplo, que las estrategias del PSOE, el PNV y CiU pasan por unos objetivos comunes que tienen que ver con la formación de un modelo de Estado confederal. Sin embargo las gentes del PP han seguido confiando en el oportunismo político de CiU y el PNV y la vuelta de estos al redil conservador y razonablemente progresista, justificados por un vago sentido de clase. El «posnacionalismo», que dijo en su día Ramón Jáuregui.

El pacto de Mas y Montilla le permite a Zapatero pensar en un apoyo de CiU más allá del previsible triunfo del PP en las municipales. Pero, en todo caso, quiero recordar una vez más que cualquier análisis político debe pasar por la estrategia que comparten socialistas y nacionalistas y que cualquier otra veleidad, ya sea de Arriola o de cualquier otro, está condenada al mundo de las puras ilusiones.

Charlas sin fuste
J. M. RUIZ SOROA El Correo 27 Diciembre 2010

El expresidente González está empeñado en escribir su historia como la de un gobernante que vivió agobiado por dramáticos dilemas entre sus principios y su responsabilidad. No parece sino que Max Weber diseñó esta oposición de conceptos pensando precisamente en Felipe González y en sus épicas luchas de conciencia (o por lo menos en el juego que podría sacarles para engrandecer su figura). En este sentido, la última ocurrencia de nuestro político-dramático es una bastante trillada, aunque de éxito mediático garantizado: consiste en practicar un poco el experimento mental contrafáctico en materias morales. Por ejemplo, si el gobierno puede matar a los etarras que se dirigen a Hipercor a poner la bomba, ¿debe hacerlo?, ¿está bien que lo haga?, ¿no se debe el gobernante al mayor bien de sus gobernados?

Este tipo de cuestiones dilemáticas se ha planteado bastante en la filosofía moral moderna: si tenemos en nuestro poder al terrorista que ha colocado la bomba en un colegio infantil que no hay tiempo para desalojar, y si sólo él puede revelarnos dónde se encuentra y cómo desactivarla, ¿podemos amenazarle para que confiese?, ¿podemos torturarle un poco?, ¿podemos torturarle hasta la muerte? Cabe incluso señalar que este tipo de sugestión utilitarista (en la que la suma de bienes que se obtiene con una conducta reprobable supera grandemente la tasa de mal que ocasiona) es la que está en la base de actitudes como la del Tribunal Supremo de Israel, que autoriza un nivel moderado de tortura de los terroristas cuando no existe otro medio de evitar males mayores. Y una extensa tribu de moralistas católicos nos responderían lo mismo, hablándonos de la doctrina del mal menor.

El problema inmediato que plantean este tipo de ilusionismos contrafácticos es el de la pendiente resbaladiza que aguarda a todo aquel que los justifica: matar a los etarras que iban a Hipercor con la bomba ya humeante puede parecer una opción plausible; pero ¿y por qué no matarles el día anterior, cuando estaban preparando la bomba?; ¿y por qué no matarles desde que se hicieron terroristas puesto que podían muy probablemente llegar a poner bombas? Con otro ejemplo: ¿debería el gobierno republicano derribar el avión 'Dragon Rapide' en que Franco se dirigía desde Canarias a tomar el mando de los legionarios y regulares sublevados en Marruecos? ¿Sí? Entonces, si lo que cuenta es el resultado, ¿no podría también haber ordenado su ejecución somera días antes de que tomase el avión? En el fondo, y si usted amigo lector tuviera esa posibilidad, sabiendo lo que sabe, ¿habría apretado el botón para eliminar la vida de Franco pongamos que en 1935? ¿Lo consideraría un acto moralmente defendible? Si responde afirmativamente, ¿habría hecho lo mismo en 1900 cuando era un niño? ¿Y habría eliminado en 1880 a su madre, para evitar que diera a luz al futuro dictador? ¿Dónde pone la raya?

Pero es que el problema no sólo es resbaladizo, es que su mismo planteamiento parte de una analogía incorrecta: la de que las personas particulares y los gobiernos o autoridades están en idéntica situación ante esta clase de laberintos. Y no es así, ni mucho menos. Una persona particular puede quizás responder como lo hizo Fernando Savater que si le planteasen la situación hipotética de tener que torturar al que ha puesto la bomba para salvar la vida de su hijo inocente, como padre él torturaría� y después asumiría su responsabilidad por haber infringido la ley. Es tanto como reconocer que la persona individual incurre en ocasiones en un desfallecimiento moral por mor de sus lealtades primarias.

Pero cuando hablamos del poder no cabe comprensión alguna ante ese desfallecimiento momentáneo en el cumplimiento de las reglas, no cabe decir 'torture usted un poco', 'haga estallar el vehículo', que luego veremos si le podemos justificar hablando de la ética de la responsabilidad. Porque el gobierno no es un padre, ni los ciudadanos somos sus hijos. Un gobierno o autoridad pública, esa es la diferencia, está dotado de un poder extraordinario pero está también sujeto a unas normas muy concretas sobre su utilización. Por eso se le ha confiado el monopolio de la violencia, porque sólo puede usarla de acuerdo con la ley y respetando sus límites.

Al gobierno, por decirlo así, se le ha dado de antemano un código detallado de lo que puede y no puede hacer, un código que es restrictivo y cauteloso porque todas las precauciones ante el poder que viene de arriba son pocas. Su capacidad para escribir o crear dilemas que luego le expliquen es demasiado evidente como para ignorarla confiadamente.

Un gobernante puede tener dudas personales, cómo no, sobre si respetar o no esos límites que el Estado de Derecho le impone en un caso concreto. Pero si las tiene, la salida para él es nítida: debe dimitir y abandonar su cargo, puesto que se siente incapaz de cumplir con sus exigencias. Lo demás, tal como hablar a tontas y a locas de asesinatos y la 'ética de la responsabilidad' no es sino eso: charla sin fundamento. Sin fuste, decimos en Bilbao.

Navidad y sociedad civil
JAVIER OTAOLA El Correo 27 Diciembre 2010

ABOGADO Y ESCRITOR

Fue Alexis de Tocqueville el primero que valoró el concepto de 'sociedad civil' en su famoso libro 'La democracia en América', y la definió como el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que actúan como mediadores entre los individuos y el Estado, incluyendo a todo tipo de asociaciones, grupos intermedios, clubes, sociedades de pensamiento, universidades, colegios profesionales y comunidades religiosas.

Hoy sabemos que la existencia de una sociedad civil, diferenciada de la sociedad política, es un prerrequisito para la democracia. Sin ella no hay Estado legítimo, declara el sociólogo y premio Príncipe de Asturias Alain Touraine. Y autores como Jürgen Habermas han teorizado sobre el valor y la funcionalidad de la sociedad civil como prerrequisito de la democracia. Habermas distingue dos componentes principales en la sociedad civil: por una parte la libre asociación de los ciudadanos que, autoorganizándose, hacen posible defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado; y por otra parte el conjunto de movimientos que plantean nuevas demandas sociales y vigilan la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados: el fenómeno Wikileaks sería un ejemplo novedoso y revolucionario de cómo la sociedad civil global se hace valer ante la sociedad política global.

Si hay un ámbito en el que la sociedad civil debe ser tenida en cuenta es precisamente en el ámbito de la sociabilidad espontánea, es decir, en la ordenación del tiempo y el espacio de la convivialidad, donde junto a lo expresamente político se materializan los fenómenos culturales, tradicionales, consuetudinarios, deportivos, lúdicos y religiosos. Las fiestas, los toponímicos, las formas de saludo y la vestimenta, las tradiciones orales, el cancionero popular, las tendencias artísticas y estéticas, los usos y costumbres de una sociedad determinada no nacen en el Boletín Oficial del Estado sino en la urdimbre misma de la vida social.

Un entendimiento mediador y no doctrinario de la laicidad nos debe llevar a comprender que lo político y lo jurídico no agotan toda la realidad social y humana; especialmente en lo referido a las fiestas la sociedad civil tiene tanto o más que decir que la sociedad estrictamente política, porque el ámbito de las fiestas y de los usos sociales tiene que ver con nuestra creatividad colectiva, una creatividad a veces contradictoria y conflictiva pero que hunde sus raíces en la historia, la tradición y en muchas ocasiones en las puras inercias sociales, que nunca se detienen sino que permanentemente cambian y evolucionan al ritmo de los cambios de mentalidad y la innovación social. Eso hace que hoy, entre nosotros, sean tan representativas de nuestra realidad social -plural y contradictoria-, las redes sociales tejidas en Facebook o en Twitter, las procesiones de Semana Santa, la exhibición de carrozas del Orgullo Gay o las manifestaciones del Primero de Mayo.

Me considero un laicista convencido y creo que la confusión de Iglesia y Estado no es buena ni para el Estado ni para las iglesias, creo que tenemos todavía mucho que hacer para garantizar la aconfesionalidad de los poderes públicos que acordamos en el pacto constituyente, y, al mismo tiempo y sin contradicción, me encuentro cómodo en un cristianismo subjetivo y abierto� y por supuesto me gusta la Navidad, que a mi juicio no es sólo una fiesta religiosa cristiana -que lo es- sino que hace mucho que se ha abierto, felizmente se ha secularizado mezclándose con los actos festivos del Fin de Año, de tal modo que sin grandes problemas integra en su carácter festivo a todos los que celebran haber nacido, y pueden pasar un año más junto con aquéllos que aman y les aman. A mi juicio, en la fiesta llamada de la Natividad celebramos -quizá sin saberlo- el hecho de haber sido acogidos en un 'nido' de afectos que nos ha permitido ser lo que somos.

La libertad que garantizan nuestras instituciones políticas democráticas y nos hace ciudadanos nos dignifica, porque nos empodera como seres humanos, varones o mujeres, autónomos y responsables. Pero junto a la libertad civil y política existe otro gran valor dignificante: la piedad de la que habla Hans Castorp en 'La montaña mágica', y que puede definirse como esa conciencia/sentimiento de asombro y respeto ante la profundidad de la vida y de realidad que nos rodea, a la vez terrible y fascinante. Ese sentimiento, según el teólogo luterano Rudolf Otto, es, en su raíz, un sentimiento religioso, previo a cualquier confesionalidad, un sentimiento de asombro y temblor ante lo absolutamente Otro, y esa piedad, de otra manera, también nos dignifica, nos vacuna contra la banalidad y nos hace conscientes de la radical originalidad de nuestra condición humana.

Ese sentimiento está, para quien quiera verlo, presente poéticamente en la celebración de la Navidad.

Expansión islamista radical
Editoriales ABC 27 Diciembre 2010

Ha de aumentarse la presión sobre las redes islamistas más extremas, refugiadas en los beneficios de la democracia

LA extensión en España de las redes más integristas del islam no es un mensaje alarmista, sino una realidad constatada por los servicios de información del Estado, que se apoyan en datos objetivos sobre la actividad de, entre otros, los grupos salafistas. El salafismo es una corriente del islam que predica una aplicación estricta de las reglas del Corán. Es el movimiento islámico al que se adscribe Al Qaida y en el que esta organización terrorista inserta su objetivo de restaurar el califato en todos los territorios donde alguna vez hubo presencia islámica, como España, identificada como Al Ándalus en todos los escritos incendiarios de Bin Laden y sus secuaces.

El seguimiento de los servicios de inteligencia a los grupos salafistas instalados en España ha permitido comprobar un incremento de su actividad, en concreto del número de asambleas, que han pasado de una en 2008 a diez en este año, en diversas localidades de España. Esta ampliación de su campo de acción a todo el territorio nacional demuestra un refuerzo de sus circuitos de captación y financiación, en grado suficiente para potenciar la «yihad» en nuestro país y fuera de él. La investigación sobre el atentado del 11-M puso de manifiesto que España era una base de reclutamiento de terroristas para su exportación a Irak y ahora es una plataforma privilegiada para sus actividades «logísticas» en Europa. El crecimiento de este movimiento salafista en España coincide con la ocupación de amplias zonas del desierto del Sahara por parte de Al Qaida en el Magreb Islámico, la sucursal terrorista de Bin Laden que acosa el norte de África y, en consecuencia, el sur de Europa. El Sahara, en palabras de Rubalcaba, es la principal amenaza para España.

La labor de inteligencia es fundamental para desarticular la actividad terrorista de estos grupos. El problema de los gobiernos occidentales es que los actos conspirativos previos aparentan actos lícitos de reunión y asociación, por lo que resulta muy complejo conseguir sentencias de condena por actos terroristas concretos, quedándose la mayoría de ellas en condenas por pertenencia a organización terrorista o por delitos comunes. Es evidente que ha de aumentarse la presión sobre las redes islamistas más extremas, refugiadas en los beneficios de la democracia y que generan personajes tan siniestros como el iman de Lérida, promotor de una «policía religiosa» que debe ser perseguida. La tolerancia democrática no tiene nada que ver con la indefensión de la sociedad.

Igualitocracia
Juan Pedro Moreno* El Confidencial 27 Diciembre 2010

No se confundan, la igualitocracia a la que se refiere este artículo no es a la democracia de la igualdad: igualdad de derechos, de oportunidades, de género. Esa la doy por supuesta en un país como España.

Igualitocracia es un concepto que nos hace diferentes, especiales en España, como en tantas otras cosas. Igualitocracia es la democracia del yo lo quiero igualito.

Nuestros políticos se han instalado desde hace mucho ya en el yo lo quiero igualito, eso sí, con dinero público, el que ahora tanto necesitamos

¿Cuántos parques tecnológicos con ninguna, una o dos empresas conocen en sus ciudades o comunidades autónomas? ¿Cuántos museos de arte moderno que hubo que llenar con cosas modernas -¿de arte?- y centros de congresos y convenciones? ¿Conocen alguna capital de provincia sin universidad y además con todas las especialidades?

Parece que nuestros políticos, más preocupados por la reelección que por el desarrollo, se han instalado desde hace mucho ya en el yo lo quiero igualito, eso sí, con dinero público, el de todos, el que ahora tanto necesitamos.

Mientras, otras sociedades modernas y desarrolladas han ido por otros derroteros. Hoy, un afamado oncólogo ¿elegiría Houston o Nueva York para trabajar?, un ingeniero en automoción se trasladaría ¿a Múnich o a Berlin? , un diseñador de renombre a ¿Milán o Nápoles?… y un gran profesor universitario elegiría ¿Boston o Miami?... Y así con multitud de especializaciones geográficas.

Actualmente no solo vivimos en una sociedad cada vez más especializada, sino que numerosos investigadores han descifrado la intensa relación entre desarrollo económico y social, innovación y disponibilidad de talento. El desarrollo económico y su sostenibilidad dependen cada vez más (en un modelo de producción deslocalizado con las capacidades de producción cada vez más concentradas en los países emergentes) de un proceso de innovación y mejora continua que lo haga sostenible. Hoy la clave ya no es producir barato en los países desarrollados -eso ya no es posible-, la clave es producir diferente, productos y servicios diferenciales, con unos niveles de productividad que superen cada día los mejores estándares. Mientras nuestra producción de calzado se realiza cada vez más en China, Alemania inunda de Mercedes y BMW aquel mercado.

Para ello hay que desarrollar importantes cotas de innovación a todos los niveles y, por supuesto, contar con las dosis de talento y especialización disponibles en el entorno.

Talento llama a talento
En España aún tenemos que aprender que para ser iguales tenemos que aprender a ser diferentes

Pero… ¿cuál es el entorno adecuado, el país, la ciudad? Hoy los investigadores apuntan a que la clave de la investigación, el desarrollo de innovación y la potenciación del talento están en la Comunidad. La Comunidad…¿autónoma? No, no, para nada... en la comunidad de talento. Talento llama a talento.

Los científicos, los investigadores, los emprendedores cada vez quieren estar, formar parte, de su comunidad de especialización y, así, se sienten atraídos por la disponibilidad de ese talento común y las importantes sinergias que conlleva: relación e intercambio, medios disponibles para su desarrollo, polo de atracción del capital y de trabajo, remuneración y movilidad laboral.

Por eso se trasladan a vivir y se agrupan en aquellas localizaciones donde existe masa crítica de capital humano, social/relacional y tecnológico y allí -en Singapur, Bangalore, Palo Alto- nace la llama de la invención, de la innovación, del desarrollo, que parece espontáneo pero no lo es, porque se apoya en claras apuestas, diferenciales, de Gobiernos y sector privado por hacerlo. Son ciudades y zonas cada vez más diseñadas para albergar esas redes, esas comunidades de talento, con infraestructuras urbanas, tecnológicas y sociales adaptadas para ello; con modelos de flexibilidad y adaptabilidad muy desarrollados: flexibilidad laboral, compatibilidad docencia/investigación/dedicación privada, apertura a la colaboración universidad empresa, patrocinio de la investigación, etc, fomentado por los poderes públicos.

Algunos ejemplos se atisban en España, como la iniciativa en torno a la escuela de motociclismo de Cataluña que atrae a jóvenes del mundo entero a formase, pero hemos de pensar en otras oportunidades que tenemos en turismo, gastronomía, arquitectura y por supuesto, biotecnología, comunicaciones….

Hoy en día nuestros mejores investigadores, emprendedores o técnicos prefieren instalarse y desarrollarse fuera; pasaron los tiempos de los nacionalismos (el regional o el nacional), es la era de las comunidades. “El talento es el elemento predictivo más importante del éxito de una ciudad“ opina Michel Bloomberg, alcalde de Nueva York.

¿Qué aporta la igualitocracia a favor de esta tendencia? Desde mi punto de vista bien poco. En España aún tenemos que aprender que para ser iguales tenemos que aprender a ser diferentes, muy diferentes entre nosotros. Aprender a que las facilidades y el acceso a cualquier materia, más allá del bienestar social así como los incentivos fiscales, tecnológicos, académicos, etc, no tienen por qué ser igual en todos los lugares aunque sí para todos. Únicamente así se podrá fomentar esas especializaciones, la creación de polos de atracción, de comunidades de ámbito nacional e internacional de las que hoy estamos muy escasos y encontrar, por fin, nuestras comunidades.

Y usted, ¿elegiría España? ¿Cuál sería su comunidad? Y en España, ¿dónde se instalaría?
*Juan Pedro Moreno, socio de Accenture y responsable de Innovación

Presidenta del PP de Aragón
Luisa Fernanda Rudí: «Tenemos que racionalizar el Estado autonómico»
C. Morodo La Razón 27 Diciembre 2010

–¿Está de acuerdo con quienes dicen que el Estado autonómico se ha convertido en otra rémora para la recuperación económica?
–El origen del abultado déficit de 2009 está más en las liberalidades de Zapatero que en las de algunos gobiernos autonómicos. En términos generales se ha demostrado que el principio de subsidiariedad es bueno, y que también es bueno que el servicio lo preste quien está más cerca del ciudadano. Pero también es verdad que después de 30 años de funcionamiento del Estado autonómico, hay que pararse a revisar qué ha ido bien y qué está yendo mal.

–A su juicio, ¿qué es lo que funciona mal?
–Hay una superposición de administraciones públicas con competencias en los mismos servicios. Hay administraciones con cifras de gasto muy elevadas: acabamos de conocer que en Andalucía tienen 38.000 teléfonos móviles a cargo de los Presupuestos. Y se han multiplicado las empresas públicas, los patronatos, las fundaciones..., que al final no son sino instrumentos de opacidad, como está ocurriendo en Aragón. Tras las elecciones de 2011 y, sobre todo, de las generales de 2012, será necesario que todos nos sentemos a planificar una racionalización del funcionamiento del Estado.

–Difícil tarea, ¿no? En la medida en que depende de un gran acuerdo PSOE-PP.
–En Alemania lo han hecho, y nuestro modelo constitucional se inspiró en la Carta Fundacional de Bonn. Es evidente que España necesita una auditoría del funcionamiento autonómico y para eso hace falta un gran acuerdo nacional de los principales partidos, y también la participación de los gobiernos autonómicos.

–¿La descentralización se nos ha ido de las manos?
–La descentralización puede ser muy buena si es eficaz, y puede ser menos buena si no es eficaz. El problema es de eficacia, y para arreglarlo no creo que haga falta un cambio constitucional, sino aplicar mejores criterios de racionalidad.

–Sin recuperar competencias.
–Yo no lo veo necesario.

–Pero el modelo actual no garantiza, por ejemplo, la igualdad territorial en la enseñanza.
–La Ley de Educación del PSOE ha rebajado el porcentaje de contenidos comunes que fija el Estado. La alta inspección del Estado no se ejerce y la política es la que determina todas las decisiones que se adoptan. Para arreglar estos problemas no hace falta una reforma del estado autonómico, sino aplicar criterios de eficacia y más sentido común. Es importante que un niño aragonés conozca el río Gallo, pero también debe conocer los principales ríos de Europa o hasta me atrevería a decir que de China. También en este caso hace falta un acuerdo entre Gobierno central y comunidades autónomas.

–Pero se sellan nuevos acuerdos y van en la dirección contraria. Y los casos de discriminación del castellano ya se ven en otras comunidades, no sólo en Cataluña.
–Ésta es la eterna batalla, pero la Constitución es muy clara: el castellano es la lengua de obligado conocimiento en todo el territorio nacional. Más allá de las actuaciones políticas, yo creo que en esto acabará imponiéndose el pragmatismo y el sentido común. El castellano lo hablamos más de 400 millones de personas. Los jóvenes a los que se les limita su conocimiento tienen menos posibilidades de encontrar trabajo fuera de España y esa situación es un hándicap también dentro del territorio nacional.

–¿Este Estado de Bienestar, tal y como está planteado, es sostenible o tenemos que hacernos a la idea de que no hay más solución que el recorte de prestaciones?
–Será sostenible si conseguimos hacer que funcione bien. Suecia, los países nórdicos, fueron los inventores del Estado del Bienestar. Y en los años 90, por los efectos de una importante crisis, tuvieron que revisar su sistema de prestaciones. La conclusión no fue que el Estado dejase de garantizarlas, sino racionalizar sus criterios de concesión. A lo mejor hay cosas que no pueden ser para el cien por el cien de la población. Y le pongo un ejemplo. En Aragón hay gratuidad de libros para todos los niños, y a lo mejor habría que plantearse que las familias con una renta superior a una determinada cantidad no disfruten de ese gratis total. Eso no significa que el Estado de Bienestar se haya acabado, sino una mayor justicia distributiva.

–¿La «racionalización» pasa por la privatización en la prestación de servicios públicos?
–La administración pública tiene que garantizar los servicios y controlar su calidad. Pero no todos tienen que ser prestados por ella. En Zaragoza, el servicio de transporte público no ha dependido nunca de una empresa pública, sino que es una concesión. Y hasta ahora, que Belloch ha dejado de pagar, ha funcionado de diez. En la Sanidad, por ejemplo, la administración pública tiene que garantizar una buena asistencia y en plazo. ¿Pero tiene que quedar todo en manos de un hospital público? Pues quizás es mejor que no, quizás es mejor que aprovechemos todo el potencial de instalaciones sanitarias que hay en una comunidad autónoma. En esto están muy avanzados en Cataluña.

–¿Implantar el copago es inevitable?
–Yo no me atrevo a considerar nada como inevitable. Ésta es una cuestión sobre la que debemos sentarnos a hablar. En Suecia hace ya 20 años que funcionan con el sistema de las monodosis, es decir, que el médico te receta sólo las pastillas que necesitas. No tiene ningún sentido que todos tengamos en casa un cajón de medicinas que terminas tirando o llevando a la farmacia, mientras el gasto sanitario se dispara de forma exponencial. Le pongo otro ejemplo: ¿hay una central de compras de material sanitario, por ejemplo de prótesis, o cada hospital compra a quien quiere? Es de sentido común que la haya, y en Aragón el PP la pondrá en marcha en cuanto gobierne. Cualquier empresa con 17 sedes productoras no tiene 17 centrales de compra. En fin, convendría sentarse en el consejo sanitario y hablar de todas estas cosas. Hay muchas soluciones para buscar el mejor precio sin entrar en el debate de la devolución de competencias al Estado.

–¿Usted cree que España puede permitirse el lujo de no incrementar la edad de jubilación?
–Al Gobierno le ha pasado con las pensiones lo mismo que con la reforma laboral, que ha dejado pudrirse el tema. El PP lleva reclamando reformas desde el principio de la Legislatura, y Zapatero sólo daba largas hasta que en Bruselas le pararon los pies. Es verdad que tenemos un problema porque la expectativa de vida es cada vez mayor. Pero también las prejubilaciones han hecho que la edad media de jubilación esté por debajo de los 65 años. Aplicar linealmente la jubilación a los 67 años es imposible, porque no es igual un albañil que un profesor, que un catedrático o que un ordenanza. Y el Gobierno no ha graduado su propuesta ni ha tenido en cuenta el principio de flexibilidad que nosotros aplicamos cuando estábamos en el Gobierno. Nosotros ampliamos la edad de jubilación, pero de forma voluntaria.

–¿Qué le parece a usted, como aragonesa y vecina de Cataluña, que Mas haya reafirmado en su investidura que su objetivo es un pacto fiscal a imagen y semejanza del concierto económico vasco?
–Vamos a ver en qué queda eso. Estamos muy acostumbrados a que se diga una cosa y luego se haga otra, los nacionalistas son maestros en mantener siempre vivo el discurso de la presión reivindicativa.

–Imagine que esta vez sí van adelante con sus propuestas.
–El Concierto Económico no es una fórmula que pueda exportarse a ninguna comunidad autónoma. No es ni siquiera un acuerdo con la comunidad vasca, sino con las tres diputaciones provinciales con régimen foral, las tres vascas y la navarra. El PP nunca apoyará un sistema de financiación que no sea el mismo para toda España y que no respete el principio de solidaridad.

–¿Esta CiU, que ya ha enseñado la patita de la «transición nacional» en el debate de investidura, es un socio aceptable para Rajoy después de las próximas elecciones generales?
–España necesita que de esas elecciones generales salga un Gobierno fuerte, del PP. Y que haya una oposición razonable y 17 comunidades autónomas conscientes del proyecto común que compartimos. Para resolver problemas en educación, sanidad y muchas otras cosas no vale solo con el acuerdo entre los dos principales partidos, sino que hace falta la concertación con las comunidades. España necesita políticos responsables que sean capaces de sentarse a hablar y de llegar a acuerdos.

–¿Y sobre el acuerdo nacional con CiU?
–Ya le he dicho que el PP trabaja para conseguir la mayoría necesaria para formar un Gobierno fuerte.

–¿Ese Gobierno fuerte revisará leyes socialistas como la del matrimonio homosexual o la nueva regulación del aborto?
–La ley de plazos ha sido una iniciativa innecesaria y sobre la que no había ninguna demanda social. La hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional y esperamos su pronunciamiento, pero Rajoy ya ha dicho que si gobierna, volverá a la ley del 85, la de los tres supuestos, mejorando los medios para que estos se cumplan y para que no sean un coladero de abortos ilegales. Y en cuanto a la ley del matrimonio homosexual, nosotros consideramos que se equivoca en la denominación de esas uniones. En el diario de sesiones del Congreso hay intervenciones mías del 92, 93 y 94 defendiendo la igualdad de derechos y la regulación de las uniones de personas del mismo sexo. Nosotros creemos en esa igualdad de derechos y la consolidaremos si estamos en el Gobierno. Esta ley la recurrimos ante el Tribunal Constitucional solo por la denominación, no porque estemos en contra de la regulación de las uniones de personas del mismo sexo.

–Si ése es el único problema, ¿cree que al PP le merecería la pena asumir el coste social de revisarla si gana las elecciones generales?
–Habrá que tomar una decisión cuando llegue el momento y en función de las circunstancias. Así como la ley del aborto afecta a un principio fundamental como es el derecho a la vida, en la del matrimonio homosexual el problema es semántico y de pura denominación. También es cierto que no creo que provoque un gran debate social cambiar esa denominación, aunque sin duda que la izquierda intentará agitarlo.


«Habrá un vuelco electoral como el del 95»
–¿Con qué perspectivas afronta las próximas elecciones autonómicas y municipales?
–Va a haber un vuelco como el que se produjo en el año 95, cuando la rosa dejó de ser el color mayoritario del mapa territorial y fue sustituida por la gaviota del PP.

–¿Está entre los que creen que para ganar en Asturias necesitarían a Álvarez Cascos?
–En esa comunidad autónoma estamos a la espera de ver qué decisiones toma la dirección nacional. Es un político de trayectoria contrastada. Pero las decisiones las tiene que tomar quien las tiene que tomar.

–Aunque esté todo en orden en su partido, ¿cree que Rajoy debería someterse a un congreso nacional antes de las generales?
–No lo veo necesario.

Ocho legaciones están ocupadas por políticos que no son diplomáticos / La asociación profesional cree que la cifra supera lo «admisible»
El Gobierno bate el récord de embajadores nombrados «a dedo»
El Gobierno de Zapatero cuenta con el récord de cargos políticos al frente de legaciones clave. En este momento hay un total de ocho plazas ocupadas por no diplomáticos, el mayor número de toda la democracia y una cifra muy superior a la media europea.
Macarena Gutiérrez La Razón 27 Diciembre 2010

Los últimos nombramientos «a dedo», el representante permanente ante la UE (Luis Planas, ex embajador en Rabat) y la embajadora española en Bruselas (Silvia Iranzo), han colmado la paciencia de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que se ha decidido a denunciar esta situación irregular de forma pública.

Según la agrupación mayoritaria de funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, «no existen razones objetivas en términos de experiencia profesional que justifiquen estos nombramientos». La queja de la ADE se produce en un momento en el que la proliferación de este tipo de pago de favores «trastoca las expectativas de carrera profesional de los funcionarios especialmente formados por el Estado para tal función».

El recién elegido presidente de la ADE, Francisco Montalbán, asegura a LA RAZÓN que «lo único que reclamamos es poder ejercer nuestra profesión y nuestra carrera, ya que estamos formados por el Estado para representar a España y defender sus intereses».

Aunque esta irregularidad no es denunciable jurídicamente, ya que son puestos sometidos a la «discrecionalidad» del Ejecutivo, Montalbán considera que este Gobierno «ha rebasado la cifra admisible» de designaciones arbitrarias para premiar lealtades políticas. Otro caso que llama la atención es de la legación diplomática de Corea del Sur, cuyo jefe de misión, en este caso un diplomático, ha vuelto a ser nombrado después de haberse jubilado a los 70 años. La crisis económica que sufre España hace aún más necesario, según dicha asociación, que el Estado emplee a los diplomáticos «a los que paga en momentos de debilidad presupuestaria».

El embajador Erik Martel, antiguo presidente de la asociación mayoritaria profesional de la carrera diplomática, recuerda que cuando estaba en activo algunas carreras diplomáticas –como la italiana– amenazaban a sus respectivas administraciones con la huelga en caso de que un solo puesto de embajador fuera a parar a uno de esos políticos cesantes.

Martel considera que «hay casos y situaciones muy señaladas donde resulta comprensible el nombramiento de una persona de la especial confianza del jefe del Ejecutivo, pero se debe tratar de una excepción excepcional a la regla». Según dijo a este periódico, «en España últimamente ninguno de los nombramientos políticos parece responder a razones de excepcionalidad. Más bien parece tratarse de prebendas para militantes que no interesa arrumbar del todo y que carecen de la mínima preparación para el desempeño de ese puesto».

Lo cierto es que las especifidades de la carrera diplomática, en la que se impone el dominio de idiomas, deberían alejarla del intrusismo, tal y como ocurre en otros estamentos como el militar.

Montalbán reconoce que no encuentra explicación al aumento de puestos políticos en plazas como Bélgica o Argentina, que siempre han sido para diplomáticos, ya que «nosotros hemos sido seleccionados y formados» por el Gobierno tras una oposición que se considera de las más duras. «Actualmente hay hasta 400 diplomáticos con más de 20 años de experiencia y muy cualificados» para estar al frente de dichas legaciones, añade el presidente de ADE.

España
Al Qaida implanta su «yihad» ideológica en más de cien mezquitas
En 2010 se han celebrado diez congresos salafistas, mientras queen 2008 solo hubo uno
D.MARTÍNEZ/ J. PAGOLA / MADRID ABC

La expansión del extremismo islámico en España
Durante 2010 España ha sido escenario de diez congresos salafistas, una de las corrientes más extremas del islam y a la que pertenecían varios de los autores del 11-M. Este incremento, frente a un único congreso celebrado en 2008, inquieta a los especialistas en la lucha contra el terrorismo internacional porque revela que en nuestro país se está ejecutando el llamamiento que hace dos años lanzó Al Qaida de que era el momento de dar prioridad a la «yihad ideológica» y mantener la «armada» para casos puntuales.

En esta nueva ofensiva para conseguir el «califato universal» mediante la captación de «voluntades» a través de la ideología, también juegan un papel crucial las mezquitas, aunque no todas. Los expertos advierten de que el 10 por ciento de las casi mil abiertas en España lanzan los viernes, día de oración, mensajes que podrían considerarse como enaltecimientos de la «yihad». El porcentaje lo estiman «muy preocupante». Y a ello añaden la cifra de entre 70 ó 80 imanes, de origen marroquí y argelino, «fichados» por su discurso radical.

Desde Cataluña, el salafismo —confesión de Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI), grupo autor del secuestro de los tres cooperantes españoles— se ha ido extendiendo a otras zonas. Así, por el valle del Ebro ha llegado hasta el País Vasco y por el sur ha alcanzado el Corredor del Henares, entre Madrid y Guadalajara. El que esta expansión se haya potenciado en el último año alerta a los especialistas en terrorismo internacional. De ahí que el foco lo tengan puesto en tomar el pulso a ese «totalitarismo islamista», sin dejar de lado la amenaza terrorista, amortiguada a consecuencia de los continuos golpes que desde 2004 las Fuerzas de Seguridad han asestado a las células yihadistas.

Ahora, más que del interior, el peligro proviene del Sahel, zona que incluye Mauritania, Senegal, Argelia, norte de Guinea y Burkina Faso, norte de Níger, Nigeria y Camerún, así como Chad, Sudán y Eritrea. Estos cuatro millones de kilómetros cuadrados son el campo de operaciones de AQMI, donde actividades de tráfico de armas, estupefacientes, seres humanos y delincuencia en general, en alianza con la miseria, se desarrollan en países con gobiernos enemistados —algunos estados fallidos—, formando un caldo de cultivo de extrema peligrosidad.

El salafismo está en el ADN de AQMI. De hecho, su embrión fue el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, cuya transformación en Al Qaida en el Magreb Islámico fue anunciada por el entonces «número dos» de Al Qaida, Ayman Al Zawahiri, en un vídeo emitido el 11-S de 2006 con motivo del quinto aniversario de la matanza de Nueva York.

En actualidad, la principal herramienta que el salafismo está utilizando para extender su doctrina en España son los congresos. En 2008 solo se registró uno en Reus, mientras que este año se han celebrado diez: tres en la localidad gerundense de Rosas (en febrero, junio y octubre); dos en la tarraconense de Torredembarra (en abril y junio), uno el pasado mayo en Trápaga (Vizcaya); en abril se celebraron en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Balaguer (Lérida) y Vic (Barcelona), y el pasado junio tuvo lugar otro en Guadalajara.

Además de la proliferación, los expertos destacan de los congresos su labor de adoctrinamiento. De ahí que «sabios salafistas» procedentes de Jordania, Egipto, Kuwait, Arabia Saudí y Bélgica se trasladen ex profeso a España para dirigir esas jornadas, a las que suelen asistir entre 2.000 y 3.000 fieles. Su vasta formación religiosa, unida al gran carisma del que gozan de estos predicadores, convierten sus visitas en «eficaces instrumentos de radicalización». Además, sus discursos, que contrastan con los escasos conocimientos religiosos de muchos de los imanes residentes en España, causan «impacto» en la comunidad musulmana, entre otros factores por la visión ultra-ortodoxa que defienden y que impide la integración de sus seguidores en las sociedades occidentales.

Fuente de financiación
Pero no es el único elemento de riesgo. Los congresos son también fuentes de financiación. En ellos, según los medios consultados, se recaudan, aunque en los últimos meses algo menos por motivo de la crisis, importantes cantidades que luego se destinan para la creación de nuevas mezquitas salafistas u otros centros para la difusión del mensaje radical. De los últimos congresos, el que más preocupa es el celebrado el pasado junio en Guadalajara. Sorprendió la elección de esta provincia por su lejanía de Cataluña, lo que, en opinión de los especialistas, es un elemento que da idea del grado de implantación del salafismo dentro de nuestras fronteras.

Además, el imán que controla esa comunidad musulmana predica una radicalidad similar a la del de Lérida. En su «totalitarismo islamista», Abdelwahab Houzi no solo ha llegado a pedir por los mujahidines y criticar la participación de EE.UU. y Europa en Irak o Afganistán, sino que hasta ha creado una «policía religiosa» encargada de amonestar, e incluso agredir, a los que, en su opinión, no cumplen con la ley islámica. Varios son los casos de mujeres que han sido hostigadas por no llevar el velo o incluso por ir maquilladas. Integrada por unos seis miembros, Houzi quiere exportar su «policía» a otros municipios. En Olot (Gerona) ya se está gestando.

Peligro en el Henares
Los especialistas en terror islamista tienen ahora el objetivo de evitar que el imán de Guadalajara, imitando el caso catalán, consiga propagar su mensaje extremista por el Corredor del Henares, donde hay una nutrida comunidad musulmana. No se trata de perseguir la religión o las costumbres, pero sí el mensaje que roza con el enaltecimiento del terrorismo.

DURANTE UN SERMÓN EN LA MEZQUITA
“La mutilación genital femenina está recomendada por el Islam”
 Minuto Digital 27 Diciembre 2010

El imán de la mezquita de Hajji Osman Alaf, la segunda mayor de la ciudad de Sulaimaniyah, situada en el Kurdistan iraquí, ha dicho a sus seguidores que cualquier persona que crea que la ablación femenina no es una recomendación del profeta Mohammed es un “ignorante”.

Durante el sermón de viernes 3 de diciembre, el imán Mala Yassin Hakim Piskandi afirmó que la ablación femenina era una Sunnah, un término utilizado para referirse a las prácticas recomendadas por Mohammed, el profeta del Islam.

AVANCE ISLÁMICO EN ESPAÑA
El Ayuntamiento de Barcelona se compromete con los ulemas de Marruecos a construir una gran mezquita
 Minuto Digital 27 Diciembre 2010

El Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido con los ulemas de Marruecos a acoger una mezquita de grandes dimensiones en la ciudad, como ocurre en Madrid con mezquita de la M-30. La mezquita no sustituirá la telaraña de oratorios de barrio (27 en Barcelona y su área). Lo que no se conoce, es la procedencia de los fondos para construirla.

“Será una realidad que Barcelona tenga un centro de culto de referencia. Es un asunto pendiente, pero vamos a hablarlo y discutirlo”, ha asegurado la comisionada de Relaciones Ciudadanas, Catalina Carreras-Moysi, ante una nutrida representación del islam en Cataluña que se reunió la semana pasada en unas jornadas del Consejo Europeo de Ulemas Marroquíes.

La predisposición de Barcelona a acoger un centro de culto de grandes dimensiones ya había sido manifestada por el alcalde, Jordi Hereu, el año pasado, tras la visita a la mezquita Hassan II de Casablanca.

SEGUIR EL EJEMPLO DE ROTTERDAM
Barcelona seguiría así la estela de Madrid y, últimamente, Rotterdam, donde se ha puesto en marcha hace unos días la mezquita más grande de Europa.

La construcción de la mezquita Essalam, que ofrece espacio para 3.000 personas, ha tardado siete años y ha costado 4 millones de euros. La nueva mezquita, construida en un estilo tradicional con minaretes de 50 metros, es la casa más grande de la oración islámica en los Países Bajos y uno de los mayores en Europa Occidental.

La construcción de la mezquita ha generado un debate sobre los fondos extranjeros, muchos de los cuales provenían de la Fundación de Caridad Maktoum de Dubai y del jeque Hamad Rashid al-Maktoum, ministro de finazas de Emiratos Árabes Unidos, el cual también ha puesto a algunos de sus seguidores en el consejo de administración de la mezquita.

Sebastián paga clases particulares de alemán a sus funcionarios
Industria sufraga con 134.000 euros el aprendizaje de este idioma en los dos próximos años. El Ejecutivo asume íntegramente el coste de los cursos. Aprenderán a “redactar un correo electrónico” en la lengua de Goethe.
S. Sanz. Madrid www.gaceta.es 27 Diciembre 2010

El departamento que dirige Miguel Sebastián no sólo destina parte de su presupuesto a sufragar patrocinios como el que obtuvo la empresa organizadora de un festival online que acogió vídeos de sodomía y zoofilia. La última adjudicación pintoresca del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio contempla la contratación de un servicio consistente en la impartición de clase de alemán a funcionarios de su cartera. La Subdirección General de Recursos Humanos de este ministerio acordó hace unos días encargar definitivamente la prestación de estos trabajos de formación a una firma especializada en idiomas por un valor total de 134.000 euros.

Según consta en el pliego de condiciones técnicas de este contrato, Industria quiere que todos los empleados públicos destinados en los “Servicios Centrales” de su organigrama disfruten de una instrucción continuada en la lengua de Goethe. Aquellos que en el desempeño de su trabajo habitual también lo requieran podrán recibir enseñanza de inglés y francés, tanto en los niveles preintermedio e intermedio como avanzado recogidos en el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

En concreto, el ministerio de Sebastián ha contratado 48.000 horas lectivas a 24 euros la hora, alcanzando su periodo de ejecución los dos próximos años. Se da la circunstancia de que, si bien en el nivel avanzado la formación es algo más técnica (tácticas de negociación, dirección de reuniones, citas internacionales), no ocurre lo mismo con los contenidos que forman parte de los niveles preintermedio e intermedio. Éstos son ofertados por una amplia mayoría de academias del ámbito privado. Así, con dinero que sale del bolsillo del contribuyente, estos funcionarios tendrán ahora la posibilidad de aprender, por ejemplo, la “redacción de escritos, notas y mensajes sencillos”, el “desarrollo de situaciones sociales” o la “redacción de correos electrónicos”.

Aunque en el pliego de condiciones técnicas del contrato no se especifica el número de empleados de los Servicios Centrales que son agraciados con estos cursos, sí se exige a a la empresa adjudicataria que esté preparada para organizar “hasta 30 grupos simultáneos a la semana”. Por contra, a este colectivo de funcionarios no se le pide, a la vista de dicho pliego, nada más que la asistencia a un 60% de las horas correspondientes al trimestre y mostrar una “evolución en el conocimiento del idioma para poder acceder al módulo siguiente”.

Además, el Ejecutivo paga íntegramente el coste de dichos cursos, pues no hay referencia alguna a que los funcionarios, en calidad de alumnos, asuman algún porcentaje del precio mediante descuentos de su nómina. Así ocurre, por ejemplo, en otros privilegios que la Administración General brinda a ciertos empleados públicos (del Boletín Oficial del Estado o la DGT), fundamentalmente, a la hora de reservar plazas hoteleras en periodo de vacaciones. En estos casos, los funcionarios pagan la mitad de esas reservas.

Por otro lado, cabe reseñar que este dispendio no es sólo estatal. Tal y como informó LA GACETA, la Junta andaluza también se ha gastado 56.000 euros en clases de francés para sus funcionarios de la Consejería de Presidencia.

José María Barreda y los medios de comunicación
El socialista pide sacrificios a los ciudadanos mientras se niega a ser austero con su televisión
'TeleBarreda' se resiste a recortar sus millonarios presupuestos
 Periodista Digital 27 Diciembre 2010

Nuevas críticas por gastos, programación sectaria, falta de pluralidad informativa y escasa transparencia en las cuentas
La televisión de Barreda supone un gran pozo donde se dilapida el dinero de todos los castellano-manchegos

Al presidente Barreda le han vuelto a llamar la atención por su desvergonzada forma de hacer política. Los sucesivos escándalos que rodean a la Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCLM) le están pasando factura al socialista.

Ante la negativa de Barreda de frenar el gasto de dinero en su televisión, la portavoz del PP regional, Carmen Riolobos, ha exigido al presidente de la Junta el cumplimiento de la Ley y no derrochar el dinero público, tras haberse producido el voto en contra --tanto del jefe del Ejecutivo como de los demás diputados socialistas-- a la propuesta 'popular' de reducir en 37 millones de euros el presupuesto de 2011 para el ente público.

El presidente regional no ha tenido ningún pudor en reconocer que censura a su rival popular, María Dolores de Cospedal, en TeleBarreda. El aristócrata presidente de Castilla-La Mancha se vio obligado a admitirlo en la entrevista que le hizo la periodista Ana González en Los Desayunos de TVE.

Con un director del ente que goza del mejor sueldazo de toda la Junta, una partida presupuestaria astronómica destinada a vender al gobierno socialista de Barreda y con una equipación de 43 directivos que se llevan más de 70.000 euros anuales cada uno, el ente regional supone un bochornoso medio de comunicación al servicio del presidente y de sus amigos

Por si fueran pocos los escándalos de RTVCLM, la semana pasada protagonizaron otro grave 'numerito' que dejó en evidencia a la cúpula socialista manchega. En la invitación de la cena navideña del ente público se aseguraba la ausencia de controles de alcoholemia. El PSOE de la ciudad de Toledo y los dirigentes de la televisión regional pudieron haberse puesto de acuerdo para asegurarse una 'gran noche'.

Riolobos ha señalado que "es indecente" que Barreda solo exija sacrificios a los más de 200.000 parados, a los empleados públicos, a pensionistas, a familias y a los consumidores, "mientras nos arrastra a una deuda de más de 6300 millones de euros, es decir 9.500 euros de deuda por familia".

Igualmente, ha señalado que desde el año 2000, García Candau "ha incumplido" la Ley de Creación del Ente Publico de la Radio y Televisión regional en los apartados de gastos, transparencia en las cuentas, programación sectaria y falta de pluralidad informativa.

La televisión regional es un inmenso aparato de propaganda al servicio del decadente régimen de Barreda, sin ningún control del gasto de mas 500 millones de euros, vulnerando de forma rutinaria la Ley, mientras se ignoran todas las voces criticas hacia el gobierno y mostrando una manía persecutoria hacia la oposición, de juzgado de guardia

Asimismo, ha dicho que por el historial de "saltarse la ley a la torera", según acredita el informe del Sindico de Cuentas y las múltiples denuncias publicas y en los juzgados de PP, en el 2007 el Consejo de Administración del Ente no aprobó el nombramiento de Candau como Director General, a propuesta del gobierno de Barreda, con los votos en contra de los consejeros del PP.

No se pueden gastar más de 500 millones de euros sin control y sin justificación en una televisión cuyo único objetivo es hacerle la ola y la pelota a Barreda mientras se machaca a los líderes del PP por cualquier motivo real o inventado

Igualmente, ha dicho que se trata de "una TV con 400 trabajadores, 43 altos cargos con sueldos medios de 70.00 euros al año, y presentadores estrellas de altísimos e inconfesables sueldazos para hacer dos telediarios al día".

Denuncias en los juzgados
Riolobos ha recordado que el PP tiene presentados y admitidos a trámite dos recursos contencioso administrativos basados en la "manipulación" de los informativos y el uso partidista de los mismos --en favor del PSOE-- y en la negativa de los dirigentes del Ente público a mostrar las cuentas de la Radio y de la Televisión regionales, pese a habérselo demandado el PP en reiteradas ocasiones, tanto en el Consejo de Administración del Ente como en las Cortes regionales.

Finalmente, ha reiterado que el PP presentó al Juzgado un estudio en el que se demuestra que la Televisión de Castilla-La Mancha ha incumplido lo establecido en el Estatuto de Radio y Televisión de Castilla-La Mancha y en el propio Estatuto de Autonomía en relación a la aplicación de los criterios de pluralismo, objetividad, veracidad e imparcialidad en la información y el de servicio público

ESTUDIO DEL INSTITUTO JUAN DE MARIANA
¿Impuestos bajos?: la fiscalidad en España es más dura que la media de la UE
http://www.libertaddigital.com/documentos/informe-fiscalidad-instituto-juan-de-mariana-41912058.html
El esfuerzo fiscal de los españoles es superior a la media de la UE. Pese a la propaganda gubernamental sobre los bajos impuestos, los tipos son superiores a los que soportan sus vecinos. La recaudación sí es un poco más reducida, pero por el paro, el cierre de empresas o la baja productividad.
LIBERTAD DIGITAL 27 Diciembre 2010

Los impuestos en España no son bajos, lo que es baja es la recaudación. Ésta es la principal premisa del último informe del Instituto Juan de Mariana, La falacia de los impuestos bajos en España. Estudio comparado de fiscalidad.

Desde hace unos meses, es habitual entre miembros del Gobierno la afirmación de que en España se pagan pocos impuestos. Este mensaje ha ido calando en ciertos sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación. De esta manera, cuando se cuestiona la calidad de los servicios públicos españoles, la cuantía de determinadas prestaciones o se analiza el descontrol en el déficit público, es fácil llegar a la conclusión de que una de las soluciones es subir los impuestos, como medio para aumentar la recaudación (como, de hecho, se ha hecho este año con el IVA y el IRPF).

Sin embargo, según las conclusiones de este estudio, lo que es baja en España es la recaudación, no los tipos impositivos. Normalmente, la presión fiscal es la ratio más utilizada para medir el nivel de los impuestos en un país. Este dato se obtiene dividiendo el montante total recaudado entre el PIB total de un país. En España, la presión fiscal en 2009 se situó en el 30%, un porcentaje bastante bajo en relación con el de otros países de la UE (Dinamarca, por ejemplo, está en el 48%).

Sin embargo, según los autores del informe, esta cifra no sirve para calibrar bien el nivel impositivo de un país. En España, la presión fiscal ha caído en los últimos años, desde el 37% de 2007 al 30% del año pasado. Sin embargo, este descenso no se debe apenas a reducciones impositivas (las únicas que se aprobaron, como la ayuda de los 400 euros, luego se eliminaron), sino a la caída de la recaudación a causa del parón económico.

Evidentemente, con un 20% de la población en paro, con las empresas cerrando (y sin beneficios) y con un consumo prácticamente congelado, los grandes impuestos en España (IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF) de los que el Gobierno consigue la mayor parte de su financiación, tuvieron un importante descenso desde que empezó la crisis. Es decir, que en España se recauda poco no porque los impuestos sean bajos sino porque no hay nada que recaudar (no existe riqueza económica que se pueda gravar).

De hecho, los autores del informe lo explican acudiendo a un sencillo ejemplo. En España, las regiones más pobres (Extremadura o Andalucía) tienen impuestos superiores a los de otras autonomías y su presión fiscal, sin embargo, es mucho más baja. ¿Por qué? Porque como allí hay más paro, menos empresas y menos consumo, hay menos sobre lo que recaudar. Evidentemente, la manera de que estas regiones salgan de la pobreza no es subir los impuestos (lo que deprimiría aún más su actividad económica) sino crear las condiciones para aumentar la riqueza.

De hecho, uno puede imaginarse dos países con un IRPF igual, en el que habría dos tramos, del 25% para los que ganen menos de 15.000 euros y del 45% para los que ganen más. En el país A, hay 100 habitantes y todos ganan 12.000 euros al año, mientras que los 100 contribuyentes del país B ganan 45.000 euros cada doce meses. En los dos países, los impuestos son iguales, sin embargo, en el primero la presión fiscal es del 25% y en el segundo del 45%. Pero esto no quiere decir que el país A deba subir impuestos, sino que tiene que hacer las reformas necesarias para que sus habitantes sean tan ricos como los del país B. De esta manera, subirá naturalmente su presión fiscal. Si incrementa sus tasas seguramente lo que conseguirá es empobrecerse aún más.

Esfuerzo fiscal: Zapatero y Blanco
Todo lo explicado hasta el momento ha llevado a los autores del informe a introducir una variable menos conocida pero más precisa: el "esfuerzo fiscal" (el llamado Índice de Frank). Partiendo de la base de que a una persona más rica le cuesta menos pagar impuestos que a una más pobre (es evidente, a alguien que gana 100.000 euros le es más fácil pagar un 30% de su renta que a alguien que gana 30.000), han calculado el esfuerzo fiscal en la UE, medido como la presión fiscal entre el PIB per cápita.

Y en esta nueva tabla la posición de España ya no está en la última parte del pelotón. De hecho, son las naciones más ricas (Noruega, Dinamarca, Holanda, Irlanda,...) las que menos esfuerzo fiscal realizan. Allí los impuestos son altos, pero también lo son los salarios: por eso la presión fiscal es alta, porque hay un porcentaje elevado de la población que paga impuestos sobre la renta en los tramos más altos y las empresas tienen beneficios.

Sin embargo, España está en los primeros puestos de la tabla de "esfuerzo fiscal", junto a Portugal, Grecia o Italia.

Por eso, los autores del informe piden al Gobierno que deje los mensajes sobre posibles subidas de impuestos y que no se agarre más a los datos de la presión fiscal. En su opinión, "lo que necesita España no son impuestos todavía más altos, sino más empleo, más empresarios, más inversores y más productividad que proporcionen alivio a la recaudación para volver cuanto antes al equilibrio presupuestario que nunca se debió abandonar".

Evidentemente, esto no se conseguirá subiendo los tipos, sino con "una profunda reforma laboral que flexibilice" el mercado laboral y con la supresión de "las pesadas cargas burocráticas para la creación de empresas".

José Blanco alertaba en verano de que los impuestos españoles son "muy bajos" y había que homologarlos a la media europea. Y José Luis Rodríguez Zapatero decía hace unos días que si queremos conseguir unos servicios como los de alemanes o suecos tendríamos que hacer los mismos esfuerzos. En los dos casos, los contribuyentes españoles se echaban a temblar (y, de paso, se echaban la mano al bolsillo). Porque no es cierto que ellos paguen menos impuestos, proporcionalmente, que sus vecinos europeos. De hecho, en muchos casos, pagan más y les cuesta más esfuerzo hacerlo. Lo que ocurre es que son más pobres y a veces a sus bolsillos no les quedan ni siquiera unas míseras monedas para el recaudador.

Cataluña
Tolerancia carga contra los que esgrimen ‘argumentos falaces’ para defender la inmersión obligatoria
La entidad cívica, que lleva 18 años defendiendo la libertad lingüística en las escuelas del sistema educativo de Cataluña, ve positivo las sentencias del Supremo.
Redacción www.vozbcn.com  27 Diciembre 2010

La Asociación por la Tolerancia se muestra satisfecha por las recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) que obligan a la Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña a establecer las medidas necesarias para que los niños -cuyos padres lo deseen- puedan escolarizarse en español.

En un comunicado, la entidad cívica ‘expresa su satisfacción’ tras las recientes resoluciones judiciales del TS que ‘vienen a dar apoyo jurídico a la reivindicación que, de modo continuado desde hace dieciocho años, constituye una de las razones fundamentales’ de la existencia de esta asociación sin ánimo de lucro establecida en Barcelona.

El comunicado, estructurado en cinco puntos, recuerda que el TS, con estas sentencias, ‘desacredita’ todo ‘el actual modelo de inmersión lingüística [obligatoria]‘, ya que, según la entidad, el Alto Tribunal ha dejado claro que no se puede excluir el español como lengua vehicular ni tampoco se puede hacer una ‘atención individualizada’.

Fomento de ‘un frentismo’
Por lo tanto, la entidad denuncia ‘la actitud de determinados partidos catalanistas (a derecha e izquierda) que, de forma reiterada desde la sentencia del Tribunal Constitucional, deslegitiman a las instituciones que hacen posible la vida democrática y se sitúan en abierta o enmascarada rebeldía’. Y, en esa línea, el comunicado de la Tolerancia acusa a los partidos políticos que han anunciado que no cumplirán la sentencia de estar fomentando ‘un frentismo incompatible con la cohesión social que tanto dicen defender’.

De la misma manera, la sentencia del Supremo desenmascara, según la entidad cívica, ‘los argumentos falaces en que se pretende basar una nueva oleada de santa indignación, entre los que cabe destacar: que la sentencia constituye un ataque a la lengua catalana (coral), que la inmersión es la garantía de la convivencia lingüística (prensa), que la inmersión es un modelo de éxito social científicamente probado (M.Geli) o que la sentencia pone en peligro el modelo de país (Òmnium)’.

Cambio de modelo
Finalmente, el texto señala que el TS ‘marca con claridad el camino y que la única propuesta razonable, con arreglo a la legalidad vigente y a la realidad social catalana, es la sustitución inmediata del modelo lingüístico de inmersión [obligatoria], por otro que sea respetuoso y coherente con la cooficialidad del castellano y del catalán‘. Y apuntan que ‘atrás deben quedar las medidas especiales para normalizar el uso del catalán, puesto que lleva siendo –durante largos años- el único idioma de enseñanza en toda la etapa obligatoria y casi exclusivo en el bachillerato’.

La Tolerancia se une así a las otras dos grandes asociaciones cívicas que vienen defendiendo últimamente la libertad lingüística en las escuelas de Cataluña para que los padres puedan escoger entre español, catalán o un sistema bilingüe y que ya se manifestaron en defensa de las recientes sentencias del Tribunal Supremo, Convivencia Cívica Catalana -que interpuso los recursos- e Impulso Ciudadano.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Quebec en España
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 27 Diciembre 2010

Todos éramos conscientes de que la llamada cuestión nacional -es decir, la integración sin reticencias de Cataluña y el País Vasco en la España democrática- no estaba resuelta definitivamente con la Constitución de 1978 por la torpe política del “café para todos”. La distinción entre nacionalidades y regiones no tuvo reflejo posterior en la asimetría que esa diferencia exigía en los grados de autogobierno de unas y de otras, a salvo de la peculiarísima financiación paccionada de los territorios forales vascos y de Navarra. Someter a Cataluña a un régimen común en materia financiera y competencial fue un grave error de juicio al que el PSC y el PSOE han pretendido poner un remedio que ha agravado la enfermedad. El Estatuto de 2006, que sustituyó al muy satisfactorio de Sau, nació de forma distócica de dos apreciaciones erróneas de Rodríguez Zapatero. La primera: las Cortes Generales aceptarían el proyecto que remitiese a Madrid el Parlamento catalán. La segunda: la suposición, hecha en el Senado por el presidente del Gobierno, de que el concepto nacional de España era “discutido y discutible”.

La izquierda catalana valoró el compromiso de Zapatero y su frágil creencia en la unidad de la Nación española como una habilitación política para, desde el Ejecutivo tripartito comandado por Pasqual Maragall, dar un paso de gigante, dotar a Cataluña de poder soberanista y, al tiempo sustituir de una vez la hegemonía del nacionalismo moderado representado por CiU. Como luego acreditó el Tribunal Constitucional en una sentencia tardía que no pudo aunar el criterio unánime de sus magistrados, el Estatuto catalán, refrendado por un porcentaje decepcionante de ciudadanos, propiciaba en realidad una reforma de la Constitución en la medida en que alteraba el contenido material de aspectos constituyentes esenciales como el propio concepto nacional –en cuanto que la nación es el recipiente constitucional de la soberanía-, la unicidad del Poder Judicial como poder exclusivo del Estado, la auto atribución de competencias estatales y un tratamiento de la lengua catalana preferencial que chocaba con la cooficialidad del castellano.

No sólo el PSC y sus socios -ERC e ICV- elaboraron un texto con un voluntarismo político que marginaba la letra y el espíritu de la Constitución, sino que el propio PSOE y el Gobierno dieron curso a un texto estatutario que, además de provocar una batalla que ha dejado exhausto y seriamente tocado al Tribunal Constitucional, ha servido para reabrir con virulencia la cuestión nacional en Cataluña. Porque el desmoche del Estatuto de 2006 ha generado un sentimiento de frustración y agravio en todo el catalanismo político muy difícil de reparar. No sólo eso: al haber protagonizado la izquierda catalana este envite identitario en plena crisis económica, su electorado no ha entendido el sistema de prioridades de un Ejecutivo al que retiró clamorosamente su confianza el pasado 28 de Noviembre, entregando la gestión -la económica y la identitaria- a Convergecia i Unió después de dos legislaturas con un tripartito de izquierda excéntrico, contradictorio y aventurero.

Cataluña no es hermética y unánime -está muy lejos de serlo- en su percepción nacionalista. En un trabajo de análisis encomiable, Carles Castro ha examinado los números electorales en La Vanguardia del pasado 19 de diciembre, alcanzando interesantes conclusiones. Las más importantes son que el nacionalismo se ha dispersado y cedido casi 70.000 electores en los últimos quince años seguramente, dice, en beneficio del centro derecha españolista, a través de sus marcas, PP y Ciudadanos; que desde 1995 se ha producido una desintegración de la izquierda que ha perdido en estos tres lustros hasta 300.000 electores, un tercio de los cuales podría haberse refugiado en la abstención, afirmando Castro que el destino de los otros 200.000 sufragios “es un misterio”, aunque sea constatable el crecimiento del voto en blanco y el nulo. Si la comparación electoral se produce entre 1999 y 2010, el desastre de la izquierda catalana sería “apocalíptico” con una perdida superior al medio millón de votos que se han fugado al independentismo, al españolismo y al voto protesta (PxC). En definitiva, Cataluña está lejos de ser unívoca. Por el contrario: reúne en su Parlamento nada menos que hasta siete fuerzas políticas lo que implica también una fragmentación social muy relevante.

Aunque este panorama sea así de plural -y pese a que el españolismo haya adelantado posiciones después de la crisis del Estatuto- es lo cierto que el catalanismo sigue siendo una percepción muy transversal que comparte, con grados y matices de distintas intensidades, una afirmación de Cataluña como nación en función de especificidades que no se producen en otros territorios: historia institucional, lengua, cultura, singularidad de su entramado económico y, especialmente, una voluntad reactualizada de su electorado de poner en manos catalanistas la gestión del autogobierno. Tenemos, en consecuencia, una suerte de Quebec a la española, esto es, una nacionalidad que reivindica -lo acaba de hacer Artur Mas, nuevo presidente de la Generalitat- el “derecho a decidir” en el contexto de una “transición nacional catalana” distinta a la del resto de España con la que quiere alcanzar “un Pacto fiscal” como expresión de esa voluntad explícita. Palabras que fueron precedidas por las de la moderada presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, al sostener que “nunca nadie ha apagado la llama de la catalanidad y la voluntad de ser un pueblo libre y una nación plena”.

La legislatura del seny
Los nacionalistas catalanes -que gobernaron con Pujol durante veintitrés años- nunca reclamaron un nuevo Estatuto como hizo el PSC. Siempre se mostraron más pragmático, más polisémicos en sus propuestas de futuro, más atemperados en los plazos y los ritmos y más pactistas. De ahí que la propia Núria de Gispert dijese también algo sustancial en su primer discurso como presidenta del Parlamento: “Que Catalunya sea en adelante reconocida como nación tiene poca importancia; siéndolo intensamente, lo será más que afirmándolo entusiásticamente”. Se ha escrito que la que acaba de inaugurar Artur Mas y CiU es la “legislatura del seny” y seguramente será así porque los planteamientos moderantistas de la federación nacionalista aspiran a amalgamar la superación de la crisis económica con una mejor acomodación nacional de Catalunya. Como ocurre en el diferendo canadiense de Quebec que se expresa con una extraordinaria racionalidad política.

Una de las herencias de Rodríguez Zapatero es haber descalabrado el difícil equilibrio entre Cataluña y el resto de España con la promulgación de un innecesario Estatuto que tocaba fibras sensibles de la cimentación constitucional de España. La recomposición de ese desarreglo se ha llevado por delante buena parte del mermado patrimonio de credibilidad que atesoraba el Tribunal Constitucional estigmatizado ahora como una instancia de garantías constitucionales que ha defraudado las expectativas catalanistas. El poder de CiU para modular el futuro de Cataluña y su relación con el resto de España es amplio y solvente. Los nacionalistas serán los interlocutores de una derecha española -difícil que el próximo Gobierno no lo presida Mariano Rajoy- que ha de demostrar capacidad estadista y renovadora, sintonizando con mayorías sociales amplias, manteniendo los asuntos de principio -que no son muchos pero si indeclinables- con la flexibilidad y el equilibrio político que reclama la cuestión nacional española.

La historia, siempre aleccionadora, advierte que no hay soluciones definitivas sino un continuo político de transacción y acuerdos enmarcados en las líneas rojas que no han de sobrepasarse. No es un drama sino una realidad que hay que afrontar la emergencia renovada de una Cataluña que se parece más a Quebec en sus planteamientos que a cualquier otro ejemplo internacional. Y si Canadá ha sabido mantener su integridad desafiándose a sí misma con varios referendos soberanistas en aquella región, España no debería asustarse de su propia realidad siempre y cuando desde Barcelona y Madrid se obre con plena y lúcida responsabilidad de lo que todos nos estamos jugando.

Después de la piqueta del tripartito catalán, de la indolencia del Gobierno central, de las contradicciones del PSOE y de complicidades oportunistas -que han puesto en jaque la Constitución y lesionado al Tribunal Constitucional- llega el tiempo de la restauración de la confianza perdida. Los catalanes dirían que es el momento del “seny”; los que no lo somos, afirmaríamos que es la ocasión para la templanza y las ideas claras: la España plural no es la España centrífuga y desordenada, insolidaria y abusiva, prejuiciada y confrontada, sino el recipiente histórico de una sociedad con una decisión íntima de que la clase política se muestre a la altura de nuestras aspiraciones comunes. Quizás sea mucho pedir en tiempos de aborrecimiento a la casta que representan los gestores de los asuntos públicos, pero es necesario perseverar en la reclamación hasta que los mudos hablen y los sordos oigan.

Sentencia del Supremo
El desacato es delito
Antonio Robles Libertad Digital 27 Diciembre 2010

El Tribunal Supremo ha sentenciado de forma triple que el castellano es lengua vehicular del mismo modo que lo es el catalán, y ordena a la Generalitat, que, además de garantizar a los padres este derecho, ha de facilitar los escritos y comunicaciones internas de los centros docentes también en castellano.

Con estas tres sentencias la inmersión, además de ser ilegal como hasta ahora, ha de desaparecer del sistema educativo catalán y del resto de comunidades autónomas ya que fundamenta jurisprudencia.

Durante 27 años, concretamente desde 1983, primero a escondidas y a partir de principios de los noventa a través del decreto de inmersión75/1992, se ha excluido al castellano como lengua docente en las escuelas.

Precisamente, el mismo año que se imponía negando que se hiciera nació la Asociación Miguel de Cervantes para denunciarla. Un pacto de silencio consiguió ocultarla hasta muchos años después cuando La Asociación por la Tolerancia (1992) logró romperlo y las madres de CADECA pusieron en evidencia el atropello.

Desde entonces hasta la llegada de Ciudadanos al Parlamento, varias organizaciones cívicas e ingentes esfuerzos de muchos ciudadanos anónimos, a menudo incomprendidos por los propios afectados y siempre maltratados por el régimen catalanista, han denunciado el fraude de la inmersión.

Porque antes que nada es un fraude. Un fraude de ley porque durante años las fuerzas políticas y mediáticas han sostenido que la inmersión había sido refrendada por la sentencia 137/1994 del TC, cuando era exactamente lo contrario. Esa burda mentira ha permitido al catalanismo político acomplejar a los afectados y al catalanismo sociológico imponer la exclusión con buena conciencia.

Un fraude pedagógico, porque la inmersión lingüística puede ser un método pedagógico válido para aprender con eficacia un idioma si se hace voluntariamente, pero no para evitar que se aprenda otro imponiéndola contra la voluntad de los ciudadanos.

Un fraude social porque la inmersión se ha utilizado como instrumento de ingeniería social para lograr interiorizar en la sociedad catalana que el castellano es un idioma extranjero y enemigo del catalán.

Un fraude político, porque la inmersión se ha utilizado para convertir al catalán en el único idioma institucional de Cataluña.

Un fraude ideológico, porque la inmersión ha sido utilizada como Caballo de Troya para vender la ideología nacionalista a través del uso partidista de la lengua catalana.

Y un fraude moral, porque cada vez que se ha exigido el estatus de lengua vehicular para el castellano, se ha rechazado como un ataque al catalán.

Por todo ello, esta sentencia es trascendental, marcará un antes y un después en el curso histórico y aunque aún no nos demos cuenta cabal de los efectos que tendrá en el futuro, los historiadores la recordarán como la sentencia que acabó con la deriva excluyente del catalanismo.

Pero más allá de estas consideraciones sociológicas, hoy existe una sentencia del Tribunal Supremo que ha de cumplirse y nadie, incluidos nuestros gobernantes, puede evadir esa responsabilidad, mucho menos, alardear de ello. Y todo eso está ocurriendo. El nuevo Gobierno de la Generalitat ya ha acordado con el PSC ignorar la sentencia y ICV-EAiU ha propuesto un pacto de todos los partidos catalanes para garantizar el modelo educativo catalán basado en la exclusión del castellano como lengua docente.

El problema en Cataluña nunca ha sido jurídico, sino político. Hoy más que nunca. El control del poder político ha permitido engañar y crear una atmósfera ilegítima de desacato a la ley. Los intereses políticos de los dos partidos nacionales en sus tiempos de Gobierno prefirieron siempre el abrevadero de los votos nacionalistas al cumplimiento de la Constitución. Ya hemos visto los resultados: insumisión de responsables del Estado contra el Estado. O si lo quieren de forma cruda: desacato primero e insurrección después. Es cuestión de tiempo. Y contra eso no hay antídoto, sólo la aplicación de la ley.

En esta batalla, los tribunales son necesarios, pero la acción cívica es imprescindible. Sin ciudadanos dispuestos a defender sus derechos, nada se moverá en la dirección legal hoy en Cataluña.

De momento, Francisco Caja junto a los juristas de Convivencia Cívica de Cataluña, responsables del recurso ante los tribunales que han originado esta sentencia, ya están preparando la demanda ante el TSJC para su ejecución. El desacato es un delito y si el presidente de la Generalitat, o cualquier otro responsable educativo, incumplieran u ordenaran incumplir la sentencia, deberán ser procesados e inhabilitados para cargo público. Cualquier otra cosa es alimentar el envalentonamiento del soberanismo y la insurrección futura.

La derrota de una idea de España
ANTONIO GARCÍA SANTESMASES - EL MUNDO  27 Diciembre 2010

Mientras Artur Mas configura ya su gabinete tras ser investido como nuevo presidente de la Generalitat, continúa llamando la atención que, entre las variopintas reacciones tras los comicios catalanes del pasado 28 de noviembre, sean tan pocos los que reconocen como propia la derrota de los socialistas en las urnas. Desde la misma noche electoral conocimos la retirada de José Montilla como secretario general del PSC, e incluso, al día siguiente, su propósito de no acceder a su escaño en el Parlament. Comenzaba una nueva etapa en la que, quizás por respetar la autonomía del PSC a la hora de reflexionar sobre las causas de la derrota o porque, con la que está cayendo, no hay tiempo para detenerse, han sido escasas las voces que han profundizado en un aspecto que me parece esencial: el 28 de noviembre perdió el PSC, es evidente; esa derrota entraña consecuencias para el PSOE, es obvio; pero hay que añadir que en las elecciones catalanas fue vencido algo más importante: el intento de superar la confrontación entre el nacionalismo español y el nacionalismo catalán. Y es esto último lo que realmente tiene trascendencia de cara al futuro.

Algunos considerarán discutible la tesis de que ha triunfado el nacionalismo español conservador, pero si repasamos los hechos no me parece que la cosa admita muchas dudas. Es evidente que el Partido Popular sale reforzado en el conjunto de España. El Parlamento aprueba con más del 80% de los votos un Estatuto para Cataluña. El proyecto es enviado al Congreso y es enmendado, rectificado, modulado, hasta el punto de que el presidente de la Comisión Constitucional afirma que los diputados han logrado cepillarlo debidamente. Ese Estatuto, convenientemente cepillado, es devuelto al Parlamento de Cataluña y sometido a referéndum. Y, a pesar del cepillado, sale aprobado mayoritariamente por el pueblo catalán.

Se han cumplido todos los procedimientos, se ha respetado la legalidad, pero a pesar de todo, los representantes del PP deciden que el cepillado no es suficiente y recurren el texto ante el Tribunal Constitucional. Durante toda la segunda legislatura del tripartito hemos vivido a la espera de la sentencia del Tribunal. Dictada ésta, la reacción de la sociedad catalana se expresa en la manifestación del pasado 10 de julio. El PP logra imponer parte de sus tesis en la sentencia del Constitucional. No todas, pero sí las suficientes para lograr que cale el sentimiento de agravio: una vez más España no es capaz de asumir la realidad nacional de Cataluña. Lo que había comenzado como un intento de lograr un encaje de la realidad catalana en la vida española acaba en una nueva frustración.

El PP, tras la sentencia, aparece para una parte de la opinión pública como garante de la constitucionalidad y Convergència i Unió como el partido destinado a hegemonizar la representación de la Cataluña dolorida, víctima de un nuevo agravio. ¿Es de extrañar que, en estas circunstancias, se produzca un voto útil de todo el espectro nacionalista hacia CiU? El traslado de votos desde ERC y desde el sector más catalanista del PSC responde a este designio. Unos han pensado que el desenlace le ha dado la razón a Jordi Pujol y que era preferible no haberse embarcado en estas aventuras; otros consideran que había que aglutinar el voto en un partido que represente sólo y exclusivamente los intereses de Cataluña.

A partir de esa situación de incomprensiones y de agravios, los dos nacionalismos se retroalimentan: el PP vuelve a insistir en que sólo ellos son capaces de defender la vigencia de la nación española, sólo ellos son capaces de reivindicar sin complejos la unidad de la patria, sólo ellos son capaces de reivindicar los 500 años de la historia de España. El nacionalismo catalán vuelve a sus tesis tradicionales, pero con un matiz importante: el soberanismo ha quedado reforzado. Su mensaje es inequívoco: podemos entendernos con la derecha española en la política económica a desarrollar, somos capaces de colaborar en la defensa de los derechos de la Iglesia católica, pero no queremos compartir sentimientos. Nosotros somos una nación que no tenemos, por ahora, un Estado propio, pero para nosotros España no es una nación, es un Estado; no es una realidad sentimental, es una realidad jurídica y administrativa; será en todo caso una nación para los que acepten la hegemonía castellana, pero nuestro camino es otro. El 2014 no está tan lejos y allí tendremos la oportunidad de recordar lo ocurrido en estos 300 años de frustraciones e incomprensiones.

Algunos pretenden resolver el problema planteando que en el fondo no ha ocurrido nada, que CiU es un partido muy pragmático, que sabe que no es el momento para aventuras independentistas y que de lo que se trata es de conllevarnos. Y vuelven a citar a Ortega. Creo que es muy saludable volver a leer su famoso discurso. Entre sus muchas reflexiones ante las Cortes republicanas hay una especialmente brillante, y es cuando dice: «Yo creo, pues, que debemos renunciar a la pretensión de curar radicalmente lo incurable. Recuerdo que un poeta romántico decía con sustancial paradoja: Cuando alguien es pura herida, curarle es matarle. Pues eso acontece con el problema catalán».

Los socialistas y la izquierda federalista en Cataluña han pretendido, en efecto, resolver el problema catalán; han buscado un camino que permitiera asumir una identidad múltiple, una identidad donde no fuera preciso elegir entre los dos nacionalismos, donde uno se pudiera sentir catalán y español; donde un cordobés nacido en Iznájar pudiera llegar a la presidencia de la Generalitat y donde se pudiera vibrar, a la vez, con Antonio Machado y con Joan Manuel Serrat. Era una perspectiva nueva que exigía trascender la doctrina del nacionalismo español, de los que siguen considerando que el Estado español está compuesto por una única nación y trascender también la perspectiva de los que piensan que a cada realidad nacional corresponde un Estado propio.

El problema, pues, no ha estribado, únicamente, en que no hubiera una cultura de coalición o en que Montilla tuviera más o menos carisma. Todo eso ha influido pero no ha sido decisivo. Lo decisivo ha sido que en una legislatura en la que se proclamaba la necesidad de hechos y no de palabras, ha pendido todo el tiempo como una espada de Damocles una sentencia que nunca llegaba y que, cuando se ha producido, ha desatado un caudal imparable de emociones porque -por citar de nuevo a Ortega- «es muy peligroso, muy delicado hurgar en esa secreta, profunda raíz, más allá de los conceptos y más allá de los derechos, de la cual viven esas plantas que son los pueblos. Tengamos cuidado al tocar en ella».

Al releer el texto, no he podido dejar de pensar que la sentencia aprobada por mayoría del Tribunal constitucional tocó una raíz que ha provocado la polarización emocional y el voto útil a favor del nacionalismo convergente.

En ese clima de polarización emocional entre los dos nacionalismos, era muy difícil resituar la agenda política en torno al debate entre derecha e izquierda. Máxime cuando las elecciones se producen dos meses después de la huelga general de los sindicatos y cuando la víspera el presidente del Gobierno recibe a la cúpula empresarial que le demanda ser firme y acometer las reformas que exigen los mercados. Ni con todo el carisma de Obama hubiera podido Montilla convencer a los electores de que sus propuestas eran una garantía para salvar los derechos laborales, mantener las prestaciones sociales y hacer viable el Estado del bienestar. Cuando el mensaje que se transmite cotidianamente es que, gobierne la derecha o la izquierda, sólo cabe dar por concluido el modelo social europeo, reconozcamos que la comunicación política no lo puede todo, ni el carisma es capaz de saltar por encima de una realidad económica que se presenta como inexorable. Montilla se puede consolar pensando lo que le ha ocurrido al carismático Obama en las últimas elecciones legislativas estadounidenses.

Y ahora viene lo difícil para la izquierda federalista, para la que quería compartir identidades y proyectos, la que quería superar recelos y frustraciones. Difícil para ella a la hora de reconstruir su proyecto, y difícil también para lo que dentro de la izquierda española les hemos apoyado. Unos y otros hemos querido superar la conllevancia orteguiana. No nos parecía deseable mantener congelado el problema catalán; aunque Ortega dijera que no es cosa tan triste, eso de conllevar, ya que «Llevamos muchos siglos juntos los unos con los otros, dolidamente no lo discuto, pero eso, el conllevarnos dolidamente, es común destino, y quien no es pueril ni frívolo, lejos de fingir una inútil indocilidad ante el destino, lo que prefiere es aceptarlo».

¿Por qué hemos sido derrotados? Porque, indóciles a un destino inexorable, lo que pretendían los socialistas catalanes, y pretendíamos los que les apoyábamos, era volver a pensar España con la pretensión de superar la eterna desconfianza; por eso su derrota es la nuestra, es la derrota de una idea de España plural, y lo que más nos preocupa del triunfo de ambos nacionalismos es que, como decía con gran acierto Pasqual Maragall, con su concepción nacional-estatalista del mundo y con su actitud de ensimismamiento, están comprometiendo el futuro de España.

Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política de la Uned

Los privilegios del fósil
Félix de Azúa.El País  27 Diciembre 2010'

Durante la Transición se publicó en Barcelona y en catalán una influyente revista, Taula de Canvi, donde escribía buena parte del aparato ideológico del comunismo regional. Su promotor y director era Alfons Comín, un cristiano castrista ya fallecido, con mucho predicamento entre las élites barcelonesas. En el número de julio-agosto de 1977 figuraba un consejo de redacción compuesto por 18 miembros. Todos ellos, con alguna excepción, han hecho importantes carreras dentro de la Administración y buena parte de los mismos aún sigue, 30 años más tarde, entre los directivos más influyentes de la vida oficial catalana. Puede decirse sin miedo a error que esa revista fue el núcleo del mando intelectual de la izquierda revolucionaria catalana que tomaría el poder en la casi totalidad de los centros decisorios de la comunidad.

Josep Benet, Jordi Borja, Josep M. Castellet, Josep Fontana, Cirici Pellicer, González Casanova, Melendres, Molas, Ramoneda, Solé Tura, Vázquez Montalbán y otros miembros del consejo de redacción se cuentan entre los principales responsables de que la vida cultural catalana haya sido lo que es. Treinta años más tarde solo habría que añadir los aliados independentistas con quienes compartieron el poder a partir de la presidencia de Maragall. Cuando los futuros historiadores escriban el relato de la deriva catalana hacia la secesión deberán leer esta olvidada revista.

El número mencionado iba dedicado a un asunto: Escribir en castellano en Cataluña, cuestión que puede parecer cultural, pero que no ha sido nunca sino el fundamento mismo de la ideología nacionalista. En su presentación Jordi Carbonell, coordinador del número, decía: "Escribir literariamente en castellano en los Países Catalanes ha sido siempre un acto con claras connotaciones políticas; por lo menos tantas como escribir en catalán". Lo de escribir "literariamente" es sugestivo: el juicio político iba contra los escritores "literarios" porque a los demás no era necesario decirles nada, ya sabían cuál era la orden, aunque no la cumplieran: a pesar de las consignas casi todos los camaradas escribían en español en diarios como La Vanguardia o Tele/Express. Treinta años más tarde sigue sucediendo lo mismo.

Carbonell, medalla de oro de la Generalitat en 2001 y presidente de Esquerra Republicana entre 1996 y 2004, añadía más adelante: "El simple hecho de 'radicar' en Cataluña o en los Países Catalanes sin la voluntad de devenir (esdevenir) catalán no convierte a una persona en 'catalán de radicación". Esta es la ambición suprema de los nacionalistas catalanes: poseer la capacidad decisoria que determina quién es y quién no es catalán, herramienta totalitaria que nunca han soltado. Treinta años más tarde la segregación sigue intacta. El propio Montilla lo dijo en más de una ocasión: no basta con nacer y trabajar en Cataluña, hay que manifestar una voluntad pública de "ser catalán" para que el poder te considere catalán. Los comisarios controlan la exclusión y otorgan la integración según un metafísico "querer ser catalán" definido oportunamente por el mando.

El fondo de esta dictadura nacional se sustenta en el mito del invasor. Decía Carbonell en su artículo: "El castellano es justamente la lengua que el poder opresor ha querido imponer en un intento de genocidio cultural consecuencia de una política imperialista". Treinta años más tarde nada ha cambiado, excepto que ahora el mito se enseña en los manuales del Bachillerato. Aunque nadie dude de que la imposición franquista del español sobre el catalán fuera real, lo del "poder opresor" parece que se refiera al Ministerio de la Gobernación y no a lo que antes se llamaba "la burguesía catalana" (auténticos ejecutores del supuesto genocidio), así como a la llegada de los inmigrantes sureños que cargan con la responsabilidad de ser instrumentos de la opresión. La deshonestidad de culpar a los "extranjeros" no solo es una forma insidiosa de xenofobia, sino una mentira que descalifica a quien la dice.

La anterior deshonestidad se completaba con la siguiente frase de Carbonell: "No cabe duda de que los escritores que, viviendo en nuestro país, se expresan literariamente en castellano constituyen un fenómeno cultural inimaginable sin la victoria del fascismo en 1939". No tener ninguna duda de que el español nunca existió en Cataluña antes de 1939 es el fruto de una ignorancia monumental, de un cinismo rotundo, o de ambas cosas. Sin embargo, 30 años más tarde, esta sigue siendo la verdad oficial.

Tras la introducción, la redacción daba la palabra a los inculpados. Pocos fueron los que contestaron. En tono atemorizado, Carlos Barral aseguraba que él había nacido en una familia bilingüe, pero que tras la muerte de su padre le habían impuesto la lengua materna la cual era "el castellano de la Argentina", pero que de todos modos él se consideraba "irreductiblemente nacionalista". Quienes le conocimos sabemos lo que opinaba Barral sobre el nacionalismo catalán. Más audaz, Gimferrer reivindicaba a los escritores en español siempre que, decía, "hagan suyas las reivindicaciones catalanas" de manera que puedan ser aceptados. Vázquez Montalbán reaccionó dignamente. Allí escribió aquello de que asumía su papel de "judío que vive en Praga y escribe en alemán" y que la encuesta le parecía de orden zoológico más que ideológico. Treinta años después, nada ha cambiado.

Los demás encuestados, todos ellos activistas de la Causa, apoyaban con mayor o menor agresividad la liquidación de los catalanes que escribían en español. Triadú, comisario del ala más totalitaria, afirmaba que quienes escribían en español eran franquistas, pero también lo decía Montserrat Roig cuya inteligencia era algo superior a la de Triadú. "Estos escritores nunca han ayudado voluntariamente a que la literatura catalana se desarrollara y han caído en la trampa política del franquismo", nos sermoneaba Montserrat. El más disparatado era Pedrolo: "Querer pasar por escritor catalán mientras se escribe en castellano equivale a aceptar los planteamientos franquistas". ¿Querer pasar? ¿Y quién quería pasar? Treinta años más tarde, todo sigue igual.

Que todo sigue igual quiere decir que continúa habiendo gente que escribe en español aunque viva en Cataluña, pero que solo si muestra su inquebrantable adhesión al Régimen es aceptado por la maquinaria cultural catalana. Semejante rareza (o semejante chavismo) solo tiene importancia para el contribuyente. A los que escribimos en español no nos afecta porque ya estamos habituados a los insultos del poder. A quienes escriben en catalán esta situación les favorece. La doctrina política oficial solo tiene como consecuencia un gasto desorbitado, el parroquianismo cultural y la ausencia de oposición o competencia. El resultado es que no por ello ha aumentado la lectura de literatura catalana y que la cultura oficial es de uso exclusivamente local y clientelar. Los sueños de cosmopolitismo cultural, de la Cataluña internacional, de la Barcelona destacada en el mapa europeo y demás quimeras se han fundido en el aire exactamente igual que los miles de millones de euros que ha costado fundirlas.

Hay algo, sin embargo, sobresaliente. Que la así llamada "izquierda catalana" no haya superado ni un milímetro sus posiciones totalitarias de hace 30 años, que mantenga programas culturales que en Europa ya solo defiende la extrema derecha, ofrece algunas indicaciones de por qué el tripartito ha perdido cientos de miles de votos el mes pasado. Sin embargo, no enmiendan: para esta gerontocracia todo ha de seguir como en Taula de Canvi. En cuanto se supo la magnitud del fracaso salieron en tromba los más derechistas del Partido Socialista Catalán a decir que todo había sucedido por no haber sido lo suficientemente nacionalistas. Estos ideólogos delirantes querrían mantener intactas las estructuras de poder de hace 30 años porque garantizan su dominio sobre los demás y sus privilegios por encima de todo el mundo. El arrogante menosprecio con el que se dirigen a sus (ex) votantes indica que jamás aceptarán la realidad social catalana. Es muy chocante ver a un por así decirlo socialista envuelto en la bandera catalana. Es un oxímoron viviente. O quizás agonizante.

España sabe desde hace diez años que ETA entrena en Venezuela
Antiguos espías afirman que ya en 2000 informaron al Cesid de los cursillos en la selva junto a las FARC
MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID. El Correo 27 Diciembre 2010

Diego Enrique Arria Salicetti, exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas, declaró hace un mes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el magistrado que instruye el sumario sobre los entrenamientos conjuntos entre ETA y las FARC. El diplomático reveló que hasta siete etarras trabajan para el Gobierno de Hugo Chávez y aseguró que la banda terrorista podría estar financiándose de las expropiaciones de tierras del instituto para el que trabaja Arturo Cubillas. Pero, además, aportó documentos de inteligencia que sostienen que el Gobierno español sabe desde hace diez años que ETA utiliza la selva venezolana para adiestrar en armas y explosivos a sus comandos.

Arria, al margen de su declaración, entregó en la Audiencia un dossier que ha sido incluido en el sumario. En él, recoge las confesiones de varios exagentes de la desaparecida Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), los servicios secretos de aquel país, posteriormente desmantelados por Chávez.

Los exespías, en los escritos, aportan datos muy concretos sobre la notificación a España de las actividades clandestinas de los etarras. La comunicación oficial de los entrenamientos en la selva se produjo entre el 6 y el 10 de noviembre de 2000, durante el 'II Seminario Iberoamericano de Inteligencia Estratégica', una conferencia internacional celebrada en Montevideo, auspiciada por el Centro Superior de Información de Defensa (Cesid) español, antecesor del CNI, y en la que participaron 17 países y 20 agencias.

Allí, en una sala del hotel NH Columbia de la Rambla Gran Bretaña de la capital uruguaya, «el servicio venezolano y sus delegados de Inteligencia Militar -ya por entonces bajo las órdenes de Hugo Chávez, que llegó al poder en febrero de 1999- informaron en el pleno a los delegados del Cesid -el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- de que ese grupo de etarras estaba llevando a cabo tareas de entrenamiento en Venezuela», relata uno de los documentos entregados al instructor. «Especialmente, sobre las informaciones facilitadas acerca de Cubillas y su gente fueron testigos más de doce organismos de inteligencia exteriores, por cuanto se dijo en el pleno y quedó evidentemente grabado», apuntan los exespías.

Desmantelados
Según los informes de Arria, aquel 'chivatazo', en principio, no cayó en saco roto y, «posteriormente, en distintas reuniones se acordó trabajar en conjunto». «Se llevaron a cabo varias reuniones específicas entre miembros de los servicios (españoles y venezolanos), tanto en Uruguay como en Venezuela». Incluso, se destinó a una funcionaria del CESID, de «nombre clave Cristina», para que se ocupara sobre el terreno de investigar los movimientos de ETA en la selva, supuestamente en campamentos de las FARC.

Sin embargo, todo cambió meses después. Al parecer, el Gobierno de Chávez directamente ordenó acabar con la supervisión de etarras. «Los equipos de seguimiento venezolanos fueron desmantelados», en particular la denominada 'Sección 22', que se ocupaba los terroristas españoles. «Sus miembros fueron perseguidos y desbandados (...) los agentes encargados del seguimiento de ETA y monitoreo a nivel central y en las brigadas territoriales fueron despedidos». Y la agente del Cesid fue puesta bajo vigilancia.

De acuerdo con el sumario, durante los gobiernos anteriores a Chávez hasta 38 funcionarios de la DISIP llegaron a trabajar en exclusiva para controlar los movimientos en Venezuela de los etarras, que habían llegado en su mayoría al país fruto de un supuesto pacto entre Madrid, Caracas y La Habana en 1989. «Los acuerdos siempre fueron de palabra. Los estados (Cuba y Venezuela) debían tener control sobre los etarras y a cambio tendrían preferencias y créditos muy blandos».

«En esa época -prosiguen los exespías en alusión a la década de los 90- (los etarras) llegaron a ser 36 en Venezuela y 14 en Cuba» y estaban estrechamente vigilados por «unidades especializadas muy bien dotadas». Los terroristas debían fichar cada poco tiempo. «Eran monitoreados, vigilados e incluso sujetos a vigilancia electrónica». La presión era tal que «muchos de ellos decidieron repartirse en territorios que tenían brigadas muy poco dotadas y esa es la razón por la que muchos se fueron al interior».

Pero el control de los etarras acabó con la llegada de Chávez al poder. La cúpula de ETA «decidió en 1998 que el mejor lugar para entrenar a los etarras sería Venezuela porque a partir de 1999 sería tierra de afectos revolucionarios». Y comenzaron a llegar incluso activistas que estaban bajo la supuesta protección de Castro. «La razón por la que Venezuela se convierte en el último reducto etarra es porque el Gobierno cubano, a pesar de sus vaivenes, autorizó la presencia del CNI en la isla, lo que hizo que buena parte de los 'proyectos etarras' migraran a Venezuela», subraya el informe.

Las buenas maneras de Artur Mas. Muy bonito, pero…
Séneca.  Minuto Digital 27 Diciembre 2010

Mas ha sido investido 129º presidente de la Generalidad de Cataluña, lo que significa que al fin nos hemos sacado de encima el tóxico tripartito de las narices, a la vez que se puede prever un vuelco similar, vía PP, en el resto de España.

Como de sesudos análisis, tertulias y valoraciones mil van llenos los medios de comunicación, quiero destacar un aspecto muy relevante de lo que supone que sea Mas, precisamente, el que ocupe este trascendente cargo institucional.

Artur, el ‘rey artur’, es un tipo sensato, culto, viajado y rodado en gestión privada, pública y política. Es, por decirlo de alguna manera, un catalán de ADN ‘puro’, pero de los normales de esos que hablaban castellano en su casa y se llamaba Arturo hasta, hará unos veinte años, aunque haya hecho la mutación correspondiente.

Educado, pulcro y leal a sus principios, jamás se le ha visto fuera de tono ni en una posición avinagrada, biliosa o navajera. Es un señor, atildado, austero y con una expresión oral y corporal armónica y carismática [kenediana, dicen por ahí]. Articula bien sus pensamientos, mediante frases perfectamente ensambladas en una prosodia relajante e inspiradora de confianza. En una palabra, lo tiene todo para triunfar (¿más?) en la vida.

Sin embargo, a este prefacio que está más cerca de una crónica rosa que de una disección sociológica, conviene añadir unos breves y esquemáticos apuntes que podrían desvertebrar lo que parece un sueño, si lo comparamos con lo que le antecedía: el caos, la miseria mental y el dogmatismo sectario de los anteriores inquilinos del poder catalán.

Artur Mas se encuentra ante tres encrucijadas que lo van a machacar, si no sabe torearlas (con perdón) o le condicionan su libertad para ejercer el liderazgo de la comunidad, que para entendernos, digamos que son:

1. La crisis económica global, continental, española y catalana, con todas sus derivadas relacionadas con el desmoronamiento del tejido empresarial, industrial y comercial habitual de Cataluña. Mas deberá ser muy estricto y restrictivo con el gasto público, apoyar de verdad la iniciativa productiva, devolver la confianza a la población, y reafirmar el encaje de ‘lo’ catalán en ‘lo’ español, y viceversa, hasta que se borren los efectos demoledores que ha causado tanto invento errático secesionista y tanta borrachera de patrioterismo doméstico.

2. Proporcionar la paz ambiental mínima necesaria para que los ciudadanos recuperen su dignidad y su autoestima al verse, de nuevo, protegidos ante tanto crimen, inseguridad e invasión inmigrante como la que se ha producido en los últimos ocho años, a través del desastrado traidor Zapatero y la connivencia con la que en Cataluña se trataba este espinoso asunto de la identidad nacional (europeo-española…catalana); ya que no hemos de olvidar que el propio Mas pedía el voto (y pedirá su gente de CiU en las municipales) a los extracomunitarios que escriben y leen en alfabeto árabe, sin importarle una higa que esa gente jamás se integrará en nuestro sistema de valores ni en nuestro modelo de sociedad.

3. Velar por el modelo de convivencia y por el estado del bienestar que los autóctonos nos hemos dado a través de generaciones de trabajadores, emprendedores y gente biennacida, ya fueran catalanes de ‘socarrel’ (pura cepa) o dignas personas venidas del resto de España, luego, nada de inmigrantes (los inmigrantes son los de ahora), que aportaron su sudor para que la máquina funcionara. Hablamos de algo que está en su mano manejar con éxito, ya que no en vano son integrales las transferencias del Estado en materia de Policía y seguridad, Justicia, sanidad, educación y demás contextos en los que interviene el gobierno local. O sea que basta de nefastos saurillas al mando de los Mossos d’Esquadra, y de rojillos al frente de las policías locales, que atan de manos a los agentes, coartan a los jueces y enmudecen a aquellos que se atreven a decir las cosas por su nombre. Contrátese a los mejores y déseles los apoyos necesarios para alcanzar la excelencia en sus funciones.

Y en todo este potpourri de factores expuestos, Artur Mas ha de saber tender la mano también a los partidos emergentes como Vía Democrática que declaran en sus programas un cambio de orientación política y una nueva aproximación a algunos aspectos de la vida de las personas, como son, precisamente, el derecho a la vida en toda su extensión; la recuperación de los valores basados en nuestra Historia y el humanismo cristiano; la descretinización de las mentes de la gente que adocenada ha entrado en un éxtasis de inanidad ideológica; y la rehabilitación inmediata del espacio vital que nos es propio; porque, Sr. Mas, Molt Honorable President… usted ha de dedicarse más a los suyos, que no a los casi dos millones de gente extraña que erosionan lo que se supone que Vd. tanto dice defender: su país, que es el mío. No se venda por un puñado de votos, y no permita que nos islamicen, porque a Vd. tampoco le gusta.

MÁS NÚMEROS ROJOS PARA CATALUÑA
La herencia de Montilla que asumirá Artur Mas: una deuda de 40.607 millones de euros
Juanjo Armas.  Minuto Digital 27 Diciembre 2010

Según el informe que el presidente saliente, José Montilla, ha entregado al presidente electo, Artur Mas, la Generalitat de Cataluña tiene una deuda que llega a los 40.607 millones euros.

La Consejería de Economía y Finanzas ha elaborado este documento sobre la situación financiera de Cataluña que concluye que se cerrará 2010 con un endeudamiento de 31.914 millones de euros según los criterios SEC-95 -el Sistema Europeo de Cuentas- a los que se tienen que sumar las deudas de los organismos y entidades que dependen de la administración catalana, como por ejemplo el Instituto Catalán de Finanzas y la ICCA, de forma que se pasa de los 40.000 millones de euros. Es decir, el gobierno catalán cierra el ejercicio de este año con un déficit entre un 0,7% y un 0,9% superior al objetivo de estabilidad presupuestaria marcado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de forma que se sitúa entre el 3,1% y el 3,3% del PIB.

El informe apunta como culpable de este endeudamiento “un menor volumen de ingresos del que se preveía y un mayor gasto en salud, motivada en gran parte por el retraso en la aplicación de las medidas de contención acordadas por el gobierno español”. Para el 2011 la Generalitat tendrá que reducir el déficit hasta el 1,3%, de forma que se tendrá que endeudar en 6.800 millones más este 2011 y necesitará una financiación de 8.788 millones para hacer frente a los vencimientos de deuda previstos y a la adquisición de activos financieros como los bonos que recientemente ha emitido el Gobierno catalán.

Recortes de Prensa   Página Inicial