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Peones negros
Luis del Pino Libertad Digital 6 Enero 2010
El pasado domingo día 3 emitíamos en el programa "Sin complejos" un
reportaje sobre los peones negros de Málaga. Tenía que haberse
emitido el domingo 27 de diciembre, en la sección "Meridionalmente
claro" de Paco Linares, pero las meigas de fin de año (en forma de
apagón) hicieron que el último programa "Sin complejos" del año
quedara interrumpido.
Sea como sea, el caso es que pudimos escuchar a diversas personas
que colaboran con el grupo de Málaga (y con algún otro grupo andaluz
de peones negros) explicar por qué habían decidido dedicarse a
investigar la masacre del 11-M y a trabajar porque sepamos qué pasó
aquel jueves negro. Philidor, Choya, Marcat, Santelmo y varios otros
fueron explicando qué les había llevado a implicarse en una labor
que poca gente entendía al principio y que mucha gente sigue sin
entender.
Sin ánimo de interpretar los sentimientos de nadie, me atrevería a
decir que había dos denominadores comunes en las distintas
intervenciones: el sentimiento de horror por la masacre y la
convicción de que no puede existir un verdadero régimen democrático
si se encubre a los autores de un horror como aquél.
Sin embargo, tiene que existir algo más, porque esas dos
características juntas no constituyen ningún factor diferenciador.
El sentimiento de horror por la masacre fue compartido por
muchísimos otros españoles (me atrevería a decir que por casi todos)
y no por ello sintieron esos otros españoles ningún deseo de
dedicarse a averiguar nada.
En cuanto a la segunda condición, hay muchos españoles que
coincidirían con la afirmación abstracta ("no puede existir un
verdadero régimen democrático si se encubre a los autores de un
horror como aquél ") y no por eso se han dedicado a investigar el
11-M: unos (los que aún piensan que la versión oficial que nos
contaron era correcta) porque creen honestamente que no se está
encubriendo a nadie en el caso del 11-M; otros (los que saben que la
versión oficial es falsa, pero desean que se sostenga) porque en
realidad prefieren vivir en un régimen no plenamente democrático,
siempre que el gobierno sea del tipo que a ellos les gusta; y otros,
en fin, porque están íntimamente convencidos de que no vivimos en un
régimen plenamente democrático, pero creen que no existe forma
humana de cambiar ese hecho, por lo que prefieren inhibirse.
Por tanto, me atrevería a decir que las razones que impulsaron a una
serie de personas a embarcarse en una tarea bastante ingrata, pero
bastante necesaria, son múltiples: todas esas personas comparten,
desde luego, el sentimiento de horror por la masacre y la convicción
de que no puede existir un verdadero régimen democrático si se
encubre a los autores de un horror como aquél. Pero comparten
también al menos otras tres características: un acusado sentido
crítico, para dilucidar por sí mismos qué tiene visos de verdad y
qué no lo tiene; una clara convicción de que el requisito de vivir
en un régimen de libertades es anterior a la cuestión de quién ocupa
el gobierno o no lo ocupa (es decir, sitúan la libertad por encima
de sus propias preferencias en materia de partidos, lo que equivale
a desear la verdad caiga quien caiga) ; y un rechazo a conformarse o
resignarse a la pérdida de libertad, que fuerza el deseo de hacer
algo, lo que sea, para recuperar la libertad perdida.
Desde luego, me es imposible ser objetivo, pero ¡qué distintas
serían las cosas en España, a todos los niveles, si hubiera muchas
más personas como los peones negros, dispuestas a anteponer la
libertad a sus propios intereses, dispuestas a trabajar para
defender esa libertad, dotadas de la empatía necesaria para entender
el sufrimiento ajeno y con la suficiente inteligencia como para
someter a escrutinio aquello que les rodea, tratando de separar la
verdad de la mentira!
Con unos cuantos miles de personas así, España sería un paraíso
democrático.
El problema de las asociaciones
Pío Moa Libertad Digital 6 Enero 2010
Sorprende la gran cantidad de asociaciones de izquierda, progres,
separatistas, etc., que aparecen de vez en cuando firmando algún
manifiesto o reclamando algo. En cambio existen muy pocas de
carácter democrático y pro español. Algunos creen que ello se debe a
que la mayoría de aquellas asociaciones están subvencionadas, pero
esa es una causa muy secundaria. La causa principal es que quienes
no son de izquierda, etc., apenas perciben la importancia de la
lucha por las ideas y por la opinión pública: es una de las peores
tradiciones de lo que, por llamarla de algún modo, solemos
identificar como “derecha”. Los otros, en cambio, son muy
espabilados para eso. El PSOE ideó muy pronto dotarse de un amplio
círculo de ongs y similares, más o menos camelístico, que
constituían un aparato de propaganda paralelo sufragado por el
erario.
Si no se rompe la inercia de la “derecha” en este sentido, es
evidente que nada podrá hacerse frente a la deriva que impone al
país la chusma política. De hecho, esa inercia se está rompiendo,
pero de modo muy insuficiente.
Las asociaciones pueden ser formales, es decir, con papeleo
burocrático, o informales, en forma de tertulias semanales, por
ejemplo, en las que se planteen iniciativas dirigidas, siempre, a
hacer llegar a la opinión pública ideas, argumentos, información,
consignas y en su caso movilizaciones en pro o en contra de lo que
sea preciso. De hecho, así han nacido algunas que se han vuelto
influyentes.
El asunto de las asociaciones puede ser muy variado, como decía
ayer, y su orientación debe ser positiva: por la verdad histórica,
por la unidad democrática de España, por la cultura española frente
al islamismo o frente a la anglomanía, por la aclaración del 11-m,
por el bilingüismo en las regiones correspondientes, por la
información veraz en la prensa, la igualdad ante la ley, la denuncia
del pro terrorismo, etc. Estas asociaciones pueden incluir
actividades deportivas, excursionistas, etc.
El objetivo en todos los casos será buscar vías de llegar a la
opinión pública, que cuando se buscan se encuentran, y muy variadas.
Mañana pondré el ejemplo de Galicia Bilingüe.
Vuelta a las andadas
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 6 Enero 2010
ACABA de tomar posesión y ya empieza a hacer de las suyas. ¿A qué
viene ese convocar en la Moncloa a «tres viejos sabios», Delors,
González, Solbes, para consultarles sobre las directrices a tomar
durante la presidencia española de la Comunidad Europea? Con
cámaras, naturalmente. O no se siente preparado para la tarea o
estamos ante otro de esos espectáculos de luz y sonido, que tanto
gustan a nuestro presidente. Si no se siente preparado, esa consulta
tendría que haberla hecho antes de tomar posesión y en el más
riguroso sigilo, por aquello del pundonor. Y si se siente preparado
y todo es un buñuelo de viento, empieza a hacer en Bruselas lo que
viene haciendo en Madrid: hacer que hace. Este hombre no tiene
remedio.
Tomemos a Solbes. Le tuvo durante años como principal asesor
económico y se sirvió de él mientras decía sí a sus disparates, como
negar la crisis -¿recuerdan el debate con Pizarro?-, pero cuando,
visto como se estaba poniendo el panorama, el ministro empezó a
torcer el gesto ante la tozudez del presidente, éste le dejó marchar
y se buscó una vicepresidenta más acomodaticia a su forma de ver el
mundo, la política y la economía. Y ahora le llama como asesor
áulico. ¿Le va a hacer tanto caso como entonces?
Y de Felipe González, ¿qué podemos decir?¿Cuántas veces le ha
consultado sobre cuestiones trascendentales, como la negociación con
ETA? Que sepamos, ninguna. Pero ahora, sí, ahora que las cosas se
han puesto realmente mal, le llama y le oye. Pero ¿le escucha? Que
sepamos, no escucha a nadie. En cuanto a Delors, ¿qué puede decirle
de la Comisión Europea, cuando la que él presidió nada tiene que ver
con la actual, como nada tienen que ver sus problemas? Nada de
extraño que de esta primera reunión lo único que haya salido es que
los problemas de Europa se resuelven «con más Europa». Más que un
parto de sabios, parece un parto de los montes.
Comprendo los llamamientos que se hacen para unir fuerzas en torno a
la presidencia española de la UE. Pero el primero que está haciendo
de ella un uso partidista es el presidente -vean la costosísima
carnavalada montada al respecto-, y eso no puede consentirse, aunque
sólo sea por sentido del ridículo. La prueba del algodón de que ese
comité asesor no es un mero despliegue publicitario será si se nos
informa de lo que los «tres sabios» recomiendan a Zapatero, y ver si
éste lo sigue. En otro caso, no tendrán mucha más importancia que
los tres Reyes Magos que se presentaron ayer en la Moncloa, llevando
al inquilino un enorme pedazo de pan, tan falso como ellos. Cuando
lo que tendrían que haberle llevado era carbón, como ocurría antes a
los niños que no se habían portado bien durante el año. Pero a ver
quién es el guapo que regala carbón en la España aterida de frío y
llena de parados de nuestros días.
Mientras las familias se afanan en ahorrar
Ahorro Ciudadano vs. Gasto Estatal
El déficit y la deuda de las cuantas públicas se incrementa
Ivan Martín y Ladera Periodista Digital 6 Enero 2010
Nuestras abuelas, nuestras madres, desde siempre han sabido llevar
la economía familiar de una manera coherente bajo una premisa basada
en administrar los recursos económicos limitados mes a mes, y con la
máxima de no gastar más de lo que se ingresa.
Los miles de inmigrantes llegados en la última década nos han
enseñado como esta regla de nuestras madres, es común al otro lado
del océano, de hecho personas venidas de países con graves carencias
sociales y de educación, vienen con una lección olvidada por las
presuntas “élites” que forman los estados, ahorrar y no vivir por
encima de sus posibilidades. Trabajar duro día a día para poder
acumular un dinero precioso que enviar a casa.
Aun cuando la sabiduría popular carece de Premios Nobel,
Presidentes, Ministros y Asesores, es capaz de afrontar el temporal
de la crisis, los gobiernos de los “demasiados” reinos de este país
continúan una carrera de gasto desenfrenado que no repercute en una
recuperación económica efectiva.
La tasa de ahorro de las familias españolas se está disparando
llegando al 14.1% de la renta disponible en el tercer trimestre de
2009, un 4.6% más que en 2008 según datos del INE. Por el contrario
el sector público ha perdido renta en un 22.9% respecto al 2008.
Los ciudadanos se defienden de la crisis tratando de ahorrar para
los tiempos que se avecinan pero las instituciones públicas
continúan con un gasto mayor, menores ajustes en sus cuentas y lo
más grave, gastando el dinero que no ingresan.
El resultado de esto se traduce en que en el recién estrenado Enero
2010, se produce el vencimiento del € 27,000 millones de deuda
pública, la mayor cantidad en un mes de la historia española.
En Octubre de 2008 la cifra de deuda en circulación se situaba en
los € 456,000 millones, casi el 45% de el PIB de la nación, cifra
nada desdeñable para un país que termino el 2007 en superávit y
cerrará 2009 con un déficit que rozará el 12%.
En tan sólo dos años españa ha retrocedido casi 20 años atrás, en
términos relativos el Estado ha ingresado en relación al PIB lo
mismo que a finales de los 80 (al caer la recaudación un 47.8%
respecto a 2008).
Las ventas de automóviles en 2009 se sitúan a niveles de 1995 (el
dato no es peor gracias a la entrada del plan 2000E, que se
implementó muchos meses más tarde que en resto de países europeos).
Por desgracia, la vivienda sigue sin estando un 55% sobrevalorada
(destacado recientemente este periódico y The Economist) y la
presión fiscal real (incluyendo tasas, IBI, multas, etc.) crece
imparable por parte de todas las administraciones públicas
(Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Estado, etc.)
Regiones ricas y sinónimo de progreso económico como Cataluña,
continúan perdiendo competitividad, víctimas más de sus políticas
que de sus empresarios.
Hoy en día la región ejemplo de dinamismo y crecimiento ocupa el
puesto número 15 en crecimiento económico a nivel nacional, y pierde
respecto a Madrid renta per cápita de sus ciudadanos de forma
contundente.
Mientras las lecciones de nuestras madres no llegan a los
gobernantes, estos lastran las espaldas de los ciudadanos con una
losa de deuda que poco a poco dobla aquellos que aún se mantienen
erguidos frente a la crisis. Los ciudadanos una vez más serán los
que paguen los errores de aquellos que olvidaron las lecciones de
sus madres.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
La cuestión relevante no son los
porcentajes, sino la libertad
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 6 Enero 2010
Buenas noches Sr. García Domínguez.
En relación con sus declaraciones en EsRadio me gustaría, si me lo
permite, hacerle unas observaciones:
- Entiendo que para una persona que procede de Cataluña le parecerá
un logro conseguir un 50-50. La situación catalana es muy dura, lo
sé, puedo entender su comprensión hacia las bases de Feijoo. Para
Uds. llegar a eso, sería la leche. Para Gotzone Mora seguro que
también. Pero en Galicia, a diferencia del País Vasco y Cataluña, la
situación permite otras soluciones. El caso vasco es muy difícil
teniendo en cuenta la diferencia de los dos idiomas y el problema de
miedo que sufren los españoles residentes allí; en Cataluña, las
cosas han llegado tan lejos, que un fifty-fifty puede ser una gran
conquista. Pero para los gallegos que nos opusimos a la imposición
del bipartito y que hemos despertado de la modorra de la inmersión
lingüística forzosa cuyas bases sentó el galleguista Partido
Popular, eso ya no es suficiente y le voy a intentar explicar por
qué, si me lee hasta el final, aunque me explique mal.
- En Galicia, el anterior decreto establecía un mínimo del 50% en
gallego pudiendo llegar al 100%. La encuesta realizada por el
gobierno de Feijoo indicaba que la mayoría de los padres querían
mayoritariamente educación sólo en castellano o la mayor parte de
las asignaturas en castellano. Las encuestas, por tanto, no hablaban
de paridad o equilibrio de reparto del tiempo lectivo, sus
resultados eran otros. Pero con todo y con eso...
- La cuestión relevante hoy, y ayer, no son los porcentajes sino la
libertad y el hecho de que el Estado no puede imponer una lengua u
otra a los ciudadanos que deben ser libres para usar la que crean
conveniente. La Constitución recoge la libertad de enseñanza y el
derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Es
una decisión nuestra, de mi familia. Eso no sólo es más propio de
una democracia de ciudadanos libres, es que es lo más eficaz
pedagógicamente.
- La lengua gallega y el español son tan intercambiables que la
gente los mezcla sin darse cuenta, pero ojo, una cosa es hablarlo en
la vida real y otra cosa es el registro culto, los libros de texto,
en los que el aprovechamiento se produce cuando están escritos en tu
lengua habitual, en la que piensas, en la que vives, puede ser
cualquiera de las dos. Un profesor podría dar perfectamente su clase
en gallego en un aula de castellanohablantes, siempre que esos
alumnos pudiesen usar en libertad su lengua habitual, examinarse en
ella y tener sus libros en la lengua de su elección. Nadie saldría
perjudicado, salvo los defensores de la imposición (de uno lado o de
otro). Y viceversa, una clase en español a un aula de alumnos cuya
lengua habitual fuese el gallego siempre que tuviesen libertad de
usar el gallego y sus libros en gallego si esa fuera su opción.
- Con el nuevo decreto, los padres decidirán sobre dos asignaturas y
el resto del tiempo lectivo se decidirá en el Consejo Escolar,
respetando los equilibrios. En suma, será un 50%-50%. Pero con un
matiz, en los centros públicos la minoría más activa es la que tiene
tomada las direcciones de los centros y los puestos en los Consejos
Escolares, los nacionalistas. Con seguridad, en la mayoría de los
centros, las asignaturas que caerán del castellano serán música,
plástica, gimnasia, tecnología, etc., es decir las asignaturas con
menor uso de libros de texto. La física, química, biología, seguirán
en gallego como hasta ahora, sospecha que veremos confirmada a no
tardar mucho tiempo.
- La especial protección que tienen las lenguas regionales en la
Constitución avalan su enseñanza obligatoria como asignatura pero no
avalan su imposición como lengua vehicular, en ningún sitio lo dice.
Especial protección es reconocer su uso en todos los ámbitos y en la
enseñanza también, a través de la libertad docente y discente. ¿Qué
sucede en la universidad gallega? Pues que llega un profesor, da su
clase en gallego y los alumnos tan panchos, se examinan en la lengua
que quieren y la bibliografía la leen en la lengua que quieren. Lo
importante es que aprendan la materia y no que estudien la materia
en una lengua.
- Del Estatuto ni de la Ley de Normalización Lingüística se
desprende que tengan que existir estos porcentajes ni cuotas que
suponen una discriminación por razón de lengua, lo cual sí esta
prohibido en el Estatuto y en la Ley de Normalización Lingüística.
- A los nacionalistas no les gustará el decreto que se base en estas
"bases" porque retroceden desde una posición media del 70% del
horario lectivo y porque cualquier atisbo de dejar elegir para ellos
es pecado mortal, tal es su naturaleza de movimiento totalitario
como Ud. sabe mucho mejor que yo.
- Nuestra situación no es la catalana, nuestro problema es parecido
pero en distinto grado y en sociedades diferentes. Nuestra esperanza
era aprovechar la victoria y las promesas del Sr. Feijoo para llegar
a una solución no discriminatoria, respetuosa con la libertad de los
individuos, que permitiese consolidar la libertad de lengua, sin
presiones ni corsés ni inmersiones lingüísticas calcadas de fuera.
Una propuesta de libertad en la encrucijada de la política
lingüística.
- Yo estoy muy decepcionado, aunque el nuevo decreto pueda aliviar
algo la situación, se puede y se debe hacer más y mejor por la
libertad. La receta que nos quieren aplicar es absurda (sólo
responde a la cobardía del Sr. Feijoo), ineficaz y además va a
permitir que cuando vuelva a ganar el PSOE se vuelvan a cambiar los
porcentajes. Cuanto mejor hubiese sido acostumbrar a la sociedad a
la libertad. Pero Feijoo tenía que demostrar que el que manda ahora
es él y que es el punto central entre los extremos. Y aquí no hay
más que un extremo, el de los nacionalistas. Luego están los
intervencionistas que creen que todo debe ser regulado por el Estado
y por último estamos los que defendemos la libertad del individuo.
Reciba un saludo.
José Mª Martín López-Suevos
Mesa por la Libertad Lingüística
www.libertadlinguistica.com
Publicado en Heterodoxias.net:
http://heterodoxias.net/index.php?blog=1&title=correspondencia_21&more=1&c=1&tb=1&pb=1
NOTA: El autor de este blog es partidario de la separación del
alumnado por idiomas, pero respeta el posicionamiento de José Mª
Martín López-Suevos y de la Mesa por la Libertad Lingüística en
sentido contrario. La divergencia de posturas sobre este tema no es
motivo suficiente para el desencuentro y la desunión frente al
enorme el poder de la Xunta, los nacionalistas y los partidos de
ámbito estatal que apoyan en mayor o menor medida las tesis
nacionalistas y así perpetúan la anormalidad antidemocrática del
nacionalismo identitario.
Letra y música del futuro decreto sobre
lenguas
Roberto Blanco Valdés La Voz 6 Enero 2010
¿Quién podría oponerse a que los niños escolarizados en Galicia
sepan hablar y escribir correctamente en castellano, en gallego y en
inglés al acabar la enseñanza secundaria? Nadie, salvo los que
consideran que la escuela, más que enseñar, debe adoctrinar para
reforzar identidades.
Planteado el asunto en tal terreno identitario, el borrador de
decreto sobre lenguas en la enseñanza que la Xunta acaba de anunciar
implica un giro sustancial: de un sistema de práctica inmersión en
gallego -que era el de la norma a derogar- se pasará a otro que
parece estar basado en dos pilares principales: el reparto
equitativo (en importancia y cantidad) de las materias a impartir en
castellano y en gallego; y la introducción, en pie de igualdad con
ambos idiomas, de la que es hoy la lengua franca en todo el mundo.
Lo primero es lo único respetuoso con la cooficialidad lingüística
prevista en la Constitución; lo segundo debería permitir acabar
-siempre que se pongan los medios para ello- con la vergüenza de que
nuestros jóvenes (salvo los de familias que pueden pagar una
formación adicional) sean conocidos en el mundo por su incapacidad
para expresarse en lengua inglesa.
Que el BNG rechace ese proyecto no debe, por tanto, sorprender: los
nacionalistas no están pensando en los idiomas que deben aprender
nuestros chavales sino en cómo convertir la escuela en el lugar de
lo que llaman la normalización lingüística, que no es otra cosa en
realidad que la desaparición del castellano de las aulas de Galicia.
La oposición del PSdeG, mucho menos explicable, confirma algo
dramático: que los socialistas se han convertido, en este terreno,
en unos menos gregarios de los nacionalistas.
Pero que la música del proyecto suene bien no significa que la letra
sea de comparable calidad. Y es que la voluntad de la Xunta de
minimizar el coste a pagar por un proyecto que constituye un
embolado, se ha traducido en el desplazamiento a la sociedad de
decisiones que son de la entera competencia del Gobierno. Y así, por
no querer pisar más callos que los estrictamente necesarios, este ha
optado por meter a la sociedad en una inacabable melé de debates y
consultas que, lejos de cerrar un problema que levanta pasiones
encendidas, lo mantiene indefinidamente abierto.
Es precisamente toda esa parte del proyecto la que debe cambiar de
un modo radical, salvo que la Xunta quiera salir de Madrigal para
instalarse permanentemente en Madrigalejo. Algo que no sería bueno
para nadie, salvo para los que viven de explotar el sensible asunto
de las lenguas. El Gobierno tiene legitimidad democrática para tomar
las decisiones oportunas: no hacerlo en este caso constituiría una
irresponsabilidad muy difícil de entender.
«Feijóo prometió libertad, no equilibrio»
J. L. JIMÉNEZ / E. PÉREZ, SANTIAGO / VIGO ABC Galicia 6 Enero 2010
La imposición no ha desaparecido, argumentan Gloria Lago y José
María Martín, presidentes de Galicia Bilingüe y la Mesa por la
Libertad Lingüística. Las dos asociaciones que -polarizadas
mayoritariamente en Vigo y La Coruña, respectivamente- centraron las
reivindicaciones en contra del anterior decreto lingüístico
impulsado por el bipartito y que devaluaba la enseñanza en
castellano, no están satisfechas con el nuevo texto presentado la
pasada semana por la Xunta de Núñez Feijóo.
Lago habla sin rubor de una «tomadura de pelo» mientras Martín
prefiere quedarse en «un decreto decepcionante y cobarde». Ambos
señalan que los miles de padres integrados en sus plataformas están
«muy enfadados» ya que, en resumen, «Feijóo no ha cumplido lo que
nos prometió en campaña».
Según Martín, «lo que el presidente prometió no era garantizar el
equilibrio, sino que prometió libertad, no nos despistemos». Su
crítica va directa a la igualdad que el nuevo decreto garantiza en
número de horas lectivas a castellano y gallego, un equilibrio al
50% que sin embargo sí aparecía recogido en el programa electoral
del PP con el que concurrió a las elecciones autonómicas del 1-M.
«De esa parte de su programa, que por cierto nadie lee, el
presidente no dijo nada en campaña», matiza el presidente de la
Mesa, «las promesas que hizo para la historia, y que le pasarán
factura, eran la derogación en cien días del anterior decreto, la
libertad de los padres para elegir la lengua en que son educados sus
hijos y de los libros de texto, y la libertad de uso de lengua en
las clases», último punto éste que reconoce que «sí se ha cumplido».
«Se ha rebajado el porcentaje de la imposición», apunta Gloria Lago
-en el anterior decreto del bipartito la enseñanza en gallego podía
llegar al 80%- «pero no ha desaparecido, tal y como prometió
Feijóo», aunque a su juicio «lo más grave es que se había presentado
en Galicia una oportunidad histórica para que los padres pudiéramos
por primera vez elegir la lengua de la enseñanza».
La Mesa por la Libertad no se fía del reparto por lenguas que del
resto de materias lectivas -fuera de las troncales que sí elegirán
los padres- hagan los consejos escolares. «¿Qué materias van a darse
en castellano?», se preguntan, «los puestos clave de los consejos
escolares están dominados por la minoría nacionalista», aseguran,
por lo que «lo más probable es que se impartan la plástica, la
tecnología, la música o la gimnasia».
«Feijóo en campaña se subió a un tren que pasaba cerca y que pensaba
que le daría el escaño 38», señala José María Martín, «y el PP no
calibra la importancia de este asunto», que a su juicio fue clave
para que los populares obtuviesen la mayoría absoluta el pasado 1 de
marzo, pero que puede volverse contra ellos. Sólo Galicia Blingüe
tiene el aval de 100.000 firmas de toda la Comunidad a sus
diferentes iniciativas. «Con 25.000 votos se tiene un escaño en La
Coruña o Pontevedra», recuerda Martín.
Inglés, «cortina de humo»
El trilingüísmo con el que la Xunta impregna su decreto tampoco
convence a las dos asociaciones contrarias a la imposición del
gallego. «Es una cortina de humo para tapar el incumplimiento de sus
promesas electorales», coinciden en afirmar Lago y Martín, «el
personal docente y el programa educativo actual no está preparado
para aplicarlo».
«El inglés no es la solución», insiste el máximo dirigente de la
Mesa por la Libertad, «nadie le pidió el inglés para liberarnos,
sino más sentido común», ya que las secciones bilingües con una
lengua extranjera «ya existían con el anterior decreto».
Pese a que se interpretó en su día como un gesto de aproximación por
parte de la Xunta de Feijóo a estos dos colectivos, ni Galicia
Bilingüe ni la Mesa por la Libertad guardan demasiado aprecio a la
encuesta que el pasado verano se distribuyó entre los padres del
alumnado para conocer sus opiniones.
«Probablemente buscaban una coartada para justificar la redacción de
este decreto», cree Lago, «y a pesar de intentos subrepticios, se
inclinó contundentemente hacia el castellano. Para Martín, la
consulta fue un gesto «interesante» aunque «no estábamos muy a
favor», si bien dijo «cosas muy claras» a favor de una enseñanza
mayoritariamente en la lengua del conjunto del Estado. «La
conclusión es que el decreto no es coherente con la encuesta».
Margen de negociación
El decreto, todavía un borrador, entra ahora en fase de consultas,
aunque desde estas asociaciones se augura que «no se cambiará un
ápice». «El conselleiro de Educación se ha reunido con mucha gente,
ha oído a todo el mundo pero se ha mantenido en la idea que tenían
desde el principio», lamenta Martín, «quieren vender la moto de que
se modernizará la sociedad a través del inglés».
«Los agentes que van a tener voz no representan a quienes tienen que
representar», afirma Lago más tajante, cuestionando el papel que
asociaciones de padres lejanas a las tesis de su plataforma puedan
defender en este proceso.
El presidente de la Mesa también señala a algunos responsables del
contenido de este decreto. «Nos esperábamos algo así», observa José
María Martín, «el hecho de nombrar a Anxo Lorenzo -secretario xeral
de Política Lingüística- ya era un muy mal augurio», por tratarse
«de un señor que incluso llegó a redactar el anterior decreto e hizo
mucho por defenderlo». «Fue muy sospechoso que el PP fichara a este
tipo», aunque la reflexión que subyace es «que no hay una voz
coherente en el PP que diga una misma cosa en materia lingüística».
Aunque desde Galicia Bilingüe -convocante de la multitudinaria
marcha contra la imposición del pasado 2 de febrero- no participará
en la marcha contra el decreto del próximo 21 de enero organizada
por «Queremos Galego», la Mesa por la Libertad se reunirá con sus
socios en enero y no descarta adoptar otras medidas, entre otras el
recurso a la vía judicial para impugnar el decreto.
El decreto de la Xunta recoge el grueso del
programa del PP
JOSE LUIS JIMÉNEZ, SANTIAGO, ABC Galicia 6 Enero 2010
Contra las repetidas críticas que desde las asociaciones lingüistas
más próximas a los postulados del PP se hacen al Gobierno de la
Xunta por los incumplimientos de Alberto Núñez Feijóo respecto a sus
compromisos de campaña, el programa con el que los populares
gallegos concurrieron a las elecciones del 1 de marzo parece dejar
poco espacio para la duda.
En las páginas 303 y 304 de su extensísimo manifiesto electoral, el
equipo redactor del programa señaló, entre otras, cinco medidas de
aplicación inmediata para el impulso de la lengua gallega en la
enseñanza pública obligatoria, más allá de la derogación del decreto
124/2007 aprobado por el bipartito y que encenció la mecha del
conflicto lingüístico.
Entre ellas, la promesa quizás más criticada desde Galicia Bilingüe
o la Mesa por la Libertad: «Garantizar el equilibrio y la
proporcionalidad en las materias que se imparten en gallego y
castellano», o lo que es lo mismo, la «igualdad» al 50% entre las
dos lenguas cooficiales de la Comunidad que el nuevo decreto
auspicia, según manifestó el pasado día 30 Núñez Feijóo.
La postura de los populares gallegos tampoco es novedosa en este
sentido. En una proposición no de ley con fecha 19 de julio de 2007
-y que se puede consultar en la web www.libertadlinguistica.com- ,
el PP ya instaba en el Parlamento a la liquidación del decreto de la
discordia, a la garantía de la convivencia de ambos idiomas de un
modo proporcional -incluso en los centros trilingües-, así como
otras medidas tales como la libertad de uso de lengua por parte de
los alumnos de forma oral y escrita o que en «la educación infantil
los niños serán recogidos en la lengua que decidan sus padres».
Sin embargo, este texto -rechazado por la mayoría absoluta de que
gozaban PSOE y BNG durante la pasada legislatura y que resumía los
argumentos de la entonces oposición para separarse del consenso
lingüístico reinante hasta ese momento- no hacia referencia alguna
al idioma de los libros de texto, que sí aparece recogido en el
decreto de la Xunta actual.
Desde el PP se es consciente de que sólo a través de un ejercicio de
pedagogía y explicando de forma detallada el contenido del nuevo
decreto conseguirán calmar el malestar instalado en estos últimos
días en una parte de su base electoral, principalmente en las
ciudades de Vigo y La Coruña, dos estratégicos objetivos de cara a
las municipales.
Los presos de ETA marcan el paso
Con sus amenazas, los terroristas vuelven a poner en evidencia a los
nacionalistas
Editorial La Razon 6 Enero 2010
El comunicado que los presos de ETA hicieron público ayer a través
de las páginas de «Gara» difumina cualquier posibilidad de que del
debate abierto en el seno de la banda terrorista nazca el
planteamiento de un próximo abandono de la violencia. En lugar de
ello, el colectivo EPPK, que aglutina a cerca de 750 reclusos, aboga
por poner en marcha, a partir de la próxima semana, un calendario de
acciones de presión entre las que se incluirían encierros y huelgas
de hambre en las cárceles de España y Francia. Con estas
actuaciones, los terroristas dicen denunciar «la cruenta política
penitenciaria de ambos Estados». El comunicado también reclama el
reagrupamiento de los presos, así como «la inmediata liberación» de
aquellos que están a punto de acceder a la condicional.
A ello se suma la decisión de EPPK de expulsar a cinco miembros que
se habían distanciado de la dirección de ETA, entre los que destaca
el antiguo integrante del «comando Donosti» Valentín Lasarte, quien
cuenta con uno de los historiales más sangrientos de la banda, entre
los que se incluye el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Esta
declaración da continuidad al comunicado que los presos de ETA
hicieron público cuatro días antes de que finalizara 2009, y en el
que defendían la necesidad de abrir una «nueva fase de lucha en las
cárceles» y de poner en práctica todas aquellas acciones que
obligaran a España y Francia a «reconocer el estatus político de
Euskal Herría». Ambos textos retratan de forma meridiana que la
postura predominante entre los presos etarras es aquella en la que
la violencia, las pistolas, la extorsión y el chantaje a los
demócratas son los únicos argumentos concebidos para la defensa de
sus ideas. La movilización de los presos etarras llega apenas dos
días después de que miles de abertzales se manifestaran en Bilbao en
contra de la política penitenciaria del Gobierno. Una movilización a
la que se sumaron voces del nacionalismo vasco, como la del
presidente del PNV en Guipúzcoa, Joseba Egibar, quien llegó a
denunciar la vulneración de derechos humanos en el trato a los
terroristas reclusos. Unos y otros, por tanto, se han querido erigir
así en los abogados defensores de quienes ahora, a través de un
comunicado, reclaman las acciones de fuerza y las huelgas de hambre
como su principal vía de actuación. Precisamente esta misma semana
el Tribunal Supremo sentenció que el Gobierno del PNV presidido por
Juan José Ibarretxe se extralimitó en sus competencias al aprobar
cuantiosas ayudas a las familias de los presos de ETA, no sólo
porque estaba fuera de su competencia, sino también porque con esas
ayudas se trataba de boicotear la política penitenciaria del Estado.
Lo que parece claro es que el núcleo duro de ETA en las cárceles
apuesta por la violencia. Esta evidencia obliga a todos los partidos
democráticos, incluido el PNV, a posicionarse sin ambages frente a
unos terroristas que declaran abiertamente sus intenciones con la
sinceridad brutal del asesino, zanjando cualquier debate o supuesta
duda .
Del mismo modo, el comunicado también debe ser una llamada de
atención a las instancias judiciales, especialmente la Audiencia
Nacional, encargadas de conceder o denegar los permisos para
determinadas manifestaciones públicas del brazo político de ETA, que
utiliza las garantías del Estado de Derecho para sus propósitos
criminales. Baste como ejemplo la manifestación del pasado sábado,
que vino a servir de coartada al comunicado de los terroristas
encarcelados. La única respuesta a todos ellos es la Ley, sólo la
Ley, pero toda la Ley, que incluye el cumplimiento íntegro de las
penas.
Montilla prepara una respuesta unitaria al
TC con el envío de una carta a 200 entidades
Barcelona - Efe La Razon 6 Enero 2010
El presidente catalán, José Montilla, ha pedido apoyo a las más de
200 entidades catalanas que vertebran el país en la respuesta "clara
y unitaria" que él liderará en el caso de que el Tribunal
Constitucional (TC) recorte el nuevo Estatut en una sentencia que se
considera ya inminente.
Montilla ha enviado una carta a las 201 instituciones y asociaciones
políticas, académicas, empresariales, sindicales, deportivas,
profesionales, culturales y eclesiásticas en agradecimiento a su
apoyo al editorial conjunto de doce diarios catalanes a favor de la
"ley de leyes" y que tuvo un "extraordinario impacto" en la opinión
pública catalana y española.
Para Montilla, este alud de apoyos ha puesto de relieve "la voluntad
de los ciudadanos de Cataluña de defender el Estatut aprobado
mayoritariamente en referéndum".
Bajo la premisa de que "la unidad nos hará fuertes", Montilla ha
aprovechado la carta, a la que ha tenido acceso Efe, para preparar
el terreno a la respuesta catalana que liderará como presidente de
la Generalitat en el caso de que el TC lamine el Estatut, sobre todo
si recorta sus aspectos clave.
"Estoy convencido de que el desarrollo constante y efectivo del
Estatut es la mejor manera de defenderlo y la actitud que mejor
sirve a los intereses de Cataluña y de sus ciudadanos", ha escrito
Montilla a los responsables de las entidades que avalaron el
editorial conjunto.
"Y si llega el momento en el que hay que dar una nueva respuesta
política y cívica, clara y unitaria, estoy seguro de que Cataluña
podrá contar con tu apoyo, de nuevo, y con el de la institución que
representas", añade en su escrito el presidente catalán.
Montilla ha señalado que, como presidente de Cataluña, considera
"especialmente relevante" el apoyo de las entidades políticas,
sociales, económicas y culturales del país "ante una próxima
sentencia del Tribunal Constitucional que podría afectar los
intereses de Cataluña, identificados y representados en nuestro
Estatut".
Además de la carta de agradecimiento a los doce diarios catalanes
que publicaron el editorial "Por la Dignidad de Cataluña", Montilla
ha remitido así una nueva misiva a 201 entidades.
Entre ellas figuran trece cámaras de comercio, Fomento del Trabajo,
Pimec, Círculo de Economía, Cecot, una treintena de colegios
profesionales, cuatro sindicatos, las federaciones municipalistas,
las universidades públicas, las federaciones y casas regionales de
Extremadura, Aragón, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
En el listado de entidades con las que cuenta Montilla en defensa
del Estatut se encuentran también una veintena de medios de
comunicación que se sumaron al editorial de los doce diarios, el
Institut d'Estudis Catalans, cerca de una veintena de entidades
deportivas, entre ellas el FC Barcelona, RCD Espanyol y el DKV
Joventut.
Montilla también se ha puesto en contacto incluso con centros
excursionistas, entidades culturales, de escritores, con Òmnium
Cultural, Justícia i pau, esplais (centros recreativos), ateneos,
fundaciones, gremios y algún centro educativo, como el IES Ernest
Lluch.
Montilla agitará a los catalanes si el
Constitucional cuestiona el Estatuto
Ha pedido apoyo a las más de 200 entidades catalanas
Efe www.lavozlibre.com 6 Enero 2010
Barcelona.- El presidente catalán, José Montilla, ha pedido apoyo a
las más de 200 entidades catalanas en la respuesta "clara y
unitaria" que él liderará en el caso de que el Tribunal
Constitucional (TC) recorte el nuevo Estatuto, en una sentencia que
se considera ya inminente.
Montilla ha enviado una carta a las 201 instituciones y asociaciones
políticas, académicas, empresariales, sindicales, deportivas,
profesionales, culturales y eclesiásticas en agradecimiento a su
apoyo al editorial conjunto de doce diarios catalanes a favor de la
"ley de leyes", y que tuvo un "extraordinario impacto" en la opinión
pública catalana y española.
Para Montilla, este alud de apoyos ha puesto de relieve "la voluntad
de los ciudadanos de Cataluña de defender el Estatuto aprobado
mayoritariamente en referéndum".
Bajo la premisa de que "la unidad nos hará fuertes", Montilla ha
aprovechado la carta, para preparar el terreno a la respuesta
catalana que liderará como presidente de la Generalitat en el caso
de que el TC lamine el Estatuto, sobre todo si recorta sus aspectos
clave.
"Estoy convencido de que el desarrollo constante y efectivo del
Estatut es la mejor manera de defenderlo y la actitud que mejor
sirve a los intereses de Cataluña y de sus ciudadanos", ha escrito
Montilla a los responsables de las entidades que avalaron el
editorial conjunto.
"Y si llega el momento en el que hay que dar una nueva respuesta
política y cívica, clara y unitaria, estoy seguro de que Cataluña
podrá contar con tu apoyo, de nuevo, y con el de la institución que
representas", añade en su escrito el presidente catalán.
Montilla ha señalado que, como presidente de Cataluña, considera
"especialmente relevante" el apoyo de las entidades políticas,
sociales, económicas y culturales del país "ante una próxima
sentencia del Tribunal Constitucional que podría afectar los
intereses de Cataluña, identificados y representados en nuestro
Estatut".
Además de la carta de agradecimiento a los doce diarios catalanes
que publicaron el editorial "Por la Dignidad de Cataluña", Montilla
ha remitido así una nueva misiva a 201 entidades.
Entre ellas figuran trece cámaras de comercio, Fomento del Trabajo,
Pimec, Círculo de Economía, Cecot, una treintena de colegios
profesionales, cuatro sindicatos, las federaciones muncipalistas,
las universidades públicas, las federaciones y casas regionales de
Extremadura, Aragón, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
En el listado de entidades con las que cuenta Montilla en defensa
del Estatut se encuentran también una veintena de medios de
comunicación que se sumaron al editorial de los doce diarios, el
Institut d'Estudis Catalans, cerca de una veintena de entidades
deportivas, entre ellas el FC Barcelona, RCD Espanyol y el DKV
Joventut.
Montilla también se ha puesto en contacto incluso con centros
excursionistas, entidades culturales, de escritores, con Òmnium
Cultural, Justícia i pau, esplais (centros recreativos), ateneos,
fundaciones, gremios y algún centro educativo, como el IES Ernest
Lluch.
El problema español
Ya no caben medias tintas para afrontar el encaje de Cataluña en la
España democrática, sólo quedan dos opciones: federalismo o
autodeterminación. Se impone una reforma constitucional pactada por
PSOE y PP
JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL El País 6 Enero 2010
Suele leerse en las síntesis de Historia de España ésta o parecida
frase: "A comienzos del siglo XX, España tenía cuatro problemas: el
religioso, el militar, el agrario y el catalán". Cien años después,
los tres primeros se han resuelto o diluido, pero permanece incólume
el cuarto, que, al condicionar de forma determinante la vida pública
española de la última centuria, merece ser designado -más que como
el problema catalán- como el problema español. La prueba de ello
está en el hecho de que cada vez que España se libera de la
ortopedia dictatorial que compensa la congénita debilidad de su
Estado, el problema fundamental a resolver al tiempo de redactar la
Constitución es el de la estructura territorial del Estado. Así
sucedió en los albores de la II República, tras la dictadura del
general Primo de Rivera, y al inicio de la Transición, tras la
dictadura del general Franco.
La fórmula ideada por la Transición para encauzar este problema fue
incluir en el pacto constitucional originario el diseño básico del
Estado de las Autonomías. En el bien entendido de que este pacto
ponía en marcha un proceso dinámico, consistente en una progresiva
redistribución del poder político, concorde con el reconocimiento de
la plurinacionalidad del Estado y respetuoso con la cohesión social
y la solidaridad interterritorial. Un proceso que habrá de culminar
en una estructura política federal. Un proceso, por último, que no
puede abortar una de las partes sin infringir el pacto
constitucional originario.
La fórmula, como todas las transacciones, fue fecunda y ha
contribuido durante un cuarto de siglo a dar vida a una de las
etapas más venturosas de la historia de España. Pero, llegado el
momento de dar un paso adelante en el desarrollo del Estado
Autonómico, se inició la ceremonia de la confusión. Unos se
enrocaron en una defensa numantina de la intangibilidad
constitucional, invocando el nombre de España para preservar su
posición de privilegio; otros precipitaron la reforma estatutaria,
sin percibir que no se puede excluir a media España de una reforma
que, por ser fruto del pacto constitucional originario, requiere el
concurso de todas las fuerzas que alumbraron aquél; y hubo quien,
por último, prometió lo que no debía, procedió con ligereza insólita
y ha terminado por mirar hacia otro lado cuando las letras
comenzaban a vencer. No obstante, este despropósito tiene unas
raíces hondas, que nadie me había dejado tan claras como lo hizo,
hace meses, un español anónimo. En efecto, este verano, al día
siguiente de una cena de agosto, un asistente -colega castellano de
mi quinta, que trabajó muchos años en Cataluña y regresó luego a su
tierra- me envió esta nota:
"Ayer no hablé cuando salió el tema de Cataluña. No tenía nada que
decir. Hoy, sin embargo, te remito tres observaciones -ni tan sólo
ideas- a lo que se dijo. Son éstas:
1. El debate España-Cataluña es tramposo por ambas partes. Admito
que es tramposo por parte de España, ya que buena parte de los
españoles no ha asumido que el Estado de las Autonomías es el
embrión de un Estado federal que habría de desenvolverse hasta
consolidarlo, y lo ven como un subterfugio con el que dar largas a
las aspiraciones de autogobierno catalanas. De ahí vienen la inercia
centralizadora de la Administración, la erosión de competencias por
la vía de la legislación básica y de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, etc. Pero admíteme también que buena parte de los
nacionalistas catalanes tampoco juega limpio, porque, por debajo de
la su secular ambición de refaccionar el Estado, ha latido siempre
una soterrada aspiración a la independencia.
2. No hay federalistas ni en España ni en Cataluña. Es frecuente oír
en Cataluña que resulta imposible la consolidación de un Estado
federal por la falta de federalistas españoles. Lo admito, si bien
añado que tampoco hay muchos en Cataluña. En cuanto rascas un poco,
te encuentras con que lo que pretende la mayoría de los llamados
federalistas catalanes es una especie de relación bilateral
Cataluña-España, bajo la que se esconde una implícita aspiración
confederal.
3. Hay un recíproco y grave error de raíz. Muchos españoles no
aceptan que Cataluña sea una nación, es decir, una comunidad con
conciencia de poseer una personalidad histórica diferenciada y
voluntad de proyectarla al futuro mediante su autogobierno. Y, a la
recíproca, muchos catalanes niegan a España como nación,
reduciéndola a la condición jurídica de Estado -Estado español-,
cuando lo cierto es que -como tú dices- es "una nación de tomo y
lomo, con una mala salud de hierro". De lo que se desprende que el
conflicto histórico entre España y Cataluña es el choque frontal de
dos naciones: una que no ha tenido fuerza para absorber a la otra, y
otra que no ha tenido fuerza para desligarse de aquélla.
Si los españoles tuviesen coraje, desarrollarían el Estado
Autonómico en sentido federal (Senado, organismos de colaboración
verticales y horizontales, concreción de las competencias federales
a ejercitar por la Administración central), dejando la puerta
abierta para que pueda marcharse la comunidad autónoma que así lo
quiera. Y, si los catalanes tuviesen coraje, concretarían lo que
quieren y pondrían los medios para conseguirlo, sin renunciar a nada
con el pretexto de que "Madrid" no lo permitirá. Nunca más volverá a
subir por las Ramblas una bandera de la Legión con la cabra al
frente.
Comparto este análisis. Y lo hago con hastío y pena, porque pienso
que -sin ponderar sus respectivas culpas- ambas partes se cierran,
cada día más, a una solución transaccional que, en aras de sus
respectivos intereses, alumbrase un proyecto compartido. Por ello,
como ha escrito Josep Ramoneda, "ha llegado ya el momento de
plantear las cosas sin rodeos: Cataluña quiere más poder y España no
quiere dárselo. Quizá afrontar el problema directamente, sin
eufemismos, facilitaría el entendimiento".
Así las cosas, hay que tener presente que el trozo de tierra que se
extiende del Pirineo a Tarifa y del Finisterre al "cap de Creus",
dejando al margen Portugal, sólo puede articularse políticamente de
cuatro maneras: (1) Como un Estado unitario y centralista, que no
llegó a cuajar y ya nunca será. (2) Como una Confederación o un
Estado federal asimétrico, que acarrearían la cantonalización y
subsiguiente destrucción del Estado. (3) Como un Estado federal
simétrico (si bien con diverso contenido competencial), del que el
Estado Autonómico es embrión. (4) Y como diversos Estados
independientes.
Lo que significa que, en la práctica, las opciones se reducen a dos:
Estado federal o secesión. ¿Cómo hacer posible esta disyuntiva? Es
precisa una reforma constitucional que sólo puede ser abordada tras
un pacto previo entre el partido que esté en el gobierno y el primer
partido en la oposición, es decir el PSOE y el PP, el PP y el PSOE.
Un pacto abierto a los otros partidos que quieran sumarse. Ahora
bien, para emprender esta senda hace falta vista larga y coraje.
Algo que hoy no abunda.
Termino. Rechacé en su momento la deriva confederal del proyecto de
Estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña; consideré luego
como un fracaso político de primera magnitud que este mismo
Estatuto, aprobado en referéndum tras su criba por el Parlamento
español, fuese impugnado ante el Tribunal Constitucional; y afirmo
ahora que, dada la naturaleza política del gravísimo contencioso que
subyace bajo estos hechos, el problema subsistirá incólume
cualquiera que sea el alcance de la sentencia. Se ha sobrepasado ya
el punto de no retorno: la desafección de unos, el hastío de otros y
la falta de un proyecto compartido por todos hacen que la cuestión
deba plantearse -antes o después- en toda su radicalidad, de un modo
semejante a como se hizo en Canadá: federalismo o autodeterminación.
Los que ofician de realistas dirán que esto es un dislate. Yerran:
Dios ciega a los que quiere perder.
Juan-José López Burniol, notario, es miembro de Ciutadans pel Canvi.
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