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El castellano (vehi)cular
Daniel Martín Estrella Digital 8 Enero 2010
Andan los medios de comunicación afines o serviles al Gobierno -casi
todos los que existen en España- haciendo un remedo de campaña sobre
la vigencia de las viejas ideologías izquierdistas -algo parecido al
viejo ejercicio de nostalgia que hacían los carlistas- y sobre cuál
debe ser el futuro de España, ya que el Estado de las Autonomías no
termina de funcionar como debiera ni de encajar con las querencias,
los deseos y los caprichos de aquellos que (des)gobiernan nuestros
destinos.
Así, si un periódico regala cada sábado algún ejemplar de la
literatura roja más clásica -Gramsci, Bakunin, Rosa Luxemburgo,
Reed, etc.- otro publica una serie de artículos sobre su peculiar y
parcial perspectiva de lo que es la realidad española y hacia dónde
debería dirigirse. Esta misma semana uno de sus artículos, a toda
página, afirmaba que, para regiones como Cataluña, sólo caben los
caminos del federalismo o la autodeterminación, siendo aquel más
apetecible y cercano a las palabras que suele teñir de falsa
inteligencia nuestro José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que no sé muy
bien es si alguien sabe que cualquiera de nuestras comunidades
autónomas, aún más las que han reestrenado Estatuto, tienen
bastantes más competencias que cualquier Estado federal alemán o
norteamericano.
Respecto a esta supuesta campaña, me preocupa especialmente lo que
tiene que ver con la necesaria reforma educativa que, según los
medios de comunicación españoles, irá hacia los lugares menos
necesarios, valga la paradoja. Prensa, radio y televisión hablan
mucho del fracaso escolar, poco del nivel de aquellos que alcanzan
el "éxito" (?), y se centran sobre todo en la enseñanza de la
lengua, como si fuera la única rama humanista que cabe en nuestro
sistema. Esto nace porque somos un país con varios idiomas oficiales
y eso supone un grave problema a la hora de afrontar una enseñanza
moderna, útil, profunda y con vocación internacional.
Paradójicamente, sobre el idioma que menos dudas existen es el
inglés; tiene que aprenderse por cojones. Esto no se discute ni en
Cataluña. El problema es cómo debe enseñarse el castellano,
especialmente en las mal llamadas comunidades bilingües. Ayer
jueves, El País publicó un amplio reportaje sobre los modos de
afrontar el bilingüismo en Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad
Valenciana e islas Baleares. La primera y casi única conclusión
general que se puede sacar es que el castellano siempre sale
perjudicado.
El sentido común dicta que el castellano es, después del inglés, el
idioma más internacional del planeta. El auge de los hispánico en
Estados Unidos invita a pensar que su peso será aun mayor en los
próximos tiempos. Sin embargo, en varias regiones españolas se le
margina a niveles insospechados, ridículos, temerarios, como ocurre
en la extremista Cataluña, donde sólo se dan, por obligación legal y
sin otra posibilidad, dos o tres horas a la semana.
El resto de comunidades autónomas también empequeñecen la
importancia del castellano en el currículo. Y no critico tal postura
por antiespañola, sino porque resulta nocivo impedir que los niños y
jóvenes de nuestro país aprendan un idioma que les resultará más
útil cuando sean mayores que gallego, vasco o catalán.
Evidentemente, es bueno que las distintas lenguas maternas se puedan
usar con libertad, pero no menos cierto es que ése es un derecho
frente al deber constitucional de saber bien, fiable y ágilmente el
castellano. Hasta para algo tan simple habría que cambiar la actual
Constitución y así conseguir que los nuevos Estatutos quepan en
ella.
Esta situación conduce a una evidente ventaja de aquellas
comunidades de una sola lengua oficial porque, después del inglés,
pueden educar a sus chavales en francés, alemán o chino. Esto sería
completamente cierto si la enseñanza de la lengua siguiese caminos
inteligentes y humanísticos y no los actuales, tortuosos y a menudo
ininteligibles de la lingüística y la filología contemporáneas. Pero
por muy mal que se enseñe, estos estudiantes tendrán ventaja sobre
aquellos que, independientemente de la naturaleza de su lengua
materna, tengan que estudiar un idioma minoritario.
Bajo todo este asunto, aparte de los tangibles intereses
nacionalistas e independentistas, subyace el interés de las
comunidades bilingües en crear una clase funcionarial propia que les
diferencie del resto de España y sirva para que sus jóvenes retoños
aniden sin competencia extraña. Como somos un país de paisanaje
aspirante a un empleo público, el que un chaval sepa vasco le
permitirá opositar en Bilbao o Sevilla, algo imposible para un
andaluz. Así, debajo de todo este asunto aparentemente ideológico
corren las tumultuosas aguas de la endogamia egoísta y excluyente.
Así las cosas, esta campaña de los medios afines o serviles al
Gobierno nos dibuja cómo será España en los próximos tiempos. El
sistema educativo, en lugar de mejorar, empeorará. Y en muchos
lugares pronto desaparecerá hasta el auténtico bilingüisimo para dar
la vuelta a la tortilla que se construyó en el franquismo. Bien
pensado, aparte de en el Senado, pronto harán falta traductores de
gallego, catalán y vasco en todas las instituciones nacionales.
Provincianos hasta decir basta, pero no tan estúpidos como podrían
parecer a primera vista.
dmago2003@yahoo.es
La fragmentación de España
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 8 Enero 2010
EMPIEZA el año y el estatuto de Cataluña sigue dominando el
calendario político. Y eso que aún no hay sentencia. Lo único claro
a estas alturas es que llegará tarde y abrirá el debate sobre la
reforma de la Constitución, un error ya inevitable que añade
incertidumbre política a la ya incierta situación económica. Estos
días de asueto me han permitido poner un poco de distancia respecto
a la inmediata actualidad y reflexionar -cito a Vargas Llosa para
justificar el exabrupto- sobre cuándo se jodió España. El presidente
Zapatero tiene mucha culpa y el PSOE por dejarse secuestrar. Me
gustaría centrar la responsabilidad en tres decisiones personales,
las tres voluntarias y perfectamente prescindibles.
La primera, la más grave, fue cuando tras su llegada al poder en
momentos dramáticos decide profundizar en la división de la sociedad
española. Concibe entonces un programa de gobierno radical para
condenar a la derecha a la eterna oposición. No busca tender
puentes, establecer complicidades, crear consensos, desarrollar
relaciones personales, sino estigmatizar a la mitad de la población,
convertirlos en fascistas. Se imagina como Zapatero I el Libertador
contra las fuerzas de la reacción y, cegado por una visión
ideológica anclada en la Arcadia feliz de la II República, hace
explotar todos los consensos de la Transición. La ley de la Memoria
Histórica, la abolición de todas las leyes educativas anteriores, la
ley del aborto, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el
laicismo militante son los símbolos de esa opción política. Todos
han generado polémica, crispación social y enfrentamiento ciudadano.
Pero eso es precisamente lo que buscaba el presidente, pues le
permitió durante la primera legislatura calificar al PP, y a diez
millones de españoles, de ultraderecha.
La segunda, un corolario lógico de la anterior, fue despreciar la
realidad económica. Cómo iba a permitir que su grandioso rediseño de
España estuviese al albur de unos cuantos puntos de déficit público
o de unos millones de parados. No se equivocó el líder visionario al
estimar la magnitud de la crisis, sino que se nutrió del mismo celo
mesiánico que llevó en otros tiempos a Arzallus a afirmar que los
vascos pagarían gustosamente la independencia con su
empobrecimiento. Pobres pero libres de las ataduras del Antiguo
Régimen pudo muy bien haber sido el lema del gobierno durante 2007 y
2008, cuando la crisis empezaba a asomar por la segunda derivada de
las cifras económicas y fue negada como conspiración judeomasónica,
como la marcha de los 100.000 Hijos de San Luis. Cuatro millones de
parados y otro millón largo de disfrazados de asistentes a cursos de
formación son la consecuencia.
La tercera decisión personal es obviamente la reforma de los
estatutos para configurar una España federal. Cataluña es en este
sentido una anécdota. No es que el estatut no sea importante, sino
que es solo la punta del iceberg. Consciente el presidente de que la
reforma de la Constitución por los cauces legales era
aritméticamente imposible, puso en marcha una operación por la vía
de hecho, un golpe constitucional que tenía dos condiciones
necesarias. La primera, la que parecía más fácil, la aquiescencia
del Tribunal Constitucional, se ha empantanado porque esto no es
Venezuela y todavía hay personas fieles a los principios. La
segunda, que parecía más arriesgada, la generalización del proceso
centrífugo en ámbitos de mayoría conservadora, está en marcha. Causa
pavor leer cómo una diputada puede afirmar con orgullo que vota a
favor de unos presupuestos que son malos para España porque son
buenos para su Comunidad. Sin lealtad nacional no hay futuro. Pero
Zapatero ha puesto de moda el Viva Cartagena, y parte del caciquismo
español ha visto en ello su oportunidad. Es un daño permanente que
sobrevivirá a cualquier sentencia del Constitucional. Esa es la
España que ha creado el presidente.
Cataluña, camino del régimen
Editorial ABC 8 Enero 2010
EL empeño del tripartito catalán en coaccionar al Tribunal
Constitucional ha protagonizado las primeras declaraciones políticas
de sus máximos representantes en el año nuevo, certificando así que
la estrategia preventiva de deslegitimación del orden constitucional
es la prioridad de la coalición social-nacionalista catalana. El
coste de esta contumaz y desleal actitud de desafío al Estado va a
ser, a este paso, la implantación de un régimen en Cataluña,
dominado por el dogmatismo nacionalista y la sacralización de un
estatuto convertido en excusa para mantener el victimismo contra el
resto de España. Así es como el presidente Montilla no ha tenido
reparo en dirigirse por carta a dos centenares de instituciones
catalanas para agradecerles el apoyo al editorial conjunto que
publicaron varios medios de comunicación para presionar al TC. La
imagen que transmite esta iniciativa de Montilla desvela un panorama
de subordinación de la sociedad civil a los dictados políticos,
anulando la autonomía que toda sociedad democrática debe tener para
mantener su capacidad crítica y su propia identidad frente a los
poderes públicos. La confusión entre ideología y sociedad es el
primer paso para la instauración de un auténtico régimen
monopolístico.
Por eso, el problema de fondo de Cataluña es consigo misma, no con
el resto de España, porque la dominación que ejerce sobre ella la
clase política es patológica. La defensa del estatuto frente al TC
es la coartada de esta enfermedad, como ayer expuso crudamente, sin
quererlo, el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells,
quien apostó por replantear las relaciones entre Cataluña y España,
sea cual sea el fallo del TC, porque la Transición no ha funcionado.
Esta descalificación del pacto constitucional es la base de la
actitud desleal de la alianza que gobierna Cataluña, más allá de lo
que, en efecto, diga el TC sobre el estatuto. Por tanto, con
estatuto o sin él, el problema seguirá vivo, pero agravado porque en
su origen inmediato se sitúa la irresponsable decisión de Rodríguez
Zapatero de inocular en el ordenamiento jurídico el virus de la
cosoberanía, la relativización de la Nación española y la
deslegitimación del pacto constituyente. Pretendiendo impostadamente
-porque lo buscado era un mero reparto de poder- que Cataluña se
sintiera «cómoda» en España, Zapatero ha conseguido que la crisis
territorial sea más aguda que nunca desde 1978.
Guerra
La fuerza Zapatero
Agapito Maestre Libertad Digital 8 Enero 2010
Comienzo de año y todo ha empeorado. El Rey sigue sin reinar. El
Gobierno, desgobernando, y la oposición, simulando que hace
oposición, están convirtiendo la política española en un lupanar.
Todo es una ruina política, pero el gentío se lo pasa bien saliendo
de rebajas. El cinismo de la chusma política del Gobierno compite en
estulticia con la hipocresía de los melifluos de la oposición. El
gentío intuye lo que pasa en Cataluña. Los políticos lo saben, pero
prefieren ocultarlo. Viven del engaño y la mentira. Lo cierto es que
Cataluña, gracias al empuje final de Zapatero, funciona como un
"Estado" independiente. La gente culpa a Montilla de no sé qué
historias sobre el Estatuto de Cataluña y el Tribunal
Constitucional. Falso.
Aquí el único responsable de que Cataluña funcione de hecho como un
"Estado" independiente es Zapatero. Lo ha impuesto con el arma más
potente por la que pasará a la historia de esta triste democracia, a
saber, reduciendo la política a violencia. La política, sí, sigue
limitando con la violencia en los sistemas genuinamente
democráticos. No es el caso español. La linde del régimen de
Zapatero es la paz de cementerio, la oscuridad de la decisión
institucional, al margen del proceso democrático. Eso se llama
violencia sistémica. Todo el sistema institucional ha sido utilizado
por Zapatero para imponer lo que se le ha antojado. Jamás se ha
autolimitado. No ha habido apenas argumentación. Todo han sido
imposiciones en sus dos legislaturas. Sectarismo.
Repulsión y atracción a todas horas es lo que legará a la posteridad
el régimen de Zapatero. El rodillo parlamentario aplicado a los
gobiernos de Zapatero es sólo una hueca metáfora, nostalgia de otras
épocas, al lado de la violencia que este presidente del Gobierno ha
impuesto a la sociedad española. Leyes y más leyes han salido
adelante sin contar nada más que con la voluntad del propio
Zapatero. Algunas no estaban ni previstas en el programa del PSOE.
La política, la transacción, la negociación y el intercambio de
ideas, de programas y, en fin, la posibilidad de llegar a acuerdos
nacionales desaparecieron con la llegada de Zapatero al poder.
Es difícil hallar en toda Europa a un gobernante más inflexible y
duro que este individuo. Rasputín a su lado es un principiante. Todo
en este hombre es obsesión por imponer su poder. El sistema es suyo
y lo aplica a su gusto. Eso es violencia sistémica. Populismo en
estado puro. Todos los espacios público-políticos le pertenecen. No
deja nada ni a nadie tranquilo. La movilización ha sido permanente.
Ni un momento de calma, es decir, de conflicto democrático ha habido
para este sujeto desde el mismo día que llegó al poder. Es incapaz
de construir un ámbito democrático, o sea, un espacio público
materialmente de nadie y potencialmente de todos.
El modo en que impuso el Estatuto de Cataluña pasará a la historia
por su crueldad: "Aprobad", le dijo a los socialistas y
nacionalistas catalanes, "lo que os venga en gana porque yo lo
sacaré adelante". Y lo ha sacado. Ha roto la nación y se queda a sus
anchas. Ya sé, ya sé que enfrente no tiene a nadie, pero él ha
conseguido todo lo que ha propuesto. Sin embargo, la gente simula
que este tipo puede perder fácilmente el poder en las próximas
elecciones. Se equivocan. O peor, mienten. No se atreven a reconocer
que Zapatero es, sin duda alguna, hoy más poderoso que ayer. ¿Las
encuestas? Por favor, sean serios... Y, sobre todo, amigos,
desconfíen de quienes se ríen de Zapatero porque lo critican en
Europa, o porque es confundido con un cómico inglés. Esos son
asuntos menores, porque lo real es que él sigue ejerciendo el poder
con mano de hierro. Mientras tanto, la plebe está de rebajas y
Guerra, el otrora vicepresidente del Gobierno de los socialistas,
llamando la atención a los diputados por no sé que votación sobre
una chuminada menor.
Sobre el cuadrilátero
C. Sánchez-Vicente www.gaceta.es 8 Enero 2010
Lo intolerable es el nuevo intento de presionar al Tribunal
Constitucional.
El presidente Montilla ha armado un buen lío con la carta que ha
dirigido a 201 instituciones de la “sociedad civil” convocándoles a
defender la integridad del nuevo Estatuto de los recortes que pueda
introducir el Tribunal Constitucional… si los introduce, es lo
primero que cabría objetar, porque si llevan tres años dándole
vueltas a esta sentencia es para intentar encajar lo mejor posible
el puzle de intereses en juego… sobre el cuadrilátero
A este lado del ring, vistiendo calzón azulgrana, los intereses que
defiende el jefe del Ejecutivo catalán día sí y día también a cuerpo
descubierto (que son los mismos que alienta de puntillas el padre
putativo de la criatura en disputa, el presidente Zapatero, por
cierto). Al otro lado del ring, vistiendo calzón rojigualda, no el
Tribunal Constitucional, sino la Constitución española, cuya
prevalencia sobre cualquier otra ley del Estado no es sólo algo que
esté obligado a defender el TC, sino que es su única razón de ser y
lo único que justifica su existencia.
Cada cual está en su derecho de defender sus ideas pacíficamente,
esto por un lado; y por el otro, no seré yo quien defienda a “este”
Tribunal Constitucional. Pero sí el juego limpio y, desde luego, la
Constitución. Lo malo, para mí, no es que el presidente del Gobierno
catalán quiera un Estatut tal como ha salido de los plenos del
Parlamento catalán y del Congreso y del referéndum de los catalanes
por baja que fuera la participación y en su afán de conseguirlo
llame en su ayuda a la “sociedad civil”; yo creo que esto es
legítimo, y argumentable, defendible. Lo pésimo, lo intolerable, es
el más que tufillo a nuevo intento de presionar políticamente al
Tribunal Constitucional por parte del presidente Montilla, para
torcerle el pulso a nuestra Constitución, sin cuyo amparo los más
fuertes se taparían más y mejor que el conjunto a base de tirar de
la manta común: tan claro como que los pies que asomarían desnudos a
la intemperie serían los de los más débiles.
España torpe, pero una
M. MARTÍN FERRAND ABC 8 Enero 2010
ES muy discutible, contra lo que afirma la ministra de Defensa, que
«la condición de ciudadano no pueda detenerse a las puertas de los
cuarteles». Por razones generacionales, Carme Chacón debe de haber
visto Barrio Sésamo y, sólo por ello, estar en condiciones de
distinguir entre «alto» y «bajo», «ancho» y «estrecho» e, incluso,
entre «civil» y «militar». La grandeza de la profesión castrense se
sustenta, precisamente, en la renuncia que exige a sus miembros para
mejor defender los derechos civiles de los demás. Del mismo modo que
no se puede conciliar el grado de coronel con la condición de
alcalde, tampoco es posible, ni deseable, que un sargento ejerza
como enlace sindical. Son territorios diferentes y la situación
laboral de los militares exige un tratamiento distinto, adaptado a
la funcionalidad y responsabilidad de su función, del que resulta
válido para los trabajadores civiles. El progresismo entendido como
formulación demagógica es lo que debe detenerse a las puertas de los
cuarteles.
En lo que sí acierta Chacón es al afirmar que «no puede haber unas
Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno». Aquí, sin grandes
diferencias entre los distintos colores políticos, cada Gobierno ha
querido implantar «su» Educación, «su» Justicia, «su» Sanidad, «su»
Política Exterior y, naturalmente, «su» Defensa. El resultado es
espasmódico y, perfeccionado por las variables que aportan las
distintas Autonomías, surge un puzle en el que no ajustan las piezas
ni es único el dibujo que trata de componerse. La idea del Estado
como prioridad y la Nación como prevalencia parece repugnar al
caciquismo anacrónico a que nos ha llevado el desmedido desarrollo
del Título VIII de la Constitución en el que ya pueden vislumbrarse
diecisiete bilateralidades distintas entre España y cada una de sus
Autonomías. Un disparate previsible, aunque no previsto, en el que
se fundamentan las principales tensiones internas que padecemos. Si
se le añade al caso una política socioeconómica disparatada, de
inspiración sindical y obediencia gubernamental, tendremos el marco
de un cuadro terrorífico. «Una torpe España», como dicen los colegas
del Financial Times. En los grandes diseños de futuro, desde la
Educación a la Defensa, es exigible el acuerdo previo de, al menos,
los dos grandes partidos que todavía se dicen nacionales, aunque no
lo sean tanto en sus prácticas periféricas.
¿Recentralizar o federalizar?
RAMÓN PUNSET ES DOCTOR EN DERECHO Y PROFESOR DE UNIVERSIDAD La
Opinión 8 Enero 2010
RAMÓN PUNSET Una de las garantías de la autonomía de las
nacionalidades y regiones españolas consiste en que los estatutos
son normas inmodificables unilateralmente por el Estado, pues los
cambios estatutarios siempre han de acordarse en primer lugar por
las asambleas de los respectivos territorios. Éstas, en
consecuencia, tienen en su poder la llave de toda reforma. Ahora
bien, los estatutos no son leyes de rango constitucional, de modo
que la alteración de la Constitución podría conllevar la derogación
de sus preceptos, y hasta la liquidación del entero sistema
autonómico. Con la particularidad de que las comunidades autónomas
carecen, como tales, de presencia alguna en las Cortes Generales que
aprueben semejante revisión de la ley suprema. Así, en definitiva,
la decisión acerca de las dimensiones y profundidad de la forma
territorial estatal corresponde a nuestro Parlamento nacional (y, en
su caso, a todo el electorado español), lo que es tanto como decir
que pertenece a las fuerzas políticas de ámbito general. Cabe, pues,
legítimamente, derribar o rectificar la obra iniciada en 1978, que
no es ni puede ser considerada como un edificio intangible o, a lo
sumo, sólo susceptible de crecer y ensancharse.
Puesto que la Constitución de la que parte esa obra ha de estar
siempre a disposición de los ciudadanos o de sus representantes,
según acredita la existencia de un procedimiento de reforma
constitucional, habrán de ser ellos quienes en cada encrucijada
histórica determinen el contenido de la norma fundamental y, en
consecuencia, la idoneidad o no de la autonomía política y su mayor
o menor intensidad. Creo que hace tiempo que nos hallamos en una de
tales encrucijadas y que, de todas las reformas constitucionales
imaginables, la que más urge es la del modelo autonómico, terreno en
el que convendría, a mi entender, un verdadero cambio de rumbo. Hay
aquí dos opciones: o volvemos al Estado unitario en sentido
estricto, recentralizando las competencias que desde 1979 se han
venido descentralizando en las comunidades autónomas, o vamos hacia
un Estado federal, si bien decir esto segundo es decir bien poco,
pues existen casi tantos federalismos como federaciones. ¿Qué clase
de Estado federal, por tanto? Examinaré brevemente ambas
alternativas. La primera, recentralizar, es reclamada por los
nostálgicos (¿de los gobernadores civiles?) y por los cada vez más
numerosos españoles indignados con los desafueros del nacionalismo
periférico. Se trata, no obstante, de una postura más visceral que
racional y, en todo caso, yo la juzgo utópica. En efecto, el ser
constitutivo de España, si se me permite semejante apelación a la
teología de la historia, es un ser plural, como, por lo demás, lo
es, en mi opinión, el de prácticamente todas las naciones europeas,
más herederas del feudalismo que del absolutismo y el liberalismo de
signo francés, contrariamente a lo que suele pensarse.
Aparte de esto, y desde un punto de vista más pragmático, el Estado
autonómico, no obstante sus insuficiencias y disfunciones, se
encuentra sólidamente enraizado en el país. En ese marco
institucional se halla, además, firmemente instalada una amplia
élite política y administrativa que sólo una revolución podría
apartar del poder, y casi nadie está por revoluciones de ningún
género. Si descendemos al plano de lo organizativo, es cierto que
bastantes comunidades autónomas poseen más competencias de las que
pueden gestionar eficazmente (así, por ejemplo, enseñanza superior o
sanidad), a pesar de lo cual jamás las devolverían al Estado
promoviendo la reforma de sus estatutos. No resulta menos verdad que
el proceso autonómico ha sido desde el principio una carrera de
emulaciones: Cataluña, pretendiendo emular al Estado (y aceptando
por ello la engorrosa competencia sobre prisiones), y las restantes
regiones, a Cataluña. Esto ha conducido a una igualación
competencial por arriba y, agotadas las potestades
constitucionalmente disponibles, a un asalto a las competencias
estatales, forzando las disposiciones de la ley fundamental, como
sucede con el nuevo Estatuto catalán y los que siguen su estela.
De esta guisa, el incesante proceso de adquisición de competencias,
activado de modo insaciable por la clase política catalana e
inmediatamente emulado por las demás élites autonómicas, se ha
revelado letal para el respeto a la supremacía de la Constitución.
Este proceso, que continúa en las Cortes con la tramitación de
nuevos estatutos, debe ser detenido a la espera de la decisión del
Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad del Estatuto
de Cataluña, que sin duda abrirá un período de honda reflexión sobre
el modelo de Estado y sus límites. Un modelo aquejado, como vicio de
origen, de un exceso de bilateralismo, que obedece al planteamiento
de la autonomía como una vía esencialmente pensada por los
constituyentes para las tres nacionalidades históricas. Generalizado
el proceso autonómico, deben hacerse dos cosas: cerrar
definitivamente el grifo competencial y potenciar las relaciones
multilaterales y los instrumentos de coordinación y cooperación. En
suma, ha llegado la hora de acabar el Estado autonómico -un modelo
obsoleto desde el mismo momento de la política de café para todos, y
mucho más, hoy en día- y sustituirlo por un Estado federal.
En realidad, acabar y perfeccionar funcionalmente el Estado
autonómico significaría federalizarlo. No es que haya que instaurar,
a través de la modificación de la Constitución, una federación de
estados. Dado que las palabras las carga el diablo, la denominación
de estado, lo mismo que la de nación, deben reservarse siempre para
el Estado español y la nación española, sin extenderlas a las
comunidades autónomas. Federalizar nuestra forma estatal
significaría simplemente lo siguiente. Ante todo, fijar
definitivamente la lista de competencias estatales y autonómicas y
suprimir la posibilidad de delegación de potestades del Estado en
las comunidades autónomas. El sistema de distribución de
competencias debe quedar cerrado y resultar uniforme, pudiendo
abrirse en el futuro únicamente a través de una reforma de la
Constitución.
En resumidas cuentas, ha de modificarse en su totalidad el título
VIII del texto constitucional, cuyas previsiones en su mayor parte
se han agotado o requieren, como la financiación autonómica, una
nueva redacción a la luz de la experiencia de estas tres décadas. En
segundo lugar, en un sistema federalizado son esenciales tres
instrumentos de coordinación, cooperación y participación: las
conferencias sectoriales, las conferencias (verticales y
horizontales) de presidentes y un senado verdaderamente territorial.
Hay que hacer participar a las comunidades autónomas en la
determinación y control de la orientación política nacional a través
de su presencia directa y diferenciada en el Senado. Se precisan,
pues, en el interior de nuestro Estado mayores niveles de
transversalidad. Esto es lo que entiendo por federalizar, como
alternativa a recentralizar. Naturalmente, tengo claro que los
nacionalistas no están interesados en el federalismo, que conlleva
igualación, sino en un bilateralismo cada vez más acentuado que
derive hacia el confederalismo primero y la independencia después.
Pero es cuestión de decirles claramente que no.
Si España quiere seguir existiendo
Nota del Editor 8 Enero 2010
Por muchas vueltas que se quieran dar, la única solución para que
España siga adelante, es desmontar el tinglado autonómico
y buscar a todos los niveles la optimización de los recursos
que al fín y al cabo salen de los bolsillos de los españoles, y
que constantemente aplican en su quehacer diario para dar
ejemplo contra el despilfarro de los profesionales de la política en
todos los niveles que siempre disparan con la pólvora del rey.
En el próximo boletín de Agli, que lanzaremos a finales de Enero
debido a la habitual tandanza, habrá un monográfico sobre lo que hay
que hacer obligatoriamente para que en España no sigamos el camino
hispanoamericano.
La fórmula magistral de Núñez Feijóo sobre
la lengua en la enseñanza
José Antonio Gundín Semanal Digital 8 Enero 2010
Al poco de tomar posesión como presidente de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo cumplió con una de sus promesas electorales más delicada:
preguntar a los padres en cuál de los dos idiomas cooficiales de la
comunidad deseaban enseñar a sus hijos. Tras una macroencuesta entre
los padres con alumnos en todos los niveles, de Infantil a Formación
Profesional, Feojóo dió a conocer los resultados al filo de las
vacaciones de verano. Por niveles, los resultados fueron los
siguientes: En Educación Infantil, el 53,2% apuesta por una
enseñanza bilingüe, el 37% quiere que sus hijos estudien sólo en
español y menos del 9%, sólo gallego. En Primaria, De los padres que
han respondido a la encuesta, sólo el 12,5% quieren que sus hijos
cursen todas las materias troncales en lengua gallega, frente al 37%
que elige sólo el español; un 49,4% están a favor indistintamente de
ambas lenguas. En Secundaria, el español es elegido por el 54% y el
gallego, por el 19,8%.
Como puede apreciarse, la gran mayoría de los padres se inclinan por
una enseñanza bilingüe, con una preferencia por el castellano, en
porcentajes absolutos. Por tanto, el presidente gallego ha tomado la
decisión, con el arranque del 2010, de primar la educación bilingüe,
con un peso también especial del inglés en Infantil, de tal manera
que todos los alumnos repartan las asignaturas entre las dos
lenguas.
La iniciativa de Núñez Feijóo es irreprochable políticamente y de
una calidad democrática fuera de toda discusión, por más que los
nacionalistas intenten desacreditar la encuesta popular, lo que no
deja de ser una incongruencia con sus habituales ensoñaciones de
realizar reférendums soberanistas. Que los resultados no le hayan
gustado ni al BNG ni al PSdG no significa que no reflejen fielmente
los deseos y la elección de los padres de alumnos.
Es verdad que también existe una parte de la derecha que critica la
decisión final de Feijóo porque no traslada mecánicamente el
resultado de las encuestas al decreto y obliga a estudiar en gallego
incluso a aquellos que sólo deseaban hacerlo en castellano. Sin
embargo, a este caso se le puede aplicar la máxima de lo mejor puede
ser enemigo de lo bueno, y una aplicación estricta acabaría
desvirtuando el verdadero mensaje de las encuestas: que los padres
gallegos desean enseñar a sus hijos en ambos idiomas. Si se critica
con justicia que en autonomías como Cataluña se imponga en catalán y
se destierre premeditadamente el bilingüismo, lo coherente es
defender en Galicia la promoción del bilingüismo.
En el endemoniado sudoku lingüístico al que se enfrentan las
comunidades con dos idiomas cooficiales, la fórmula de Feijóo es la
más democrática y la más respetuosa con los derechos
constitucionales de los padres, evita los radicalismos y las
imposiciones, pacifica la comunidad educativa y ofrece garantías de
continuidad, al margen de los cambios de Gobierno.
Sería muy deseable que Montilla, Antich, Camps y López siguieran el
ejemplo de Núñez Feijóo y convocara sendas consultas en sus
comunidades. ¿O acaso les da miedo a ERC, PSC y CiU, tan
entusiasmados por los referéndums independentistas de cartón piedra,
consultar también a los padres qué idioma desean en la escuela?
En todo caso, gracias a Feijóo, el PP ya tiene la fórmula magistral
para solucionar la guerra lingüística en las escuelas.
Magistral fólrmula anticonstitucional
Nota del Editor 8 Enero 2010
Lo que ha hecho el tal Núñez, ha sido vacilar al
personal, habitual comportamiento de los profesionales de la
política del PP. La mejor política lingüística es la que no existe,
como ya se le informó personalmente al tal Núñez, cuando le
entregamos un ejemplar del libro de D. Manuel Jardón (que pueden
descargar gratuitamente en la página inicial deAgli), ocasión que
perdimos de darle con el libro en la cabeza como era nuestra
intención inicial, a sabiendas de que no lo iba a leer ni a seguir,
pues leer y hablar español le produce taquicardia. El tal Núñez es
un galleguista disfrazado que ya se ha quitado el disfraz para
lamento y pena de quienes le votaron pensando que iba a tener algún
cuidado con la lengua española
Cualquier obligatoriedad de conocer cualquier lengua
regional es anticonstitucional, que claramente establece el deber de
conocer la lengua española y ninguna otra regional´y por tanto las
lenguas de España no son iguales ante la Constitución. Si a alguien
le preocupa que se pueda perder alguna lengua regional, que se la
imponga a sus hijos (si es su deseo), pero no a los demás.
A ver si el personal se entera de que el PP no es
parte del problema, sino que es el problema. La ley de normalización
de los anormales español-hablantes la aprobó el PP en tiempos de
Fernández Albor, como bien le recordamos al Sr. Mayor Oreja en una
conferencia en la que el tal Fdez estaba sentado a su lado, y poco
después comentó a sus adláteres sobre el carajal que el PP había
armado con la misma.
Un puñado de votos
Ernesto SÁENZ DE BURUAGA La Razón 8 Enero 2010
Hay cosas en una democracia que son elementales. Describirlas sería
preocupante por aquello de que malos tiempos corren cuando hay que
demostrar la evidencia. Pero en estos momentos conviene destacar una
evidencia. La ley es para todos igual y hay que respetarla. Y en
Cataluña, con el controvertido Estatuto, es sorprendente que sea el
presidente Montilla quien prepare su artillería social por si el
Constitucional osara recortar su Estatut. La ley se cumple y las
sentencias se acatan. Gusten o no. Esto no es una asamblea ni una
defensa del pueblo catalán, parte de España, ni un ataque a su
dignidad. La carta de Montilla a entidades políticas, económicas,
sociales, culturales y deportivas es una forma más de presionar y
buscar el caldo de cultivo en el caso de que la sentencia fuera
desfavorable. Quiere ser líder de la respuesta, política y cívica,
que tiene que encontrar la sentencia. Pero ¿qué respuesta? Porque,
salvo que se demuestre lo contrario, la sentencia tendrá que ser
acatada por todos y el PSOE desde Madrid tendrá que ser el primero
en darla por buena. ¿Cómo de buena? ¿Cómo se está gestando la
sentencia donde parece que los borradores no cuajan hasta encontrar
acomodo político? ¿Cómo es posible que una cuestión de Estado no
encuentre en los jueces la vara de medir mas allá de intereses
partidistas y electorales? ¿Son jueces de partido o del
constitucional al servicio de los españoles ejerciendo como jueces,
con matices en las interpretaciones, pero sin más ataduras que su
conocimiento del derecho? Nos jugamos el futuro de España.¿ Y todo
esto por un puñado de votos?
Un último gran servicio a España de Felipe
González
Francisco Rubiales Periodista Digital 8 Enero 2010
Muchos no le perdonamos a Felipe González errores como haber abierto
de par en par las puertas de España a la corrupción, la capacidad
que demostró su gobierno para fabricar parados y hundir la economía
española y, sobre todo, el terrorismo de Estado que practicó su
Ministerio del Interior con los GAL, pero no dudamos que fue un
hombre de Estado cuyo amor y respeto a España están fuera de toda
duda.
Por eso, ante la situación extrema que vive nuestro país en manos de
Zapatero, nos atrevemos a pedirle, como último servicio a la patria,
que trascienda los estrechos límites de la cultura partidista,
anteponga los intereses de España a los de su partido y se atreva a
denunciar en público el inmenso daño que su sucesor y
correligionario Zapatero está causando a nuestro país.
No le estamos pidiendo que denuncie lo que él no siente, ni siquiera
algo que él no esté denunciando ya en sus círculos próximos, donde
condena el "zapaterismo" con una crudeza extrema. Sólo le pedimos
que nos ayude a los españoles a librarnos del peor gobernante de
nuestra historia moderna, el cual, gracias a las carencias de
nuestra pobre democracia, puede permanecer en el poder, destruyendo
el país, sin que los ciudadanos puedan expulsarlo de la Moncloa.
Felipe González debería afirmar en público lo que ya dice en
privado: que Zapatero debe consensuar su política "anti-crisis" con
el PP y que si no consigue hacerlo, debe convocar elecciones
anticipadas. También podría repetir en público otras opiniones
propias: que su política de endeudamiento es errónea, que su alianza
de "apoyo mutuo" con los sindicatos es mala para España y que el
gobierno que Zapatero preside "no da la talla".
¿De qué nos sirve a los españoles que González, Leguina, Solchaga,
Pedro Solbes y otros socialistas del pasado critiquen a Zapatero en
privado? ¿Por qué no lo hacen en público y logran así detener el mal
que nos hunde y el cáncer que destruye a España? ¿Acaso es más
importante el principio de "lealtad" al partido que el bien de
España? ¿Debe prevalecer el criterio de que la ropa sucia se lava en
casa, cuando el país se va a pique conducido por un inepto cargado
de peligro?
Felipe González está ya en la última etapa de su vida, un periodo en
el que uno deja de competir y gana libertad para decir la verdad,
una etapa en la que, como despedida de nuestra estancia en la
Tierra, debemos hacer cosas nobles, capaces de ayudar al prójimo y
de dejar un legado positivo en la Historia. Es el momento propicio
para que un viejo estadista como Felipe preste a España y a los
españoles un último gran servicio, denunciando al gobernante que
hemos elegido por error, el que nos conduce hacia el abismo y que,
cargado de arrogancia, ni siquiera siente escrúpulo alguno cuando
nos endeuda hasta el infinito, cuando alimenta la división, el
enfrentamiento y la disgregación, cuando impulsa la caída de los
valores y avanza inconsciente hacia la derrota de España como
nación.
Anímese, señor González, y preste a su país el servicio que le debe.
Los españoles le elevamos un día hasta la Presidencia de la nación y
usted debería ahora devolvernos el favor denunciando las tropelías y
errores mayúsculos de su correligionario y heredero. Reflexione y
verá que somos muchos en todo el mundo los que pensamos que al
frente de España hay un político torpe y mentalmente minusválido. La
publicación británica Financial Times, en sintonía con lo que afirma
buena parte de la prensa mundial no comprada y con prestigio, dice
de Zapatero "A stumbling Spain must guide Europe", lo que,
traducido, quiere decir, más o menos, que "un papa frita está al
frente de Europa".
Voto en Blanco
Otros escenarios son posibles
Vicente A. C. M. Periodista Digital 8 Enero 2010
Últimamente los políticos están en una especie de estado
contemplativo, donde se imaginan el futuro que ellos desean, aunque
este sea utópico e irreal. La frase de moda es la de “yo no
contemplo un escenario donde…” y ahí en los puntos suspensivos es
donde dan rienda suelta a su demagogia más pura, y a su más
profundos deseos. Y creo que va siendo hora de que seamos los
ciudadanos los que empecemos a pronunciarnos sobre nuestras
contemplaciones particulares, eso sí sin cerrarnos a ninguna
alternativa y sin contemplaciones.
Porque Sr. Blanco, yo sí que no contemplo un escenario donde usted
siga siendo Ministro de España, cargo al que ha accedido con
sorpresa de muchos, incluido usted mismo. Lo que sí que contemplo es
que un día la Justicia llegue a “Villa PSOE” allá en la ría gallega,
y que los que se han burlado de la Lay de Costas y se han
aprovechado de su cargo y posición de poder, paguen por sus delitos
como cualquier estafador o defraudador. Lo que sí que contemplo es
un escenario donde usted deje de tener altavoces y púlpitos para sus
cínicas acusaciones.
Porque Sra. Pajín, tampoco contemplo un escenario donde usted como
otros de la casta política de España, siga cobrando impúdicamente
varios ingresos de la Administración, mientras hipócritamente habla
de los derechos de los trabajadores y levanta el puño izquierdo
mientras canta “La Internacional”. ¿Cómo se puede mantener esa
sonrisa y actitud mientras en España se siguen engrosando las listas
de parados y alcanzaremos pronto los cinco millones?. Claro que
olvidaba que usted es de la escuela del Sr. Chaves, ex Virrey de
Andalucía, amante y defensor de la familia, mejor dicho, de su
familia.
Porque Sr. Rubalcaba, yo no contemplo un escenario distinto del que
usted esté sentado en el banquillo de los acusados en múltiples
causas, entre otras la del Caso Faisán, o la de su labor en la
Comisión del 11M.Claro está que para que ese escenario sea una
realidad, el PP debe tener voluntad inquebrantable en querer saber y
averiguar la verdad. Lamentablemente hay escenarios que no dejan de
ser meras utopías y sueños inalcanzables, como el de la Unidad de
España y la independencia del poder Judicial y de las Instituciones
como el CGPJ, el TC y el TS.
Porque Sr. Montilla, yo no contemplo un escenario donde usted,
nacionalista catalán converso, repita como Presidente de la
Generalidad en Cataluña. Y eso con el gran esfuerzo que le ha
costado aprender una lengua extraña a la suya y disimular su acento
y sus orígenes charnegos. Tampoco contemplo que los ciudadanos
españoles se queden pasivos ante la imposición de un Estatuto
inconstitucional, tras una sentencia política avalada por un
Tribunal carente de credibilidad y de legitimidad. Si el Sr.
Montilla ha promulgado la reacción unitaria de la sociedad catalana,
yo propugnaría la insumisión unitaria de la sociedad española ante
lo que puede ser un Golpe de Estado encubierto con la aniquilación
de la Constitución de España.
Y por último, Sr. Zapatero, como principal responsable, no le
contemplo en ningún escenario, salvo el de figurar como el peor
gobernante de España en la democracia en los libros de texto
futuros. Sus legislaturas pasarán a ser las de la recesión negada,
las del inmovilismo en las soluciones, las del revanchismo político
y postergación e intento de anulación del oponente político, las del
infame “proceso de paz” y chivatazo a ETA, las de la política de
apoyo a las dictaduras bolivarianas, las del frentismo social
mediante leyes como las de la Memoria Histórica, la de la ampliación
del Aborto. Y un largo etcétera de demagogia y de años perdidos.
La pena es que todavía ese escenario siga en pie y podamos verlo. Lo
que contemplo es que los ciudadanos puedan tirar abajo ese escenario
y cambiarlo por otro en el que se vuelva a tener una visión
ilusionante de España.
CRíTICAS DEL DIPUTADO SOCIALISTA AL LíDER DEL PSC
Montilla en la estratosfera, Guerra le
ayudó a subir
IMPRESIONES El Mundo 8 Enero 2010
LA CARTA DE Montilla a 200 organizaciones catalanas para hacer un
frente común contra el Constitucional si rebaja el contenido del
Estatuto originó ayer una cascada de reacciones. La más
significativa fue la crítica de Alfonso Guerra, por lo que supone de
reapertura de las tensiones entre el PSOE y el PSC. Dijo el diputado
socialista que los políticos catalanes «están en la estratosfera» y
que le parece «increíble» que haya mandado una carta sobre «una
sentencia que no existe». No le vamos a quitar la razón, puesto que
la tiene, pero sí tenemos que subrayar que él colaboró activamente
en el despegue del cohete catalán que ahora vaga por el espacio,
puesto que como presidente de la Comisión Constitucional fue el
responsable de la labor de blanqueamiento de un texto que salió del
Congreso con los mismos vicios esenciales de inconstitucionalidad
con los que había entrado.
La carta de Montilla.
Cayetano González Periodista Digital 8 Enero 2010
MADRID, 7 (OTR/PRESS)
La carta que el Presidente de la Generalitat ha mandado en la
víspera de Reyes a 201 asociaciones cívicas de Cataluña pidiendo su
apoyo y respaldo para dar "una respuesta política y cívica, clara y
unitaria" en caso de que la esperada sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña recorte o cambie
contenidos actuales de este, es una muestra evidente de que Cataluña
vive en un "régimen" político donde el que no esté con lo que quiere
el que manda pasa a ser considerado un antipatriota y deberá
atenerse a las consecuencias.
Resulta intolerable este intento de José Montilla de controlar hasta
esos extremos lo que se ha venido en llamar la sociedad civil.
Porque aunque a veces surjan dudas al respecto, es de suponer que en
el seno del Fútbol Club Barcelona, en el Colegio de Abogados de
Cataluña o en la Asociación para la Defensa de los animales, por
poner tres ejemplos de esas asociaciones a las que se ha dirigido el
Presidente de la Generalitat, haya de todo. Es decir, haya
simpatizantes o votantes de las diferentes opciones políticas
catalanas; haya gente que directamente no vota; haya personas más
inclinadas a pensar que Cataluña forma parte de ese proyecto común
que se llama España o no. Pero lo que no puede pretender un
responsable político es "uniformar" absolutamente a toda la
sociedad.
No lo puede pretender salvo que se tenga una concepción de la
política y de la Comunidad donde uno vive y gobierna, en este caso
Cataluña, en la que se mezcla los intereses personales o partidistas
con los generales. Donde se confunde todo: el partido y el País.
Donde se pretende que lo que funcione sea el "pensamiento único"
bien en forma de editorial conjunto de los doce periódicos de la
Comunidad, bien en forma de carta del Presidente donde el mensaje es
claro y evidente: el que no esté dispuesto a apoyar lo que pido que
se vaya preparando. Y un Gobierno tiene muchos instrumentos de
presión sobre a sociedad civil, empezando por algo tan vital como
las subvenciones económicas.
Esta situación de "régimen" en la que vive Cataluña tiene varios
responsables. En primer lugar ese nacionalismo encarnado por CIU que
ha estado gobernando durante casi treinta años y que puede volver a
hacerlo tras las próximas elecciones autonómicas. Pero también tiene
mucha culpa un Partido Socialista de Cataluña que tiene mas de
"nacionalista" que de "socialista" y que además lleva gobernando
seis años con otro partido como ERC que lisa y llanamente, no lo
ocultan, quiere la independencia y la segregación de Cataluña del
resto de España. Y por último hay un tercer responsable, mas cercano
en el tiempo, que es el Presidente Zapateo que se empeñó
personalmente hasta límites insospechable en sacar adelante el
Estatuto de Cataluña en su actual redacción.
Es de esperar que todas estas presiones antidemocráticas sobre un
Tribunal ya de por si bastante condicionado políticamente por la
forma es que es designado hagan la menor mella posible en sus
miembros. Y es de desear que estos dicten sentencia cuanto antes.
Llevan tres años deliberando. Mucho más tiempo del que llevó
elaborar la propia Constitución.
Machada del cobardica Alfonso Guerra previa
a una nueva bajada de pantalones.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 8 Enero 2010
Alfonso Guerra, que de gallo oficial de pelea del PSOE ha pasado a
ser un mindundi gris y sin agallas, de vez en cuando nos quiere
recordar lo que fue y ya no es con alguna machada que luego su
cobardía deja en agua de borrajas porque termina bajándose los
pantalones, diciendo si buana y aprobando lo que poco antes, con
falsa gallardía, denostaba.
Hace nada lo ha vuelto a repetir al criticar la actividad de
Montilla preparando la piña catalanista que responda la probable
próxima sentencia sobre el Estatuto Catalán. Ha dicho de Montilla y
sus compis que “Los políticos allí están un poco en la
estratosfera”, o sea, más para allá que para acá, pero este
individuo es tan cagueta y sus valentías han quedado tan devaluadas
que cuando salga la sentencia, que yo no creo que salga antes de
muchos meses, se comerá con papas sus palabras, se achantará y
tragará con lo que hagan los independentistas catalanes comandados
por Montilla porque este hombre es así y pruebas ha dado.
Este no es un país dado a pasar factura a sus políticos por sus
pasadas declaraciones incoherentes, ni siquiera se les exige la
dimisión y menos explicaciones, pero las hemerotecas están ahí,
basta buscar en san Google y uno da con la gran bajada de pantalones
de Alfonso Guerra en relación con el Estatuto Catalán allá por marzo
del 2006 cuando dijo con su boquita de comer y de cobardear que
desde un estatuto “no se pueden cambiar las normas que establece la
Constitución” y para mas abyección remachó que había visto que “en
un 50 por ciento de lo que dicen no respetan el mandato
constitucional”.
Cualquiera esperaría que un hombre que dice eso lo mantenga y vote
en contra de algo que según él atenta gravemente contra la
Constitución, pero ese hombre, cobardica y borrego apesebrado, a la
hora de votar el Estatuto en el Congreso votó a favor, mayor bajada
de pantalones no se ha visto en democracia.
Por eso, estas machaditas del Guerra me dan tanta risa que me
descuajeringo a la par que me meo tó por las patas arriba.
El presidente de la Generalitat envió cartas a 200 entidades
pidiendo apoyo al Estatut
Rosa Díez: "José Montilla se comporta como
un vulgar okupa o un batasuno al uso"
La líder de UPyD cree que debería ser deslegitimado de su cargo
Redacción Periodista Digital 8 Enero 2010
La diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso,
Rosa Díez, ha criticado "la falta de respeto" a las reglas del juego
de la democracia demostrada, a su juicio, por el presidente de la
Generalitat de Catalunya, José Montilla, con la carta enviada el
pasado martes a más de 200 entidades de la sociedad civil catalana
recabando un apoyo unitario en caso de que el Tribunal
Constitucional recorte el Estatut y le acusó de estar comportándose
como "un batasuno al uso".
En un comunicado, la líder de UPyD considera que sería "impensable"
en cualquier país del mundo que quien preside una institución haga
un llamamiento contra el alto tribunal del Estado "y eso le saliera
gratis".
Rosa Díez: "Montilla se ha comportado como un
batasuno al uso o como la rama menos institucional del PNV que se
empeñan en formar parte de las instituciones y aprovechar su cargo
para deslegitimarlas"
"Es lo que se llama actuar como un vulgar okupa"
"DEBERÍAN DESLEGITIMARLE POR LLAMAR A LA DESOBEDIENCIA"
Rosa Díez llega llega a afirmar que quien "utiliza" su cargo en una
institución para "llamar a la desobediencia" contra otra está
"deslegitimado" para seguir ostentando esa representación.
"No se puede estar en el parlamentarismo y en el guerracivilismo a
la vez. Llamar a los ciudadanos a la insumisión contra las
decisiones de los órganos democráticos de un Estado de Derecho es
algo completamente incompatible con la asunción de una
responsabilidad pública y política"
"¿Qué tipo de pedagogía antidemocrática es ésta? ¿Qué ejemplo es el
que se da a los ciudadanos a quienes permanentemente se llama a que
cumplan la Ley? ¿Qué cabe esperar que hagan los ciudadanos ante el
comportamiento de su presidente que insta a no cumplir las leyes y
las resoluciones de los órganos jurisdiccionales cuando no le
gustan? ¿Qué tipo de pedagogía antidemocrática es ésta?"
El PSOE convierte el Estatuto en la 'Guerra
de las Galaxias'
Montilla replica a Guerra: "Estamos con los pies en la Tierra"
www.lavozlibre.com 8 Enero 2010
Madrid.- El Estatuto de Cataluña ha desatado el enfrentamiento
dentro del PSOE. A la solicitud de apoyos por parte de Montilla a
200 entidades cívicas para hacer frente común a una sentencia
desfavorable del Tribunal Constitucional, Alfonso Guerra dijo que
los políticos catalanes estaban en la estratosfera. Hoy Montilla
vuelve a responder: "Estoy con los pies en la Tierra". La respuesta
de José Montilla a las palabras de Alfonso Guerra, que ayer acusó a
los políticos catalanes de estar "en la estratosfera" por especular
con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de
Cataluña antes de conocerse, ha provocado la 'Guerra de las
Galaxias' en el seno del PSOE, en alusión a las referencias
planetarias empleadas por ambos políticos.
El presidente de la Generalitat se ha defendido del ataque de Guerra
al afirmar que tiene "los pies en la Tierra". Montilla ha señalado
que es el PP el que "debería hacérselo mirar" -utilizando otra frase
que ayer utilizó Guerra en referencia a los políticos catalanes-,
por criticar y "caricaturizar" constantemente las cosas que se hacen
en Cataluña.
Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del
Congreso e histórico dirigente del PSOE, representa a la facción que
censura la actitud de los socialistas catalanes, más cercanos a las
tesis nacionalistas que a las de Ferraz. Guerra, en declaraciones a
los periodistas en el Congreso, censuró ayer la iniciativa de
Montilla, que se dirigió a 200 entidades catalanas para pedirles que
se plieguen ante él y le apoyen en una respuesta conjunta en caso de
sentencia desfavorable del Constitucional. Guerra lamentó que
Montilla con estas "elucubraciones planetarias" haya producido en
Cataluña "un torneo sobre una sentencia que no existe", algo
inexplicable a su entender.
"No entiendo nada. Cualquier persona normal espera la sentencia y
entonces la acata o se pronuncia con la máxima libertad, pero antes,
organizando un torneo sobre una sentencia que no existe... No lo
entiendo. Hay que dedicar esfuerzos a cuestiones concretas, no a
elucubraciones planetarias", afirmó.
Montilla, en su réplica a Guerra, ha aprovechado para desviar las
culpas hacia Mariano Rajoy, "a pesar de que ahora se esconda", ha
matizado, y le ha responsabilizado de la situación actual por
autorizar el recurso que presentó el PP contra dos terceras partes
del Estatuto de Cataluña.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Bilateralidad o el monte
Editorial www.gaceta.es 8 Enero 2010
Cosas graves están en juego cuando Montilla está tan nervioso.
Hasta un niño lo ve. No se presiona de forma tan grosera a las
instituciones ni se organiza tan bochornosa movilización, con la
prensa local y su encíclica conjunta, como ha hecho Montilla por
cuatro retoques cosméticos del Estatut. No se llega al extremo de
equipararse a JFK (ridícula osadía) y su famoso “No te preguntes que
puede hacer tu país por ti”, si no está en juego no ya un apaño
semántico (el término “nación”), sino la almendra del órdago
nacionalista: la bilateralidad. He ahí la cuestión.
Ante el presumible recorte que el Constitucional hará del Estatut,
Montilla está orquestando una respuesta muy radicalizada, apoyándose
en la red de organizaciones subvencionadas que, junto con los medios
de comunicación catalanes, pilotan la ingeniería social del
territorio. La movilización sirve a la vez como amenaza y como punto
de partida de una campaña electoral, que culminará en otoño y que
repetirá la tradicional disputa entre PSC y CiU por mostrarse cada
cual más soberanista y menos español. En esos comicios, el eslogan
de los dos partidos significará una sola cosa: bilateralidad.
En Cataluña, el discurso político racional se ha sustituido por
consignas emocionales y sus dogmas populistas e identitarios han
cobrado tal virulencia que hasta la misma aplicación de las
garantías constitucionales se convierte en una tarea imposible. Por
ejemplo, existe una evidente discriminación lingüística, no sólo en
la educación, sino en muchos aspectos de la vida cotidiana, como el
simple hecho de la rotulación de un comercio. Esta debilidad de la
ley frente a “la fuerza de la voluntad” nacionalista se está
haciendo aún más visible en el Estatut.
El irresponsable retraso del Constitucional en emitir un dictamen
hace evidente, en primer lugar, el choque frontal entre el espíritu
del texto estatutario con el de la Carta Magna, porque de existir
compatibilidad entre ambas normas nunca se hubiese producido una
demora tan escandalosa. La discusión dentro del TC gira en torno a
la capacidad de la letra constitucional para encajar los sucesivos
desafíos del articulado propuesto, y aunque la del 78 ha demostrado
tener elasticidad casi mágica, en esta ocasión tendrá que negarse a
sí misma para transigir, lo que parece más difícil, porque aceptar
la existencia de la nación catalana, unida al Estado por una
relación bilateral supone, de facto, la voladura legal del sistema
político español.
Además, la bilateralidad que propone el Estatut va más allá de una
relación entre iguales y coloca al Estado central en un nivel de
sumisión, casi colonial, frente a la Generalitat. Así, el Gobierno
catalán tiene presencia en las instituciones estatales, como el
Tribunal de Cuentas, la CNMV o el Banco de España y, por el
contrario, el Estado no podrá inmiscuirse en instituciones
catalanas.
Excepcionalidad que no sería posible sin la sustitución de la
racionalidad por el “triunfo de la voluntad nacional catalana” sobre
la legalidad constitucional. Hazaña lograda por CiU y PSC,
espoleados por ERC, con Zapatero en el papel de cómplice.
Quizá lo más grave de este escenario sea la absoluta incapacidad de
reacción de las instituciones del Estado, desde el Poder Judicial
hasta las Cámaras representativas, que pueden llegar a ceder una
soberanía que sólo tienen en depósito. El establishment catalán ya
se ha pronunciado: bilateralismo o al monte. El resultado de ese
órdago nos afectará a todos.
Antes rota
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 8 Enero 2010
Si José Calvo Sotelo prefería en el 36 una España « roja» a una
España «rota», los socialistas de ahora son partidarios de la rota
en el caso de que la roja pierda las elecciones.
Este es el plan que formalmente ha puesto en marcha Montilla al
llamar a rebato a la sociedad catalana por si la interpretación del
Tribunal Constitucional sobre el Estatut supusiera recortes
inaceptables de este. Y digo «formalmente» porque, en realidad, el
President cumple órdenes del Presidente. El guión de la película es
de Zapatero. De lo contrario este habría cortado en seco las
acciones de aquel.
El charnego cordobés tiene el placet de Moncloa para hacer una
presión preventiva sobre el TC tan fuerte que este no pueda impedir
la conversión de Cataluña en un Estado/Nación.
Montilla no manda tanto por sí solo. Si actúa de forma tan temeraria
es porque ha recibido órdenes de Madrid.
La osadía de la estrategia es tan arriesgada que juega con el modelo
de España y con métodos totalitarios. Es verdad que Guerra decretó
la muerte de Montesquieu hace ya dos décadas pero nunca fue tan
radical la lucha contra la división de poderes. Nunca los métodos
totalitarios habían conseguido que la soberanía de la Nación dejara
de basarse en el pueblo español para hacerlo en el catalán. (¡Pobre
Benjamín Constant!) Nunca un partido «democrático» consiguió que la
prensa publicara «libremente» un editorial único dictado por el
Ejecutivo.
Los movimientos con los que Montilla está tratando de asegurar que
Cataluña sea un Estado/Nación se explican como una prevención frente
a la posibilidad de una posible victoria del PP. El puzle resultaría
tan ingobernable para el PP como un campo de trabajo ideal para el
partido que se ha planteado la confederación como una meta a corto
plazo.
La rebelión de Montilla
Rafael González Rojas Semanal Digital 8 Enero 2010
No es que estén los políticos catalanes en la estratosfera, como
dice Alfonso Guerra que están; es que se han tirado al monte. Ya
llevan tiempo en el monte. Desde que el Gobierno del señor Rodríguez
Zapatero empezó a chalanear con ellos, engañando a unos -a Artur Mas
sin ir más lejos-, y enguizgando a otros -como a Montilla-, todos
están en el monte. O casi todos. Y en el caso del Molt Honorable
cordobés, o está compinchado en la misma felonía separatista con el
inquilino de La Moncloa o le ha salido respondón.
El caso es que Zapatero se quiso asegurar una tranquila gobernación
mediante la compra de votos. Con el PP no quería ir ni a coger
moneditas de cinco duros; ni de dos reales. Nada. (Patxi López está
demostrando en el País Vasco mucho más sentido de Estado: espero
que, al final, no nos la dé con queso). Pero es que Zapatero es un
gobernante tan torpe que no da una a derechas. Todo lo complica.
Donde hay un problema, Zapatero, en vez de una solución origina un
problema aún mayor. Cada vez que se debaten en el Congreso leyes de
cierto calado, se le complican las cosas al Gobierno. Y no por
circunstancias ajenas a la gestión gubernativa, como pudieran ser en
parte la crisis y el paro, sino porque las decisiones de Zapatero
son generadoras de más problemas.
Ahí tenemos la última: la rebelión de Montilla. El Molt Honorable
cordobés ha lanzando un potente artefacto contra la estabilidad
nacional en forma de carta. La ha enderezado a unas 200 entidades
catalanas a las que les pide una respuesta unitaria en caso de que
el Tribunal Constitucional recorte el Estatuto catalán, pendiente de
dictamen.
Lo grave de esta insólita actuación no es, con serlo tanto, que se
pida una actitud contraria a una sentencia todavía inexiste; lo
gravísimo es que el promotor de tan denigrante iniciativa es el
presidente de la Generalitat, y por ende representante del Estado
español en Cataluña, con mandato sobre siete millones y medio de
catalanes, a cuya inmensa mayoría le importa un bledo el Estatuto;
que no le quita el sueño, vaya, sino que se lo quitan otros
problemas de la vida cotidiana, como son el paro, la crisis
económica y todo lo que uno y otra acarrea. Como ha dicho muy
acertadamente la presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia
Sánchez Camacho, que debe ser de los pocos políticos que no se han
tirado al monte, "la Generalitat no se merece un presidente como
Montilla".
Pues no, tiene razón. Porque es Montilla, el presidente de la
Generalitat y representante del Estado español, el que anima a la
sociedad civil a levantarse contra el Tribunal Constitucional del
Estado español. No es la sociedad civil catalana la que les pide a
sus políticos que se enfrenten contra la política y decisiones que
emanen de las instituciones del Estado, sino que son los políticos,
encabezados por el representante del Estado, quienes les piden a los
ciudadanos que se enfrenten al Estado. ¿No es de locos? Increíble,
dice Guerra; lamentable, califica Sánchez Camacho; falta de respeto,
añade Rosa Díez, para quien Montilla se ha comportado como un vulgar
batasuno.
En cualquier caso es un vergonzoso episodio, impensable que ocurra
en ninguna parte del mundo políticamente civilizado, con un Estado
de derecho riguroso y serio, donde el comportamiento de un político
como Montilla sería reputado delito contra la seguridad del Estado,
y por cometerlo un alto funcionario del mismo, calificado de alta
traición.
Pero aquí, nada. Zapatero, el verdadero responsable, está
permitiendo que el Partido socialista en Cataluña sea cada vez más
nacionalista; y su líder allí, al que sus principios, si alguna vez
los tuvo, los han devorado sus complejos de xarnego converso, no ha
dudado de liderar, por puro electoralismo, un frente
anticonstitucional y antiespañol, e intentar una rebelión desde el
mismo poder.
No nos queda más remedio que esperar a las próximas elecciones. Son
mayoría los catalanes que echan en falta un líder con sentido común
y con sentido práctico. Es lo menos que se merece un pueblo que
tiene fama de poseer grandes dosis de uno y otro sentido.
Feijóo
Respuesta de los Reyes Magos a Galicia
Bilingüe
Gloria Lago Libertad Digital 8 Enero 2010
Queridos padres de Galicia:
Hemos recibido vuestra carta. Nos pedís que le recordemos a Feijoo
sus promesas porque necesitáis una educación en la que lo importante
sea la formación y el bienestar de los niños. Así debe ser, ellos
son lo primero. También decís que queréis vivir en una Galicia más
libre, más respetuosa y con más "sentidiño". Con pesar debemos
deciros que nuestra magia no alcanza a iluminar lo que no quiere ser
iluminado.
La pasada Navidad algunos de vosotros nos pedisteis que le
regaláramos a esta misma persona la presidencia de la Xunta; nos
hablabais de los malos augurios de las encuestas y nos asegurabais
que era el único con posibilidades de solucionar este problema que,
por desgracia, vemos que aún persiste.
No sé si sabréis que en Gran Bretaña no nos llaman magos sino sabios
y, por ello, por nuestros 2000 años de experiencia observando el
comportamiento humano, no movimos un solo dedo para hacerlo posible;
otros con menos experiencia ayudasteis a que ese deseo se hiciera
realidad. Queríais creer y creísteis. Comprendemos que así fuera,
era lo más sensato, era posible e, incluso nos atreveríamos a decir
que era lo más rentable. A pesar de que os hayáis equivocado,
queremos que sepáis que la inocencia es para nosotros una virtud,
sin personas con capacidad de creer, este anciano mundo sería un
lugar mucho más inhóspito y nosotros mismos nos habríamos difuminado
hace siglos. Debéis saber, sin embargo, que nuestra tarea no es sólo
la de premiar, sino también la de castigar; a tal fin reservamos un
saco de arpillera en el que introducimos una palada de carbón por
cada mala acción. De nuestros castigos no se libran ni los
presidentes.
El saco de vuestro presidente lo hemos estado llenando a largo de
este año. La primera palada entró hasta el fondo del saco cuando
nombró para solucionar vuestro problema a un señor de los que en
vuestra tierra se llaman "normalizadores", éste en concreto sostiene
que los colegios de vuestros hijos son lugares de producción y
reproducción de hablantes, y tiene un especial empeño en borrar una
inofensiva lengua de las escuelas. También recibió vuestro
presidente una palada cada vez que consintió que su "normalizador"
os llamara radicales. Él sabe mejor que nadie que los radicales son
los que tantas veces os han amenazado y agredido, los que estaban
frente a vosotros el día que os manifestasteis en Compostela. Así se
lo contaron sus compañeros de partido que estaban tras vuestra
pancarta, y los vio en las noticias, ofreciendo una imagen de lo que
estaba pasando en vuestra Galicia que, además, le benefició.
En junio entró más carbón en su saco cuando el mismo día que su
Conselleiro os recibía, él fue a rendirle pleitesía al presidente de
la RAG, comprometiéndose a someter la nueva norma a su criterio; lo
hicimos porque daba la impresión de que se avergonzaba de recibir a
unos padres que buscan los mejor para sus hijos, para todos los
niños, cualquiera que sea la lengua en la que han aprendido sus
primeras palabras. Ordenamos que llenaran más el saco en octubre,
cuando llegó hasta Oriente la noticia de que financiaba obras de
teatro para los colegios en las que se ridiculizaba ante los niños a
aquéllos que hablan español en Galicia, y otra de propina entró
cuando su "normalizador" dijo que eso era algo normal, incluso
divertido. Ya nos había parecido mal que mirara hacia otro lado
mientras se sigue adoctrinando en los colegios bajo su mandato
después de haberos prometido que vaciaría los colegios de ideología
para llenarlos de conocimiento, pero que además lo tengáis que pagar
con vuestros impuestos nos pareció realmente un exceso. La palada
que se metió cuando no aclaró lo de la sentencia fue contundente. Ya
sabéis, cuando dejó que la gente creyera que es imposible legislar
en Galicia para que los padres elijan. Su equipo jurídico sabe que
eso no es cierto.
Pero lo que más ha llenado el saco han sido los innumerables
trocitos de carbón que hemos ido metiendo cada vez que falseaba los
datos de la encuesta realizada a los padres y cada vez que su
discurso se alejaba de aquél con el que había estado consiguiendo
vuestros votos para, incomprensiblemente, acercarse al de los que no
le votaron; la deslealtad y la incongruencia no nos gustan nada. Ha
hablado de equilibrio entre lenguas intentando obviar que lo
realmente equilibrado para los niños sería que pudieran al menos
estudiar las asignaturas troncales, las más difíciles, en su lengua,
como había prometido; incluso hizo suyo el argumento que los amigos
de imponer lenguas inventaron para contrarrestar vuestro mensaje de
libertad: "que en Galicia no hay libertad para elegir qué lengua
usar si no se conocen las dos por igual", confundir libertad con
capacidad o convertir un derecho en un deber no es algo propio de
alguien que cree en la democracia, y algo inexplicable en una
persona con conocimientos de derecho. Cuando por fin se hizo público
el borrador de la nueva norma el 30 de diciembre, el carbón rebosó
el saco y fueron necesarios dos pajes para poder cerrarlo con un
gran lazo negro.
En todos los países por los que hemos viajado, jamás nos hemos
encontrado algo semejante, por eso se nos ocurrió regalarle un
viaje. Pensamos en Finlandia, donde la educación es de primera y los
padres eligen la lengua en la enseñanza, pero como os decíamos al
principio, nos parece que no es una cuestión de falta de
conocimiento, sino de falta de voluntad.
Este año vuestro presidente ha recibido, pues, carbón: por haber
redactado una norma que no cambiará casi nada, difícil de aplicar
por enmarañada, y que desperdicia una oportunidad histórica de
cambiar las cosas de verdad, además de dejar la puerta abierta a
que, con una leve pincelada, todo vuelva a estar como estaba. Una
norma que vulnera la Ley de normalización al no respetar la lengua
materna en la primera enseñanza, que sólo permite elegir una
asignatura en una etapa y dos en otra, y que prohíbe algo que él
tanto había criticado del anterior presidente, y que con insistencia
había prometido corregir: que los niños puedan estudiar con los
libros en su idioma. Pero, sobre todo, vuestro presidente ha
recibido carbón por no haber comprendido el valor que debe tener la
palabra dada. Para vosotros hemos reservado un camello cargado de
ilusión y de energía para que podáis seguir luchando por aquello en
lo que creéis.
Reyes Magos de Oriente.
Gloria Lago es presidenta de la asociación Galicia Bilingüe.
El artículo seis punto uno: ¿es
constitucional (III)
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 8 Enero 2010
El nacionalismo ha invertido infinita energía y toneladas de papel
impreso a lo largo de los últimos años para justificar la prioridad
del catalán en su cualidad de lengua propia. Prácticamente la
revista 'Llengua i Dret' se dedica a esta misión en exclusiva. Y con
escasa o nula oposición, se ha ido construyendo un edificio
conceptual alrededor de la lengua propia, cuyo fruto es el redactado
del actrual Estatuto. Se dice, por ejemplo, que la Administración
pública debe ser siempre en catalán, porque ésa es la lengua propia
de Cataluña, y a su vez, ser la lengua propia de un país significa
sobre todo que es la lengua de la Administración pública. Un ejemplo
claro de círculo vicioso, pero que es aceptado y repetido por
políticos y académicos de todo pelaje.
Otro sofisma: se admite que, al ser el catalán lengua propia de
Cataluña, es también propia de la escuela, de la Administración y
las personas jurídicas -y también propia del comercio, el ocio, y
por qué no, del tráfico aéreo sobre cielo catalán-. Ese razonamiento
ha trascendido y se recoge incluso en las leyes de Normalización.
Pero cualquier observador atento del idioma puede advertir que no es
lo mismo 'propio de Cataluña' y 'propio de la escuela': son dos
sentidos diferentes de la palabra propio. En un caso, 'propio de un
lugar' se opone a foráneo: decimos 'propios y extraños'. En el
segundo caso, 'propio de una actividad' se opone a inadecuado o
impropio: las herramientas propias del albañil, etc. Decimos que 'el
habla propia de los jueces es el argot forense', o que 'la lengua
coloquial es impropia de los discursos parlamentarios'. ¿Quiere
decirse con ello que el castellano es inadecuado para enseñar en
Cataluña, con más del 60 por ciento de alumnos castellanohablantes?
Por fin, una argumentación 'a contrario'. Imaginemos una ley
española que dijese que "el castellano es la lengua propia de
España, y como tal, es la lengua vehicular de la escuela..." Es
imaginable el escándalo que armarían todos nuestros nacionalistas:
ya estoy viendo los aspavientos y autos sacramentales que se
montarían al estilo de '¡esto no es un Estado, esto es un Imperio!',
'¡rompemos la baraja!', '¡adéu, Espanya!'. De hecho, el castellano
tiene títulos suficientes para ser considerado lengua propia de
España, y de hecho ha funcionado como tal en las épocas de
centralismo. Y después de todo, es la lengua materna del 80 por
ciento de la población. Pero aun así, esa ley sería totalmente
contraria al espíritu de la Constitución, que propone "especial
respeto y protección" a "las demás lenguas españolas", que "serán
también oficiales en sus respectivos territorios". Pues bien, ese
error garrafal, aumentado, es el que comete el artículo 6.1 del
Estatut. Aumentado, porque Cataluña es mucho más diversa
lingüísticamente que España: el catalán no llega a ser lengua
materna del 50 por ciento de los catalanes. Aumentado, porque
mientras la Constitución habla de "lenguas españolas", para el
Estatut el castellano no es "una lengua catalana", sino solamente
oficial "por serlo de todo el Estado".
El modelo lingüístico del Estatut es el de la Francia unitarista del
Rey Sol y la revolución. Pero ni el francés es el catalán, ni
Francia es Cataluña, ni el siglo XVIII es el siglo XXI. Es un modelo
que, en nuestro caso, puede generar graves conflictos en el futuro,
y que tiene un final demasiado dudoso para un coste tremendo. Pero
además, y sobre todo, no es compatible con el Estado de las
Autonomías: no es posible una Cataluña jacobina en medio de una
España basada en el respeto al pluralismo.
En la argumentación habitual para impedir la elección de la lengua
de enseñanza, se habla de "no separar a los niños por razón de
lengua". En el Estatut se establece (art. 35.3) "el derecho de los
alumnos a no ser separados en centros ni en grupos de clase
distintos por razón de su lengua habitual". 'Ser separados' implica
que el alumno es objeto, no sujeto de tal separación. Así, se evoca
una 'separación forzosa' o contra su voluntad. Pura perversión del
lenguaje. En realidad, la elección de lengua es un derecho del que
el alumno -o sus padres- son el sujeto, y la diversidad es el
resultado del ejercicio de tal derecho. Sólo a la gente enemiga de
la pluralidad puede contrariarle el uso del derecho a la enseñanza
en lengua materna. Es como si se argumentara que "los ciudadanos no
serán separados en religiones diferentes", porque el hecho de acudir
cada uno a su iglesia, sinagoga o mezquita es el resultado de una
separación. Esa 'cohesión social' -el argumento central que
justifica la lengua única en la escuela-, ¿en qué se distingue de
aquella "unidad" con que el franquismo arremetía contra los partidos
políticos, o los sindicatos de clase?
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