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Incumplimiento electoral
Cristina L. SCHLICHTING La Razón 13 Enero 2010
Alberto Núñez Feijóo prometió en la campaña electoral del 2009 que
los padres gallegos podrían elegir la lengua en la que sus hijos
estudiasen. El anuncio ahora de que los niños estudiarán
obligatoriamente en las dos lenguas (se añade el inglés para hacer
más aceptable el modelo) y de que los padres sólo podrán elegir el
idioma de la mitad de las asignaturas «troncales», certifica que
también el presidente gallego tiene miedo a los nacionalistas. Todo
indica que Feijóo sigue las máximas de Génova de buscar el punto
medio entre todas las posturas políticas, asunto bueno en cuestiones
económicas, o de geografía, pero inútil y peligroso en temas
culturales que los nacionalistas defienden a machamartillo por
razones ideológicas.
Si pretendía ganarse a los galleguistas extremos con estas
concesiones la realidad misma va a demostrarle que es un intento
inútil porque, para el próximo día 21, está convocada la primera
huelga y manifestación en Santiago de Compostela de los padres y
maestros por el gallego, que se pueden imaginar viven estas cosas
como una batalla de liberación nacional.
Una encuesta realizada por el propio Gobierno gallego establecía
recientemente que sólo un 26% de los padres son partidarios de que
las asignaturas principales se den en varios idiomas. Por el
contrario, una abrumadora mayoría, el 55% nada menos, las quieren en
castellano. ¿Por qué no dejar elegir entonces? ¿Qué tiene de malo
que los padres elijan las troncales en español? Ya les respondo yo:
no tiene nada de malo, es más democrático y responde mejor a la
voluntad popular. El problema estriba en intentar contentar a todos.
Mientras los socialistas aplican el rodillo sin consideración
alguna, al margen de gigantescas manifestaciones populares; y los
nacionalistas tiran incesantemente hacía la independencia de sus
respectivos terruños, los conservadores sienten vergüenza de cumplir
sus promesas electorales y garantizar, sin más, la libre elección de
la lengua en la escuela. Es imposible que las cosas se equilibren de
este modo.
Feijóo
¡Manda carallo!
Juan Morote Libertad Digital 13 Enero 2010
Núñez Feijóo decidió zanjar la polémica en torno a la libertad de
enseñanza en Galicia con un decretazo; éste aparentemente igualaba
la situación del español y la del gallego. Así, manifestaba ufano,
dos días después de la presentación del mismo, que el texto
normativo proporcionaría un equilibrio real, blindado, de horas
lectivas en gallego y en castellano. Prima facie, problema resuelto.
No obstante, para muchos ciudadanos que vivimos en comunidades
teóricamente bilingües éste no era el tema. El quid de la cuestión
no se cernía sobre el número de horas de una u otra lengua. La clave
de este problema era la defensa de la libertad.
Si juzgásemos la importancia de la libertad en función de las veces
que es invocada, resultaría que la libertad suele ser la dama más
deseada en la campaña electoral y la novia más despreciada apenas se
alcanza un mínimo ápice de poder. La opción de Núñez Feijóo peca de
encarnar el desprecio habitual por la libertad. Bajo la aparente
solución ecléctica que el decreto plantea, se oculta la conculcación
del derecho paterno a elegir la lengua vehicular de la educación de
sus hijos. Sin embargo, no me extraña que Rajoy se haya acogido a
este decreto como un perseguido se acogería a Sagrado, ha visto en
este modelo un puente moldeable sobre el que transitar codo con codo
con los nacionalistas catalanes, baleares, vascos...
Ahora toda la patulea progre, especialmente la caterva mediática, se
pondrá del lado del decreto tal que si el mismo fuese un paso de la
derecha hacia el sentido común, y claro Rajoy y los Albertos, tan
contentos. Estos chicos de Génova no se han enterado de que el
decreto de Feijóo representa una cesión irreversible al lenguaje y
políticas nacionalistas. Si la solución es repartir las horas, el
siguiente paso será necesariamente ir variando el reparto en el
sentido que marque el Gobierno de turno. Desgraciadamente, ya
sabemos que este sentido siempre es el mismo. Este modelo consagra
que no se podrán estudiar todas las asignaturas troncales en la
lengua de elección del alumno, sino que estas se repartirán entre
las tres lenguas en juego, a saber, el español, el gallego y una
lengua extranjera, preferiblemente el inglés. No está previsto qué
ocurrirá si no hay profesorado cualificado para impartir docencia de
materias en inglés; aunque considerando el protagonismo que se
otorga a los consejos escolares, lo previsible es que acabe por
imponerse la enseñanza en gallego, al menos por lo que atañe al
sistema público escolar.
Vistos todos los inconvenientes que esta regulación implica, sería
lógico plantear una revisión de la misma que devolviera el
protagonismo en la educación a los padres, siquiera a aquellos que
estuvieran dispuestos a asumirlo. Pues no, don Mariano Rajoy se ha
manifestado mudo, absorto y genuflexo ante el modelo definitivamente
liberticida auspiciado por Feijóo. Es más, no contento con su
implantación en Galicia, pretende extenderlo al resto de comunidades
que tengan dos lenguas cooficiales. Todo esto deriva de la
incapacidad de Rajoy para aventajar al PSOE en diez puntos y, en
consecuencia, de la necesidad de mantener abierta la puerta del
pacto con los nacionalistas. ¡Manda carallo el aprecio de Rajoy por
la libertad!
IMPONDRá EL CATALáN EN EL CINE... Y EN EL SENADO
A Montilla ya no le gana nadie a
nacionalista
IMPRESIONES El Mundo 13 Enero 2010
EL GOBIERNO de Montilla aprobó ayer el proyecto de ley del cine de
Cataluña que da una vuelta de tuerca más a la imposición del catalán
bajo amenaza de multa, que puede llegar a los 75.000 euros. Se trata
de una normativa que nace en contra de la opinión de la industria -a
la que se obliga a doblar o subtitular al menos la mitad de las
películas, aun cuando eso sangre su cuenta de resultados-, pero
sobre todo es una ley en contra del sentido común. De nada ha
servido que los empresarios hayan advertido de que la medida
provocará la pérdida de unos 2.000 puestos de trabajo. Pese a sus
protestas, el proyecto se ha tramitado por vía de urgencia, para que
entre en vigor en junio. Visto esto, no es extraño que los senadores
del PSC impulsaran ayer junto a los grupos nacionalistas la
propuesta de reforma del Reglamento del Senado para que puedan
usarse las lenguas autonómicas en la Cámara Alta, lo que obligaría a
contratar a un amplio equipo de traductores, y todo para lograr que
se entiendan unos españoles con otros. Montilla puede presumir ya de
que nadie le gana a nacionalista
Catalanismo
La chuleta de Montilla
José García Domínguez Libertad Digital 13 Enero 2010
Parece que al esforzado José Montilla han vuelto a sorprenderlo
copiando de una chuleta con tal de garabatear un par de frases en la
germanía vernácula sin acabar provocando estragos irreparables a la
gramática de Pompeu Fabra. Un rutinario sainete que, al margen de
revelar la obvia diglosia moral que padece don José, deja entrever
su dimensión humana más entrañable. Y es que hay algo en verdad
enternecedor tras ese arquetipo tragicómico, el del charnego
agradecido, que encarna el hombre. Algo ridículo y conmovedor a un
tiempo porque encuentra su fundamento último en un patológico
autodesprecio.
Sin ir más lejos, repárese, a ser posible con cristiana compasión,
en el muy impostado acento con que intenta ocultar su deje
meridional al perorar en castellano. Puro teatro. Del absurdo,
huelga decir. Así, el charnego agradecido, ese personaje literario
en busca de autor del que Montilla supone la máxima expresión
plástica, ha identificado a su peor enemigo en la imagen que todas
las mañanas le devuelve el espejo al afeitarse. Al cabo, seguro que
fue ahí, en la íntima soledad del excusado, donde juró que se
convertiría en el más nacionalista de los nacionalistas ante el
imposible metafísico de alcanzar la genuina catalanidad heráldica.
Una mutación, la suya, nada atípica por lo demás. Pues al igual que
los más feroces inquisidores suelen resultar antiguos conversos,
entre los catalanistas irredentos se da un predominio casi
hegemónico de charnegos reciclados. Así Carod o Ridao, amén del
innúmero clan de los López, Sáez y Pérez que acampa en CiU. Y así
también Montilla. De hecho, la principal diferencia fáctica entre
los catalanistas de Iznájar y los de verdad suele ser ésa: la
dogmática, visceral intransigencia doctrinal de los recién llegados.
Lluís Aracil, el gran filólogo valenciano que inspiró la
normalización lingüística antes de caer del caballo y pasarse a la
disidencia, auguró que, tarde o temprano, arribará el cansancio, el
tedio, el asco infinito frente a la religión catalanista. Pero que
la acción subliminal sobre el inconsciente de toda una generación ya
habrá supuesto para entonces una devastación irreparable, al haber
interiorizado el vinculo sacro entre lengua y territorio. Quién le
habría de decir que entre esas pobres víctimas se encontraría el
mismísimo presidente de la Generalidad.
José García Domínguez es uno de los autores del blog
Heterodoxias.net.
Rescates
El gran golpe
Manuel Llamas Libertad Digital 13 Enero 2010
El atraco del siglo está aconteciendo delante de nuestros ojos y
quizá precisamente por eso, la mayoría ni siquiera se da cuenta. Día
sí y día también, cualquiera puede seguir por la prensa el robo
orquestado de la clase política a nuestros bolsillos. Pero en este
caso, no me estoy refiriendo al latrocinio de la subida fiscal sino
al despilfarro de recursos que supone y supondrá el rescate público
del sistema financiero español.
Si un sólido sistema democrático como el de Estados Unidos no ha
logrado evitar el despilfarro de miles de millones de dólares para
rescatar por la puerta de atrás a grandes bancos de Wall Street a
través de la aseguradora AIG, qué no pasará en un país como España,
en el que la cultura del pelotazo, lejos de desaparecer, está aún
plenamente vigente, sobre todo, en el sector público.
El actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner,
está en el punto de mira tras haber ocultado a la opinión pública un
gran rescate bancario sin el consentimiento del Congreso cuando
presidía la Reserva Federal de Nueva York. Haciendo uso de prácticas
propias de la mafia, Geithner ordenó a AIG tapar el asunto pero, por
suerte, un congresista levantó la liebre gracias al apoyo de algunos
medios de comunicación.
El escándalo, pese a que ahora está siendo investigado, pone de
relieve la facilidad y el descaro con el que los organismos públicos
despilfarran el dinero de los contribuyentes –en este caso, un
mínimo de 13.000 millones de dólares– en beneficio propio, sin
importar las consecuencias.
El Gobierno español ya ha puesto encima de la mesa un fondo de
rescate (FROB) por valor de 90.000 millones de euros, que equivale
al 9% del PIB nacional. Este inmenso dineral será gestionado por el
Banco de España y el Ministerio de Economía. El manguerazo de
billetes comenzará en breve y, sin duda, supondrá un caldo de
cultivo idóneo para el ejercicio de la corrupción política y
financiera al más alto nivel. Numerosas entidades serán salvadas con
nuestro dinero sin importar la ineficiente gestión llevada a cabo
por sus directivos –en su mayoría ex políticos en el caso de las
cajas de ahorros– ni calibrar si realmente merece la pena o no
acudir al rescate.
Por el momento, la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM), la
primera del Banco de España, se está saldando sin consecuencias
penales de ningún tipo. Y eso que la entidad vulneró la ley al
conceder créditos por valor de casi 1.000 millones de euros al
entorno de sus directivos, aparte de dejar un agujero milmillonario
en su balance.
Asimismo, la fusión de Caja España y Caja Duero supondrá, como
mínimo, 562 millones de euros para las arcas públicas. Pero lejos de
arrugarse, ambas entidades han acordado duplicar los componentes de
la nueva Asamblea General (34 personas) para asegurarse que todos
los directivos mantendrán su sillón tras la integración.
¿Alguna reacción política al respecto? Ninguna. Los grandes partidos
aplauden al unísono y con fervor la dilapidación de nuestros escasos
recursos con tal de mantener inamovible el statu quo que les
garantiza una posición privilegiada y dominante como casta. Por
desgracia, estos dos pequeños ejemplos de robo institucional se
verán multiplicados conforme comience a funcionar el famoso FROB. El
gran golpe está en marcha y las víctimas, una vez más, serán todos
los contribuyentes.
Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del
Instituto Juan de Mariana.
Anacronía de ETA
La significación moral de la memoria de las víctimas impide al
Estado, nos impide a todos, pasar página. El abandono de las armas
ya no cotiza políticamente, sólo es un paso para la integración
social, que implica el reconocimiento del daño causado y la demanda
de perdón
REYES MATE El Correo 13 Enero 2010
PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL CSIC
Cinco presos de ETA han sido expulsados de la organización porque
entienden que el tiempo de la «lucha armada» -así llaman al tiro en
la nuca de seres inocentes- no les lleva a ninguna parte. Han
decidido ponerse del lado de Arnaldo Otegi, quien, después de
saborear el protagonismo político que puede proporcionar la
democracia, ha experimentado el frío que hace fuera de las
instituciones. Tras sumar ventajas y desventajas, muchos etarras han
llegado a la conclusión de que conviene cambiar de estrategia.
Los que propician el cambio cuentan con que los representantes del
Estado sabrán valorar el gesto y actuar consecuentemente; es decir,
tendrán en cuenta unos principios no escritos pero siempre supuestos
en casos de abandono de la violencia por parte de grupos que fundan
su política en el uso del terror. Estos principios son dos: que la
política es de los vivos y que la autoridad de la soberanía popular
está por encima de la ley. Son curiosamente los mismos que invocaba
la declaración de la izquierda 'abertzale' leída en Venecia y
Alsasua el pasado mes de noviembre.
Que la primera tarea del Estado sea la de proteger la vida de sus
ciudadanos es algo que nadie discute. En 'La cuestión judía', Carlos
Marx apuntaba que el Estado moderno está «para garantizar a cada uno
de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de
su propiedad». El derecho a la seguridad es la base de todos los
demás, por eso aceptamos sin rechistar los límites a la libertad y a
la decencia en los controles aeroportuarios. Eso lo saben muy bien
los terroristas a la hora de negociar. Saben que el abandono de las
armas es un regalo inmejorable al Estado, pues le permite a éste
cumplir su función. Y como saben el valor que tiene para el Estado,
cuentan por adelantado los beneficios que ello les puede reportar.
Para empezar, pasar página y olvido de los delitos.
La invocación de la soberanía popular es otra carta que ambas partes
se guardan en la manga. En su nombre todo es posible. Si las partes
están de acuerdo en el trato, el Estado puede propiciar una lectura
generosa de la legalidad y hasta orillarla, si hace al caso. Todo
texto escrito debe someterse a la voluntad no escrita de los
negociadores porque nada hay por encima de la voluntad del pueblo.
La novedad es que esa estrategia ya no vale. Esos principios ya han
sido superados por la conciencia ciudadana y por la racionalidad
moral. Ahora relacionamos la política de los vivos con la justicia a
los muertos. Si queremos construir una sociedad en paz, no podemos
perder de vista la violencia anterior. Cada nuevo asesinato complica
más la salida, pues añade un nuevo significado al crimen que pasará
factura a la hora de construir la convivencia futura. La razón de
este cambio de época es la significación creciente que está
adquiriendo la víctima, gracias a la irrupción en la escena política
de un factor hasta ahora desconsiderado, a saber, la memoria. Las
víctimas han dejado de ser un efecto colateral para pasar a ser
piedra angular de la política. Las víctimas, al hacerse visibles,
nos dicen sobre qué sufrimientos, injusticias o hipotecas está
construido el presente, obligándonos a hacernos cargo.
La autoridad de la memoria está afectando al principio de la
soberanía popular. No cualquier decisión es de recibo. La moralidad
de una decisión no depende sólo del grado de autonomía con que se
tome, sino también de que quien decide esté dispuesto a asumir
responsabilidades heredadas. Nacemos con una hipoteca o
responsabilidad que no derivan de actos nuestros, sino del lugar en
el que nos insertamos. La patria en que nacemos tiene una deuda -un
patrimonio material y espiritual construido sobre el sufrimiento de
otros- que tenemos que asumir y que por eso condiciona nuestra
libertad. La soberanía popular tiene sus límites.
Esta revolución conceptual está teniendo lugar sin que el famoso
'movimiento de liberación nacional vasco' al parecer se haya
enterado. Lógico que a los presos se les haya parado el reloj en el
día del juicio, pero deberían tomar nota de ello todos esos círculos
concéntricos, tan bien estudiados por Aurelio Arteta y que van desde
el apoyo material y espiritual, desde cátedras y púlpitos, hasta la
indiferencia de los espectadores. ETA no se sostiene sólo por el uso
de las pistolas, sino también y principalmente por el apoyo cultural
que le viene de lugares con prestigio. Esos intelectuales, clérigos
o articulistas deberían saber que sus tópicos ya no se sostienen
argumentalmente. Imaginemos que el Estado pasara página por el solo
hecho de abandonar las armas, ya que así garantizaría la vida de los
vivos. ¿Qué impediría volver a matar si basta dejar de hacerlo para
que todo se olvide? Para construir la política sin violencia es
imprescindible mantener viva la memoria de la violencia pasada.
Otegi y sus amigos no pueden contar con la complicidad del Estado en
la invocación de esos dos principios. Se han quedado anclados en un
tiempo que ya no existe. El Estado de Derecho es un proceso que se
ha ido enriqueciendo con contenidos cada vez más exigentes. Pues
bien, hemos llegado a un punto en el que la significación moral de
la memoria de las víctimas le impide al Estado, nos impide a todos,
pasar página bajo ningún concepto. El abandono de las armas ya no
cotiza políticamente, sólo es un paso para la integración social que
implica el reconocimiento del daño causado y la demanda de perdón.
El TC busca fórmulas suavizadas para evitar
hablar de inconstitucionalidad
Rechaza que Cataluña tenga poder judicial propio, alegando que no
está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial
N. C. | MADRID ABC 13 Enero 2010
Las reuniones informales que desde hace un mes mantienen grupos de
magistrados del Tribunal Constitucional parecen estar dando frutos
en lo que se refiere a la difícil búsqueda de fórmulas que les
permitan llegar a un acuerdo amplio sobre el Estatuto de Cataluña.
En algunos casos, esas fórmulas pasan por evitar una declaración
abierta de inconstitucionalidad y dejan paso a expresiones
suavizadas o a declaraciones que no mencionan si tal o cual precepto
es o no acorde con la Constitución. Lo cierto es que el Tribunal se
enfrenta ya a la recta final de esta tortuosa deliberación -lleva ya
tres años largos- y los magistrados, conscientes de que la
resolución no puede sufrir nuevos retrasos, se esfuerzan al máximo
para buscar esos complejos puntos de encuentro.
Y en esta línea de trabajo se va a mantener el Tribunal al menos en
las próximas jornadas, en las que a día de ayer seguía sin
convocarse Pleno. Fuentes consultadas por ABC insisten en la idea de
que la sentencia podría conocerse en dos o tres semanas o, como muy
tarde, a lo largo del mes de febrero.
De momento, según los mismos medios, los magistrados podrían haber
llegado a acuerdos sobre cómo resolver algunas de las cuestiones que
han resultado más espinosas. Sobre el empleo del término nación en
el preámbulo para definir Cataluña, así como respecto al uso de los
símbolos nacionales, la sentencia podría suavizar la declaración de
inconstitucionalidad utilizando la expresión «no se a comoda» o
alguna otra similar.
Sobre la existencia de un poder judicial catalán, los magistrados
han acordado evitar una mención expresa a su encaje en las
previsiones de la Carta Magna. En su lugar, según señalan las
fuentes consultadas por este periódico, la sentencia aludiría a que
Cataluña no puede disponer de un poder judicial propio mientras esa
posibilidad no esté prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial
o, en su caso, se regule en una ley con rango de orgánica. En
definitiva, el TC utilizaría un argumento de índole técnico para
rechazar la constitucionalidad de esa pretensión.
Entre los asuntos que aún no estarían cerrados, se añade el relativo
a la obligatoriedad del uso del catalán. Las fuentes citadas
aseguran que aquí, como en otros aspectos «técnicos», las
deliberaciones siguen abiertas.
Uno entre diez
Los mismos medios afirman que prácticamente todos los magistrados
tienen dudas sobre la constitucionalidad de alguno de los 114
artículos del Estatuto catalán que fueron recurridos por el Partido
Popular. Sólo uno de los miembros del Tribunal, Eugeni Gay, se ha
mostrado convencido durante las larguísimas deliberaciones
celebradas en este tiempo de la plena constitucionalidad de la norma
catalana. Este magistrado, integrado en el llamado sector
progresista del Constitucional, es, por su origen catalán, el más
próximo a la Generalitat. Antes de llegar al TC, en noviembre de
2001, fue durante ocho años decano del Colegio de Abogados de
Barcelona, cargo que compatibilizó durante un tiempo con la
presidencia del Consejo General de la Abogacía, de la que cesó en
julio de 2001.
Montilla impone el catalán en las
universidades privadas
G. Sánchez de la Nieta. GCT 13 Enero 2010
Todos los profesores deberán acreditar que dominan la lengua para
ser contratados. El PP denuncia que están “provincializando” los
campus.
Madrid.- Todos los profesores de las universidades catalanas, tanto
públicas como privadas, deberán conocer obligatoriamente el catalán.
Así se recoge en un borrador de decreto de ley desarrollado por la
Generalitat sobre la acreditación del conocimiento lingüístico de
los docentes.
Según el proyecto, al que ha tenido acceso LA GACETA, el Gobierno
catalán “considera conveniente desarrollar una disposición
reglamentaria sobre la acreditación de la lengua en los procesos de
selección y acceso del profesorado de las universidades catalanas”.
El documento concreta que el nivel de conocimiento exigible es de
suficiente (nivel C), que supone la acreditación del uso
satisfactorio de este idioma y la comunicación de forma oral y
escrita.
Lea la información completa en la edición impresa de LA GACETA
NO HABRÁ CASILLA PARA EL CASTELLANO
El Tribunal de Cataluña avala el modelo
lingüístico del catalán
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha avalado el modelo
lingüístico de la Generalidad tras rechazar un recurso interpuesto
por una familia, exigiendo que el formulario de preinscripción
escolar incluyera una casilla para la escolarización en castellano
de sus hijos.
EUROPA PRESS Libertad Digital 13 Enero 2010
Según la sentencia los magistrados estimaron que en el impreso ya se
hace constar "de forma expresa" el reconocimiento de derecho a
recibir la enseñanza en la lengua habitual y subrayaron que los
impresos indican a pie de página que para la escolarización en
castellano las familias deben solicitarlo a la dirección del centro.
El padre de los alumnos M. y D. del colegio Mare de Déu del Roser
interpuso un recurso contencioso-administrativo contra Educación
para exigir también que el castellano fuera la lengua vehicular de
la enseñanza de sus hijos.
Además, calificó de "aberrante, discriminatorio y humillante" el
sistema de atención individualizada del Govern a los alumnos de
entre 3 y 7 años que se escolarizan en una lengua materna que no es
el catalán.
Respecto al establecimiento del castellano como lengua vehicular,
los magistrados señalaron que "no es posible" de acuerdo con la
normativa vigente, que establece el catalán como lengua normal de la
enseñanza en todas las etapas educativas.
"No se acaba de entender que pueda ser calificada de humillante una
praxis escolar que tiende, durante la primera etapa de enseñanza, a
atender en castellano a alumnos cuyos padres desean que se les
enseñe en esta lengua", asegura la sentencia sobre la atención
individualizada, y añade que la apreciación del padre sobre este
servicio es algo "desaforada".
Madrid 12-E: libertad lingüística
Pablo Yáñez www.lavozlibre.com
El mismo día en que se superaban los 500 apoyos en el perfil de
Facebook -poco más de una semana abierto- se ha convocado a los
medios, y a la sociedad en su conjunto, al acto de presentación de
la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, que tendrá lugar
el próximo 12 de enero en un céntrico hotel de Madrid.
El martes a estas horas, existirá oficialmente, por primera vez en
nuestro país, una entidad cívica, de ámbito y actuación nacional,
para la denuncia de las imposiciones y en defensa de la libertad
lingüística.
Bien es cierto que los cimientos de la ANLL son precisamente los
muchos años de trabajo que diversas asociaciones vienen
desarrollando en Galicia, Baleares, Cataluña, Aragón, País Vasco y
Comunidad Valenciana. Nuestra manera de homenajear su labor es
recoger el testigo y el ejemplo que suponen y trasladarlo al
panorama nacional.
Ha sido un error considerar los procesos de imposición lingüística
llevados a cabo en estos territorios como un problema únicamente de
los mismos. Imponer el catalán como requisito en la sanidad balear,
impedir la matriculación en castellano en las escuelas públicas
gallegas o multar por rotular en Cataluña los negocios en la lengua
oficial del Estado son ataques a derechos individuales reconocidos
en la Constitución y, por tanto, que nos amparan a todos los
ciudadanos españoles.
El problema es tan mío como vuestro, queridos Carles, Gorka y Anxó.
Mío, que habiendo nacido en Valladolid, no podré ir a la Universidad
en Santiago, no podré aspirar a un puesto público en Palma, no
entenderé las señales de tráfico en San Sebastián y no podré
plantearme dar un futuro a mis hijos en muchas partes de mi país.
Por tanto, cerrar los ojos y dejar sólo en vuestras manos la
solución a mi problema hubiese sido demasiado cobarde. La cobardía
nos ha hecho dar muchos pasos atrás a los demócratas. De la
autocrítica y de la necesidad de articular una respuesta nacional al
conflicto lingüístico es de donde nace la ANLL que tengo la
responsabilidad de presidir.
Os invito a todos los que creéis en las libertades individuales,
especialmente en la libertad lingüística y en el mayor énfasis de
ésta, en la libertad de expresión, a acudir el próximo martes a la
presentación de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística.
Tenemos la oportunidad de dar el primer paso con fuerza, con la
fuerza de quienes tenemos la razón, de quienes apoyamos lo justo, y
de quienes reivindicamos ser libres de toda imposición irracional.
> Pablo Yáñez es el presidente de la Asociación Nacional por la
Libertad Lingüística.
¡¡¡Socorro, necesito un pinganillo!!!
Paloma Cervilla ABC 13 Enero 2010
Un disparate lingüístico. Esto es precisamente lo que me parece la
iniciativa que han presentado 34 senadores de todos los grupos
políticos, excepto del PP, UPN y los socialistas del PSOE, que no
los catalanes del PSC que sí la han apoyado, para que, a partir de
septiembre de este año, se utilicen todas las lenguas oficiales
(catalán, gallego y vasco) en los plenos y comisiones del Senado. En
román paladino, que para trabajar en el Senado me tengo que poner un
pinganillo en la oreja para que una traducción simultánea me permita
saber lo que hablan mis compatriotas sobre lo que sucede en España.
Insólito.Pero lo peor no es eso, sino que para que todos nos podamos
entender, el Senado tendrá que hacer un importante desembolso
económico, sí importante, aunque le pese a los proponentes que le
han quitado importancia a la cosa económica, para contratar un
servicio de traducción. Yo espero que la sensatez de los miembros de
la Mesa les lleve a impedir que en su próxima reunión se califique
favorablemente la propuesta y comience su tramitación. ¿Cómo puede
ser que en plena crisis económica no se le ocurra otra cosa a un
grupo de senadores que aumentar los gastos de las Cámara en
disparatadas iniciativas?
El filósofo contra el político
GABRIEL ALBIAC ABC 13 Enero 2010
AL político, se contrapone el filósofo. No hay conciliación:
filosofía es anti-política. En España y hoy, muy pocos atendieron a
ese imperativo: eran cálidas las tentaciones, y glaciales los
riesgos. De ahí viene, en buena parte, la terminal miseria del
pensar español. Gustavo Bueno, que es uno de los tan pocos, de los
casi ninguno, que salvan aquí la rara dignidad de ser filósofo, ha
ido elevando su inexpugnable atalaya, desde la cual mirar hacia el
rudo artilugio del poder, reírse de él, decir con pausado sosiego:
mientes; mientes y, además, eres un perfecto imbécil. Bueno, en la
plenitud de su maestría, delimita secamente los campos: saber contra
estulticia. Y su último libro, El fundamentalismo democrático,
cierra el diagnóstico del régimen corrupto al cual da su nombre
Zapatero.
No hay capricho en esta apuesta. Ninguno está obligado a dedicar su
vida a algo tan áspero como la filosofía. Pero aquel que opta por
ello, no puede no saber lo que está en juego desde que un ateniense,
desolado por la corrupción de su ciudad, inventara la disciplina
hace dos mil quinientos años: «Tanto la letra de las leyes como las
costumbres de la ciudad se iban corrompiendo hasta tal punto que yo,
que al principio estaba lleno de un gran entusiasmo para trabajar en
actividades públicas, al dirigir la mirada a la situación y ver que
todo iba a la deriva por todas partes, acabé por marearme...
Entonces decidí volverme hacia la verdadera filosofía». Platón.
Carta VIIª.
La corrupción es la clave. De la política como de todo cuanto vive;
esto es: muere. Cuando Aristóteles dice que la corrupción -esa
peculiaridad de «los seres que, por naturaleza, nacen y perecen»- es
la vida, no un accidente o irregularidad suya, todas las claves para
entender la política quedan abiertas. Y eso Bueno lo recuerda frente
al zapaterismo: política y corrupción son inseparables; más que en
ningún otro caso en la democracia, porque el más refinado de los
sistemas políticos es también el más vulnerable. Por eso, no hay
democracia que pueda sobrevivir sin haber acorazado un cerco de
controles judiciales y penales en torno a sus políticos. Por eso,
una casta política impune, como la española, podrá tal vez regir un
sistema de tolerancia y libertad relativas. No, una democracia. En
el menos ominoso de los casos, una oligarquía benévola, en la cual
robo y abuso no excedan la raya del crimen. No, una democracia.
Porque la corrupción, subraya Bueno, no es sólo aquello que el
código califica como delito. Ésa es su fracción ínfima. Y no, desde
luego, la que mueve más dinero ni más influencias. «La corrupción
delictiva, la establecida por el código penal, constituye tan sólo
un caso particular (codificado y medido) de la corrupción
democrática (o política) general. Hay más corrupción política en el
proyecto de ley de plazos del aborto que la que pueda haber en el
escándalo de financiación ilegal de un determinado partido político
o en la prevaricación de un alto funcionario». E infinitamente más
que en ninguna de ellas, en la estúpida lengua de trapo bajo cuya
humanitaria nadería elude el político dar cuenta de lo esencial:
dónde van nuestros impuestos. Es la no delictiva, la legal, la más
devastadora de las corrupciones. Da ejemplos: el borrado de la
división de poderes, el juez estrella, los monstruosos estipendios
de políticos aún más ignorantes que gandules, el delirante «discurso
de género», los estatutos de autonomía y su retórica de
cartón-piedra...
¿Muere de corrupción la democracia bajo Zapatero? Cáustico, como lo
exige el oficio, Bueno responde que no. «No muere. Sólo hiede». Es
un consuelo.
Pablo Yáñez, presidente de la ANLL: "Estamos dando un paso
histórico"
"Vamos a recorrer España ganando adeptos para la libertad
lingüística"
Belén Piedrafitawww.lavozlibre.com 13 Enero 2010
Madrid.- “Estamos dando un paso histórico”, ha afirmado Pablo Yáñez,
presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística,
junto al secretario de la organización, José Vicente Fernández
Abril. Ha añadido que desean mostrar su reconocimiento al resto de
asociaciones y entidades de defensa de la libertad lingüística, las
cuales “durante estos años han llevado a cabo una labor ejemplo de
dignidad”.
Yáñez ha realizado un ejercicio de autocrítica al explicar que
“hasta ahora habíamos dejado en manos de unos pocos la defensa de
las libertades de todos los ciudadanos”. “Cuando asumimos que un
problema es nacional pero encomendamos su solución únicamente a
determinados sectores de regiones concretas de España, estamos dando
una respuesta cobarde”, ha reconocido el presidente de ANLL. “Por
ello queremos ofrecer nuestra disculpa a todas esas asociaciones y
entidades que hasta ahora se han sentido solas y comprometernos con
ellas a que nunca se volverán a sentir así”.
Pablo Yáñez ha recalcado que su fórmula es “trabajo, trabajo y
trabajo”. “En octubre empezamos a mantener reuniones informales pero
fue durante el mes de diciembre cuando concretamos el proyecto. A
día de hoy tenemos 50 socios de 22 provincias diferentes”, explicó.
“Vamos a recorrer España ganando adeptos para la libertad
lingüística”, continuó Pablo Yáñez. “Si conseguimos concienciar al
enfermero de Burgos o de Valladolid de que si en Baleares se exige
catalán, el mercado se cierra, habremos dado un paso. Y si
conseguimos que el padre de Granada se de cuenta de que deberá
tachar de su mapa laboral no sólo Cataluña, sino también Aragón,
Valencia y Baleares, habremos dado otro paso”, añadió el presidente
de ANLL
“Todavía hay mucho por hacer porque a día de hoy el 80 por ciento de
la población no está verdaderamente concienciada de que se están
llevando a cabo ataques esenciales contra las libertades de todo el
país”, denunció Pablo Yáñez. Los representantes de la ANLL
explicaron que “quien piense que la Asociación Nacional por la
Libertad Lingüística va a defender el castellano está muy
equivocado”. “Nosotros vamos a realizar una defensa de la libertad
lingüística, manifestó Pablo, quien añadió que no son partidarios de
modelos trilingües, bilingües y “mucho menos” monolingües. “Lo que
queremos es que los ciudadanos tengan libertad para decidir en qué
idioma desean educar a sus hijos y vivir su vida”.
Los representantes de la ANLL han mostrado su agradecimiento por el
apoyo recibido de parte de "la Mesa por la Libertad Lingüística de
Galicia (MLL), de la Plataforma contra el requisito del catalán en
la sanidad balear, de FACUA, de Impulso Ciudadano, de la
representación salmantina de UPS y de Galicia Bilingüe, así como por
la presencia en la rueda de prensa del delegado en Madrid de Círculo
Balear y de Juan Manuel Villegas, miembro de Ciudadanos".
Una inmensa Torre de Babel en el Senado
P. C. | MADRID ABC ABC 13 Enero 2010
Si la iniciativa de los 34 senadores nacionalistas de la Cámara alta
llegara a buen puerto, el Senado se convertiría en una inmensa Torre
de Babel en el que no se podría dar un paso sin la compañía de un
traductor.
Esta es la propuesta de reforma del Reglamento que presentaron ayer
un grupo de senadores de todos los grupos políticos, excepto del PP
y UPN, ya que los socialistas del PSC tienen un grupo independiente
y sí la apoyaron, para que, a partir del 1 de septiembre de este
año, se puedan utilizar todas las lenguas oficiales (catalán,
gallego y vasco) en los plenos y comisiones. Para que esto pueda ser
una realidad, se tendría que poner en funcionamiento un servicio de
traducción simultánea en la Cámara, con el objetivo de que todos los
senadores y miembros del Gobierno puedan seguir desde su escaño
todas las intervenciones en lengua castellana.
Los proponentes de esta reforma pretenden que sea estudiada en la
primera reunión de la Mesa del Senado, prevista para el próximo día
2 de febrero, y que sea tomada en consideración para iniciar su
trámite parlamentario.
El único problema, o el más importante, es el coste que puede tener
esta iniciativa. Pero no parece que eso importe mucho a los
senadores proponentes. De hecho, tanto los portavoces de ERC, Miguel
Bofill, como del PSC, Luis María de Puig, y PNV, Miren Loren
Leanizbarrutia, aseguraron ayer que estos costes serán «mínimos»,
aunque subrayaron que un derecho como es el uso de las lenguas no
puede cuantificarse.
El TSJC avala el modelo de atención
lingüística de la Generalitat
La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, considera que el actual
folleto de preinscripción escolar, sin casilla lingüística
específica, es válido
ESTHER ARMORA | BARCELONA ABC 13 Enero 2010
Tras dos duros varapalos judiciales, uno del Tribunal Supremo (2008)
y otro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) (2004),
el departamento de Educación recibe el primer espaldarazo de la
justicia. Un nuevo fallo del alto tribunal catalán, con fecha de 12
de noviembre de 2009, da la razón a la Generalitat respecto al
polémico tema de la casilla lingüística.
La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, avala el sistema de
atención lingüística en las escuelas, que tantas ampollas ha
levantado en Cataluña, y considera que no es necesario reinstaurar
la demandada casilla lingüística en los folletos oficiales de
preinscripción. Una sentencia del mismo tribunal, la de 2004,
obligaba a activarla, aunque la Generalitat a partir del curso
2005-2006 habilitó una fórmula ambigua. En los folletos no aparece
una casilla propiamente dicha para marcar la lengua de
escolarización del alumnado, sino un apartado en el reverso en el
que invita a los padres a solicitar en el centro, en el momento de
la matriculación, si quieren que sus hijos sean escolarizados en
castellano.
El tribunal desestima el recurso contencioso-administrativo
presentado por el padre Santiago Jorge Vendrell, de junio de 2007,
en el que exigía la escolarización en castellano de sus dos hijos y
calificaba de «aberrante» y «discriminatoria» la fórmula de atención
individualizada, en vigencia en los colegios.
El alto tribunal entiende que «el sistema de casilla vino apuntado
como una posibilidad tendente a hacer efectivo el derecho
concernido,...., pero no determinamos aquella precisa forma como la
-única- que debía permitir el ejercicio del derecho...».
Sobre el calificativo de «aberrante» y «discriminatoria» respecto a
la atención individualizada, «la Sala no comparte esta apreciación
un tanto desaforada» y añade que «la atención individualizada es
corolario del sistema de conjunción lingüística, como también lo es
que se evite la separación en grupos por razón de lengua».
La parte actora tiene diez días para interponer recurso de casación
ante el Tribunal Supremo.
******************* Sección "bilingüe"
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Olano y los ayuntamientos proetarras
EDITORIAL Libertad Digital 13 Enero 2010
La detención de Pedro Olano, el "militante abertzale" que se
presentó en 2007 a las elecciones por la plataforma Lizarrako
Abertzale Sozialistak, ilegalizada por el Supremo, y que amenazó de
muerte a la alcaldesa de Lizarza Regina Otaola, pone por enésima vez
de manifiesto hasta qué punto la política y el terror se pueden
aliar al servicio de ETA. Según las últimas averiguaciones que han
salido a la luz, Olano compaginaba desde antes de 2007 su "vocación
política" con la de servir como enlace de ETA para pasar explosivos
de Francia a los comandos que operan en el País Vasco. Si el lunes
Olano identificaba desde un helicóptero de la Guardia Civil zulos y
lugares marcados para depositar material de la banda terrorista,
este martes hemos sabido por el auto que ordena su ingreso en
prisión, que este "militante abertzale" intentó hasta en tres
ocasiones entregar un lanzamisiles a un grupo de ETA para que
atentase contra el presidente del Gobierno José María Aznar.
Aunque la actual política antiterrorista del Gobierno de Zapatero no
sea, en apariencia y por fortuna, la misma política colaboracionista
desempeñada durante el mal llamado "proceso de paz", el tiempo dirá
si la actual "fase de confrontación" del Gobierno con ETA –tal y
como la llamó Rubalcaba al poco de iniciarla– es sólo eso, una
"fase", o por el contrario un camino sin retorno y sin treguas de
aplicación implacable del Estado de Derecho para lograr la paulatina
y completa extinción de la banda terrorista. A este respecto hay que
añadir que, si bien ahora las detenciones proliferan y todas las
siglas batasunas están ilegalizadas, no es menos cierto que el
Gobierno de Zapatero sigue negándose a la disolución de los
numerosos ayuntamientos que todavía gobiernan y controlan los
proetarras que se presentaron por la posteriormente ilegalizada ANV.
Evidentemente, no todos los concejales y alcaldes de ANV estarán
rindiendo servicios a ETA de la misma envergadura que los de quien,
como Olano, ha llegado a trasladar a los comandos un lanzamisiles
para acabar con la vida de un ex presidente del Gobierno. Sin
embargo, todos están en disposición de ejercer como enlaces o
correos de la banda, transmitiéndole información y dinero y
sirviéndola como portavoces de sus consignas. Por mucho que esto no
sea suficiente para un enjuiciamiento penal individualizado, no deja
de ser un evidente contrasentido ilegalizar unas siglas por conexión
con una banda terrorista y, sin embargo, dejar que sus integrantes
sigan gobernando y recibiendo dinero público. Más aun cuando en
nuestro ordenamiento jurídico existe una norma, como el artículo 61
de la Ley de Bases de Régimen Local, que permitiría la inmediata
disolución de esos consistorios.
Sabemos que el Gobierno de Zapatero no ha reconocido sus infamias
pasadas, pero mientras no disuelva estas vigentes secuelas que son
los ayuntamientos en manos de los proetarras, no podremos decir
siquiera que las haya terminado de corregir.
El decreto gallego de lengua es similar al
balear de Jaume Matas
Ambos contemplan una tercera parte de las clases en una tercera
lengua
www.lavozlibre.com 13 Enero 2010
Santiago de Compostela.- El presidente de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo (PP), se mostró convencido de que el decreto
gallego de educación será estudiado “con mucho interés” por otras
Comunidades. Sin embargo, el dirigente popular gallego obvió que ese
proyecto no es del todo original. En 2006, el también popular Jaume
Matas promovió en Baleares un modelo similar que contemplaba entre
una quinta y una tercera parte de las clases en idiomas foráneos.
Si bien la norma pretendía aumentar el nivel de competencia en una
lengua extranjera entre los alumnos de centros públicos, el
porcentaje destinado a un tercer idioma afectaba inevitablemente a
las dos lenguas oficiales, que pasaban a asumir el mismo número de
horas lectivas. De esta forma, el reparto podía ser, o bien de un 40
por ciento de horas lectivas en castellano y otro tanto en catalán,
frente a un 20 por ciento en un tercer idioma, o de un 33 por ciento
en cada uno, que fue lo que se hizo tangible en los primeros
borradores.
Una de las diferencias fundamentales entre ambas leyes es que,
mientras que la balear fijaba el reparto entre castellano y catalán
siguiendo criterios de “eficiencia y racionalidad” en la
planificación de cada colegio, la norma gallega da cierto voto a las
familias.
Sin embargo, la ley balear únicamente estuvo en vigor durante un
curso escolar y sólo se aplicó en los centros que voluntariamente se
acogieron a él (unos 30 de 300). Al año siguiente, los populares
perdieron las elecciones y el gobierno socialista restableció el
mínimo del 50 por ciento de la docencia en catalán. Sin embargo,
Matas afirmó que, si volvía a ganar las elecciones el decreto del
trilingüismo, se convertiría en obligatorio.
Asimismo, el mínimo del 50 por ciento de contenidos en catalán
apunta también cierta similitud con Galicia. En 1997, Matas aprobó
este porcentaje por decreto, mientras que en el caso gallego fue
Manuel Fraga el que dio el primer paso, al sacar adelante en 2004 el
Plan Xeral de Normalización Lingüística (PXNL). Tres años después,
el bipartito lo promovió en su totalidad a través de un polémico
decreto, mientras que actualmente el gobierno de Feijóo ha prometido
derogarlo afirmando que no es fruto del consenso.
El dirigente popular afirma que con el cambio no solo quiere apostar
por el inglés, sino también frenar la imposición del gallego.
Si bien el Plan Xeral de Normalización Lingüística es una
declaración de intenciones y no un documento que obligue al
Gobierno, los contrarios a la reforma impulsada por Feijóo
consideran que sí viola la Ley de Normalización Lingüística de 1983,
que reza que las autoridades deben promover "medidas encaminadas a
promover el uso progresivo del gallego en la enseñanza".
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