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Decálogo para una reforma
César Vidal Libertad Digital 19 Enero 2010
Hace apenas unas horas, el actual factotum del PNV, Iñigo Urkullu se
ha descolgado con la afirmación tajante de que el actual sistema
autonómico ha quebrado. Atribuye Urkullu esa situación, de manera
fundamental, al rechazo del plan Ibarreche y al nuevo estatuto
catalán y propone como medida para salir del atolladero una segunda
transición.
Sin que sirva de precedente, creo que no hay poco de verdad en las
afirmaciones de Urkullu. Efectivamente, la acción de los
nacionalistas vascos y de los nacionalistas y socialistas catalanes
se ha traducido en una quiebra, difícil de negar, del modelo
constitucional, modelo, dicho sea de paso, que adoptó el contenido
autonómico precisamente para contentar a los nacionalistas;
efectivamente, en esa quiebra han sido esenciales el plan Ibarreche
y el nuevo estatuto catalán y, efectivamente, esa quiebra exige,
como también indica Urkullu, un pacto que podría denominarse nueva
Transición. Sin embargo – y aquí temo discrepar con el peneuvista
–ese nuevo marco no puede reforzar las desigualdades en favor de los
privilegios más que abusivos conseguidos por los nacionalistas ni
reducir todavía más el papel del estado que se ha visto reducido a
una realidad residual que apenas puede hacer más que ridiculeces
como el Plan E. Si, por el contrario, lo que deseamos consolidar es
un modelo nacional y democrático al servicio no de los privilegios
de unos cuantos sino de ciudadanos libres e iguales deberíamos
asumir un decálogo de reforma similar al siguiente:
1. Suprimir tratos de favor fiscal como los conciertos vasco y
navarro, tributando por el mismo sistema todas las regiones
españolas.
2. Suprimir el trato de favor de carácter legal a cualquier sector
de la población sea cual sea incluyendo lobbies y subvencionados al
servicio del poder político.
3. Devolver competencias al poder central en áreas como, por
ejemplo, la enseñanza, consagrándose el principio de que los padres
podrán educar a sus hijos en cualquier parte de España en la lengua
oficial de todos los españoles.
4. Situar el presupuesto en poder del gobierno nacional en no menos
del setenta por ciento de su cuantía de tal manera que pueda hacer
frente a los desafíos con que se enfrenta la nación y que se
dificulte el empleo del dinero del contribuyente en beneficio de las
oligarquías locales.
5. Reformar el sistema electoral mediante listas abiertas que
obliguen a responder a los candidatos ante el pueblo y no ante las
cúpulas de los partidos.
6. Reformar el sistema electoral mediante listas únicas de carácter
nacional que otorguen a los partidos una representación proporcional
a sus votos.
7. Separación real de poderes con respeto escrupulosos a la
independencia del poder judicial.
8. Liberalización de los medios de comunicación mediante la
supresión de la intervención del poder político en su concesión y
actuación.
9. Limitación del endeudamiento nacional y de otras magnitudes
macroeconómicas a lo establecido en los criterios de la UE y
10. Separación real de iglesia y estado impidiendo a éste la
regulación e intromisión en asuntos relacionados con las confesiones
religiosas.
La asunción de un decálogo como éste permitiría anteponer la
libertad y de la igualdad de los ciudadanos a los privilegios y, de
esa manera, el sistema aún podría salvarse. De lo contrario, si
continuamos con uno que hasta los nacionalistas ven ya quebrado,
sólo queda esperar a que tenga lugar su extinción final.
Tuve ocasión de ver la entrevista que Carlos Dávila le hizo a
Federico para su programa de Intereconomía. Carlos Dávila es un
extraordinario periodista – seguramente por eso la vicepresidenta,
que algunos consideran una católica ejemplar, está por la labor de
empapelarlo – y sabe sacar en sus entrevistas lo mejor del personaje
invitado. Decía al final que los espectadores habían visto a
Federico “en estado puro” y tenía razón. Federico estuvo agudo,
incisivo, ocurrente, acertado y divertido por el orden que se
quiera. Señaló como este sistema está muerto – lo está – y como, tal
y como ha sucedido muchas veces en la Historia de España, pueden
tardar en enterrarlo años. Tiene razón. Con Alfonso XIII, el sistema
estuvo muerto casi tres décadas y, de repente, una mañana había
llegado la Segunda república.
Con todo, quizá podría salvarse, pero no será sin una reforma
política que asuma, como mínimo, los aspectos señalados arriba. De
lo contrario, seguirá deshojándose hasta que no quede nada.
Y mientras tanto nos quedan cosas con las que disfrutar, sin duda.
Ando yo ahora sumergido en el estudio de la Biblia de Ginebra, una
traducción difícil de superar que los puritanos ingleses realizaron
a mediados del s. XVI y que es precisamente la que Shakespeare cita
centenares de veces en sus obras. En otras palabras, ¿Shakespeare
pudo ser un puritano oculto? Si no lo fue, mal se entiende la
utilización de un texto que no era el oficial.
Añadan también la exposición de expresionistas que ha llegado del
Museo d´Orsay – uno de mis preferidos – a Madrid.
Y, por supuesto, el teatro. Ayer tuve ocasión de ver a cuatro
excelentes actrices en el teatro la Grada de Madrid en
Conversaciones en la oscuridad. El texto es difícil y no apto para
el gran público. Las actrices se la juegan con una obra a pecho
descubierto y sin embargo… sin embargo, están sensacionales. Dado
que la función es dura, durísima habría que equilibrarla con Vamos a
contar mentiras de Alfonso Paso que se acaba de estrenar en Madrid y
que da motivos para reírse a mandíbula batiente toda una vida. Ya
contaré más en otra ocasión porque la situación, en general, está
para pocas carcajadas.
Condena a Franco y estupidez / Un programa positivo
Pío Moa Libertad Digital 19 Enero 2010
Insiste alguno en criticar el hecho de que yo no condene al
franquismo. "Franco libró a España de un proceso revolucionario, lo
libró de entrar en la guerra mundial, venció al maquis que intentaba
revivir la guerra civil, desafió y venció el aislamiento
internacional, no tuvo oposición democrática, con él vivió España el
período más próspero de su historia y quedaron olvidados los odios
de la guerra civil. Condenarlo es toda una exhibición de estupidez y
mala fe a partes iguales. Y hay que ver a los condenadores: los
colaboradores del terrorismo, los elementos más corruptos del país,
los separatistas que atacan los derechos de las personas, los que
quieren sepultar a Montesquieu y lo están haciendo... En el
antifranquismo coinciden Zapo, De Juana Chaos, Montilla, Chaves,
Pujol, Ibarreche, Garzón, el héroe de Paracuellos, a su modo también
Rajoy, los de Gürtel... ¿Son esos sus guías? Permítame que le
recomiende Franco para antifranquistas o La democracia ahogada. Tal
vez ahí encuentre usted argumentos algo mejores que los de esos
cleptócratas y asimilados".
En realidad, toda esa gente, los forjadores de la cultura de la
triple corrupción, intelectual, económica y sexual, o, si se
prefieren términos más populares, de la trola, el choriceo y el
puterío, utilizan su antifranquismo, casi siempre de salón, como un
detergente. Sí, cometen mil desmanes, pero todos quedan lavados
porque ellos son ¡antifranquistas!, ¡demócratas!, aunque resulten
una plaga para la democracia. En realidad, su antifranquismo no es
una excusa, sino una clave de sus demás fechorías. Uno lo entiende
en las izquierdas y los separatistas, porque en España siempre han
sido lo mismo y los Besteiro casos muy excepcionales. Pero en la
derecha, el antifranquismo añade un plus de miseria moral. El PP ha
degenerado en un club de tiorrillos y cabareteras aficionadas.
Cuando decimos que el franquismo es, por muchas razones, un régimen
irrepetible, y absurdo, por tanto, declararse franquista, no
queremos decir que no se pueda aprovechar una gran parte de su
legado. Básicamente, sus elevados índices de salud social, de
prosperidad económica, de independencia y unidad nacional, no tienen
por qué ser incompatibles con la democracia. Al contrario, una
democracia muy superior en principio a la de la república, ha sido
la consecuencia lógica del franquismo. Quienes la están hundiendo no
son, precisamente, demócratas. Antifranquismo y antidemocracia van
juntos, y no es ninguna paradoja.
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**** En su blog, César Vidal propone diez puntos para una reforma
política. Es una cuestión a estudiar. La crítica que constantemente
hacemos a la cleptocracia actual lleva implícita la alternativa.
Pero esta es algo distinto de la crítica, y debe ser explicitada con
claridad en cada uno de sus puntos.
**** Obviamente, si damos por desplazado al español frente al inglés
(no es un problema de los anglosajones, que defienden lógicamente lo
suyo, sino de quienes aquí contribuyen a ello con entusiasmo), no
hay ninguna razón para oponerse a lo que hacen los separatistas en
las respectivas regiones. Mejor, incluso, ayudarles. Después de
todo, el gallego, el vascuence y el catalán son idiomas españoles.
**** Se plantea un problema general en relación con la cultura
española, en vías de acelerada de satelización a la anglosajona, ¡y
salen algunos oponiendo que a ellos les gustaría saber más inglés...
como si el problema fuera el de sus asuntos personales! El nivel de
la discusión, salvo excepciones, es penosísimo en España.
ETA matiza su lenguaje
Lorenzo Contreras Estrella Digital 19 Enero 2010
ETA ha vuelto a lanzar un comunicado, más o menos en la línea de
otros anteriores relativamente recientes, y, como viene siendo
habitual, mezcla la amenaza de violencia con apelaciones a
procedimientos democráticos para la "superación del conflicto
político". Los sucesivos gobiernos de España, en sus contactos o
negociaciones con la banda, siempre han planteado como condición
fundamental para la pacificación (sin concretar en qué términos) el
cese de la violencia y la entrega o abandono de las armas. Ahora, en
este nuevo comunicado, ETA vuelve la oración por pasiva y dice que
"la intervención y la violencia del Estado deben cesar".
La organización terrorista admite que, "más que resistir a la
represión, nuestra fuerza radica en la lucha política". Y,
refiriéndose al "enemigo", sostiene que "el proceso democrático no
es la mejor opción, sino que es la única".
Es como aceptar a su modo que se ha quedado sin salida violenta, que
la realidad le ha cerrado los caminos tradicionales y que el bloqueo
de la situación no ofrece otro remedio que dinamizar a la izquierda
abertzale, reconociendo su pluralidad, según se comprobó en la
reciente asamblea de Alsasua, y convirtiéndola en "el eje de la
lucha a desarrollar en adelante", sobre la base de su unidad. Esto
parece significar que a la banda le ha perjudicado y le sigue
dañando la ofensiva con que "el enemigo" (¿el del Estado o el de
dentro de su propia organización?) trata de poner de relieve las
divisiones internas, "con mentiras, filtraciones y supuestos
disidentes".
O sea, que con el mito de que la unidad existe viene a lamentar
indirectamente que no exista en sus filas o en su entorno, como han
demostrado sus propias depuraciones internas y la confesión de la
necesidad de que la unidad se produzca. ETA saca a relucir la
doctrina Argala, expresada horas antes de su muerte en 1978, en
Angelu (Francia), según ETA en una acción de guerra sucia. Para
'Argala', nombre de guerra de José Miguel Bañarán, ni ETA ni ningún
partido dará "la libertad" a la llamada Euskal Herria, sino "el
pueblo". Es decir, el movimiento abertzale cuyas fisuras intenta
ahora taponar la banda terrorista. Claro que ETA ya no tiene a
'Argala' y que determinados nombres, catalogados siempre como
"históricos", han ido desfilando hacia la cárcel. El cruel Urrusolo,
entre otros y otras, desertó entre rejas pensando en el mañana, pero
la organización mantiene como miembro distinguido, seguramente como
actual cabeza rectora, a 'Josu Ternera', cuyos pasos tal vez no se
sigan con el celo adecuado porque interese al propio Gobierno
mantenerlo en paradero desconocido.
Sería temerario abonarse a la hipótesis de que ETA carece totalmente
de respuesta si se le obstruyen los caminos. El certificado de
defunción de la banda está por escribir. Otra cosa es que el enfermo
se encuentre en situación crítica. Siempre le quedará la metralleta
debajo de la almohada.
En diciembre del año pasado, Jesús Eguiguren, presidente del PSE y
negociador socialista durante los contactos anteriores con ETA,
llegó a conceder valor a los movimientos de la izquierda abertzale y
a señalar en este sentido la "sinceridad" de las iniciativas
filoetarras plasmadas en Alsasua. Poco después, el propio Eguiguren
insistió en este aparente convencimiento. Lo importante -dijo- es si
existe por parte de ETA voluntad de iniciar una nueva etapa
política. Su autorrespuesta fue literalmente ésta: "Creo que esa
voluntad la tienen".
A Rubalcaba parece que le interesó lanzar una llamada de alarma
cuando anunció o atribuyó a ETA preparativos de atentado. Y añadía
que éste sería "una acción espectacular". A la opinión independiente
le queda el recurso de no creer en la sinceridad de nadie, empezando
por no atribuirla al Gobierno. Menos, claro está, a ETA. Es posible
que lo único espectacular pueda llegar a ser la artimaña que el
zapaterismo emplee para despejar las sombras que en tantos y tantos
asuntos perjudican su reelección. ETA pacificada a buen precio puede
ser una excelente baza.
Cómo luchar contra el poder abusivo, la
"casta" política y el mal gobierno
Francisco Rubiales Periodista Digital 19 Enero 2010
Un contertulio de Voto en Blanco me retó hace días a que escribiera
sobre ¿Que alternativas y acciones cívicas puede desarrollar un
ciudadano libre y demócrata frente al sistema que nos subyuga?
Es la gran pregunta que abruma a miles de demócratas españoles que,
indignados ante el mal gobierno, contemplan importente cómo el país
es conducido hacia el fracaso por un gobierno inepto y por una clase
política que ha abrazado la corrupción, se ha aferrado a sus
privilegios y ha traicionado la democracia.
Este artículo encierra la ambición de demostrar, nada menos, que el
ciudadano cuenta todavía con armas y recursos que pueden cambiar el
mundo y llevarle hasta la victoria.
Frente a una casta política blindada que se ha apoderado del Estado,
que antepone sus propios intereses al bien común y que ha conseguido
sacudirse todo control democrático, al ciudadano le quedan pocos
recursos, pero todavía posee tres armas de un valor inmenso, con las
cuales, aunque parezca imposible, puede derrotar a ese poder
político de impresionante fuerza, dueño de la policía, del ejército,
de los servicios secretos, de las leyes y del dinero de todos.
Esas armas cívicas capaces de derrotar al poder son el debate, la
crítica y el boicot.
El debate es una de las actividades superiores del ser inteligente.
Consiste en buscar la verdad junto a otras personas, aportando ideas
y argumentos. El debate, cuando es cívico y lúcido, ayuda a
descubrir la verdad, fortalece la mente y afirma las convicciones y
criterios. Es un raro y valioso recurso de libertad que nos blinda
frente al engaño del poder. Quien practica el debate, difícilmente
será engañado y manipulado.
La crítica, cuando es inteligente e imaginativa, es demoledora. No
hay gobierno ni partido, ni sistema que resista una buena dosis de
crítica argumentada que ponga de relieve sus carencias, errores y
daños. Criticar significa desposeer de prestigio a quien no lo
merece, difundir las ideas democráticas por los cuatro vientos,
aprovechando las nuevas tecnologías y espacios libres, como
Internet, a disposición del ciudadano. La crítica inteligente y los
argumentos destruyeron uno de los poderes más sólidos del siglo XX,
el de Mohamed Reza Palhevi, en Irán. Combinada con el debate y con
la conversación cívica, la crítica es de una eficacia sobrecogedora.
Es probable que la crítica inteligente y justa haya sido la
principal causante de que los políticos aparezcan ya en las
encuestas como el tercer gran problema de España. Hay que conseguir
que sean elevados hasta el primer puesto, que es el que justamente
merecen, pues son ellos los culpables del desempleo (primer
problema) y del deterioro de la economía (segundo problema).
El boicot es un arma revolucionaria y democrática al servicio del
ciudadano, que puede ejercerla en cada instante, cuando compra,
cuando lee, cuando conecta la radio y la televisión, cuando consume,
cuando otorga su respeto y cariño... Para un auténtico demócrata, el
boicot no es una opción, sino un deber. Debe boicotear a los malos
políticos para despojarlos del prestigio social que no merecen, a
los medios de comunicación que se someten al poder y que, a cambio
de publicidad, concesiones y filtraciones, difunden la verdad del
poder, que es distinta a la verdad auténtica y limpia. Debe
boicotear a los empresarios y empresas que sostienen al poder
antidemocrático, a los intelectuales que difunden propaganda en
lugar de cultura y verdad, a los nacionalistas que odian la nación y
dinamitan la convivencia, a las empresas y productos que los
financian, a los que viven del odio y los esparcen como semilla
maliciosa.
La sociedad civil está postrada y casi en estado de coma, pero si
utiliza sus propios recursos resucitará casi milagrosamente porque
la lucha genera energía y fuerzas increíbles. Una sociedad civil
decidida a no soportar más el expolio, la corrupción y el mal
gobierno es una terrible arma de destrucción tan masiva como
pacífica y limpia.
Boicot y crítica también en sentido inverso, apoyando a los
demócratas, difundiendo las ideas positivas, ensalzando los valores,
exigiendo limpieza, entregando nuestro dinero y nuestro amor a las
buenas causas...
Debemos ser conscientes de que el esfuerzo para convencer a la
sociedad que nuestro mundo puede ser mejor que la pocilga en la que
nos movemos, que la democracia hay que hacerla cada día, con mucho
trabajo y sacrificio, será inmenso, casi eterno, pero merece la
pena.
Prepararse para ese combate definitivo, en el que la inteligencia y
la razón se enfrentarán a la fuerza y al abuso, es ya una ineludible
obligación democrática: conciencia de que la lectura y el debate
refuerzan la inteligencia y la libertad; seguridad de que el
comportamiento ejemplar de los demócratas debe ser el contrapunto de
la mezquindad de los corruptos y de los ilegítimos; fe en que el
bien, tarde o temprano, termina siempre por derrotar al mal.
Empecemos por una acción concreta: inundemos La Moncloa con mensajes
de rechazo a Zapatero. Pulsa aquí para hacerlo.
Voto en Blanco
ROSA DÍEZ, SOBRE EL ESTATUTO CATALÁN
"Si el TC no rechaza la bilateralidad, el
país se nos va por las tragaderas"
Rosa Díez ha pedido al Tribunal Constitucional que emita una
sentencia sobre el Estatuto "cuanto antes" ya que "lo obvio se ha
convertido en lo revolucionario". Advierte la líder de UPyD que si
el TC acepta la cuestión de la bilateralidad "el país se nos va por
la tragaderas".
Europa Press Libertad Digital 19 Enero 2010
La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha
reclamado al Tribunal Constitucional que su sentencia sobre el
Estatuto "no sea interpretativa" y, en concreto, que aclare la
cuestión de la bilateralidad con el Estado, ya que en caso contrario
"el país se nos va por las tragaderas".
Durante un desayuno informativo con periodistas, Díez reconoció que
lo primero que hay que reclamar al alto tribunal es que emita una
sentencia "cuanto antes". "Lo obvio se ha convertido en lo
revolucionario", reconoció antes de apuntar que el siguiente paso es
que esa sentencia sea "respetada por todos".
A su juicio, es particularmente importante que sea acatada por las
instituciones, y en concreto apuntó al presidente de la Generalidad
de Cataluña, José Montilla. "Por Montilla y los suyos", apostilló.
En este punto, recordó lo sucedido en el País Vasco cuando gobernaba
el PNV, con la máxima de "se acata pero no se cumple", y manifestó
su deseo de que esta actitud no sea imitada en Cataluña.
"Me gustaría una sentencia clara y no interpretativa, porque eso
sería terrible de cara al futuro -argumentó-. También me gustaría
que salga cuanto antes y que todo el mundo la cumpla". Según
reconoció, el recurso presentado por el Defensor del Pueblo es "muy
bueno".
Para la líder de UPyD la clave del Estatuto catalán es el modelo
bilateral de relación con el Estado, a partir de lo cual todo lo
demás son "detalles". "Este modelo establece un sistema confederal
que no es el fijado por la Constitución. Si eso no queda claro, el
país se nos va por las tragaderas", advirtió tras señalar que no es
un modelo que se pueda "extender" al resto de España.
Según Rosa Díez, la solución al conflicto que está generando el
retraso de la sentencia la ofrece el recurso previo de
inconstitucionalidad a los estatutos de autonomía, lo que podría
evitar "los hechos consumados". UPyD ya presentó esta iniciativa en
el Congreso en mayo de 2008.
En este contexto también repasó la situación en la que el partido
llega a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña y, aunque
reconoció que la comunidad presenta un panorama "muy complicado", se
mostró convencida de que "hay posibilidades" y argumentó que "no es
más difícil que en el País Vasco", donde la formación consiguió un
diputado en los comicios del pasado año.
La relaciones con Albert Rivera
Rosa Díez aseguró que UPyD ya está trabajando en Cataluña para
trasladar su mensaje a los ciudadanos y rechazó que la caída de
Ciudadanos pueda beneficiarle, ya que deja a muchos votantes
"desencantados" y "desanimados" que optarán por la abstención en vez
de elegir a una nueva formación.
Para ella, la clave para entrar en el Parlamento autonómico será que
los ciudadanos adviertan lo "determinante" que puede resultar allí
su presencia, y para ello pondrán como ejemplo su actuación tanto en
el Congreso como en el País Vasco.
Respecto al candidato, explicó que el partido está ahora en proceso
de elecciones de sus órganos territoriales y después se crearán los
comités locales, tras lo que ya podrá abrirse el proceso de
primarias. En Cataluña, su expectativa es que la elección pueda
realizarse en los meses de mayo o junio.
En este punto no quiso referirse en concreto a Antonio Robles, quien
se afilió a UPyD tras su paso por Ciudadanos y que ya señaló la
posibilidad de presentarse como candidato. Según apuntó Díez, Robles
deberá superar el proceso de primarias si quiere optar a ser
candidato, "como cualquier otro afiliado", y después "si gana
jugará".
Plantea repartir su contenido en Primaria y pactar la asignatura en
Secundaria
El PP ya no exige al Gobierno que elimine
Educación para la Ciudadanía
La dirección popular presentó ayer su oferta al Gobierno para
mejorar la «calidad y la formación».
18 Enero 10 - Madrid - C. Morodo La Razón 19 Enero 2010
El «cambio profundo» en el sistema educativo que propugna el PP
implica garantizar por ley el derecho a estudiar en castellano en
toda España y reformar los contenidos y el modelo de evaluación para
mejorar los conocimientos de los alumnos. En resumen, una educación
de carácter nacional, con un tronco común en todas las comunidades y
que sirva de elemento vertebrador; y una educación de calidad y en
igualdad.
Ayer presentó el documento que quiere que sea la base del acuerdo
que negocia con el ministro Ángel Gabilondo. Y lo hizo con
pirotecnia y derroche de medios: un acto en el Parador de Toledo en
el que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal «actuaron» ante un
selecto auditorio en el que estaban los ex ministros de Educación de
la etapa de Aznar –Esperanza Aguirre, Pilar del Castillo y el propio
Rajoy–, los portavoces parlamentarios, diputados y senadores, y
sindicatos y las asociaciones de padres.
El PP quiere que sólo se pueda pasar de curso con dos suspensos si
hay un informe favorable del centro, que se reduzca un año la ESO y
se amplíe en otro año el Bachillerato, y, además, defiende que se
refuerce en su contenido y en la exigencia en el aprendizaje.
Seguiría en vigor la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, pero
los alumnos de 15 que no opten por el Bachillerato tendrían que
cursar un año de Formación Profesional. El modelo se sustenta,
asimismo, en un plan de actuaciones para potenciar el aprendizaje en
inglés desde los tres años, impulsar la libertad de enseñanza,
reforzar la autoridad del profesor, incrementar la igualdad de
oportunidades modernizando el sistema de becas y prestigiar la
formación profesional.
De su propuesta, uno de los puntos que más va a dar que hablar es la
renuncia, pese a haber sido uno de sus compromisos electorales, a
eliminar la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Este cambio de posición se justifica en la disposición al consenso,
pero el consenso no le ha llevado, sin embargo, a modificar sus
planteamientos sobre el modelo troncal común y sobre el castellano.
En lugar de plantear la supresión de una asignatura ante la que se
rebelaron incluso algunas de sus comunidades, los populares hablan
ahora de un cambio en su «configuración y contenidos».
En Educación Primaria, la alternativa es que se oriente a una
formación cívica transversal en la que los contenidos se repartan en
todo el currículum. Y en Secundaria, que se elaboren nuevos
contenidos que «deben ser acordados íntegramente» y que se refieran
a los valores constitucionales, como determinó el Tribunal Supremo
en la sentencia en la que negó la objeción de conciencia.
El PP propugna que se refuerce Filosofía según su configuración
clásica, por su alto nivel formativo. Rajoy pidió ayer al presidente
del Gobierno que no interfiera en la negociación con una «persona
seria» como el ministro Gabilondo, para que no frustre la
posibilidad de un acuerdo. Y De Cospedal abogó por una reforma
urgente que resuelva el problema del altísimo fracaso escolar.
Crece el movimiento en defensa de la
libertad lingüística extendiéndose ahora a las comunidades
monolingües
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 19 Enero 2010
“El levantamiento de fronteras lingüísticas es un problema que nos
afecta a todos y no solo a los habitantes de las comunidades con dos
lenguas oficiales.”
La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística se ha presentado
el martes día 12 en Madrid como “una respuesta cívica frente a
quienes a través de la imposición y la persecución impiden a miles
de personas en España expresarse, educarse, o simplemente
desarrollar su vida en la lengua oficial del Estado”.
Su presidente, Pablo Yáñez, y su secretario, José Vicente Fernández,
han manifestado su reconocimiento a las entidades cívicas que
durante años “han peleado solos, por los derechos de todos” en las
comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales. “Son para
nosotros ejemplos de dignidad que debemos seguir”, han señalado.
El objetivo de la ANLL es denunciar las imposiciones que los
nacionalismos instalados en diferentes gobiernos autonómicos han
ejercido contra las libertades individuales, especialmente en el
terreno lingüístico, para “construir su modelo social homogéneo
liberticida y excluyente”.
Pablo Yáñez, presidente de la recién creada Asociación Nacional por
la Libertad Lingüística (ANLL), ha hablado con LA VOZ DE BARCELONA
para explicar el porqué de una entidad de este tipo más allá de las
comunidades con dos lenguas oficiales y de las zonas de influencia
nacionalista.
El núcleo promotor de la ANLL lo constituyen unas quince personas,
pero en poco más de un mes de vida cuenta con unos setenta asociados
en 17 provincias diferentes y con decenas de solicitudes
tramitándose.
Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de
Madrid, Pablo Yáñez responde a las preguntas sin vacilar. El motivo
por el que crear una asociación por la libertad lingüística en
Madrid es contundente: “Cuando te pones a analizar, por ejemplo, el
hecho de imponer el catalán como un requisito para acceder a un
puesto en las Baleares, no es un problema solo de las Baleares, sino
que afecta al enfermero de Burgos o de Cáceres que no puede acceder
a un puesto de trabajo en una región de su país cuando la
Constitución les reconoce un derecho a la libre circulación, a la
libre elección del puesto de trabajo”.
“Hasta ahora se ha cubierto ese espacio de reivindicación cívica de
la libertad lingüística en determinados territorios a través de
asociaciones que vienen trabajando muy valientemente -porque lo
complicado es defenderlo aquí, en Galicia o en el País Vasco- pero
hay que asumir que este problema es nacional”, añade.
El objetivo de la ANLL “es concienciar a la sociedad nacional en su
conjunto de que el levantamiento de fronteras lingüísticas es un
problema que nos afecta a todos”, y no solo a los habitantes de las
comunidades con dos lenguas oficiales.
Yáñez, militante de Ciudadanos -formación que ha hecho público su
apoyo a esta iniciativa-, insiste en que la asociación es
independiente y que “no ha nacido para ser el altavoz de ningún
partido político”, y asegura que “hay pocos medios de comunicación
que tengan una concienciación real de que son ellos los instrumentos
a través de los que se pueden denunciar situaciones de imposición
lingüística”, pero también reconoce que “la mayoría de los que lo
hacen, han respondido a nuestro llamamiento”.
Toma de contacto directa con el ciudadano y traslado del mensaje a
los medios de comunicación, será la fórmula para conseguir su
objetivo, todo ello aderezado con la frescura y la juventud de
muchos de sus miembros.
“Quien crea que hemos venido a hacer una
defensa férrea del castellano como lengua única y únicamente oficial
del Estado, se está equivocando, porque lo esencial es que el
ciudadano pueda elegir la lengua en la que educa a sus hijos, en la
que se comunica con la administración, en la que rotula su negocio,
en la que vive, en la que desarrolla su vida. Y cualquier método de
imposición lingüística es incompatible con eso”, subraya.
Según el presidente de la ANLL, “hemos pasado de un modelo en el que
se financiaba o incentivaba a los comerciantes para que rotularan en
catalán, a un modelo en el que ya no es el incentivo, es la amenaza,
es la coacción, es la multa”. [...] “Es injustificable que se multe
a un ciudadano español por rotular su negocio en la lengua oficial
del Estado”.
Reitera que “intentar crear un sistema normativo de espaldas a la
realidad social de Cataluña, donde el 50% de los ciudadanos se
expresan en catalán y el otro 50% en castellano, es tristísimo”.
En relación a los recursos públicos empleados por muchos gobiernos
nacionalistas en cuestiones lingüísticas, Yáñez señala que “cuando
necesitamos inyectar dinero público para la utilización de una
lengua, no para no perderla -que en ese caso, se podría entender-
sino para elevarla al nivel de otra, estamos hablando de un proceso
ridículo e irracional”.
Le recordamos que los defensores de la inmersión lingüística
obligatoria en las escuelas públicas de Cataluña argumentan que se
hace por el bien de los alumnos, pero él lo rechaza: “Me niego a
aceptar que la administración pueda justificar cualquier tipo de
imposición en nombre del bien futuro del ciudadano. Hablemos del
presente, y el presente, en este caso, es una imposición, una
situación de no libertad. No me hables de una libertad futura porque
entonces estamos defendiendo que el fin justifica los medios”.
Aunque esperan continuar recogiendo apoyos desde todos los rincones
de España, han agradecido las muestras de apoyo ya recibidas por
parte de entidades como la Mesa por la Libertad Lingüística de
Galicia, la Federación de Asociaciones Culturales de Aragón (FACAO),
la Plataforma contra el requisito del catalán en la Sanidad Balear,
la Fundación DENAES, Galicia Bilingüe, el Círculo Balear, Impulso
Ciudadano o Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Solo tiene palabras de agradecimiento y de reconocimiento para las
asociaciones cívicas en defensa de la libertad lingüística que
“durante tantos años hemos dejado solas defendiendo el problema de
todos“. Entidades que, nos recuerda, se han puesto en contacto con
la ANLL para darles la bienvenida y trasladarles su apoyo.
http://www.vozbcn.com/2010/01/12/9489/asociacion-nacional-libertad-linguistica/
http://www.vozbcn.com/2010/01/17/9530/yanez-levantamiento-fronteras-linguisticas/
El Gobierno balear reafirma la
discriminación lingüística en el caso de Olav Boned
La Consejería de Educación afirma que el alumnado debe respetar el
proyecto del centro
LVL 19 Enero 2010
Ibiza.- Ocho meses después de que los padres de Olav Boned, un niño
ibicenco de 11 años, solicitaran que su hijo se examinara en
castellano, el Gobierno balear les ha respondido que a pesar de la
dislexia del niño, deberá seguir examinándose únicamente en catalán.
La Consejería de Educación se ha apoyado en que “la ley no reconoce
su libertad de elección” y recuerda que el aprendizaje en catalán
“implica el uso oral y escrito de esta lengua”. Círculo Balear y la
Asociación Nacional por la Libertad Lingüística han emitido sendos
comunicados en los que han denunciado la decisión del Gobierno del
socialista Francesc Antich.
La Consejería de Educación, dirigida por Tomeu Llinàs, recuerda que
es el proyecto lingüístico del centro, decidido por el consejo
escolar, el que tiene la voz cantante. “Le informamos de que el
alumnado debe realizar las actividades escolares en la lengua
indicada por el profesorado de acuerdo con el proyecto lingüístico
del centro”.
Ante esta respuesta, el padre de Olav, Vicente Boned, ha manifestado
que le parece “una locura”. “Deja todo a expensas del grado de
catalanismo de cada profesor”, añade. Actualmente el niño estudia en
otro centro, por lo que, dada “la lentitud e ineficacia del
sistema”, la familia no recurrirá a instancias judiciales.
La asociación cívica Círculo Balear ha denunciado públicamente que
el Gobierno balear reafirma de esta forma la discriminación
lingüística que sufrió Olav Boned. “Ante la prohibición expresa que
la dirección del centro Cervantes de San Antonio de Portmany, en
Ibiza, impuso a Olav Boned al solicitar examinarse en español,
asesoramos jurídicamente a la familia Boned ante lo que sin duda
suponía una clara vulneración de los derechos lingüísticos
individuales”, manifiesta Jorge Campos, presidente del colectivo.
Campos afirma que se presentaron los oportunos escritos alegando
jurídicamente el derecho a la libre elección de lengua. Sin embargo
“la reacción de la ya dimitida consejera de Educación, Bárbara
Galmés, fue mentir abiertamente al negar dicha discriminación e
incluso negando en sede parlamentaria la enfermedad del niño”, añade
Campos.
“El colofón al cúmulo de falsedades, mentiras, y atropellos
lingüísticos que utilizó el Gobierno balear contra la familia Boned
y contra el Círculo Balear ha finalizado con la respuesta oficial de
la Consejería de Educación”, explica Jorge Campos. El presidente de
Círculo Balear añadió que en dicho documento la Consejería se
reafirma en la decisión inicial y prohíbe examinarse en español
basándose en cuatro decretos y una orden que desarrollan la Ley de
Normalización Lingüística. “Ésta impide no sólo poder escolarizar a
un niño en la lengua oficial del Estado, sino incluso examinarse en
ella”.
“Llama la atención que la respuesta del Gobierno balear esté fechada
el 9 de Julio, habiéndose denunciado los hechos en Abril, y no
entregándose esta respuesta hasta el pasado mes de diciembre al
señor Vicente Boned, padre del niño”, denuncia Campos.
“Desde Círculo Balear queremos denunciar que esta discriminación
sufrida por Olav Boned se repite con frecuencia en el resto de
colegios públicos y concertados de Baleares gracias a una normativa
lingüística que acaba, de hecho, con la libertad de elección de
lengua, imponiendo el catalán en todos los ámbitos”, manifiesta el
presidente de la asociación.
“Esta normativa permite que gobiernos en manos de partidos
nacionalistas adopten políticas lingüísticas claramente
discriminatorias, cuyo objetivo en el ámbito educativo ya no es la
calidad educativa ni la formación que puedan recibir los niños, sino
la imposición del catalán y el adoctrinamiento nacionalista”, añade
Jorge Campos.
La asociación afirma que la respuesta del Gobierno balear al ‘Caso
Olav’ no se sostiene jurídicamente. “El pasado mes de noviembre el
Tribunal Supremo dejó la puerta abierta a que se pudiera escoger la
lengua en la enseñanza. Además, el mismo Tribunal Supremo ya
dictaminó en diciembre del 2008 que la Generalitat de Cataluña debía
incluir en los sobres de matrícula una casilla para garantizar el
derecho de los padres catalanes a elegir la lengua en que sus hijos
recibirían la primera enseñanza, si catalán o español”, explica
Campos.
Círculo Balear denuncia que el actual consejero socialista de
Educación, Bartomeu Llinás, “defiende la actual discriminación
ocasionada por una política lingüística nacionalista que la mayoría
de los ciudadanos de Baleares no comparte”. “Es evidente que esta
actitud pasará factura electoral al PSIB-PSOE”, manifiesta Jorge
Campos.
La asociación defiende que la solución a este caso pasa por la
derogación de la citada normativa lingüística y su sustitución por
una ley “basada en la libertad y que tenga en cuenta la realidad
social de Baleares”.
“Desde Círculo Balear queremos destacar la importancia de las
continuas denuncias que los padres plantean para acabar con esta
imposición catalanista”, declara el presidente de la asociación,
quien hace un llamamiento a los padres y alumnos para que denuncien
sistemáticamente cualquier tipo de discriminación lingüística que
padezcan.
Por su parte, la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística
(ANLL) ha emitido un comunicado en el que consideran la decisión
como "la consecuencia de la irracional política lingüística adoptada
por los socialistas en las islas en contra del interés general de
los alumnos".
La ANLL ha querido recordar al Partido Socialista que "suya es la
responsabilidad de las leyes en vigor en Baleares y suya será la
responsabilidad del coste social que éstas, en materia lingüística,
tendrán para la sociedad balear".
"Consideramos el caso de Olav representativo de otros muchos alumnos
que sufren la educación monolingüe impuesta por el Gobierno balear y
que ataca directamente a la libertad lingüística y al progreso del
archipiélago", manifiesta Pablo Yáñez, presidente de la ANLL. El
colectivo insta al Partido Socialista a "depurar responsabilidades"
y a "abrir un debate real" con objeto de derogar la normativa
lingüística de Baleares.
Negación compulsiva
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 19 Enero 2010
La Comisión Europea ha publicado su análisis de medio plazo de las
cuentas públicas de los diferentes países. España tiene un déficit
de sostenibilidad del 11,8% del PIB, casi el doble de la media
europea (6,5% del PIB). Una cifra optimista que es la suma
prácticamente a partes iguales del ajuste estructural exigido por la
posición fiscal de partida, un déficit primario estimado en el 6,1%
del PIB en 2009 y que se ha quedado corto, y las consecuencias
presupuestarias del envejecimiento de la población en el gasto en
sanidad y sobre todo pensiones, otros seis puntos año. Es un dato
conocido y requiere acciones correctoras, no declaraciones de
principios. Los mercados, incluido el de la deuda española, se
mueven por hechos, lo que explica el crecimiento del diferencial.
Seguir insistiendo en que este gobierno vive obsesionado con buscar
una salida social a la crisis y repetir enfáticamente que no se
tocará el gasto social es una grave irresponsabilidad o una mentira
deliberada. Con pensiones e impuestos, como con coste del despido,
está el presidente repitiendo la misma estrategia de ocultación
deliberada que siguió con la crisis. Negar los problemas de la
Hacienda Pública solo los agrava. Lo social es crear empleo, no
distribuir subsidios de desempleo. Entre otras cosas porque solo el
aumento del empleo en todas sus dimensiones -número de trabajadores
ocupados, horas-año trabajadas, años de vida laboral- puede suavizar
la magnitud del ajuste fiscal necesario, o del engaño a las
generaciones futuras. Como concluye la Comisión, España se encuentra
en una posición de alto riesgo fiscal, y eso que no entra a analizar
el marco institucional. Como concluye Zapatero, los derechos no se
tocan. Va a tener razón, de tanto no hacer nada, se van a pudrir en
la vitrina y cuando el ciudadano quiera ejercerlos se va a encontrar
con que son solo derechos virtuales, un puro avatar.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Comunicado
Me sorprende que ETA sorprenda
Guillermo Dupuy Libertad Digital 19 Enero 2010
Aunque quiera empezar este artículo destacando las enormes
cualidades que ostenta Carlos Dávila como periodista y analista
político, –verdadero fichaje de lujo para cualquier medio de
comunicación–, no deja de sorprenderme el titular de portada de su
admirable periódico de este lunes que, a raíz del último comunicado
de ETA, dice que Sorprende la apuesta de ETA por la lucha política.
Hombre, si la organización terrorista nunca hubiera tenido
terminales políticas en España, y si aquí no hubieran sido
ilegalizados supuestos partidos políticos por su pertenencia a ella,
comprendo que ahora pudiera escamar a alguien lo que en realidad es
o debería ser una conocidísima y ya practicada apuesta de ETA por
una "lucha política" que ni hoy ni nunca ha excluido "la lucha
armada". Lo que sí sorprendería, por el contrario, es que ETA
renunciara a una vía que, como la política, le permite obtener
ingresos, información y correas de transmisión de sus delirantes
consignas.
Que ETA señale, como hace en su último comunicado, que "nuestra
fuerza, más que en resistir a la represión, radica en la lucha
política" no es nada nuevo. Los terroristas lo han dicho ya en
numerosas otras ocasiones y lo han demostrado con los hechos y con
siglas como las de Herri Batasuna, Batasuna, Socialista Abertzaleak,
PCTV, ANV y las que pretendan seguir colándonos en el futuro, con o
sin condescendencia de la Fiscalía. Lo novedoso e inédito sería que
ETA renunciara –no digamos ya condenara– incondicional y
definitivamente a la "lucha armada".
Reconozco –y pido perdón por ello a los lectores– que hasta ahora no
he podido leer en su integridad este último comunicado de los
terroristas, cuya versión integra sólo ha sido publicada en euskera.
Más del amplio extracto que publica en castellano el diario
proetarra Gara, no hay nada que nos deba ser desconocido.
Que los terroristas consideran la democracia española como un "marco
político-jurídico de opresión", ya lo sabíamos; como sabíamos
también que la "solución" a lo que ellos llaman la "superación del
conflicto político" pasa "por llevar a Euskal Herria (es decir País
Vasco, Navarra y el sur de Francia) al escenario de la
autodeterminación de una forma gradual, regulada y consensuada".
Tampoco nos debería escamar, pues es conocidísimo, que lo que ETA
llama el "proceso democrático" exige que "la intervención y la
violencia del Estado deben cesar". ¿Nos vamos ahora a sorprender de
que ETA denomine "injerencia y violencia del Estado" a lo que no es
otra cosa que el respeto a la Constitución y al imperio de la Ley"?
¿O es que todavía no estamos acostumbrados a su lenguaje que, dicho
sea en su descargo, los propios criminales clarifican?
La importancia que ETA concede a la vía política no es nueva, como
ella misma se encarga de recordar en este último comunicado
parafraseando al terrorista Argala, quien ya en diciembre de 1978
proclamaba que "ni ETA ni ningún partido, será el propio pueblo el
que dará la libertad a Euskal Herria". ETA ha demostrado de palabra
y de obra que se puede ayudar a ese supuesto sometido "pueblo vasco"
con el tiro en la nuca, que ellos, naturalmente, han llamado y
siguen llamando "lucha armada".
Naturalmente no digo que este comunicado no sea perfectamente
compatible –y más aun con Zapatero en el Gobierno–, con una nueva y
eventual declaración de tregua. Por el contrario, lo considero tan
compatible con ello como todos los comunicados que ETA ha hecho
anteriormente. Sólo quien no ha leído a ETA puede pensar que la
aspiración de esta organización criminal y política haya sido alguna
vez una especie de "victoria militar" que tuviera cautivo y
desarmado a las fuerzas del Estado español. ETA ha demostrado de
palabra y de obra que asesina con el mismo objetivo con el que ha
declarado sus treguas; esto es, una negociación política que
arranque del Estado sus exigencias totalitarias: un Estado
independiente que nunca ha existido para el que sacrifica vidas y
libertades individuales reales, pues para el terrorista, a fuer de
nacionalista y socialista, los derechos y las libertades las tienen
los intangibles e inventados pueblos, y no las personas.
No, no nos autoengañemos. Tanto ETA, como por cierto la declaración
de Altsasu de la "izquierda abertzale", dejan en evidencia que
siguen considerando como "inasumible" algo tan elemental como es la
condena de una acción terrorista. Sólo el día que lo hagan y pidan
perdón por ello, sólo entonces –insisto– tendremos derecho a
escamarnos y a preguntarnos si nos hacen trampas. Hasta entonces,
sólo nos las haremos nosotros.
Presos por ETA
Los presos carecen de significado en ETA. Suponen una rémora
estratégica. Lo peor que ETA puede imaginar en un eventual proceso
de rentabilización de la violencia sería verse abocada a hablar sólo
de presos con cualquier gobierno
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 19 Enero 2010
ETA se ha pronunciado. Otra vez. Ha recalcado lo que ya sabíamos. En
el mismo tono monocorde y doctrinario de hace cuarenta años ha
sentenciado que continuará matando, que el explosivo es su política.
El último pronunciamiento de ETA muy bien podría haber sido el
primero. Los mismos elementos de siempre presentes. En esta ocasión
querría haber combinado el comunicado fechado al final de 2009 con
una bomba a principios de 2010. La seguridad del Estado ha
frustrado, de momento, sus intenciones.
Que el propósito estratégico de ETA sea continuar asesinando no
tiene ningún significado. Al menos ninguno añadido al conocimiento
que ya tenemos sobre la banda terrorista. ETA pretende un final para
su violencia, pero un final rentable. Después de cuatro décadas
matando, ETA está intentando vendernos una realidad. Esa 'realidad'
no tiene por qué coincidir con la realidad, sin embargo. Es decir,
que tras la última arenga de ETA no existe más que el disco de
vinilo que alguien pone como música en el caserío aunque nadie se
haya reunido allí para bailar. Aunque pudiera parecer que, de nuevo,
la línea militar se ha impuesto a la política (utilizando el mismo
lenguaje de la banda terrorista), toda la escenificación tras la
reflexión en la izquierda abertzale etarra es, por así decirlo, una
cortina de humo. ETA continúa marcando los tiempos. Y no es porque
ahora haya vuelto a decantarse, aparentemente, por la violencia tras
el proceso de 'reflexión'. Ha habido debate, ha habido comunicado.
Entenderlo todo implica, no obstante, no fijarse ni en el debate ni
en el comunicado, pues ambos son instrumentos de ingeniería de la
realidad al servicio de una estrategia. La estrategia es
rentabilizar la violencia.
Entender a ETA ahora significa dejar de fijarse en ella para
concentrarse en el contexto. ETA se comporta, o hace parecer que se
comporta, como si el contexto no hubiera cambiado en cuatro décadas.
Continúa con los comunicados de siempre y los procesos de siempre.
Es decir, ninguno de los procesos y los comunicados que ETA nos
quiere hacer son realmente los elementos que nos sirven para conocer
lo que realmente está ocurriendo.
Lo que realmente está ocurriendo es que ETA continúa intentando
reinfiltrarse en las instituciones. De esta manera, podemos concluir
con elevado grado de certidumbre que lo más beneficioso para ETA
durante estas últimas décadas ha sido su presencia política en las
instituciones de Euskadi. Por tanto, uno de los éxitos más
importantes de la ciudadanía de cara al debilitamiento de ETA ha
sido quebrar, aunque todavía no erradicar completamente, el parásito
etarra en el Parlamento autonómico y las corporaciones locales. En
la misma lógica, ETA continúa actualmente beneficiándose de otro
tipo de presencias, varias en ayuntamientos por siglas interpuestas,
y muchas y numerosas en colectivos sociales, universitarios,
sindicales, culturales, económicos y de comunicación que la
estrategia antiterrorista del Estado todavía no ha desmantelado.
El contexto de ETA nos dice que su fisonomía está mermando. Una
parte sustancial de las raíces que alimentaban el árbol etarra con
savia de las instituciones han sido desenterradas y están siendo
sulfatadas. Otra parte significativa de las ramas, en forma de
fuentes de financiación y grupos de asesinos, están siendo podadas.
Ésa es la realidad sobre la que se desarrolla el comportamiento de
ETA, no la que describen sus comunicados. Así las cosas, ETA puede
continuar decantándose con rotundidad por intensificar el terrorismo
cuando en realidad sus maniobras van a favor de reposicionar a
Batasuna y de recuperar raíces sobre el territorio. ETA pretende
saber que cuando llegue el momento de rentabilizar la violencia, no
lo hará a través de los presos, sino a través de Otegi, Usabiaga o
de sus sustitutos. Nosotros también lo sabemos, o deberíamos
saberlo.
Estos procesos etarras de recolocado interno de piezas y de
proyección de cortinas de humo hacia el exterior siempre suelen
coincidir con la agitación del denominado 'colectivo de presos'. En
esta última escenificación de la propaganda etarra, se ha expulsado
a presos, otros se han manifestado en contra del terrorismo y la
mayoría se han sometido a una nueva pantomima, orquestada para
aparentar que son un colectivo y que pueden ejercer medidas de
presión. No existe tal colectivo de presos, al menos en la balanza
de los significados que pesarán en el futuro.
Cierto es que los presos etarras son un grupo y en ese sentido un
colectivo, pero como tal carecen de significado en ETA. Es más,
suponen una rémora estratégica para ETA, algo así como un daño
colateral necesario pero molesto. Lo peor que ETA puede imaginar en
un eventual proceso de rentabilización de la violencia sería verse
abocada a la negociación técnica, es decir, a concentrarse sólo en
hablar de presos con cualquier gobierno. Es el peor escenario en la
peor de las pesadillas de ETA. Incluso es peor que saberse
derrotada, esto es, desarticulada por el Estado de Derecho. Llama la
atención cómo es posible que la mayoría de los presidiarios etarras
no sean conscientes de ese valor marginal, incluso excremental, que
tienen para la banda terrorista. Las vías de la reinserción
individual deberían ser una opción para cualquier preso que se
detuviera un instante a pensar que la ETA de la arrogancia y la
rentabilidad jamás se situará en la posición de ponerse a negociar
sobre ellos. En tanto llega la inevitable desarticulación etarra,
quienes en algún momento asesinaron por una causa y buscan entre las
paredes enrejadas una pista sobre el futuro, continúan siendo
manipulados en el presente como lo fueron en ese pasado en donde
arrancaban la vida a otro ser humano.
POLÍTICA LINGÜÍSTICA | Libertad de elección
Baleares impide a un disléxico examinarse
en castellano
* Dice que sólo tienen libertad de elegir profesores y alumnos de la
universidad
* El padre de Olav, Vicente, no da crédito a la decisión del
Ejecutivo balear
Manuel Aguilera | Palma El Mundo 19 Enero 2010
La historia de la reivindicación del niño ibicenco Olav Boned ha
acabado sin sorpresas. El Govern ha contestado por carta a sus
padres ocho meses después que, a pesar de su dislexia, debe seguir
examinándose sólo en catalán. La Conselleria de Educación dice que
la ley no reconoce su libertad de elección y recuerda que el
aprendizaje en lengua catalana "implica el uso oral y escrito de
esta lengua".
Olav, de sólo 11 años, se hizo famoso el 20 de abril de 2009 cuando
EL MUNDO publicó que reivindicaba su derecho a examinarse en
español. Después de decenas de declaraciones políticas, dudas
socialistas sobre su dislexia, reuniones e incluso manifestaciones
multitudinarias, el ejecutivo PSOE-nacionalista ha querido archivar
el asunto recopilando en una carta los fundamentos jurídicos de su
postura. "La Ley 3/1986 [de Normalización Lingüística] sólo reconoce
a los profesores y alumnos de los centros de enseñanza superior el
derecho a emplear oralmente y por escrito la lengua oficial de su
preferencia", dice.
La Conselleria de Educación, dirigida por el socialista Tomeu
Llinàs, recuerda que el proyecto lingüístico del centro que marcan
los profesores en el Consell Escolar es el que manda: "La elección
de los libros de texto y el resto de materiales curriculares
corresponde al centro docente, no a los alumnos ni padres de los
alumnos".
El padre de Olav, Vicente, no da crédito: "Esta respuesta me parece
una locura. Deja todo a expensas del grado de catalanismo de cada
profesor". Por suerte, su hijo ya se ha cambiado de colegio y en el
nuevo centro hay una dirección más permisiva que la que había en el
CP Cervantes.
Más información en EL MUNDO / El Día de Baleares
La RAG toma partido y se alinea con el
nacionalismo a favor de la inmersión
Vázquez dice apoyar el decreto
La Xunta agradece el informe de la Academia
JOSE LUIS JIMÉNEZ | SANTIAGO ABC 19 Enero 2010
La politización de la cuestión lingüística en Galicia llevó ayer a
una institución tradicionalmente neutra como la Real Academia Galega
a posicionarse en contra de la nueva normativa que la Xunta presentó
el pasado 30 de diciembre. Pero más allá de un rechazo previsible
-por las declaraciones de las últimas semanas de destacados miembros
de la RAG-, el dictamen presentado por el órgano que preside
interinamente Manuel González abraza el argumento discursivo del
nacionalismo, dibujando una perspectiva victimista del gallego y
recetando la inmersión educativa en la lengua propia de la Comunidad
como la única vía para la conservación de la misma.
González -presidente en funciones tras concluir el mandato de Xosé
Ramón Barreiro y a la espera de unas nuevas elecciones- tachó de
«inaceptable» y de «inconsistente legalmente» el borrador del
decreto del gallego en la enseñanza no universitaria y reclamó a la
Xunta que «rectifique» su postura y apueste por el «consenso» y un
acuerdo social «integrador», para la aprobación de un texto de estas
características, instando a presentar un documento «comprometido de
verdad» con el gallego.
Acompañado por un destacado número de académicos, Manuel González
destacó que el informe sobre el borrador presentado por el Ejecutivo
gallego «expresa el sentir de la totalidad de la Academia», ya que
fue aprobado por «unanimidad» en el plenario que esta institución
celebró el pasado sábado. «Rezuma poco afecto por la lengua
gallega», apostilló.
Asimismo, pidió al Ejecutivo autonómico que «modifique
sustancialmente» el contenido de las bases y presente otro documento
«aceptable para la sociedad gallega y comprometiéndose de verdad con
nuestra lengua», añadió el presidente en funciones de la RAG, quien
se mostró convencido de que «la concordia es posible y necesaria».
Precisamente, hoy la Xunta recibe a la Real Academia en el ciclo de
contactos emprendidos por Educación para consensuar el nuevo decreto
lingüístico.
Decreto ilegal
Ya en el primer párrafo de su dictamen, la RAG estima que el texto
analizado «podría producir un retroceso en el proceso de
normalización de la lengua gallega», «infringe la legislación
vigente» y se asienta «sobre promesas electorales de dudosa
legalidad», despreciando el respaldo obtenido por éstas en las
urnas.
Acto seguido, enarbola la bandera de la discriminación positiva del
gallego para «corregir una situación histórica de desigualdad»
respecto del castellano, una «marginación» que a su juicio «no es
preciso documentar». «Hay una lengua propia que tiene que luchar día
a día para no perder su terreno y hay otra que goza de inmensas
regalías y todo le viene a la mano», añaden reproduciendo el
victimismo nacionalista.
Por ello, afirma la RAG que «la inmersión es un método didáctico de
aprendizaje de lenguas (...) más rápido, más eficaz y de más
garantía, avalado por el Consejo de Europa», negando que se trate
«de un proceso de limpieza étnica». «Parece aludirse a la inmersión
lingüística como algo pernicioso y pueda que de ahí naciera el
fantasma de la imposición lingüística», opinan los académicos, que
además se permiten el lujo de «recomendar suprimir» del borrador del
decreto «esa alusión altivamente negativa a la inmersión
lingüística» y «recomienda asumir que este método didáctico puede
ser efizar».
En un inédito terreno jurídico-político, la Real Academia erige a la
lengua como la «justificante de la autonomía» y el germen de «la
conciencia de que la Xunta de Galicia se sustenta en este hecho
diferencial». «Los gallegos esperan que su gobierno sea el primero e
inequívoco defensor de la lengua gallega».
Contra la consulta
Una de las novedades del nuevo decreto es la introducción de un
espacio de decisión a los padres a la hora de dictaminar la lengua
en que se enseña a sus hijos. La RAG, al igual que la oposición
política en el Parlamento de Galicia, también lo desdeña. Es más, da
la vuelta a varias sentencias del Tribunal Constitucional y del
Supremo contrarias a establecer el derecho de los padres a elegir
lengua para convertirlas en legitimadoras de que «el centro de
gravedad de la enseñanza esté en la lengua cooficial para corregir
desequilibrios históricos».
Partiendo de este punto, critican las consultas a los padres para
dictaminar la lengua preferente en la Educación Infantil, y
defienden los mapas sociolingüísticos que recogía el anterior
decreto del bipartito. «Marcar a los niños de Infantil y Primaria
por lenguas resultaría antieducativo: en todas las aulas habría un
grupito de perdedores que se sentirían humillados (sic) y nos
estaríamos alejando todavía más de la convivencia lingüística»,
defienden sin rubor.
Sospechan además que en Infantil puede producirse una «segregación
light» del alumnado, en contra de lo estipulado por la Ley de
Normalización, y que la introducción de una única lengua marginará
al gallego en los entornos urbanos.
El trilingüísmo también recibe las críticas de la RAG. La
institución se opone a que «tengamos que sacrigicar nuestra lengua
local para ser universal» y adquirir el conocimiento del inglés o el
francés. «Ni se precisa poner la lengua extranjera al nive de una
lengua oficial, ni reducir la presencia del gallego a un 33%, ni
menos todavía hacer circular la idea de que hay que dejar el gallego
para aprender idiomas importantes», sentencian.
El PP iniciará una campaña de información
para acercar el decreto de la Xunta a la ciudadanía
M.M. ABC SANTIAGO 19 Enero 2010
El PPdeG iniciará esta misma semana, «o la próxima a más tardar»,
una campaña informativa en la que explicará a todos los agentes
implicados en el proceso educativo los contenidos y objetivos del
decreto de regulación del uso del gallego en las aulas. Así lo
anunció ayer el secretario general de los populares gallegos,
Alfonso Rueda, tras la reunión del comité de dirección, al que
asistió el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, para analizar
las bases y ejes fundamentales del decreto y dar forma a la
inminente campaña informativa.
Rueda explicó que en esta acción publicitaria participarán todos los
órganos del PPdeG y las juntas locales, ya que aparte de los medios
de comunicación utilizarán el «cara a cara» para llegar «a cuanta
más gente mejor», informa Efe. Por eso, esta campaña informativa
«durará el tiempo que haga falta», subrayó el secretario general de
los populares gallegos.
Alfonso Rueda aseguró que esta campaña ya estaba prevista antes de
constatar el alto grado de oposición que ha suscitado el texto del
decreto del plurilingüismo desde que lo anunciara el presidente
autonómico. «Se iba a hacer en todo caso», manifestó Rueda, aunque
«ahora se intensifica» la transmisión de las intenciones de la Xunta
en política lingüística, para contrarrestar «manifestaciones y
declaraciones más o menos interesadas».
Sobre la manifestación y la huelga convocadas para este jueves por
el colectivo Queremos Galego, Rueda dijo que «es la tercera con
carácter preventivo», y aunque afirmó que desde el PPdeG «respetamos
todas las manifestaciones pacíficas» y que partan desde «la buena
fe», subrayó que «no compartimos su postulado de: gallego sí o sí».
También se refirió al dictamen de la Real Academia Galega (RAG), a
la que agradeció que haya expresado su opinión respecto al decreto y
además haya hecho propuestas, algo que «es de valorar», dijo.
Rueda apreció una coincidencia de intereses entre la Xunta y la RAG
en cuanto a la promoción y defensa de la lengua gallega, «pero no
podemos estar de acuerdo», matizó, «con una propuesta de inmersión
lingüística en el gallego».
En cuanto a la acusación de la RAG de que la consulta a los padres
para que elijan en qué lengua prefieren que sus hijos reciban las
diferentes materias podría ser inconstitucional, afirmó: «entendemos
que se actúa dentro del marco constitucional. De lo contrario, no
defenderíamos» este planteamiento.
«Estamos convencidos», recalcó Alfonso Rueda, de que «los padres no
se oponen a que sus hijos aprendan una tercera lengua», así como de
que «todos están a favor de que se pueda elegir en qué lengua se
sienten más cómodos».
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