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Dos objetivos irrenunciables del pacto
educativo
EDITORIAL El Mundo 21 Enero 2010
RAJOY ha presentado un documento sobre la reforma de la educación
con propuestas bastante concretas, provocando la protesta del PSOE
que acusa al PP de salirse de la mesa de negociación. No hay para
tanto. El ministro de Educación restó trascendencia a la polémica y
expresó su confianza en la consecución de un pacto en materia
educativa que exige la sociedad española casi por unanimidad: más
del 90% de los ciudadanos según los sondeos. Hasta el momento, y
seguramente movidos por este estado de opinión, Gobierno y PP han
reiterado su voluntad inequívoca para acordar las bases de una
reforma educativa en profundidad. Aunque la perspectiva no es tan
optimista si nos detenemos en el análisis de los contenidos
concretos -algunos imprescindibles- que debe tener el acuerdo.
Sin ánimo de agotar todas las necesidades de la educación -que son
muchas- el pacto podría resumirse en dos objetivos que deben ser
irrenunciables para el PP: la mejora de la calidad de la enseñanza y
la garantía de igualdad de derechos para todos los españoles.
Empezando por esto último, el PP propone garantizar la enseñanza
«del español y en español» en todas las comunidades, derecho que
como se sabe no se respeta ni en Cataluña, ni en Baleares. El PP no
puede renunciar de ningún modo a garantizar, con todas las
consecuencias, el derecho de los padres de escolarizar a sus hijos
en su lengua materna. Dado que la política lingüística es la piedra
de bóveda del pacto de los socialistas catalanes y baleares con sus
socios independentistas, es imprescindible que el PSOE se comprometa
a que en Cataluña y Baleares exista la posibilidad de elegir la
lengua vehicular. Si no lo hace, el hipotético acuerdo será papel
mojado. Lo mismo cabe decir de la reforma de los currículos, para
que los contenidos de asignaturas como la Historia sean comunes -al
menos en su mayor parte- para todas las autonomías.
La otra gran cuestión que debe abordar el pacto educativo es la
mejora de la calidad de la enseñanza y la recuperación de la
autoridad del profesor y de valores como la disciplina y el esfuerzo
en las aulas. En este sentido, el PP propone ampliar a tres los años
de bachillerato -ahora son dos- y disminuir la secundaria en un
curso. El objetivo de esta reforma sería permitir que los alumnos de
15 años que no quieran o no puedan continuar sus estudios hasta la
enseñanza superior puedan optar por la formación profesional, aunque
con posibilidades de incorporarse posteriormente al bachillerato y
la universidad. El PSOE ha puesto el grito en el cielo sobre esta
posibilidad, argumentando que es discriminatoria y contraria a la
igualdad. Sin embargo, el actual modelo educativo ha demostrado que
la presencia forzada en las aulas de alumnos que no quieren seguir
estudiando dificulta el trabajo de los que sí quieren hacerlo y baja
el nivel de la enseñanza. De una o otra forma, este asunto ha de
contemplarse en el futuro acuerdo, con la garantía, eso sí, de una
reforma en profundidad de la formación profesional para que no siga
siendo la hermana pobre del sistema. La imposibilidad de pasar de
curso con más de dos suspensos nos parece asimismo una reforma
necesaria para primar el esfuerzo. Por lo que se refiere a Educación
para la Ciudadanía, nos parece correcto que el PP no convierta la
asignatura en casus belli, siempre que exista disposición a pactar
su contenido.
El pacto de Estado sobre educación tiene que contemplar todo esto si
de verdad se quieren atajar los males del fracaso escolar. No puede
ser un acuerdo de generalidades, porque la frustración será aún
mayor. El PP no puede permitirse otro fiasco como el Pacto por la
Justicia que firmó de forma atolondrada cuando gozaba de mayoría
absoluta, con el resultado de todos conocido.
Réplica a Girauta
La imposición bilingüe
Albert Esplugas Boter Libertad Digital 21 Enero 2010
El nuevo decreto lingüístico de Núñez Feijóo impone la paridad del
castellano y el gallego en las aulas. No contenta a los defensores
de la inmersión lingüística en gallego, ni a los partidarios de la
libertad de elección entre ambas lenguas. Algunas voces han salido,
no obstante, en su defensa, de entre las que destacan dos furibundos
críticos de la inmersión lingüística en Cataluña: Pepe García
Domínguez y Juan Carlos Girauta.
Girauta felicita a Feijóo por intentar un nuevo enfoque y alterar
los parámetros del debate, ofreciendo al PP la oportunidad de
cambiar la estrategia en Cataluña. El nacionalismo catalán utiliza
la inmersión lingüística en las aulas como instrumento de
homogeneización. En teoría se puede poner fin a la discriminación
por dos vías: la de la elección de lengua, o la imposición bilingüe.
La segunda, en el contexto de Cataluña, tiene la ventaja de atender
una inquietud de muchos catalanes: que un porcentaje de
castellano-hablantes y, sobre todo, un creciente número de gente
venida de fuera, elija la escuela sólo en castellano y aumente el
número de monolingües. Siendo el catalán más difícil de aprender en
la calle (porque tiene menos presencia en la mayoría de ámbitos
sociales), el número de interacciones en castellano se multiplicaría
hasta desplazar el catalán. Una educación bilingüe ahuyentaría el
fantasma de la progresiva extinción del catalán.
Los críticos con el decreto de Feijóo apelan al derecho a elegir la
lengua. Es una cuestión de libertad, de que los padres puedan elegir
escolarizar a sus hijos en su lengua materna con independencia de
cual sea ésta. Pero, como advierte Girauta, esa libertad no existe
en el resto de España, donde la educación es obligatoriamente en
castellano. ¿Por qué debería ser distinto en Cataluña? La lógica es
la siguiente: lo que para España es el castellano, para Cataluña es
el castellano y el catalán. En España nadie venido de fuera del
territorio puede educar a sus hijos en otra lengua materna que no
sea el castellano. No hay libertad para elegir el inglés, el chino o
el árabe. El caso de Cataluña es más singular, porque tiene dos
lenguas propias (ahí es donde el nacionalismo catalán disiente,
afirmando que la única lengua realmente propia es el catalán, pese a
que hablan castellano la mitad de los catalanes). Dada esta
particularidad, y aplicando el principio que rige en el resto de
España, es coherente que en Cataluña se imponga una educación
bilingüe. Si en España el idioma propio es de obligado conocimiento,
¿por qué en Cataluña no tendrían que ser de obligado conocimiento
los dos idiomas propios?
Muchos de quienes critican que en Cataluña se imponga el catalán a
los que vienen de otras partes de España no tienen ningún problema
en imponer el castellano a los que vienen de fuera de España.
Protestarán diciendo que los españoles que se desplazan a Cataluña
no son inmigrantes, pues Cataluña es parte del mismo Estado. Pero
esta réplica evade la pregunta de por qué los inmigrantes llegados a
España tienen que adaptarse. ¿Es porque se trata de "otro Estado"?
¿O es porque la nación o comunidad cultural a la que inmigran tiene
una lengua distinta y deben integrarse? Si es la primera, están
dando un motivo importante a los independentistas para reclamar un
Estado propio. Si es la segunda, nótese que no viene condicionada
por las fronteras políticas.
Parapetar el derecho a elegir detrás de la oficialidad de las
lenguas hace patente, como bien explica Carlos López, la imposición
de que son objeto. La libertad de elegir entre opciones está
coartada desde el momento en que la oficialidad limita las opciones.
El posicionamiento de Girauta es, por tanto, coherente con la
fórmula practicada en el resto de España. Pero no es liberal.
Imponer una educación bilingüe atenta contra los derechos
individuales de las personas, que son los que cuentan aunque la
Constitución no lo diga. Las consecuencias agregadas de la elección
de lengua (como el futuro del catalán o el uso de la lengua con
fines nacionalistas) son secundarias. ¿Contra quién atenta el padre
que quiere escolarizar a sus hijos solo en castellano (o en inglés o
en chino) porque ya habla catalán con la familia y consideran que
tiene que reforzar mucho más el otro idioma? ¿A quién agrede el
padre que quiere que su hijo se eduque sólo en catalán porque cree
que el castellano ya se aprende fuera de las aulas? La libertad de
uno acaba donde empieza la de los demás, y la elección de lengua de
los padres no interfiere en la de nadie.
La cultura es también un mercado, y es mejor que opere sin
imposiciones ni distorsiones artificiales. La coacción como medio
para integrar o educar a la gente repulsa a los que pensamos que el
uso de la fuerza sólo es legítima en defensa propia. La presión
asimiladora del mercado laboral y la industria mediática, el
activismo cultural, las fundaciones y organizaciones privadas y,
sobre todo, la actitud comprometida de los propios hablantes, son
métodos de inmersión y promoción lingüística proporcionales a la
causa.
El argumento de Girauta, con todo, se dispara en el pie, al conceder
la premisa nacionalista de que los padres no tienen derecho a elegir
y la imposición es necesaria para garantizar el conocimiento de las
dos lenguas. En este marco, el nacionalismo catalán sólo tiene que
introducir una variación razonable para defender la inmersión
lingüística: si de garantizar el conocimiento de las dos lenguas se
trata, el catalán necesita más atención que el castellano, que se
aprende en la calle, en el patio, en el trabajo o en los medios. El
conocimiento equilibrado de las dos lenguas, dado el desequilibrio
social del que parten, exige practicar la discriminación positiva a
favor del catalán. Y volvemos a estar donde antes.
Réplica al cuadrado
Nota del Editor
No se quieren enterar de que las lenguas regionales, por muy
cooficiales que puedan ser, no son iguales a
la lengua española, de la que existe
deber de conocer, y por tanto por muchas vueltas que quieran darle a
la píldora de la inyección obligatoria de las lenguas regionales, es
claramente
anticonstitucional. Si están preocupados por la conservación de las
lenguas regionales, o las guardan en una cajita o aumentan su índice
de natalidad personal y se la inyectan a sus vástagos, es su
irresponsabilidad.
El PSOE ante la Transición: la debilidad
hace la fuerza
Pío Moa Libertad Digital 21 Enero 2010
****Como hemos visto en el caso de Galicia Bilingüe, de Hazte oír y
otros casos, veremos en el de Peones Negros etc., y podría ser en
casi todos, un grupo muy pequeño de gente sin apenas medios puede
iniciar una asociación con gran influencia sobre la opinión pública.
Basta que exista un objetivo concreto y no una intención dispersa,
decisión, imaginación y ánimo. Incluso una sola persona puede hacer
mucho en su ámbito inmediato, con poco esfuerzo y más en la época de
Internet. Y habiendo muchas personas que se pusieran a ello, el
efecto sería muy grande. Aunque siempre habrá quienes prefieran
gimotear cómodamente sin mover un dedo y usar la imaginación para
buscar excusas y no hacer nada. El problema es que estos últimos son
muchos más que los otros, y por eso las cosas van como van. El mayor
problema no es lo que hacen los progres, sociatas, separatistas, el
PPOE y el gobierno, sino lo que NO HACEN los que quieren una España
unida y democrática. De hecho, nada facilita más la labor de
aquellos que la pasividad gimoteante de estos.
No estaría mal una asociación para divulgar masiva y sostenidamente
las fechorías cometidas por el Frente Popular con el patrimonio
histórico-artístico español, empezando por las del Museo del Prado.
Por ejemplo.
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En La democracia ahogada:
EL PSOE ANTE LA TRANSICIÓN
Desde el accidentado congreso de 1970 en Toulouse, los socialistas
venían reorganizándose en el interior de España con permiso evidente
del régimen, pese a permanecer oficialmente en la ilegalidad. Aun
así, progresaban muy despacio, y en 1975, año de la muerte de
Franco, seguían formando grupos insignificantes, siendo los
principales el de Tierno Galván, el de Llopis, y el de González y
Guerra, que se había hecho con el reconocimiento internacional y los
fondos correspondientes.
¿Qué llevó entonces a este partido sin historial de lucha
antifranquista, con escasas centenas de afiliados muy poco
militantes, plagado de rivalidades y confidentes, a protagonizar en
buena medida la transición y la democracia -- no siempre, ni mucho
menos a favor de la democracia--? Precisamente eso. Se lo planteaban
José Luis Gutiérrez y Amando de Miguel en su clásico ensayo La
ambición del César: “¿Qué situaciones históricas y personales han
tenido que concatenarse para que un puñado de sevillanos avispados,
desconectados de los profundos movimientos de la oposición
democrática al franquismo, se llevaran el santo y la limosna de la
transición democrática española tras ver reducido a cenizas al que
fuera poderosísimo partido, el Comunista?”. Los autores aluden a
“maquiavélicas astucias, ausencia de escrúpulos ideológicos o de
cualquier otro tipo, maniobras audaces, mezclas armónicas de
prudencia y osadía a veces suicida, mucha suerte e incesante
búsqueda de un bien obsesivo y supremo: el poder”. Esas fueron
condiciones necesarias, pero no suficientes. Personas de ese
carácter no escasean en ningún partido, y en la mayoría de los casos
se quedan en la cuneta.
A mi juicio, y como indicaba en el artículo anterior, el PSOE se
convirtió en el eje de la izquierda gracias, precisamente, a su
debilidad. Esa debilidad preocupaba a fuerzas decisivas, dentro y
fuera de España, temerosas del PCE e interesadas en un partido de
izquierda manejable. Su temor se había acrecentado con la
experiencia del golpe militar portugués de abril de 1974, conocido
por “revolución de los claveles. El golpe había creado una situación
caótica y radicalizada, en la que el Partido Comunista de Alvaro
Cunhal hacía su agosto y dominaba parte de las fuerzas armadas;
situación que costaría grandes esfuerzos reencauzar. Deriva
semejante en España sería harto más peligrosa para Europa, y casi
nadie quería correr el albur. Carrillo exhibía actitudes más
moderadas que Cunhal, pero pocos confiaban en su eurocomunismo, dada
la tradición comunista y su vieja táctica de balar para ocultar los
colmillos. Pero este era el partido que sí había luchado contra la
dictadura de Franco, había dirigido manifestaciones, huelgas y
protestas, disponía de miles de militantes disciplinados y de una
probada organización clandestina capaz de multiplicar su efectividad
si se la legalizaba. Por lo tanto, se imponía instrumentar contra él
un gran partido de izquierda de tipo socialista, y en ese objetivo
coincidían los sectores evolucionistas del régimen -- que
facilitaban la reorganización del PSOE--, los partidos, sindicatos y
gobiernos socialdemócratas europeos, e importantes sectores
políticos en Usa e Hispanoamérica.
La preocupación se extendió hasta la extrema derecha alemana, según
expone Carrillo en sus Memorias. Cuando el caso Flick --proceso por
ayudas ilegales a partidos, entre ellos el PSOE, que quedaría
investigado sólo a medias-- se formó una comisión parlamentaria y
Carrillo hizo la siguiente pregunta a Von Brauchitsch, representante
de Flick: “Tengo entendido que el señor Flick fue condenado por el
Tribunal de Nuremberg como criminal de guerra nazi. Y creo que usted
es hijo del general que fue jefe del Estado Mayor de Hitler. Me
supongo que ideológicamente no existe afinidad alguna entre ustedes
y el PSOE. Entonces, ¿cómo se explica que ustedes financiasen al
PSOE?”. El señor Von Brauchitsch no vaciló en la respuesta:
“Tratábamos de cerrar el paso al comunismo. Y el partido mejor
situado para hacerlo era el PSOE”.
La respuesta retrata perfectamente la realidad, tal como las
recientes declaraciones del ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo:
“Creíamos que el PCE podía arrasar en votos (…) Tal era nuestra
impresión que ayudamos con dinero para sus campañas al PSOE de
Felipe. Nos dijimos: “vamos a dar dinero a éstos que están muy
débiles, para que no se los coma el PCE”. Lo mismo pensaban muchos
jefes de gobierno u oposición europeos o los servicios secretos de
varios países. Frenar al PCE exigía poner en pie una competencia
también izquierdista, también “obrera” e incluso más radical de
palabra. El PSOE recibió entonces consejos, expertos, campañas de
promoción pública y abundante dinero. Esos medios permitieron al
grupo de González ganar voluntades, extender el partido, inventarse
una imagen (“cien años de honradez”) y expulsar sin inhibición
alguna a los elementos molestos.
Aunque nadie tenía interés en sacar a la luz aquellos flujos
económicos, ilegales o ilegítimos, todo el mundo los sospechaba, y
por lo demás casi todos los partidos en gestación buscaban dinero
sin reparar demasiado en su origen. La financiación del PSOE durante
aquel período (y no solo durante él) sigue siendo un capítulo
oscuro. De vez en cuando se aclara algo, por lo común gracias a
disputas internas, como la del final de la guerra civil entre Negrín
y Prieto por el tesoro del Vita; o a través de socialistas
decepcionados, como Antón Saavedra, ex secretario general de la
federación Estatal de Mineros de la UGT, en su libro Secuestro del
socialismo. Saavedra, fantasioso en sus análisis generales, mejora
cuando refiere detalles de la vida del partido, que él conoció
íntimamente en aquella época.
Vale la pena repetir, por lo significativa, unas frases suyas ya
citadas aquí: “La justificación de los dineros que fluían a raudales
desde Alemania se basaba, según el portavoz del SPD alemán, Bruno
Fruedelrich, en declaraciones a los medios de comunicación, en
febrero de 1976, en que "Son muchos los socialistas españoles que
han sido apresados o encarcelados, y hay que pagar a los abogados o
mantener a familias que se han visto privadas de su cabeza. Cuando
el PSOE sea legal en España, se podrá convertir en un partido
económicamente independiente". Comenzaba una masiva falsificación
histórica: “Ni que decir tiene que en los últimos años del
franquismo no fue procesado un solo dirigente socialista en España.
No existía represión generalizada contra los socialistas españoles,
y si la hubo fue muy puntual y episódica, nunca de la manera
sistemática y continuada como la que recibieron algunos comunistas.
Por consiguiente no había familias a las que ayudar. Pero el dinero
existía y no sólo de dinero alemán vive el PSOE. Dinero mexicano,
venezolano, judío, sueco, austríaco y (no podía faltar) de la CIA
norteamericana a través de sus brazos sindicales de la AFL-CIO...
Pero la consigna era sólo para las familias de los detenidos”.
Así, el PSOE contó con apoyos económicos y mediáticos desusados, que
ningún partido de su tamaño habría podido allegar por si solo. Nunca
fue un partido tan mimado desde la derecha y la izquierda: ¡hasta
sus propios rivales le daban dinero!
El temor al PCE hacía pensar a muchos en otra solución: legalizar al
PSOE manteniendo a los comunistas fuera de la ley, al menos por un
buen período. Había el precedente de Alemania occidental, y esa era
la idea de Fraga, entre otros. El propio González dio a entender que
la idea no le parecía del todo mal, que no ligaba su destino al del
PCE, los cual encajaba en una tradición socialista, pues durante la
dictadura de Primo de Rivera la UGT había colaborado con el
dictador, beneficiándose de las ventajas legales, a fin de de
desbancar a sus perseguidos rivales de la CNT.
Otra ventaja de partida del PSOE era la densa ignorancia de la
mayoría del público, periodistas y políticos, sobre la historia del
PSOE, así como de la república, los separatismos y la guerra. Una
argucia con que se justifica la llamada “memoria histórica” es el
supuesto adoctrinamiento franquista, pero al menos en los últimos
quince años de aquel régimen, se hablaba muy poco de la guerra y la
república, y no se estudiaban prácticamente en los institutos ni en
la universidad (ese vacío fue ocupándolo, ya durante el franquismo,
la versión marxista del pasado, a partir de Tuñón de Lara). Y el
régimen había orientado su artillería ideológica contra el
comunismo, dejando aparte a un PSOE que, también es cierto, no le
daba problema alguno.
Sin embargo no había sido el PCE, sino precisamente el PSOE el que,
durante la república, había perseguido con mayor violencia su
dictadura “proletaria” y la guerra civil, a las que solo Besteiro se
había opuesto. Entre 1933 y 1937 los socialistas llevaron la voz
cantante en el proceso revolucionario, organizando la insurrección
de 1934, creando el Frente Popular y destruyendo la legalidad
republicana después de febrero de 1936, incluido el mismo asesinato
de Calvo Sotelo. Solo desde mayo de 1937, ya con la guerra avanzada,
había ganado el PCE la hegemonía en las izquierdas. El PSOE solo
había tenido dos épocas de moderación o pasividad a lo largo de su
historia: las dictaduras de Primo y de Franco. En cambio había
contribuido a demoler el régimen liberal de la Restauración y luego
la república. Asombrosamente, la propia derecha había olvidado casi
todos estos hechos y ayudaba a la creación de mitos favorables a los
nuevos jefes socialistas. Fueron posibles, así, consignas tan
asombrosas como la de los “Cien años de honradez”, que dio al PSOE
autoridad moral indiscutida durante largos años. La ignorancia del
pasado tuvo en la transición un peso mucho mayor del comúnmente
reconocido, y de ahí una serie de equívocos y errores políticos. Con
tales ventajas emprendió o reemprendió el PSOE su carrera a la
muerte de Franco
****Dicen algunos muy sagaces que el PSOE fue un montaje de los
servicios secretos. Pues ya saben la receta: para montar un gran
partido de influencia nacional, hay que conseguir el patrocinio de
los servicios secretos. Idem la ETA: ¿quieren ustedes montar una
organización terrorista que esté golpeando durante 50 años e influya
fuertemente en la política de la nación? Diríjanse a los servicios
secretos. Otra cosa, claro, es que los servicios aquellos conociesen
el asunto y tuvieran muchos confidentes en el PSOE, como creemos las
personas de sagacidad limitada.
****Rajoy propone cambiar EpC, la asignatura que prometió suprimir
Rajoy piensa que esa asignatura totalitaria le vendría muy bien si
él está en el poder. Como la muerte de Montesquieu. La corrupción
les viene muy bien a todos.
****Uno de los aspectos clave de la corrupción de la chusma política
consiste en hacerse con el control de las Cajas de ahorro y ponerlas
a su servicio.
El PP debe una explicación
Rajoy ha anunciado un cambio de criterio respecto a EpC, pero no lo
ha justificado
Editorial La Razón 21 Enero 2010
Las propuestas del PP en materia educativa presentadas por Mariano
Rajoy el pasado lunes en Toledo tienen la virtud de descender a lo
concreto y deben tomarse como el punto de partida para la
negociación con el Gobierno. La mayoría de las iniciativas son
razonables y algunas coinciden con las formuladas por el ministro
Gabilondo, por lo que cabe la fundada esperanza de que ambas partes
alcancen ese pacto por la enseñanza que demanda unánimemente la
opinión pública. Los ríspidos comentarios de José Antonio Alonso y
Leire Pajín contra la oferta del PP no tienen mayor trascendencia
que marcar territorio; ofrece más interés, en cambio, la comedida
reacción del ministro, «una persona más seria que Zapatero», en
opinión de Rajoy.
La novedad más notable del programa popular no ha disgustado tanto
al PSOE como a los propios militantes y simpatizantes del PP, además
de a los miles de padres que desde hace años vienen combatiendo la
asignatura de Educación para la Ciudadanía. El presidente del PP
anunció un cambio radical de criterio, pues acepta que en Secundaria
se curse la polémica disciplina. Hasta ahora, los dirigentes
populares habían prometido por activa y por pasiva que la
suprimirían en cuanto llegaran al Gobierno por considerar que era
una imposición de los socialistas para colar en las aulas sus
postulados ideológicos y morales. Pues bien, Rajoy ha dado carpetazo
a ese discurso, ampliamente respaldado por miles de padres que no
dudaron en objetar en conciencia, sin mayores esfuerzos. Es verdad
que el líder popular propone una serie de cautelas que teóricamente
desactivan la carga ideológica de EpC al centrarla obligada y
exclusivamentemente en la Constitución; además, exige sustituirla en
Bachillerato por Filosofía y diluirla en Educación Infantil entre
las demás materias.
Sin embargo, por más controles que exija, lo cierto es que Rajoy ha
dado un giro de 180 grados y tiene el deber de explicarlo con todo
detalle y rigor a la opinión pública. No basta con soltarlo en un
acto cualquiera como si fuera una cuestión de trámite. La comunidad
educativa, los padres de alumnos y sus propios votantes se merecen
que los dirigentes del PP razonen por qué han cambiado de postura en
un asunto de de tanta importancia. Sin duda encontrarán argumentos
de sobra, como que en toda negociación las dos partes deben ceder o
que el Tribunal Supremo ha validado la asignatura ajustándola al
temario constitucional, lo cual priva al PSOE de su manipulación. La
única justificación que no es de recibo es la aducida ayer de que
«así convenceremos electoralmente a más gente». Es impropio de un
partido que presume de seriedad y de coherencia con sus principios
éticos que despache de modo tan liviano una de las cuestiones que
más perturbación ha causado entre la ciudadanía.
Por lo demás, la oposición coincide con el Gobierno en acortar la
ESO para ampliar en un año el Bachillerato, pero introduce una
novedad que será objeto de viva polémica: en segundo de
Bachillerato, a los alumnos se les ofrecerá la encrucijada de la
Universidad o la Formación Profesional, en función del rendimiento
escolar. En la parte netamente positiva de la propuesta popular
merece subrayado especial su exigencia de que se garantice la
enseñanza del castellano y en castellano en toda España, con normas
claras y blindadas frente a las trampas nacionalistas. En este
punto, no estaría de más que el PP sopesara la conveniencia de
adoptar como modelo el bilingüista que Núnez Feijóo está implantando
en Galicia. Con todas sus imperfecciones, es lo bastante realista y
pragmático para satisfacer a la mayoría de los padres y alumnos.
PP y EpC
Promesas electorales
Victoria Llopis Libertad Digital 21 Enero 2010
Gran revuelo ha causado la nueva postura del PP en la cuestión de
Educación para la Ciudadanía, que en el contexto de las
conversaciones para un eventual Pacto de Educación aboga ahora por
modificar sus contenidos y no por eliminarla.
La cuestión resulta un dardo envenenado por varios motivos. En sí,
eliminar los contenidos adoctrinadores en línea con las sentencias
del Tribunal Supremo, resulta teóricamente impecable. Además, coloca
la pelota en el tejado del PSOE, puesto que si se niega a eliminar
esos contenidos partidistas de que está lleno el currículo de EpC,
como ha quedado sobradamente demostrado en estos años, quedará claro
lo que pretende cada uno con esta asignatura. Y finalmente, tapa la
boca al llamado "movimiento objetor", que siempre afirmó a modo de
lema: "EpC sí, pero no así".
No es fácil pues, enjuiciar este digo-Diego sin caer en
visceralidades alejadas de la lógica.
Y el punto en que hay que justificar el repudio que objetivamente
provoca esta postura es exclusivamente de índole política. "Me
propongo suprimir como asignatura EpC" es una afirmación rotunda. En
el fragor de la campaña electoral del 2008, esta afirmación de
Mariano Rajoy es categórica, inequívoca, no interpretable. Suprimir
es suprimir. Sin duda, le reportó varios diputados gracias a los
votos de los objetores y su entorno. Es decir: retirar completamente
EpC como tal asignatura fue un compromiso solemne con sus votantes.
El problema, por tanto, se suscita en el ámbito de la higiene
democrática. Los políticos y los partidos deben cumplir sus promesas
electorales. El pueblo español está harto de ser lisonjeado cada
cuatro años para obtener sus votos, y luego si te he visto no me
acuerdo. Será que Rajoy se ha hecho de la opinión de aquel destacado
socialista que afirmó sin ruborizarse que las promesas electorales
estaban para no ser cumplidas.
Si seguimos en la hemeroteca, podemos recordar también que el PP
llamó al currículum de EpC "Catecismo del buen socialista". Y con
buen olfato Esperanza Aguirre dijo hace poco que el problema de EpC
es que amenaza el pluralismo político. Ésa es exactamente la
cuestión.
Ahora bien, en base a las razones esgrimidas en el documento del PP,
¿podemos admitir este cambio de postura? Básicamente, el PP propugna
ahora tres puntos: suprimir como tal asignatura la que ahora se da
en quinto de primaria –reduciéndola a una siempre amenazante emisión
"transversal" de formación cívica, eso sí, centrada exclusivamente
en valores constitucionales–, suprimir la parte de Ciudadanía que se
había comido la Metafísica y la Epistemología en el antiguo programa
de Filosofía de Bachillerato, y dejar sólo en secundaria una
asignatura formal de EpC, despojándola de todo lo que no sean
estrictamente conocimientos de la Constitución. Así lo explicaba en
una entrevista el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan
Antonio Gómez Trinidad: "En secundaria se darían contenidos ceñidos
exclusivamente a la Constitución, donde están los valores comunes a
todos(...). Uno de los déficits educativos y cívicos de este país
(sic) es el desconocimiento de las Constitución. (En el PP) son
partidarios entusiastas de que la Constitución se enseñe en todas
las Comunidades Autónomas del Estado Español (sic)". Curioso también
este dato colateral; parece que el PP se apunta al lenguaje propio
hasta ahora de otro tipo de partidos políticos.
El foco está pues en secundaria. Lógico, puesto que son los que se
incorporarán al pool de votantes al cabo de un par de años. ¿Cómo
enjuiciamos aquí el acierto o no del asunto? Fácilmente, echando una
mirada sobre Europa.
En el ensayo Spain is different vimos cómo era no sólo el currículo
concreto de EpC en los distintos países europeos en cuanto a
contenidos, sino también en qué niveles se impartía, con cuánta
carga lectiva, y si era obligatoria o no. Y aquí me temo que es
donde la propuesta del PP no resiste la prueba. Más les habría
valido apelar, como tantas veces, a Europa para quedar elegantemente
fuera de la polémica, señalando que su postura del 2008 de suprimir
como tal la asignatura se basaba en lo que es la práctica
mayoritaria de los países europeos en esta cuestión, y recordar de
paso al PSOE que la impartición de EpC procede de una mera
Recomendación del Consejo de Europa, que como su nombre indica, no
es lo mismo que una Directiva comunitaria de obligado cumplimiento.
Mayoritariamente, EpC en Europa no es una asignatura independiente y
obligatoria sino contenidos integrados en otras materias, como
Ciencias Sociales. En la República Checa, Irlanda, Letonia,
Lituania, Portugal, Eslovaquia y Rumanía, sólo es materia
independiente en secundaria inferior. En Francia, Austria, Noruega,
Luxemburgo, Italia y Bulgaria es materia independiente sólo en la
secundaria superior. En Estonia, Grecia, Chipre, Luxemburgo,
Polonia, Eslovenia, Suecia e Inglaterra, se imparte tanto en
secundaria inferior como en superior. En el resto de países, el
enfoque "integrado" es el más común en secundaria, incluyéndose los
contenidos preferentemente en Historia, Ciencias Sociales y
Geografía, Ética, Filosofía, Lenguas extranjeras y Lengua Nacional.
Es el caso de países de tanto peso como Alemania o Suecia, Finlandia
(campeones del PISA año tras año), Gran Bretaña (excepto
Inglaterra), Holanda, Dinamarca o Hungría.
Y es lógico que así sea porque enseñar la Constitución no precisa de
una asignatura independiente durante 2 cursos de secundaria, con una
carga lectiva de 1 ó 2 horas semanales cada uno. Es un conocimiento
muy concreto, unos contenidos muy recortados, que no dan para más
que unos cuantos temas dentro de asignaturas afines. ¿Por qué
admitir entonces reformar el contenido pero dejar un continente con
tantas horas lectivas, rellenable al final por vaya usted a saber
cuándo terminen con los artículos de la Constitución? Lagarto,
lagarto...
El Gobierno del delito
FEDERICO JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 21 Enero 2010
QUE la antiguamente llamada España es hoy un páramo legal con el
cadáver de la ciudadanía a merced de quebrantahuesos, buitres y
otros pájaros carroñeros de la política es evidente. Y nada lo
muestra mejor que el caso del chivatazo a la ETA en el Bar Faisán.
Tras lo publicado en EL MUNDO por Fernando Lázaro, hay dos cosas
que, a mi juicio, quedan claras. La primera es que el Gobierno ha
colaborado descaradamente con la banda terrorista ETA para mantener
el llamado proceso de paz. No es lo único que hizo ZP en tan vil
claudicación: Otegi, De Juana, la persecución a la AVT y a los
medios que criticábamos tan miserable «traición a los vivos y a los
muertos» como dijo Rajoy en las Cortes antes del peyote, son
episodios en el mismo sentido.
A cuenta de la paz, el rebaño dispuso de un hilo musical con
infinitos caramillos para instalarse en la siesta de la Ley y la
modorra de la vergüenza. Los más poderosos, los del imperio prisaico
donde ahora vive -o cría malvas- el PP. ZP confesó que tras el
atentado de Barajas siguió varias semanas negociando con la ETA,
pese a haber anunciado el fin del proceso de paz. Antes, había hecho
esto.
La segunda es que el desarrollo del caso supone el envilecimiento
absoluto del Gobierno, la Fiscalía del Estado y la Audiencia
Nacional. No tengo la menor duda moral de que García Hidalgo -hombre
del PSOE- consultó a su flamante ministro Rubalcaba sobre esa orden
impartida a través de la cadena de mando policial para salvar a los
etarras? de la policía. Tampoco dudo de que Rubalcaba se lo contó a
ZP. El Presidente aún podría escudarse en que se lo contó mal, pero
Rubalcaba no puede escudarse en nada. La orden sólo pudo ser suya; y
el primero que debe dimitir es él, aparte de los cargos que deba
afrontar con todos los que perpetraron la fechoría.
No sé qué delitos cometen ahora Zapatero, Rubalcaba y Caamaño
mintiendo a los ciudadanos sobre el caso pero son seguramente los
más graves que pueda cometer cualquiera con sus cargos, chivatazo
aparte. Y tampoco tengo la menor duda moral de que la Fiscalía
General del Estado pidiendo el archivo de la causa por falta de
datos -cuando los tenía de sobra- y Garzón dilatando el caso a gusto
del Gobierno han batido todas las marcas de la prevarigalupación.
Mientras no se sustancien estas responsabilidades, tendremos al
delito instalado en el Gobierno. O al Gobierno del delito instalado
en el vertedero español.
El islam se organiza políticamente en
España
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 21 Enero 2010
Ni catalán, ni gallego, ni vascuence, ni español. Dentro de unos
años el problema será otro. De seguir así las cosas, probablemente
el siglo XXII nos ofrezca un mapa político y lingüístico
insospechado. Los absurdos conflictos creados por los nacionalistas
cederán su paso a un conflicto de mucha más envergadura: el
progresivo dominio del islam en todas las esferas de la vida
nacional: política, cultural, religiosa, educativa y lingüística.
Sigamos discutiendo, mientras tanto, sobre si son galgos o podencos.
[Al-Andalus] Musulmanes inmigrantes y españoles conversos impulsan
desde Granada Renacimiento y Unión, el primer partido político
islámico de España, que pretenden ganar alcaldías en un período de
treinta años, además de conseguir ministerios e, incluso, en un
alarde de optimismo gradual, la presidencia del Gobierno
Esta semana en Granada, España, al calor de las numerosas viviendas
de ricos saudíes que se construyen alrededor de la Alhambra (al
igual que alrededor de la Catedral de Córdoba) se ha creado lo que
será el embrión de Renacimiento y Unión, el que será el primer
partido abiertamente islámico de España. En un siglo XXI que ha
visto el nacimiento de nuevos partidos políticos con representantes
en varios organismos políticos nacionales (Ciudadanos y UPyD), el
islam converso e inmigrante, buscando imponer la sharía (ley
musulmana) en España, y aprovechando que el islam se presenta como
la alternativa al capitalismo (y al socialismo ateo marxista, todo
hay que decirlo), se organiza en la ciudad del sur de España para
ser una fuerza importante a nivel nacional que consiga aglutinar el
voto del millón doscientos mil musulmanes que viven en la nación
española.
Lograr que cuaje una nueva oferta electoral siempre es una carrera
de fondo. Pero últimamente ha ocurrido. Ahí están los casos de
Ciudadanos o Unión Progreso y Democracia, que, partiendo de la nada
pero con un mensaje diferente al de los grandes partidos, han
conseguido representación institucional en el Parlamento de Cataluña
y en el Congreso de los Diputados, respectivamente. Lograr hacer
cuajar Renacimiento y Unión no será fácil para sus impulsores, y lo
saben. Sin embargo, el éxito relativo de Ciudadanos y UPyD como
partidos nuevos, y el logro electoral de partidos de ideología
similar en Melilla (Coalición por Melilla, segundo en votos después
del Partido Popular, gobernante en esa región de España), les da
optimismo para acometer su empresa.
Ver artículo completo en:
http://www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo1253
LEGUINA HABLA DE "IDEOLOGÍAS ASESINAS"
"Los nacionalismos han matado a más gente
que las bombas atómicas"
El socialista ha visitado El Círculo de Telemadrid, donde ha
asegurado que "los nacionalismos han matado a más gente que las
bombas atómicas" por lo que "no iría con ellos ni a tomar café
porque van contra el Estado ¿Cómo te vas a aliar con gente que va
contra el Estado? Pues así estamos”.
LIBERTAD DIGITAL 21 Enero 2010
Joaquín Leguina continúa con su línea crítica con el socialismo,
esta vez ha cargado contra quienes pactan con los nacionalistas: "no
iría con ellos ni a tomar café porque van contra el Estado ¿Cómo te
vas a aliar con gente que va contra el Estado? Pues así estamos” ha
dicho.
Según ha afirmado, habría que revisar el estado de las autonomías y
“modificar el artículo octavo de la Constitución”, pero el problema
“son los nacionalismos, con los que hay que ‘conllevarse’, pero
nosotros con ellos y ellos con nosotros”. Y admitió que ha dicho que
los odia “¿Cómo no voy a odiar ideologías asesinas?”.
Al hilo de la publicación de su última novela, “La luz crepuscular”
Leguina comentó que no sabe si los políticos de hoy son más
revanchistas que los de antes, pero sí dijo que “algunos políticos
quieren ahora ganarle la guerra a Franco”, unos políticos que según
una encuesta del CIS han ganado en descrédito y a los que los
españoles consideran un problema.
“Espero que hayan tomado nota y, si no lo han hecho, deberían
hacerlo. Hay que mejorara la percepción que tiene la gente de la
actividad política, porque eso es malísimo en sí mismo”. La encuesta
también señala quealgo más del 50% de las personas que dicen haber
votado en 2008 a Zapatero preferirían que el PSOE eligiera a otro
candidato. “Si fuera Zapatero estaría más preocupado por esto que
porque la intención de voto esté por debajo del PP” comentó Leguina.
"PARA QUE SE SEPA LA VERDAD Y NO SE CIERRE EN FALSO"
Alcaraz se persona en la causa ante el
"clamoroso silencio" de la AVT
El ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo no está
dispuesto a dejar que se eche tierra encima del "Chivatazo" y se ha
personado como acusación popular en la causa. Ante el silencio de la
AVT, Alcaraz ha retomado la lucha de las víctimas desde su
asociación "Verde Esperanza".
LIBERTAD DIGITAL 21 Enero 2010
El silencio de la nueva juntad directiva de la AVT, encabezada por
García Casquero ha convencido a personar a Alacaraz en la causa del
Chivatazo a ETA, según informa El Mundo.
El ex presidente de la Asociación de Víctimas, quien personó a la
asociación en la causa, recuerda que la actual junta rescindió el
cotnrato con los letrados que empujaron la personación en el
chuvatazo, que lograron convertirse en el auténtico azote de ETA en
la Audiencia Nacional.
Pero Alcaraz no está satisfecho de que las víctimas estén condenadas
a un "clamoroso silencio" especialmente en un escándalo tan grave, y
ha retomado las exigencias que antaño encabezase su asociación.
Según ha explicado a El Mundo, Alcaraz ha decidido que sean de nuevo
los letrados Rodríguez Segura y Rubio quienes gestionen su
personación en la causa. "No me gusta la actitud de la actual junta
ni su silencio cómplice con políticas de este Gobierno que deberían
haber sido denunciadas públicamente desde la asociación. Por eso
creo que debemos estar presentes en la Audiencia Nacional, para que
no se silencie el caso, para que no se eche tierra encima y para que
se sepa la verdad, exigimos al Ministerio del Interior, al Gobierno,
al juez y al fiscal que cumplan con su obligación y esclarezcan
quiénes fueron los que dieron el chivatazo del Faisán y, sobre todo,
por orden de quién" asegura Alcaraz.
EN LA NUEVA LEY DEL ABORTO
143 entidades denuncian que el Gobierno
pretende "colar" EpC II
Un total de 143 entidades de diversos ámbitos han firmado este
miércoles un maniesto común donde denuncian que el Gobierno, a
través de la nueva ley del aborto, pretende entremeterse en el
derecho de los padres a darle a sus hijos una educación sexual
acorde con sus convicciones.
LIBERTAD DIGITAL 21 Enero 2010
El Manifiesto por la Libertad de Educación se ha presentado este
miércoles en 10 ciudades españolas para “plantar cara” ante lo que
parece ser la Educación para la Ciudadanía II. El documento,
suscrito hasta el momento por 143 entidades significadas del ámbito
educativo, familiar, bioético, así como por numerosos especialistas
y profesionales de la educación y la formación afectivo-sexual,
denuncia que el capítulo “Incorporación de la formación en salud
sexual y reproductiva al sistema educativo” de la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo vulnera el derecho de los
padres respecto a la eduación de sus hijos.
Según ha anunciado la Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, esta
educación sexual diseñada por el Gobierno, se implantará en todos
los centros escolares con carácter obligatorio desde los 11 años y
la impartirán profesionales sanitarios.
El Manifiesto afirma que el capítulo educativo de la nueva
legislación sobre el aborto es un paso más en el proyecto ideológico
y cultural de transformación de la sociedad y que, como ya sucede
con Educación para la Ciudadanía, vulnera de lleno el derecho de los
padres, reconocido por la Constitución, a educar libremente a sus
hijos según sus convicciones.
EpC II
El documento, dirigido a las administraciones educativas, a los
padres, a los centros educativos públicos y privados, a los
profesionales del ámbito sanitario, insta a los destinatarios a
rechazar de plano esta intromisión estatal en el ámbito de las
libertades individuales mediante acciones legales, sin excluir la
objeción de conciencia.
En la presentación del manifiesto en Madrid ha hablado Marisa Pérez
Toribio, presidenta de España Educa en Libertad. Toribio ha afirmado
que con este proyecto el Gobierno abre una nueva vía de manipulación
ideológica de los niños y jóvenes, en un aspecto esencial para sus
vidas que pertenece al ámbito íntimo de la persona, un ámbito en el
que el Estado no puede entrometerse en ningún caso.
Una nueva vía de manipulación
“El Estado” -ha asegurado- “no puede decidir cómo debe ser la
educación sexual de nuestros hijos condicionando su vida futura; y
hacerlo, además, a espaldas de los padres, que somos ciudadanos y
los primeros responsables de su educación moral”.
Por su parte, Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de
Profesionales por la Ética, ha manifestado el compromiso de su
asociación a favor de la libertad ideológica y de conciencia y del
derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
“El capítulo educativo nos afecta a todos porque es una intromisión
estatal en nuestras casas; y además, se pretende hacer mediante
profesionales sanitarios, como si se tratara de una política de
salud pública incuestionable”.
Por último, se ha presentado la campaña de los padres en defensa de
sus derecho cuyo símbolo será una cometa con el lema “Haz volar la
libertad de educación”.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Los misiles de ETA y otras incógnitas del
11-M
Jaime Ignacio del Burgo El Confidencial 21 Enero 2010
Regina Otaola es una de las grandes heroínas de la libertad en el
País Vasco. No le tembló el pulso a la hora de denunciar a su
convecino Peio Olano por haberle amenazado de muerte en el 2007 y
consiguió que la Justicia le condenara hace un par de meses a dos
años de cárcel. Daba la impresión de que el tal Olano era uno de
esos energúmenos que militan en la llamada “izquierda abertzale” y
que allí donde se encuentran tratan de extender el temor a ETA. Lo
que no podía imaginar la valerosa alcaldesa es que el autor de la
amenaza era un miembro activo de la banda terrorista, que al ser
detenido confesó que en el año 2001 había participado en un intento
fallido de acabar la vida de José María Aznar.
El ministro del Interior llamó de inmediato a José María Aznar para
informarle de la buena nueva de esta detención, que se produjo en la
noche del pasado 8 de enero. Supo así el ex presidente que en tres
ocasiones, durante la primavera de 2001, ETA había planeado disparar
contra el avión presidencial un misil tierra-aire, tipo SAM, de
fabricación soviética, aprovechando alguno de sus frecuentes viajes
al País Vasco. Olano había sido el encargado de introducir el
artefacto en España y para más inri lo había ocultado largo tiempo
en un local medio abandonado propiedad del propio ayuntamiento de
Lizarza. Por fortuna el dispositivo falló.
Al conocer esta noticia no pude menos que recordar que el gobierno
negó en la Comisión del 11-M, a finales de septiembre de 2004, que
ETA tuviera en su poder misiles tierra-aire. Pero la fiabilidad de
los informes del Gobierno quedó en entredicho, pues no habían pasado
aún cuarenta y ocho horas, cuando cayó en Francia Mikel Antza,
número uno del aparato militar de la banda, y en cuyos arsenales
aparecieron dos misiles tipo SAM. El ministerio del Interior se
apresuró a aclarar que habían sido adquiridos entre septiembre de
1998 y diciembre de 1999, posiblemente a intermediarios irlandeses
asentados en Alemania.
¿Por qué tanta y tan rápida precisión? Probablemente, porque el
ministerio pretendía evitar que se relacionara este descubrimiento
con una información publicada el 4 de marzo de 2002, en la revista
Tiempo, según la cual tres miembros de ETA se habían entrenado en el
mes de enero de 2001 en un campo de Al Qaeda en Afganistán, que
todavía disfrutaba del régimen talibán. Citando como fuente el
informe de un espía árabe en Pakistán, en poder del ministerio del
Interior afgano post-talibán, el periodista Ahmad Rafat desvelaba la
presencia en enero de 2001 (tres meses antes de los intentos
fallidos de atentar contra Aznar) de tres etarras en un campo de Al
Qaeda situado en la localidad afgana de Jalada. Los etarras habrían
recibido instrucción en el manejo de misiles tierra aire tipo SAM,
de fabricación soviética, o tipo Stinger, de fabricación
norteamericana, todos ellos procedentes de la guerra de los
talibanes contra la ocupación militar rusa. Rafat daba toda clase de
detalles sobre este viaje y añadía que informaciones posteriores
apuntaban la posibilidad de que durante la estancia de los etarras
en Jalada se habría concertado la compra de varios misiles
tierra-aire a los talibanes, aunque habían surgido dificultades
sobre el precio a pagar.
Para corroborar las revelaciones de Rafat, la revista Tiempo
publicaba unas declaraciones del diputado socialista Rafael
Estrella, presidente de la asamblea parlamentaria de la OTAN, a
Julia Navarro. La brillante periodista y escritora había formulado
entre otras la siguiente pregunta: “¿ETA está conectada con el
terrorismo islámico?” La respuesta del diputado Estrella fue
rotunda: “Parece evidente que sí y que los servicios de información
tienen noticia de ello”.
Sin ningún rastro de misiles en la organización terrorista
Es de suponer que manejar un misil de estas características requiere
un mínimo de preparación militar. No es razonable pensar que los
etarras hubieran pretendido lanzar los misiles contra Aznar sin
tener ni idea de su manejo. ¿Se entrenaron en Afganistán en enero de
2001?, preguntamos en la Comisión 11-M. La respuesta de la comisaría
general de Información de la Policía no pudo ser más contundente: no
había constancia “de ningún dato o información que pueda orientar en
la dirección de un entrenamiento de tres miembros de ETA en
territorio afgano”. Y ya, de su propia cosecha –pues no lo habíamos
preguntado–, el gobierno había añadido que “en las múltiples
incautaciones de armamento a la organización terrorista no había
aparecido en ningún caso misiles tipo Stinger”.
A pesar de que el gobierno socialista no daba credibilidad a la
información publicada por la revista Tiempo, los encargados de la
lucha contra el terrorismo islamista tenían motivos para tomársela
en serio. El 23 de septiembre de 2001, al producirse otra importante
detención, la de Asier Oyarzábal, Baltza, jefe del aparato logístico
de ETA, se le requisó una carta en inglés con instrucciones sobre el
manejo de un misil. La Guardia Civil alertó entonces de que ETA
habría podido hacerse con esta clase de armamento lo que supondría
una “elevada amenaza”, aunque “atemperada por “a escasa instrucción
que posen los activistas a la hora de la utilización hipotética de
este material”. El propio CNI elaboró una nota informativa en el
mismo sentido. Y la Interpol había advertido sobre un posible
acuerdo para la compra de este tipo de armamento entre ETA y el IRA
o los colombianos de las FARC. El IRA habría podido hacerse con
misiles soviéticos en Libia o en el Líbano. A la vista de estos
antecedentes no se comprende por qué el gobierno se empeñó en negar
que la banda pudiera tener misiles tierra-aire.
El 12 de marzo de 2004, al día siguiente de la masacre de Madrid, el
periodista británico Gordon Thomas, publicó en el diario El Mundo un
artículo bajo el título “¿Una colaboración entre Al Qaeda y ETA”. En
él afirmaba que Stephen Smyrek –un miembro de origen británico de la
banda de Bin Laden y que acababa de ser puesto en libertad por
Israel a consecuencia de un canje de prisioneros–, había declarado a
los servicios secretos alemanes haber coincidido con varios
terroristas de ETA en un campamento de instrucción en las montañas
de Tora Bora.
¿Tiene ETA en su poder más misiles? En abril de 2009 se informó que
entre los planes de la banda estaba atentar contra el avión del rey
Don Juan Carlos. La policía francesa había descubierto que los
etarras acababan de experimentar con fuego real en Las Landas,
próximas a la frontera española, un proyectil ruso. Expertos
franceses habían accedido a los planes de atentado guardados por los
terroristas en documentos informáticos intervenidos a ETA donde
figuraban cartografías, planes de vuelo y puntos de aterrizaje en
Barajas, Palma de Mallorca y Castejón (Navarra). Se recordaba además
que dos modelos del SAM-18 habían sido encontrados en "zulos" de
Urrugne y Briscous los días 1 y 2 de octubre de 2004.
Por todo lo anterior no estábamos desencaminados cuando en la
Comisión de investigación intentamos, sin éxito, que se investigara
la posible existencia de relaciones entre ETA y el terrorismo
islamista. Ni dábamos credibilidad a lo publicado por Tiempo, ni
tampoco teníamos motivos para sostener lo contrario. No pudimos
evitar que la potencia mediática progubernamental nos colgara el
sambenito de haber defendido la participación de ETA en el 11-M.
Nunca sostuvimos tal cosa. Sólo pretendíamos que se llevara a cabo
una investigación rigurosa de las presuntas conexiones entre el
terrorismo etarra y el islamista sin prejuzgar absolutamente nada.
Nota. En mi libro “11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta”
atribuí, por error, el artículo publicado por Ahmad Rafat en Tiempo
al periodista Magdi Allam, subdirector de Il Corriere de la Sera,
autor de otro artículo, también publicado en la misma revista, en el
que se informaba de que se había detectado en Bagdad como “escudos
humanos”, en vísperas de la segunda guerra de Iraq, a los dos
terroristas de ETA detenidos poco después en Cañaveras, una semana
antes del 11-M. Pido disculpas por ello.
La crisis educativa
Joaquín MARCO La Razón 21 Enero 2010
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, es un hombre optimista,
como debe ser, y cree factible llegar a un acuerdo de Estado con el
PP sobre un tema tan espinoso como el de la Educación. Pero,
mientras ya se negocia alrededor de una mesa, irrumpe en los medios
Mariano Rajoy acompañado de anteriores ministros del ramo del PP –él
también ocupó el cargo con anterioridad– y expone en un documento no
sé si la posición que se negocia o una alternativa que se augura
inflexible. Hasta hace unos días parecía que ambas fuerzas políticas
sintonizaban. Ya no está tan claro. Y, sin embargo, todos sabemos
que el futuro de este país pasa por una transformación en materia
educativa. Se reclama más exigencia en el alumnado, mayor dedicación
a ciertas materias, reformas en profundidad en todos los sectores,
incluido el profesorado. Por todo ello sorprende que la Universidad
de Sevilla –muy dueña de hacerlo– advierta sobre el derecho de sus
alumnos a copiar en los exámenes. Un tema como el de la enseñanza se
entrelaza con principios que definen el Estado y hasta la forma de
gobierno. ¿Cómo defender las lenguas oficiales no comunes en todo el
territorio, el catalán, el gallego o el euskera si no se concibe
aquél como plurilingüe? Ya la tenemos armada en Galicia, donde la
Academia Gallega ha corrido a defender lo que estima propio.
Traspasadas a las autonomías las competencias en la materia, resulta
fácil advertir que lo que se entiende como estado de las autonomías
es un ámbito en el que deben convivir pasado, presente y futuro.
Pero cualquier método de enseñanza debe fundamentarse en la ética y
hasta en el sacrificio de cuantos a ella se dedican. Y no pueden
cumplir la tarea en el vacío o con un sustrato social carente de
valores. No es normal que nuestra ciencia –cuando aseguramos que
España es la octava potencia– carezca de mayor nivel, que una sola
universidad española figure entre las cien primeras, que una parte
(el 30%) de los alumnos abandone sus estudios. Y no sólo en la
enseñanza pública. Aquí debemos situar también la privada, sea o no
concertada. No tenemos ni un solo premio Nobel. Claro está que se
requiere una reforma en profundidad, pactada entre todos (no sólo
entre las dos grandes fuerzas políticas). Y a ella deben sumarse los
docentes de todos los niveles.
Habría que reinventar la ilusión de otra Institución Libre de
Enseñanza. Pero conviene también poner los pies en el suelo y
advertir que la formación de minorías no se produce de hoy para
mañana, que los procesos educativos –si se pretenden serios y
duraderos– no son fruto de pactos políticos que busquen fáciles
réditos electorales. Una reforma radical pisaría callos dolorosos.
Tal vez cabe pensar en una evolución más lenta, aunque asumiendo
objetivos claros y consensuados. Hemos de saber a dónde pretendemos
llegar, aunque sea paso a paso. No me extraña que Ángel Gabilondo
muestre su entusiasmo por una labor que, de poder hacerse, cambiaría
el signo de este país. Dispone ya de dos escuelas negocios de enorme
prestigio, una de la mano de los jesuitas y otra de la del Opus Dei,
y de buenas facultades de Economía. Los institutos de investigación
biomédica son relevantes. Médicos, matemáticos, arquitectos,
químicos e ingenieros han tenido sólidas bases formativas. Nuestras
Humanidades están en decadencia, pero no ha de ser difícil
recuperarlas. Tampoco partimos de cero. Pactar es, tal vez, posible;
avanzar resultará más difícil.
PRESENTA DIEZ ENMIENDAS AL DECRETO
Galicia Bilingüe entrega a la Xunta un
informe que evidencia la traición de Feijóo
Representantes de Galicia Bilingüe entregaron este miércoles a la
Consejería de Educación de la Xunta un detallado informe que
evidencia el incumplimiento de Feijóo en su decreto lingüístico. En
él presentan diez enmiendas para que se adapte a las promesas
electorales del presidente gallego.
libertad digital 21 Enero 2010
La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, acompañada por otro
miembro de la organización, Julio Tojo, entregaron hoy a
responsables de la Consejería de Educación un amplio informe con
diez enmiendas al borrador del decreto sobre el uso del gallego en
la enseñanza.
Según informa esta asociación el documento "evidencia tanto el
incumplimiento por parte de Núñez Feijóo de sus promesas electorales
como el hecho de que la Xunta de Galicia sigue considerando la
conservación de la lengua muy por delante de la educación de los
escolares gallegos".
En la relación de enmiendas destacan las referidas a la obligación
legal de que se preserve el derecho a recibir en el idioma materno
los dos primeros cursos de Primaria –el borrador limita este derecho
a la Educación Infantil, no obligatoria, y con ciertas dosis de
ambigüedad– el establecimiento de la libertad de elección de lengua
vehicular en las materias troncales, y el uso de los libros de texto
en el idioma preferido por el alumno.
Galicia Bilingüe explica que la principal justificación de estas
demandas radica tanto en los propios compromisos electorales
adquiridos antes de las autonómicas por el entonces candidato
Feijoo, como en la necesidad de situar la educación de los alumnos
por encima de la promoción de una lengua. En este sentido, Gloria
Lago acudió a la reunión de esta tarde con copia de las grabaciones
de los testimonios de Alberto Núñez que en su día recorrieron los
medios de comunicación gallegos y nacionales en los que el hoy
presidente se comprometía a:
* Los padres, en el sobre de matrícula y para el curso 2009/2010,
rellenarían una casilla en la que elegirían en qué lengua oficial
recibirían sus hijos las materias troncales. La decisión de los
padres sería vinculante para el Gobierno.
* Los alumnos podrán emplear libremente la lengua oficial de su
elección en clase, en el material didáctico, libros incluidos, en
los trabajos y en las pruebas de evaluación, salvo en las materias
de las propias lenguas.
La relación de enmiendas al borrador presentada por Galicia Bilingüe
incluye las siguientes:
* Fomento del bilingüismo en la Administración. La propuesta plantea
la promoción del gallego pero sin restringir los derechos de los que
prefieren relacionarse con la Consellería o los centros educativos
en español.
* Garantías plenas de que los escolares podrán aprender a leer y
escribir en su lengua materna en Educación Infantil,
independientemente de la opción mayoritaria presente en el aula.
* Enseñanza en el idioma materno, en cumplimiento de la Ley de
Normalización Lingüística, hasta completar el primer ciclo de
Primaria. En el resto de Educación Primaria, ESO y primero de
Bachillerato, las familias escogerán la lengua vehicular de las
materias troncales, impartiéndose el resto en la otra lengua. El
tercio dedicado a la enseñanza en inglés lo delimitará el consejo
escolar pero al margen de las materias troncales. En Segundo de
Bachillerato se garantizará el reparto equilibrado entre los dos
idiomas oficiales.
* En Formación Profesional específica, enseñanzas artísticas y
deportivas, la distribución tenderá al mayor equilibrio posible,
dejando preferiblemente el castellano para las materias con
profesores foráneos. En todos los módulos se garantizará el
conocimiento del vocabulario específico en las dos lenguas.
* En educación para adultos se establecerán, en general, criterios
similares a los de la enmienda número 3.
* Uso de los libros de texto o de cualquier otro material didáctico
en la lengua de preferencia del alumno.
* Elaboración del material didáctico en los dos idiomas.
* Distribución de alumnos por aulas en función de la opción elegida
Hasta la introducción del inglés
Feijóo asume ahora un 50% de las clases en
gallego
Juristas de la comunidad alertan de que el decreto de la lengua
entra en conflicto con la Constitución, la LOE o normas europeas. La
Xunta ve "partidista" la huelga de hoy en la enseñanza
REDACCIÓN / AGENCIAS | A CORUÑA / SANTIAGO La Opinión 21 Enero 2010
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo se mostró ayer
dispuesto a aceptar "un bilingüismo equilibrado" en las aulas que
certifique un reparto "al 50% entre gallego y castellano" mientras
se inicia el camino de introducir una tercera lengua, como el
inglés, en la enseñanza. El anuncio de Feijóo se produce un día
antes de la huelga en el ámbito educativo convocada para por la
plataforma Queremos Galego, que desde el Ejecutivo autonómico
califican de "acto partidista" y de "juicio previo" al alegar que el
borrador del decreto sólo sienta unas bases que todavía deben ser
consultadas con los agentes implicados.
"La cordialidad lingüística es un patrimonio al que nunca vamos a
renunciar", señaló el presidente autonómico, quien aboga porque los
escolares reciban la mitad de las asignaturas en castellano y la
mitad en gallego mientras que no sea posible -debido a la falta de
profesores especializados- introducir el tercio que la normativa
reserva para el inglés. Algo que, en palabras de la propia
Consellería de Educación a través de una carta remitida a los
docentes, no ocurrirá a corto plazo. "Somos realistas, sabemos que
no se puede implantar de golpe sin tener en cuenta la indudable
importancia del profesorado", señala la misiva, en la que se indica
que los docentes se podrán incorporar de forma "gradual y
voluntaria" a las clases plurilingües. Una carta que critican desde
el BNG, ya que consideran que es un resumen de las bases del decreto
"interesado" y con el único objetivo de reducir el apoyo a la huelga
de hoy.
Con sus declaraciones, Feijóo abre la puerta a algunas de las
propuestas realizadas por sectores críticos con el borrador hacia el
porcentaje destinado a cada lengua, pero se muestra tajante con
otras cuestiones. "No podemos compartir la inmersión lingüística ni
en gallego ni en castellano, ni tampoco que los alumnos no tengan
ningún derecho a la hora de expresarse en clase o que a los padres
ni siquiera se les dé la oportunidad de ser consultados", señala el
líder del PPdG.
El presidente autonómico se mostró crítico con la huelga y la
manifestación en Santiago convocada para hoy -que los organizadores
prevén será "multitudinaria"- al asegurar que a la hora de analizar
el decreto hay dos opciones: "hacer protestas o propuestas". En este
sentido, desde Educación señalan que representantes de Queremos
Galego rechazaron reunirse esta semana con la Administración para
expresar sus sugerencias sobre el decreto del gallego.
El departamento que dirige Jesús Vázquez recordó ayer a todos los
padres que "tienen derecho" a llevar a sus hijos a los colegios pese
al paro previsto ya que tanto el transporte escolar como los
comedores funcionarán con "normalidad" y todos los centros "tendrán
unos servicios mínimos".
Las 'ilegalidades' del decreto
Un grupo de 60 jueces, abogados, catedráticos de Derecho o fiscales
de Galicia alertaron ayer de que el borrador del decreto de la
lengua presenta "indicios claros de ilegalidad" -al entrar en
conflicto con normas de mayor rango en al menos cinco puntos-, por
lo que podría ser considerado "nulo". Pese a que este colectivo
señaló que no prevé iniciar acciones legales contra la futura norma,
asegura que es posible presentar un recurso en su contra tanto en el
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como en el Constitucional.
El análisis jurídico del borrador, presentado ayer en Santiago por
el juez Luís Villares, el abogado Héctor López y la profesora de la
Universidade de Santiago, Alba Nogueira revela que el texto de la
Xunta podría entrar en conflicto con la Constitución, la Ley
Orgánica de Educación (LOE) o la Carta Europea de Lenguas
Minoritarias, entre otras normas.
. Ley Orgánica de Educación. La LOE establece que el tratamiento de
las lenguas oficiales y las extranjeras "no puede ser equiparado de
forma generalizada y obligatoria en el ámbito educativo". Algo que
chocaría con el reparto de un tercio para cada idioma del decreto de
la Xunta. "Habría objeciones legales en dar Química en inglés",
indica Nogueira, ya que "añadiría a la necesidad de evaluar los
contenidos de una materia, el dominio de una lengua".
. Constitución. Los juristas aseguran que la elección por parte de
los padres de la lengua en la que reciben las clases sus hijos
vulnera la configuración del derecho de educación de la Carta Magna,
puesto que sólo atiende a "cuestiones morales o religiosas". En el
resto de los casos, corresponde a los poderes públicos configurar
los currículos escolares. Por otra parte, el borrador incumple la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que se establece
una discriminación positiva hacia las lenguas minoritarias, lo que
obligaría a más horas lectivas en gallego que en castellano.
. Carta Europea. El texto europeo sobre lenguas minoritarias exige
la presencia de estos idiomas en todas las etapas educativas. Con la
propuesta de la Xunta, podría darse el caso de que en clases de
Educación Infantil no se impartiese ninguna materia en gallego ya
que se usará la lengua materna de los pequeños.
. Ordenamiento jurídico gallego. Los juristas de Galicia aseguran
que el futuro decreto del gallego entraría en contradicción incluso
con el ordenamiento jurídico de la comunidad. La ley autonómica
establece que la lengua de la Administración es por defecto el
gallego, por lo que un funcionario público -como un profesor de
Secundaria- no tendría libertad para escoger el idioma en el que
trabaja, sino que debería acatar la ley.
La extorsión lingüística de la Generalitat
se 'cobra' otra víctima
Feliciana Piris Duque, dueña de una tienda de telas en Barcelona, ha
sido sancionada con 1.200 euros
www.lavozlibre.com 21 Enero 2010
Barcelona.- La Generalitat de Cataluña ha vuelto a multar a otro
comerciante por no rotular su negocio en catalán. Tras el caso de
Xurde Rocamundi, dueño de una inmobiliaria en Arenys de Mar, sale a
la luz el caso de Feliciana Piris Duque, propietaria de una pequeña
tienda de tejidos de ropa al corte en Barcelona. “Se nos puso la
sanción el pasado 20 de noviembre, y entiendo que lo que me está
ocurriendo no es justo”, explicó la denunciada en 'El Mundo'.
La mujer, nacida en Cardona y catalanohablante, se enfrenta ahora a
una sanción de 1.200 euros por su negativa a sustituir el cartel con
el que ofrece los productos de su negocio ‘Blau Marí’ ('azul marino'
en catalán). Pese a que la tienda posee un nombre en catalán, el
texto motivo de la polémica es el que acompaña al nombre, donde se
puede leer “Textil, hogar y tapicería. Sedas, lanas, sastrería y
fantasía”.
La trabajadora fue denunciada por una inspectora de la agencia que
tomó fotografías de la tienda y redactó un informe. A raíz de éste
la Generalitat asegura que le notificó un requerimiento en verano de
2008 en el que se le instaba a escribir “al menos en catalán” la
oferta de su comercio en un plazo de dos meses con objeto de dar
cumplimiento a los “requisitos legales”. En dicho requerimiento se
conminaba a la dueña del establecimiento a adecuar el cartel al
artículo 32.3 de la “normativa vigente” en política lingüística, el
cual establece que “la señalización y los carteles de información
general de carácter fijo de los establecimientos abiertos al público
tienen que estar redactados, al menos, en catalán”. El Gobierno
autónomo justifica que Feliciana no emitió respuesta alguna; sin
embargo ella niega haberlo recibido. Posteriormente, se inició un
procedimiento sancionador, tras el cual Feliciana optó por ocultar
los rótulos en castellano, si bien no los sustituyó por otros en
catalán.
“Vino una inspectora y me pidió que redactara los letreros en
catalán y castellano, o bien sólo en catalán, tratando de meterme
miedo con amenazas de multas”, denuncia Feliciana. “Sin embargo, el
80% de mis clientes son personas que no hablan casi nunca en
catalán. ¿Por qué tengo que cambiar el cartel de mi negocio o pagar
a la Generalitat 1.200 euros?”, manifiesta la dueña del comercio
barcelonés. “No voy a pasar por el aro. Es un castigo
desproporcionado y puede que incluso anticonstitucional”, añade
Feliciana, quien ya ha recurrido la multa.
“Llegaré hasta el Tribunal Constitucional si es necesario. Ya no es
por el dinero, sino por no ser callada por los nuevos dictadores
catalanes”, denuncia.
El funcionario que instruyó el expediente de Feliciana resolvió
sancionarla con 1.200 euros, de acuerdo con la graduación prevista
en el artículo 14 de la Ley 1/1990 sobre “disciplina del mercado y
defensa de los consumidores y usuarios”.
Gloria Lago: "Vaciar las aulas no es el
camino para resolver el conflicto"
Galicia Bilingüe rechaza la celebración de la huelga convocada por
la plataforma Queremos Galego
www.lavozlibre.com 21 Enero 2010
Vigo.- La asociación Galicia Bilingüe ha emitido un comunicado en el
que declara rechazar la huelga convocada por la plataforma Queremos
Galego prevista para el mañana jueves 21 de enero. La entidad,
presidida por Gloria Lago, afirma que “vaciar las aulas no es el
camino para resolver un conflicto en el que los estudiantes, y no la
lengua, deberían ser el eje del debate”.
Recientemente la asociación expresó su oposición al borrador del
decreto gallego de la enseñanza presentado por la Xunta. “Entendemos
que supone un completo incumplimiento de las promesas electorales
realizadas antes de los comicios autonómicos por Alberto Núñez
Feijóo”, manifestó Gloria Lago. “Asimismo, mantiene a la educación
gallega alejada de los sistemas de libertad de elección de lengua
existentes en todas las democracias con dos o más idiomas
oficiales”, añadió la presidenta de Galicia Bilingüe.
“Nuestra postura está muy lejos de la defendida por los convocantes
de la huelga, que pretenden que se mantenga el actual modelo de
inmersión e imposición lingüística”, denunció Lago, quien añadió que
la asociación entiende que “la pérdida de horas lectivas no es
precisamente la vía idónea en un debate como el actual”.
Por otra parte, tanto la presidenta de la asociación como uno de los
socios de la entidad, Julio Tojo, acudirán esta tarde a las 19.30
horas a las dependencias de la Consejería de Educación en Santiago
para entregar un documento en el que constan las enmiendas del
colectivo a la propuesta de decreto presentada por la Xunta.
El abogado de la dueña del comercio ‘Blau Mari’, José María
Fernández, considera que la imputación de su clienta “es
manifiestamente injusta, además de ilegal, desproporcionada y
dictada con desviación de poder”. Para el letrado, el funcionario
“hizo su propia interpretación de la normativa, cayendo, además, en
una violación directa del Estatuto de Cataluña y, en concreto, de su
capítulo tres, en el que hace referencia a los derechos y deberes
lingüísticos”.
Presentan la Coordinadora 'Por una Cataluña
en libertad. No a las multas lingüísticas'
Asociaciones y partidos políticos responden a las sanciones por no
rotular en catalán
www.lavozlibre.com 21 Enero 2010
Barcelona.- Diferentes asociaciones y partidos políticos han
convocado una rueda de prensa hoy a mediodía en el Centro
Internacional de Prensa de Barcelona con objeto de presentar la
Comisión Organizadora de la Coordinadora ‘Por una Cataluña en
libertad. No a las multas lingüísticas’. Esta iniciativa supone una
respuesta a la campaña de multas iniciada por la Generalitat de
Cataluña contra las empresas que desarrollan su actividad en dicha
comunidad autónoma y que incumplen la Ley de política lingüística,
la cual establece que los letreros y rótulos de los establecimientos
deben figurar al menos en catalán.
La Coordinadora ‘Por una Cataluña en libertad. No a las multas
lingüísticas’ está formada por Ágora Socialista, Asociación por la
Tolerancia, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Impulso Ciudadano,
el Partido Popular de Cataluña y Unión, Progreso y Democracia
(UPyD).
En la presentación se ha anunciado la convocatoria de una
concentración para el próximo 30 de enero en Arenys de Mar con el
lema de la nueva comisión. También han querido presentar la nueva
página web, www.nomultaslinguisticas.com, que dará cobertura a la
campaña.
El PE defiende el uso del español frente a
las lenguas cooficiales
El presidente del PE subraya que siguen el "principio de utilizar el
idioma oficial en el que se pueden manejar los ciudadanos" de cada
Estado miembro
El presidente del Parlamento Europeo (PE), Jerzy Buzek, se ha
mostrado abierto a aumentar el número de idiomas que se utilizan en
la institución, pero defendió el uso del español frente a las
lenguas cooficiales del Estado español, por ser la "lengua que
conocen todos los ciudadanos españoles".
Efe Estrella digital 21 Enero 2010
Madrid
Buzek respondió así en una rueda de prensa junto al presidente del
Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a una pregunta sobre
la propuesta del Ejecutivo para facilitar el uso del catalán, el
gallego y el vasco en la Eurocámara.
Aunque consideró que el abanico de lenguas con interpretación en el
hemiciclo aumentará en el futuro, Buzek se refirió específicamente a
la próxima entrada de Croacia, que llevará a añadir un nuevo idioma
al conjunto de lenguas del PE.
En este sentido, subrayó que el Parlamento sigue el "principio de
utilizar el idioma oficial en el que se pueden manejar los
ciudadanos" de cada Estado miembro.
"La lengua que conocen todos los ciudadanos españoles"
"Este es el caso del español, porque es la lengua que conocen todos
los ciudadanos españoles", señaló. Además, recordó que en el caso de
las lenguas cooficiales de España, éstas tampoco se hablan a diario
en el Parlamento nacional.
Zapatero también fue preguntado sobre este asunto por los
eurodiputados durante su intervención en el pleno para presentar los
planes de la Presidencia española de la UE.
"Ha sido mi gobierno el que ha promovido el uso de lenguas
cooficiales de mi país en las instituciones europeas", respondió el
jefe del Ejecutivo.
En los últimos meses, el Gobierno ha vuelto a solicitar a la
Eurocámara que los diputados puedan intervenir en catalán, gallego y
euskera, una iniciativa que ya fue rechazada una vez durante la
anterior legislatura.
La coordinadora en contra de las multas
lingüísticas fue presentada ayer en Barcelona
Cataluña quiere aumentar a 10.000 euros las multas por no rotular en
catalán
La Generalitat aprueba una norma que endurece la política
lingüística
Joan Planes La Razón 21 Enero 2010
Barcelona- La Generalitat catalana sigue adelante con su política
punitiva y coaccionadora en el ámbito lingüístico, y ha aprobado un
proyecto de ley, llamado Código de Consumo de Cataluña, que endurece
aún más las sanciones a los comercios que no rotulen en catalán.
Esta futura norma fue aprobada el 9 de diciembre.
Hasta ahora, la sanción por no rotular en catalán iba de cero hasta
3.000 euros, pero con esta iniciativa esta cantidad puede ascender
hasta 10.000 euros. Concretamente, el artículo 331.5 del citado
proyecto dictamina que se pueden sancionar «las vulneraciones de los
derechos lingüísticos de las personas consumidoras o el
incumplimiento de las obligaciones en materia lingüística
establecidos en la normativa vigente».
Este artículo se refiere a la Ley de Política Lingüística, aprobada
en 1998 por CiU y continuada sin complejos por el tripartito. No se
aplicó hasta 2003, pero permite sancionar a cualquier
establecimiento que, como mínimo, no rotule sus indicaciones o
contratos en catalán. De las dos sanciones de 2003 se pasó a las 194
de 2006, con una recaudación superior a los 55.000 euros. Desde ese
año, la Generalitat se niega a facilitar las cifras de sanciones,
según denuncia el Grupo Mixto del Parlamento.
Más dureza
El artículo 333.1 del anteproyecto contempla que una infracción
leve, entiéndase no rotular en catalán los contratos o las
indicaciones, puede ser multado con hasta 10.000 euros. En casos de
reincidencia o simplemente no pagar la sanción, la cantidad puede
ascender hasta 1.000.000 de euros, aunque se trataría de casos muy
extremos.
En definitiva, el tripartito sigue adelante con su política
sancionadora, pero tanto el PP como el Grupo Mixto ya han presentado
una enmienda a la totalidad de este Código de Consumo de Cataluña.
Coordinadora proespañol
Por primera vez, diversos partidos y entidades catalanes han formado
una plataforma conjunta en defensa de la libertad lingüística. Se
llama «Coordinadora por la libertad en Cataluña. No a las multas
lingüísticas». Está formada por el PP, Ciutadans per Catalunya,
Asociación por la Tolerancia, Unión Progreso y Democracia e Impulso
Ciudadano. Aseguran que apoyarán a cualquier comerciante multado por
no rotular en catalán y han convocado una manifestación el próximo
30 de enero en Arenys de Mar (Barcelona). Es la localidad de Xurde
Rocamundi, propietario de una inmobiliaria que fue multado con 1.200
euros por no tener sus carteles en catalán. Rocamundi insistió ayer
en que ha recurrido una sanción que «no piensa pagar».
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