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La rebelión de los ayuntamientos
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 27 Enero 2010
LA próxima guerra en España no será de la izquierda contra la
derecha, sino de los ayuntamientos contra el gobierno. Una guerra
que no respetará ideologías ni partidos, creencias ni identidades.
Una guerra por el dinero, mondo y lirondo, al margen de ideologías y
de partidos, de creencias y de incredulidades. A tales extremos
estamos llegando bajo el desgobierno que sufrimos.
Después de disparar con pólvora del rey durante los años de vacas
gordas, los ayuntamientos se encuentran, al llegar las flacas, sin
un duro, y lo buscan hasta debajo de las piedras -literalmente-,
recortando gastos sin respetar las normas más elementales de
solidaridad. Si un depósito de residuos nucleares trae unos cuantos
milloncejos a la villa, junto a unos cientos de puestos de trabajo,
se acepta, y no me venga usted con la radiactividad, pues no hay
nada más radiactivo que un estómago vacío. Como si no hay dinero
para atender a las necesidades sociales más urgentes -sanidad,
educación, vivienda- se niega el empadronamiento a los inmigrantes
ilegales, que para eso son los últimos de la cola. Lo primero es lo
primero, y las reclamaciones, al juzgado de guardia, que ya sabemos
que no las va a atender. Si en Madrid o en la sede central de los
partidos protestan, que protesten. Los ayuntamientos tienen que
atender, sobre todo, a la calle, donde el que no ha perdido el
empleo teme perderlo y todo el mundo está de un humor que no veas.
Es la consecuencia de un planteamiento extravagante, que puede dar
al traste con nuestra democracia, tierna y frágil como una orquídea.
Me refiero a haber diseñado uno de los Estados más descentralizados,
con una financiación fuertemente centralizada. Conscientes de que el
dinero significa poder, los gobiernos quieren controlarlo, para
repartirlo entre los ayuntamientos según criterios más políticos que
económicos. Y no es eso lo peor. Lo peor es que, como suele ocurrir
con todo el dinero regalado, los ayuntamientos lo venían gastando
sin el menor sentido de la responsabilidad. Si tuvieran que
«ganárselo», es decir, obtenerlo a través de impuestos a sus
vecinos, se andarían con muchísimo más cuidado en el gasto y en el
gravamen, no fueran a provocar una rebelión fiscal entre el
vecindario. Así que los ayuntamientos se rebelan contra el gobierno
y, si les llaman la atención desde su partido, contra la dirección
del mismo. Con las cosas de comer no se juega.
Lo malo es cuando las arcas del Estado están vacías y no queda para
repartir. Que es la situación a la que empezamos a llegar en una
España a la que habían dicho que era rica, y resulta que no lo era
tanto. Hay un hilo más allá de la ideología entre Vic, Ascó, Yebra y
Torrejón, que puede extenderse como una borrasca invernal a otros
municipios conforme la crisis se ensancha y los recursos disminuyen.
A perro flaco, todo son pulgas.
Por mi, como si se pudren.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 27 Enero 2010
“Por mí, como si quiere beber vino”. Una frase de la Presidenta del
Tribunal que juzga al etarra Otegi que resume el cambio de actitud
que debería haber en este Gobierno, sobre todo en su ambigüedad en
la lucha contra ETA. Y la otra frase del día es la que ha realizado
Dª Esperanza Aguirre, “El Gobierno, si quiere, puede evitar que ETA
esté en las Instituciones”. Porque lo que es una auténtica vergüenza
es que el Gobierno del Sr. Zapatero siga permitiendo que ETA esté en
las Instituciones al no haber disuelto los Ayuntamientos donde ANV
sigue ejerciendo su poder y su coacción a los ciudadanos en el País
Vasco y Navarra.
La respuesta del Ministro de Justicia Sr. Caamaño de que "intentará"
que ETA no consiga su objetivo de volver a presentarse y ser electos
en las elecciones del 2011, no demuestra decisión, sino solo un
deseo tibio que por ahora los hechos han demostrado que no se
llevará a efecto. Y todo seguro que se intentará venderlo bajo el
manto de la legalidad y de los derechos, como se nos vendió cuando
las famosas listas de ANV, con la inestimable colaboración de la
Fiscalía General con el Sr. Conde Pumpido manchándose de nuevo la
toga con el lodazal.
De nada sirven las palabras si las actuaciones van justo en la
dirección contraria. De nada sirven los derechos cuando estos son
pisoteados por los propios jueces encargados de defenderlos. De nada
sirve una Constitución cuando cualquier Gobierno Autonómico y su
Parlamento se creen con derechos superiores y con la facultad de
enmendarla y adaptarla a sus objetivos. De nada valen las
Instituciones encargadas de vigilar que se cumplan las leyes y la
Constitución, cuando esas Instituciones están prostituidas por el
servicio a los partidos políticos y sus consignas, “dependiendo de
la jugada”.
No basta ya con denunciar la connivencia de un Gobierno con una
situación de ilegalidad como es la de la presencia de ANV en los
Ayuntamientos. No basta con adelantar el futuro inmediato de la
permisividad ante el nuevo desafío de la izquierda abertzale
representante de ETA y su reto a la democracia, burlando la Ley y
volviendo a obtener cargos electos en unas Instituciones ya
manchadas con la sangre de las víctimas del terrorismo, del chantaje
y de la represión de las libertades de los ciudadanos. Ha llegado la
hora de oponer toda clase de resistencia para conseguir desalojar a
esa chusma de los Ayuntamientos y bloquear todos los intentos y no
lleguen a conseguir otra vez su propósito.
Este Gobierno del Sr. Zapatero no es fiable ni es creíble. Aún
menos, cuando permanecen en sus cargos los mismos personajes que
mintieron a los ciudadanos, que ocultaron sus vergonzosa
negociaciones y que ahora intentan ocultar el delito de Alta
Traición que cometieron para mantener esas negociaciones, con el
infame y vil chivatazo a ETA. La Justicia tampoco es fiable ni
creíble cuando es incapaz de hacer cumplir sus propias Sentencias y
permite que sean como papel mojado, o permiten que una causa como la
del “Chivatazo” quede “sine die” atascada en los archivos de un juez
cuyo historial es ejemplo de un abuso descarado de posición de
fuerza permitido por sus superiores.
Y si no podemos creer ni en el Gobierno ni en la Justicia, ¿en quién
podremos creer?. Tan solo en nuestra propia conciencia y en la unión
de los que pensamos que España no puede ni debe seguir en manos de
estos impostores y traidores. Los ciudadanos debemos creer en que la
Soberanía reside en el pueblo español y que esa casta de
politicastros y advenedizos al poder han demostrado que no son
dignos de ejercer la administración de un bien tan preciado. Los
ciudadanos debemos exigir un cambio radical en el comportamiento de
esos dirigentes y obligarles a hacerlo.
Reclamemos ya una verdadera democracia en España. Reclamemos nuestro
derecho a decidir y la reforma de la Ley electoral. Reclamemos que
cada ciudadano tiene un voto de igual valor que el de otro, sin
reglas matemáticas ni diferencias por ubicación. Reclamemos la
independencia de la Justicia y obliguemos a que se cumpla la Ley.
Aislemos a los terroristas y acorralemos a los que les apoyan y a
los que quieren negociar en nuestro nombre rindiéndose a sus
exigencias. No más ambigüedades, ni mentiras. Los españoles
merecemos mucho más de los que estos dirigentes nos ofrecen.
Ejerzamos nuestro derecho a despedirlos.
Alta traición
EDURNE URIARTE ABC 27 Enero 2010
Creo que uno de los momentos más tristes y desoladores de la lucha
antiterrorista tuvo lugar cuando una buena parte de este país sonrió
con displicencia, incluso rió, ante aquella petición de las actas de
las reuniones del Gobierno con ETA realizada por Rajoy en el
Congreso en la pasada legislatura. Porque no sólo rió por
ignorancia, con tantos «analistas» que desconocían a esas alturas la
existencia de las actas o la importancia de tales documentos en los
métodos de trabajo de ETA.
Lo hizo espoleada más bien por aquel clima de impunidad moral en el
que se desarrolló la negociación de Zapatero con ETA. Cualquier cosa
valía, incluido Faisán.
Si el caso resucita ahora y ya nadie parece querer reírse, ni
siquiera sonreír, no es porque haya cambiado el clima de laxitud
moral sobre los tratos con terroristas, sino porque al Gobierno
socialista se le ha ido la mano en sus turbios manejos para
paralizar las investigaciones. Y una cosa es que el Estado se manche
las manos con la sangre de los crímenes terroristas y otra que lo
haga de forma chapucera y nos enteremos, que es lo que pasa con el
caso Faisán y lo que ya no pueden admitir ni los que se reían con lo
de las actas. La porquería, vale, pero si es secreta.
Y en este asunto ya casi nada es secreto. Ni las propias actas, los
párrafos sobre el Faisán incluidos. Ni las llamadas entre
responsables policiales la noche de autos, con el segundo de
Rubalcaba de por medio. Ni las presiones del Gobierno para apartar a
Grande Marlaska del caso. Ni las presiones mucho mayores, sobre
Varela, para proteger a Garzón de los procesos judiciales que
amenazan con sacarlo del Faisán.
Las cloacas del Estado han emergido a la superficie, la sonrisa ha
quedado helada en tantas bocas complacientes y la calificación de
«alta traición», empleada por la Unión de Oficiales de la Guardia
Civil, se abre paso.
Escuelas católicas defienden la imposición
lingüística
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 27 Enero 2010
El País del sábado pasado ha publicado una entrevista con el
religioso Xosé Francisco Martínez Reboiras, Secretario de FERE
Galicia (Federación de centros concertados religiosos de Galicia),
en la que reclamaba un Decreto con más gallego sobre todo en villas
y ciudades.
Martínez Reboiras ya había aparecido con anterioridad en algunos
medios, y en sus declaraciones mostraba afinidad con las tesis
nacionalistas. Además es firmante a título individual de manifiestos
de la Mesa pola Normalización, (los listados están publicados en
internet) aunque, como sabéis, esta entidad reclama una enseñanza EN
gallego para todos los niños de Galicia. Además, FERE Galicia,
siendo él Secretario, firmó junto con la Mesa, la CIG, y la llamada
Coordinadora de Equipos de Normalización, el folleto de triste
recuerdo con el que se intentaba influir en las familias cuando
recibieron la encuesta de la Consellería de Educación en junio
pasado.
El señor Martínez Reboiras, por supuesto, es libre de tener la
ideología que estime oportuna pero, teniendo en cuenta los
resultados de la encuesta a los padres, me parece que sus opiniones
respecto a la presencia de las lenguas en la enseñanza no coinciden
con las de la mayoría de los padres que tienen a sus hijos
escolarizados en estos centros. Por lo tanto, dadas las
consecuencias que sus tesis podrían tener en la enseñanza de
nuestros hijos, pues además de haber sido consultado por el
Conselleiro esta semana como representante de los colegios
católicos, es miembro del Consello escolar de Galicia, os facilito
las siguientes direcciones para que podáis transmitir vuestra
opinión en el caso de FERE Galicia e informar en el caso de FERE
nacional, si así lo consideráis oportuno.
DIRECCIONES:
Escuelas Católicas Galicia
Santa Clara, 23
15704 Santiago De Compostela
Tel. 981 582 527 y 981 581 322
galicia@escuelascatolicas.es
Escuelas Católicas España
C/Hacienda de Pavones, 5 - 1º
28030 MADRID
Tel: 91 328 80 00
ferececa@ferececa.es
HUELGA CONTRA EL DOBLAJE
El cine reacciona contra Montilla
IMPRESIONES El Mundo
27 Enero 2010
LOS PROPIETARIOS de salas cinematográficas de Cataluña irán a la
huelga el próximo lunes, coincidiendo con la entrega de los premios
Gaudí. Se han adherido ya al paro 74 empresas que poseen 528
pantallas, el 80% del sector. Los exhibidores protestan contra la
obligación de doblar las películas de Hollywood en catalán que
establece el proyecto de ley del cine que está discutiendo el
Parlamento catalán. Calculan que, de entrar en vigor la norma, los
espectadores bajarían de 20 millones anuales a solamente cuatro.
Parece increíble a estas alturas que los poderes del Estado obliguen
a exhibir las películas en un determinado idioma, sin respetar la
libertad de oferta cultural. Ello pone en evidencia la retrógrada
mentalidad de quien gobierna en Cataluña.
Brasil ya habla español
Nuestra lengua es estudiada por cinco millones de sus habitantes
MANUEL DE LA FUENTE, MADRID ABC 27 Enero 2010
Tal vez se pueda decir más alto, pero más claro es difícil: el
español goza de buena salud. Y en algunos casos, como el de Brasil,
más que buena es excelente. Así se desprende de la información
contenida en el Anuario 2009 del Instituto Cervantes, que su
presidenta, Carmen Caffarel, ha presentado en Madrid, en la sede de
la institución.
Una publicación, como subrayó Caffarel, que sirve para “para palpar
la situación del español en el mundo, sus perspectivas, y cómo se
nos percibe, y que es también de gran utilidad para los medios, las
universidades y los investigadores”. El Anuario, cuya publicación es
ya una tradición que se remonta a 1998, consta en esta ocasión de
tres partes.
La primera de ellas presenta tres estudios sobre el estado del
español en otras tantas zonas del mundo, como Rusia, Brasil, y los
países subsaharianos. Según la directora del Cervantes, “en Rusia, a
pesar de que no existen datos oficiales, creemos que las
perspectivas son muy halagüeñas y que hoy existen alrededor de
20.000 estudiantes de español. Allí están retrocediendo lenguas como
el alemán y el francés, y nosotros vamos a intensificar nuestras
políticas para penetrar más, ya que creemos que los rusos, tanto por
interés cultural como turístico se sienten muy atraídos por el
español”.
Los países subsaharianos también están viendo un fuerte desarrollo
de nuestra lengua
La joya de la corona
Los países subsaharianos también están viendo un fuerte desarrollo
de nuestra lengua, que sin duda se verá afianzado por los distintos
Planes África del Ministerio de Asuntos Exteriores, y por del Aula
Cervantes de Dakar, Senegal, en la Universidad Cheikh Anta Diop.
Caffarel considera que “el estudio del español puede desarrollarse
mucho ya que es una magnífica herramienta para el desarrollo y la
prosperidad económica”. En cuanto a Brasil, es la joya de la corona,
con sus 5 millones de estudiantes de español. Un crecimiento que va
a ser “imparable”, que sobre todo es una consecuencia de la
aprobación, en 2005, de la llamada Ley del Español que obliga a que
se ofrezca la asignatura del español en todas las escuelas de
enseñanza pública media del país.
A continuación, el libro se detiene en toda su segunda parte, en el
análisis de la labor que ha desarrolla la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, dentro el ámbito de la
difusión internacional de la lengua española. También se detallan,
los sesenta corpus de lengua española hablada y escrita existentes
en la acutalidad, y se da un exhaustivo repaso a las bibliotecas del
mundo hispánico. Finalmente, el Anuario comenta y explica la labor
del propio Instituto, con especial atención a dos fechas señaladas,
el decimoctavo aniversario de su creación, y los veinticinco años
que ha cumplido al la especialidad académica el Español como Lengua
Extranjera.
Gabilondo propone hoy a las autonomías
cambios normativos en Educación
Madrid - R.R. La Razon 27 Enero 2010
Presentará un centenar de propuestas en un primer paso para lograr
el pacto
El ministro de Educación , Ángel Gabilondo, presentará hoy a las
comunidades autónomas un borrador de pacto educativo con al menos un
centenar de propuestas con las que se busca el consenso. El de hoy
es un paso fundamental , ya que si hay acuerdo con las autonomías y
con el principal partido de la oposición, se consideraría salvado el
pacto.
De momento, hay voluntad política por todas las partes. Gabilondo,
en concreto, tiene especial empeño en conseguir este demandado pacto
porque se trata de un encargo de Rodríguez Zapatero. Los populares
también están por el acuerdo y al menos una vez por semana mantienen
reuniones con el ministerio. De conseguirse, sería la primera vez en
la historia que se alcanza un pacto de estas características. Ayer,
el titular de Educación avanzó que en la conferencia sectorial que
preside hoy propondrá medidas que conllevarán modificaciones
normativas y que podrían afectar a la estructura del sistema
educativo. «El pacto educativo no debe basarse en la reiteración,
sino en cambiar las cosas», dijo ayer. «La reunión de hoy será real
y efectiva, no un mero paripé en el que se debatan decisiones
previamente aceptadas», añadió.
Después, se abrirá un debate durante el mes de febrero en el que
también participarán otros partidos políticos, agentes sociales y
miembros de la comunidad educativa.
Gabilondo recordó el lunes en Bruselas que propondrá que haya
financiación suficiente para la educación, independientemente de
quién gobierne y de la situación económica que haya, y situará al
profesor en el centro del sistema. Además, el pacto debe garantizar
que «se conozca perfectamente el castellano y también las lenguas
cooficiales en las autonomías en las que se hablan».
El Partido Popular ya presentó al Ministerio sus propuestas en un
documento conjunto al que se suman las autonomías gobernadas por
este partido. Los populares no están dispuestos a renunciar al
principio de libertad de elección de centro, quieren que se evalúe
el sistema educativo y que haya un sistema con carácter nacional.
El Ayuntamiento endurece el reglamento de
usos lingüísticos
À.G | BARCELONA ABC 27 Enero 2010
La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona da hoy luz
verde al reglamento de Usos Lingüísticos, un texto que, con la
aceptación de casi una docena de enmiendas de ERC y de CiU, ha
sufrido un endurecimiento con respecto a lo aprobado de manera
provisional en la comisión de noviembre. La nueva normativa, que
podría entrar en vigor en marzo, consagra el monolingüismo de facto
que ya practica el Ayuntamiento.
Entre las enmiendas aceptadas está por ejemplo la que regula la
rotulación pública. Si en el texto pactado en noviembre se señalaba
que en el artículo 12 que ésta debía ser redactada en catalán «salvo
en los casos que por motivos justificados puedan aconsejar la
utilización del castellano», ahora esta apostilla es suprimida.
Igualmente este punto se regula en el artículo 27.1, de donde se
suprime el «preferentemente en catalán». Lo mismo sucede con la
regulación de la lengua en las publicaciones y medios de
comunicación municipales (art. 14) que se hará «normalmente en
catalán», con la única excepción de la promoción exterior o los usos
turísticos; en el redactado anterior se añadía que podría optarse
por otra lengua «cuando otras circunstancias lo aconsejen». De igual
modo, (art. 1.3) se especifica ahora que las empresas que suscriban
conciertos o convenios con el Ayuntamiento deberán dirigirse «al
menos» en catalán en sus comunicaciones con el Consistorio.
Para la portavoz del PP Àngels Esteller, el reglamento y la nuevas
enmiendas son una vuelta de tuerca más en la supresión definitiva
del castellano en el ámbito municipal. Para ella, apostillas usadas
habitualmente en el texto como el «habitualmente» o el
«preferentemente» son sólo argucias legales para evitar lo que sería
una impugnación segura del reglamento en los tribunales. Las
alegaciones del PP, así como las del grupo pro bilingüismo Impulso
Ciudadano han sido rechazadas. Para Jaume Ciurana (CiU), el
reglamento llega con al menos diez años de retraso.
******************* Sección "bilingüe"
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La sentencia del Estatut será pública en
febrero
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 27 Enero 2010
La noticia, aún presunta, la tengo desde el lunes. La comparto con
otro periodista muy conocido. La fuente es de enorme relevancia y
solvencia. No está viciada por ningún “me dicen que tal dijo” sino
que fue directa. Nos lo dijo y nos lo aseveró con especial énfasis.
La sentencia del Tribunal Constitucional está lista y será hecha
publica en un plazo de tres semanas, o como mucho en la tercera
semana de febrero.
Hay artículos que van a ser declarados inconstitucionales.
Y un matiz importantísimo que puede tener serias consecuencias. El
voto de calidad de la presidenta Maria Emilia Salas que desharía
algún empate será el motivo de la impugnación-aduciendo que su
mandato está cumplido-ante el Tribunal de Estrasburgo. ERC está ya
preparando ese recurso.
Eso es lo que sabía desde el lunes. No había escrito ni comentado
nada. Pero ayer martes, Melchor Miralles, director de Veo Tv, amigo
y contertulio en ese momento en “Madrid Opina”, hizo publica una
información casi idéntica a la que yo poseía y que había dado poco
antes como primicia en el canal que el mismo dirige.
Digo casi idéntica porque Miralles aportaba a lo que yo conocia más
datos concretos. A) 18 artículos son considerados en todo o en parte
inconstitucionales B) En otros cerca de cuarenta hay votos
particulares que dudan de su constitucionalidad.
Coincidían nuestras fuentes-ni yo conozco la suya ni el la mía- en
el tema relevante del voto de calidad y del recurso ante
Estrasburgo. Cuestión esta que no parece desagradar al gobierno. La
patata caliente se pone a enfriar –lo que pueda enfriarse-fuera.
Pero cabe una duda. Si hay sentencia, y me pongo la venda pues ya
han habido más anuncios y filtraciones de su inminencia que no se
han cumplido (el último para primeros de enero), esta, pese al
recurso a instancia europeas, ¿ habrá de ser, imagino, de inmediata
ejecución o seguirá el limbo?. Entiendo, dada nuestra ley, que es
evidente lo primero pero...
P.D. Dos lectores me indican que no podría ser ante el Tribunal de
Estrasburgo. Quizá haya algún lapsus en cuanto a la instancia
europea a la que dirigan, que por costumbre señalamos a Estrasburgo.
En cualquier caso textualmente es lo que me informaron. Y se precisa
que la recusación iría dirigida a Maria Emilia casas pues el tiempo
de su cargo como presidencia ya está cumplido.
Los estudiantes huyen de la educación en
eusquera… como es lógico
Pascual Tamburri elsemanaldigital 27 Enero 2010
Qué bonita es la variedad lingüística de España. Y lo es de verdad,
sin ironías. Pero no cuando se trata de convertirla en excusa de lo
que nunca ha sido y probablemente jamás será. Es lo que pasa en
Navarra, donde más de dos décadas de gestión política de la
presencia del vascuence en las aulas se ha convertido en una
pesadilla para muchos alumnos. No es una opinión, esa se la ofreceré
en breve: son hechos.
El Departamento de Educación del Gobierno foral, dirigido ahora por
Alberto Catalán, ha ofrecido estos días datos sobre los diferentes
modelos lingüísticos existentes en Navarra, detallando además
cuántos alumnos pidieron un cambio de modelo. Los datos, además de
públicos, son preocupantes para nuestra libertad.
Un sistema complicado… y con peligros
En Navarra existen cinco modelos lingüísticos desde Educación
Infantil a Bachillerato y FP (en la Universidad hay una oferta de
asignaturas en vascuence y algunas titulaciones que exigen
cursarlas, además del eusquera como asignatura). El modelo A implica
la educación en castellano con asignatura de euskera, con 16.668
alumnos en 2009-2010 (19%); hay que recordar que es el único modelo
no en vascuence que puede ofrecerse en la zona vascófona gracias a
la Ley del Vascuence que el PSOE aprobó y el centroderecha nunca ha
derogado. Por tanto en el Norte el modelo A es la opción "más
castellana", pese a incluir un estudio obligatorio del vascuence. El
modelo B, que se presentó en su momento como la panacea de la
integración, utiliza los dos idiomas como lenguas vehiculares, y
sólo es elegido por 125 navarros de todos los niveles educativos. Lo
que venimos llamando un fracaso.
El rey de los modelos lingüísticos en Navarra es, de manera natural
y pese al mucho dinero público gastado en promocionar todos los
relacionados con el batúa, el G, con el castellano como única lengua
vehicular y 46.784, 53% del total. Hay que señalar que en los
últimos años ha sufrido una cierta erosión por la implantación de
los modelos TIL y British, con 1.219 alumnos en Infantil y Primaria
y varias secciones experimentales en la ESO; aquí el español viene
complementado por el inglés como lengua vehicular en algunas
materias, y es la gran novedad. Su expansión no está limitada por el
número de familias dispuestas a elegirlo, sino por la escasez de
docentes formados y la necesidad de concentrarlos por el momento en
sólo algunos centros educativos (y no, no soñemos: en 2015 no todos
los centros van a ser bilingües, es una imposibilidad física).
Este problema de la formación del profesorado ya se planteó cuando
se creó el modelo B, sólo con el euskera como lengua vehicular
excepto en las tres o cuatro horas semanales de la asignatura de
lengua española. Hoy son 22.616 alumnos (25%), incluyendo los de las
ikastolas ilegales, después legalizadas y por último subvencionadas
sin que se alzase una sola voz de protesta.
Los políticos no dan voz a la gente de la calle
Porque es políticamente incorrecto protestar, porque nuestra casta
política sigue teniendo complejos, porque siguen creyendo que decir
la verdad es "ir contra el euskera" y por tanto ser poco modernos.
Por todo eso y por más cosas que callaré nadie dice nada. Los
porcentajes de elección de modelo lingüístico no se corresponden con
los de lengua materna, de manera que nos encontramos en Navarra, y
particularmente en el Norte por imposición legal o virtual y en el
resto por moda entre los progres, con miles de familias
castellanohablantes que por razones políticas han elegido un modelo
en o con vascuence para su hijo. Y a veces no ha elegido la familia,
sino la maestra, el secretario o sencillamente el ambiente. Pero no
encontrarán ustedes un político que denuncie esto, porque hacerlo
supone violar uno de los tabúes colectivos de la Navarra que aún no
ha superado la Transición.
Miren ustedes, no: estudiar en una lengua que no es la materna o la
ambiental es difícil y no, no está al alcance de todas las cabezas
si se quieren alcanzar los mismos objetivos cognitivos. Siento mucho
que sea así pero nuestra naturaleza es la que es. Y si había alguna
duda –décadas de murga abertzale, pagada por todos los
contribuyentes y entreverada de marxista y clerical à la Lezáun, no
han pasado en vano- ahora con los modelos parcialmente en inglés lo
tenemos claro: no se pueden universalizar porque ni se dispone del
profesorado necesario (ni siquiera aunque se quisiese gastar lo que
se gastó con el vascuence en su tiempo… curiosa discriminación) ni
la mayoría de los alumnos están en condiciones de seguirlos hasta el
final de su ciclo escolar, a menos que se rebajen ulteriormente los
niveles de formación y conocimientos. Se puede estudiar en una
lengua que no se posee como propia, pero no todo el mundo puede y no
todo el mundo puede por igual.
El problema es la libertad
¿La prueba? En el curso 2008-2009 hubo en Navarra más de 1.900
estudiantes que pidieron cambio. Atención, no todos podían, porque
estaban limitados por la zonificación lingüística (el modelo en
euskera se puede estudiar en toda Navarra con financiación pública
desde la simpática y progresista legalización de las ikastolas, pero
no sucede lo mismo con el modelo G, prohibido en la zona vascófona,
ni con el A, tendencialmente destinado en la misma a hijos de
inmigrantes y socialmente estigmatizado por ello). Pues bien, de los
que podían la mayoría de los cambios (1.528, el 82%) son peticiones
de pasar del modelo A al G abandonando así por completo el euskera,
que se unen a los 119 que pasaron del modelo D al G. La cifra va en
aumento, porque sólo 806 alumnos en 2004-2005 quisieron dejar el
modelo A.
Todo esto, aunque oficiosamente disimulado, no es secreto. Tampoco
lo es que la Ley del Vascuence limita la libertad de las familias
que optan por el castellano y entra en colisión con el artículo 27
de la Constitución, aunque nos haga sentir taaan progresistas. Y más
aún: incluso cuando la zona geográfica lo permite la reglamentación
vigente establece que los cambios de modelo deben hacerse al final
de etapa (Infantil, Primaria, ciclos de Primaria y de la ESO) o si
no justificarse por razones psicopedagógicas por el orientador del
Centro. En 2008-2009 hubo 62 denegaciones de cambio de modelo
fundamentadas en informes de estos funcionarios. Señora, señor,
atención: en Navarra (y sospecho que no sólo en ella) hay un
empleado de la Administración que tiene derecho legal a corregir su
libertad de elección para sus hijos. Son los peligros de un sistema
educativo pensado por los políticos para su propia satisfacción y
no, ay, para atender la libertad de las familias.
LAS RAZONES POR LAS QUE CAMACHO PODíA Y DEBíA SER INVESTIGADO
Un teléfono para comunicarse con ETA y
también con el 'número dos' de Interior
IMPRESIONES El Mundo 27 Enero 2010
LA INFORMACIÓN sobre el chivatazo que publicamos hoy deja en
evidencia al número dos de Interior, en su tesis de que él no pudo
ser investigado de forma legal porque no era objeto de
investigación. Al margen de que su razonamiento fuera una
perogrullada, esta nueva revelación periodística aclara con todo
detalle cuál fue el camino que siguieron las indagaciones policiales
para llegar a su teléfono. Los datos están contenidos en el informe
de la parte reservada del sumario. Los agentes detectaron que el
número de teléfono al que el etarra Iurrebaso dijo que llamaba
durante la tregua correspondía a un móvil que usaba García Hidalgo
con el máximo secreto. El entonces director general de la Policía lo
utilizaba en contadas ocasiones, sobre todo, por lo que se sabe,
para comunicarse con ETA. A ese número telefónico, probablemente
pinchado por orden judicial, llamó al menos hasta en tres ocasiones
Antonio Camacho, por lo que está bastante clara cuál fue la razón
para que él pudiera y debiera ser investigado en relación con el
chivatazo a la trama de extorsión de la banda terrorista. El canal
de comunicación del director general de la Policía con la dirección
etarra era el mismo por el que hablaba con Camacho. Así pues, el
secretario de Estado de Seguridad tiene mucho que explicar y que
aclarar, tal y como ayer le reclamó el líder del PP, Mariano Rajoy.
Solidaridad 'Nimby'
El proceso para instalar un cementerio nuclear acredita que partidos
e instituciones se mueven por el «puro localismo, la negación
práctica de que existen intereses colectivos y de que los políticos
deberían definirlos y defenderlos»
MANUEL MONTERO El Correo 27 Enero 2010
Los ecologistas están que ni se lo creen. Los políticos del régimen
les hacen el trabajo. Propagan sus ideas, las legitiman. A los
socialistas y populares les parecen bien las centrales nucleares
pero abominan de sus efectos. ¿No es lo mismo? Montilla -catalán del
PSC- y Cospedal -castellano-manchega del PP- coinciden por fin: no
quieren que en sus comunidades autónomas se coloquen los residuos
nucleares. El Parlamento y sus partidos creen que debe haber
cementerio para acogerlos -entre otras razones, por seguridad-, hay
ayuntamientos en sus comunidades autónomas que quieren tenerlos,
pero ellos se indignan. Sienten que les puede pasar factura
electoral en su autonomía. Es puro localismo, la negación práctica
de que existen intereses colectivos y de que los políticos deberían
definirlos y defenderlos.
Hacen lo contrario. Enarbolan la bandera de los agravios regionales,
choquen o no con intereses municipales o nacionales. Al parecer
éstos les traen el pairo. Ni se molestan en rebatirlos. Lo
importante es su chiringuito.
Es el efecto 'Nimby' (No in my backyard, no en mi patio trasero). En
España este síndrome hace estragos. Sobrepasa el terreno de la
movilización vecinal o ecologizante y se convierte en elemento
informador de políticas autonómicas, que se mueven en su sazón
cuando van contra la gubernamental. Consiste en oponerse a
determinados equipamientos no porque se discrepe de ellos, sino
porque se sitúan cerca. Que se construyan cárceles, centrales
nucleares o térmicas, vertederos. pero que se construyan lejos. No
en mi patio. Que se reparta el agua, pero que no me toquen mis ríos.
Con frecuencia se ven o leen reportajes sobre cómo los países
desarrollados europeos o Estados Unidos exportan basuras, residuos
plásticos o peligrosos a los del Tercer Mundo -o que se instalan
allí industrias contaminantes- e indefectiblemente el discurso
adquiere un tono moral, indignado por tales comportamientos, que se
presentan como ajenos pero que son los que queremos nuestros.
El pensamiento 'Nimby' tiene efectos destructores, por difundir
mentalidades ventajistas: sólo nos toca el lado bueno del progreso.
Queremos móviles, pero que las antenas estén lejos, pues aunque no
haya pruebas de que son perjudiciales, por si acaso... No ha de
haber residuos nucleares -y por tanto tampoco centrales, pues hoy
por hoy no hay éstas sin aquéllos-, pero cuando hay que importar
electricidad se trae de Francia, que la produce en centrales
nucleares. El mal, si lo hay, que quede en un lugar remoto.
Estos planteamientos localistas están llamados a hacer furor en
España, de por sí bien dotada para la lucha regional, para el
combate entre sus partes y para ver el mundo con las anteojeras de
la plaza del pueblo.
Con estos mimbres resulta imposible establecer incluso la hipótesis
de que existe un bien general. Ni el Gobierno establece criterios ni
los partidos los consensúan internamente. No se atreven, para no
desatar sus luchas tribales intestinas. El propio concepto de bien
común resulta inimaginable si ha de compaginarse con todos y cada
uno de los intereses electoralistas y con el 'politicocorrectismo'
ambiental. Sobre todo si los partidos de gobierno no tienen
programas nacionales para las cuestiones delicadas y lo dejan todo
al albur de las luchas entre sus baroncillos. O si, como en este
caso, los propios mandos -Montilla y Cospedal no son unos mindunguis
entre los suyos- dan pábulo o alimentan los prejuicios que
oficialmente combaten.
Lo peor del caso, lo que alienta la idea de que la pequeñez se
impone sobre los intereses generales, es el perverso recurso al
término 'solidaridad'. Antes, la palabra solidaridad tenía
connotaciones nobles, progresistas, fraternas, la idea de que hay
que echar una mano al que va a peor. La solidaridad se ofrecía, se
daba con gusto, representaba la concordia. Ahora la solidaridad se
usa para exigírsela a los demás, venga o no a cuento -sobre todo si
no viene- y se usa para defender los localismos.
En eso están de acuerdo. Montilla dice que otras comunidades
autónomas tienen que quedarse con los residuos «por solidaridad»,
porque los catalanes ya cumplen con su cuota al tener centrales y
que los demás apoquinen, pues les toca lo suyo: no parece un
argumento verosímil viniendo de un ex ministro de Industria que no
explicaba que lo nuclear es el mal. Pero vivimos en la
inverosimilitud. De hecho, a Montilla la palabra solidaridad, que no
se le cae de la boca, le vale para todo: para pedir más
financiación, para el Estatut, para deshacerse de residuos. Aunque
su concepto de solidaridad varía según si los solidarios son sólo
catalanes o están también los de fuera. La definición local del
concepto que hizo hace un par de años, cuando había problemas de
agua en Barcelona y había que llevarla del Segre, no tiene
desperdicio: «Estoy seguro (de) que ningún catalán, viva donde viva,
quiere para otro compatriota lo que no quiera para él». Para los no
compatriotas es otra cosa. Se diría.
Cospedal no anda muy lejos: «La solidaridad en materia nuclear se
debe repartir entre todas las regiones de España». Seguramente
quiere decir 'carga' donde pone 'solidaridad', pero si es así no se
entiende el entusiasmo del PP por las centrales.
Aquí no encaja el nombre de solidaridad, la conciben de forma
ramplona y exclusivista. Es solidaridad arrojadiza, de echar en
cara. Al margen de este victimismo electoralista, no se apela a
criterios racionalizadores, a análisis, a estudios de expertos, a la
búsqueda de soluciones comunes a problemas compartidos. España se
gestiona desde el síndrome de 'Nimby' institucional.
Deber de Estado
La disputa entre partidos por las detenciones de la Ertzaintza
resulta perniciosa
Editorial El Correo 27 Enero 2010
La detención por la Ertzaintza de cinco presuntos integrantes de
ETA, en poder de uno de los cuales se ha encontrado un arma y
material explosivo, ha vuelto a demostrar que la actuación policial
y judicial está mermando muy seriamente la capacidad operativa de la
banda terrorista, conduciendo a sus miembros a un callejón cuya
única salida es el desistimiento. Hace ya años que ni los
apologistas de la violencia ni sus intérpretes se atreven a esgrimir
la imbatibilidad de ETA como argumento para presentar la negociación
política con la banda como algo inexorable. Si acaso se refieren a
una salida dialogada con el propósito de salvar el macabro honor de
los terroristas, que saben que están abocados a una derrota
irremisible y al cumplimiento de las penas que los tribunales les
impongan. Es la suerte que les espera a los detenidos de ayer en el
caso de que se confirmen las sospechas que han llevado a la
Audiencia Nacional a ordenar su puesta a disposición de la justicia.
El hecho de que hayan sido la división antiterrorista de la Policía
autónoma vasca y sus unidades de investigación las responsables del
desmantelamiento de esta presumible célula de ETA se ha convertido
en noticia por la sencilla razón de que es la primera intervención
de la Ertzaintza en mucho tiempo. Pero por extraña que fuese la
aparente inacción del Cuerpo durante las dos últimas legislaturas en
la persecución del terrorismo etarra, sería temerario atribuir tal
circunstancia a una supuesta pasividad de los anteriores
responsables, e injusto extender un manto de sospecha sobre ellos o
sobre los mandos de la Policía autonómica. El mandato estatutario
hace de la Ertzaintza una policía integral, y confiere al Gobierno
vasco la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos de
Euskadi. Obligación que frente a ETA se convierte en una
responsabilidad de Estado. De manera que esta última actuación de la
Policía autonómica debería interpretarse no como el resultado de un
determinado impulso político, sino como la conclusión de una tarea
desarrollada en cumplimiento del propio deber policial bajo la
supervisión judicial correspondiente. En estos momentos nada puede
resultar más pernicioso que una disputa partidista entre el PSE-EE y
el PNV, jactándose los primeros y devaluando los segundos las
detenciones de ayer.
El papel de la Ertzaintza
No hubo pasividad ante ETA pero sí distinta intensidad cuando la
prioridad era otra
Editorial El País 27 Enero 2010
El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, considera que hay
pruebas que demuestran la participación de los cinco etarras
detenidos ayer en la zona de Ondarroa en el atentado contra la
comisaría de la Ertzaintza en esa localidad en septiembre de 2008:
un atentado en el que los terroristas emplearon 100 kilos de
explosivos y que claramente buscaba una matanza, aunque la prudencia
de los agentes (y la suerte) hicieron que sólo se produjeran 10
heridos. Se trata de una operación relevante en sí misma, pero
significativa además por haber sido realizada por la propia policía
vasca, víctima de aquel atentado.
Durante el día de ayer hubo algunas declaraciones imprecisas sobre
el cambio en la actitud de la policía autonómica que revelarían
estas detenciones. La Ertzaintza se ha enfrentado a ETA, y ETA a la
Ertzaintza, casi desde su creación a comienzos de los años ochenta.
En un boletín fechado en 2003, ETA decía que "la actitud de la
organización es equivalente a la de la Ertzaintza respecto al
movimiento de liberación". Se trataba de advertir a los agentes de
que si no perseguían a ETA, la banda no los perseguiría a ellos.
Un total de 16 agentes de ese cuerpo han sido asesinados. En los
últimos 20 años, la Ertzaintza ha detenido a 174 activistas, si bien
es cierto que con un rendimiento decreciente. Entre 1991 y 1998, con
Ardanza en Ajuria Enea y Atutxa en Interior, las detenciones fueron
108; mientras que entre 1999 y 2008, coincidiendo con el periodo de
Ibarretxe, la cifra se redujo a 59.
En general se ha admitido (lo hizo hace poco el consejero Ares) que
la tarea esencial de la Ertzaintza debería ser la de cortar la
renovación de ETA actuando contra la violencia callejera, cantera
principal de activistas. Su condición de policía enraizada en la
población juega en favor de esa especialización y así se demostró en
gran parte de la década de los noventa, en que la policía vasca
detuvo numerosos grupos de violencia organizada (unos 70 activistas
al año), poniendo las bases para la casi extinción de la kale
borroka en los siguientes. Pero su repunte tras la ruptura de la
tregua no encontró una respuesta comparable de la Ertzaintza.
Ésos son los datos, menos lineales de lo que algunos pretenden pero
bastante elocuentes. Ha habido alguna exageración pero que no
justifica el tono apocalíptico con que reaccionó ayer el PNV. Sólo a
ETA favorecería ahora una polémica sobre quién es más eficaz
dirigiendo a la Ertzaintza. Pero es evidente que el Gobierno de
Patxi López ha considerado una prioridad el combate contra ETA,
creando una división antiterrorista que no existía como tal y
plasmando la idea de deslegitimación de ese mundo con iniciativas
para eliminar los símbolos etarras, tolerados de hecho durante años.
Por ejemplo, en la fiesta mayor de San Sebastián. Este año, por
primera vez en muchos, apenas se han visto tales símbolos en la
reciente tamborrada. La Ertzaintza había advertido a los vecinos de
que cometerían un delito si cedían sus balcones a los habituales
visitantes para colgarlos.
18 artículos son considerados inconstitucionales
La sentencia del Estatut está lista y será
pública en febrero
El voto de calidad de Maria Emilia Casas será impugnado por ERC
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 27 Enero 2010
La noticia, aún presunta, la tengo desde el lunes. La comparto con
otro periodista muy conocido. La fuente es de enorme relevancia y
solvencia. No está viciada por ningún “me dicen que tal dijo” sino
que fue directa. Nos lo dijo y nos lo aseveró con especial énfasis.
La sentencia del Tribunal Constitucional está lista y será hecha
publica en un plazo de tres semanas, o como mucho en la tercera
semana de febrero.
ARTÍCULOS INCONSTITUCIONALES
Y un matiz importantísimo que puede tener serias consecuencias. El
voto de calidad de la presidenta Maria Emilia Casas que desharía
algún empate será el motivo de la impugnación-aduciendo que su
mandato está cumplido-ante el Tribunal de Estrasburgo. ERC está ya
preparando ese recurso.
Eso es lo que sabía desde el lunes. No había escrito ni comentado
nada. Pero ayer martes, Melchor Miralles, director de Veo Tv, amigo
y contertulio en ese momento en “Madrid Opina”, hizo publica una
información casi idéntica a la que yo poseía y que había dado poco
antes como primicia en el canal que el mismo dirige.
Digo casi idéntica porque Miralles aportaba a lo que yo conocía más
datos concretos. A) 18 artículos son considerados en todo o en parte
inconstitucionales B) En otros cerca de cuarenta hay votos
particulares que dudan de su constitucionalidad.
Coincidían nuestras fuentes-ni yo conozco la suya ni el la mía- en
el tema relevante del voto de calidad y del recurso ante
Estrasburgo. Cuestión esta que no parece desagradar al gobierno. La
patata caliente se pone a enfriar –lo que pueda enfriarse-fuera.
Pero cabe una duda. Si hay sentencia, y me pongo la venda pues ya
han habido más anuncios y filtraciones de su inminencia que no se
han cumplido (el último para primeros de enero), está, pese al
recurso a instancia europeas, ¿habrá de ser, imagino, de inmediata
ejecución o seguirá el limbo?. Entiendo, dada nuestra ley, que es
evidente lo primero pero...
La Mesa por la Libertad Lingüística contra
Ferega por el decreto del gallego
Apuntan que el secretario de la federación se alinea con la
imposición lingüística
www.lavozlibre.com 27 Enero 2010
Vigo.- La Mesa por la Libertad Lingüística (MLL) de Galicia se ha
mostrado indignada con las declaraciones efectuadas en el diario ‘El
País’ por el secretario general de la Federación de Religiosos de la
Enseñanza de Galicia (Ferega). Xosé Francisco Martínez Reboiras
expuso los reparos de la principal patronal privada al decreto de la
Xunta, los cuales resumió en solicitar una mayor presencia del
gallego en la enseñanza.
“El gallego es un valor fundamental de nuestro pueblo que hay que
promocionar porque no está en las mismas condiciones sociales que el
castellano y el inglés”, declaró Reboiras. “Las lenguas sólo se
aprenden si se ejercitan y sólo se tendrá libertad para escoger una
si se saben y se conocen”, añadió. Los responsables de Ferega se
habían reunido un día antes con el consejero de Educación de la
Xunta, Jesús Vázquez, con la intención de expresar su desacuerdo con
el borrador del decreto sobre la lengua en las aulas. El secretario
general de la Federación pidió al consejero que el futuro decreto
“potencie el gallego sobre todo en ciudades y villas de Galicia”, y
que la introducción de una lengua extranjera “sea progresiva”.
La MLL ha expresado su rechazo a estas declaraciones por
considerarlas “claramente desafortunadas e inoportunas”. “En Galicia
existe un grave problema de imposición del gallego en la enseñanza
pues está vigente el decreto 124/07”, afirmó José María Martín,
presidente de la MLL. “Con el citado decreto se impusieron una serie
de materias a impartir en gallego que suponen más del 70 por ciento
del tiempo lectivo, con libros y uso obligatorio tanto oral como
escrito”, añadió.
La Mesa por la Libertad Lingüística explica que antes de que el
decreto del bipartito se publicara en el DOGA se presentaron más de
20.000 firmas y se realizaron varias manifestaciones "abarrotadas de
miles de padres que no sólo defienden la libertad lingüística,
también la libertad de enseñanza y la libertad de los padres de
decidir la educación de sus hijos”. “Gracias a ello pueden existir
colegios religiosos y religiosos en la enseñanza”, añadió.
Fuentes de la MLL han declarado entender el carácter desafortunado
de las declaraciones del secretario general de Ferega. “Los
argumentos expuestos son propios de un alineamiento con la
imposición y lejos de la libertad y del sentir de muchos padres que
envían a sus hijos a los centros de FERE”, expresó el presidente de
la MLL. “Además, son muy inoportunas”, añadió. “Queremos creer que
esas declaraciones reflejan, a título personal, la postura de este
señor, quien al hacerlas compromete a toda la federación”, manifestó
Martín.
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