| |
|
EL GOBIERNO ACEPTA VARIAS PROPUESTAS DEL PP
El castellano emborrona la reforma de
Gabilondo
IMPRESIONES El Mundo 28 Enero 2010
LAS PROPUESTAS presentadas ayer por el ministro de Educación suponen
un paso en la buena dirección para lograr un pacto de Estado con el
PP. Gabilondo incluye en el documento entregado a los consejeros de
las comunidades dos cambios de calado que habían sido propuestos por
Rajoy. El primero y más importante es la reforma de la Logse para
hacer de 4º de la ESO un curso orientador con dos perfiles, de tal
forma que los alumnos puedan optar por estudiar Bachillerato o
enfocar su futuro hacia la Formación Profesional. También se
incluyen las evaluaciones externas en sexto de primaria y tercero de
secundaria, tal y como había solicitado el PP. Aunque no se trata
ahora de echar en cara el pasado, lo cierto es que las reformas
suponen una enmienda a los resultados de la Logse, cuyo evidente
fracaso el PSOE nunca ha reconocido. La propuesta de que las leyes
educativas deban ser aprobadas por dos tercios del Congreso es
también oportuna. Ahora bien, es difícil que el PP pueda dar su
apoyo a una iniciativa que sigue, tozudamente, sin contemplar ni
defender el derecho a estudiar en castellano.
Pactos con luces y sombras
Editorial ABC 28 Enero 2010
EL ministro Ángel Gabilondo presentó ayer a los consejeros
autonómicos un plan de 104 medidas como base para la puesta en
marcha del pacto educativo que reclama no sólo la comunidad escolar,
sino el conjunto de la sociedad española. El departamento ha hecho
los deberes y, sobre todo, demuestra que su objetivo es alcanzar un
verdadero consenso. Así lo refleja el anuncio de que no se tomarán
medidas si no cuentan con un apoyo de dos tercios en el Parlamento,
evitando que la alternancia partidista suponga una permanente vuelta
a empezar en materias que requieren estabilidad y permanencia. Hay
propuestas bien pensadas, como la posibilidad de que cuarto de la
ESO se convierta en un curso de orientación para optar entre
Bachillerato y Formación Profesional. De este modo, se aproxima a la
propuesta del PP, según la cual la ESO se reduciría en un año y el
Bachiller pasaría a tres. Parece interesante la posibilidad de
convalidaciones recíprocas entre las dos vías que se abren para los
estudiantes al concluir la enseñanza obligatoria, eliminando la
sensación de que se trata de caminos irreversibles. Sin embargo,
Gabilondo no logra convencer a los padres y profesores en algunos
ámbitos muy relevantes. Es correcto apelar a la cultura del esfuerzo
y la responsabilidad o destacar el papel básico que corresponde a
los profesores, pero estas propuestas no pasan del terreno de una
retórica plagada de buenas intenciones.
Lo peor de todo es que el Ministerio elude cualquier cuestión
polémica, ya sea la Educación para la Ciudadanía o las relaciones
con las comunidades autónomas. La enseñanza en castellano y la
historia común a todos los españoles no aparecen por ningún sitio,
sin duda para evitar que los nacionalistas pongan en peligro un
acuerdo que populares y socialistas parecen dispuestos a suscribir.
La búsqueda del consenso a toda costa puede conducir el pacto hacia
una tierra de nadie. Además, la oferta ministerial en materia de
financiación se limita a anticipar fórmulas de colaboración entre
las administraciones públicas que deberían ser objeto de precisiones
mucho más detalladas. Con sus luces y sus sombras, el documento
presentado ayer por el ministro puede ser un punto de partida pero
no es ni mucho menos una base sólida para el verdadero pacto que
resulta imprescindible en un ámbito decisivo para el futuro de
España. Habrá que seguir con atención los próximos debates al
respecto.
El idioma español gana terreno en las
economías emergentes
Editorial La Razón 28 Enero 2010
El Anuario del Instituto Cervantes 2009, «El español en el mundo»,
confirmó la arrolladora expansión internacional de nuestra lengua.
Con cerca de 500 millones de hablantes, es el segundo idioma más
hablado del mundo y, por consiguiente, tiene una influencia
extraordinaria como vehículo de comunicación internacional de masas.
El español se beneficia de una muy alta demanda en países que son
referencia de alto desarrollo (Estados Unidos y Europa occidental) o
que lideran el grupo de economías emergentes (con Brasil y China a
la cabeza). El caso brasileño es un fenómeno realmente espectacular.
Según los datos del Anuario, ha pasado de contar con un millón de
estudiantes de español en 2006 a cinco en la actualidad, gracias
fundamentalmente a la Ley del Español, que establece la asignatura
en las escuelas de enseñanza pública del país. Los progresos en
Rusia, el África subsahariana y, por supuesto, la realidad
arrolladora de Estados Unidos configuran un futuro magnífico para
nuestra lengua, que debe ser alentado por políticas activas de las
administraciones. El español es un patrimonio común de una comunidad
en crecimiento y posee una importante dimensión económica. En ese
contexto resulta aún más incomprensible que se promulguen leyes que
coarten su uso en nuestro país.Ley del Cine
Matrix y el cine en catalán
José García Domínguez Libertad Digital 28 Enero 2010
Sin duda, el rasgo más llamativo del cine catalán es que no existe.
Una singular evidencia empírica que, huelga decirlo, no ha supuesto
impedimento para que las autoridades locales procediesen a cometer
una muy exhaustiva regulación de la industria cinematográfica propia
y ajena. Nadie descarte, pues, otra inminente normativa catalana a
propósito de la conservación, uso y disfrute de los bosques
tropicales. O algún reglamento de Carod imponiendo pautas
vinculantes al subsector de los transbordadores espaciales. Al cabo,
si Paraguay dispone de su propia escuadra de guerra sin poseer
ninguna salida al mar, ¿por qué no iba la Generalidad a regular los
estudios de Hollywood o las lluvias monzónicas, si se terciase?
Así, aprovechando que Europa apenas cuenta con doscientos idiomas
vernáculos de estricto uso doméstico, el tripartito acaba de ordenar
a las majors el doblaje de todas sus cintas al catalán. Los yanquis,
sépase, restan muy advertidos: caso de no obedecer sin rechistar, se
prohibirá al punto la exhibición de su cine en las cuatro provincias
de la demarcación. "O yo y mi lengua propia o el caos", amenaza don
José. Con semejante espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas,
pocas situaciones de pareja zozobra deben haberse vivido en la
secretaría de Estado y en la propia Casa Blanca desde la crisis de
los misiles con Cuba.
Y es que, en Cataluña, el cine, predica la Generalidad, está llamado
a constituir fiel, preciso, exacto reflejo de la realidad tal como
ni es, ni ha de ser. En consecuencia, procede imponerle el funesto
bilingüismo que ellos mismos se enorgullecen de haber extirpado en
colegios e institutos. Pero ni con ésas. Y es que la gente, cuando
se sabe libre, revela un insolente sesgo a proceder como le viene la
gana. Y por alguna razón en extremo enigmática, casi nadie en Matrix
muestra interés por asistir a más ficciones narradas en catalán. Un
detalle baladí que, lejos de llevar a rectificar a Montilla, llevará
a la quiebra a las salas obligadas a programarlas. Parece mentira.
Como si a estas alturas aún no hubieran comprendido que una
dictadura, por pequeña y ridícula que se antoje, no puede imponerse
a medias. Prohíbanos el español también en los cines, hombre.
Desengáñese, don José: no hay otra solución.
José García Domínguez es uno de los autores del blog
Heterodoxias.net.
¿Ganaremos algo si dimite Zapatero?
Francisco Rubiales Periodista Digital 28 Enero 2010
Más de media España sueña ya a diario con que Zapatero dimita o sea
obligado a dimitir. No pocos de esos "soñadores" saben que el relevo
posible, tanto si es del PP como del PSOE, tendrá carencias
dramáticas porque el problema de España no está sólo en la baja
calidad de sus dirigentes políticos, sino en la escasez de
democracia y de decencia en los partidos políticos y en el mismo
sistema. Sin embargo, el cambio de Zapatero por "quien sea" siempre
será positivo porque es casi imposible superar en torpeza e
inutilidad al actual inquilino de la Moncloa.
Muchos ciudadanos, convencidos del terrible y dramático axioma de
que "todos los políticos son iguales", se preguntan si ganaríamos
algo si Zapatero es forzado a dimitir y el pueblo español se ve
obligado a elegir entre otros nuevos ineptos alejados de la
verdadera democracia: Rubalcaba o Bono, por el PSOE, y Rajoy, por el
PP.
La respuesta es sencilla: destronar a un inepto es ya un logro
democrático. El siguiente paso es evitar que otro inepto le
sustituya y conseguir que los ineptos y los sinvergüenzas no tengan
cabida en nuestro sistema. Lograr que Zapatero se vaya es,
indiscutiblemente, una victoria popular y un avance de la
democracia, pase lo que pase después.
Si Zapatero fuera forzado a dimitir y a convocar elecciones
anticipadas, la victoria de la democracia frente al mal gobierno y
la indecencia sería indiscutible. Pero, como todas las victorias,
nunca será completa y requerirá vigilancia permanente, acoso al
poder y nuevas luchas para cerrarle el paso a los futuros ineptos,
sinvergüenzas o canallas. El ciudadano debe aprender una lección de
gran dureza: la democracia jamás se consigue porque necesita la
vigilancia constante de la gente de bien, la defensa permanente de
los ciudadanos y la lucha sin cuartel de los hombres libres frente a
los mafiosos, los oligarcas, los falsos demócratas y otros
especímenes de la peor fauna del planeta humano, siempre atraída por
el poder y el dinero, eternamente obsesionada en el dominio y el
abuso.
Hasta que no aprendamos la lección fundamental de la existencia, que
nada cambiará mientras no cambie el ser humano, tendremos que
vigilar y luchar sin descanso.
Cada vez que el pueblo ganó una batalla en la Historia y la libertad
y la decencia parecían haber conquistado cotas de gran valor, el
avance se convirtió en retroceso, los cadáveres de los luchadores
libres sembraron las calles y el bien fue derrotado por los canallas
y opresores de siempre.
El imbécil borbón francés Luis XVI fue decapitado por el pueblo en
la Revolución Francesa, justo con su frívola esposa austriaca, pero
terminó sustituyéndoles Napoleón, un tirano con más poder que inundó
Europa de sangre y que llevó a la tumba a millones de franceses. El
Zar fue fusilado en Rusia, pero tomaron el poder los profesionales
bolcheviques, asesinos y tiranos de peor envergadura y calaña, gente
como Stalin, capaces de sembrar la tierra rusa de cadáveres. En
nuestra España, los demócratas sucedieron al muerto Franco, pero en
realidad eran falsos demócratas que sustituyeron la dictadura
franquista por una dictadura de partidos que abrió las puertas a la
corrupción, envileció a la sociedad, la sembró de esclavos
manipulados, destruyó la escala de valores, instauró la mentira como
esencia del poder y rompió es espinazo de España.
El problema siempre ha sido el mismo, pero los ciudadanos jamás
aprenden esa verdad suprema: nada puede cambiar si no cambia el
individuo. No es posible construir una sociedad noble y justa
colocando a un canalla encima de un corrupto, debajo de un
sinvergüenza y al lado de un golfo. Mientras que las piezas no sean
buenas, el edificio construido será una estafa.
La única solución: fabricar verdaderos ciudadanos, gente libre y
orgullosa de sus derechos y deberes, cumplidora, reflexiva e incapaz
de delegar lo que es indelegable, la voluntad política, a
representantes e intermediarios, sean los que sean.
Voto en Blanco
LA BOMBA CAUSA DAÑOS MATERIALES
Terroristas gallegos atacan el domicilio
del profesor y articulista Roberto Blanco
La vivienda del catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Santiago de Compostela y conocido articulista de
opinión, Roberto Blanco Valdés, fue atacada esta madrugada con una
bomba casera que provocó escasos daños materiales. Blanco Valdés
siempre se ha opuesto al nacionalismo.
agencias Libertad Digital 28 Enero 2010
Según confirmó a Europa Press Blanco Valdés, este no es el primer
ataque que dirigen contra su vivienda, ya que el pasado 1 de
noviembre localizó un cóctel molotov que había sido lanzado al
jardín, pero que no llegó a explotar, y el día 10 de ese mismo mes
fue quemada una rueda con gasolina contra la valla de su casa.
Todos estos atentados fueron denunciados ante la Policía Nacional,
que ha confirmado que ha abierto una investigación para intentar
esclarecer los hechos. En el caso de la última bomba, que explotó en
torno a las 3.15 horas de esta madrugada, estaba compuesto de
petardos y una bombona de camping gas.
Blanco Valdés atribuye estas acciones violentas a "grupos
independentistas radicales" porque en dos de las ocasiones encontró
panfletos esparcidos por el suelo que, aunque no contenían ninguna
sigla, estaban escritos "medio en gallego medio en portugués" en los
cuales, se le calificaba de "antigallego" o "enemigo del país y de
la lengua".
"Por el tono del texto y por la reivindicación se ve perfectamente
que quien está detrás del atentado es un grupo o gente
independentista radical", explicó Blanco Valdés, quien defendió que,
desde que hace unos 16 años escribe artículos de opinión, es
"respetuoso y moderado con las opiniones de los demás",
"El objetivo es que me calle, asustarme para que deje de dar mi
opinión. Pero la única arma que utilizo es la pluma", aseveró el
catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, quien a su
vez alertó de que es una acción que pretende "extender el temor por
la sociedad contra quien pretenda expresarse con el mismo grado de
libertad".
Blanco Valdés, que escribe columnas de opinión en La Voz de Galicia,
lamentó que "no es nada nuevo" este tipo de actitudes violentas,
sino que es "la técnica típica del fascismo que consiste en que no
hable quien no piensa lo mismo que uno". "Les debe parecer
intolerable la defensa de las libertades democráticas de todos los
ciudadanos. Las defendía con Franco desde posiciones de izquierda y
progresistas y desde estas mismas posiciones progresistas los
defiendo ahora", concluyó.
POR NO UTILIZAR EL CATALÁN
Montilla paga a chivatos para multar a
comerciantes
El gobierno de la Generalidad no sólo ha incrementado la cuantía de
la sanción para quien no utilice el catalán en su negocio, sino que
subvenciona a delatores anónimos para que se chiven. El sábado hay
una concentración, con el lema: "Por una Cataluña en libertad, no a
las multas lingüísticas".
Olivia Moya Libertad Digital 28 Enero 2010
La persecución lingüística en Cataluña empieza a no tener límites.
Este martes publicábamos en LD el caso de Xurde Rocamundi, un
empresario de esta localidad de Arenys cuyo delito para el gobierno
de Montilla consiste en rotular sólo en castellano los carteles de
su negocio, por lo que se le abrió un expediente y se le multó con
1.200 euros.
Aunque a partir de ahora esta cantidad podría ser mayor
incrementándose las multas hasta 10.000 euros por infracciones leves
o de hasta 100.000 si se considera que la falta es grave.
Concentración en Arenys
La semana pasada se constituyó la Coordinadora “Por una Cataluña en
Libertad. No a las multas lingüísticas", Coordinadora en defensa de
la libertad de elección de los empresarios catalanes que actualmente
están siendo sancionados por presuntos incumplimientos de la Ley de
política lingüística.
Esta Coordinadora, integrada por Ágora Socialista, Asociación por la
Tolerancia, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Impulso Ciudadano,
Partido Popular de Cataluña y Unión Progreso y Democracia, ha
convocado una concentración que tendrá lugar el próximo día 30 de
enero a las 12:00 en la Plaza de la Iglesia de Arenys de Mar, con el
lema “Por una Cataluña en libertad, no a las multas lingüísticas”
para denunciar estos hechos y defender la libertad de opción
lingüística y la libertad de empresa en Cataluña.
Este jueves ha tenido lugar la presentación del manifiesto que leerá
el ex colaborador de LD, Juan Carlos Girauta, al final de la
concentración.
El manifiesto señala que “en Cataluña se condiciona la concesión de
las licencias de apertura o el mantenimiento de los establecimientos
privados a la rotulación obligatoria en catalán”. Y afirma
categóricamente: “Un gobierno sectario está sancionando a quien no
disponga de las cantidades para incumplir esta imposición o a quien
anteponga la libertad de expresión y de empresa”.
“Los intolerantes intentan confundir a la opinión pública
ocultándose tras la coartada de los derechos de los consumidores
para así imponer la disciplina en un sector de naturaleza privada,
en el que no debiera caber la ingerencia del poder público”.
"Delatores anónimos subvencionados"
Pero, además, la Coordinadora resalta que el “Gobierno de forma
arbitraria y despótica condiciona el futuro de esos negocios a
través de delatores anónimos subvencionados por él mismo, y que
ordena a los inspectores de consumo priorizar la policía
lingüística. (…) Lamentablemente, este Gobierno vuelca su esfuerzo
inspector en hacer cumplir instrucciones propias de una
administración enferma de totalitarismo”.
En otro de los párrafos el manifiesto denuncia:
“(…) El Gobierno de Cataluña ha ideado un régimen sancionador
inexorable que aplica con mano de hierro y ha incrementado las
campañas contra los empresarios catalanes. Atrapado en su propia
dinámica represiva ahora pretende que el Parlamento apruebe el
Código de Consumo de Cataluña que otorgará al Gobierno competencias
para cerrar temporalmente los establecimientos privados e imponer
multas de hasta 10.000 euros por infracciones leves o de hasta
100.000 euros por infracciones graves si considera que la negativa a
rotular en catalán es deliberada. De aprobarse el nuevo Código y
amparados en el deber de disponibilidad lingüística, podrán
sancionar también a todos aquellos establecimientos que no puedan
garantizar la atención oral y por escrito en la lengua que escoja el
cliente, con lo que miles de trabajadores que atienden al público
pueden ver condicionada su estabilidad laboral por esa decisión”.
Desde la Coordinadora se quieren solidarizar con todas “las personas
que reciben la visita de los representantes de la Agencia Catalana
en cumplimiento de las órdenes de los tiranos lingüísticos".
Colocan un explosivo casero en su vivienda
Radicales gallegos atentan contra un
catedrático defensor del bilingüismo
Roberto Blanco Valdés es columnista de La Voz de Galicia
Redacción Periodista Digital 28 Enero 2010
Los ataques a los defensores de la libertad lingüística no censan en
Galicia. Esta vez le ha tocado a la vivienda del catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela y
conocido articulista de opinión, Roberto Blanco Valdés, que fue
atacada esta madrugada con un artefacto explosivo de fabricación
casera que provocó escasos daños materiales.
Según confirmó Blanco Valdés, este no es el primer ataque que
dirigen contra su vivienda, ya que el pasado 1 de noviembre localizó
un cóctel molotov que había sido lanzado al jardín, pero que no
llegó a explotar, y el día 10 de ese mismo mes fue quemada una rueda
con gasolina contra la valla de su casa.
Todos estos "atentados" fueron denunciados ante la Policía Nacional,
que ha confirmado que ha abierto una investigación para intentar
esclarecer los hechos. En el caso del último artefacto, que explotó
en torno a las 3. 15 horas de esta madrugada, estaba compuesto de
petardos y una bombona de camping gas.
INDEPENDENTISTAS RADICALES
Blanco Valdés atribuye estas acciones violentas a "grupos
independentistas radicales" porque en dos de las ocasiones encontró
panfletos esparcidos por el suelo que, aunque no contenían ninguna
sigla, estaban escritos "medio en gallego medio en portugués" en los
cuales, se le calificaba de "antigallego" o "enemigo del país y de
la lengua".
"Por el tono del texto y por la reivindicación se ve perfectamente
que quien está detrás del atentado es un grupo o gente
independentista radical", explicó Blanco Valdés, quien defendió que,
desde que hace unos 16 años escribe artículos de opinión, es
"respetuoso y moderado con las opiniones de los demás".
"El objetivo es que me calle, asustarme para que deje de dar mi
opinión. Pero la única arma que utilizo es la pluma", aseveró el
catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, quien a su
vez alertó de que es una acción que pretende "extender el temor por
la sociedad contra quien pretenda expresarse con el mismo grado de
libertad".
Blanco Valdés, que escribe columnas de opinión en 'La Voz de
Galicia', lamentó que "no es nada nuevo" este tipo de actitudes
violentas, sino que es "la técnica típica del fascismo que consiste
en que no hable quien no piensa lo mismo que uno". "Les debe parecer
intolerable la defensa de las libertades democráticas de todos los
ciudadanos. Las defendía con Franco desde posiciones de izquierda y
progresistas y desde estas mismas posiciones progresistas los
defiendo ahora", concluyó. (Europa Press)
******************* Sección "bilingüe"
***********************
La discordia lingüística que no cesa en
Galicia
Luis Miguez Macho Semanal Digital 28 Enero 2010
Justo antes del final del año, pasaron por el Consejo de la Xunta de
Galicia las bases del nuevo decreto que regulará el uso de las
lenguas en la enseñanza no universitaria.
Se trata de una de las medidas más esperadas del nuevo Gobierno
autonómico de Alberto Núñez Feijoo, que se comprometió en la campaña
electoral a derogar la polémica norma aprobada en 2007 por la
anterior Xunta de socialistas y nacionalistas. Antes y después de
que esas bases fueran presentadas, la reacción de los nacionalistas,
y también de los socialistas, ha sido de rechazo visceral a
cualquier modificación del decreto vigente, que consagra el
predominio educativo del gallego.
La verdad sobre el decreto de 2007
Conviene recordar las principales características del decreto de
2007. Para empezar, fue aprobado sin consultar a los interesados,
pasando únicamente por el Consejo Escolar de Galicia, un órgano
administrativo de participación de la comunidad educativa que, como
muy bien apuntó el Consejo Consultivo de Galicia en su dictamen
sobre el proyecto de decreto, no cubre las exigencias legales de
participación ciudadana en la elaboración de una norma de este tipo.
Todo lo contrario, por cierto, de lo que está haciendo la actual
Xunta, que ha abierto una amplia fase de consultas sobre las bases
del nuevo decreto, lo que no le ha librado de furibundas
declaraciones y manifestaciones "preventivas" por parte de los
nacionalistas.
En cuanto a su contenido, el decreto de 2007 deja que cada centro
educativo decida qué porcentaje y qué asignaturas se impartirán en
cada lengua, pero con dos limitaciones decisivas: el gallego nunca
puede bajar del cincuenta por ciento, mientras que el castellano
puede quedar reducido sólo a las clases de lengua y literatura en
ese idioma; y las asignaturas más importantes, las llamadas
"troncales", en todo caso se impartirán en gallego. Para que se
entienda: un centro educativo dominado por los nacionalistas podría
imponer toda la docencia en gallego, salvo la del castellano y, en
su caso, el inglés, en tanto que otro que prefiriese el equilibro
entre las lenguas cooficiales podría establecerlo, pero con el
castellano arrinconado a la plástica, la educación física y la
religión (para los alumnos que la cursen).
Para acabar, otra "peculiaridad" del decreto de 2007 es que impone a
los alumnos que, con carácter general, usen el gallego en las
asignaturas impartidas en ese idioma, mientras que se olvida de
establecer la misma previsión para las asignaturas impartidas en
castellano (salvo para la lengua y literatura de ese idioma). De
esta manera, crea dos categorías de alumnos, con derechos distintos:
los gallegohablantes, libres de utilizar su lengua en cualquier
asignatura, menos en lengua y literatura castellana e inglés, y los
castellanohablantes, que sólo pueden emplear su idioma en las
asignaturas impartidas en él.
Las bases del nuevo decreto y el consenso imposible
Las bases del nuevo decreto intentan establecer un verdadero
equilibrio entre el gallego y el castellano, con el añadido de la
introducción del inglés como lengua vehicular de una tercera parte
de la docencia. Esto último, como ya ha tenido que aclarar la Xunta,
es una previsión que tendrá que ser muy matizada, porque es evidente
que ahora mismo el sistema educativo no está preparado para asumir
semejante porcentaje de docencia en inglés.
Centrándonos en el gallego y el castellano, las bases contemplan que
las asignaturas troncales se repartirán equitativamente entre las
dos lenguas, correspondiendo a los padres de cada centro elegir por
votación periódica qué asignatura o asignaturas concretas se
impartirán en cada idioma. El Consejo Escolar decidirá la lengua en
que se enseñarán las demás asignaturas, pero con la limitación de
tener que respetar el equilibrio entre el gallego y el castellano.
Y, sobre todo, se reconoce a los alumnos la libertad de usar la
lengua de su elección en todas las asignaturas, menos en las de
idiomas.
La Xunta buscaba alcanzar el mayor consenso político y social
posible con las bases del nuevo decreto. Sin embargo, se ha
encontrado con una cerrazón total, nada sorprendente, por parte de
la minoría nacionalista, y también con la oposición de los
socialistas, lo que sí es más inesperado, si se tiene en cuenta que
el decreto de 2007 -elaborado, nótese bien, por una conselleira
socialista y no nacionalista- contribuyó decisivamente a que
perdiesen el poder, porque buena parte de sus votantes no comparten
la política de imposición lingüística.
A nacionalistas y socialistas nada les parece bien en las bases
presentadas por la Xunta: no quieren asignaturas en inglés, no
quieren que los padres decidan y el equilibrio entre enseñanza en
gallego y en castellano les resulta intolerable. Como comprenderá el
lector, la Xunta de Alberto Núñez Feijoo no habrá conseguido un
consenso político en estos puntos ni el aplauso de las entidades
supuestamente representativas de los distintos estamentos del sector
educativo, empezando por los sindicatos, pero cuenta sin ninguna
duda con el apoyo de la mayoría silenciosa de los padres.
Lo que está bien y lo que falta en las bases del nuevo decreto
La enseñanza del inglés en España tiene un grave problema, e
introducir asignaturas en esa lengua puede ser una forma de
corregirlo. De hecho, así se está haciendo ya en otras Comunidades
autónomas y en la propia Galicia hay colegios privados y concertados
que han emprendido esa senda. No se entiende con qué argumentos cabe
oponerse a esto, siempre que se planifique para que se haga de forma
progresiva y acorde con los medios disponibles; menos se entiende
que se opongan políticos que, al disponer de más recursos económicos
que la media de población, se aseguran convenientemente de que sus
hijos aprendan inglés enviándolos a colegios bilingües o pagándoles
cursos en el extranjero.
En cuanto al rechazo frontal a que los padres tengamos capacidad de
decisión sobre las asignaturas que se impartirán en gallego y en
castellano, resulta todavía más inconcebible. Simplemente, un grupo
de profesores y de padres nacionalistas, minoría en la sociedad
gallega, no sólo pretenden arrogarse el derecho a imponernos a la
mayoría la lengua en que van a educarse nuestros hijos, sino que
también quieren privarnos del derecho a que se eduquen en ella.
Por último, y éste es el meollo de la cuestión, la peor afrenta que
imputan los nacionalistas (¡y los socialistas!) a las bases del
nuevo decreto es el equilibrio que intenta establecer entre la
docencia en gallego y en castellano. Hasta circula por ahí un
manifiesto que tacha este equilibrio de ilegal y vulneratorio de
derechos, sobre la base de esa extraña concepción jurídica y
política según la cual el que una lengua esté supuesta o realmente
en peligro habilita para pasar por encima de los derechos de las
personas y, si se tercia, de la voluntad de la mayoría. Sobre esto
poco hay que decir, porque se descalifica solo, y deja al desnudo la
pretensión de esta gente imponer a toda costa, contra la voluntad de
la mayoría de la sociedad gallega expresada en las urnas, contra los
deseos de la mayoría de los padres y, en definitiva, contra toda
razón y contra todo derecho, la hegemonía del gallego en la
enseñanza.
Las bases presentadas no son perfectas, y para mejorarlas está la
fase de consultas abierta. Por ejemplo, yo echo de menos que, al
igual que se reconoce el derecho de los alumnos a utilizar sin
discriminaciones la lengua de su elección en las clases, no se
reconozca otro derecho que es el complemento lógico del anterior: la
libertad para elegir el idioma de los libros de texto. Tampoco me
gusta que se mantenga la inaceptable previsión de que los
procedimientos iniciados a solicitud de interesado ante la
Administración educativa se tramiten preferentemente el gallego, en
vez de utilizarse la lengua empleada por el administrado, como
debería ocurrir en un régimen de cooficialidad bien entendido y en
un Estado democrático de Derecho, donde la Administración está al
servicio del ciudadano y no al revés.
Lo que de verdad nos jugamos en este asunto
Tal como se está comprobando y yo siempre he sostenido, el consenso
sobre el idioma en la educación es imposible, porque quienes
defendemos la libertad de elección y quienes propugnan la imposición
del gallego partimos de principios inconciliables. Lo curioso, y
esto no ha sido destacado por ningún medio de comunicación ni
comentarista de actualidad, es que, si triunfa la libertad de
elección, de ella se beneficiarán también quienes quieren educar a
sus hijos exclusivamente en gallego. En cambio, si triunfa la
imposición, habrá unos perdedores, los padres que preferimos, de
manera legítima y por razones que nadie tiene derecho a fiscalizar,
una educación predominantemente en castellano, y que somos
mayoritarios en la sociedad gallega, como demostró la encuesta
masiva hecha por la consellería de educación antes del verano.
Esto es lo verdaderamente preocupante. En un sistema democrático, se
hace lo que decide la mayoría, y a las minorías se les respetan sus
derechos. En el mundo que nos construirían los nacionalistas si se
les dejase, se hace lo que quieren quienes sacan en las urnas el
quince por ciento de los votos, y además se aplastan los derechos de
la mayoría.
A la postre, el gran perdedor de toda esta batalla es el idioma
gallego, que no tiene culpa alguna de los excesos de sus supuestos
defensores, y ha pasado a verse como la lengua de la imposición y la
intemperancia. Ellos se dan cuenta, pero les da igual, porque, en el
fondo, lo que aquí se está dirimiendo no es cómo garantizar la
supervivencia del gallego, sino el control de la sociedad gallega;
si vamos a vivir en una sociedad cerrada, condenada al clientelismo,
en el que el gallego se utilice como barrera de entrada y de salida,
o en una sociedad libre y abierta.
No es casualidad que en este asunto los grupos de interés
clientelares, como los medios de comunicación que dependen de las
subvenciones públicas encubiertas, hayan cerrado filas con los
nacionalistas y contra la mayoría de la sociedad gallega. Frente a
esto, a la Xunta de Alberto Núñez Feijoo le corresponde la
responsabilidad de cumplir sus compromisos electorales y poner a la
Administración autonómica al servicio de la libertad de los
ciudadanos; para eso ha obtenido el respaldo de la mayoría de los
gallegos.
El festín de Montilla
Editorial www.gaceta.es 28 Enero 2010
La factura del cóctel de Sant Jordi que se gastará el president
Montilla revela no sólo una forma muy concreta de entender la
política, sino que también muestra la brecha entre los intereses de
los ciudadanos y el limbo estratosférico en que se mueven ciertos
gobernantes.
La factura del cóctel de Sant Jordi que se gastará el president José
Montilla (más de 70.000 euros) revela no sólo una forma muy concreta
de entender la política, que no cuadra con la época actual (suena
más a fastos de virreinato), ni mucho menos con la dramática
coyuntura económica que atraviesa España, sino que también muestra
la brecha entre los intereses de los ciudadanos y el limbo
estratosférico en que se mueven ciertos gobernantes.
Los del Tripartito se llevan la palma. Parece haber más distancia
entre ellos y buena parte de la sociedad catalana que entre la
Tierra y la Luna. Y se acumulan las evidencias. Lo constatan las
urnas (desde el referéndum del Estatut a las citas electorales de
los últimos años, con una abstención que habla por sí sola), la
escasa demanda de cooficialidad (el propietario de una escuela de
criminología sancionado por no titular en catalán se lamentaba de
que nadie le pedía folletos en esa lengua) o la huelga de los
exhibidores de cine, alarmados ante el descalabro económico que
supone para las salas imponer el doblaje en catalán. Pero ellos
siguen a piñón fijo, exhibiendo la falta de realismo que supone el
delirio identitario. No sólo implica pisotear derechos y libertades
fundamentales, sino que también nos sale por un pico.
Puede que la queja sea rentable para los nacionalistas, pero es un
auténtico engorro para el bolsillo del contribuyente. No hay más que
ver la alegría con la que el vicepresidente Josep Lluis
Carod-Rovira, devenido en canciller de la Generalitat, ha tirado del
erario público para abrir embajadas en París, Berlín, Nueva York,
Londres y Buenos Aires; o para hacer viajes de Estado como el que
cursó a India, con un despilfarro de 114.900 euros. Carod no
entiende de crisis, paro o déficit (Cataluña cuadruplicó el suyo en
2008), y el último año la Generalitat aumentó un 63% el presupuesto
para embajadas y misiones.
No parece importarle demasiado. Al cabo, el nacionalismo catalán ha
sacado la máxima tajada succionando al Estado central. Sus
relaciones con Madrid se pueden definir como una ducha escocesa:
unas veces el apoyo de votos, otras la presión para obtener tajada.
Lo practicó durante más de dos décadas el pujolismo y lo ha elevado
al cubo el Tripartito, mucho más radical por la presión de Esquerra
Republicana y envalentonado por la peripecia del Estatut. Zapatero
les dio mecha alentando el sueño identitario y la verdad es que la
broma nos está saliendo bastante cara. Ahí tenemos, por ejemplo, el
35% de la financiación autonómica que Cataluña sacó el año pasado a
Zapatero a cambio de la estabilidad parlamentaria. Federalismo
asimétrico.
La guinda es el cóctel de Sant Jordi, en la España de los cuatro
millones de parados. Se ve que el president Montilla tiene cuajo,
sobre todo si es para alentar proyectos ideológicos y sectarios como
la Memoria Histórica, para lo cual no ha tenido el menor empacho en
duplicar las subvenciones, pasando de 1,7 millones de euros a 3,7,
como reveló hace unos días LA GACETA. E ideológico es, sin duda, el
festín del día de Sant Jordi, del próximo 23 de abril. El socialista
se volverá a gastar 70.000 euros en el catering, la misma cifra del
año pasado, como si no hubiera ocurrido nada en estos 12 meses, como
si esto fuera Jauja. Con el agravante de que acordó con Ernest
Benach, presidente del Parlament, que redujera los casi 50.000 euros
que se gastó en la Diada del pasado 11 de septiembre. Pero Montilla
no predica con el ejemplo. O quizá no le interesa.
Del fallo vive pendiente la clase política catalana
La tribu del Estatut contra la gente
Montilla se agarra al "Estatut" como el náufrago a los troncos de la
almadía
Fermín Bocos Periodista Digital 28 Enero 2010
En algunos círculos políticos madrileños se dice que la sentencia
del Tribunal Constitucional está al caer. Incluso aventuran
calendario: la conoceremos en la tercera semana del mes de febrero.
No es la primera vez que se habla de fecha para tan esperado parto
aunque, hasta ahora, todos los avances se han quedado en profecías
fallidas porque, como es sabido, los magistrados del TC van por la
vida a paso de elefante. Del fallo vive pendiente la clase política
catalana en general y el Gobierno Tripartito en particular.
Montilla y Carod Rovira han convertido el "Estatut" en bandera
electoral. También Artur Mas, pero, sobre todo, Montilla, para él es
su ultimo tren. Enemistado con Zapatero y muy desgastado
políticamente, como dirigente, dentro del PSC tiene más pasado que
futuro. Por eso se agarra al "Estatut" como el náufrago a los
troncos de la almadía.
Que este asunto interese más a los políticos que a la gente de la
calle no resta lógica a la preocupación de la clase política. Su
vigilia tiene sentido. Caso de que la sentencia, como apuntan
algunas filtraciones, afeite artículos tenidos como intocables por
la fuerzas nacionalistas, el presidente Montilla podría convocar ya
las elecciones autonómicas. Si así fuera, la campaña electoral
cursaría con gran estrépito. Volveríamos a escuchar las grandes
palabras que a cuenta de los intereses partidistas desunen a los
ciudadanos; las palabras que enfrentan a la tribu e incendian las
bajas pasiones de la política.
El TC ha demorado tanto el parto que aunque, como digo, se anuncia
como inminente el fallo, ante el espectáculo de exageraciones de los
unos y de los otros, uno no puede sustraerse a la melancolía.
Carta de Galicia Bilingüe a Rajoy
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 28 Enero 2010
Galicia Bilingüe ha remitido una carta al presidente del Partido
Popular, Mariano Rajoy, para que apremie al presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijoo, a que cumpla con una de sus principales
promesas electorales, la de dar libertad para escoger el idioma de
las materias troncales en la enseñanza.
La presidenta de la asociación, Gloria Lago, sustenta su petición en
el denominado Decálogo de Prioridades y Valores del PP recientemente
presentado públicamente por Rajoy Brey, un documento que hace
referencia expresa al valor de la “palabra dada”.
Gloria Lago explica al dirigente de esa formación política que Núñez
Feijoo se comprometió antes de las pasadas elecciones autonómicas a
llevar a cabo importantes cambios en materia lingüística, sobre la
utilización de los dos idiomas oficiales en Galicia. Concretamente,
reproduce en la carta las dos principales promesas asumidas por el
ahora presidente:
1. Los padres, en el sobre de matrícula y para el curso 2009/2010,
rellenarían una casilla en la que elegirían en qué lengua oficial
recibirían sus hijos las materias troncales. La decisión de los
padres sería vinculante para el Gobierno.
2. Los alumnos podrán emplear libremente la lengua oficial de su
elección en clase, en el material didáctico, libros incluidos, en
los trabajos y en las pruebas de evaluación, salvo en las materias
de las propias lenguas.
Para Galicia Bilingüe el borrador del decreto que sustituirá al
controvertido 124/2007 sobre el uso del gallego en la enseñanza no
respeta las promesas efectuadas por Alberto Núñez, y así se lo hace
saber la presidenta de la asociación al líder del Partido Popular.
“Núñez Feijoo nos ha engañado a todos los gallegos que fuimos a
votar convencidos de que podríamos escoger la lengua vehicular de
las materias troncales”, dice Lago en la carta.
Ante la importancia de unas cuestiones que afectan directamente a la
educación de los niños gallegos, Gloria Lago reclama al presidente
del Partido Popular que intervenga para que Alberto Núñez Feijoo
cumpla, de una vez por todas, con la “palabra dada”, su palabra.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Carta de Galicia Bilingüe a Rajoy
Estimado señor presidente del Partido Popular:
Informada a través de los medios de comunicación de la presentación
del denominado Decálogo de prioridades y valores (el pasado 15 de
noviembre) del Partido Popular, que pretende conformar la
‘alternativa’ para que su organización política alcance la
presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, tengo
a bien solicitarle que se dirija al presidente de la Xunta de
Galicia y presidente de su partido en Galicia, Alberto Núñez Feijoo,
para que le inste a cumplir los términos de dicho documento.
En concreto, me refiero al último artículo del citado decálogo, que
hace referencia expresa al valor de la "palabra dada". Antes de las
pasadas elecciones autonómicas, Alberto Núñez se comprometió
textualmente, aún como candidato a la presidencia de la Xunta de
Galicia, a adoptar dos importantes decisiones en relación con el uso
en la enseñanza de los dos idiomas oficiales que existen en Galicia.
En concreto, sus promesas fueron:
1. Los padres, en el sobre de matrícula y para el curso 2009/2010,
rellenarían una casilla en la que elegirían en qué lengua oficial
recibirían sus hijos las materias troncales. La decisión de los
padres sería vinculante para el Gobierno.
2. Los alumnos podrán emplear libremente la lengua oficial de su
elección en clase, en el material didáctico, libros incluidos, en
los trabajos y en las pruebas de evaluación, salvo en las materias
de las propias lenguas.
Pues bien, el borrador del decreto que sustituirá al controvertido
124/2007 sobre el uso del gallego en la enseñanza, y que el
presidente de la Xunta presentó el pasado 30 de diciembre, no cumple
con esas promesas adquiridas antes de las elecciones de marzo. Núñez
Feijoo nos ha engañado a todos los gallegos que fuimos a votar
convencidos de que podríamos escoger la lengua vehicular de las
materias troncales.
A pesar de que el presidente de la Xunta lo prometió, y se
comprometió a ello, el próximo curso los padres no tendremos una
casilla en los sobres de matrícula para poder expresarnos respecto a
la lengua vehicular que queremos para nuestros hijos y continuaremos
sin libertad para poder escoger. Los alumnos de Galicia ni siquiera
podrán utilizar los libros en su idioma, pues ese derecho también se
les ha negado.
Es por este motivo que le solicito, señor Rajoy, que apremie al
presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijoo para que cumpla la
palabra dada, su palabra.
Atentamente,
Gloria Lago
Presidenta de Galicia Bilingüe
http://www.galiciabilingue.es/index.php?option=com_content&task=view&id=444&Itemid=105
El Govern permite a los rectores usar
filtros lingüísticos en el acceso a las carreras
El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) dio luz verde a la
medida, aprobada por consenso, y avanzó que la plasmará en un
documento el próximo febrero
ESTHER ARMORA | BARCELONA ABC 28 Enero 2010
El debate lingüístico se aviva con un nuevo frente en Cataluña; esta
vez en el ámbito académico. La Generalitat dio ayer carta blanca a
los rectores catalanes para que apliquen, si lo estiman conveniente,
filtros lingüísticos en el acceso a determinadas carreras en las que
hay colapso de alumnado de fuera de la comunidad.
La Universitat de Lleida (UdL) encendió la polémica hace una semana
al anunciar públicamente su intención de establecer pruebas de
competencia lingüística para las dos lenguas oficiales (catalán y
castellano) a los estudiantes que accedan a Medicina, carrera en la
que un 70% del alumnado es extranjero o de otras comunidades
autónomas. El conseller de Universidades, Josep Huguet, abonó la
polémica al avanzar que defenderá sin titubeos la iniciativa.
Defender a los autóctonos
«Debemos luchar para defender la presencia de alumnado catalán en
estos estudios», dijo Huguet. Ayer. en el seno del Consejo
Interuniversitario de Cataluña (CIC) -constituido por rectores y
representantes de la Generalitat (presididos por el conseller Huguet
y el Comisionado Joan Majó) y de las universidades- la consigna fue
la misma.
No hubo demasiado debate y la Generalitat autorizó abiertamente a
aquellas universidades que lo estimen oportuno a que apliquen estas
pruebas de catalán y castellano al alumnado no autóctono. «De otro
modo supondría vulnerar la autonomía académica», precisaron a ABC
fuentes de la UdL. El acuerdo se plasmará en un documento formal a
mediados de febrero, cuando está previsto que se convoque la próxima
reunión del CIC. El rector de Lleida, Joan Viñas, valoró
satisfactoriamente la reunión y avanzó que su universidad creará una
comisión de expertos para que estudie la viabilidad de la medida.
Por ejemplo, determinará si todos los alumnos de fuera pasarán por
el filtro del catalán o si tendrán la opción de acogerse a la prueba
de castellano. En la reunión se abordaron otras cuestiones como la
necesidad de defender la coeducación en los estudios universitarios
y se dio luz verde a 45 grados.
Recortes
de Prensa Página
Inicial
|