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La solución, nosotros
MANUEL RAMÍREZ, Catedrático de Derecho Político ABC 9 Febrero 2010
Si por alguna razón, verídica o inventada, nos viéramos en la
necesidad de condensar en pocas palabras la no poco complicada
situación política actual de nuestro país, y sin pretensión alguna
de comparación con ilustres precedentes (Ortega, Azaña) el lector me
permitiera el recurso de tres palabras con similares letras
iniciales, definiría así el panorama. Estaríamos ante una sociedad
desilusionada. La gran carga de elementos positivos y hasta
ilusionantes que, en gran parte, estuvieron presentes en casi todos
los ciudadanos (no todos, claro está: los temores no estuvieron
ausentes del todo aunque no se suela confesar) en los años de la
transición por la forma de consenso pacífico y renuncia a los
dogmatismos de unos y otros y el gran acuerdo de no hurgar en
pasadas responsabilidades, bajo la regia llamada a todos para mirar
al futuro en una general empresa, esa gran carga creemos que ha
desaparecido. O que «la han hecho desaparecer». En su lugar, la
manipulación de «lo anterior» convertido en arma para la lucha
política, el no asumir bondades y maldades, los cambios inútiles de
todo y hasta las cainitas revanchas de siempre. Lógicamente estos
grandes olvidos han ocasionado una alta cuota de desilusión: «No es
esto, no es esto», que muy posiblemente volvería a exclamar Ortega
al conocer lo de la Memoria Histórica o la gran preocupación por el
«enorme problema de los crucifijos».
En segundo lugar, una sociedad desunida. No caigo en lo de rota o no
rota. Pero sí digo, por muy poco popular que resulte, que la fórmula
utilizada para solventar la necesaria descentralización y el
necesario reconocimiento de la pluralidad de formas de ser
concurrentes en la Península Ibérica (esa fórmula absurdamente
conocida como Estado de las Autonomías (?) ha constituido un penoso
fracaso. El asunto comienza en la misma redacción constitucional. Se
premiaba el llamado «hecho diferencial» que era precisamente lo que
dividía y no lo que unía, se generalizaba el factor autonómico hasta
extremos cercanos a lo ridículo y, sobre todo, se dejaba abierto el
proceso de delegación de competencias propias del estado en las
llamadas Comunidades Autónomas.
Precisamente en esto último es donde hay que situar el penoso
«chalaneo» que, fundamentalmente por razones electorales, hemos
presenciado en estos últimos años. Las Comunidades han amenazado con
esto o aquello y el Estado ha ido cediendo incomprensiblemente. Con
ello es el mismo Estado central el que se ha debilitado, en momentos
en que para «pesar» algo en la Unión Europea está primando
justamente lo contrario y en el panorama nacional lo que ha vuelto a
aparecer es el particularismo que, en expresión de Ortega, conducía
a lo invertebrado. Lo que importan son los intereses de cada una de
las partes, en muchas ocasiones basados en lo «peculiar» que
fácilmente se inventa, y no lo que la totalidad del país requiere.
Y, curiosamente, en los momentos de crisis que padecemos, nadie se
ha atrevido hasta ahora a entrar a fondo allí donde en realidad
habría que entrar: multiplicación de parlamentos, diputados,
gobiernos regionales, legiones de Consejeros, Viceconsejeros,
Directores Generales, Comités Consultivos, Defensores regionales,
coches oficiales, escoltas en abundancia, derroches en actos
oficiales y así hasta casi el infinito. ¿Realmente puede nuestro
país mantener económicamente este gran tinglado?
Y, en tercer lugar, una sociedad desorientada. Aquí es donde, en
realidad, queríamos llegar con el título que encabeza estos
párrafos. Y por qué la causa de esta orientación. Es decir, cuál es
la razón de esta ausencia de creíbles soluciones. Si uno presta
atención a lo que es posible oír en la calle, tiene que echarse a
temblar: «es que todos son iguales», y «los otros harán los mismo» y
lo más hiriente, «y si yo pudiera también lo haría».
El origen del problema quizá también hay que buscarlo en el mismo
texto constitucional. Desde el principio se sentaron dos
afirmaciones o supuestos: íbamos a una democracia representativa y,
en la misma, los principales sujetos de la representación y de la
participación eran los partidos. Llegaba el momento de
«desquitarse». Por ello, a la hegemónica regulación del art. 6º y de
todos aquellos supuestos de nombramientos por el Parlamento, los
partidos, con el apoyo de la vigente Ley Electoral, se han
convertido en los únicos protagonistas de la vida política. Y ello a
través de los más variados caminos: distribución por cuotas según
votos en el hemiciclo, sumisión total en el seno de los grupos
parlamentarios, fuerte disciplina de voto, listas cerradas y
bloqueadas, etc. Los partidos han roto el natural ámbito que la
misma democracia posee y, a veces con la sumisa tolerancia de los
sindicatos, y han implantado su reinado. Es decir, hemos entrado en
la situación de partitocracia, con toda la gravedad que esto
comporta. La buena y objetiva cabeza del prof. Alejandro Nieto ha
llegado a afinar todavía más las definición: estamos en «una
oligarquía económico-política». A la vez e igualmente desde los
momentos de la elaboración constitucional, se ahogan sin piedad los
posibles supuestos de participación directa de los ciudadanos. Se
quería una democracia de partidos y casi únicamente de partidos. Y
ello no solamente en la cicatera regulación del referéndum: se llega
hasta la imposibilidad de que sean los ciudadanos quienes puedan
instar una posible reforma de la Constitución.
¿Entonces? Pues, a mi entender, lo que en el título hemos anunciado.
Cerrados todos los posibles cauces (y creemos que este problema no
se solventa con una reforma constitucional del tipo que fuere) lo
que queda es la voz y la actitud de los ciudadanos. Resulta urgente
reforzar la vigencia de una auténtica cultura cívica, sedimento de
todo régimen político que aspire a la continuidad. Es preciso salir,
a la vez, de la panmediocridad que sufrimos. Si la sociedad es
mediocridad consentida, mediocre será todo cuanto de ella salga:
políticos, educación, Universidad, arte o pensamiento. Y como las
vías establecidas han quedado cerradas para ello, según hemos
resumido, los ciudadanos, a la postre oficialmente propietarios de
una hurtada soberanía, tienen y pueden llevar a cabo la labor de
despertar dormidas conciencias. De fomentar el espíritu crítico. De
denunciar el gran engaño de lo «políticamente correcto». Y si esto
es lo que cada uno puede hacer en su ámbito y en el de sus
posibilidades, resulta mucho más efectiva para este despertar de la
alienada o egoísta sociedad, la proliferación de grupos expresamente
dedicados a este menester.
En estos últimos años, nuestro país ha conocido ese pluralismo
asociativo que el gran Tocqueville señalara como característica de
la democracia en América. Pero ocurre que, en su casi totalidad,
estos grupos y asociaciones se están limitando a la reivindicación
de sus propios intereses. Y no es eso. Hay que ir más allá, como en
otras ocasiones ha ocurrido en nuestra historia política. Recuérdese
la lucha contra el francés allá en la guerra de la independencia.
O los Manifiestos civiles y militares en 1869. O el papel divulgador
en favor de la república que hicieron en unión unos valiosos
intelectuales, aunque algunos quedaran frustrados por lo que después
vino. No importa. Lo que ahora aparece en nuestro panorama es la
idea de los Foros, los Clubes, de las Fundaciones. Pensando y
pregonando que «esto» no puede seguir así. Y que si sus voces de
denuncia no obtienen eco «en las alturas», sencillamente estaremos
perdiendo o malogrando una nueva oportunidad histórica.
Zapatero: dos mentiras y un funeral
Manuel Romero www.lavozlibre.com 9 Febrero 2010
La semana pasada, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, comenzó su plegaria ante los miembros del lobby ‘Desayuno
Nacional de la Oración’, en Washington, de forma solemne,
recurriendo al tono grave que emplea en los momentos que considera
trascendentes. "Permítanme que les hable en castellano, en la lengua
en la que, por primera vez, se rezó al Dios del Evangelio en esta
tierra". La frase, en boca de Zapatero, contenía dos mentiras y el
funeral por la Libertad.
El presidente leyó el Antiguo Testamento, en concreto el libro del
Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15: "No explotarás al
jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno
de los extranjeros que habitan en tu tierra y en tus ciudades.
Págale su jornal ese mismo día antes de que se ponga el sol porque
está necesitado y su vida depende de que le pagues ese jornal."
Intencionadamente omitió el final de versículo, cuando el texto
bíblico califica de ‘pecado’ el incumplimiento de ese deber.
Ajustar la realidad a la necesidad es una de las habilidades del
presidente. Podría haber dicho al inicio de su rezo: "Permítanme que
les hable en castellano, la única lengua que conozco".
También podría haber utilizado esta versión: "Permítanme que les
hable en castellano, en la lengua en la que a cientos de miles de
niños y jóvenes de mi país no les está permitido estudiar en los
colegios”.
O esta: "Permítanme que les hable en castellano, la lengua en la que
a los que rotulan los comercios de Cataluña les multan por ello".
O esta otra: "Permítanme que les hable en castellano, en la lengua
en la que es casi imposible escuchar una misa o celebrar una
eucaristía en aquella tierras del noreste de la Península Ibérica".
¿Y qué tal esta otra?: "Permítanme que les hable en castellano, en
la lengua en la que a los niños no se les permite pedir hacer pis en
los recreos y en contra de lo cual mi gobierno no ha tomado ninguna
medida".
Después, podría haber catalanizado el libro de Deuteronomio: “No
reprimirás al charnego pobre y necesitado. Permítele que si los
perros pueden ladrar, los gatos maullar y los pájaros piar, ellos
puedan seguir usando su idioma, incluso en las escuelas, pues es el
que hablan en casa todos ellos y el que heredaron de sus
antepasados. No recaudes su dinero para después gastarlo en la
imposición lingüística”.
Que Rodríguez Zapatero no sea creyente, no le exime de respetar la
conclusión bíblica de que todo cuanto se hace contra el necesitado
es pecado. El socialismo no ha podido perder todo del humanismo que
lo alumbró y que lo convirtió durante casi un siglo en refugio de
necesitados. Hoy los desamparados no sólo están en las colas del
paro (¡cuatro millones!), sino en las escuelas y universidades, en
los comercios y en los cultos, sin poder emplear la lengua con la
que se oró por primera vez en tierras americanas.
Los partidos y la democracia
José Luis González Quirós* El Confidencial 9 Febrero 2010
Si en lugar de ser un partido político, Unión Mallorquina fuese
cualquier otro tipo de entidad, nadie dudaría, hoy por hoy, de la
conveniencia de disolverla, dado el volumen de los delitos y
escándalos de corrupción en que se ha visto envuelta. Pero es un
partido, y eso tiene, entre nosotros, la etiqueta de intocable.
Apreciamos la democracia por sus ideales, pero padecemos sus
defectos. El abismo entre unos y otros se debe a los partidos, unas
organizaciones opacas, y ajenas a cualquier clase de control.
Las carencias de los partidos no tienen arreglo legal, se trata de
algo más grave y más profundo, de una serie de lacras de la cultura
política dominante, que se nutre de una tradición autoritaria.
Más allá de las definiciones constitucionales, los partidos
españoles son organizaciones dedicadas al reparto de poder e
influencias que parecen funcionar, únicamente, cuando todos los
miembros de un cierto nivel consolidan sus posiciones e intereses
procurando que nada se mueva sin su control. En su vida interna no
hay nada específico de las democracias. Son formaciones que priman
la mansedumbre, la disciplina, el dogmatismo, la fidelidad, la
rutina… podríamos seguir hasta cansarnos, de modo que llegan a
subvertir, casi por completo, su función legítima. Los partidos
están anulando las instituciones.
La democracia española, como si se sintiese maldecida por la
voluntad de Franco, quiso evitar a todo trance lo que se llamó la
“sopa de letras”, la infinidad incontrolable de organizaciones, y la
ingobernabilidad… y apostó por el orden y la estabilidad. Al hacerlo
no tuvo presente que existen otra clase de defectos, no menos
graves, frente a los que nuestro sistema parece impotente.
Los partidos se sienten por encima del bien y del mal y, en
consecuencia, han acrecentado su poder más allá de cualquier lógica.
Las instituciones son un mero escenario en el que se representa el
argumento que han decidido las respectivas cúpulas partidarias, de
manera que, salvo para dar cargos, están de sobra. No habrá en
ellas, por tanto, control del Gobierno sino, si acaso, confrontación
entre dos líderes, cuando existan.
El poder judicial, las universidades, las cajas de ahorro, los
medios de comunicación, y un sinfín de cosas más, están controladas
por los partidos, sin que su presencia tenga el menor fundamento
legal. Lo que ocurre es que los partidos se han convertido en
complejísimas empresas de fingimiento, en organizaciones dedicadas a
la simulación y a la mentira.
En lugar de servir a una sociedad democrática, los partidos se han
apropiado de ella y, en consecuencia, la democracia no funciona ni
siquiera medianamente bien. ¿Es normal, por ejemplo, que con la
situación económica que padecemos, el Parlamento sea una balsa de
aceite en la que los diputados proceden a adjudicarse privilegios
sin el menor pudor? ¿Es normal que tengamos un gobierno tan
insustancial y pusilánime? ¿Es admisible que la oposición no tenga
otra preocupación que su ritual de aspavientos a la espera de las
previsiones sucesorias?
Como subrayó Robert Dahl, la democracia consiste en poliarquía, y
nuestros partidos son monárquicos, algunos, incluso, monarquías
hereditarias en las que el líder saliente invista al entrante con su
gracia para que nadie se inmute, y todo siga como es debido. No hay
nada en el ordenamiento jurídico que impida que los partidos sean lo
que debieran ser, pero ni la participación ni las opiniones ajenas
les suelen interesar nada a los que en ellos mandan; les basta con
sus sondeadores, y con el ritual y la carnaza con electores cuya
fidelidad perruna se fomenta con un maniqueísmo vomitivo.
No hablamos de teorías, es la realidad inmediata y dolorosa. Que ZP
no tenga alternativa creciente en el seno de su partido puede llegar
a ser un auténtico drama nacional, visto lo que está haciendo en el
gobierno, y nuestra aceleración hacia el despeñadero. Que el PP siga
siendo un partido sin sustancia ni atributos, oportunista y ausente
ante la profundidad y el alcance de la crisis es, además de
intolerable, realmente insólito. En Génova se afanan en urdir
disculpas para posponer el Congreso del partido, porque temen que,
dado el atronador descontento, ahora no se podría celebrar con
papeletas en la boca, una decisión tan aberrante como justificar que
un gobierno aplazase las elecciones previstas por temor a perderlas.
Mal, pues, en el Gobierno sometido a una especie de autócrata, y en
la oposición controlada por un quietista.
¿Tiene arreglo todo esto? Sí, pero sin arbitrismos, imponiendo en
los partidos la cultura competitiva y libre sin la que las
democracias se convierten en una caricatura, en partitocracias
autoritarias. Necesitamos más patriotismo, fomentar una ética
política que sancione el abuso de poder y enseñe a preferir el
interés común por encima de lo propio, algo que no abunda en los
partidos y, menos aún, en los nacionalistas.
* José Luis González Quirós es analista político
Palabras mordaza: derecha
César Vidal La Razón 9 Febrero 2010
Con escasas excepciones, la izquierda siente un orgullo
extraordinario de sí misma, especialmente en el mundo latino a uno y
otro lado del Atlántico. Que bajo la bandera roja se exterminara a
no menos de cien millones de seres humanos en el pasado siglo no la
afecta en absoluto. Tampoco la conmueve su indigencia intelectual,
que resulta no por lo pedante menos pasmosa. En ese terreno, el caso
español resulta todavía más deplorable porque la izquierda no ha
dado a un solo pensador digno de ese calificativo. De Ortega a
Marañón, de Jovellanos a Unamuno, de D’Ors a Menéndez Pidal, todo
ese sector social que los rusos denominan «inteliguentsia» ha
militado en la derecha, fuera autoritaria, católica o liberal.
También a esa derecha se deben las transiciones a regímenes con más
libertad, la seguridad social o el desarrollo industrial y, sin
embargo, basta con esgrimir la palabra «derecha» para que la mayoría
de sus componentes agache la cabeza como si fueran un grupo del KKK
descubierto cuando linchaba a un negro. Convencido estoy de que
cuando Umbral –que empezó escribiendo en la prensa azul mahón del
Movimiento– acuñó el término «derechona» hubo quien corrió a
esconderse debajo de la cama. Los efectos que esa palabra mordaza
tienen sobre nuestra situación actual son para echarse a temblar. De
entrada, casi todos sustituyen la palabra «derecha» por «centro» o,
a lo sumo, «centro-derecha». A diferencia de Francia o Alemania,
donde la derecha se siente orgullosa de serlo y no lo oculta, en
España, los representantes de la derecha –salvo que sean
nacionalistas– se echan a temblar ante la misma no sea que si
reconocen su condición los motejen de «fachas».
Las consecuencias son nefastas porque la derecha ha decidido
centrarse única y exclusivamente en algunas –no, todas no–
cuestiones económicas y abandonar la batalla de las ideas y el
debate ideológico a una izquierda intelectualmente paupérrima e
incluso descerebrada. Podría tener un programa sensato sobre
inmigración, pero, si es así, lo silencia. Supuestamente tiene las
ideas claras sobre la energía nuclear, pero cualquiera lo diría
visto lo pasado hace unos días. Su política nacional en materia
lingüística tendría que ser una esperanza, pero tras las acciones de
Feijóo y los silencios de otros cualquiera sabe «ande andará». Y no
entremos en otras cuestiones como las subvenciones, el aborto, la
reforma laboral o los nacionalismos porque según la hora o el día se
pueden escuchar los más diversos puntos de vista. ¡A tanto ha
llegado su temor de que le lancen la palabra mordaza que algunos
paniaguados de esa derecha acomplejada consideran como insulto el
indicar que todavía hay un sector de la derecha que se precia de
serlo! Ciertamente se trata de gente servil a la que nadie escucha
en la calle, pero no se la puede calificar de inofensiva porque
contribuye a acomplejar a la derecha por serlo. ¡Difícilmente se
puede descender más en la escalera de domesticación en favor de una
izquierda dispuesta a permitir a la derecha seguir existiendo si se
convierte en un clon de ZP o de Gallardón! Ciertamente, sólo la
derecha –al menos, en teoría– tiene una idea apropiada sobre cómo
remontar la recesión y cómo mantener en pie un edificio
constitucional que se desploma. Lástima que la hayan amordazado
lanzando contra ella precisamente la palabra que la define.
Irán
Tic-tac, tic-tac, tic-tac
GEES Libertad Digital 9 Febrero 2010
Hay dos relojes en marcha en Irán: uno, simbolizado por la llamada
"marea verde", con las sucesivas e imparables manifestaciones de
protesta y a favor de un cambio de régimen; el segundo, en manos de
los ayatolás, en una carrera acelerada por hacerse con armamento
nuclear y los medios para poder utilizarlo. Desde el pasado fraude
electoral del 12 de junio, muchos han apostado por que el reloj del
cambio ganaría al reloj atómico pero la pasividad occidental, la
bunquerización del régimen de Ahmadinejad y la inutilidad de las
sanciones actuales, hace cada vez más evidente que el régimen de
Teherán va a ganar esta mano.
En la semana pasada hubo dos acontecimientos que así lo indican: por
un lado, la puesta en escena de tres nuevos satélites y, sobre todo,
del cohete lanzador Kavoshgar-3. El éxito de su lanzamiento
contrasta llamativamente con el fracaso del radar americano basado
en buques para interceptar exitosamente este tipo de cohetes. En
segundo lugar, a pesar del tono conciliador del representante iraní
en la Conferencia de Seguridad de Munich, vino el anuncio por el
mismo Ahmadinejad de que Irán iniciaba la etapa de enriquecimiento
de uranio, abriendo una nueva etapa en su camino a la bomba. Ya es
sólo cuestión de tiempo. Y los expertos hablan de pocos meses, no de
pocos años.
Preocupantes también los movimientos americanos en el Golfo. Se ha
reforzado su presencia naval, particularmente con aquellos buques
que pueden formar parte de un sistema anti-misiles de índole
regional. Muchos han querido ver en esta decisión una postura más
dura hacia Teherán por parte de la administración Obama, incluso
como los primeros preparativos para una acción militar. La realidad
es la opuesta: Estados Unidos se prepara para un despliegue que
asegure la contención de un Irán nuclear, no para impedir que Irán
tenga la bomba. La Casa Blanca parece haber aceptado que es mejor
una bomba iraní que bombardear Irán y hace cuanto puede para
adecuarse a esa nueva y próxima realidad.
Lo cual nos lleva a Israel, un país cuyos dirigentes han declarado
por activa y por pasiva que la bomba iraní es inaceptable porque
representaría una amenaza existencial para el Estado judío. Salvo
que se le conceda a los ayatolás el tiempo necesario para proteger y
dispersar los elementos críticos de su programa atómico, los
análisis militares llevan a creer que Israel cuenta con los medios
suficientes para poder infligir un daño suficiente a las
instalaciones en Irán como para detener durante años su camino a la
bomba. El problema es de otra naturaleza, pues afecta a la gestión
política del día después de su acción militar. Las relaciones con
América no pasan por su mejor momento y es difícil pensar que Obama
no reaccionaria muy negativamente a una acción unilateral israelí de
llevarse a cabo. Particularmente si se cree, como creen muchos, que
los americanos están en negociaciones secretas con los iraníes para
evitar una desestabilización en Irak y Afganistán entre otras cosas.
Todo apunta a que, en ausencia de un apoyo decidido a los opositores
al régimen, Teherán tendrá su bomba más pronto que tarde. A partir
de ahí, todos empezaremos por sentir las consecuencias.
Revolucionarias y dramáticas.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.
El grupo mixto propone suprimir las multas
lingüísticas de la ley del catalán
M. J. C. | BARCELONA ABC 9 Febrero 2010
El diputado del grupo mixto, José Domingo, ha presentado una
propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística de 1998
con la finalidad de suprimir el régimen sancionador que permite
multar a las empresas que no rotulan en catalán. La iniciativa será
debatida hoy en la Comisión de Economía del Parlament, a la que
asistirán tres empresarios sancionados, Xurde Rocamundi, Fermín
Guerrero y Luis Jiménez.
Domingo, que además preside la plataforma Impulso Ciudadano, propone
suprimir la diposición adicional quinta de la «ley del catalán» que
establece el régimen sancionador a las empresas que incumplan los
preceptos lingüísticos establecidos en dicha ley. La iniciativa
tiene lugar poco después de que la Agencia Catalana de Consumo,
dependiente del conseller de Economía, el socialista Antoni
Castells, haya elevado de 3.000 a 10.000 euros las sanciones por
rotular los establecimientos en castellano. Asimismo, el pasado
jueves llegó a juicio el caso de Manel Nevot, un agente de la
propiedad inmobiliaria multado con 400 euros porque su despacho,
situado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), no estaba rotulado en
catalán.
Según el diputado, el régimen lingüístico es de dudosa
constitucionalidad, «al interferir claramente en la libertad de
empresa» (artículo 38 de la Constitución) y vulnerar el principio de
igualdad (artículo 14), pues «sólo obliga a rotular en una de las
dos lenguas oficiales existentes en Cataluña»
******************* Sección "bilingüe"
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LOS PROFESORES, OBLIGADOS A SABER CATALáN
Cuando la lengua es el filtro en la Universidad
IMPRESIONES El Mundo 9 Febrero 2010
EL GOBIERNO del presidente Montilla está dispuesto a implantar el
catalán en todos los ámbitos y a cualquier coste, incluso el del
empobrecimiento de la enseñanza superior. La Generalitat ultima un
decreto por el que exigirá el catalán a todos los profesores
universitarios, apoyándose para ello en las facultades que le otorga
el Estatuto recurrido en el Constitucional. Pero al margen de la
legalidad o no de la norma, lo más llamativo de esta disposición es
la cortedad de miras que la impulsa. La Universidad debería ser, por
definición, un lugar abierto, sin corsés. En Cataluña, en cambio,
los gobernantes están empeñados en que el cedazo para seleccionar al
profesorado sea la lengua antes que los conocimientos que puedan
acreditarse, lo que empobrecerá a la fuerza la institución y la hará
más endogámica. Resulta difícil de entender que exista la libertad
de cátedra y en cambio a los profesores universitarios se les
cierren las puertas por enseñar en la lengua que es oficial en toda
España. El decreto que prepara Montilla muestra la involución y la
asfixia a la que está llevando a la sociedad catalana
Los centros de enseñanza cristianos del
País Vasco se niegan a impartir sus clases en castellano
Raúl González Zorrilla Periodista Digital 9 Febrero 2010
Los colegios católicos del País Vasco, reunidos en la asociación
Kristau Eskola, se niegan a abrir aulas en castellano, a pesar de
que así lo solicite un número importante de padre. Con esta
decisión, las escuelas religiosas de Euskadi, subvencionadas por el
Gobierno vasco, se rebelan contra la decisión del Departamento de
Educación del Ejecutivo de Patxi López en el sentido de que los
progenitores, residan donde residan, tienen derecho a elegir el
modelo lingüístico en el que quieren educar a sus hijos.
Hay que recordar que la agrupación Kristau Eskola, dirigida por el
teólogo Aitor Bilbao, se posicionó en la pasada legislatura a favor
de las leyes excluyentes, irracionales y totalitarias que el
Gobierno ultranacionalista de Juan José Ibarretxe diseñó para borrar
del País Vasco la enseñanza en castellano.
Actualmente, todos los niños vascos tienen garantizado el derecho a
estudiar todo su ciclo educativo únicamente euskera, si sus padres
así lo deciden. Contrariamente, hoy en Euskadi resulta de todo punto
imposible que un niño se eduque exclusivamente en castellano en las
escuelas públicas vascas.
El próximo viernes, concluye el periodo de prematrícula para el
curso lectivo 2010-2011 y posteriormente se abre un plazo de
reclamaciones para que las familias que deseen mostrar su
disconformidad con el centro al que ha sido dirigido su hijo, puedan
hacerlo. De cualquier modo, y por encima de cualquier otra polémica,
la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo el Gobierno de Patxi
López será capaz de garantizar la educación pública en castellano en
las aulas de Euskadi?
Modelo de carta para reclamar la apertura de un aula en castellano
http://www.scribd.com/full/15883385?access_key=key-xy7ag387kvvk7ggzy9l
Un padre valenciano resiste el envite
lingüístico de la Generalitat
Jorge Martín presenta un recurso contencioso administrativo para que
su hija estudie en castellano
Belén Piedrafita www.lavozlibre.com 9 Febrero 2010
Liria (Valencia).- Jorge Martín, padre de una niña de tres años y
natural de Liria (Valencia), explicó a 'La Voz Libre' el pasado 9 de
diciembre, que llevaba más de cinco meses luchando para que su hija
pudiera estudiar en español. Dos meses después, este padre se ha
encontrado con que la Dirección General de Ordenación y Centros
Docentes de la Generalitat Valenciana ha desestimado el recurso de
alzada interpuesto por él para que admitan a su hija en el centro
concertado Francisco Llopis. Consideran que “en ningún momento se ha
alegado vulneración del procedimiento establecido para la admisión
de alumnos en la legislación vigente”.
“El Director General de Ordenación y Centros Docentes, Francisco
Baila, ha decidido seguir desgarrando la poca ilusión, que no la
esperanza, que me quedaba por el sistema educativo de esta comunidad
y por encontrar profesionales responsables y serios que no traten
mis derechos recogidos en la Constitución española como si fueran
basura, al pisotearlos una y otra vez, negándome una educación
cristiana y en español en España”, declaró Jorge Martín tras conocer
la resolución.
”En estos nueve meses de cruzada me he dado cuenta de la mediocridad
de la clase política que nos representa en una gran comunidad como
es la valenciana”, añadió Jorge. El padre afirmó que iba a seguir
adelante, por lo que ayer lunes 8 de febrero interpuso un recurso
contencioso administrativo contra dicha resolución.
El caso de Jorge se remonta al periodo de preinscripción del pasado
curso escolar. Una vez que a su hija de tres años se le denegó la
plaza en los dos colegios concertados con línea de castellano
existentes en la localidad y se le adjudicó uno público únicamente
con enseñanza en valenciano, Jorge presentó una alegación en el
centro escogido, y posteriormente otra ante la Dirección Territorial
de Educación. Tras una reunión infructuosa con el inspector de
educación de la zona, Jorge matriculó a su hija en el centro público
que le habían adjudicado, bajo la promesa de que una vez que la
directora territorial tomara su decisión, el expediente de su hija
sería trasladado al centro concertado de su elección.
Semanas después y dado que Jorge no recibía respuesta alguna de la
Dirección de Educación, interpuso un recurso de alzada e intentó
localizar a la directora de educación, sin éxito. El pasado 8 de
septiembre la niña tuvo que comenzar las clases en el colegio que le
habían adjudicado y un día después Jorge recibió la respuesta de la
directora de Educación, que afirmaba que dado que había matriculado
a la niña en el centro público, ya no podía trasladarse al
concertado (contradiciendo por lo tanto la afirmación del
inspector).
La Generalitat exigirá un nivel medio-alto
de catalán a los nuevos profesores universitarios
Cataluña contempla como excepciones a los docentes actuales, los
eméritos, los visitantes y los honorarios
www.lavozlibre.com 9 Febrero 2010
Barcelona.- Las universidades catalanas, tanto públicas como
privadas, han dado su aprobación al borrador del decreto sobre la
acreditación del conocimiento lingüístico del profesorado. Este
establece que los nuevos profesores deberán acreditar el nivel C de
catalán para poder acceder a un puesto estable. La norma será
aplicable también en algunos casos para aquellos contratos
temporales que excedan el plazo de dos años. El nivel C de catalán
es medio-alto y equivale a entender, hablar y escribir con soltura
en dicho idioma.
Quedarán exentos los actuales profesores que obtuvieron su plaza a
través de concursos de selección, aquellos que ya estén convocados a
la entrada en vigor del decreto y los profesores eméritos, los
visitantes y los que desarrollen una actividad académica honoraria.
Las universidades contarán con un margen de maniobra para que puedan
establecer algunas excepciones. El borrador establece que los
centros podrán “eximir al profesorado en función de la temporalidad
o de las características específicas de sus tareas vinculadas a la
investigación o a la docencia en terceras lenguas, siempre que se
acredite el conocimiento suficiente de estas lenguas”. Asimismo, y
siempre que lo justifiquen, las universidades podrán requerir al
profesorado permanente que acredite el nivel C con posterioridad a
los procesos de acceso y selección con el objetivo de “potenciar y
favorecer la captación de talento”.
La Generalitat quiere tener aprobada la norma en dos o tres meses.
Una vez aprobada, las universidades contarán con un plazo extra de
seis meses para elaborar una normativa interna que regule dichas
excepciones.
Si bien no es la primera vez que el Departamento de Universidades de
la Generalitat hace una propuesta similar, sí es novedoso que esta
exigencia se haga visible a través de un borrador de decreto. En
junio de 2008, el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC),
llegó a un acuerdo sobre la conveniencia de exigir un nivel C de
catalán a los profesores universitarios, pero el asunto no pasó de
ahí.
Según la Generalitat, tanto el Estatuto como la Ley de Política
Lingüística y la Ley de Universidades de Cataluña suponen la base
legal del decreto. Esta última determina que los profesores
universitarios tienen la obligación “de conocer suficientemente las
dos lenguas oficiales”. A su vez, la Ley de Política Lingüística
determina que el estudiante “tiene derecho a expresarse en la lengua
oficial que prefiera”.
Diversos profesores de fuera de Cataluña creen que debería haber más
flexibilidad para aplicar el decreto en ciernes. “La obligatoriedad
puede tener sentido en la enseñanza obligatoria para socializarse en
el medio en que está el alumno, pero en absoluto en la universidad,
donde lo importante es la internacionalización y el intercambio de
docentes e investigadores”, manifestó Antonio Bolívar, profesor de
la Universidad de Granada.
Para Rafael Feito, académico de la Complutense de Madrid, la norma
“debería ser más flexible y pedir siempre el requisito después de
obtener la plaza para no privar de que entren los mejores”.
Finalmente Juan Manuel Escudero, profesor de la Universidad de
Murcia, declara que no duda de que la norma tenga “apoyatura legal”,
pero declara que “sería razonable que no haya una exigencia previa
para que las cosas se hagan con naturalidad”.
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