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Anticipadas
Elecciones en otoño
Agapito Maestre Libertad Digital 15 Febrero 2010
El fracaso de la iniciativa conjunta del Borbón y los socialistas
para que se firme un pacto de Estado augura elecciones para otoño.
La crisis económica y política es de tal envergadura que Zapatero no
tendrá más remedio que adelantar las elecciones generales. Preferirá
perder por la mínima antes que arriesgarse a ser el protagonista de
una caída espectacular del PSOE. Prepárese, pues, el PP para tal
acontecimiento. Todavía le queda al partido de Rajoy unos meses para
diseñar una estrategia política, o articular un sencillo discurso,
que al menos simule que ha hecho algo más digno, durante estos años,
que esperar el derrumbe de los socialistas. El cuento de la lluvia
fina ya no vale.
Es menester que Rajoy nos diga cómo sacará a este país de la
bancarrota o, por el contrario, tendremos que pensar que a este
partido le "va la marcha" del masoquismo. El próximo miércoles
veremos si la intervención de Rajoy en el Congreso es de mero
trámite o, por el contrario, dice algo más importante que la simple
contabilidad de los millones de parados. En efecto, si el PP sigue
guardando silencio sobre sus alternativas, tengo que pensar que un
posible adelanto de las elecciones le haría temblar las piernas a su
máximo dirigente.
Rajoy, sí, es muy escéptico sobre la valentía de Zapatero para
anticipar las elecciones, pero quizá sea esta acción la última
iniciativa que le quede a Zapatero para demostrar que no sólo ha ido
por delante de Rajoy, sino que, además, le ha arrebatado su espacio
político. Zapatero manda no sólo sobre el PSOE sino sobre el destino
del PP. Prefiere cederle a Rajoy el poder y, por lo tanto, la crisis
antes que hundirse para las próximas décadas.
Sí, sí, Zapatero ya tendría decidido, según algunos analistas, su
retirada a la oposición y, naturalmente, le dejaría las manos libres
a Rajoy para que le solucionase el "problemita", o sea, el desastre
económico. Argumentos le sobran a Zapatero para convocar esas
elecciones, pero todos convergerán en que Rajoy no ha querido jamás
colaborar con el Gobierno para salir de la recesión. Por lo tanto,
ante la ruina económica y la extorsión del PP para resolverla, dirá
Zapatero: ¡Qué hablen las urnas! El escenario es plausible. Y
viable. Las urnas hablarán, incluso es posible que Zapatero ya haya
hecho el cálculo de los pocos escaños que perderá: los suficientes
para que gane, naturalmente, Rajoy, pero los necesarios para que el
PSOE siga siendo el amo de España, el gran señor, que le pide al
capataz que le resuelva el embolado de la crisis.
Quizá haya otras formas de explicar ese futuro escenario; por
ejemplo, el odio entre estos dos líderes es de tal envergadura que
es imposible pacto alguno entre ellos. Pero, por desgracia, lo
importante no es ahora los desprecios recíprocos entre la gente de
Zapatero y Rajoy, sino que la iniciativa del proceso político sigue
estando en manos socialistas. Prefieren, sí, perder el poder de modo
coyuntural, pero seguir siendo los dueños de la finca y de su propio
destino, o sea, seguir ejerciendo una potentísima oposición desde la
que controlar al PP y, por supuesto, decidir su vuelta.
Hay, además, dos informaciones recientes que me ratifican en este
escenario. Una es falsa y la otra verdadera. La falsa ha sido
emitida por Zapatero: la economía española va mejor que hace tres
meses. La verdadera procede de los datos últimos de Bruselas sobre
la situación de estancamiento económico de la zona euro en general,
y de Alemania en particular. El comentario de esos datos desborda
esta columna, pero estoy convencido de que el pinchazo de la
economía alemana, por razones que otro día desarrollaré, es
determinante para la política española.
A qué espera el TC
Editorial ABC 15 Febrero 2010
CADA vez resulta más evidente que las causas del inaceptable retraso
del Tribunal Constitucional en dictar la sentencia sobre el Estatuto
de Cataluña no son las dudas jurídicas sobre sus disposiciones, sino
los equilibrios que está pretendiendo realizar su presidenta, María
Emilia Casas, para lograr una mayoría amplia a favor de una
sentencia que, ante todo, disimule en lo posible las
inconstitucionalidades notorias del texto. Nuevamente, como hoy
informa ABC, el TC está bloqueado por una partición -cinco frente a
cinco- que se mantiene inalterada ante la ponencia de la magistrada
Elisa Pérez Vera. Son ya cuatro los borradores de sentencia que han
sido descartados por los magistrados, número suficiente para que la
presidenta Casas se hubiera planteado la conveniencia de sustituir a
Pérez Vera por otro ponente que pueda mejorar las expectativas de
acuerdo. Este es el planteamiento que ha ido cuajando en los
magistrados más críticos con el texto estatutario, quienes, con
razón, entienden que es hora de desbloquear la situación con un
cambio de ponente. Si los criterios que rigen los debates son
estrictamente jurídicos, la presidenta Casas debería considerar esta
posibilidad.
No es aceptable que persevere en unos borradores de sentencia que no
cuentan con el aval de la mayoría. Por tanto, o cambia de ponente o
somete a votación, de una vez por todas, la sentencia que presente
la magistrada Pérez Vera, aunque esto suponga para Casas tener que
utilizar ese voto de calidad que rehúye. Este tipo de prevenciones
personales debe quedar a un lado cuando está en juego la estabilidad
del sistema constitucional, que es lo que TC está descuidando
flagrantemente. Los compromisos incómodos, incluso las encrucijadas
históricas, son inherentes a un cargo como el de presidente del TC.
Lo importante de la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña
no es que quede redactada de manera que alivie el peso de la
responsabilidad a sus firmantes -como lo sería una sentencia
interpretativa, la más peligrosa de las fórmulas por las que puede
optar el TC-, sino que aclare definitivamente si se mantiene el
Estado constitucional de 1978, unitario y autonómico, o se da paso a
un Estado confederal, creado por el atajo de una reforma
estatutaria, no de la Constitución. Si hay una mayoría, a favor o en
contra del Estatuto catalán, debe dar la cara en una sentencia que
es urgente e inaplazable.
Cuando reina el odio
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 15 Febrero 2010
No están en Keynes y en Hayek las razones para el rechazo de un
«pacto» entre el PSOE y el PP. Es verdad que los dos justifican su
negativa con argumentos económicos e ideológicos pero la causa real
es el odio. Comparto estas tesis con Amando de Miguel. La animosidad
visceral que anida en las dos grandes clientelas pone de actualidad
la división de las dos Españas de las que habló, antes que nadie,
Fidelino de Figueiredo.
Ahora bien, si es obligado reconocer que las propuestas de
reconciliación vinieron de la izquierda, también hay que achacarle a
esta la responsabilidad de la marcha atrás en estos últimos años.
Fue Zapatero quien levantó la calle contra la derecha «asesina» y ha
sido él quien mandó abrir las fosas de la guerra civil no para hacer
el obligado homenaje póstumo a los enterrados con ultraje sino para
actualizar los odios que alimentaron la Guerra Civil. Con la
reivindicación de la «memoria histórica» se ha querido trasladar el
debate desde la investigación a la sociedad, y se ha permitido que
Garzón haya querido traducir las represiones franquistas en
«crímenes contra la Humanidad» sin tener en cuenta la amnistía. De
forma prevaricadora.
La generación de Zapatero ha querido interpretar la hegemonía de la
izquierda, desde González a hoy, como el desquite de los derrotados
en 1939. Todavía hace unos días Pagazaurtundúa cometía la torpeza de
utilizar a Unamuno para decirles a los etarras «ni venceréis ni
convenceréis». ¿Acaso habría «convencido» el Frente Popular si
hubiera sido el ganador de la Guerra Civil?
Por todo esto quizá las bases del PP no están dispuestas a aceptar
un discurso para todos, por encima de los odios. Rajoy no se ha
atrevido a dar la mano a Zapatero en esta ocasión de emergencia
nacional por temor a su propio electorado, al que la izquierda
califica como la derechona. Por todo ello nuestra gran problema no
es la economía «sostenible» sino la sostenibilidad de la
convivencia.
Acerca de nuestro sobreendeudamiento
JUAN VELARDE FUERTES ABC 15 Febrero 2010
Al estallar, con claridad desde julio de 2007, la crisis financiera
internacional, y dificultarse la llegada de ahorro externo, la
depresión se hizo presente en España de modo cada vez más agudo.
Pero en vez de intentar atajarla gracias a una mejoría del sistema
productivo, gracias a lo que denomina una política económica por el
lado de la oferta, y así tres años después nos encontraríamos casi
en franquía, se prefirió hacerlo por el lado de la demanda,
terminando por acentuar el gasto público. La expansión productiva,
sobre todo desde 2003 en adelante, había tenido lugar financiándola
con deudas de las economías domésticas, de las empresas no
financieras y de las instituciones financieras. Al apretar la
situación, desde 2008 se unió a las anteriores una deuda pública que
crece a gran velocidad.
Como nos ha mostrado el profesor Jaime Terceiro en su valiosa
aportación a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
«Crisis económica y energética», en enero de 2010 un informe de
McKinsey mostraba que a partir de 2008 nuestra deuda pública era el
47% del PIB; la de las familias, del 85%; la de las empresas no
financieras, del 136%, y la de las empresas financieras, del 75%. El
conjunto supera el 342% del PIB. Según este investigador, en 2009
esto nos sitúa «con una cifra superior al 360%». Lo ratifica Marcos
Ezquerra en «Cinco días» de 10 de febrero de 2010 al estimar que al
cierre de 2009 este sumatorio «suponía unos 3,9 billones de euros»,
o sea el 390% del PIB. Sólo Japón, entre los países desarrollados,
tiene un porcentaje mayor. Le sigue España emparejada con Gran
Bretaña. Y el proceso no se ha detenido en bastantes de estos
ámbitos. Víctor Relaño, en «La Gaceta» de 13 de febrero de 2010
escribe que las instituciones crediticias españolas lograron
créditos hasta situarse en enero de 2010 en un 34,4% por encima de
la cifra de enero de 2009 en el Banco Central Europeo. Esto cuando
el conjunto de las instituciones del Eurosistema precisaban de un
6,64 % menos.
Como las deudas han de pagarse, lo anterior señala que cada español,
si el reparto fuese igualitario, tiene un pasivo de unos 87.000
euros, y cada familia, como media, una deuda de 200.000 euros.
Lógicamente preocupa a los mercados financieros si esta carga es
soportable. De ahí, por ejemplo, que el excelente economista francés
Michel Santi, sostuviese en «Le Monde. Economíe» el 9 de febrero de
2010 que «una conjunción astral muy desfavorable tiene lugar en
España, con un déficit presupuestario del 11,4% del PIB, un
endeudamiento global público y privado del 300% del PIB -claramente
más elevado que el griego-, un paro igualmente importante, del orden
del 20% (4,5 millones de desempleados) y, sobre todo, un sistema
crediticio que tiende a ser frágil».
Una y otra vez conviene recordar que el gran economista italiano
Bresciani-Thuroni, en su obra «The economics of inflation. A study
of currency in post-war Germany 1914-1923» (Allen & Unwin, 1937)
achaca el famoso caos económico alemán de los años veinte a la
«irresponsable» política fiscal alemana, que desde 1913 trató de
arreglarlo todo con deuda pública. Sin olvidar que al hacer la
recensión de este libro en «The Economic Journal», Joan Robinson
señaló cómo lo agarró todo una política que no congelaba los
salarios alemanes.
Libertad religiosa y ETA
Carlos Dávila www.gaceta.es 15 Febrero 2010
Entenderán, seguro, el título en cuanto, si tienen paciencia,
completen esta lectura. Verán. Los curiosos que tratamos de aventar
cuáles serán los nuevos pasos de Zapatero para intentar lo
imposible, o sea, salir de la hecatombe política y económica en la
que él mismo se ha introducido, coinciden en dos profecías: primera,
que para paliar la previ¬sible sangría de votos que puede producirle
el tremendo ajuste que exige la economía española el presidente
ensayará otra de sus malditas ocurrencias “sociales”; esta vez le
tocará directamente a la Religión o, más concretamente, a la
Religión católica. La venidera Ley de Libertad Religiosa que prepara
el ministro Caamaño –un personaje que no ha desmentido su afinidad
masónica, muy alejada del entendimiento con la Iglesia de Roma– va a
constituir una auténtica revisión de todos los principios que han
regido, desde la Transición, las relaciones Iglesia-Estado. Para
Zapatero, un laicista extremo y sectario, los católicos no deben
esperar el menor trato de favor respecto a los practicantes de otras
religiones, incluso pueden ser castigados, en su concepto, con una
discriminación apabullante: sus signos de fe, el crucifijo más
precisamente, tienen que ser desterrados de toda presencia pública,
mientras que el ropaje islamista más destructor de la mujer debe ser
tolerado porque, pobres musulmanes, ellos son menos en España,
alguna vez les echamos de aquí y hay que acogerlos en la estúpida
Alianza de Civilizaciones.
Barrenar la libertad...
La ley que prepara el tándem Zapatero-Caamaño (no es imposible que
participe también en la redacción del bodrio la conocida intelectual
Bibiana Aído) no será un proyecto liberal, será un texto represivo
destinado a que a aquella torpe frase del Azaña más brutal, “España
ha dejado de ser católica”, se interprete, tantísimos años después,
de esta otra forma: “España DEBE dejar de ser católica”. De este
modo, con una ley tan machacante, piensa este hombre que los votos
que se le van por el recorte de las pensiones, el abaratamiento del
despido (el abaratamiento, sí), el recorte de los sueldos de los
funcionarios, la prolongación de la edad laboral y la ampliación de
los periodos de cotización a la Seguridad Social... quedarán
compensados con la apelación a un anticlericalismo de guardarropía
que pueda presentarse como la gran aclimatación de la España laica a
los tiempos del siglo XXI.
Desde 1976 hasta la fecha, en España hemos convivido sin problemas
católicos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas, agnósticos y
ateos. Los masones, los oficiales, que son los menos relevantes, y
los ignotos, que son los preeminentes, no se han atrevido hasta
ahora a plantar cara a esta situación de coexistencia pacífica.
Ahora Zapatero se apresta a quebrar esta costumbre que es regla de
obligado cumplimiento para los liberales que, como el que suscribe,
piensan que los ataques a la Religión deben interpretarse como un
barrenamiento de la libertad y no, como hace este político ayuno,
una exaltación radical de la misma. Pero es que, además, la ley
Zapatero-Caamaño no parte de un clamor social gene-ralizado, sino de
la hostilidad del dúo y, más aún, de la necesidad que tiene el
presidente de hacerse perdonar ante la izquierda radical los tajos
sociales que se verá obligado a realizar para que ni la Unión
Europea ni el odiado Fondo Monetario Internacional nos envíe aquí
sus paracaidistas a enmendar sus desmanes económicos y los de su
cuadrilla.
El ataque a la Religión no es nada más que una trapisonda para
encubrir un giro económico y social ortodoxo que este paupérrimo
Gobierno de incapaces tendrá que efectuar, acuciado como está por
dirigentes extranjeros de tan diverso pelaje como Brown, Merkel o
Sarko¬zy. Si hubiera que resumir por tanto en una frase las
intenciones de Zapatero, se podría decir: “Nos plegamos a cambiar,
pero vamos a zurrar a los curas”.
…y terminar con ETA
Y los ganapanes artistillas de la ceja, a aplaudir rabiosamente.
Después, y llegamos a la segunda profecía, a la trampa del
tentetieso a la Religión le acompañará, para disimular la ruina
total, otro proyecto muy diferente y que empieza a perfilarse con
nitidez para el que quiera mirar y ver: una nueva negociación con
ETA. Como Zapatero duda de que pueda llegar a las elecciones de 2012
con la crisis económica resuelta, su reeditada tentación es intentar
el gol definitivo: la rendición de la banda criminal y facciosa y la
entrega consecuente de sus armas. En las persistentes y repugnantes
negociaciones que están cumpliendo los batasunos que aún
desgraciadamente están en libertad y el agónico partido de Carlos
Garaicoechea, Eusko Alkartasuna, se está intentando colar de matute
el propio Partido Socialista.
Unas declaraciones recientes del maltratador Jesús Eguiguren (¿cómo
puede ser presidente todavía del PSOE vasco este socialista que
atizó a su mujer y está condenado por ello?) indican, sin rubor, que
otra vez el PSOE vuelve a vender la cantinela de la conversión de
los terroristas, pero es que, además, hay susurros, más que
noticias, de que, de nuevo, los socialistas del País Vasco, ¿quizá
Prieto, quizá Pastor? “se han visto” con los independentistas
violentos para darse el pico, como en los buenos tiempos en que
Zapatero entregaba Navarra a los bandidos con la misma ignorancia
que felonía.
Naturalmente que para constatar el inicio de esta otra ronda
necesitamos presentar pruebas; no las hay por ahora, existen sólo
indicios, pero hay que prevenirse sobre una pista: ¿va a dejar el
Gobierno que Batasuna, o su enésima titulación, se presenten a las
próximas elecciones municipales? Ésta es la cuestión: si la Fiscalía
General del Estado, fiel servidora del PSOE, se comporta como en
2007 y permite que Acción Nacionalista Vasca o sus herederos
comparezcan en las urnas, no habrá duda alguna: Zapatero está
negociando otra vez. Para el entramado abertzale es indispensable su
presencia en los ayuntamientos vascos y navarros; eso es poder y,
sobre todo, dinero. La pregunta en consecuencia es: ¿le interesa a
ETAuna negociación para que delegados, llamémosles políticos, sean
alcaldes y concejales? Los expertos en terrorismo afirman que ése
es, precisamente, el debate de la actualidad. No hay postura
definitiva, aunque lo que parece ahora mismo es que los pistoleros
siguen con sus armas desenfundadas a la espera de cometer próximas
tropelías. Afortunadamente, su capacidad operativa está disminuida.
Los bandidos son doblemente malos: asesinos por una parte e ineptos
por otra. Como en el chiste del pobre chino al que su médico le
pronosticó un cáncer simplemente por su color amarillo, eso nos va a
salvar, bueno, esperemos que la torpeza de los etarras y la
estupenda habilidad de nuestros cuerpos de seguridad nos siga
salvando.
Zapatero, en su insania patología optimista, puede estar pensando en
que con una economía mínimamente reconducida, un acuerdo para que
ETA deje de matar, y un guiño pseudoprogre a la izquierda
desarrapada, sus posibilidades de volver a ganar en 2012 aumentarían
considerablemente. Ciertamente se puede equivocar; es más, yerrará
de nuevo al doblegarse ante ETA, pero lo va a intentar. Son sus
bazas para dentro de dos años. Atraviesa en este momento su trance
más delicado; nadie le cree, nadie le quiere, casi todo el mundo le
considera un incompetente, pero su entorno alienta la esperanza de
la recuperación. La receta es doble: por una parte, “ya que tenemos
que hacer política económica de derechas, hagamos un brutal
izquierdismo social caiga quien caiga”; por otra, “que los malos nos
entreguen sus bombas al precio que sea, porque, ¿cuándo nos ha
importado ser decentes?”.
¿Quién tiene un plan anticrisis más
creíble: Rajoy o Rosa Díez?
Roberto Centeno El Confidencial 15 Febrero 2010
“Tengo un Plan”, exclamaba hace unos días un Rajoy eufórico que ya
se veía presidente, “y en 48 horas puedo presentar un gobierno”.
¿Qué Plan? En todos y cada uno de los muchos lugares donde gobierna
ni está ni se le espera. En cuanto al gobierno, si todo lo que tiene
son los que se están manteniendo de perfil, sin hacer oposición ni
haciendo nada, mientras España se hunde en el mayor proceso de ruina
de su Historia en tiempos de paz, ¡apañado va el país!
El Plan de Rajoy
Supongo que se refiere al “Plan Anticrisis Global y Completo” del
PP, tan ampuloso en su nombre como inconcreto y demagógico en su
contenido. El Plan contiene doce propuestas con las que es imposible
estar en desacuerdo. Solo dos problemas: primero, se trata de
principios generales, sin explicar cómo abordarlos; segundo y esto
es lo más grave, el PP gobierna en varias CCAA y un sinfín de
ayuntamientos, y en ni uno solo de ellos ha hecho lo que predica, en
realidad es peor aún, hace justo lo contrario.
Mencionaré cinco de las propuestas. Plan de austeridad de las AAPP,
ciertamente imprescindible, y entonces… ¿cómo es que sus
Comunidades, empezando por Valencia, y Ayuntamientos, Madrid y
Valencia, por poner dos ejemplos significativos, son los campeones
nacionales de gasto y deuda en relación al PIB? Gallardón, en
concreto, se ha convertido en el paradigma del gasto sin control, y
es con gran diferencia el mayor despilfarrador del Reino. Resulta
más incomprensible aún que, cuando en diciembre, un Zapatero
enloquecido, ofreció a las CCAA 11.000 millones de euros adicionales
que España no tiene, en lugar de denunciar esta tropelía, las
Comunidades del PP fueran las primeras en ir a poner el cazo a
Moncloa.
Reforma fiscal, proclama la eficacia de las reducciones de impuestos
para la recuperación económica, pero no dice cuáles ni cuánto, y lo
inaceptable, sus CCAA y Ayuntamientos están a la cabeza de las
subidas de impuestos, tasas y multas. Aquí el paradigma vuelve a ser
Gallardón, que tiene las mayores subidas del IBI, impuesto de
basuras por partida doble, etc, y algo inédito en el mundo, ha
inundado la capital de radares recaudatorios, que multiplican por
tres las multas de tráfico de todo tipo.
Reestructuración del sistema financiero, demagogia al por mayor,
“transparencia, seguridad, confianza” (blá, blá, blá), y luego el
BdE acusa a los barones del PP de ser los que más obstaculizan esa
reestructuración. Recuperación de la unidad de mercado,
imprescindible, pero con su ruptura del discurso nacional: Rajoy
dice una cosa en un sitio y lo contrario en otro. Ha afirmado en
Cataluña, donde se concentra el núcleo del problema, que “es
deseable la unidad, pero no se puede imponer”, y uno anonadado se
pregunta ¿Vamos a ver, Sr Rajoy, si ni siquiera es capaz de imponer
la unidad de mercado sí o sí, cómo va a ser usted presidente?
Y por último, reforma del mercado energético, imprescindible
también, pero lo mismo, generalidades y contradicciones flagrantes.
Defiende la opción nuclear en Madrid y la ataca en Castilla-La
Mancha. Pero sobre todo, el disparatado modelo energético actual no
es de Zapatero, sino que es el Plan Eléctrico y Gasista del PP el
que nos ha llevado al desastre. En definitiva, si no es capaz de
arreglar su casa, ¿cómo pretende arreglar España? Rajoy carece de
autoridad y de carácter para sacar al país de la crisis.
Y luego, el “milagro” de Rato, “lo hicimos una vez y lo volveremos a
repetir” dicen. ¿Qué milagro? ¡Basta ya de tomaduras de pelo!
Primero, la situación actual no tiene nada que ver con la del 96,
pero sobre todo no hubo política económica alguna que encauzase el
crecimiento para garantizar un desarrollo estable. Todo fue exógeno,
tipos de interés, liquidez ilimitada, entorno exterior óptimo, igual
que Solbes, pero con la inmensa fortuna de que les tocó el principio
del ciclo. Saneamiento de las cuentas públicas, “se pasa de un
déficit del 7% al equilibrio”. ¿Y cómo? Porque habíamos entrado en
la fase alcista del ciclo y la recaudación subía exponencialmente
sin mediar acción alguna, más el proceso masivo de privatizaciones,
decenas de miles de millones de euros a las arcas públicas sin
despeinarse.
Sigue el “milagro”: gastar un 10% más de lo que producimos, y Rato,
en lugar de imponer racionalidad, echa más madera; familias y
empresas se endeudan alocadamente, y en ocho años la deuda se
multiplica por tres, el mayor incremento de nuestra historia.
Medidas para cambiar un modelo productivo insostenible, cero;
medidas para frenar el caos autonómico, cero; reducción del empleo
público, “de cada cuatro bajas solo se cubrirá una”, mentira: más de
500.000 nuevos funcionarios del 96 al 04; medidas para reducir el
endeudamiento limitando a bancos y cajas los préstamos exteriores,
cero; reformas estructurales, cero. Peor aún (y esto lo viví en
primera persona), Rato transforma los monopolios públicos con
precios regulados en monopolios privados con precios libres, y pone
las instituciones del Estado a su servicio. ¿Es así como piensan
repetir el “milagro”?, vayan rezando lo que sepan.
El Plan de Rosa Díez
El lunes pasado, en estas mismas páginas McCoy, aclarando que “no
soy sospechoso de simpatizar con Rosa Díez”, analizaba
brillantemente su plan económico. Pues bien, servidor, sí simpatiza
abiertamente con Rosa Díez, por varias razones pero les ofrezco dos:
es el único partido que defiende ya la unidad de España, la igualdad
de todos los españoles, la defensa del idioma frente a la
persecución separatista, y es el único con un plan solvente y
carente de demagogia, capaz de sacarnos de la crisis. Que no les
gusta Rosa porque fue socialista, o por su defensa del aborto, vale,
pero si creen esencial la unidad de la Patria y si quieren salir de
la crisis no tienen otra opción. Si votan PSOE o PP, serán cómplices
de la partitocracia totalitaria que está arruinando el país, que
acepta que vascos y navarros paguen ocho veces menos al Estado que
el resto de ciudadanos, que aceptan que se proscriba y persiga la
lengua española en un tercio de la nación, y dispuestos a cualquier
cesión a los separatistas con tal de gobernar, España les importa un
pimiento, y además no nos sacarán de la crisis.
El eje central de su programa es la recuperación del papel del
gobierno central frente a las autonomías, más España frente al
desmadre actual, y con medidas concretas, no como el PP, la
Educación debe volver íntegra al Estado, y los recortes del gasto se
centran esencialmente en el sistema autonómico y local, que tienen
cinco veces más margen que el Estado. Régimen común para todos, el
cupo de las Comunidades forales debe ser igual a lo que pagan los
demás; no a la postura del PNV “recortes sí, pero ni un céntimo de
lo nuestro”, no a la bilateralidad (Estatut), no al nuevo sistema de
financiación, a los 11.000 millones de Zapatero, y las reducciones
de gastos así conseguidas dedicadas a reducir el déficit
estructural. Ni el PSOE ni el PP están dispuestos, ni de lejos, a
nada parecido. Toda su filosofía, se basa en la cesión y el
despilfarro.
Despolitizar las cajas, suspender y exigir responsabilidades a los
malos gestores, terminar con los vetos autonómicos, y condicionar
las entregas del FROB a la cesión total de supervisión al BdE. “Si
se les da dinero público tendrán que aceptar las condiciones, y no
ponerlas como sucede ahora”. Esta propuesta esencial fue rechazada
por el PSOE, el PP y los separatistas. Tercero, política energética,
reducción de costes y de dependencia. ¿Cómo? Energía nuclear hasta
que las renovables lleguen a un nivel de coste asumible, no como el
PP “nuclear sí pero no en mi pueblo”. Cambio del modelo productivo,
con solvencia y sin demagogia. ¿Cómo? Educación recuperada por el
Estado, autoridad del profesorado, y mejora radical de la calidad de
la enseñanza pública para que vuelva a ser el ascensor social que
fue en el pasado; reformas estructurales en profundidad, no los
camelos de Rato; reforma laboral en línea con el manifiesto de los
cien, etcétera. Este es el resumen. Ustedes deciden.
(*) RobertoCenteno es Catedrático de Economía de la UPM.
Estrategia etarra que denigra y paraliza a
las Fuerzas de Seguridad
Editorial La Razón 15 Febrero 2010
La eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
lucha contra el terrorismo de ETA sigue cosechando éxitos notables,
como haber desarticulado en Portugal una célula que tenía preparados
300 kilos de explosivos para realizar un atentado inminente; o la
detención, anteayer, del etarra Ibai Beobide. Sobre esta última
acción policial, debe subrayarse la excelente labor que está
realizando el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, no
sólo por la profesionalidad con la que actúan, sino también por las
especiales dificultades que entraña su misión. Los miembros del GAR
se enfrentan a pistoleros armados, pero también a terroristas
adiestrados en técnicas de propaganda, como denunciar de manera
sistemática malos tratos. De este modo, los detenidos buscan ser
internados en centros sanitarios para no ser interrogados de manera
inmediata y facilitar así la huida de sus cómplices. En algunos
casos, las tretas de los etarras logran abirse camino y en estos
momentos varios agentes del GAR están procesados, entre ellos los
que desarticularon el «comando Elurra», autor del atentado contra la
T-4 de Barajas. Como es natural, la Justicia tiene la última
palabra, pero jueces y fiscales están obligados a sustanciar cuanto
antes unas patrañas que paralizan y denigran a quienes se juegan la
vida por la seguridad de todos.
¿A qué colegios van los hijos de socialistas y nacional-lingüistas?
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 15 Febrero 2010
Los socialistas y nacional-lingüistas, fieles a su línea de total
incoherencia, no llevan a sus hijos a colegios públicos en los que
vayan a ser «inmersos» en las respectivas «lenguas propias» de las
comunidades bilingües, sino a los centros privados más elitistas de
España.
Los trillizos que Montilla tiene con su segunda mujer, Ana
Hernández, van al selecto Colegio Alemán, donde además de catalán
aprenden español, inglés y alemán. Sin embargo, el presidente de la
Generalitat ha impuesto el catalán en la enseñanza, en la
Administración y en las relaciones con los ciudadanos. De la
obligación de que sea lengua vehicular en los estudios han quedado
excluidos sus hijos y también los de numerosos miembros de su equipo
de Gobierno.
La vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre; el secretario de
organización del PSC, José Zaragoza; el consejero catalán de
Política Territorial, Joaquim Nadal, y la consejera de Trabajo, Mar
Serna, llevan a sus hijos a la escuela privada, según han informado
fuentes de Cataluña a LA GACETA.
Por su parte, el líder de CiU, Artur Mas, los manda al Liceo
Francés, donde también estudian los hijos de Joan Laporta,
presidente del Fútbol Club Barcelona, quien ha conseguido que el
catalán sea nombrado lengua oficial del club y que ha manifestado su
apoyo a manifestaciones nacionalistas.
A nivel nacional ocurre más de lo mismo. El Gobierno hace una férrea
defensa de la formación pública. El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, ha manifestado recientemente que “la educación es un bien
público y cuando se hicieron los colegios concertados fue para
garantizar el acceso gratuito de todos. Es determinante un apoyo
claro a la educación pública y vamos a tratarlo particularmente”.
Pero los ministros y políticos socialistas también optan por la
enseñanza privada, donde sus hijos aprenden varios idiomas. Ya lo
dice Gabilondo: “A mejor formación y más cualificada, mayor nivel de
empleabilidad”.
Los retoños de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, estudian en el colegio San Patricio del madrileño barrio
de La Moraleja. La enseñanza de cada uno le cuesta 500 euros al mes
más 150 de comedor. Los de José Blanco van al Instituto Británico de
Madrid, donde el ministro de Fomento se deja una media de 1.200
euros al mes por la educación de sus dos hijos. Mercedes Cabrera los
lleva al Colegio Estudio de Madrid, del que fue “alumna predilecta”.
José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, también se
decanta por la formación privada para sus cuatro hijos, tanto en
primaria como en la universidad. La más pequeña estudia Educación
Infantil en Nuestra Señora de los Infantes, que pertenece al
Arzobispado de Toledo.
La presencia de los inmigrantes en la escuela pública ha crecido del
73,2% al 82,4% en 11 años (1996-2007), mientras que la de españoles
se ha reducido del 69,5% al 65,9%. En muchos de estos centros, la
tasa de estudiantes extranjeros ronda el 90% del total de los
matriculados y es frecuente encontrar aulas en las que sólo hay tres
o cuatro niños nativos españoles. Es el caso, por ejemplo, del
colegio Luis Vives, en Torrero.
La mayoría de los políticos, que teóricamente están en contra de
cualquier forma de racismo o xenofobia, no dejan que sus hijos se
mezclen con los hijos de los inmigrantes y prefieren para ellos una
educación de élite. La honestidad de nuestra clase política, una vez
más, brilla por su ausencia.
La gran mentira de Feijoo
http://www.youtube.com/watch?v=YVh8pOkQC-4
Las promesas incumplidas de Feijoo
http://www.youtube.com/watch?v=iHUPsCqUy3w
http://fonoteca.esradio.fm/c.php?op=player&id=6301
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Magistrados del TC, a favor de un cambio de
ponente para desbloquear el Estatuto
La presidenta Casas busca a la desesperada un acuerdo por la mínima
(6-4) para sacar adelante la sentencia
Magistrados del TC, a favor de un cambio de ponente para desbloquear
el Estatuto
NIEVES COLLI | MADRID ABC 15 Febrero 2010
Los puntos de fricción
Los puntos sobre los que los magistrados del Tribunal Constitucional
mantienen posiciones opuestas son, precisamente, los que en Cataluña
se consideran irrenunciables.
Así, los artículos que se refieren a los «símbolos nacionales»,
vinculados a la declaración que se hace en el preámbulo del Estatuto
respecto del carácter de nación de esa Comunidad Autónoma. También,
la bilateralidad de las relaciones entre la Generalitat y el
Gobierno de la Nación.
unto a ellos, la financiación autonómica o el poder judicial
autonómico, así como la organización territorial de Cataluña, los
derechos históricos o el blindaje de las competencias.
Si a principios de año parecía intuirse cierto optimismo en el
Tribunal Constitucional respecto a la cercanía de un posible acuerdo
sobre la sentencia del Estatuto catalán, apenas un mes después
vuelve a cundir el desánimo. Los miembros del Tribunal han vuelto a
chocar con la realidad del muro que separa a unos de otros y que
divide en dos grupos de cinco a los diez responsables de sacar
adelante una resolución que lleva ya un excesivo retraso y sobre la
que se está ejerciendo todo tipo de presiones políticas.
Los magistrados llamados progresistas, con la presidenta María
Emilia Casas a la cabeza, son partidarios de una sentencia
interpretativa que avale en su práctica totalidad el Estatuto
catalán o que emplee un lenguaje suavizado para los reproches de
constitucionalidad. En esta línea, apoyan -Manuel Aragón con serias
reticencias- la ponencia elaborada por Elisa Pérez Vera; los
considerados conservadores, por el contrario, no aceptan que varias
de las cuestiones nucleares, precisamente las que en Cataluña se
consideran clave -definición como nación, financiación, Poder
Judicial, entre otras-, pasen el filtro de la constitucionalidad.
Fuentes del Tribunal han indicado a ABC que se ha dado marcha atrás
y que se ha vuelto a la misma situación de bloqueo que se vivió el
pasado mes de julio. No hay expectativas de que la sentencia pueda
ser firmada y notificada en un tiempo prudencial (hace un mes se
hablaba de finales de enero o a lo sumo febrero), pues cada uno de
los miembros de esta institución sigue inamovible en sus posiciones.
Las reuniones informales siguen celebrándose -no así el Pleno- tal y
como viene ocurriendo desde hace al menos dos meses, pero no se
detectan avances esperanzadores.
Fuentes del TC han señalado que esta semana, sin embargo, podría
haber Pleno, aunque no se reuniría para deliberar el Estatuto sino
para resolver los trámites iniciales derivados de cuatro recursos
presentados por el Gobierno contra la ley de cajas gallega, la ley
de caza valenciana, contra los derribos del barrio valenciano de El
Cabañal y, finalmente, otro sobre la regulación de los recursos
contra las inscripciones en el registro de la propiedad, mercantil o
de bienes muebles de Cataluña.
Cuatro borradores
Ante esta preocupante parálisis, empiezan a oírse dentro del
Tribunal voces partidarias de un cambio de ponente, a la vista de
que Elisa Pérez Vera ha sido hasta ahora incapaz de redactar un
texto con concite el acuerdo mínimo necesario para resolver el
recurso que plantearan hace ya tres años el Partido Popular, el
Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas. Cuatro han sido
los borradores de sentencia presentados por Pérez Vera a sus
compañeros, pero todos ellos han sido devueltos con sugerencias para
incluir más y más cambios y correcciones. Ahora, el Tribunal está
pendiente de un quinto texto.
En ciertos medios se ha llegado a poner nombre al que, según
algunos, podría ser un buen candidato a ponente. Se trataría del
vicepresidente, Guillermo Jiménez, a quien consideran «uno de los
más moderados entre conservadores», como un magistrado capaz de
elaborar una propuesta de sentencia que satisfaga a los dos bloques
en que se halla dividido el Pleno del TC. Pero el vicepresidente se
mantiene, en estos momentos, como una de las cinco voces críticas a
la ponencia de Pérez Vera. Junto a él, Javier Delgado, Jorge
Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas.
Fuentes del Tribunal han explicado que el cambio de ponencia no
agrada a María Emilia Casas, que no ceja en su empeño de conseguir
un apoyo suficiente para que el Pleno pueda aprobar el texto de
Elisa Pérez Vera.
Maniobras de aproximación
No obstante, parece que la presidenta ha bajado el listón de sus
pretensiones iniciales, y descartado el consenso, ha pasado de
buscar un amplio acuerdo (al menos ocho votos) a conformarse con que
su sentencia cuente con el apoyo de seis magistrados. Es decir, que
salga adelante por la mínima: con el apoyo de los cinco progresistas
(Casas, Vera, Pascual Sala, Eugeni Gay y Manuel Aragón) más el voto
de uno de los conservadores. Con este fin, se vienen produciendo
«maniobras de aproximación» a Ramón Rodríguez Arribas, en quien
algunos ven a un magistrado que podría aceptar vías intermedias de
solución para aquellas cuestiones del Estatuto que están
enquistadas.
Pase lo que pase, las fuentes consultadas por ABC consideran que la
sentencia del Estatuto «si llega, lo hará tarde en cualquier caso».
Por eso, no faltan partidarios de que el Senado y el Congreso se
pongan a trabajar en la renovación del Tribunal Constitucional,
cuatro de cuyos miembros llevan ya dos años en situación de
interinidad, con el fin de poder ceder el testigo envenenado del
Estatuto a los nuevos magistrados.
Disfraces urgentes
El PNV rescata el derecho de autodeterminación en pleno
debate sobre la crisis económica
TONIA ETXARRI El Correo 15 Febrero 2010
En cuanto la izquierda abertzale emplace a ETA a renunciar a la
violencia, la Ley de Partidos no tendrá razón de ser. Parece un
silogismo sencillo desde una óptica democrática, pero al dirigente
nacionalista Joseba Egibar le cuesta llegar a este razonamiento, a
pesar de llevar tantos años en política. Si ayer el jelkide
guipuzcoano volvió a sacar del baúl de los recuerdos el derecho de
autodeterminación, presentado de nuevo como una reclamación tan
urgente como el aire que respiramos, es porque el PNV ha empezado ya
su propia campaña electoral.
Y como el electorado radical que quiere seguir votando al entorno
político de ETA podría no tener a quién respaldar en los próximos
comicios municipales y forales, Egibar quiere seguir abonando el que
ha sido siempre su terreno. Así es que, si Urkullu no lo remedia y
el ambiente lo permite, podríamos ver a los candidatos
nacionalistas, en la próxima contienda electoral -la de las forales
y municipales del próximo año-, hablar alto y claro sobre su
proyecto de independencia que es, al fin y al cabo, a lo que dicen
que aspiran.
En este fin de semana de Carnaval en el que el PNV de Vizcaya se ha
enfundado el disfraz de los galos de Obelix y Asterix para enviar un
mensaje excluyente en relación a todo lo considerado «español»,
desde Guipúzcoa Joseba Egibar ha vuelto a resucitar los mensajes más
'heavys' del anterior lehendakari. «Gure» identidad, «gure» cultura
y «gure» economía para que Euskadi se suelte del lastre que supone
España en estos momentos de crisis económica. Tal cual. El anterior
lehendakari vivió durante sus diez años en Ajuria Enea aferrado a la
idea de medir Euskadi al mismo nivel que España y establecer una
relación «de igual a igual», de Estado a Estado. Y ahora sus
sucesores quieren mantener viva esa tensión para movilizar el voto.
No les fue muy bien en las pasadas elecciones al Parlamento vasco
porque ganaron, desde luego, pero no con la mayoría suficiente como
para formar Gobierno. Los candidatos, durante la campaña del año
pasado, se disfrazaron de extraterrestres del mundo de 'Mister
Spock' -para reírse del gran parecido que se le ha atribuido siempre
a Ibarretxe con aquel personaje tan marciano-, pero los vulcanianos
a los que se habían dirigido en su llamada al voto no les dieron la
mayoría necesaria. Ahora el PNV, un año más tarde, retorna al juego
del disfraz para maquillar con aparente sentido del humor unos
mensajes contra los partidos constitucionalistas dignos de disección
lingüística.
Entre conjuros y pócimas -se desconoce la cantidad ingerida-, anda
el Partido Nacionalista Vasco algo perdido desde que no controla el
poder del Gobierno autonómico. Y entre la opción de aplicar una
política de oposición responsable o de ejercitar la descalificación
permanente del lehendakari, Patxi López, su metapolítica, salvo
honrosas excepciones, se va pareciendo cada vez más a un cómic. Y
entre risas, chanzas y chistes propios de colegio mayor , ahí han
dejado una idea fuerza: los partidos que no son nacionalistas vienen
de fuera, son vagos y, además, utilizan elementos extraños como los
Ipod en vez de la txalaparta. Toda una alegoría de rechazo a la
modernidad que a Sabino Arana seguro que le habría gustado oír.
En fin, que no hay mensaje inocente ni en la fiesta de don Carnal y
doña Cuaresma. El PNV ha estado tan acostumbrado durante veintinueve
años a establecer una relación directa entre la política y la
tensión que ahora, si no ve su conflicto impostado reflejado en la
televisión pública, por ejemplo, le parece que ETB se está
despolitizando. Y le parece fatal. Ésa ha sido la principal crítica
formulada la semana pasada en sede parlamentaria, en donde el
representante nacionalista acusó a la actual dirección de ETB de
estar instalándose en la «relajación» de la política. Una crítica
difícil de entender si, a renglón seguido, se acusaba a la misma
dirección de seguir las consignas del Gobierno vasco.
Hoy llega a las pantalla de Euskal Telebista el nuevo magacín
dirigido por Antxon Urrosolo, que se llamará 'Aspaldiko', con el
ánimo de entretener e informar, sin pretensión de huir de la
política pero con la idea de ofrecer a los espectadores de la
sobremesa un producto plural y, sobre todo, televisivo. Habrá que
verlo. Y si el experto periodista es capaz de conectar con la
audiencia hallando en camino intermedio entre el muermo y la
estridencia, la televisión pública vasca habrá logrado uno de sus
principales retos: ofrecer periodismo.
Ése es uno de los cambios que se esperaban desde que empezó esta
legislatura. La apuesta del ente público por un programa de
sobremesa vivo y latente ha sido, como proyecto, audaz. Dice el
equipo de 'Aspaldiko' que acudirán famosos al plató. Hay quienes han
pedido coincidir con Fito para cantar a coro «qué te voy a decir, si
yo acabo de llegar...»
El tripartito premia la delación
lingüística con dos millones
La persecución al castellano hace ricos a los chivatos de ERC y PSC
Plataforma per la Llengua y Consum Català, las agraciadas
Redacción Periodista Digital 15 Febrero 2010
El tripartito cuenta con la ayuda inestimable de plataformas
dedicadas al fomento de la lengua catalana que facilitan la delación
a través de sus portales en Internet
Los socialistas catalanes niegan que haya 'conflicto lingüístico' en
Cataluña pero lo cierto es que desde 2003 las sanciones lingüísticas
se han multiplicado. Y los chivatos se hacen de oro. La persecución
al castellano es un excelente negocio. Así lo demuestran las
estadísticas de la Agencia Catalana de Consumo, organismo
dependiente de la Conselleria de Economía, y que es responsable de
las multas impuestas a los comerciantes que no rotulan en catalán.
En el año 2003 se pusieron dos multas lingüísticas por un valor
total de 1.200 euros. En 2008 se alcanzaron los 209 establecimientos
sancionados y el tripartito recaudó 208.200 euros, segñun informa
María Jesús Cañizares en ABC -El tripartito premia la delación
lingüística con dos millones-.
La Generalitat dispone de oficinas virtuales que permiten al
ciudadano denunciar los establecimientos que no cumplen con la
obligación de proporcionar información al consumidor en catalán,
infracción que gracias al nuevo Código de Consumo, conlleva multas
de 10.000 euros -hasta ahora eran 3.000-.
Pero el tripartito cuenta con la ayuda inestimable de plataformas
dedicadas al fomento de la lengua catalana que facilitan la delación
a través de sus portales en Internet. Estas asociaciones reciben
subvenciones millonarias, en su mayoría procedentes de consellerias
dirigidas por ERC, aunque también hay ayudas otorgadas por
departamentos socialistas.
Una de las entidades más agraciadas es Plataforma per la Llengua y
su rama juvenil, el colectivo Esbarzer, cuya finalidad es trabajar
«para promover la lengua catalana como instrumento de cohesión
social». Los responsables de esta entidad se jactan de haber
tramitado 3.500 quejas contra el Gremio de empresarios del cine, que
como se sabe, se oponen a las cuotas de doblaje al catalán que
contempla la nueva ley del cine. En esta normativa se prevén
sanciones de 75.000 euros.
La web de Plataforma per la Llengua ofrece el enlace «Consulta i
queixa´t», donde se puede delatar a los establecimientos que no
promueven el catalán. En los últimos tres años,
L´Esbarzer-Plataforma per la Llengua ha recibido subvenciones por
valor de 1,7 millones de euros.
L´Esbarzer comparte sede con Òmnium Cultural, cuyos dirigentes son
miembros del consejo consultivo de Plataforma per la Llengua.
Òmnium, impulsora de campañas de inmersión lingüística, fue
declarada en 2009 entidad de «utilidad pública» por la Generalitat
y, por tanto, disfruta de excenciones fiscales. Entre 2004 y 2008,
recibió unas ayudas de 7,6 millones.
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