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La España menguante
Editorial ABC 10 Marzo 2010
HA transcurrido la mitad de esta segunda legislatura de Rodríguez
Zapatero al frente del Gobierno y el balance de la situación, sin
catastrofismo alguno, pone a España ante un futuro de decadencia en
los principales capítulos que definen a una sociedad moderna. La
crisis española no es sólo económica, y aun siendo ésta muy grave,
hay otras mucho más estructurales y dañinas. Ahora bien, nada está
sucediendo por azar: junto con los factores cíclicos que afectan a
toda nación, España sufre las consecuencias de unas concretas
decisiones políticas tomadas por el PSOE, antes incluso de recuperar
el poder en 2004, para alimentar una estrategia de revisión
histórica revanchista. Tras la ominosa derrota de 2000, el PSOE se
conjuró para evitar nuevas victorias de la derecha y no dudó, desde
el pacto del Tinell, en 2003, en desvincularse de los valores de la
Transición, que consideraba un pacto claudicante ante la derecha, y
en instaurar un discurso que trataba al Partido Popular como un
enemigo y no como un adversario. La división de la sociedad española
en posiciones irreductibles era el escenario deseado por el
socialismo para recabar la adhesión de la extrema izquierda y de los
nacionalismos radicales. Éste ha sido el fundamento de las victorias
electorales del PSOE en 2004 y 2008.
Nada ha quedado a salvo de este movimiento destructivo de los lazos
de convivencia. Si el citado pacto del Tinell sentó las bases de una
dinámica frentista, su primera formulación legal, el Estatuto de
Cataluña, solemnizó la ruptura del Estado unitario y autonómico
pactado en la Constitución de 1978. Y esa misma mano disolvente se
aplicó a los fundamentos del sistema y la nación. No hay precedentes
de una inestabilidad como la que aflige al Tribunal Constitucional,
o de un malestar como el que refleja un Poder Judicial politizado y
acosado. El sistema educativo se ha deslizado por el camino de la
mediocridad, cercenando las expectativas de progreso de cientos de
miles de jóvenes, privados de cualificación para el futuro. La
proyección exterior de España consiste en el vagabundeo de una
diplomacia errática, oscilante entre el abrazo a dictadores -pagado
con desprecios- y el abandono de nuestros aliados y vecinos. La
presidencia española en Europa se califica por sí sola. Tampoco se
ha privado el Gobierno de practicar un intervencionismo moral
agresivo contra la sociedad, con leyes como el matrimonio homosexual
o el aborto libre. Y, por supuesto, se ha aplicado con ahínco a la
tarea de remover la dolorosa historia reciente de esta España
menguante.
El país de los tontos
Pedro G. Cuartango El Mundo 10 Marzo 2010
Cada día que amanece crece el número de tontos, dice el proverbio. A
juzgar por su comparecencia en TVE, Zapatero piensa que todos los
españoles somos tontos.
El presidente del Gobierno batió todos los récords imaginables de
obviedades, banalidades y tópicos, de suerte que me pareció que se
estaba riendo de todos los ciudadanos. Lo que dijo en ese programa
convierte en un genio a aquel inolvidable Mister Chance,
protagonizado por Peter Sellers. O Zapatero se ha vuelto tonto o nos
considera tontos a todos los demás.
Como prueba de la gran diligencia del Gobierno a la hora de afrontar
la crisis, Zapatero afirmó que el Ejecutivo ha tomado 137 medidas.
¿Por qué no 237 o 2.337? Muy incapaz tiene que ser este Gobierno
para que tantas iniciativas hayan producido tan nefasto resultado.
Alemania y Francia han tomado muchas menos medidas y están bastante
mejor.
El presidente –maestro del lenguaje de cartón piedra– dijo que «el
proceso de paz» hizo mucho daño a ETA. ¿No será lo contrario? Lo que
ha hecho daño a la banda terrorista son las detenciones policiales
tras el giro en la política del Gobierno, que en esto sí ha
acertado.
Zapatero dijo también que es «su obligación y su responsabilidad»
defender a Garzón, un juez con tres causas abiertas en el Supremo y
que ha dado el alto ejemplo moral al pedir dinero a un banquero. ¿Se
imaginan a Obama defendiendo a un tipo así?
El colmo del cinismo llegó cuando subrayó que hay que dejar actuar a
la Justicia en el 'caso Faisán'. Debería ser el Gobierno quien no
durmiera hasta detener a los responsables policiales del chivatazo a
ETA, que han cometido un delito de colaboración con banda armada.
Justo cuando Zapatero hablaba de este asunto, nuestro periódico
publicaba que Víctor García Hidalgo, ex director general de la
Policía y principal sospechoso del aviso a ETA, era recompensado con
un cargo en Caja Vital. ¿Acaso no se llama a eso comprar el
silencio, lo mismo que hacía Rafael Vera con los fondos reservados?
Llegados a este punto, Zapatero podía haber reconocido que algo está
haciendo mal el Gobierno. Pero no. Según el presidente, está
«contento» con sus colaboradores y no piensa hacer ningún cambio. A
lo mejor asciende a vicepresidente a Moratinos por su arrojo frente
a Hugo Chávez.
Para demostrar que el Ejecutivo sigue mandando, De la Vega ha pedido
al juez Velasco que revise el auto en el que vincula a ETA con las
FARC en una clamorosa injerencia sobre el poder judicial, insólita
en una democracia y contraria a la ley.
El presidente se ha convertido en la Reina de corazones del país de
las maravillas donde las cosas están al revés. Habría que releer el
libro del clérigo británico para entender el discurso de un Gobierno
que todo lo que dice debe ser interpretado al contrario de su
sentido literal.
Zapatero se cree que gobierna el país de los tontos. Lo peor es que
tal vez y sin que sirva de precedente puede tener razón.
Pedazos de nada
IGNACIO CAMACHO ABC 10 Marzo 2010
NO tiene nada nuevo que decir, pero habla y habla hasta envolver la
nada en una nube de palabras vacías; es el ruido del discurso lo que
le interesa, la apariencia de unas respuestas que ya no tiene. Pura
logomaquia ambigua, imprecisa, hueca, envuelta en el celofán cortés
de una expresión preocupada. Hablar por hablar, ante la cámara
parlamentaria o ante la televisiva, como la noche del lunes, en TVE:
cháchara antigua en un decorado nuevo. De diseño, faltaría más; no
conoce otra clave que la puesta en escena.
Cuando Zapatero habla de un problema, de la índole que sea -el
terrorismo, la crisis, las relaciones internacionales, una
reivindicación sectorial- sigue invariablemente un guión trivial que
conduce a ninguna parte. El problema le preocupa, le preocupa seria
y profundamente, la causa gran consternación y le provoca honda
solidaridad con los ciudadanos que lo sufren. Gesto compungido,
ademán cercano, mirada líquida. Y no sólo le preocupa, sino que
está, junto con su Gobierno, trabajando en él. Un trabajo intenso,
perseverante, responsable, comprometido. Pero, pese a esa
preocupación y ese esfuerzo, a esa inquietud y a ese empeño, se
trata de un problema que no depende sólo de él; hay factores
externos, la situación mundial, la herencia anterior, la
intransigencia de otros, la oposición que no arrima el hombro.
Necesita comprensión y ayuda, tiempo y paciencia, entiéndanlo, es
una cuestión tan compleja. Pero se resolverá, sin duda, porque éste
es un gran país que siempre, gracias al trabajo de todos, acaba
solucionando sus desafíos y saliendo adelante, etcétera.
Desde que es presidente no ha resuelto un problema. Los ha
esquivado, ignorado, eludido o aparcado, salvo los que se empeña en
crear él mismo con sus proyectos de ingeniería social y política,
que son su única prioridad, su exclusivo desvelo. El resto es finta
táctica, oportunismo pragmático. Ha convertido la gobernanza en un
ejercicio de marketing y la responsabilidad en un simulacro gestual,
al que últimamente añade la parodia de una autocrítica. Pepa Bueno,
periodista mucho más que buena, le desnudó la labia preguntando sin
anestesia y en picado sobre las realidades inoportunas y necesarias,
pero sólo encontró quiasmos, circunloquios, evasivas, oxímorons,
tautologías: una elocuencia estéril, un pico brillante y hueco. Y
vuelta a empezar.
Lo decía cierto alcalde minero leonés: ni una mala palabra, ni una
buena acción. Exageraba esto último; la acción es un concepto
ausente del zapaterismo, porque implica profundidad, coraje y
compromiso. La política del presidente es escenografía
propagandística, superficialidad simbólica y facundia retórica. Puro
frasismo: una frase mejor que una idea, una ocurrencia mejor que una
solución. Algo sucede, sin embargo, cuando ni derramando cascadas de
frases articula respuestas capaces de poblar el vacío de las
preguntas.
Diálogos sin escoltas
Editorial www.gaceta.es 10 Marzo 2010
De entre los numerosos despropósitos del Gobierno Zapatero destaca
la negociación que mantuvo con los terroristas de ETA, de la que
todavía se desconocen todos los detalles, pero que por lo
investigado en el caso Faisán se puede intuir que oscila entre la
chapuza y la alta traición. Pareciera que el PSOE se siente incapaz
de tratar a los terroristas como merecen, con la fuerza moral, legal
y policial que debe exhibir un Estado de Derecho frente a una
pandilla de asesinos. Al contrario, se diría que la losa de los GAL
se ha transformado en un freudiano sentimiento de culpa, que obliga
a los de Ferraz a dirigirse a los terroristas en condiciones de
igualdad, y muy dispuestos a negociar la paz a cualquier precio.
Algunos pretenden lavar su historia más negra en el blanco sudario
de las víctimas. Ayer mismo, en el Senado, el presidente del
Gobierno volvió a acusar al PP de no mostrar un apoyo incondicional
a la política antiterrorista del Gobierno, y todo apunta a que al
ver su proyecto y su imagen deshechos en la pavorosa realidad
económica y social haya rescatado su proyecto más mesiánico, el de
convertirse de nuevo en el hombre de la paz frente a los terroristas
de ETA.
Cada día son más los indicios que señalan que los contactos entre el
zapaterismo y la banda se están retomando. Dentro de estas
coordenadas se engloba la noticia que ofrece hoy LA GACETA sobre la
retirada de escoltas en el País Vasco, que nadie creerá que se
fundamenta en el ahorro de dinero público. Es evidente que para
desarrollar políticas de austeridad hay muchos gastos que recortar
antes que suprimir esta eficaz medida de seguridad. Durante años,
centenares de cargos públicos se han habituado a vivir con una
sombra armada en los talones, con todo lo desagradable que eso
tiene, pero es que la amenaza permanente de ETA lo exige. Muchos de
los protegidos no son políticos profesionales, sino personas de a
pie –administrativos, médicos, comerciantes– gente que lleva
protección porque compagina su labor profesional con el sillón de
concejal. Incluso se ha dado el caso en el que unos escoltas tenían
que proteger a un vigilante de seguridad, valeroso edil en un
pequeño pueblo, o a un controlador de parquímetros que hacía su
ronda con dos tipos cubriéndole la espalda. Todos estos objetivos
potenciales de ETA quedarán a merced de los asesinos cuando se les
retire la escolta, y es lógico pensar que el Ministerio del Interior
y el Gobierno vasco no suprimirían la protección sin poder
garantizar la seguridad de estas personas.
Sin embargo, sorprende la terrible amnesia de un Ejecutivo tan
obsesionado con la Memoria Histórica. No se ha recordado lo
suficiente aquel discurso de Zapatero, optimista hasta lo pueril, en
la víspera del gran atentado de Barajas, que causó dos muertos y se
llevó por delante un edificio entero, probablemente una de las
acciones más poderosas de la historia de ETA. Todavía nadie ha
asumido la responsabilidad de aquel desastre. Incluso aceptando que
las conversaciones que se llevaban a cabo mientras los etarras
cargaban la furgoneta estuviesen alimentadas de auténtica buena fe,
(cosa más que dudosa a la vista del Faisán), alguien tendría que
haberse marchado a casa, por puro bochorno. No pasó nada. Los únicos
que pagaron los errores fueron los inmigrantes que quedaron
sepultados en el aparcamiento de la T-4. Quizá por esto, porque la
irresponsabilidad les salió gratis, se animan ahora a revivir el
despropósito de la negociación.
ETA
Las apariencias engañan
Francisco José Alcaraz Libertad Digital
10 Marzo 2010
En más de una ocasión hemos podido visualizar videos de personas
secuestradas por organizaciones terroristas y en muchos de ellos los
secuestrados expresan mensajes que van contra sus propias
convicciones e incluso llegan a defender las causas de los
secuestradores. Naturalmente, estos mensajes son el efecto que sobre
la persona generan el secuestro y las torturas padecidas; por pura
supervivencia los secuestrados dicen, ante una cámara de vídeo, lo
que no piensan ni sienten. Utilizo este símil para explicar el
supuesto cambio que el brazo político de ETA quiere transmitir a la
sociedad española.
La reforma y aplicación de la Ley de Partidos supuso el
arrinconamiento del brazo político de ETA; con la llegada del Sr.
Rodríguez Zapatero a la Moncloa, esta aplicación se pervirtió hasta
unos límites impensables, tanto es así que dicho brazo político
consiguió instalarse nuevamente en las instituciones a través de la
formación de las listas blancas y contaminadas de ANV y del PCTV.
Después de la primera fase del proceso de negociación con los
terroristas y las evidentes cesiones hechas por el Gobierno a ETA,
la continuidad de ésta como tal en las próximas elecciones se le
complica en cierta medida. Por lo tanto, para permanecer en las
instituciones tienen que mentir y decir lo que no sienten y así
burlar la Ley de Partidos. Si una organización política justifica el
asesinato, forma parte de ETA y es responsable directa e
indirectamente de cientos de crímenes, ¿qué problema tienen en
mentir para poder sobrevivir políticamente? ¿Quién se lo impide?
Considerando que el asesinato es el más grave de los pecados –más
que la mentira–, y como el brazo político de ETA no tiene reparo en
apoyarlo o cometerlo, ¿por qué no asumir un pecado "menor" como lo
es la mentira? El brazo político de ETA hará todo lo que esté a su
alcance para su supervivencia, eso no debe de sorprendernos. Lo que
realmente debe preocuparnos es si por tercera vez el Gobierno del
Sr. Rodríguez Zapatero permitirá que ETA siga sentada en las
instituciones.
Estamos perdiendo un tiempo muy importante y cayendo en la trampa de
la Gran Mentira que el entorno etarra, bajo directrices de ETA, está
transmitiendo a la sociedad, haciéndonos creer que existen
disensiones dentro de él. Es el primer paso para que ETA y su
círculo sigan en las instituciones, al entrar en el grupo de los no
violentos; esa es la trampa en la que no deberíamos caer. Sin
embargo, bajo el paraguas de esa falsa unidad contra la violencia,
muchos están mirando hacia otro lado y justificando un cambio que no
es lo que parece. Nuestros políticos pretenden justificar así el
masivo acercamiento de terroristas, las excarcelaciones, la
presencia de ANV en los ayuntamientos, las mentiras respecto al
chivatazo a ETA, la ocultación de las actas del proceso de
negociación, la vigencia de la resolución parlamentaria para
negociar con ETA, la falta de arrepentimiento por la persecución a
algunas víctimas del terrorismo, la impunidad de Josu Ternera y su
hijo –los negociadores–, las mociones en ayuntamientos a favor de
presos de ETA apoyadas por los socialistas, la impunidad de quienes
han negociado en nombre del Estado de Derecho y la justicia con
ETA... Quisiera estar equivocado, pero esta estrategia de
negociación tiene como finalidad presentar ante España una supuesta
transformación de una parte de ETA.
Este Gobierno tiene muy bien aprendida la lección de Charles
Churchill cuando dijo: "Esforzaos en mantener las apariencias, que
el mundo os dará crédito para todo lo demás". Ese crédito que muchos
están dando a Zapatero, a veces por intereses personales o
colectivos, yo no se lo doy, por lo que le grito alto y claro: ¡En
mi nombre, no!
Francisco José Alcaraz Martos es víctima del terrorismo.
PSOE
¿Deben ir a la cárcel los colaboradores del
terrorismo?
Pío Moa Libertad Digital 10 Marzo 2010
Tengo la idea de que hay leyes que tipifican como delito la
colaboración con banda armada. A este respecto tenemos un Gobierno
que, cuando la ETA estaba muy infiltrada y contra las cuerdas,
ilegalizadas sus terminales políticas y duramente afectadas sus
finanzas, procedió a legalizar dichas terminales, a las que afluyó
gran cantidad de dinero público, y a reducir a mínimos la
persecución policial. No contento con ello, el Gobierno procuró dar
una imagen positiva de los terroristas, les dio proyección
internacional, los presentó (y pagó) como víctimas del franquismo,
trató de silenciar a las víctimas directas y de desacreditar
cualquier oposición a semejante política, llegando al chivatazo
directo a la banda. La colaboración se hizo en todo momento a costa
del Estado de derecho, contra la ley y la Constitución y contra la
unidad de España. La ETA ha disfrutado, desde el momento en que
empezó a asesinar, de complicidades vastísimas, desde la oposición
antifranquista, parte del clero vasco y, en general, español o del
nacionalismo vasco presuntamente moderado (también del catalán)
hasta gobiernos como el francés de Giscard d´Estaing, el argelino,
el cubano y otros; también del IRA o del terrorismo palestino, y,
últimamente, de Chávez. Pero jamás había contado con una complicidad
tan enorme y efectiva como la del gobierno de Rodríguez
Aunque la ETA no se conformó con tan enormes ganancias y hoy los dos
socios, Gobierno y terroristas, parecen enfrentados, la política de
Rodríguez no ha sido rectificada en ningún momento, como asegura un
PP cómplice de los cómplices Y aun si hubiera sido rectificada, los
daños hechos a la democracia, a la Constitución y a la ley son
enormes, probablemente irreparables en mucho tiempo y exigen
reparación, no basta con una declaración de buenas intenciones.
Se plantea entonces una cuestión crucial al país: ¿debe hacer la
sociedad como si nada hubiera pasado o, por el contrario,
restablecer el imperio de la ley, acusar, juzgar y en su caso
condenar a los evidentes delincuentes? Porque el problema no se
puede plantear en otro terreno. Durante el anterior poder del PSOE,
bajo Felipe González, varios altos cargos tuvieron que ir a la
cárcel por su extrema corrupción y por terrorismo gubernamental. La
experiencia demuestra que el PSOE no extrajo ninguna lección de los
hechos (como no la extrajo en los años 30 de su derrota en la
insurrección de 1934), sino que salió de la experiencia con ansias
de revancha. Así hemos llegado a esta nueva situación, en la que los
delitos de los políticos socialistas son mucho más graves y su
demagogia más desenfrenada, planteando a la sociedad un dilema
decisivo: o los delincuentes pagan sus desmanes o la sociedad sólo
puede degradarse hasta extremos de muy difícil salida. En estas
circunstancias, cada cual debe medir bien sus responsabilidades, por
acción o por omisión.
La lenta agonía del sistema: del
Constitucional al Supremo
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 10 Marzo 2010
Cuando ayer leía (diario El País) las declaraciones del ex fiscal
anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, según las cuales “la
extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo”, llegué a la
desoladora conclusión de que el sistema político ha entrado en una
fase agónica. Porque si tales apreciaciones –y otras más graves—se
publican en un periódico de referencia y se pronuncian por un
personaje que ha sido alto funcionario del Estado ¿qué nivel de
exigencia en contención, responsabilidad y civismo se puede exigir a
cualquiera de los españoles que carecen de su cualificación?
No entraré en el motivo de la pugna entre unos y otros –la suerte
judicial del magistrado Baltasar Garzón—pero sí en la perversidad de
esta batalla de gestos, manifestaciones, descalificaciones y
comportamientos arbitrarios que sólo tienen un objetivo: tratar de
doblar la voluntad del máximo órgano jurisdiccional, en este caso,
la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No es fácil que, por bregados
que estén los magistrados de dicha instancia, la presión ambiental
deje de afectarles.
La concurrencia de unos y de otros tratando de incidir en el juicio
de los juzgadores lleva a la paralización de su acción
jurisdiccional, a la aspersión de la sospecha social sobre sus
propósitos y, a la postre, a la inoculación en los circuitos
sociales de la desconfianza generalizada en las instituciones que,
como es sabido, representa el cáncer de los sistemas democráticos.
El Tribunal Constitucional como instancia de garantías
constitucionales –dicte ya la sentencia que dicte sobre el Estatuto
de Cataluña — está sumido en una crisis de credibilidad
prácticamente irreversible. La demora escandalosa en la emisión de
la sentencia sobre la norma autonómica no se debe a causas técnicas,
sino estrictamente políticas. Las posiciones de los magistrados
están claras y son irreductibles de tal manera que la presidenta
tiene la obligación de someter el asunto a votación sin más dilación
o demora.
Al no hacerlo está atendiendo a cálculos ajenos a la naturaleza de
su obligación: no quiere romper un posible empate con su voto de
calidad; trata de que la sentencia obtenga un respaldo mayoritario
y, en último término, procura que las tesis de la resolución no
lesionen al Gobierno. Así, el órgano que garantiza la
constitucionalidad de las leyes atiende más a criterios
contingentes, de coyuntura, que a aquellos que le impone su propia
función. El sistema, por consiguiente, queda resentido.
La raíz del problema
Con el Tribunal Supremo está ocurriendo algo parecido. Se le está
ahogando en una polémica, mermando su autonomía, constriñendo el
espacio de serenidad en el que debe desarrollar su función
jurisdiccional. Así, el sistema –esta vez por la cúspide de la
Administración de la Justicia—vuelve a resentirse. Hasta el momento,
la pugna entre el Supremo y el Constitucional –sorda, técnica, pero
muy dura—planteaba graves disfunciones. Pero el acometimiento de un
asunto tan sensible como el examen penal de algunas conductas del
magistrado Baltasar Garzón, ha roto las hostilidades hasta la
exasperación verbal. Y lo ha hecho de manera recíproca: por parte de
aquellos que quieren verle en el banquillo y luego condenado, y por
la de los que le quieren librar de ese trance, siendo en esta
ocasión estos segundos mucho más hirientes, insistentes y
desinhibidos que los primeros.
La raíz del problema –creo que ya insuperable—reside en el modo en
el que se reclutan los magistrados de uno y otro Tribunal: por
designación del Consejo General del Poder Judicial y por el
Parlamento, replicando, en unos casos, la representatividad de las
asociaciones judiciales y, en otros, la correlación de fuerzas en el
Congreso y en el Senado. Así unos magistrados progresistas deben ser
perfectamente previsibles en su progresismo jurídico y judicial e,
igualmente, los conservadores deben demostrar que lo son. El
Gobierno, los partidos, las asociaciones e incluso los medios de
comunicación, toman a estos magistrados nombrados de tal manera por
terminales de sus propios intereses, filias y fobias. Y de ahí, este
lamentable y agónico espectáculo en el que el respeto a la
independencia judicial ha saltado con estruendo por los aires, ante
la impotencia del gobierno de los jueces: el CGPJ, cuya forma de
constituirse es igualmente banderiza.
Como esta suerte de enfermedad sectaria ha infectado también a otros
organismos del sistema jurídico-constitucional, el entramado
institucional pierde credibilidad a borbotones y se crea una opinión
pública justificadamente escéptica y despegada que observa –entre
atónita e indiferente—como un ministro de Exteriores de un régimen
autoritario –Venezuela—insulta a un juez con el denuesto público
(“mafioso”) y no pasa nada. Y a fuerza de no pasar nunca nada, está
pasando de todo y el sistema agoniza y se nos va de entre los dedos
de las manos. Como agua en cesta de mimbre.
EL TRIPLE QUE CUANDO ACCEDIÓ A LA ALCALDÍA EN 2003
La corte de Gallardón: el alcalde dispone
de 1.525 cargos de confianza
Carlos Sánchez. El Confidencial 10 Marzo 2010
El alcalde de Madrid tiene fama de megalómano. Y los datos que
ofreció ayer el Grupo Municipal socialista abundan en esa dirección.
Según sus cálculos, Alberto Ruiz-Gallardón dispone en estos momentos
de 1.525 cargos de confianza y libre designación. Es decir,
prácticamente el triple de los que había en el ayuntamiento de
Madrid cuando hace siete años accedió al cargo con mayoría absoluta.
Se trata, según David Lucas, portavoz socialista, de una cifra sin
precedentes que se reparte de la siguiente forma. 1.217 están
asignados al propio ayuntamiento; otros 95 pertenecen a las
distintas empresas municipales y 213 a los diferentes organismos
autónomos que consolidan en el presupuesto de la capital.
En términos económicos, esto supone que el gasto en cargos de
confianza y libre designación durante el Gobierno Gallardón ha
crecido, según los socialistas, un 388,56%, hasta los 31,97 millones
de euros. David Lucas dijo a El Confidencial que se trata de “una
cifra desproporcionada en unos momentos de austeridad
presupuestaria”. Y lo que es todavía peor, no ha servido para
aumentar la eficiencia del municipio.
De hecho, según sus cálculos, la actual estructura orgánica ha
llevado a que siete altos cargos hagan las mismas funciones que
antes hacían únicamente tres directivos. En concreto, donde antes
había un concejal de Gobierno, un director de servicios y un jefe de
departamento; ahora hay un concejal de Gobierno, un coordinador
general, un secretario técnico, un director general, un subdirector
general, un jefe de servicio y un jefe de departamento.
Crecen plantillas y se externaliza
Lo curioso, según Lucas, es que al mismo tiempo que crecen las
plantillas de cargos de confianza aumenta de forma intensa la
externalización de servicios municipales. Hasta el punto de que esta
partida ha pasado de 485 millones en 2002 a 1.558 millones en 2010,
más del triple.
Cuando llegó Gallardón al Gobierno municipal, según Lucas, el
alcalde reclutó a más de 400 funcionarios que trabajaban antes con
el alcalde en su etapa de presidente de la Comunidad de Madrid. Sin
embargo, aunque muchos de ellos son funcionarios, la estrategia
laboral del ayuntamiento pasa por la consolidación de esas plazas en
el propio municipio, donde las retribuciones son mayores. Y este
proceso se está haciendo mediante promociones internas, no por el
procedimiento de concurso oposición.
“Esto”, sostiene Lucas, “resta posibilidades al resto de
funcionarios y dificulta el acceso público a cualquier ciudadano que
pretenda presentarse a un concurso”. “¿Cuántos aspirantes a ganar
oposiciones ven truncada su aspiración por esta trampa?”, se
pregunta.
El capítulo 1 de los presupuestos municipales -gastos de personal-
es el segundo de mayor cuantía del ayuntamiento. Según lo
presupuestado para este año asciende a 1.473 millones de euros, lo
que representa un decrecimiento del 1,14%. Sólo los gastos
corrientes -capítulo dos- tienen una dotación presupuestaria mayor,
algo más de 2.115 millones de euros.
Como contó recientemente este periódico, la política de gasto de
Gallardón está siendo utilizada por el Partido Socialista para
atacar al PP, ya que sus argumentos en favor de la austeridad en el
gasto público no traspasan el palacio de la Cibeles, sede del equipo
de gobierno municipal.
La comida
Alfonso USSÍA La Razón 10 Marzo 2010
En las semanas previas al primer y gran batacazo del Tribunal
Constitucional, el que fuera su presidente García Pelayo, visitó y
compartió mesa y mantel con Felipe González en La Moncloa. Estaba en
juego la independencia de la Justicia. Y la Justicia perdió la
partida. Con el voto de calidad, después de producirse un empate a
seis entre los magistrados, el Tribunal Constitucional dio por buena
la expoliación de las empresas y bienes de Rumasa. Más tarde,
avergonzado y superado por las circunstancias, García Pelayo se
marchó a Venezuela, donde falleció. Pero su voto de calidad terminó
con el prestigio del Alto Tribunal y los españoles nos apercibimos
de una realidad pavorosa. La política mandaba en su seno y el
compromiso personal voló por encima de la propia Justicia. Eso, los
almuerzos, las copas, la camaradería, los chistes en los postres, el
gracejo, y el «¡Gracias, Manolo, por tu ayuda!».
Los encuentros institucionales con solomillo de por medio están muy
bien, pero hay que ajustar su celebración a la oportunidad. Días
atrás, en la sede del Consejo del Poder judicial, su presidente,
Carlos Dívar, ofreció un almuerzo al presidente del Gobierno, a la
presidenta del Tribunal Constitucional y los presidentes del
Congreso y el Senado. Horas después de la interesante y amena
comilitona, Zapatero y Bono presionaron a los jueces en beneficio de
Garzón. Y esas presiones asustan a la sociedad.
Dívar es un jurista íntegro y los que le conocen aseguran que
también es persona de altas bondades y tolerancias. No creo que el
presidente del CGPJ admita presiones, por abrumadoras que sean.
Nadie puede estar por encima de las leyes, incluidos los jueces. Y
nadie puede intentar someter la imparcialidad de los jueces,
incluido el presidente del Gobierno. Y menos aún, en presencia de
José Bono, el íntimo de Garzón. Fue don Baltasar, a instancias de
don José, el que montó el tinglado del lino. Aquello le costó la
vida a más de un inocente –el Supremo lo echó por tierra–, y torturó
a una política de excepcional honradez, Loyola del Palacio, que se
fue de esta vida con anterioridad a la reposición de su honra. José
Bono fue el que tuvo la feliz idea de llevarse a Garzón a la
política y al PSOE. Se presentó con el número 2 por Madrid y toda
suerte de promesas, que Felipe González incumplió. Fue cuando el
justo, ponderado y nada rencoroso Garzón se reincorporó a la
Audiencia Nacional e inició sus embestidas a su anterior promotor
con el GAL. Garzón ha sido un fracasado de la política, cuando es la
política el espacio que más le gusta e interesa. Ahora se ha
inventado que es víctima del PP y la derecha, cuando los que le han
empapelado son jueces de indudable tendencia izquierdista.
Esa comida tendría que haber sido suspendida por inoportuna. Eso, lo
de la mujer del César. Dívar no hablará, pero no me cabe la menor
duda, conociendo el personal, que Garzón fue el invitado invisible
en aquel desajustado almuerzo institucional. Garzón es poderoso, y
está moviendo Roma con Santiago para recuperar un prestigio que
queda muy lejano, casi en el olvido. Le apoyan los de la ceja, algún
torero y los fotógrafos de los burladeros de Las Ventas. Pero
también los dueños de la boina del poder. Y Dívar tiene la
obligación de manejar su agenda con delicadeza y tino. Con Garzón
por medio, meter en el CGPJ a Zapatero y Bono, equivale a abrir las
puertas a la coacción y la anormalidad. No mental, sino democrática.
******************* Sección "bilingüe"
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El caos de la Generalitat
Editorial ABC 10 Marzo 2010
EN democracia, la obligación de los poderes públicos consiste en
resolver con eficacia los problemas reales de los ciudadanos. Desde
este punto de vista, la Generalitat ha fracasado de forma lamentable
ante el temporal desatado en Cataluña: el colapso en el tráfico
viario y ferroviario, más de 200.000 abonados sin luz eléctrica y
una información escasa y deficiente han creado un ambiente de
indignación general. Al margen del carácter excepcional de la nevada
y otros fenómenos atmosféricos, la Administración catalana se ha
visto desbordada e incapaz de reaccionar por la carencia de
protocolos de actuación y de medios suficientes para hacer frente a
las demandas de Protección Civil. Esta situación pone de relieve las
nefastas consecuencias de una política «autista», cuyo único
objetivo es plantear absurdos debates identitarios y repartir cuotas
de poder. El tripartito se preocupa de reformar el Estatuto, poner
multas a los comerciantes que rotulan en castellano o promover
debates sin sentido sobre la Fiesta de los toros. Sin embargo, no ha
hecho nada para remediar el caos en Barcelona y en otras muchas
localidades salvo recurrir a la ayuda de la Unidad Militar de
Emergencias, a pesar de la manifiesta antipatía de los nacionalistas
hacia la presencia de las Fuerzas Armadas en Cataluña.
Es muy lógica la indignación de los ciudadanos atrapados en sus
vehículos, en los andenes de ferrocarriles paralizados o en su
propio domicilio para atender a sus hijos que no pueden acudir a los
colegios, ya que se han suspendido las clases. No es extraño que la
clase política catalana sufra una seria crisis de credibilidad,
según reflejan la escasa participación en el referéndum estatutario
o el evidente desinterés hacia las continuas maniobras partidistas
con fines electorales. Echar la culpa a los elementos meteorológicos
es una disculpa infantil que nadie acepta a estas alturas. Tampoco
bastan las amenazas de sancionar a las empresas responsables del
suministro eléctrico, eludiendo así las propias obligaciones. Lo
cierto es que el tripartito pierde su tiempo lamentablemente en
cuestiones que sólo importan a los políticos y en cambio es incapaz
de actuar con un mínimo de eficacia ante las emergencias vividas
estos últimos días en Cataluña.
Cataluña abre la vía hacia el referéndum
para la autodeterminación
El Parlamento catalán aprueba que podrá convocar referendos sobre
competencias de la Generalitat y los ayuntamientos, pero el Estado
debeberá autorizarlos
El Parlamento catalán ha aprobado este miércoles la Ley de Consultas
Populares por Vía de Referéndum con los votos de los grupos del
tripartito, que posibilita la convocatoria de referendos sobre
competencias de la Generalitat y los ayuntamientos, aunque para ello
se requiera de la autorización del Estado.
EFE ESTRELLA DIGITAL 10 Marzo 2010
BARCELONA
La nueva ley, la primera que regula la convocatoria de referendos
que aprueba un Parlamento autonómico, contempla que puedan ser
convocados por el gobierno catalán, por dos grupos parlamentarios o
una quinta parte de los diputados, por el 10% de los municipios -95
con un mínimo de 500.000 habitantes-, o también por un 3% de la
población catalana, mediante la recogida de firmas.
El texto ha sido aprobado por PSC, ERC e ICV-EUiA y rechazado por la
oposición (CiU, PPC y mixto), y permite promover plebiscitos sobre
"cuestiones políticas de trascendencia especial para la ciudadanía
en el ámbito de las competencias de la Generalitat".
El conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, ha destacado que la
normativa es "ambiciosa y moderna", supone un fortalecimiento de la
democracia porque se dota de un instrumento de participación directa
de los ciudadanos, y ha asegurado que ha sido elaborada "con toda la
pulcritud" para adaptarse al Estatut y a la Constitución, lo que no
impide que permita avanzar "hacia el derecho a decidir".
El diputado relator de la ponencia, Pere Aragonès (ERC), ha
subrayado el carácter "innovador" de la ley y ha explicado las
enmiendas asumidas por los grupos que recogen el dictamen del
Consejo de Garantías Estatutarias sobre dos aspectos secundarios.
Por parte de CiU, Dolors Batalla ha rechazado la ley por considerar
que "es incompleta y se autolimita", y ha reiterado que el texto
debía incluir otras formas de participación que posibilita el
Estatut, como por ejemplo encuestas o consultas no sometidas a
referendo que no requieren de la autorización del Estado.
"Desde el punto de vista nacional es la expresión de una renuncia
disfrazada de ambición", ha indicado Batalla antes de "cargar"
contra ERC, de quien ha dicho que no ha utilizado su fuerza en el
Govern para provocar "un mayor avance nacional".
ERC cree que la actitud de CiU es antipatriótica
En representación de ERC, Aragonès ha replicado que la actitud de
CiU "es profundamente antipatriótica", y ha insinuado que quizás lo
que pretendía al impulsar "un artefacto inviable" desde el punto de
vista legal "es que al final no haya referendos porque el Tribunal
Constitucional anule la ley para hacerlos".
La diputada del PSC Lídia Santos ha recalcado que se trata de una
normativa de participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones, "no es una ley de independencia -ha precisado-, y puede
contribuir a la mejora de la calidad democrática".
Tras señalar que "nunca" han dudado de que la competencia de
convocar referendos sea plenamente estatutaria y constitucional,
Santos se ha mostrado convencida de que la ley "es homologable" con
otras europeas, y ha advertido de que la "obsesión" de CiU por
incluir fórmulas distintas "amaga su voluntad de saltarse la
Constitución, lo que es muy curioso en un partido que aspira a
gobernar, si no fuera porque ya se ve que es puro tacticismo".
La diputada del PPC Maria Àngels Olano ha puntualizado que su
partido no cuestiona "el derecho a consultar a los ciudadanos" pero
sí "cómo se plantea", ha indicado que "se ha perdido una buena
ocasión para hacer una buena ley" y ha lamentado que la iniciativa
emane "de la voluntad soberanista" de promover consultas
independentistas desde el ámbito no institucional.
Lluís Postigo, de ICV-EUiA, ha subrayado que la ley es "un
instrumento de participación directa" y ha reprochado a CiU que
quiera regular por cuestiones que no está claro que necesitan de una
ley, pero también ha avisado indirectamente a ERC de que no debería
generar "falsas expectativas" sobre lo que permite la nueva norma.
Albert Rivera, de Ciutadans, ha considerado que el conseller Ausàs
pretende "la cuadratura del círculo", porque defiende que la ley
supone un incremento de la democracia pero que también sirve para
convocar referendos de autodeterminación, y ha reprochado que el
presidente Montilla "sea un chollo para el independentismo".
La ley ha sido aprobada por 70 votos a favor y 62 en contra, y tras
la votación, los dirigentes de ERC han expresado su alegría fuera
del hemiciclo.
PSOE y BNG exigen a Varela que explique en
el Parlamento su mal uso de los topónimos
Ni socialistas ni nacionalistas están dispuestos a pasar por alto el
desliz del conselleiro de Cultura, Roberto Varela, quien durante un
discurso en Madrid, en la feria de turismo Fitur, habló de Desván de
los Monjes y Toro para referirse a Sobrado dos Moxes y Touro
REDACCIÓN | A CORUÑA La Opinión 10 Marzo 2010
La diputada del PSdeG María Quintas exigió ayer a Varela que "exija
o asuma" responsabilidades políticas por los dos topónimos que
empleó incorrectamente. En el debate de una moción parlamentaria
sobre los proyectos del Gobierno autonómico para impulsar el Xacobeo
2010, la diputada socialista reprobó la actuación de Varela, quien
atribuyó el lunes su "error" a que su discurso había sido escrito
originalmente en gallego y se empleó un traductor informático, por
lo que el conselleiro pidió "disculpas" y trasladó su
"rectificación". Al respecto, la diputada del BNG Carme Adán dijo
"aceptar" las disculpas "personales" de Varela, pero le demandó una
explicación "política".
La polémica ya entró en la Cámara en el pleno del pasado 24 de
febrero a propósito de una interpelación al conselleiro que,
precisamente, motivó el debate de ayer. Entonces, Varela negó haber
empleado los mencionados topónimos incorrectamente e incluso acusó a
la oposición de que "había que ser estúpido para creer" que había
cometido ese error.
Sin embargo, un vídeo colgado el lunes en la Red certificó que el
conselleiro sí se refirió a Touro como "Toro" y a Sobrado dos Monxes
como "Desván de los Monjes" en el marco de una enumeración de
localidades gallegas, durante su intervención en Fitur.
En el debate de la moción -que fue rechazada por el PP gallego-,
socialistas y nacionalistas también censuraron la "frivolidad" con
la que el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra,
celebró ayer el Día de la Mujer, en alusión al disfraz de globos que
lució en la Praza do Obradoiro. "Son muy dados a banalizar, primero
lo hicieron con los estereotipos de lengua y ahora con los de
género", lamentó Adán.
Por otra parte, socialistas y nacionalistas -a los que el PSdeG
aceptó una enmienda- alertaron de los "malos datos" turísticos que
registra la comunidad e instaron a la Xunta a presentar "en un plazo
de quince días", para su tramitación parlamentaria, un plan que
recoja la programación completa del Xacobeo. Al tiempo, a través de
una moción, demandaron al Gobierno gallego que impulse una
estrategia de promoción para captar una mayor porción de mercado
internacional, marcándose como "objetivos claros" países ya
consolidados y otros emergentes. "Que pasa por algo más que por
financiar a Vueling", ironizó Carme Adán.
Los diputados populares votaron en contra de la iniciativa que su
portavoz en el debate, Ignacio López-Chaves, calificó de "absurdo".
"No hicieron nada en una legislatura y ahora, mientras que el
Xacobeo avanza, PSdeG y BNG lo torpedean y boicotean", amonestó el
parlamentario popular, antes de llamar a la oposición "a unirse" a
un proyecto "de país" en el que la Xunta "trabaja sin descanso,
según informa Europa Press.
Por último, López-Chaves confió en los "efectos positivos" de la
visita del Papa, que también valoró la socialista María Quintas,
tras preguntarse "quién eligió" a los integrantes de la delegación
gallega que acompañó al presidente, Alberto Núñez Feijóo, a su
audiencia en el Vaticano. "¿No debería estar el conselleiro de
Cultura?", se preguntó Quintas. La intervención en castellano del
diputado Ignacio López-Chaves durante la moción provocó que los
parlamentarios del BNG volviesen a sacar unos carteles con el texto
de una iniciativa aprobada por unanimidad en la que se defiende que
los altos cargos utilicen el gallego. Por su parte, López-Chaves se
escudó en la "libertad" para usar cualquiera de los dos idiomas
cooficiales que otorga el reglamento de la Cámara.
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