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Deuda desmesurada
Editorial La Razón 14 Marzo 2010
Los números rojos de las comunidades autónomas ponen en riesgo la
estabilidad presupuestaria
Los datos que acaba de publicar el Banco de España sobre la deuda de
las comunidades autónomas y de los ayuntamientos añaden más
inquietud a la estabilidad presupuestaria del Estado y colocan a los
respectivos gobernantes ante la responsabilidad de acometer sin
demora severos planes de ajuste. Los números rojos de las autonomías
han crecido durante el último año a la vertiginosa velocidad del
25,8%, lo que no sucedía desde 1995. En números absolutos, la deuda
alcanza ya los 86.280 millones de euros, a los que habría que sumar
otros 15.416 millones de organismos autónomos no administrativos,
entes y empresas dependientes de los gobiernos regionales.
Por comunidades, Cataluña es la que presenta la cifra más alta,
22.605 millones, el doble que Madrid; pero en relación al PIB
autonómico, el ranking lo encabeza la Comunidad Valenciana, con una
deuda del 14,1%. Así se explica que en lo poco que va de año los
gobiernos autonómicos hayan emitido deuda por valor de más de 5.000
millones. Ni que decir tiene que la causa principal de este sombrío
panorama radica en la fuerte caída de ingresos provocada por la
crisis económica. Pero la situación se ha agravado porque los
gestores autonómicos comprometieron en época de bonanza un volumen
de gasto muy por encima de sus posibilidades fiscales.
Una parte de este gasto estaba justificada porque asumieron nuevas
competencias; sin embargo, la parte del león se la han llevado otros
conceptos, como un disparatado aumento en el número de funcionarios
y en las subvenciones, que los gobernantes han derramado a manos
llenas para alimentar ese clientelismo electoral que les ha
permitido mantenerse en el poder. Es verdad que la deuda autonómica
representa un pequeño porcentaje, no superior al 2%, del conjunto
del déficit del Estado, que en 2009 superó el 11%, por lo que
teóricamente no debería causar mayor desasosiego ni inquietar a los
mercados financieros. No obstante, lo cierto es que sí preocupa, y
mucho, por diferentes motivos.
En primer lugar, por el acelerado crecimiento del déficit, que
limita de modo insalvable el margen de maniobra y cercena decisiones
de futuro. En segundo lugar, porque los responsables autonómicos
parecen no percatarse de la realidad y ninguno de ellos ha
presentado una hoja de ruta para reducir drásticamente el gasto. Con
el plan del austeridad del Gobierno de Zapatero se podrá estar o no
de acuerdo, pero al menos existe en el papel, lo que ni siquiera se
puede decir de ningún gobierno regional.
Y en tercer lugar, es alarmante la deuda autonómica porque desvirtúa
del debate nacional sobre la necesidad de ajustarse el cinturón: de
poco sirve que PP y PSOE se reúnan en comisiones de pactos o se
enzarcen en pugilatos parlamentarios sobre qué partidas hay que
recortar si luego las comunidades autónomas actúan como si el
déficit del Estado y la estabilidad presupuestaria no fueran también
de su incumbencia. El ciudadano no está percibiendo en las
Administraciones Públicas la austeridad que él padece ya en su vida
cotidiana; razón de más para que sean sus gobernantes más cercanos
los que den ejemplo.
El econacionalismo lo pagan los ciudadanos
EDITORIAL Libertad Digital 14 Marzo 2010
El temporal de nieve que se ha abatido sobre gran parte de España en
esta última semana ha tenido las lógicas consecuencias que
trastornan la vida cotidiana de los ciudadanos, pero nada comparable
a lo que han debido soportar y continúan sufriendo los residentes de
gran parte de la provincia de Gerona.
Algo muy serio debe ocurrir en una región de España cuando sus
habitantes se ven privados de suministro eléctrico durante una
semana a consecuencia de un fenómeno natural, sin que las
autoridades sepan hacer otra cosa que culpar a los proveedores
obviando su propia responsabilidad. Y lo que sucede es que esas
mismas autoridades tienen como prioridad la realización de un
proyecto político de carácter secesionista al que someten cualquier
otra consideración, incluido el cumplimiento de su deber como
responsables de garantizar que los ciudadanos a los que representan
no deban verse en una situación más propia del tercer mundo que de
un país avanzado.
Pero la responsabilidad del tripartito catalán va mucho más allá de
la dejación de su deber de gobernar garantizando el bien común,
porque son precisamente los partidos integrados en ese Gobierno los
que han causado, con su sectarismo ideológico, la catástrofe que
ahora padece una parte importante de los ciudadanos a los que
representan.
Cataluña debe ser uno de los pocos lugares del mundo en que sus
dirigentes políticos dedican los mayores esfuerzos a impedir el
progreso de sus ciudadanos, especialmente en un tema tan importante
para las sociedades modernas como el suministro de electricidad. A
las carencias de España en materia de producción energética,
consecuencia del radicalismo ecológico de nuestra izquierda y la
cobardía política de la derecha, se suma en el caso catalán un grave
problema de distribución. Las compañías eléctricas, con Endesa en
primer lugar, llevan diez años solicitando los permisos necesarios
para conectar la red eléctrica española con la francesa a través de
una línea de muy alta tensión, pero el proyecto sigue empantanado
ante la oposición de partidos como ICV y ERC actualmente en el
Gobierno de esa comunidad autónoma.
Se da la paradoja de que mientras Joan Saura continúa aturdido desde
la consejería de Interior sin atinar a decir o hacer algo
aprovechable para paliar la catástrofe, su segundo en el
departamento, Joan Boada ha sido tradicionalmente uno de los
principales impulsores de las manifestaciones en contra de la
realización de una infraestructura que hubiera solucionado todos los
problemas contra los que ahora deben enfrentarse. El otro socio de
Gobierno del presidente José Montilla, Esquerra Republicana, no
quiso quedarse atrás en la tarea descivilizadora de la izquierda
nacionalista, y también ha dedicado estos años a movilizar a sus
cargos electos y los ayuntamientos que gobierna en contra de un
proyecto que reclaman insistentemente los empresarios y ciudadanos
de la zona noreste catalana.
El sectarismo ideológico y la sumisión de cualquier consideración
sensata al proyecto alocado de unos radicales dedicados en cuerpo y
alma a la secesión de un territorio tiene siempre un coste, como se
viene observando desde que el tripartito llegó al poder de la
Generalidad y ahora sufren en sus carnes todos los ciudadanos, entre
ellos sus votantes. El desastre social, la negación de derechos
básicos y el desprestigio internacional son, como vemos, los
principales frutos del tripartito. En manos de los votantes
catalanes está la solución. Si no actúan en consecuencia frente a
las urnas, en adelante no tendrán derecho a quejarse.
El sistema que nunca existió
«La falta de imaginación y voluntad de la clase política española
para abordar en serio los déficits de integración no se remedia con
las manipulaciones del esquema de articulación»
J. M. RUIZ SOROA El Correo 14 Marzo 2010
Forzoso es reconocer que lo que pomposamente se denomina 'nuevo
sistema' de financiación autonómica es cualquier cosa menos un
sistema o modelo. Aunque probablemente nunca lo ha sido. Los
hacendistas dicen desde hace tiempo que la financiación autonómica
se basa en España, fundamentalmente, en el reparto inicial y
contingente de recursos que se efectuó al ir transfiriendo las
competencias y los medios anejos a ellas. Es de esa asignación
inicial de la que se ha partido en todos los subsiguientes intentos
para reordenar el asunto, respetando siempre la regla básica de las
burocracias de dar por consolidado lo existente 'ad aeternum', y
pelear siempre por la mejora del trozo de tarta propio. Cuando se
habla, con un fingido arrobo científico, de esos índices que
sustentarían el 'sistema' (como el de población, el de
envejecimiento, el de dispersión, el de insularidad y así
sucesivamente), se oculta al público que, en realidad, tales índices
tienen nombre y apellido detrás. Vamos, que cuando se necesita por
razones políticas aumentar los recursos de Ruritania, lo que se hace
es introducir una modulación en el índice de población basada en la
densidad de zuecos por hectárea partido por el número de vacas,
justamente, ¡oh casualidad!, lo que conviene a los ruritanos.
Bueno, pues lo que se ha hecho ahora, aunque con más oscurantismo
del acostumbrado, es arrancar de un 'a priori' político: el de que
Cataluña debía recibir una financiación superior a la que tenía,
colocándola por encima de la media nacional. Lo cual era en sí mismo
razonable, si lo tomamos aisladamente, pues la permutación del orden
de colocación entre comunidades que se producía hasta ahora a través
de la nivelación redistributiva no era equitativa: no era justo que
un extremeño gozara de unos recursos públicos de financiación
superiores a los de un catalán, cuando éste contribuía más a la
generación de esos recursos (principio de ordinalidad). Y una vez
establecido que el resultado final tenía que colocar a Cataluña en
mejor situación, se han diseñado unas reglas que lo aseguren y que,
al tiempo, no provoquen la rebelión abierta de otras comunidades,
aunque los resultados que producen sean ahora injustos para otros
ciudadanos no catalanes, como los madrileños o valencianos, que,
partiendo de una aportación similar a la catalana, reciben mucho
menos. Defectuoso antes, defectuoso ahora. Con la agravante de que
se institucionaliza y consolida la práctica de financiar gastos
corrientes con déficit público.
Insisto sin embargo: es una pérdida de tiempo analizar lo decidido
desde los parámetros de la equidad o la racionalidad ideales, porque
se trata de una decisión política que, por ello, sólo puede
entenderse y valorarse desde los requerimientos y constricciones de
la propia política. Lo que hay que preguntarse son dos cosas. ¿Cuál
era el problema? y ¿sirve lo que se ha hecho para solucionarlo?
La necesidad de privilegiar a Cataluña (como antes a Euskadi y
Navarra) obedece a razones políticas de dos clases: las coyunturales
del gobierno de turno, y las de 'longue durée' de intentar asegurar
la integridad nacional. El pacto de Aznar en el hotel Majestic en
1996 es un ejemplo perfecto de las coyunturales. En el caso del
Partido Socialista, la coyuntura que requería el privilegio es
palmaria si llevamos a cabo un experimento mental, el de la
no-Cataluña y no-Euskadi: supriman por un momento de España esas dos
comunidades y repartan los votos y escaños para el Congreso sólo en
el resto de la nación en las últimas elecciones generales de 2008.
El cálculo lo ha hecho algún politólogo y su resultado habla por sí
mismo: el Partido Popular tendría mayoría absoluta en las cámaras.
Ese dato objetivo explica mejor que mil retóricos la posición del
Gobierno socialista en torno a la política con Cataluña.
Si vamos a las razones políticas más de fondo, la cuestión se
plantearía así: como Estado de inspiración federal, España tiene
problemas de integración (la voluntad de mantenerse juntos) y de
articulación (el diseño e implementación de la arquitectura
federal). Ambos son de naturaleza profundamente diversa; además, los
de integración afectan sólo a Cataluña y Euskadi (por el momento),
mientras que la articulación afecta a todos. Sin embargo, hemos
caído desde hace mucho tiempo (desde el principio, para ser exactos)
en la tentación de intentar resolver las deficiencias de integración
mediante la manipulación de los esquemas de articulación. Todos los
gobiernos han aceptado la premisa implícita de que dándoles más
autogobierno (en competencias, en fondos o en procesos de decisión
política) a Cataluña o Euskadi, éstas se integrarían por fin en un
proyecto superior compartido. La realidad, sin embargo, ha
demostrado más bien lo contrario: el independentismo ha crecido en
ambas sociedades y sus clases políticas. Lo cual es lógico, pues el
sentimiento nacionalista percibe y asimila lo que es una concesión
como el pago de una deuda (Montilla 'dixit') o un derecho histórico
(Gernika proclama), lo que anula su efecto atractivo. Al final, y
sin ganancia para la integración (la añorada 'bundestreue'), a golpe
de manipulación de la ingeniería federal, hemos ido dejando al
conjunto del Estado con un inequívoco aire chapucero.
Quienes entienden del asunto pronostican que en dos años Cataluña
impugnará de nuevo el estatus de financiación alcanzado hoy.
Resultará insuficiente para ella, como resulta políticamente
insuficiente para el nacionalismo vasco el esquema del Concierto más
Cupo, y eso que produce una financiación pública por habitante
superior en 60 puntos a la media nacional (mientras que Cataluña no
logrará superarla ahora ni en 10 puntos). Lo que demuestra, al
final, que la falta de imaginación y voluntad de la clase política
española para abordar en serio y por derecho los déficits de
integración no se remedia con las manipulaciones del esquema de
articulación. Con ésta sólo se consigue comprar tiempo y
desarticular un sistema que, si bien se mira, nunca llegó a existir
como tal.
Más cerca de la ‘X’ del Faisán
Editorial www.gaceta.es 14 Marzo 2010
Rubalcaba ha tratado de echar tierra encima de un escándalo sin
precedentes.
Digámoslo sin paliativos: el caso Faisán representa una de las más
truculentas operaciones del Estado llevadas a cabo en el presente
régimen constitucional. El hecho, tan insólito como repugnante, de
que la misma policía encargada de combatir al terrorismo reciba
órdenes de avisar a los terroristas de una próxima operación contra
la banda ETA es de todo punto inaceptable: representa un manejo casi
con toda probabilidad delictivo de la legalidad y de la lucha contra
un terrorismo que ha sesgado la vida de cientos de españoles. La
propia gravedad del chivatazo del Faisán puede colegirse de los
esfuerzos del Gobierno –singularmente del ministro del Interior,
Pérez Rubalcaba– por echar tierra encima de un escándalo sin
precedentes, con la complicidad activa de los aliados mediáticos del
zapaterismo. Sí, hasta ahora, ni un procedimiento judicial como
mínimo extraño, ni la insistencia del grupo popular en sede
parlamentaria, han logrado arrojar luz sobre el chivatazo, ha de ser
la prensa libre, como LA GACETA en este caso, la que aporte datos
sobre el Faisán.
La publicación por parte de LA GACETA de la foto del inspector de
policía José María Ballesteros, encargado material de cometer el
chivatazo, así como el texto en el que se detallan los pormenores de
la felonía, ponen los pelos de punta. “Tiene que ser un madero. No
me entra en la cabeza que me haya advertido por teléfono”. Ésta fue
la reacción de estupor del colaborador de ETA y dueño del bar
Faisán, Joseba Elosúa, tras hablar con el jefe de policía del País
Vasco, Enrique Pamiés, usando el teléfono que le había facilitado el
aludido Ballesteros. Ni los propios etarras podían creer, por tanto,
el extremo al que habían llegado las alcantarillas del Estado en la
utilización progubernamental de la lucha contra el terrorismo.
Recordemos el papel fundamental del entonces director general de la
Policía, Víctor García Hidalgo, conocido por sus estrechas
relaciones con el socialismo vasco. Por cierto, ¿sabrán algo, estas
mismas entrañas turbias del Estado, de lo acontecido con el etarra
desaparecido y muerto, Jon Anza? El ministro del Interior, Pérez
Rubalcaba, ha de comparecer en sede parlamentaria para ofrecer
explicaciones.
Y el mismo Rubalcaba, bajo cuyo mando se consumó la felonía del
chivatazo, hombre conocido por su personalísimo dominio y manejo de
la inteligencia del Estado, ¿puede alegar algún desconocimiento de
cuanto ocurrió en el bar Faisán? ¿Ha dado alguna explicación
verosímil al ser interpelado? Habida cuenta de los precedentes de
Rubalcaba, de los Gobiernos del GAL a su inmoral comportamiento tras
los atentados del 11 de marzo, cabe temerse lo peor: al fin y al
cabo, con el chivatazo, el Gobierno buscaba salvar sus relaciones
con el PNV en un momento en que Zapatero necesitaba su apoyo para el
mal llamado proceso de paz.
El interés, con todo, ahora se centra especialmente en la reacción
del narciso de los jueces, Baltasar Garzón, que siente el abandono
del Gobierno a propósito de las muy justas causas que tiene abiertas
en su contra en el Supremo. Garzón, acusado de ocultar pruebas en un
chivatazo que no es sino delito de colaboración con banda armada,
¿se volverá ahora contra el mismo Gobierno que le ha dejado de
apoyar con el afán de antes? Lamentablemente, para un caso de la
trascendencia del Faisán, un juez tan chapucero y sectario como
Garzón era el menos indicado, aunque le mueva todo el rencor del
mundo. Pero, con o sin Garzón, con o sin Rubalcaba, hoy estamos más
cerca de la x del Faisán
ETA
Una agenda para derrotar a ETA
Ignacio Cosidó Libertad Digital 14 Marzo 2010
Tras los cuatro años perdidos en la anterior legislatura por el
atajo de la negociación, ahora tenemos una nueva oportunidad de
derrotar a ETA. Para ello no basta, siendo esencial, con la mera
presión policial que tantos éxitos ha cosechado en los últimos
meses. Es necesaria, a su vez, una agenda política de acciones
encaminadas a lograr la derrota definitiva de esta banda terrorista.
El Gobierno de Zapatero tiene una nueva oportunidad de culminar esta
tarea histórica, pero también una responsabilidad inmensa. Los
españoles jamás le perdonaríamos que volviera a equivocarse.
En realidad fue en 1998, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco,
cuando la sociedad española decidió que ya era suficiente. Tomamos
entonces la determinación colectiva de acabar con estos asesinos. El
Gobierno de Aznar supo traducir esa determinación de la sociedad en
un programa de acción política que ejecutaron con éxito Jaime Mayor
Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes desde el Ministerio del
Interior. La implacable persecución policial de la banda, su
expulsión del juego democrático a través de la Ley de Partidos, una
eficaz cooperación internacional y el reconocimiento a las victimas,
puso a ETA al borde mismo de su desaparición.
Si Zapatero hubiera sostenido esa política, si se hubiera mantenido
fiel al Pacto Antiterrorista firmado entonces con el PP, hoy ETA
podría ser ya historia. Ahora, tras la sucesión de golpes policiales
que están protagonizando las Fuerzas de Seguridad, la impresión es
que ese fin puede estar otra vez próximo. La existencia por primera
vez en el País Vasco de un Gobierno constitucionalista tiene que
servir para acelerar ese fin, acabar con la permisividad con la que
los terroristas y sus cómplices han ocupado espacios públicos y
evitar que ETA pueda regenerarse reclutando entre las nuevas
generaciones.
¿Qué podemos hacer para acelerar ese fin de ETA, más allá de
mantener la presión policial y judicial sobre esta banda de
asesinos? En mi opinión, la cuestión esencial en este momento es
lograr expulsar definitivamente de los ayuntamientos del País Vasco
y Navarra. Nada ha hecho tanto daño a lo terroristas que perder el
control social y político que ejercían sobre una parte del
territorio a través de su brazo político. Es absolutamente
prioritario que Gobierno y Fiscalía adopten todas las medidas
necesarias para que ETA no pueda presentar candidatos en las
próximas elecciones municipales. Una de las secuelas más negativas
de la negociación con ETA en la anterior legislatura fue
precisamente que aún tengamos representantes políticos de los
terroristas en las instituciones vascas. Nada será más útil para
acelerar la derrota de ETA que impedir a los terroristas usar las
instituciones democráticas a favor de sus fines criminales. Ésta va
a ser la verdadera prueba para que Zapatero demuestre con hechos su
determinación de derrotar a los terroristas.
En segundo término, es también crucial reforzar la cooperación
internacional. El aislamiento de ETA fuera de nuestras fronteras fue
uno de los ejes fundamentales de la política antiterrorista de los
Gobiernos de Aznar y uno de los logros que más debilitó a la banda
terrorista. Los españoles tenemos una deuda permanente de gratitud
con Francia por la espléndida colaboración antiterrorista lograda en
las últimas décadas. Ahora estamos desarrollando también una
colaboración operativa con Portugal que empieza a dar frutos. Pero
es necesario sacar a los terroristas de sus guaridas en regimenes
dictatoriales como Cuba o Venezuela que se han convertido en el
último refugio de estos asesinos. Resulta decepcionante la reacción
del Gobierno español ante las acusaciones de la Audiencia Nacional
de connivencia del régimen chavista con ETA. Es imprescindible que
el Gobierno de Zapatero, en vez de pedir excusas, exija con la
máxima firmeza poner fin a esa tolerancia y apoyo con los asesinos.
La derrota de ETA debe ser la primera prioridad de cualquier
gobierno democrático y no hay por tanto otro interés que pueda
supeditarse a este.
En tercer lugar, es preciso mantener la movilización social y el
consenso político contra el terror. La nueva Ley de Victimas que el
Gobierno tiene comprometida desde hace años es otro elemento que
contribuirá a la derrota de ETA. En ese final sí habrá vencedores y
vencidos. Las victimas serán los vencedores y sus verdugos los
vencidos. ETA tiene que verse cada vez más repudiada socialmente,
más deslegitimada políticamente, más asfixiada. Aprendimos hace
mucho tiempo que la lucha contra el terrorismo no es sólo detener
terroristas, siendo esto esencial, sino luchar todos y cada uno
desde nuestra responsabilidad para vencer al terror. Mantener esa
determinación, sin concesión alguna al triunfalismo, es fundamental.
Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.
Estolojodiózapaterosolo.org
Jesús Cacho El Confidencial 14 Marzo 2010
La memoria.
Se cumplió el jueves el sexto aniversario de los atentados
terroristas del 11-M en Madrid, una fecha que ha marcado el devenir
español como lo hicieran el 18 de julio de 1936 o el 20 de noviembre
de 1975, por citar solo dos, trascendentales, en la reciente
Historia de España. Casi 200 muertos y cerca de 1.000 heridos como
cortejo fúnebre para un cambio de Gobierno que ha resultado ser
mucho más: casi un cambio de modelo social propulsado por las
iniciativas legislativas de un Ejecutivo que, deliberadamente o no
tanto, ha intentado una gran operación de ingeniería social
reescribiendo, primero, la reciente historia de España desde al año
1936 para acá [algo que obviaron todos los Gobiernos de la
democracia, incluidos los de Felipe González], y remodelando,
después, o tratando de hacerlo, el “inconsciente colectivo”, en
terminología de Jung, de los españoles, mediante una batería de
leyes destinadas a alterar las pautas de conducta moral de los
ciudadanos.
Si el intento de cambiar usos y costumbres ha sido drástico, no han
sido menores las novedades introducidas, por la puerta falsa de la
modificación de los estatutos de autonomía, en la organización
territorial del Estado, con el catalán como punto de no retorno,
diga lo que quiera en su día el Constitucional. En realidad, los
cambios introducidos, o su mero intento, han sido de tal calado que
obligan a replantear en toda su crudeza la cuestión fundamental del
quid prodest referida a la masacre del 11-M. La sentencia del
tribunal que presidió en juez Gómez Bermúdez en ningún modo puede
apaciguar las conciencias de aquellos ciudadanos libres poco
acostumbrados a comulgar con ruedas de molino. La versión oficial no
es creíble, salvo para estómagos acostumbrados a digerir piedras. Ni
teorías conspiratorias estilo Orquesta Mondragón, rozando a veces la
paranoia, ni soluciones de conveniencia que ni han conseguido
identificar a los culpables de la masacre ni, mucho menos, a sus
autores intelectuales. Los atentados siguen despidiendo el mismo
tufo que exhalaban pocos días después de ocurridos: operación típica
de servicios secretos, en cuyo abecedario figura la posterior
eliminación física de los autores de la matanza (Leganés) para
borrar pistas. ¿Servicios secretos extranjeros con apoyos puntuales
internos, o viceversa? La pregunta clave sigue siendo esta: ¿quién
marcó la fecha para volar los trenes justo tres días antes de unas
elecciones generales?
Lo llamativo, a la par que dramático, de la experiencia vivida estos
años bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero es que el país estaba
tan cansado de la soberbia de Aznar y tan dolorido por las bombas
del 11-M que, tras las generales, estaba clamando como agua de mayo
por la llegada de un Gobierno y un presidente dispuesto a cerrar
heridas y repartir bálsamo por doquier, porque ese presidente se
hubiese hecho con la ciudadanía entera en dos días. Zapatero eligió,
sin embargo, la vía de la confrontación mediante el recurso artero
de gobernar para quienes le votaron –su propio partido-, abriendo de
nuevo en canal la división entre las “dos Españas”. Seis años
después de la matanza, lo peor que se puede decir de los españoles
es que no hemos sido capaces –Gobierno y sociedad civil- de dar una
respuesta cabal al puzzle del 11-M, incapaces de resolver la masacre
desde un punto de vista estrictamente criminal, al margen de los
componentes políticos involucrados en el suceso. Por distintos
motivos, casi todos hemos preferido mirar hacia otro lado y callar.
El PSOE, porque la matanza posibilitó la llegada a la Moncloa de su
presidente por accidente, de modo que lo mejor era echar tierra al
asunto cuanto antes. Y el PP por miedo, terror más bien, a ser
tildado de desestabilizador y facha por la imponente armada
mediática que arropa al Ejecutivo.
El aniversario
Dos años transcurridos ya desde las generales del 9 de marzo de 2008
que revalidaron a Zapatero como presidente del Gobierno para otros
cuatro años. “Por el pleno empleo”, rezaban los carteles electorales
del PSOE que llenaron calles y plazas de España en las semanas
previas. Hoy, esa misma España soporta una cifra de parados de 4
millones y pico y camina indefectiblemente hacia los cinco. Ejemplo
del líder universitario, radical y populista, de los setenta, ZP ha
resultado ser el perfecto ignorante en materia económica que todos
sabíamos, el gestor peor pertrechado para hacer frente a una brutal
crisis económica que, si bien de dimensión global, tenía aquí
características típica y perfectamente diferenciadas en la
gigantesca burbuja inmobiliaria que venía embalsada al menos desde
el 2003. Encantado de haberse conocido, ZP dilapidó la herencia
recibida y empleó todos sus esfuerzos en negar la evidencia,
primero, decir que se trataba de un problema internacional, después,
y echar la culpa al empedrado, siempre.
Cuando no fue posible seguir negando la mayor, el leonés se dedicó a
repartir el dinero de todos, convencido de que tirando del gasto
público se arreglaba el problema. Zapatero cumple a la perfección el
ejemplo de aquel maquinista de Renfe a quien en plena llanura
manchega se le para el tren a las tres de la tarde de un tórrido día
de verano. El sujeto recorre los vagones pidiendo calma a los
viajeros: no hay aire acondicionado, cierto, pero los revisores
pasarán enseguida repartiendo abanicos, y agua fresquita, y
bocadillos, y aún lectura y hasta música enlatada. El sol abrasa los
rastrojos mientras canta la cigarra, pero el maquinista está
decidido a que sus parados gocen de toda clase de comodidades. Todo
lo supervisa personalmente, de todo se preocupa, menos de ir a la
máquina a intentar averiguar dónde está la avería para tratar de
repararla lo antes posible. Y parados seguimos en plena Mancha de la
crisis. El manual indica que 2008 tenía que haberse aprovechado para
acometer el saneamiento del sistema financiero, empezando por las
Cajas; 2009, por su parte, tendría que haber sido el año del ajuste
o consolidación fiscal, destinado a meter la tijera al gigantesco
déficit público que suele generar toda crisis, y el año en curso, en
fin, tendría que haberse empleado en abordar toda una serie de
reformas estructurales (mercado laboral, entre ellas) y procesos de
liberalización.
Como no se hizo el trabajo en 2008 –de hecho sigue pendiente-, el
crédito sigue sin llegar a particulares y empresas, a menos que uno
esté dispuesto a pagar intereses de hasta el 14%. Como no se abordó
el ajuste fiscal en 2009, el reino de España sigue enfrentado a un
riesgo cierto de default, lo que en roman paladino antes se llamaba
vulgar suspensión de pagos. Y como este año siguen sin acometerse
las reformas de fondo, el horizonte español no puede estar marcado
más que por el empobrecimiento colectivo y la marginalidad. La
decadencia como país.
El culpable
“Aunque nos inculcan que las personalidades no forjan la historia,
especialmente si se oponen a la evolución progresista, aquí tenemos,
sin embargo, una que durante un cuarto de siglo nos ha retorcido
nuestras colas de borrego como ha querido, y nosotros ni siquiera
nos hemos atrevido a chillar. Ahora dicen que nadie comprendía nada,
ni lo comprendían los rezagados, ni la vanguardia. La vieja guardia
era la única que sabía de la monstruosa obra de Koba [alias de
Stalin en la Rusia zarista], pero prefirió envenenarse en un rincón,
pegarse un tiro en casa, o terminar sus días en tranquila
jubilación, con tal de no tener que denunciarlo desde una tribuna”.
Este párrafo corresponde al Archipiélago Gulag III, de Solzhenitsyn
(Tusquets Editores, 2007) y exhala el desconcierto profundo que, en
la retrospectiva de la historia, suele producir en los estudiosos el
fenómeno del silencio, ese espeso silencio de los corderos que
acompañó a las más sanguinarias dictaduras del desdichado siglo XX.
Lo conocimos en España durante la larga etapa de Franco, donde, con
excepción del PCE, nadie movió un dedo para acortar el trance y,
salvadas todas las distancias, lo estamos viendo ahora en la
ausencia de esas voces críticas que, desde la sociedad civil
–intelectuales, universidad, empresariado, etc.-, tendrían que haber
sido capaces de denunciar el proceso de “reinvención” de la España
consagrada en la Constitución del 78, emprendido subrepticiamente
por ZP tras su victoria electoral que siguió a los atentados del
11-M.
Como le acaba de ocurrir con el fútbol a cierto prepotente
empresario madrileño acostumbrado, en la mejor tradición patria, a
hacer negocios a la sombra del Gobierno de turno, también a ZP se le
ha venido el andamio abajo a cuenta de una crisis económica que ni
supo prever ni sabe contrarrestar, entre otras cosas porque se lo
impide su “ideología”. Ahora, un grupo de notables de la órbita
socialista ha montado, con dinero de empresarios de derechas, una
gran campaña mediática para aligerar la presión sobre Moncloa y
hacernos a todos copartícipes del desastre.
Estosololoarreglamosentretodos.org, reza el lema de una operación
que calla o silencia una verdad que está en el origen del problema:
estolojodiózapaterosolo.org, una evidencia que difícilmente va a
lograr enmascarar cualquier intento de repartir culpas a diestra y
siniestra.
Y la becaria
El caso Garzón, el juez de la Audiencia Nacional acostumbrado a
ponerse la Ley por montera, se ha convertido en la más cruda pelea
entre poderes, incluido obviamente el judicial, registrada en muchos
años, con excepción, quizá, del gemelo caso Sogecable, principio de
una traición que abrió las puertas del poder y el dinero al famoso
Campeador. En esa pelea, que retrata como pocas la corrupción del
Sistema entero, se está dilucidando la capacidad de regeneración de
nuestra democracia, si es que alguna le quedara. Al frente de las
operaciones mediáticas de defensa del granuja se ha colocado desde
el principio el grupo Prisa, que con la precisión leninista que
caracteriza a la dirección del antiguo emporio ha obligado a salir a
la palestra a todo personaje que coma, duerma o habite en derredor
del grupo. Falta por salir a escena el gran Bacigalupo, cuyo
magisterio al respecto, la verdad, se empieza a echar en falta.
Pero como le ocurre a los sectarismos de toda clase y condición, la
campaña orquestada por las huestes de Cebrián en defensa de Garzón
corre el riesgo de traspasar las barreras de lo mafioso para
irrumpir directamente en las de lo chusco. El pasado miércoles día
10, la labor de apoyo al galán corrió a cargo de Bonifacio de la
Cuadra, uno de los históricos de El País en información de
tribunales, con un artículo cuyo último párrafo es una joya
argumental de valor imperecedero. Vean: “Ante ésta y otras
aberraciones jurídicas, Sara España, una alumna del Máster de
Periodismo UAM/EL PAÍS, en un trabajo de opinión sobre Baltasar
Garzón y la justicia, en aplicación sencilla de la lógica, considera
prevaricadora la resolución del magistrado Varela [ponente de una de
las querellas que pesan sobre el juez], por ser ‘un acto que podría
tacharse, en el fondo y por apariencia, de injusto'". En la campaña
contra un Tribunal Supremo que ha osado, por fin, tocar a Garzón
faltaba, pues, la becaria, una alumna del máster de periodismo de El
País, como fuente de autoridad. Seguimos, insisto, esperando con
ansiedad la lección magistral del enorme Bacigalupo al respecto. No
puede defraudar a sus fans.
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LAS CLAVES DEL CASO FAISÁN
El comisario José María Ballesteros fue
quien dio el chivatazo a ETA
El Semanal Digital 14 Marzo 2010
El diario "La Gaceta" destapó el rostro del policía -entonces
inspector y hoy comisario- que entregó el teléfono al dueño del bar
Faisán con el que se avisó de la operación contra ETA.
José María Ballesteros, según publicó este domingo La Gaceta, el
diario del Grupo Intereconomía que dirige Carlos Dávila, entregó a
Joseba Elósua, dueño del bar Faisán, el móvil con el que su
superior, Enrique Pamiés, le alertó de la operación policial que
estaba en marcha contra él y el resto del aparato de extorsión de
ETA. En esta llamada el jefe superior vasco alertó de que estaba en
marcha una inminente operación dirigida por el juez Fernando
Grande-Marlaska.
Tras el chivatazo de Pamiés y Ballesteros, los planes de Elosúa
cambiaron. El colaborador de ETA abandonó precipitadamente el Faisán
ante la sorpresa de los agentes de Policía que vigilaban y esperaban
órdenes para iniciar la operación contra él. El dueño del bar cogió
su coche acompañado de su yerno, Carmelo Luquin, y arrancó en
dirección a Francia ante la mirada impasible de los policías de
Marlaska, que luego fueron precisamente los que se encargaron de
investigar el soplo.
El inspector que controlaba la baliza del vehículo de Elosúa,
situado en un piso en Irún, escuchó asombrado la conversación que el
colaborador de la banda terrorista tenía con su yerno. "Tiene que
ser un madero. No me entra en la cabeza que me haya advertido por
teléfono", le dijo Elosúa. Además de a Pamiés y a Ballesteros, las
investigaciones del sumario apuntan al entonces director general de
la Policía, Victor García Hidalgo.
Una operación muy sensible
La operación contra el aparato de extorsión era especialmente
sensible. La Policía esperaba que Elosúa recibiera el 3 de mayo un
impuesto revolucionario de manos del dirigente del PNV Gorka
Aguirre. Tras coger el dinero, el dueño del Faisán esperaría a que
el colaborador de ETA José María Cau, residente en Francia, cruzara
la frontera y recogiera el dinero en el bar. Dentro de la operación,
la Policía preveía detener también a Aguirre.
Esto provocaría un terremoto en el PNV en un momento extremadamente
delicado. Ese día estaba previsto el encuentro entre el presidente
Rodríguez zapatero y el a la sazón líder del PNV, José Jon Imaz, que
iba a trasladarle el apoyo de su partido al proceso de paz.
Más cerca de la X
Junto a esta exclusiva, el diaro La Gaceta publica un editorial en
el que señala que "el caso Faisán representa una de las más
truculentas operaciones del Estado llevadas a cabo en el presente
régimen constitucional". Asimismo, subraya que "la propia gravedad
del chivatazo puede colegirse de los esfuerzos del Gobierno por
echar tierra encima de un escándalo sin precedentes".
El diario de Intereconomía, en relación con la información que
publica, señala igualmente que "ni los propios etarras podían creer
el extremo al que habían llegado las alcantarillas del Estado en la
utilización progubernamental de la lucha contra el terrorismo". Y
sentencia que "con o sin Garzón, con o sin Rubalcaba, hoy estamos
más cerca de la x del Faisán".
CAMBIOS EN EL DECRETO QUE REGULARÁ EL IDIOMA EN LAS AULAS
La Xunta contará con los padres para fijar
el idioma en toda la enseñanza obligatoria
Educación establece que Matemáticas se impartirá en castellano y
Ciencias en gallego, pero los progenitores podrán darle la vuelta y,
para el resto de las materias, serán consultados a través de los
consejos escolares
DANIEL DOMÍNGUEZ | SANTIAGO. La Opinión 14 Marzo 2010
El próximo curso la mitad de las asignaturas se impartirán en
gallego y el otro 50% en castellano -ahora este porcentaje se puede
superar en el caso del gallego, e inicialmente el Gobierno de Feijóo
pretendió un 33% para el gallego, un 33% para castellano y otro
tanto para inglés-. Y por primera vez en la historia de la comunidad
la opinión de los padres será tenida en cuenta al fijar el idioma de
cada materia. ¿Cómo? En Educación Primaria y Educación Secundaria,
la Xunta ha decidido que las asignaturas de los números
(Matemáticas) se den en castellano y las de Ciencias en gallego,
pero cada cuatro años se les consultará a los padres, que podrán
tumbar este acuerdo si la mayoría (la mitad más uno) se pone de
acuerdo. Éste es uno de los cambios que ha introducido la
Consellería de Educación sobre el borrador que presentó a finales de
diciembre y que ayer sábado fue esbozado ante los periodistas.
En el resto de materias y respetando siempre el equilibrio entre
gallego y castellano, cada centro determinará en qué idioma se
impartirán, a través de sus consejos escolares, donde un tercio de
sus representantes son elegidos por los padres.
A partir del próximo curso, en Primaria se impartirá Matemáticas en
castellano y Ciencias en gallego. En Secundaria, el castellano es la
elegida para Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la
Naturaleza y Biología e Geología, mientras que en gallego se
impartirán Matemáticas, Tecnoloxía y Física e Química.
En el próximo curso, a través de la consulta a los padres podrán
invertirse estos dos bloques. En el proyecto inicial del Gobierno de
Feijóo, eran los padres los que fijaban inicialmente el idioma de
las asignaturas troncales, y la Xunta se abstenía de pronunciarse.
Ahora Educación realiza una propuesta que puede ser modificada por
los padres, aunque confía que no se cambiará. Esta argucia permite
la participación de los progenitores y debe garantizar al tiempo la
legalidad del decreto. El objetivo es que la consulta no aparezca
como vinculante en la norma y la Administración no abdique de su
competencia de legislar en materia educativa. La Real Academia
Galega (RAG) ya advirtió de que el texto podía ser recurrido en este
punto.
Con respecto al curso actual, la diferencia será Matemáticas, que
ahora se imparte en gallego en Primaria y en Secundaria. El decreto
del bipartito que ahora se pretende anular obligaba a dar en gallego
tres materias en Primaria y cinco en Secundaria, y el resto de
materias impartidas en gallego las decidían los centros hasta
completar el 50% mínimo exigido.
En Educación Infantil se mantiene la propuesta inicial. La consulta
a los padres sobre la lengua "materna" de sus hijos dirá cuál es la
lengua "predominante" en el aula y en la que se impartirán las
clases. Con el bipartito era el centro el que determina cuál es esa
lengua mayoritaria. La consulta se realizará también cada cuatro
años.
El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, y el secretario
xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, adelantaron ayer las
líneas maestras del borrador de la normativa, si bien no facilitaron
el documento completo, que mañana remitirán a la Mesa Sectorial de
Educación.
Tampoco concretaron cómo se va hacer la consulta de los padres, que
se regulará en una orden posterior a la aprobación del decreto, y
cuándo se realizará, si bien Vázquez aseguró que sería antes del
inicio del curso.
La Xunta presentó la nueva propuesta tras escuchar las alegaciones
al texto redactado hace dos meses y medio, que generó numerosas
quejas, entre otros organismos, de la propia Real Academia Galega
(RAG).
Una de las novedades radica en la lengua extranjera que tanto
propugnó Feijóo. Educación establece la obligatoriedad del 50 por
ciento de gallego y el 50% de castellano, pero permite a los centros
impartir un tercio de las materias en otra lengua, el inglés con
toda probabilidad. De esta forma, las lenguas cooficiales ya no
tienen el mismo trato que las extranjeras, aspecto criticado
duramente por la RAG y otros colectivos.
Durante estos dos meses y medio otro aspecto ha sido matizado. Los
alumnos podrán hablar en las aulas y escribir los exámenes en la
lengua que quieran, excepto en las materias de Lengua Gallega y
Lengua Castellana, aunque se introduce la recomendación "pedagógica"
de utilizar el idioma fijado para cada asignatura.
"Éste va a ser el decreto del equilibrio, el plurilingüismo y la
libertad". De esta forma presentó el borrador que dará carpetazo al
decreto del bipartito el conselleiro de Educación. Jesús Vázquez
vinculó el cambio en el modelo educativo con el resultado electoral.
"Hubo un Gobierno que tomó unas medidas y se equivocó y así perdió
las elecciones", declaró.
Acompañado por Anxo Lorenzo, Vázquez sostuvo que el anteproyecto
cuenta "con el respaldo y felicitaciones generalizados de la
sociedad", pese a las críticas de la Real Academia Galega, el
Consello da Cultura Galega o de la Plataforma Queremos Galego
recibidas después de la presentación de las bases del decreto.
Pese a que restan cinco meses para el inicio de curso, descontando
el mes inhábil de agosto, Educación no tiene concretado cómo se
realizará la consulta a los padres. Pese a ello, descarta problemas
para los editores de los libros de texto. Lo que sí tiene claro es
el cambio que supone. "Pasamos de un decreto que abría las puertas
al monolingüismo a un modelo plurilingüe", apuntó Vázquez.
El proceso para aprobar el decreto pasa ahora por la Mesa Sectorial,
a la que mañana enviarán el texto. Después se pronunciarán el
Consello Escolar y el Consello Consultivo.
Una de las consecuencias que podría tener el nuevo modelo es el caos
organizativo en los colegios, con el proceso de consulta, cuyo
modelo y fecha está por concretar. Además, podría abrir la puerta a
conflictos internos en los centros, pues el consejo escolar tendrá
la capacidad para determinar el reparto de horas en cada idioma. Ahí
tendrán voz padres que podrían tener opuestos puntos de vista. Al
mismo tiempo, algunos padres podrían tener la tentación de solicitar
el traslado de sus hijos si esa distribución no se ajusta a sus
deseos.
Los padres decidirán el idioma predominante
en Educación infantil
En primaria, Conocimiento del Medio se impartirá en Gallego y las
Matemáticas en Castellano
Efewww.lavozlibre.com 14 Marzo 2010
Galicia.- El consejero de Educación, Xesús Vázquez, ha presentado el
proyecto de Decreto de plurilingüismo en la enseñanza no
universitaria en Galicia, que pretende "garantizar el equilibrio de
las dos lenguas oficiales e introducir una tercera, superando la
actual visión monolingüe de la enseñanza".
Vázquez, acompañado por el secretario general de Política
Lingüística, Anxo Lorenzo, señaló en conferencia de prensa que el
Ejecutivo cumplió con el compromiso de presentar las bases del
Decreto antes de concluir el 2009 (se presentó el 30 de diciembre) y
de que entre en vigor para el curso 2010-2011.
Para el consejero, el texto presentado garantiza el derecho a la
libertad de expresión de los alumnos, la participación de los padres
y la competencia lingüística de los estudiantes en las dos lenguas
oficiales.
El proyecto, que deberá ahora ser trasladado a la Mesa Sectorial, al
Consejo Escolar y, finalmente, al Consejo Consultivo, recoge que en
la educación infantil se usará “la lengua predominante del
alumnado”, que se establecerá “de acuerdo con la opinión
mayoritaria” expresada en una consulta a los padres al inicio de los
cursos.
Sin embargo en Educación Primaria, se impartirá en gallego la
asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, y
en castellano las Matemáticas. Se establecen así dos bloques de
asignaturas que, en principio, se impartirán en gallego las Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología
y Geología y, en castellano, las Matemáticas, Tecnología y Física y
Química.
En cuanto al bachillerato y formación profesional específica,
enseñanzas artísticas y deportivas, cada centro establecerá cada
cuatro años una “oferta equilibrada”.
El decreto cuenta con un capítulo dedicado exclusivamente a las
lenguas extranjeras, de forma que los centros puedan llegar a
impartir un tercio de su horario lectivo semanal en estas lenguas.
Los alumnos se podrán expresar en la lengua que consideren más
conveniente, aunque se realizará una orientación pedagógica en el
sentido de que se use la que corresponde con la materia.
Vázquez resaltó en su comparecencia que el “argumento inicial” de
equilibrio en el tratamiento de las dos lenguas oficiales queda
“fijado claramente” en el texto, “con el respaldo y las
felicitaciones generalizadas de la sociedad gallega”.
El consejero ha querido dejar claro que “este va a ser el Decreto
del equilibrio, del plurilingüismo y de la libertad”. Asegura que se
respetan los derechos y deberes constitucionales, en una posición
consecuente con la Ley de Normalización, con la promoción de la
lengua gallega, con la postura del PP desde la oposición cuando se
aprobó el Decreto anterior y “con el programa electoral más votado
por los ciudadanos en las últimas elecciones”.
En opinión del responsable de Educación, el nuevo Decreto responde a
una demanda social expresada por los ciudadanos que “rechazaron en
las urnas el Decreto aún en vigor” y a “un programa electoral
avalado por la mayoría de los ciudadanos”.
De este modo, el responsable de Educación ha querido concluir:
“Pasamos de un decreto que abría las puertas al monolingüismo a un
modelo plurilingüe; pasamos de un decreto en el que se imponía a los
estudiantes de un modo inflexible la lengua en que se tenían que
expresar a un modelo en que los estudiantes dominarán las dos
lenguas oficiales y tendrán la libertad de expresarse en una u
otra”.
PERO SIGUE SIN "CUMPLIR LO PROMETIDO"
Gloria Lago dice que el nuevo decreto de
Feijóo "pinta bastante mejor"
Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe, ha considerado que el
nuevo decreto lingüístico de Feijóo avanza por fin en la dirección
correcta. No obstante, asegura que todavía no alcanza los
compromisos asumidos por el presidente de la Xunta en la carrera
electoral.
LIBERTAD DIGITAL 14 Marzo 2010
Lago dice que el decreto emitido el sábado por la Xunta, destinado a
sustituir el 124/2007 que traicionaba las promesas hechas por Feijóo
antes de obtener su triunfo en las autonómicas, y en las que
priorizaba la educación de los alumnos por encima de la imposición
del gallego en las aulas.
El decreto nuevo avanza, por fin, en la dirección adecuada, aunque
sigue sin alcanzar, según el comunicado de Galicia Bilingüe, el
mínimo exigible tras los compromisos asumidos por Feijóo. De
momento, el texto no asegura la aplicación de la libertad de
elección en la lengua vehicular en la enseñanza, tal y como ocurre
en todas las democracias con dos o más lenguas oficiales, y centro
de las exigencias de Galicia Bilingüe.
Su presidenta consideró “especialmente importante” la decisión de
que en Primaria y ESO los padres o los alumnos puedan intercambiar
la lenga de los bloques de asignaturas designados por la Xunta para
gallego o castellano. No obstante, la organización presidida por
Lago dice que aún no conoce la propuesta en profundidad y que puede
esconder matices a aclarar. Uno de ellos, el sistema para solicitar
la opinión a las familias, o si se podrá aplicar en el próximo
curso.
El comunicado de Galicia Bilingüe sostiene que la libertad de
elección seguirá, entonces y de todas formas, sin lograrse, debido a
que ni siquiera en la totalidad de las asignaturas troncales se
establece la libertad de elección , pues no existirá ni para todas
las asignaturas, ni siquiera para todas las troncales. Tampoco para
aquel alumno cuya opción no triunfe en la votación que articule la
Administración.
Según el comunicado, aún sigue sin conocerse si los estudiantes
podrán utilizar los libros de texto y el material didáctico en el
idioma de su elección, cuestión que Gloria Lago cree que “si
permitiera el presidente Feijoo resultaría un gran alivio para
muchísimas familias, especialmente para los casos de los alumnos
cuya opción lingüística no triunfe en la votación”.
La opinión mayoritaria decidirá cuánto se
estudia en gallego y cuánto en castellano
Los padres gallegos votarán antes de cada curso en qué idioma
estudiarán sus hijos
La Razón 14 Marzo 2010
La Xunta de Galicia dio ayer las primeras pistas de cómo será el
modelo de pluriligüismo que quiere aplicar el presidente Alberto
Núñez Feijoo. Lo más novedoso una especie de "elecciones"
democráticas antes de empezar cada curso, en caso de Primaria, y
cada cuatro años, para el tramo de Secundaria, que determinará si se
concede mayor importancia al gallego o al castellano.
El conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, presentó este sábado el
proyecto de Decreto de plurilingüismo en la enseñanza no
universitaria, que pretende garantizar el equilibrio de las dos
lenguas oficiales e introducir una tercera, "superando la actual
visión monolingüe de la enseñanza".
Para el conselleiro, el texto presentado hoy garantiza el derecho a
la libertad de expresión de los alumnos, la participación de los
padres y la competencia lingüística de los estudiantes en las dos
lenguas oficiales.
En el proyecto se recoge que en la educación infantil se usará "la
lengua predominante del alumnado", que se establecerá "de acuerdo
con la opinión mayoritaria" expresada en una consulta a los padres
al inicio de los cursos sobre la lengua materna de los pequeños.
Además, en Educación Primaria, se impartirá en gallego la asignatura
de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, y en
castellano las Matemáticas.
Se establecen asimismo dos bloques de asignaturas que, en principio,
se impartirán en gallego, las Ciencias Sociales, Geografía e
Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología y Geología y, en
castellano, las Matemáticas, Tecnología y Física y Química.
En estos niveles, la mitad más uno de los padres podrán determinar
el idioma de cada bloque y cada centro educativo decidirá en qué
lengua impartirá el resto de las materias, garantizando que tengan
el mismo porcentaje de horas a la semana.
En cuanto al bachillerato y formación profesional específica,
enseñanzas artísticas y deportivas, cada centro establecerá cada
cuatro años una "oferta equilibrada".
En cualquier caso, la Xunta realizará cada cuatro años una consulta
a las familias de los alumnos que cursan primaria y secundaria en la
que, según explicó Anxo Lorenzo, podrán opinar sobre la asignación
lingüística establecida por el decreto para esas materias, dando
como resultado una modificación en el caso de que así lo decidan "la
mayoría" del total de padres.
Vázquez resaltó en su comparecencia que el "argumento inicial" de
equilibrio en el tratamiento de las dos lenguas oficiales queda
"fijado claramente" en el texto, "con el respaldo y las
felicitaciones generalizadas de la sociedad gallega". Para el
conselleiro, "este va a ser el Decreto del equilibrio, del
plurilingüismo y de la libertad".
Durante la presentación del nuevo Decreto, la plataforma "Queremos
Galego" convocó una concentración ante la sede central de la Xunta
con una pancarta con el lema "Paremos el decretazo contra el
gallego".
El portavoz de la plataforma, Carlos Callón, hizo, en declaraciones
a Efe, un llamamiento a la desobediencia, porque "desobedecer este
Decreto significa obedecer la Ley de Normalización, el Plan General
y la Carta Europea de las Lenguas".
El PSOE protesta
Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, acusó al
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de consumar "la mayor
afrenta" realizada a la lengua gallega por declararla "hostil" en
Galicia a través del anteproyecto de decreto de plurilingüismo.
Durante su intervención en un acto con cargos orgánicos e
institucionales del PSdeG de Ourense, el dirigente socialista
reprochó al jefe del Ejecutivo autonómico que "calladamente" vaya a
"relegar" al idioma gallego "a una categoría inferior" en la
comunidad.
"No se lo podemos permitir", aseveró, al tiempo que condenó que
Núñez Feijóo reitere "ese ataque" a la que calificó de "principal
señal de identidad" de los gallegos. "Os pido que se lo hagamos
saber a la gente", demandó a los cargos del PSdeG.
"No es impune atacar la señal de identidad de nuestro país", subrayó
para pedir a los cargos socialistas que trabajen y se movilicen
contra esta medida.
La polémica lingÜística en Galicia
Biología en gallego y matemáticas, en
español
La Razón 14 Marzo 2010
El nuevo decreto lingüístico equipara la enseñanza en las dos
lenguas oficiales. Los padres podrán elegir el idioma de
escolarización de sus hijos
Galicia estrena normativa para regular la enseñanza lingüística en
las aulas. El consejero de Educación, Xesús Vázquez, presentó ayer
el proyecto de decreto de plurilingüismo en la enseñanza no
universitaria, que pretende garantizar el equilibrio de las dos
lenguas oficiales e introducir una tercera, «superando la actual
visión monolingüe de la enseñanza» que promovió el bipartito de
socialistas y BNG.
Para la Xunta, el texto garantiza el derecho a la libertad de
expresión de los alumnos, la participación de los padres y la
competencia lingüística de los estudiantes en las dos lenguas
oficiales, castellano y gallego. De hecho, el proyecto determina que
en la educación infantil se usará «la lengua predominante del
alumnado», que se establecerá «de acuerdo con la opinión
mayoritaria» expresada en una consulta a los padres al inicio de los
cursos sobre la lengua materna de los pequeños. Además, en Educación
Primaria se impartirá en gallego la asignatura de Conocimiento del
Medio Natural, Social y Cultural, y en castellano las Matemáticas.
Del mismo modo, se establecen dos bloques de asignaturas. Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología
y Geología se impartirán en gallego y Matemáticas, Tecnología y
Física y Química, en castellano. En estos niveles, la mitad más uno
de los padres podrán determinar el idioma de cada bloque y cada
centro educativo decidirá en qué lengua impartirá el resto de las
asignaturas, garantizando que tengan el mismo porcentaje de horas a
la semana, informa Efe.
En cuanto al Bachillerato y la Formación Profesional Específica,
Enseñanzas Artísticas y Deportivas, cada centro establecerá cada
cuatro años una «oferta equilibrada». El modelo garantiza, según
Vázquez, un equilibrio entre las dos lenguas oficiales.
De muy distinta forma piensan los socialistas gallegos. Su
secretario general, Pachi Vázquez, acusó a Alberto Núñez Feijóo de
consumar «la mayor afrenta» realizada a la lengua gallega por
declararla «hostil» en Galicia. Por su parte, el BNG cree que la
norma persigue «quitar presencia de la lengua gallega en la
enseñanza».
La última cena
Nota del Editor 14 Marzo 2010
Imagínese que se ve obligado a ir a cenar con un grupo de trileros
que al final de la cena, en vez de pagar a escote o
cada uno según lo consumido, deciden,
por mayoría que pague todo uno de los comensales, siguiendo por
tanto un procedimiento totalmente "democrático", aprobado por la
mayoría,
y que el pagano resulta ser Vd. Pues la propuesta de Núñez I El
liberticida es mucho peor, pues no se trata de la última cena sino
del porvenir de sus hijos
(sus propios hijos, no los hijos de los demás).
Más de 2.000 personas se manifiestan contra
el nuevo modelo educativo
Exigen en Bilbao a la consejera Celaá que «dé marcha atrás» porque
su propuesta trilingüe supone «la desaparición del euskera»
C. BARREIRO | BILBAO. El Correo 14 Marzo 2010
Unas 2.000 personas se manifestaron ayer en Bilbao en contra del
marco educativo trilingüe «impuesto» por el Gobierno vasco, al
entender que «supone la desaparición del euskera» de las aulas. En
este sentido, los convocantes exigieron a la consejera Isabel Celaá
que «eche marcha atrás» en su propuesta y apueste por «un modelo
plurilingüe», que «garantice en primer lugar el derecho de los
estudiantes a conocer la lengua vasca». Bajo el lema 'Inposaketarik
ez. Euskal Herria bere hezkuntza' (No a la imposición. Educación
propia para Euskal Herria), los manifestantes lanzaron consignas
contra el Ejecutivo de Patxi López, al que acusaron de haber
reformado el actual sistema «sin tener en cuenta a los organismos
educativos».
«El marco trilingüe propuesto por Celaá en ningún caso va a lograr
que los estudiantes aprendan los tres idiomas. La experiencia de
todos estos años demuestra que ni el modelo A -íntegramente en
castellano- ni el B -bilingüe- euskaldunizan a los niños», lamentó
Edurne Larrañaga, miembro de la plataforma convocante, Euskal
Herriak Bere Eskola. La marcha, que partió del teatro Arriaga, contó
con el respaldo de más de una treintena de asociaciones vinculadas
al movimiento abertzale. Entre los colectivos que apoyaron la
manifestación figura el sindicato LAB, la agrupación estudiantil
Ikasle Abertzaleak, Gazte Abertzaleak -juventudes de EA- y la
asociación Bilgune Feminista, además de las numerosas personas que
se sumaron a la convocatoria a título individual, como el histórico
dirigente de la izquierda abertzale, Tasio Erkizia.
Los organizadores leyeron al final de la marcha un manifiesto en
defensa de la educación en lengua vasca en el que animaban a la
ciudadanía a «no dar pasos atrás. No admitamos las medidas que nos
quieren imponer desde la Administración para hacer desaparecer el
euskera y para destruir Euskal Herria», señalaron.
Vulneración de los derechos
Larrañaga insistió en que la apuesta por el trilingüismo debe
implicar «siempre» que la lengua vasca sea «el idioma vehicular,
para garantizar su conocimiento una vez finalizada la etapa de la
educación secundaria, tal como recoge la normativa legal». La
plataforma también denunció «las diferentes vulneraciones de
derechos» que se están dando en el ámbito educativo vasco «con el
euskera y con el término Euskal Herria». En cualquier caso,
precisaron que «no solamente queremos que sea una convocatoria
negativa, nuestro objetivo es defender que tenemos derecho a un
sistema educativo propio. Incidamos en las cosas que nos unen».
El marco trilingüe (euskera, castellano e inglés) se aplicará de
forma experimental en cuarenta colegios vascos a partir del próximo
curso. Cada lengua deberá utilizarse para impartir asignaturas
durante al menos cinco de las 25 horas semanales que se dan en 4º de
Primaria y en seis de las 30 programadas en 1º de Secundaria, los
dos cursos elegidos para implantar la experiencia. Esta
distribución, que reparte el 20% del horario lectivo a cada idioma,
otorga a los centros una importante autonomía, al disponer del 40%
del tiempo que resta para distribuirlo de la forma que consideren
conveniente para dar más peso a uno u otro idioma. Así, una de las
lenguas podría llegar a acaparar hasta el 60% de las horas de
docencia.
******************* Sección "bilingüe"
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