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El clamor
Fray Josepho Libertad Digital 18 Mayo 2010
Lo dicen en estadios, monasterios,
polígonos, comercios y plazuelas.
Lo dicen en cuarteles, en escuelas,
industrias, oficinas, cementerios...
Lo dicen en repúblicas, imperios,
metrópolis, villorrios, ciudadelas...
Lo dicen en América, en Bruselas,
por tierra, mar y en ambos hemisferios.
Lo dicen en las casas, en las calles,
en páramos, en cúspides, en valles,
en peñascales, ciénagas y playas.
Lo dicen sin parar, a voz en grito,
y yo, con mi soneto, lo repito:
Rodríguez Zapatero, ¡que te vayas!
La unidad de mercado
Juan IRANZO La Razón 18 Mayo 2010
Son numerosas las ventajas, desde el punto de vista económico, de la
descentralización territorial del poder público. El federalismo
fiscal, es decir, el reparto de las competencias y de las
responsabilidades económicas entre las diferentes escalas
territoriales de Gobierno, y los principios económicos por los que
debe regirse dicho reparto para que sea eficiente, es un campo de
estudio y debatido por la ciencia económica. No obstante, existe un
límite a la descentralización que es la preservación de la unidad de
mercado. Ésta es una materia que lleva muchos años tratándose y
aborda el posible conflicto que suscitan las relaciones entre el
Estado y las CCAA en el campo de la economía. El establecimiento de
normas heterogéneas para producir bienes y servicios similares,
genera deseconomías de escala que inciden negativamente en la
competitividad de nuestra estructura productiva, así como costes de
transacción. Se puede afirmar que este camino transita en dirección
contraria a la que inició España, tanto con su incorporación a
Europa como por su apertura al exterior.
La unidad de mercado supone un amplio mercado integrado, lo que
permite el mayor aprovechamiento de las economías de escala, la
división del trabajo y la intensidad de la competencia, lo que
conduce a menores costes de producción, a mejorar la productividad y
a mayores niveles de empleo y de bienestar.
Hace medio siglo se creó en Europa un mercado único en el que se
suprimieron las barreras que limitaban la libre circulación de
personas, mercancías y de capitales, además de armonizar las
regulaciones que producían el efecto de fragmentar el mercado, todo
ello con el objetivo de crear un mercado único, mucho más amplio que
los mercados nacionales originarios, de forma que se pudieran
materializar las ventajas derivadas de un mejor aprovechamiento de
las economías de escala, de la división del trabajo y de una
competencia incrementada. Por ello, todos los Estados con una
estructura política descentralizada se dotan de mecanismos
jurídico-constitucionales para garantizar que el uso de las
competencias atribuidas a las escalas regionales o locales de
gobierno no traspasen los límites de la unidad de mercado. Así que
la unidad de mercado es un factor clave de competitividad, sobre
todo para una economía como la española, con graves carencias
competitivas. La asunción de cada vez más competencias por parte de
los gobiernos autonómicos, y el uso de las mismas por parte de estos
gobiernos, puede hacer peligrar la unidad de mercado, situación que
no puede permitirse nuestra economía en un entorno mundial
globalizado y fuertemente competitivo.
En España contamos con muchas medidas adoptadas por las CCAA con
efectos potencialmente desintegradores sobre la unidad de mercado.
Entre ellas se encuentra la obligación de que los trabajadores
conozcan la lengua regional, lo que limita la libre circulación de
personas en un mismo territorio; diferentes normas de seguridad,
medioambientales o de composición de productos, que encarecen los
costes de los fabricantes al tener que instalar distintas líneas de
producción; diferentes interpretaciones de las normas por parte de
las instancias judiciales de cada territorio; distintas regulaciones
de los colegios profesionales y del régimen de los profesionales
liberales, entre otras muchas trabas. De esta forma, el impacto
desintegrador de la normativa autonómica incide directamente en
estos ámbitos concretos.
El origen del problema se encuentra, en gran medida, en el obsesivo
afán regulatorio de las autoridades autonómicas. La intromisión
normativa de los gobiernos autonómicos tiene un alcance que supera
con creces cualquier límite razonable. Muchas actividades económicas
se regulan hasta el más mínimo detalle, siendo ésta la causa
fundamental de la introducción, absolutamente innecesaria y
arbitraria, de requisitos y barreras inútiles cuyo único resultado
es obstaculizar la actividad económica y fragmentar el mercado
nacional, sin aportar realmente nada beneficioso a la sociedad.
De este modo, se puede considerar que una normativa autonómica rompe
la unidad de mercado cuando impide la libre circulación de
mercancías y de factores productivos, y cuando crea distorsiones a
la competencia. Hemos de destacar este problema al que los poderes
públicos no prestan la atención que merece y establecer una serie de
puntos de referencia que ayuden a centrar el debate. Es necesario
alcanzar el punto de equilibrio que garantice la consecución de las
ventajas de la descentralización territorial sin renunciar a la
unidad de mercado. Para ello, puede ser necesario instrumentar algún
mecanismo institucional que encauce el proceso, como, por ejemplo,
la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de normativas
comunitarias, semejante al principio que se aplica en el seno de la
UE con respecto a las normativas nacionales, así como la creación de
un organismo, similar al Servicio de Defensa de la Competencia, cuya
función sea vigilar la compatibilidad de las legislaciones
regionales con la unidad de mercado. Si bien, lo más rápido y
eficiente sería el reconocimiento unilateral, por parte de algunas
comunidades autónomas, de todas las normas reguladoras.
Juan IRANZO es director generaldel Instituto de Estudios Económicos
Déficit
Ajuste equivocado
Jaime de Piniés Libertad Digital 18 Mayo 2010
Las medidas de choque anunciadas por nuestro Gobierno el pasado
miércoles y que aún no han sido aprobadas por el Consejo de
Ministros, se centran en pensionistas, funcionarios y familias;
éstas últimas con la supresión del cheque bebé y la reducción en la
ayuda a la dependencia. Con ello se pretende alcanzar un ahorro de
unos 15.000 millones de euros a finales de 2011 y reforzar el plan
rector que nos llevaría a un déficit público por debajo del 3% del
PIB en el año 2013.
Lógicamente, cualquier decisión encaminada a incrementar el ahorro y
que contempla una reducción del gasto desbocado en el sector público
debe verse como un paso en la buena dirección. Pero, ¿el resto de
las medidas?, éstas han añadido una carga más al sector privado, y
en esta ocasión sobre los hombros de los segmentos de población más
débiles, lo que restará empuje a la tenue recuperación iniciada en
España en el primer trimestre del año en curso con una flojísima
tasa de crecimiento intertrimestral en el PIB del 0,1%.
Pero ahondando en las medidas adoptadas por nuestro Gobierno se
puede concluir en que éstas son claramente antisociales. La versión
oficial ha sido la de que no hay otra opción; las medidas se han
tomado ante la gravedad del momento. Es cierto, el momento es grave
y se tenían que tomar medidas de calado suficiente para contener la
falta de credibilidad de nuestro país ante unos mercados que
cuestionan abiertamente nuestra capacidad de pago; basta con seguir
el diferencial de rendimiento de nuestro bono a diez años respecto
al alemán que vuelve a estar por encima de los 100 puntos básicos. A
lo que hay que añadir la presión por parte de nuestros socios en la
Unión Monetaria Europea para obligarnos a tomar medidas drásticas.
Todo esto es cierto, pero de entre todas las medidas posibles a
tomar, las elegidas son las más antisociales y, peor aún,
equivocadas e insuficientes.
Entre las medidas escogidas por nuestro Gobierno, sólo hay un mínimo
recorte de 1.200 millones de euros en las transferencias a las
comunidades autónomas. Un recorte tan exiguo es una mayúscula
equivocación. La única partida donde se podría haber reducido el
déficit público de forma importante y sin consecuencia alguna para
el ciudadano de a pie, puesto que no tiene que implicar menoscabo
alguno hacia los servicios públicos sería la adaptación urgente de
medidas para combatir los excesos, las redundancias y las
duplicidades entre las comunidades autónomas y la administración
central. La Fundación Progreso y Democracia de la UPyD ha estimado
que este ahorro podría alcanzar unos 26.000 millones de euros
anualmente sin afectar el servicio a los ciudadanos. La
desproporción entre lo anunciado por nuestro Gobierno y sus
implicaciones hacia el ciudadano, por un lado, y las cifras de
ahorro potenciales sin pérdida alguna de logros sociales, por otro,
es una clara señal que advierte que nuestro Ejecutivo se vuelve a
equivocar con este ajuste. La eficiencia y la eficacia, Sr.
Rodríguez Zapatero, importan y ahora más que nunca.
Si profundizamos en el capítulo de las comunidades, cabe observar
que la situación puede devenir explosiva en los meses venideros
puesto que éstas están totalmente descontroladas. El control sobre
las comunidades viene definido por el Proyecto de Ley de Economía
Sostenible; ley que todavía no ha sido aún aprobada por el Congreso
y que recoge una novedad: en el supuesto de incumplimiento por parte
de las entidades locales, éstas tienen la obligación de remitir la
información relativa a la liquidación de sus presupuestos a la
Administración General del Estado. En este supuesto, se procederá a
retener, a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al
que corresponda aquella liquidación, el importe de las entregas
mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado
que le corresponda. Pues bien, diecinueve meses es un plazo infinito
para derrochar cuanto dinero se estime. Recordemos que España pasó
en dos simples años de tener un superávit en sus cuentas públicas
del 2% del PIB a un déficit del 11%. Evidentemente, con estas cifras
en mano hay que recortar los plazos de control y atar muy corto a
las comunidades autónomas por el bien de todos los españoles.
Por otro lado, el ajuste recientemente anunciado por nuestro
Gobierno se queda corto y es a todas luces insuficiente, puesto que
no da paso alguno para reforzar nuestra tasa de crecimiento en el
medio plazo. Sin una tasa de crecimiento positiva y por encima del
2,5%, ni se crea empleo ni se puede repagar la deuda pública, no
salimos de la miseria y el coste supone un esfuerzo hercúleo. Para
volver a crecer hay que profundizar en las medidas estructurales que
tanto y urgentemente necesitamos: las reformas del mercado de
trabajo, energía y educación. Sin el acompañamiento de estas medidas
estructurales, las medidas de ajuste anunciadas por nuestro Gobierno
recortarán aún más el consumo, ralentizarán el crecimiento económico
y harán más difícil que salgamos del agujero en que nos encontramos,
sin olvidar la penuria a la que ha sido condenada nuestra población
más débil.
Y Mayor Oreja vuelve a tener razón
EDITORIAL Libertad Digital 18 Mayo 2010
El pacto PSOE-PP en el País Vasco pende de un hilo sólo un año
después de haberse firmado. Un pacto que en su momento fue histórico
por necesario, que ha servido para normalizar la vida política vasca
después de 30 años de hegemonía nacionalista pero que, a pesar de
todo ello, desde Ferraz ven endeble. Eso en lo que toca a los
socialistas, principales beneficiarios de un acuerdo que abrió la
puerta de la investidura a Patxi López y que ha permitido a su
partido gobernar tranquilamente durante más de doce meses.
En la bancada popular las aguas también bajas revueltas. Los de
Basagoiti no se creen que el PSOE haya renunciado del todo a
reiniciar las negociaciones con la ETA. Lo que hace dos meses era
una simple sospecha es hoy, a decir de los populares, un hecho
corroborado por informes policiales en su poder que certifican
contactos reales entre el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y
miembros de la banda. Si esto que tanto Basagoiti como Cospedal o
Mayor Oreja tienen por seguro termina siendo cierto (y todo indica
que así es), estaríamos efectivamente ante un punto de no retorno en
el pacto vasco y en la colaboración antiterrorista entre las dos
principales fuerzas políticas españolas.
Significaría que Zapatero ha engañado dos veces seguidas a Rajoy y
que no se da por vencido en su empeño de negociar por la ETA,
poniendo para ello de rodillas al Estado de derecho y a la dignidad
de la Nación. En tierra de nadie quedaría la negativa del Gobierno a
volver sobre la senda negociadora y, sobre todo, los 12 inocentes
que la banda ha asesinado desde la ruptura unilateral de la
tregua-trampa en la Navidad de 2006. En este tema se despacha mucho
más de lo que, en su acartonada pose pacifista, Zapatero o Eguiguren
se figuran.
No nos cansaremos de repetir que con el terror ni se puede ni se
debe negociar. Es, en primera instancia, una perversión legal ya que
el Estado no está al mismo nivel que una recua de asesinos. Es, por
lo tanto, inmoral e ilegítimo que el Gobierno se embarque en una
operación de este tipo. Además, ni siquiera tiene una utilidad de
orden práctico ya que todos los intentos de "diálogo" con la ETA han
terminado del mismo modo, refortaleciendo a la banda y humillando a
la democracia.
Si el objetivo es acabar con el terrorismo, no existe otra vía que
la aplicación estricta de la ley, empezando por los ayuntamientos
donde se refugia parte del entramado etarra, pasando por la
derogación de la autorización parlamentaria para negociar con ETA y
terminando con la suspensión de todos los improcedentes beneficios
penitenciarios a los etarras. No hay otro camino, y tanto el
Gobierno como el PSOE deberían saberlo ya tras el sonrojante
escarmiento de la última mesa de negociación que, a bombo y
platillo, Zapatero abrió contra todo pronóstico poco después de
llegar al poder.
Negociación
Cuestión de confianza
Francisco José Alcaraz Libertad Digital 18 Mayo 2010
Tan sólo hay que consultar las hemerotecas de estas últimas semanas
para encontrar múltiples referencias respecto a la actual situación
económica y cómo se le reprocha al Gobierno de Zapatero que haya
reaccionado demasiado tarde para afrontar una crisis cuyos síntomas
aparecieron hace ya algunos años.
Mucho me temo que esta situación guarda paralelismos con la
negociación con ETA.
Dar un excesivo margen de confianza al actual Gobierno es una
temeridad que podemos pagar muy cara, máxime cuando tan sólo hace
unos años los mismos Zapatero y Rubalcaba mentían a la oposición, a
las víctimas del terrorismo y a todos los españoles. Argumentar que
se han detenido a terroristas para defender que este Gobierno ha
cambiado, tan sólo sirve para evidenciar que durante la legislatura
anterior se cedió ante ETA cuando se evitaron las detenciones de
terroristas. Pero es que además resultan totalmente compatibles la
negociación y la detención de terroristas, pues lo primero puede
servir para fortalecer la posición del interlocutor o para cribar a
los que no están a favor del proceso.
Al contrario de lo que se nos pretende vender desde el Gobierno, no
estamos asistiendo a una sucesión de casualidades. Recuerdo que al
salir de una de las últimas reuniones con Zapatero, mantuvimos una
conversación donde, entre otros asuntos, me comentó que muchas veces
las cosas no son lo que parecen, que la acumulación de casualidades
puede llevar a la confusión. El argumento ya me lo conozco.
Hay quienes exigen una prueba palpable de la negociación con ETA,
olvidando que en la legislatura anterior aún teníamos menos indicios
y que el mismo Gobierno negó todo contacto hasta que se hicieron
públicos.
No obstante, pese a la falta de credibilidad del Gobierno, podemos
exponer hechos constatables e irrefutables que constituyen las
pruebas de que la negociación está realizándose:
* La presencia de ANV en las instituciones.
* La vigencia de la autorización parlamentaria para negociar con
ETA.
* La ocultación de las actas del proceso de negociación.
* Las excarcelaciones sin fundamento de terroristas.
* El continuo acercamiento de lo presos de ETA a la comunidad
autónoma vasca y su entorno.
* La impunidad de la que disfruta el interlocutor Ternera y su hijo,
quienes están en búsqueda por 11 asesinatos.
* El trato sectario del partido del Gobierno hacia las víctimas que
nos opusimos y nos opondremos a la negociación con los asesinos.
* La actitud del Ministerio de Interior respecto al caso del
chivatazo a ETA.
* Las recompensas del Gobierno a quienes pudieran tener una relación
directa o indirecta con el caso Faisán.
* Las declaraciones de Rubalcaba intentando vendernos la existencia
de dos ETA.
En la medida en que la rebelión cívica ha sido desactivada por el
Gobierno y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, debemos estar
preparados para hacer frente a los pasos que el Gobierno y ETA
tendrán que dar, pues el tiempo se les agota. Cuando reaccionemos
podría ser demasiado tarde.
Si la rebelión cívica tiene que hacer frente al proceso de
negociación con asesinos y tenemos que salir a reclamar "Memoria,
Dignidad y Justicia", la plataforma Voces Contra el Terrorismo y la
asociación de víctimas Verde Esperanza convocarán a los españoles de
bien para dar una repuesta contundente al Gobierno, manifestándole a
través del clamor popular lo que en su día ya le dijimos y que fue
sencillamente: "En mi nombre, no".
Francisco José Alcaraz Martos es víctima del terrorismo.
Negociación
El deber de desconfiar
Guillermo Dupuy Libertad Digital 18 Mayo 2010
No pidieron perdón, ni siquiera reconocieron como error la infamia
cometida. Sin embargo, tratan como a insidiosos a quienes dudan de
su supuesto propósito de enmienda. Así podríamos resumir y valorar
los rotundos desmentidos que, tanto el ministro del Interior como el
Gobierno vasco, han hecho este lunes de las informaciones que
aseguran que ETA tiene abierta una vía de diálogo con el PSE.
Rubalcaba ha llegado incluso a leer una pequeña parte de un
documento incautado a la banda en el que un etarra manifestaba
literalmente el pasado verano que "no es que el PSOE no quiera la
negociación –que no la quiere–, es que somos nosotros los que no la
queremos con un representante del Estado así". Ni que decir tiene
que Rubalcaba no ha explicado a qué supuesta "negociación" se
refería la tan increíble como falsa negativa etarra: ¿a una
negociación "limitada" a la impunidad de los presos? ¿A una que
incluyera también un "avance" secesionista a través de una "reforma"
del Estatuto de Guernica que sorteara los obstáculos
constitucionales? ¿A una que incluyera también a Navarra?
Negar, sin más, que ETA quiera obligar a un gobierno español a
sentarse a negociar es tanto como cuestionar la naturaleza
terrorista de la banda. Los terroristas no matan por matar. Matan
como medio para alcanzar una negociación en la que puedan forzar al
gobierno a que les conceda determinadas exigencias. Ojalá fuese
cierto que la actual estrategia del Gobierno de Zapatero es, tal y
como ha dicho ahora Rubalcaba, convencer a los terroristas de que
nunca jamás va a volver a haber un proceso de diálogo con ellos. Los
etarras hace años que habrían dejado de matar si los gobiernos
españoles, en lugar de dialogar con ellos, les hubieran convencido
de palabra y obra, tal y como han hecho los gobiernos franceses, de
que no tienen nada, absolutamente nada, de qué hablar con
terroristas prófugos de la justicia, incluyendo la solemne memez esa
de la "entrega de las armas" con la que encubren su oferta de
impunidad.
A lo que no puede aspirar el Gobierno más felón de nuestra historia
democrática, y el único que ha llegado a adquirir compromisos
políticos con la banda terrorista a cambio de una tregua, es a que
los ciudadanos y los etarras nos creamos esa novedosa y acertada
estrategia antiterrorista cuando Rubalcaba la acompaña, además, de
una clamorosa mentira como que los terroristas ya no buscan una
negociación.
En cuanto al gobierno de Zapatero, por cierta e irreversible que
fuera esta nueva política antiterrorista destinada a que ETA pierda
toda esperanza, ¿cómo se atreve Rubalcaba a tratar como insidiosos a
nadie cuando sigue formalmente vigente una resolución parlamentaria
que, tal y como hacía el funesto Pacto de Ajuria Enea, contempla un
"final dialogado de la violencia"? ¿Cómo se atreve, cuando él mismo
en alguna otra ocasión se ha referido a la actual lucha policial y
judicial contra ETA, no como algo irreversible, sino como una "fase
de confrontación"? ¿Cómo se atreve cuando hace dos meses él mismo
dijo que, tras el fin de la violencia para "erradicarla
completamente" será necesario un "ajuste político"?
En cuanto al Gobierno vasco, tampoco voy a recordar lo qué decía
Patxi López en los tiempos en los que "helaba la sangre" a la madre
del asesinado Pagazaurtundua. Me refiero a la también preocupante
"paz con generosidad" de la que nos volvió a hablar en su discurso
de investidura como lehendakari. Me refiero también a sus
declaraciones a la Ser del día posterior a su investidura, en las
que, ante una nueva posibilidad futura de diálogo, aseguró que "la
paz es el objetivo, y si tengo que arriesgar, arriesgaré".
No faltan en la hemeroteca declaraciones en este sentido, y que
dejan en evidencia que los socialistas no han repudiado el paradigma
del final dialogado de la violencia, como para que sea injustificada
cualquier reserva ante su supuesto propósito de enmienda. Tampoco
tiene valor probatorio alguno –tal y como sí pretende hacernos creer
el comunicado del Gobierno vasco– "el hecho de que el Estado de
derecho mantiene sin aflojar la lucha contra el terrorismo en todos
los ámbitos". Este hecho no refuta en modo alguno la tesis de Mayor
Oreja de que pueden haber negociaciones soterradas y paralelas a esa
actuación del Estado de derecho y, sobre todo, no es demostrativo de
que en el futuro esa lucha no pueda volverse a aflojar, tal y como
de hecho ya ha ocurrido en el pasado.
Ojalá sea cierto que nuestros gobernantes no han vuelto ni pretenden
volver nunca a las andadas. Pero todos los ciudadanos tenemos tanto
el derecho como el deber de vigilancia para que nuestras elites
mediáticas y políticas –no digamos ya la que representan personas
como López o Rubalcaba– no vuelvan a dar esperanzas a una banda que
mata con el objetivo de negociar. Aunque la infamia de Zapatero
merezca capítulo aparte, no olvidemos que todavía está por llegar un
gobierno que no encuentre motivo alguno para dialogar con los
terroristas.
Los peligros de la Misiva
Iñaki EZKERRA La Razón 18 Mayo 2010
Sin duda, es una buena noticia el hecho de que ocho de los presos
más sanguinarios de ETA hablen en una carta de «reconocimiento y
reparación de los daños causados». No valorar ese inédito paso sería
una reacción tan estúpida como su sobrevaloración. Y es que a ETA
hay que temerla tanto cuando pone bombas como cuando le da por el
género epistolar y por atentar contra la literatura. Como hay que
temer a algunos de los «nuestros» a los que les entra como un
«síndrome de gratitud» en cuanto los asesinos se dignan a
perdonarnos la vida. Los peligros de la carta de los disidentes de
ETA son volver a hablar de «hombres de paz» y humillar a las
víctimas como se las humilló durante la negociación. Los peligros
son el recochineo judicial del terrorista enmadrado Díaz Usabiaga o
el pasaporte de Interior para dejarles presentarse a las
municipales, lo que haría inviable el pacto López-Basagoiti en el
País Vasco. El gran peligro es que en vez de moverse ETA nos
empecemos a mover nosotros y que empiecen los de siempre a usar esa
expresión tan idiota de «la pelota está ahora en el tejado del
Gobierno». Preparémonos para esa gran ofensiva «alegórica» de la
pelota y el tejado. No sólo a ETA se le da mal la literatura.
SOBRE EL "SENADO DE BABEL"
Juan Van Halen: "Es un caso de nacionalismo
desaforado y absurdo"
El senador popular Juan Van Halen, que defendió ante el pleno de la
Cámara Alta la no admisión a trámite de la polémica reforma para que
se puedan usar las lenguas cooficiales, habla en conversación con LD
de las razones para oponerse y critica con dureza la actitud del
PSOE y de Leire Pajín.
C.Jordá Libertad Digital 18 Mayo 2010
Juan Van Halen critica severamente la iniciativa que ha superado el
primer escalón del trámite parlamentario en el Senado, la admisión a
trámite, y que para él tiene casi a partes iguales una gran gravedad
política y un componente ridículo: "En una cámara en la que todo el
mundo habla el mismo idioma habría traductores y, cuando al terminar
las sesiones salgamos a tomar una copa, por ejemplo Iñaki
Anasagasti, Miquel Bofill y yo mismo, hablaremos en español, que es
como nos entendemos todos".
Aunque se muestra convencido de que "al final no saldrá", para el
senador popular está muy claro que la iniciativa ha superado este
primer filtro por la situación de extrema debilidad del Gobierno y
el PSOE: "El Grupo Socialista representa a un Ejecutivo débil y el
propio partido está contra las cuerdas por el PSC y por Montilla.
Como esto se ha unido al tema del estatuto y el constitucional, no
se han atrevido a decir que no a la tramitación".
Sin embargo, Van Halen cree que en el trámite parlamentario "irán
bajando el listón", ya que en su opinión el PSOE es consciente de
que, pese a que en el corto plazo quizá obtenga algún rédito, a más
largo puede salirle caro por "la sensación absoluta de ridículo" que
se ha extendido en la opinión pública.
Comparaciones que son odiosas
El popular es muy crítico con las comparaciones que manejan los
nacionalistas y que ha asumido el PSOE: "Me sacan como ejemplo el
caso belga pero no vale porque allí no tienen una lengua común, la
constitución belga no la cita porque no la hay, ¡ya querrían los
belgas!". En situación similar están otros parlamentos de países en
los que se hablan varios idiomas como el suizo o el canadiense, que
"tampoco tienen una lengua común como en España, donde sí hay una
que sabemos todos y que la Constitución dice que tenemos el derecho
de hablar y el deber de conocer".
Las frases más duras las dedica Van Halen a su colega socialista
Leire Pajín, "se nota mucho la gente que tiene principios y
cualificación cultural y la que no tiene ni una cosa ni la otra",
nos dice el popular, que cree que "es comprensible que los
nacionalistas se aprovechen de la debilidad del Gobierno", pero no
es tanto que la número tres del partido en el poder "pueda dar por
buenos argumentos falsos cómo que esto se compare con el Parlamento
Europeo".
Además, Van Halen critica que la socialista diga que este Senado
multilingüe "sea la normalidad democrática, pero la normalidad
democrática es la que está en la Constitución y allí no dice que
España sea un país plurilingüe". "Algunas comunidades son bilingües,
pero España tiene una lengua común que todos los españoles tienen el
deber de saber", aclara.
Por último, el popular recuerda que Pajín "venía de un acto en el
que había dicho que los dirigentes del PP nos habíamos ‘desdecido’,
así que más le valdría que se interesase un poco por la lengua
común, que por cierto también se habla en Benidorm".
El dinero no es lo más importante
Van Halen aclara que en su crítica a la medida lo más importante no
es el coste que puede suponer, aunque como dijo en la sesión del
senado "a algunos españoles les interesará por el momento económico
que estamos viviendo". Pero el verdadero problema "es que esto se
hace con toda la intención de ir dando pasos en la dirección de un
nacionalismo completamente desaforado y absurdo".
No obstante, el popular sí critica el gasto, obviamente, y además
denuncia "que Entesa ha dado cifras a boleo" y considera todavía más
grave lo que han apuntado algunos en el sentido "de que no va a
suponer un gasto extra porque se puede reordenar el gasto del
Senado, ¿me quiere usted decir, que hemos aprobado un presupuesto
con más gasto del necesario?" exclama antes de sugerir al Presidente
del Senado que "exija que se aclare esto".
La reforma pendiente
Van Halen también critica que desde ámbitos nacionalistas se recurra
al apartado del Artículo 3 de la Constitución en el que se dice que
las distintas lenguas de nuestro país deben respetarse y protegerse;
pero el popular se pregunta "¿Por qué identificamos esta protección
con usarlas con en una cámara parlamentaria?".
Otra excusa que nuestro interlocutor califica de "pintoresca" es que
se defienda el uso de varias lenguas porque el Senado sea una cámara
territorial, "algo de lo que efectivamente se habla en la
Constitución pero que en absoluto está desarrollado". Van Halen
explica que, efectivamente, hay 56 senadores nombrados por los
parlamentos de las comunidades autónomas, "pero en el momento que
llegan aquí y prometen o juran como senadores ya no representan a
sus territorios sino que son igual que el resto de senadores".
En este sentido, y a la espera de esa reforma que lleva varias
legislaturas pendiente, "lo único que le faltaba al Senado es esto"
señala el senador popular, que recuerda que "mucha gente se pregunta
para qué sirve" una institución que en las pocas ocasiones en la que
se ha asomado a la opinión pública ha sido "un día por la piscina,
otro por nosequé y ahora por esto".
En resumen, Van Halen cree que "es hacerle un flaco favor a una
institución que necesita una reforma completa" pero en lugar de
abordarla "lo único que se nos ocurre para fortalecer y ampliar su
carácter de cámara de los territorios lo son estas cosas".
El castellano se convierte en el tercer
idioma más utilizado en Internet
El inglés continúa siendo la lengua predominante con un 28 % de los
usuarios, seguido del chino con un 23 % y el español que consigue un
8%
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 18 Mayo 2010
Madrid.- 140 millones de usuarios utilizan el español en Internet,
una cifra que le sirve a España para situarse en el tercer lugar en
cuanto a idiomas más usados en la red. Es lo que revela el informe
’Internet en España y en el mundo’ de la consultora Tatum.
España ocupa el décimo cuarto puesto en el ranking mundial en número
de usuarios en Internet y el número 20 en cuanto a penetración, con
un 72 %, experimentando un crecimiento del 440 % desde el año 2000.
Respecto al idioma, aunque el inglés continúa siendo el predominante
(un 28 % de los internautas utiliza ese idioma), seguido del chino
(23 %), España se sitúa en tercer puesto con un 8 % de los
internautas mundiales.
Las redes sociales pasan a formar parte de este informe por primera
vez. La más visitada por los españoles son Facebook, que supera los
7,9 millones de usuarios, Tuenti, con 7 millones, y Twitter, que
tiene a España como su tercera fuente de usuarios.
El estudio destaca que España se ha colocado como el séptimo país
del mundo en el uso de redes sociales. Un 80 % de internautas
pertenecen ya a alguna y un 60% la consulta todos los días.
Reclaman la inconstitucionalidad de la Ley
de Acogida que impone el catalán
Impulso Ciudadano se presenta ante el Defensor del Pueblo para
realizar la petición
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 18 Mayo 2010
Barcelona.- La Asociación Impulso Ciudadano que preside el diputado
del Grupo Mixto en el Parlamento de Cataluña, José Domingo, presenta
una solicitud al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de
inconstitucionalidad contra el proyecto de Ley 10/2010, de 7 de
mayo, de acogida de los inmigrantes en Cataluña.
Previamente, a la presentación del recurso de inconstitucionalidad,
el presidente de Impulso Ciudadano y el vicepresidente, Carlos
Silva, han sido recibidos por el Defensor del Pueblo, a quien le han
explicado personalmente sus razones.
Según José Domingo, esta norma con la que el catalán se convierte en
la lengua común de recepción de inmigrantes en todo el territorio,
"olvida que la sociedad de integración de los extranjeros inmigrados
es la española". Considera que priorizar la enseñanza del catalán
sobre el castellano puede ir en contra de sus intereses.
Por ello, José Domingo ha sostenido ante el Defensor que esta ley es
contraria a los artículos 3.1 que declara al castellano como lengua
oficial de España, al artículo 14 que regula el principio de
igualdad, "por considerar desproporcionado priorizar en el tiempo la
enseñanza del catalán sobre el castellano" y el artículo 19 de la
Constitución que garantiza la movilidad de todos los ciudadanos por
el territorio nacional.
En última instancia ha lamentado que la norma no sea, en realidad,
una ley destinada a favorecer el proceso de los extranjeros
inmigrantes en España, sino que "pretende reforzar la identidad
nacional catalana".
Con los argumentos encima de la mesa, el Defensor del Pueblo se ha
mostrado "muy interesado" por las razones expuestas por José Domingo
y ha expresado su compromiso de solicitar dictámenes y estudios
sobre la constitucionalidad de la Ley de Acogida.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
El Senado se divierte
Javier G. FERRARI La Razón 18 Mayo 2010
Los socialistas, con Leire Pajín a la cabeza, van a convertir el
Senado en una Torre de Babel. La llamada Cámara Alta se va a
divertir mucho cuando el próximo día 24 el «Molt Honorable President
de la Generalitat de Catalunya», el cordobés de nacimiento José
Montilla, acuda a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y
hable, no en su lengua materna, sino en la de adopción. Siete
traductores, siete, de la muy apreciada «ganadería» de los
traductores simultáneos se sentarán en el palacio de la plaza de la
Marina española de Madrid para que la voz en catalán de don José
llegue a los oídos de sus señorías en castellano, euskera, gallego y
valenciano. Con un par.
Según la agencia oficial de noticias EFE la broma va a salir por
6.500 euros, algo así como una pensión de viudedad de las que van a
ser congeladas, que no reducidas, como tan brillantemente explicó en
ese programa televisivo ejemplo de modernidad, ponderación y rigor,
llamado «La Noria», el número dos del PSOE y ministro de Fomento,
José Blanco. Y luego se extrañan de que las dos últimas encuestas,
la de Antena 3 y Onda Cero del viernes y la de El País del domingo,
le concedan una intención de voto al PP entre los 12 y los 9 puntos
por encima de los socialistas.
Poco me parece con la que esta cayendo y las frivolidades que los
afectados por los recortes, que al final seremos todos los
ciudadanos, vía los impuestos indirectos como el IVA, o directos
como el IRPF, observamos como esta solemne majadería de introducir
las distintas lenguas del Estado para satisfacer el capricho de los
nacionalistas y asimilados, como los sociatas catalanes. No se puede
pedir «sangre, sudor y lágrimas» mientras unos señores que todavía
no han decidido lo que quieren ser de mayores pero, eso sí, cobrando
todos los meses y con un puesto fijo por lo menos para cuatro años,
permiten que se tire el dinero de una manera tan inconcebible como
la de los traductores.
En más de treinta años ningún gobierno, ninguna mayoría
parlamentaria, ha tenido los arrestos suficientes para acometer la
reforma del Senado de la que se lleva hablando decenios. Al final es
un buen sitio para colocar a aquellos que se quedan colgados de la
brocha en esa maquinaria insaciable que son los partidos políticos
en España. Hace bien el PP en señalar a estos-empezando por el suyo-
y a los sindicatos como dos colectivos en los que las arcas públicas
podrían ahorrar un buen dinero. Otra cosa es que lo haga cuando
llegue al poder, cosa que parece no estar lejos aunque si yo fuera
él no me fiaría un pelo.
Aquí las únicas certezas es que el Barça es campeón de Liga y el
Atlético de Madrid de la Copa de la UEFA, y haría muy mal el líder
de la derecha si vendiera la piel del oso antes de cazarlo, y para
eso quedan sobre el papel casi dos años y ZP ha demostrado más de
una vez que como prestidigitador no tiene precio. Pero lo que sí lo
tiene es la mamarrachada de la confusión de lenguas en el Senado.
Alguno dirá que se trata del chocolate del loro, pero les aseguro
que no hay nada más aterrador que una bandada de loros –y en España
hay más que en los trópicos– lanzándose como locos a por el
escasísimo chocolate va quedando en los bolsillos de los ciudadanos.
ETA mueve ficha cuando más conviene al PSOE
y a Zapatero
Pascual Tamburri Semanal Digital 18 Mayo 2010
La carta de los asesinos etarras y los movimientos en el mundillo
nacionalista son una buena noticia para ZP: empezó con un "proceso
de paz" y quiere otro.
Los hechos son tozudos. A veces, para no dejarse engañar por las
ilusiones de unos y por la propaganda de otros, conviene limitarse a
los hechos. El riesgo, por supuesto, es que a uno le llamen
aguafiestas y todas esas cosas que suelen llamar a Jaime Mayor
Oreja. Pero, por más que me moleste reconocerlo tratándose de un
democristiano, Mayor suele tener razón y sus críticos suelen
equivocarse (en el mejor de los casos) o mentir interesadamente (en
el peor). Lo que pasa es que esas cosas no se ven cuando se piensa a
corto plazo. Que es como siempre le ha convenido a ETA que pensemos
los demás.
Uno. José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo creyeron desde el
principio posible y deseable un "proceso de paz" con ETA. Sabían que
los terroristas quieren un precio político a cambio de su "paz",
pero ellos creyeron poderlo dar. Se creyeron en definitiva más
fuertes que Felipe González y que José María Aznar, o con más suerte
que Adolfo Suárez y su amnistía. Tal vez no fuese sólo orgullo:
creían poder hacer concesiones que otros no habían hecho, pues no
tenían las ataduras o las convicciones nacionales o democráticas que
de un modo u otro otros habían tenido.
Dos. El análisis zapaterista original era sencillo y no carecía de
base. La situación de bonanza económica no se entendía del todo pero
se asumía como eterna y gratuita; la derrota del PP, fruto combinado
del 11-M, de su acorralamiento en los medios, de su división y de la
crisis de Irak, los dejaba casi sin enemigo; acabar con ETA podía
convertir en régimen la victoria electoral de 2004. Si no fue así se
debió a dos razones: la prisa de la banda, explicable por razones
internas pero incompatible con el control de Zapatero sobre España,
y la resistencia inesperada de la derecha social española, que se
reinventó a sí misma. La T4 suspendió el proyecto, pero desde el
punto de vista de ZP se trató de un mero aplazamiento.
Tres. Una carta firmada por Joseba Urrusolo Sistiaga, Carmen
Gisasola, Kepa Pikabea, Andoni Alza, Rafa Caride, Koldo Carrasco,
Fernando de Luis Astarloa y Josu García no sale de la nada. Cierto,
son asesinos que no pertenecen a la disciplina formal de la banda.
Pero por alguna parte hay que empezar. La izquierda abertzale, que
no es modesta, adopta expresamente modelos como el irlandés o el
sudafricano, o mejor dicho lo que de ellos le gusta porque yo aún no
he visto a un Ian Paisley presidiendo las Vascongadas, lo que por
cierto no sería mal comienzo. La mención a las víctimas implica, eso
sí, que desde el mundo abertzale se asume por fin que ir de malos y
de duros es poco rentable en un siglo XXI hecho de blanduras. El
núcleo de la cosa es sin embargo el mismo de siempre: un grupo de
criminales pide una recompensa del único Estado legítimo y soberano
a cambio de haber matado o de dejar de hacerlo.
Cuatro. Los presos de ETA y de Batasuna se están moviendo de manera,
digamos, sospechosa. Arnaldo Otegi, sin razón creíble, fue llevado a
Martutene. Baltasar Garzón –ese héroe de la paz y de la libertad,
ahora- decidió la puesta en libertad provisional de Díez Usabiaga el
pasado 26 de abril. Hay, desde el poder socialista, un interés en
que ETA termine en esta legislatura, lo que se convertiría en una
baza electoral no desdeñable ya que, por lo demás, "brotes verdes"
ni hay ni se esperan. A ese mismo contexto se vincula la aparición
(otra vez) de los llamados "mediadores internacionales", como si una
nación libre tuviese necesidad de horteras importados para acabar
con un grupo de criminales y sus poyos políticos.
Cinco. La clave para saber qué velocidad esperan llevar unos y otros
está en las elecciones de 2011. ETA querrá seguir estando presente
en las instituciones, y lo va a pedir al PSOE como concesión no
negociable. La división de las siglas nacionalistas y la conversión
de Eusko Alkartasuna darán a los batasunos muchas oportunidades de
ponerle fácil a Zapatero la concesión. Con ésta, además, el PSOE
demostrará su voluntad de "acabar con ETA", en efecto, "en esta
legislatura", pero de hacerlo "dialogando" con los criminales. Es
decir, que en el camino a las elecciones las dos partes van a
demostrarse su voluntad y su capacidad de llegar, esta vez sí, hasta
el final.
Seis. Los abertzales no forman una única opción política. Incluso en
Navarra, donde en 2007 triunfaron con Nafarroa Bai, los intereses de
partido prevalecen. Pero no se trata de una verdadera división de
fondo. Las metas siguen siendo comunes, y lo que falta es una
coincidencia política inmediata. No obstante, la unidad de todos
existe los asuntos que consideran esenciales (véase la manifestación
del sábado 15 convocada por Kontseilua en Pamplona sobre el euskera
para pedir nada menos que "la obligación de su conocimiento para
alcanzar su universalización"). Si Zapatero abre la puerta a un
cambio político y demuestra su capacidad de mantenerla efectivamente
abierta, no lo dudemos: ayudarán a Zapatero.
¿Qué hacer? En 2004 y 2005 podía haber dudas. Hoy no las hay: los
abertzales pueden ser detenidos y la negociación de Zapatero
impedida o truncada desde la calle. La movilización anterior,
recordemos, no fue de los partidos, que acudieron a remolque de su
propia gente. Fueron medios de comunicación independientes,
organizaciones ciudadanas libres y gente normal quienes dieron el
paso. Ahora irán a por ellos antes de avanzar, porque no quieren
otra interrupción; pero también es seguro que lo que debe hacerse es
dar la batalla en el mismo punto.
El fracaso de los ultramontanos de la
lengua
ALFREDO AYCART ABC Galicia 18 Mayo 2010
Entre los algo menos de 15.000 personas que se manifestaron ayer en
Compostela -muy lejos de esos cien mil que en un alarde de
triunfalismo autocomplaciente se inventaron los organizadores de la
marcha- los había que defendían sinceramente la pervivencia del
gallego, en convivencia pacífica con el español que une a más de 300
millones de hablantes en todo el mundo. Lamentablemente, no era ese
el propósito de los convocantes, esa Mesa para la Normalización
Lingüística que tiene que crear nuevas agrupaciones tapadera para
ocultar la vergüenza de sus injustificadas millonarias subvenciones
durante el bipartito.
Como es bien conocido la Plataforma que dirigen Carlos Callón y sus
bien pagados compañeros de checa tiene un objetivo bien distinto: el
de convertir la lengua en arma para la confrontación política, en un
instrumento de dominio sobre una ciudadanía desprotegida. Su
oposición al decreto diseñado por el Gobierno de Alberto Núñez
Feijóo encubre, en realidad, la apuesta por la imposición del
gallego y la eliminación del español desde la infancia sobre todo
desde la infancia en un triste remedo de los más represivos
comportamientos dictatoriales.
Pese a las insuficiencias del decreto, que las tiene, y algunas de
grueso calibre, la norma que impulsa la Consellería de Educación de
la Xunta, se limita a recuperar un sistema de coexistencia de las
dos lenguas oficiales de la Comunidad erosionado por las posiciones
ultramontanas de los ayatolás del idioma, una elitista clase
cultural integrada en torno a la Mesa y el BNG, más preocupados por
el mantenimiento de prebendas y emolumentos que por elevar el nivel
cultural de sus conciudadanos. No hubo ayer quema de banderas de
España en la marcha por las calles de Santiago, pero sí pancartas
reclamando el uso de la fuerza -metralletas incluidas- para imponer
el gallego, que no fueron retiradas al paso de los manifestantes,
entre los que figuraba la plana mayor del PSOE gallego, esta vez sin
el añadido de ministros, quizás para evitar el efecto negativo de la
presencia de los más íntimos colaboradores de José Luis Rodríguez
Zapatero para muchos de los participantes damnificados por el
recorte salarial.
Afortunadamente para una Comunidad que no tuvo problemas con la
coexistencia de los dos idiomas hasta la llegada del bipartito, el
movimiento por la imposición demostró ayer una notable pérdida de
fuelle, más evidente si se comparan los 15.000 manifestantes con el
elevado número de entidades que se habían sumado a la marcha: hasta
500 agrupaciones, organizaciones, plataformas y asociaciones de tan
altisonantes nombres como reducida capacidad de convocatoria.El
fracaso de los talibanes de la lengua es una buena noticia para la
convivencia.
Pacto sobre el gallego: Feijóo se la juega
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 18 Mayo 2010
Mientras una multitud exigía en Compostela, una vez más, la retirada
inmediata del futuro decreto del gallego en la enseñanza, el
presidente de la Xunta aprovechaba un acto de homenaje a Uxío
Novoneyra en O Courel para plantear un gran pacto sobre la lengua.
Para muchos es una reacción de puro oportunismo, que intenta atenuar
el eco mediático de la gran movilización ciudadana o incluso los
mensajes institucionales de la Real Academia en el Día das Letras.
Otros, seguramente los menos, confían en que se trate de un último
intento por evitar que la guerra lingüística se enquiste y se
convierta en un conflicto crónico en Galicia, como el que para su
desgracia padecen otras comunidades.
Aunque apenas la esbozó, se puede intuir hacia adonde apunta la
propuesta de Feijóo. Y sin ser ni de lejos tan ambiciosa como
desearía el galleguismo cultural y político, ni atender siquiera a
las inquietudes de un cierto sector de su propio partido -el que
añora los tiempos del primer fraguismo y del cuiñismo-, la
invitación presidencial parece recoger guantes lanzados por gentes
muy razonables del ámbito socialista y hasta del sector quintanista
del Bloque. El modelo propuesto por el presidente de la Xunta se
basaría en una verdadera cooficialidad de gallego y castellano, en
la consideración de lengua gallega como la propia de Galicia, en un
compromiso de seguir impulsando su conocimiento y su uso y en la
garantía de que no habrá discriminación alguna por razón de idioma.
Se entiende que esos planteamientos generales habrían de
sustanciarse en medidas concretas, a consensuar entre quienes estén
dispuestos a hacerlas suyas y a garantizar su continuidad a salvo de
los vaivenes políticos de San Caetano.
Don Alberto tiene la legitimidad de la mayoría absoluta para cambiar
las reglas del juego idiomáticas, siempre que respete el marco legal
de la Constitución y el Estatuto (porque todo lo demás es
revisable). Había contraído un claro compromiso electoral de echar
el freno a la inmersión lingüística iniciada con el decreto del
bipartito y lo hará. Sin embargo, está dispuesto a hacer oídos
sordos a los que, aquí y sobre todo en Madrid, le exigen que cumpla
estrictamente lo prometido y acabe con la discriminación positiva
del gallego frente al castellano y de ese modo marque el camino que
han de desandar también otras autonomías, donde la potenciación de
las lenguas propias habría ido demasiado lejos.
Así las cosas, la predisposición de Feijóo a jugarse una parte de su
crédito político cediendo aún más -y no poco reculó ya- en sus
postulados iniciales sobre el decreto del gallego en la escuela
debería ser interpretada por el Bloque, el Pesedegá y compañía como
algo más que un gesto para la galería. Sería bueno que, en lugar de
repetir consignas y descalificaciones, recogieran el guante y
pusieran a prueba la sinceridad de Don Alberto, pero asumiendo ellos
también que hay espacio para el diálogo.
En su momento no lo estuvo, pero puede que el presidente esté ahora
por la labor de que el Parlamento sirva de marco al intento de un
gran acuerdo sobre un asunto, como el idioma, de los de país.
Después del pacto por la fusión de las cajas, que ese sí que era un
pastel, el horno parece estar para este tipo de bollos. Será cosa de
que cada cual ponga de su parte lo que tenga que poner. Si de verdad
se comparten los ingredientes esenciales, algo tenemos avanzado. A
partir de ahí habrá que encontrar las dosis adecuadas que den un
resultado al gusto, si no de todos, de la gran mayoría. Y hemos de
tomarlo con paciencia, puesto que tardaremos formular la ansiada
receta, la fórmula magistral que mantenga vivo el gallego sin
imponerlo.
fernandomacias@terra.es
El idioma gallego al paredón
SEGUNDO PARDO-CIORRAGA DE SANTOS La Opinión 18 Mayo 2010
¡Ai! desperta adourada Galicia
dese soño en que estas debruzada
.................................................
Eu soñei ver na cume do Pindo
adornados de mirto e loureiros,
escritores, poetas, guerreiros,
qu
..............................................
(A Galicia: Francisco Añón)
Qué necesita el Gobierno gallego para enterarse de que están
literalmente fusilando, mejor paseando, la máxima expresión cultural
de un pueblo que no es otra que su idioma? ¿Qué necesita Feijóo, su
Conselleiro de "cultura", el inefable desván, Roberto Varela Fariña
y el afamado galeguista y secretario xeral de Política Lingüística,
Anxo Lorenzo?¿De qué sirve que las encuestas públicas se pronuncien
masivamente en contra de ese decretillo hecho con mala fe,
antigalego, que manipula y provoca un enfrentamiento en donde nunca
lo hubo y que ha sido propiciado desde el radicalismo castellanófobo
de cuatro señoritos que agrupados en una organización minoritaria,
han presionado y contado con el apoyo del PP para intentar ahorcar
nuestra legua vernácula aprovechándose de actitudes irreflexivas de
los jóvenes de la Mesa pola Normalización Lingüística, sacadas de
contexto, para arañar un puñado de votos procedentes del fanatismo y
fundamentalismo castellano de Galicia Bilingüe?
Recordarle a mister Desván que deje de cometer desmanes, se tome
unos días de descanso, con todo su equipo, en un saludable centro de
reposo, recostado en un cómodo diván y recomendarle una lectura
tranquila de la resolución del Consello Consultivo sería lo
procedente, si bien, totalmente inútil, habida cuenta el propio
Ejecutivo gallego ignora olímpicamente y hace caso omiso de tal
dictamen en donde se advierte que la encuesta, consulta a los padres
para que estos decidan el idioma en que quieren escolarizar a sus
hijos "resulta contraria al ordenamiento jurídico", vulnera e
incumple el derecho fundamental de la Educación según lo dispuesto
en los Art. 3.1), 2), 3), el 10. 1),2) y el 27.2),3),5) de la
Constitución, también el Art. 13 de la Ley de Normalización
Lingüística de Galicia, el 8 de la Carta Europea de Lenguas
Regionales y Minoritarias, la Ley Orgánica de Educación (LOE) y
nuestro Estatuto. No son los progenitores quienes tienen el derecho
a elegir los idiomas troncales, puesto que ello supondría "la
atribución a las familias de una capacidad decisoria en el campo de
la programación educativa que no les corresponde". Ni tal cosa
ocurre en ningún estado democrático.
Podríamos seguir desgranando el informe del Consultivo, podríamos
hacer más referencias a la vulneración de los derechos fundamentales
de la educación y del incumplimiento continuo y constante de las
normas, leyes y decretos que fueron aprobados para proteger y
fomentar el conocimiento y uso del idioma gallego sin menoscabo del
castellano y otras lenguas, pero estos cultérrimos personajes
xunteiros lo que mejor practican es el desacato a las normas
establecidas. Son capaces, por un puñado de votos de enfrentar a
todo un pueblo y ante tal atraco solo cabe, como dice Añón en su
canto a Galicia, darnos la mano y al amparo de la legalidad, puesta
de relieve por el Consello Consultivo, procede acudir al
Constitucional en defensa de nuestros derechos e identidad como
pueblo soberano.
El gallego y el queso de cabra
Nota del Editor 18 Mayo 2010
Hay personas a las que no les gusta el queso de cabra (excelentes
todos), pero nadie se empeña en que se gasten
su dinero y compren lo que no les gusta, y todos tan contentos.
Hay desalmados que están empeñados en inocular el gallego a personas
(desgraciadamente aún niños, sin experiencia para defenderse) que no
tienen
interés alguno en ello, en contra de su idioma materno, en contra de
sus derechos humanos y constitucionales,
y mucha gente mirando para otro lado, el infanticidio lingüístico no
es su problema.
Hay desalmados que dicen Galicia sólo para los gallegos y pocos se
levantan denunciando su xenofobia
y su pretensión de
aprovecharse de la situación a costa
de los demás. Miserable gentuza en lengua regional inventada.
Padres (y patrones) de la patria
JOSE MANUEL PONTE La Opinión 18 Mayo 2010
Pasó, el Día das Letras Galegas, jornada festiva que, al caer en
lunes, permitió prolongar el fin de semana. Hubo una manifestación
en Santiago en defensa del idioma gallego (que cada vez pierde más
hablantes en beneficio del castellano); un acto académico en
homenaje al poeta lucense Uxío Novoneyra en la serranía del Courel;
y las habituales páginas de cortesía con la lengua propia en los
periódicos. La manifestación contra la política lingüística del
actual Gobierno de la Xunta de Galicia no fue bien vista por su
presidente, señor Feijóo, que sigue empeñado en crear problemas
donde no los hay.
En la calle, y en las aulas, nunca existió conflicto para la
pacífica convivencia entre el gallego y el castellano. Ni durante el
largo mandato de Fraga, ni durante los cuatro años de Touriño.
Cualquiera que se dedique a la enseñanza lo sabe. Otra cosa es la
percepción del problema en las excitadas tertulias radiofónicas de
Madrid adonde el presidente gallego acude con cierta asiduidad a
promocionar su imagen de político de futuro para la derecha
española.
El enfado gubernamental fue perceptible en los días previos a la
celebración. El conselleiro de la Presidencia, señor Rueda, dijo que
los convocantes de la manifestación de Santiago reivindicaban "una
dictadura que se basaba en que los políticos decidiesen en qué
lengua se tenían que expresar los ciudadanos". Fuera del hecho
evidente de que el señor Rueda también es un político, y por tanto
forma parte de esa elite que decide lo que tienen que hacer los
ciudadanos, no creo que sea tan ignorante como para no saber que la
lengua siempre ha sido un instrumento del poder. Y,
fundamentalmente, de la expansión y consolidación de ese mismo
poder. Lo fue con los romanos, con los chinos, con los árabes, con
los españoles, con los franceses, con los ingleses, con los rusos y
con cualesquiera pueblos que desbordaron el ámbito de sus fronteras
para dominar a otros. Ya lo decía nuestro Nebrija: "La lengua es
compañera del Imperio". Todo el mundo conoce ese dato.
Menos, al parecer, el señor conselleiro. La dependencia de la lengua
del poder político es una constante histórica que se acentuó a
partir de la Revolución Francesa y del nacimiento de los modernos
estados-nación. Negar esa evidencia es demagogia. En la misma medida
en que lo hizo el señor Feijóo cuando, sobre el mismo asunto,
declaró: "No quiero que ningún padre de la patria me diga lo que
tengo que decir, o qué tengo que hablar. Quieren inventar una
Galicia que no existe". Todos entendimos que se refería al señor
Méndez Ferrín, presidente de la Real Academia Galega, que había
manifestado su deseo de acudir a la manifestación de Santiago de no
habérselo impedido su participación en el homenaje a Novoneyra. La
alusión, un tanto despectiva, a la condición de "padre de la patria"
es bastante reveladora del pensamiento político del señor Feijóo.
Desde su punto de vista, si Galicia no existe como patria parece
absurda la existencia de un padre que la quiera y la proteja. Lo que
nos lleva a deducir que el señor Feijóo, no actúa como un padre de
la patria sino como un patrón, o como el gestor de una unidad
administrativa con un idioma en decadencia que cada cual debe
chapurrear como le dé la gana hasta convertirlo en una jerga. O en
un repertorio de frases de procedencia vernácula. Tales como: "Vai
ao carallo" o "Chamáchesme moreniña".
Ciegos que no ven
Nota del Editor 18 Mayo 2010
No por mucho repetirlo van a convertir sus mentiras en verdades. El
conflicto de las lenguas regionales lo han creado
quienes han pretendido que los demás
tengamos obligación de aprenderlas. El conflicto nace porque ellos
invaden nuestro espacio de libertad y pretenden ejercer el suyo con
su lengua
regional. Nosotros no queremos saber nada de lenguas regionales
impuestas, de beneficios a costa de derechos conculcados a los
demás, de despilfarro de recursos
y tiempo, de marginación de los niños que no son educados en su
lengua materna cuando esta es el español.
La imposición lingüística pierde fuelle
E. A. SANTIAGO ABC Galicia 18 Mayo 2010
La convocatoria de la plataforma Queremos Galego para el Día de las
Letras Gallegas, en un día festivo y soleado, no alcanzó el
seguimiento de la última marcha contra la política lingüística del
Gobierno de la Xunta, el pasado 21 de enero, que coincidió con una
jornada de huelga en la educación y transcurrió en día lectivo.
Fueron unas 15.000 personas -100.000, según los organizadores- las
que atendieron una convocatoria en la que los diferentes portavoces
exigieron la dimisión de los responsables autonómicos de Educación y
Cultura, Jesús Vázquez y Roberto Varela; y en la que pidieron apoyos
para una iniciativa legislativa popular «para garantizar los
derechos lingüísticos de los gallegos».
La cuarta marcha por la lengua desde la toma de posesión de Alberto
Núñez Feijóo, que extrañó a muchos de los peregrinos y turistas en
las terrazas del centro de la ciudad, se desarrolló entre la Alameda
compostelana y la Plaza del Obradoiro. La pancarta principal (con un
verso del homenajeado de este año, Uxío Novoneyra: «O galego, a
forza do noso amor») iba sostenida, entre otros, por el portavoz de
la plataforma convocante, Carlos Callón; el secretario xeral de la
CIG, Suso Seixo; el diputado nacionalista Bieito Lobeira; y la
coordinadora nacional de Izquierda Unida en Galicia, Yolanda Díaz.
Más atrás, el líder del BNG, Guillerme Vázquez, encabezaba la
comitiva del partido nacionalista, no muy lejos del grupo de los
socialistas, encabezado por el secretario xeral, Manuel Vázquez, y
diputados como Mar Barcón, Francisco Cerviño o José Manuel Lage
Tuñas.
Las consignas
En el recorrido habitual por el centro compostelano pudieron verse
pancartas que rezaban «En Galiza, en galego», «Polo dereito a
vivirmos en galego» o «Eu quero galego», o carteles con la foto de
Feijóo y el lema «Inimigo do galego». Las consignas que corearon los
presentes siguieron esta tónica, que se vio rota en ocasiones con
canciones como la que sigue: «Que desilusión, que desilusión, que o
pai de Feijóo non usara condón; que pena me dá, que pena me dá, que
a súa nai non puidera abortar» («Qué desilusión, qué desilusión, que
el padre de Feijóo no usara condón; qué pena me da, qué pena me da,
que su madre no pudiera abortar»).
La ruta concluyó en la plaza más universal de la capital
compostelana. Allí, en el Obradoiro, se procedió a la lectura (por
dos veces) del manifiesto «El gallego, nuestro existir», que
realizaron -por turnos- el actor Antonio Durán «Morris»; la
responsable de la sección juvenil de la Mesa, Iria Taibo; el
escritor Xabier Docampo, la poetisa Marta Dacosta, la cantante Uxía
Senlle y el actor Carlos Blanco.
«Recuperación o extinción»
La intervención del máximo responsable de la plataforma y presidente
de la Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, colocó a
Galicia en el brete de ser «un pueblo en trance de recuperación o de
extinción» según el rumbo que tome la promoción de la lengua
autóctona. Callón había destacado, al inicio de la mañana, que en la
Comunidad existen «un 20% de analfabetos funcionales en gallego»,
por lo que pidió, ya durante el discurso que cerró la manifestación,
«la primera medida en favor de la lengua gallega del gobierno de
Feijóo».
Trajo además a colación el informe del Consello Consultivo conocido
la pasada semana, que duda de la legalidad de la consulta a los
padres establecida el nuevo decreto lingüístico para la enseñanza.
Así, comparó las «cuestiones menores» que este organismo técnico
había rechazado del texto del bipartito, con un proyecto «ilegal e
incosntitucional».
El responsable de la Mesa también acusó al actual ejecutivo
autonómico de haber iniciado un «proceso de desmantelamiento de la
oficialidad del gallego», e reiteró a los responsables de la Xunta
que la sociedad gallega se echará a la calle si la administración
«expedienta» a los docentes que no respeten las asignaciones
lingüísticas establecidas en el nuevo decreto de la lengua en la
enseñanza no obligatoria. «Si expedientan a un profesor, vamos a
llenar varias veces la plaza del Obradoiro», indicaba.
Por último, el responsable de la plataforma Queremos Galego acusó a
Núñez Feijóo de «luchar contra su pueblo» y exigió la retirada de
una norma educativa «que sólo cuenta con el apoyo del PP» y «de una
asociación vinculada» -en referencia no explícita a Galicia
Bilingüe-.
Feijóo, a Ferrín: «Todos los gallegos aman
su lengua, pero de distinto modo»
J. L. JIMÉNEZ. SANTIAGO. ABC Galicia 18 Mayo 2010
El presidente de la Xunta aprovechó la presencia de Xosé Luis Méndez
Ferrín en la celebración oficial del Día de las Letras Gallegas en
Folgoso do Courel, patria del autor homenajeado este año, Uxío
Novoneyra, para defender la política lingüística de su gobierno y
responder indirectamente a la movilización que en paralelo recorría
las calles de Santiago.
Alberto Núñez Feijóo reivindicó la «diversidad» de Galicia y sus
gentes, que comparó con los «mil ríos» de Cunqueiro, y cómo a lo
largo de la historia se ha alcanzado entre la ciudadanía «una
convivencia idiomática» que «exige hoy encontrar equilibrios». El
titular de la Xunta indicó al presidente de la RAG que «todos los
gallegos aman su lengua, pero no todos lo hacen de la misma manera.
Dado que «no todos coinciden en el modelo ideal de normalizar ni en
el papel de las administraciones a la hora de fomentar» la lengua
gallega, Feijóo reclamó forjar «un gran pacto por la lengua»
sustentado sobre cuatro pilares: «cooficialidad, consideración del
gallego como lengua propia de Galicia, acción positiva para la
extensión de su conocimiento y uso, y aplicación del principio de no
discriminación por razón de lengua».
El jefe del Ejecutivo se mostró dispuesto a «establecer un suelo
común en el que nadie se sienta ajeno» por parte de unos poderes
públicos que, recordó, «fueron creados por la voluntad popular». En
respuesta a los críticos discursos de miembros de la RAG como Manuel
Rivas o Manuel González, Feijóo llamó a un «inconformismo» que
consista en «un galleguismo compartido, un país donde no haya
pensamientos únicos, sino ideas plurales que se complementen en el
gran mosaico gallego». «La lengua sobrevivirá para siempre si todos
los gallegos quieren que sobreviva», apostilló.
El presidente de la Academia proclamó que el idioma es
«irrenunciable», y vaticinó que «ningún designo hostil prevalecerá
ante él». El polémico Méndez Ferrín abogó por la retirada del
decreto de la Xunta que regula el uso del gallego en la enseñanza
pública, y se felicitó porque una parte de la ciudadanía «esté
cumpliendo con el mandato de Novoneyra» saliendo a la calle.
En el discurso que cerró el acto, antes de que la Real Banda de
Gaitas de la Diputación de Ourense interpretara el Himno gallego, el
también escritor ourensano erigió a Novoneyra en «signo nacional en
tiempos adversos» y elogió su labor en favor de la «liberación de su
pueblo y de todos los pueblos del mundo».
Méndez Ferrín también reivindicó la defensa del medio ambiente
presente en la obra del «poeta de la tierra», como se refirió al
homenajeado este año en el Día de las Letras, por lo que llamó a
seguir su ejemplo y proteger «los tesoros del Courel, amenazados por
la codicia economicista». «Defender lo que nos es propio y el
planeta entero», apostilló.
El PP ironiza con el respaldo del
electorado a la manifestación de ayer
J. L. J. SANTIAGO. ABC Galicia 18 Mayo 2010
Respeto, pero dentro de unos parámetros y una perspectiva más
amplia. Los populares gallegos se mostraron ayer «profundamente
respetuosos» con las miles de personas «que se manifestaron a favor
de la imposición del gallego» por las calles de Compostela, pero las
contrapuso con la verdadera movilización que se efectuó «el 1 de
marzo de 2009, cuando más de 760.000 personas dijeron no a la
dictadura lingüística del bipartito», al tiempo que cargó con dureza
contra el PSdeG por secundar las posiciones de los nacionalistas.
A través de un comunicado, el PPdeG aseguró «escuchar a todos», pero
a la vista de las cifras de participación -alrededor de 15.000
personas-, indicó que PSOE y BNG «sólo han logrado movilizar al 1%
de sus votantes, lo que demuestra que hay una mayoría social en
Galicia de acuerdo con las tesis de libertad e igualdad para el
gallego y el castellano que propugna Alberto Núñez Feijóo», y entre
ellos «muchos votantes socialistas», añadió.
Para el partido que sustenta la acción del gobierno gallego, «es
especialmente significativo» el papel de los socialistas gallegos,
«que camina de la bano del BNG en cuestiones como la lengua y
comparte acera con los que tienen mono de imposición». A su juicio,
Manuel vázquez «trata de mantener vivo el bipartito lingüístico»
aunque «no gusta en sus filas».
Por último, el PPdeG lamentó que la de ayer en Santiago volviese a
convertirse «en una fiesta de exaltación de la imposición, y no de
la libertad», en la que «se emplearon términos como analfabeto
funcional en gallego para las personas que no emplean la lengua
gallega», expresiones» que «no ayudan a mejorar la convivencia sino
a crispar más» el país.
«Volver al consenso»
Desde uno de los partidos impulsores de la marcha de ayer, el
nacionalista Guillerme Vázquez demandó la «vuelta al consenso», para
lo que exigió la retirada «de una vez por todas» del decreto sobre
el plurilingüísmo que la Xunta quiere aprobar para su implantación
de cara al próximo curso escolar.
Para Vázquez, además del Consello Consultivo, «todos y cada uno»
dicen a la Xunta que su proyecto de decreto «no es el que necesita
la enseñanza en Galicia». A su juicio, ha quedado demostrado que ese
decreto diseñado por el gobierno de Núñez Feijóo «era para recortar
derechos y presencia del gallego», frente a lo que contrapuso «el
orgullo de ser gallegos» y el «derecho a vivir en gallego».
En opinión del dirigente nacionalista, el presidente de la Xunta
debe «cambiar radicalmente su política lingüística» y articular «una
defensa del idioma gallego». «En un año aún no vimos ninguno de los
conflictos de decía», aseveró también. El histórico Xosé Manuel
Beiras fue un poco más allá, y acusó a la Xunta de haber emprendido
«una campaña de analfabetización» de la lengua.
Tripartito y CiU pactan una iniciativa para exigir la reforma del
Constitucional
El frente catalán define su estrategia para
salvar el Estatut
18 Mayo 10 - M. Pardeiro La Razón 18 Mayo 2010
BARCELONA- La ofensiva catalana en busca de una reforma de la ley
orgánica del Tribunal Constitucional (TC) que permita salvaguardar
la integridad del Estatut cobró ayer forma después de que tripartito
y CiU sellaran la estrategia que el presidente de la Generalitat,
José Montilla, defenderá en su comparecencia en el Senado la próxima
semana. Los partidos catalanes persiguen un cambio en las reglas del
juego para evitar una sentencia adversa del TC contra el Estatut.
La propuesta pactada por CiU, PSC, ERC e ICV para modificar la ley
del Constitucional consta de cuatro puntos. En el primero se reclama
la renovación inmediata de aquellos magistrados que hayan prorrogado
seis meses su mandato después de haber caducado. En el segundo se
exige una mayoría cualificada de 8 de los 12 miembros del Alto
Tribunal para sentenciar un Estatut. El tercer objetivo es fijar un
plazo máximo para poder emitir sentencia –superado este plazo, el
recurso decaería– y el cuarto y último punto intenta impedir fallos
«interpretativos» del Constitucional, de manera que se respete el
pacto alcanzado entre un parlamento autonómico y las Cortes. La
ofensiva catalana incluye una cláusula transitoria para que la
reforma de la ley del TC tenga efecto sobre los recursos que están
en curso. Así, la amenaza sobre el Estatut desaparecería.
El cuatripartito catalán necesitará el apoyo de los senadores del
PSOE para que sus pretensiones salgan adelante. Este respaldo no
está garantizado porque Zapatero ha emitido mensajes
contradictorios. Por una parte, se ha comprometido a estudiar la
propuesta catalana y, por la otra, ha expresado sus reservas
respecto a la reforma de las normas que rigen el funcionamiento del
TC. Montilla asegura que le convencerá.
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