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A qué tanto esfuerzo en la reforma laboral si la deuda puede
hundirnos en días
Roberto Centeno El Confidencial 7 Junio 2010
Todos los indicadores económicos de la pasada semana muestran
inequívocamente la tendencia al hundimiento, desde el paro
registrado, corregido de estacionalidad, al consumo privado pasando
por la actividad industrial, donde el IPI ha registrado en abril una
variación interanual del 3%, cuatro puntos por debajo de la
registrada en marzo. Hace unos cuantos meses, D. Ángel Laborda,
director de coyuntura de Funcas, en relación con las cifras de paro
registrado señalaba, “si además de no saber publicar e interpretar
los datos, las propias estadísticas no son fiables, la confusión es
total”, “se confunde a la opinión acerca de cómo van realmente las
cosas”.
Y esta semana ha pasado lo mismo. Frente a una caída del empleo de
51.000 personas, corregidas como es lógico de variación estacional,
que es la única manera de interpretarlas y hacer comparaciones, y
una reducción de afiliaciones a la SS de 26.000, el gobierno y los
medios nos cuentan justo lo contrario, que el paro ha disminuido en
76.000, como si el crecimiento del paro se hubiera detenido, y todo
empezase a normalizarse, y lo que es peor, la oposición ni siquiera
lo aclara, como si el tema no fuere con ellos. La cifra oficial de
paro menos mala es la suministrada por Eurostat, sobre la base de
datos del INE, que sitúa nuestro nivel de desempleo en el 19,7% o
4,6 millones de parados, cifra oficial que como he explicado
reiteradamente infravalora la realidad en alrededor de un millón de
desempleados.
El deterioro de los diferenciales de deuda alcanzaría el viernes
cifras desconocidas, 192 puntos básicos respecto al bono alemán,
mientras que los CDS, los seguros para protegerse del impago de
deuda pasarían de 258 a 320 puntos básicos. A pesar de ello, el
gobierno y el resto del personal están literalmente entusiasmados
con la reforma laboral. ¡A buenas horas! La reforma laboral es sin
duda una reforma estructural importante pendiente, pero nunca ha
sido ese el problema. El problema, señoras y señoras del gobierno,
de la oposición, de las tertulias y sindicalistas de pesebre, es que
CCAA y ayuntamientos tienen que reducir su despilfarro masivo en
100.000 millones de euros año, y su absentismo brutal del
funcionariado, superior al 20%... Y ya es demasiado tarde. Siguen
despilfarrando como si tal cosa, y mientras tanto Euskadi no
consigue colocar su deuda, la Xunta ha paralizado la emisión de
1.000 millones de euros, y etcétera, etcétera.
El nuevo gobierno húngaro, que Deo Gratias no pertenece al euro, se
ha encontrado una herencia de trampas y mentiras de su predecesor,
que ha puesto el país al borde de la quiebra: “Mintieron en todas
las estadísticas económicas”, “han puesto al país al borde de la
suspensión de pagos”. Imaginen Uds lo que puede suceder aquí con un
indigente intelectual como presidente, rodeado de analfabetas/os
funcionales, que más bien parecen salidos de una escombrera, y para
quienes el dinero público no es de nadie. Lo que puede haber en
CCAA, Ayuntamientos, Diputaciones y empresas públicas, sin duda
supera todo lo imaginable, y siguen despilfarrando como si tal cosa,
Montilla cuando se critica el absurdo de poner traducciones entre
lenguas y dialectos en el Senado, lo defiende como algo sagrado. ¿Y
también es sagrado el fabuloso viaje a China de su número dos y una
cohorte de chupópteros, mangantes y similares? Y así todo. Gallardón
ha reducido gasto asistencial -a los ciudadanos que les zurzan-,
pero ha mantenido intactas las obras faraónicas, los nuevos
despachos de lujo que harían empalidecer a un jeque árabe, mantiene
lo coches de alta gama y, como están en leasing se los cambian cada
dos por tres, los 1.600 asesores. En fin, quedan semanas para que
todo este tinglado salte por los aires. El tema Hungría encarecerá
aún más la financiación, y veremos como coloca la deuda Zapatero a
partir de esta semana.
¿Por qué el BdE, en lugar de ocultar y mentir a los ciudadanos, no
obliga a bancos y cajas a cuantificar sus posiciones de
endeudamientos con CCAA y Ayuntamientos y las publica de una santa
vez? Desde luego, si Rajoy llega al gobierno y se encuentra una
situación igual a la húngara, no podrá aducir desconocimiento, las
mentiras, engaños, tropelías son de dominio público. Además, ¿cuánto
deben sus taifas y ayuntamientos, lo oficial y lo no oficial?
El sistema financiero ‘más sólido del mundo’
¿Y qué decir de las banca? ¿Qué decir de estos insensatos que han
utilizado al BdE sin limitación alguna, para mentir, ocultar y hacer
de su capa una sayo, que se han instalado en un universo de
fantasía, negándose a bajar precios del inmobiliario, haciendo todas
las trapacerías imaginables, para inflar los valores de sus activos,
muchos de los cuales valen exactamente cero? Pues que gracias a todo
esto, varios de ellos están quebrados, que han engañado a sus
accionistas, a quienes están arruinando, y esto es un delito penal
por el que alguien tendrá que responder. Y no hablemos de las Cajas,
quebradas sin solución en su inmensa mayoría, y viviendo en un mundo
de ficción, donde lo único importante es conservar su cuota de poder
político y/o personal, y donde al contrario que en el mundo
civilizado, nadie responde de nada. Ahí tienen si no a los
responsables de CCM, la mayoría con sus macrosueldos, sus Audi de
lujo y sus Visa oro, y ahora paga el BdE. ¿Pero qué idea tienen
estos irresponsables de lo que es intervenir una entidad y exigir
responsabilidades?
¿Pero de dónde se sacaron, y se sacan, grandes directivos y el BdE
que la situación se arreglaría pronto y que era innecesario acometer
reformas políticamente incorrectas, y salvar el poder político, el
cuello, el coche, y todo lo demás? Porque las cifras eran tan claras
que no dejaban lugar a dudas. ¿Y ahora qué? Con las cotizaciones
hundidas y perdidas de decenas de miles de millones, el “efecto
riqueza”, en este caso “pobreza”, va a reducir drásticamente el
consumo en meses venideros, por cada diez euros de pérdida del valor
de los activos, el gasto se reduce en uno, y luego la entrada en
vigor de la mayor subida fiscal de nuestra historia, que reducirá el
consumo en forma significativa. En definitiva, menor crecimiento,
más paro, y como el personal va a estar muy entretenido con la
reforma laboral, que si eso sí, que si eso no, amenizada con la
huelga general de los sindicalistas de pesebre, que no se como no se
les cae las cae la cara de vergüenza, del despilfarro nadie va a
ocuparse en serio. Eso hasta que un aciago día el Tesoro no pueda
colocar o refinanciar lo necesario, y entonces se acabó la fiesta.
Y en cuanto a Uds., queridos lectores, les recuerdo lo de siempre,
pongan su dinero a salvo, la garantía de 100.000 euros es una filfa,
porque llegado el momento no habrá dinero para todos con un gobierno
y un sistema financiero quebrados.
El poder no lo iba a cambiar
IGNACIO CAMACHO ABC 7 Junio 2010
SE mire como se mire, la turborreconversión de Zapatero a la
doctrina del ajuste no viene a ser otra cosa que la confesión de un
palmario fracaso en el que la apelación al patriotismo resulta la
coartada de la permanencia en el cargo. Cuando un político fracasa
en la aplicación de sus principios se retira por dignidad y por
coherencia, como han hecho antes otros desde Salmerón a Suárez,
salvo que tanto la dignidad como los principios estén supeditados a
la ratio suprema del poder y el liderazgo. A Zapatero le han
impuesto desde fuera una política en la que decía no creer con una
reiteración terca e insoslayable, de modo que si se aviene a
aplicarla se traiciona a sí mismo o traiciona a los que creyeron en
él, o las dos cosas. Aceptar un giro tan radical de su discurso sin
una mínima autocrítica de sus errores pasados no demuestra una
actitud patriótica sino un apego pragmático al poder y una cínica
sumisión a la razón de Estado.
En este precipitado cambio de roles forzado por la presión de los
mercados financieros queda en evidencia el hundimiento del pacto
neoperonista con que Gobierno y sindicatos han conducido al país al
borde de la bancarrota. Ahora, después de unos recortes sociales
provocados por dos años de irresponsabilidad derrochadora, el
Ejecutivo prepara una reforma laboral cuya necesidad negaba hasta
anteayer con tozudas proclamas, y las centrales sindicales se
disponen a organizar una huelga general a regañadientes. Ambos
renuncios constituyen una forma clamorosa de derrota que equivale
para la izquierda a una purga de aceite de ricino; su estrategia de
déficit y proteccionismo se ha derrumbado con un estrépito que no se
puede silenciar con un simple cambio de rumbo. Los causantes del
descalabro no tienen autoridad moral ni política para convertirse en
su remedio.
En esta tensión esquizofrénica que ha convertido al paladín de la
socialdemocracia en la mano de hierro del socialiberalismo queda por
resolver una cuestión de credibilidad democrática y hasta de perfil
psicológico. La pregunta que desnuda la contradicción crucial es qué
diría el Zapatero que defendía con denuedo los llamados derechos
sociales del Zapatero que se dispone a recortarlos a decretazo
limpio. En apenas un mes, el presidente que prometió que el poder no
lo iba a cambiar se ha convertido en el retrato político del
gobernante que denostaba. El hombre que emerge de esta
transformación de identidad es un dirigente aferrado a sus
ambiciones, con principios tan elásticos como su conciencia, y
aunque conserva el mando para tomar decisiones está incapacitado
para hacerlas comprensibles. Esa transición tan radical no se puede
efectuar sin costes, y el principal no es el desapego electoral de
unos votantes descontentos sino la manifiesta desaparición de
cualquier rasgo de lealtad consigo mismo.
Motivos para creer
Inma Castilla de Cortázar, Presidenta del Foro Ermua.
El Mundo. 7 Junio 2010
El presidente Zapatero ganó las pasadas elecciones generales, tras
una ignominiosa negociación con ETA y negando la crisis económica,
con un audaz slogan: “Motivos para creer”. En estos momentos,
amplios sectores de la opinión pública temen que Rodriguez Zapatero
pretenda escenificar, como logro electoral, la derrota de ETA,
pactada con ETA. Esta escaramuza electoralista del presidente
Zapatero supondría destrozar el mayor logro de la democracia
española (y el más unánime), que fue el resultado de la unidad
social más sólida: el llamado espíritu de Ermua.
La revuelta ciudadana forzó entonces la necesaria unidad política,
que hicieron posible los gobiernos del presidente Aznar, demostrando
que al terrorismo se le puede derrotar sólo con la ley.
Evidentemente, este ejemplar logro fue posible por el heroico
comportamiento de las víctimas del terrorismo en España –del que no
existe precedente en ninguna parte del mundo- que han delegado en el
Estado de Derecho la aplicación de la justicia, sin tomársela por su
mano, a pesar de tantos pesares.
Desde el Foro Ermua sostenemos que no es incompatible la negociación
con la eficaz actividad policial (la espléndida operación de hace
unas semanas, sin ir más lejos), las medidas legales aprobadas (el
supuesto endurecimientos de la Ley de Partidos) y, mucho menos, con
las declaraciones que niegan esta estrategia, incluso con la
rotundidad característica del Ministro de Interior.
Es curioso que el Gobierno se queje de su falta de credibilidad,
cuando no ha adoptado ninguna medida realmente incompatible con la
negociación: es decir con un final de ETA, pactado con ETA. Nosotros
también estamos hartos de ETA, como el Ministro Rubalcaba, y
estaríamos encantados de podernos fiar de nuestros políticos y,
particularmente, de nuestro Gobierno. Por eso, retamos al Gobierno a
adoptar medidas convincentes, que demuestren (también y sobretodo a
ETA) que el horizonte de la cesión por no matar (es decir, del
diálogo) no existe. El Gobierno puede –si quiere- demostrar que no
hay negociación:
1. Bastaría con eliminar el monopolio del Ministerio Fiscal y del
Gobierno para promover la ilicitud de listas sucesoras de Batasuna y
para promover la disolución de ayuntamientos gobernados por ETA.
Deberían poder iniciar el procedimiento un número de diputados o la
acción popular.
2. Sería convincente derogar la resolución del Congreso del 18 de
mayo de 2005 e impulsar, al mismo tiempo, solemnes declaraciones en
los parlamentos vasco y español y de los respectivos gobiernos en
las que se descarte expresamente –sin ambigüedad- cualquier
acercamiento, negociación con los terroristas, sus posibles siglas,
o quienes los representantes.
3. Indiscutiblemente, persuadiría el cese de Jesús Eguiguren, como
presidente del PSE, si de hecho está actuando como un
“francotirador” contraviniendo la política antiterrorista que en
realidad promueve el presidente Zapatero. Tras esta última petición
del Foro Ermua, el gobierno vasco pide a Eguiguren (24 de mayo) que
ponga fin a sus “escarceos con ETA”, que por cierto habían sido
negados hasta ahora, a pesar de toda las evidencias del mejor
periodismo de investigación.
La debilidad de ETA es real. El final de ETA es posible, pero es
posible sólo si los terroristas comprenden que hay una absoluta
imposibilidad de rentabilizar su desaparición, que sus asesinatos no
quedarán en la impunidad, y que nunca encontrarán atenuantes.
Sencillamente, escenificar una derrota de ETA pactada con ETA, como
parece pretender el presidente Zapatero, imposibilita la derrota de
ETA.
CCAA
¿Por qué duplicamos el gasto?
Ramón Villota Coullaut Libertad Digital 7 Junio 2010
Nuestra Constitución recogió un régimen autonómico no igualitario,
con diferentes grados de autonomía para cada comunidad, pero con
unos máximos de poder autonómico a los que no es necesario que
lleguen todas. Incluso en un primer momento hubo quien defendió que
no era necesario que toda España se dividiese en comunidades
autónomas. Ahora ese debate se da por finalizado, pero el problema
de creación de entes administrativos con competencias que no se
corresponden a sus necesidades se mantiene.
Ello implica un problema en el que los partidos políticos
mayoritarios no desean entrar: el absurdo de que cada Comunidad
Autónoma deba tener unas competencias de educación, sanidad,
servicios sociales, etc., que no puede costearse, pero que podría
hacerlo aunando esfuerzos con otras comunidades. Y aquí la vía del
artículo 145 de la Constitución sí se ha utilizado cuando dice: "En
ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. Los
estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que
las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la
gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el
carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes
Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre
las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes
Generales".
En primer lugar, cuando el citado artículo recoge que no se admitirá
la federación de comunidades autónomas, parece que evita que, sin
reformas constitucionales, pueda modificarse el mapa autonómico.
Así, la vía que queda es modificar la Constitución o que las
diferentes comunidades autónomas lleguen a acuerdos para gestionar y
prestar aquellos servicios que la propia eficiencia de la
administración hace que deban ser compartidos, algo que puede
conseguirse vía el citado artículo 145 de la norma suprema, previa
autorización de las Cortes Generales en los casos en que fuera
necesario.
En este punto es de destacar, por su claridad, y más en tiempos de
crisis, el artículo 103 también de nuestra Constitución, cuando dice
en su punto 1º: "La Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". Es
decir, nuestra Constitución habla de eficacia y coordinación como
principios que han de regir el funcionamiento de la administración,
algo que ha de chocar irremediablemente con tener servicios públicos
innecesarios por poderse compartir entre distintas comunidades
autónomas.
Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar con él aquí.
Tribunal Constitucional: ahora toca renovar «como sea»
PÍO GARCÍA-ESCUDERO ABC 7 Junio 2010
Asistimos en estos días a una nueva entrega de ese largo culebrón
sobre las tormentosas relaciones entre el Partido Socialista y el
Tribunal Constitucional, una historia con dos tramas enmarañadas: la
de sacar adelante, «como sea», un Estatuto de autonomía, el catalán,
sobre el cual aún penden siete recursos de inconstitucionalidad; y
la de maniobrar para que al Tribunal Constitucional le sea imposible
decidir con independencia y serenidad.
Sin embargo, nada en esta historia es casualidad o excepción, sino
que forma parte del personalísimo estilo de desgobierno puesto en
práctica por Rodríguez Zapatero desde hace seis años. De la grave
crisis institucional que hoy padecemos podemos decir lo mismo que de
la crisis económica: que de aquellos barros vienen estos lodos.
Así, el desconcierto absoluto que hoy preside la política autonómica
y la situación de parálisis del Tribunal Constitucional, son
consecuencia de la estrategia política socialista de ruptura
premeditada del consenso autonómico y de sus continuas injerencias
políticas en el normal funcionamiento de los órganos judiciales.
Recordemos que el Partido Socialista empezó rompiendo el consenso
sobre el procedimiento de elección de los cuatro magistrados del TC
correspondientes al Senado. Nos dijeron que era para reforzar la
sensibilidad territorial del Tribunal, pero después, cuando de
acuerdo con el nuevo modelo los parlamentos autonómicos propusieron
a sus respectivos candidatos, parece que al Partido Socialista se le
agotó enseguida esa sensibilidad, porque vetó las propuestas de los
grupos autonómicos populares tildándolas de «inasumibles» y dejó el
procedimiento de renovación bloqueado «sine die».
Calculaba entonces el Partido Socialista que de este modo podría
mantener el Tribunal Constitucional con una composición más
inclinada hacia una sentencia benévola con el Estatuto de Cataluña.
Pero ni siquiera un partido tan volcado con el control absoluto como
el de Ferraz puede abarcarlo todo y, hasta la fecha, ni las
reprimendas en público, ni las sobreactuaciones de victimismo
anticatalanista han logrado que el TC se doblegara al papel
aquiescente que se esperaba de él.
De ahí que ahora, en previsión de males mayores en vísperas
electorales, lo que toque sea cambiar de árbitros en medio del
partido. La orden perentoria llega de un gobierno tripartito de
Cataluña en fase terminal y al Grupo Socialista en el Senado le toca
su diligente ejecución: renovar el TC a toda costa, he ahí la
cuestión. Da igual que el procedimiento lleve casi dos años
suspendido. Da igual que incluso dos comunidades autónomas, Galicia
y el País Vasco, hayan cambiado entretanto de mayorías
parlamentarias, de gobiernos y, por tanto de voluntad política. Da
igual que el Grupo Socialista empuje a la Mesa del Senado a decidir,
aun sin una legitimación clara y en cuestión de minutos, qué
candidatos de los propuestos por los parlamentos autonómicos merecen
el «placet» y cuáles no.
Todo eso da igual, porque ya se sabe que cuando hay que elegir entre
la seguridad jurídica o el oportunismo político, el perfecto
socialista siempre optará por lo segundo. De sobra conocemos ya este
vocabulario y este modo de hacer política: una sentencia favorable
«como sea», cambiando el Tribunal Constitucional «en dos tardes» e
intentando trasladar todas las responsabilidades y culpas al Partido
Popular porque conviene «dramatizar». En su día fue todo un
principio fundacional y un talante. Hoy ya suena a epitafio
político.
¿Qué significa deslegitimar el terrorismo?
Mientras no se asuma el discurso público de que la democracia
española no es más defectuosa que cualquier otra europea, no habrá
manera de deslegitimar el terrorismo o su historia
J. M. RUIZ SOROA El Correo 7 Junio 2010
Deslegitimar el terrorismo es una cuestión eminentemente política,
puesto que político ha sido el complejo discurso utilizado para su
legitimación durante años, tanto por las fuerzas políticas
nacionalistas como por parte de la autodenominada izquierda
progresista. Y es precisamente deconstruyendo ese previo discurso de
legitimación como se pueden identificar con claridad los puntos
clave de la tarea de deslegitimación, a modo de negativo
fotográfico.
Por el contrario, creo que no sirven para crear un discurso de
deslegitimación del terrorismo una serie de ideas y conceptos, a
caballo entre la ética y la sociología, que son machaconamente
repetidos por bienintencionados organizaciones y planes. Por
ejemplo, no sirve la idea de 'paz' como contraposición a la de
'violencia', pues ambos conceptos se han vuelto tan borrosos que
confunden más que aclaran: desde Galtung, la violencia puede ser
física, estructural, cultural, etcétera, y la paz puede ser
negativa, positiva, inerte, creativa y así. Es un concepto arruinado
y estéril.
Tampoco vale de nada la simple apelación a los derechos humanos,
pues puede ser contrarrestada por una cómoda táctica de maximización
sin fin ('todos los derechos para todos') que embota y frustra
cualquier exigencia hecha en su nombre. Hasta 'Josu Ternera' estaba
en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. ¿Y qué decir del
sufrimiento de las víctimas? Pues que como realidad generadora de
empatía humana es fácil de contrarrestar mediante su generalización:
todos tienen víctimas, todos sufren, hay otras víctimas y otras
violencias. La muerte o el dolor en bruto igualan a todos. El
patetismo mueve sentimientos, pero los sentimientos son confusos si
no hay una previa construcción racional y teleológica del relato en
que se insertan.
Dejemos estos puntos ciegos, y reflexionemos por un momento sobre el
pasado del nacioterrorismo en los últimos cincuenta años. Traigamos
a la mente cuál era el discurso de 'explicación' y
'contextualización' de la violencia con el que, en definitiva, se
dotaba de una legitimidad política mínima a unos actores cuyas
acciones se rechazaban en el plano puramente ético o humano. ¿Cómo
se ha explicado entre nosotros que algo tan abominable como la
muerte violenta de un ser humano por otro pudiera seguir ocurriendo
una y otra vez? Porque, no nos engañemos, esa 'explicación de lo
inexplicable' era la que al final dotaba de sentido a su existencia;
y aquello que es provisto de sentido es finalmente 'con-sentido'.
Pues bien, creo que la respuesta es que han existido tres ideas
fuertes en ese discurso. La primera de ellas fue la necesidad de la
violencia revolucionaria para crear contradicciones que llevaran a
la superación de situaciones de dominación y explotación social.
Esta idea típicamente izquierdista perdió fuerza hace ya años y hoy
es un mero residuo ideológico, que reaparece en ocasiones en la
retórica terrorista pero que nadie serio utiliza en su defensa.
Centrémonos por ello en las otras dos.
Ha sido y es esencial para contextualizar el terrorismo, y para
situarlo en un relato que lo transforme en un hecho comprensible, la
repetición monótona de la historia y la realidad del pueblo vasco
conforme a un canon invariable: el del conflicto primordial o
existencial. El canon del conflicto eterno entre el pueblo vasco y
todos los otros pueblos que han transitado en la historia por sus
lares o cerca de ellos (fueran árabes, visigodos o romanos) pero,
sobre todo, con España. Un conflicto que era el que creaba al sujeto
trascendente de una tarea siempre pendiente: el pueblo vasco se
manifiesta en su conflicto y se afirma precisamente porque existe
ese conflicto. Esta idea del pueblo vasco como sujeto agonal de su
conflicto (uno solo) es tan potente que inhabilita cualquier
esfuerzo por pensar la sociedad vasca como una razonablemente
moderna y atravesada por muchos conflictos diversos. Porque en esa
idea el pueblo vasco es la víctima doliente y principal, antes de y
por encima de todas las víctimas humanas, cuya realidad palidece
ante un desgarro primordial absoluto.
Por ello, en tanto el nacionalismo y sus adláteres bienintencionados
mantengan el canon explicativo del conflicto primordial, existirá
una base de legitimación simbólica para el terrorismo. Aunque
termine finalmente la violencia: quedará el relato de que ésta no
fue sino otra manifestación (objetivamente inmoral pero personal y
políticamente 'digna' como dice Patxi Zabaleta) de la lucha del
pueblo vasco por llegar a ser libre.
El otro eje contextualizador (legitimador) del nacioterrorismo ha
sido el discurso de la incorregible defectividad del sistema
político español en su conjunto. Primero porque nos quitaron los
fueros. Cuando existió el franquismo, por eso, porque era un
autoritarismo centralista y represor. Y cuando dejó de existir, por
lo mismo: porque la democracia española no era sino la heredera del
franquismo, trufada de imposiciones, incapaz de reconocer el derecho
a existir del pueblo vasco, repleta de instituciones represoras,
practicante de la tortura y la guerra sucia, capaz de excluir del
juego político a sectores enteros de la población, y así
sucesivamente. El terrorismo se ha legitimado en la deslegitimación
sistemática del poder democrático español, practicada incluso desde
las instituciones integradas en ese poder, de manera que la
legitimación/deslegitimación de uno y otro son como platillos de una
balanza. Y mientras no se asuma el discurso público de que la
democracia española no es más defectuosa que cualquier otra europea,
y que su Constitución establece un buen sistema de convivencia para
identidades y lealtades mezcladas como las de la sociedad vasca y
española en general, no habrá manera de deslegitimar el terrorismo o
su historia.
La escuela es importante, sin duda. Pero como decía Imanol Zubero
hace días, los niños van a la escuela 'contados y cantados'. Y quien
canta y cuenta las nanas es la sociedad, somos todos.
Califato en Turquía
GABRIEL ALBIAC ABC 7 Junio 2010
EL 28 de agosto de 1517, Selim I, noveno emperador turco, entra en
Alepo. Derroca al Califa abásida. Al día siguiente, se proclama
Califa. Trueca, así, su condición. Califa significa «sucesor» del
Profeta. Continuador de la tarea que le viene del Dios Único.
Portador de un deber sagrado. Intemporal. Califato es Reino de Alá,
y cualquier resistencia a él es sacrílega, y cualquier atentado a su
integridad atenta contra la Unidad de Alá, materializada en el don
irrevocable -el Waqf-, hecho por Él a sus fieles: todo aquello
-cosa, animal, tierra, nación, hombre...- que haya sido alguna vez
musulmán, lo es para la eternidad.
No hay filósofo político en el barroco europeo al cual no haya
producido, al tiempo, fascinación y horror lo perenne de un Estado
cuyo jefe es Dios, y en el cual las órdenes del monarca no son más
que voz profética de la voluntad divina. Cuando, en su Tractatus
Politicus, Spinoza reflexione acerca de la dolorosa pérdida de su
amada democracia en Holanda, alzará acta de la sangrienta paradoja:
los más brutales Estados teocráticos son los más duraderos. «Ningún
Estado, en efecto, se ha mantenido durante tanto tiempo sin cambiar
cuanto el de los Turcos; y, por el contrario, ninguno ha sido menos
duradero ni ha conocido más sediciones que las democracias». Lo
pésimo moral cuenta, en política, con todas las ventajas: el dominio
absoluto de la superstición y la violencia en el nombre de Dios. Se
subleva el filósofo de la libertad contra esa cosa obscena: «Si hay
que llamar «paz» a la esclavitud, a la barbarie y al aislamiento,
nada habrá para los hombres más miserable que una paz así». La
democracia de Jan de Witt ha sido aniquilada ya en Ámsterdam, cuando
Spinoza escribe. Turquía exhibe, en tanto, su intemporal fuerza
teocrática.
Vendrán, luego, casi tres siglos más de Califato. Y todas las
crueldades que sólo una teocracia puede ejecutar sin coste:
desplazamientos masivos de población, exterminios masivos de
población... Desde las puertas de Viena hasta Iraq y Palestina, el
Califato dibujó las fronteras irreversibles del reino de Alá. A las
cuales faltaban sólo las arrebatadas a sus legítimos amos por
sacrílegos cristianos en España. En la estricta ortodoxia musulmana,
el Waqf territorial de Alá se extiende desde los Balcanes hasta los
Pirineos. Con necesidad teológica, que no admite negociación ni
renuncia. En el rigor islámico, España es tan musulmana como Arabia
Saudita.
Los 493 años de Califato conocen una interrupción de sólo 79: los de
la revolución laica de los Jóvenes Turcos de Ata-Turk. La victoria
de los islamistas de Erdogan, en 2003, cierra el paréntesis. Turquía
vuelve a ser tierra de Islam. Y germen a partir de cual el yihadismo
juzga hoy factible restablecer el Califato. La batalla contra Israel
es movimiento sobre ese tablero. En su búsqueda de una reconocida
jefatura por parte de la Comunidad de los Creyentes, el islamismo
turco debe asumir una vanguardia guerrera que le disputa Teherán. La
jugada de Erdogan para chocar con el bloqueo de Gaza es hábil. Rompe
el último lastre que separaba a Turquía del yihadismo armado. Y la
sitúa en su papel de gran base de retaguardia para el terror
islámico. El segundo movimiento se inició hace años: la integración
turca en la UE volcaría todos los equilibrios sobre los cuales
existe aún lo que queda de Europa. La población musulmana sería
pronto mayoritaria en la Unión. Y el peso de un régimen como el
turco, corrompería cualquier aspiración europea a seguir siendo
escaparate de democracia. Una Turquía europea es una Europa turca.
No es loco que el Islam lo vea como el nuevo Califato.
La correa de transmisión de Hamas
EDITORIA Libertad Digital 7 Junio 2010
Es sin duda legítimo plantearse si el ejército israelí cometió un
error táctico al asaltar una flotilla propagandística cuyo objetivo
era precisamente ser asaltada para espolear el odio internacional
contra Israel. Al fin y al cabo, las reacciones de la organización
islamista que envió la Flotilla, la IHH, o de los activistas
españoles pro-Hamas nada más regresaron a España, vinieron
caracterizadas, no por la tristeza y la rabia de haber fracasado en
su supuesto objetivo (la "ayuda humanitaria" a Gaza), sino por la
satisfacción de haber cumplido con su misión. Si los filoterroristas
celebran su éxito, es lógico preguntarse de quién ha sido el
fracaso.
Dentro del propio Israel no son pocos quienes exigen la dimisión del
ministro laborista de Defensa Ehud Barak. Es lo que sucede en las
sociedades libres y democráticas como la israelí: hay disensión de
opiniones y, desde luego, los ciudadanos no permanecen
imperturbables ante las posibles responsabilidades políticas. Ya
sucedió en 2007 con la comisión de investigación por la Segunda
Guerra del Líbano que condenó la incorrecta gestión del entonces
primer ministro Ehud Olmert y casi provoca la caída de su gobierno.
Cuestión muy distinta, claro, es que se pretenda convertir el caso
del Mavi Marmara en la prueba final de la maldad intrínseca de
Israel, en el argumento definitivo para aislar a un Estado
democrático al que se llega a acusar de "pirata" y "genocida".
Porque, en tal caso, no sólo se estaría camuflando el odio a Israel
y, en general, a "lo judío" tras un falso discurso humanitario que
no alcanza ni siquiera a los palestinos que se ven sometidos a Hamas
(por no hablar de los israelíes que siguen siendo bombardeados
diariamente desde Gaza o, yendo más allá, de todos los millones de
musulmanes damnificados, torturados y asesinados por las autocracias
y teocracias que circundan a Israel), sino que además se estaría
cayendo precisamente en la trampa que Hamas quería tendernos a
todos.
En concreto, negarle a Israel todo derecho de defensa frente a
quienes quieren aniquilarlo supone no reconocerlo como una
democracia capaz de detectar y castigar la eventual antijuridicidad
de sus acciones defensivas o, aún peor, pedirle directamente que
deje de defenderse y se suicide, algo que de nuevo los valientes
gobiernos occidentales no se atreverían siquiera a sugerirle a
ninguno de los regímenes más despóticos de la zona. Bien está, pues,
que el Gobierno israelí se haya negado a someter su derecho soberano
a la defensa a una comisión de investigación "independiente" dentro
de esas Naciones Unidas tan prestas a aceptar a dictadores y
asesinos como legítimos representantes de los pueblos a los que
someten; las mismas Naciones Unidas, no lo olvidemos, que en un
gesto de máxima infamia definieron en 1975 (en la resolución 3379)
al sionismo como una "forma de racismo y de discriminación racial".
Lo preocupante, no obstante, es que la estrategia de Hamas para
azuzar el antijudaísmo de Occidente y lograr así aislar a Israel
está funcionando. Esperemos que ese aislamiento no logre, a su vez,
romper el consenso que existe en el interior del país sobre la
necesidad de no ceder ante el terrorismo a cambio de hipócritas
gestos de aprobación de quienes desde hace décadas vienen insultando
a Israel. La ONU es un claro ejemplo de esto último; la
quintaesencia de la degeneración antiisraelí, antioccidental,
antiliberal y antidemócrata del mundo desarrollado. De momento ella
sigue a lo suyo: ser una correa de transmisión de la propaganda de
Hamas. Nada bueno puede sacar Israel de ella.
******************* Sección "bilingüe"
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“La ponencia de Casas sobre el Estatut es una misión imposible”
www.gaceta.es 7 Junio 2010
Alfonso Villagómez Cebrián, ex letrado del Tribunal Constitucional
(TC) y magistrado en activo en el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, conoce perfectamente la Administración de Justicia y el
Alto Tribunal en el que estuvo varios años como letrado. Además,
formó parte del gabinete técnico del Ministerio de Justicia y del
Defensor del Pueblo. Asimismo, es doctor en Derecho Público y fue
magistrado de lo contencioso en Sevilla. Está convencido de que el
TC actuará sometido al principio de legalidad y no de oportunidad
política, pese a que la nueva ponencia de la presidenta del tribunal
constituye una misión imposible.
-¿Está legitimado este TC para dictar sentencia sobre el Estatuto de
Cataluña?
-Desde un punto de vista formal, no hay duda. La legitimidad le
viene impuesta por la Constitución y por su propia ley orgánica.
-¿Considera que, como dicen algunos políticos, hay que renovar al
tribunal antes de resolver el Estatut?
-El TC hay que renovarlo cuando toca y así lo establece la
Constitución: cada tres años y por tercios de sus integrantes. Y es
obvio que hace mucho tiempo que debería haberse realizado en esos
plazos. Se está incumpliendo la Carta Magna.
-Entonces, ¿por qué no se hizo en 2007, que es cuando correspondía?
-Sencillamente porque se necesita una mayoría cualificada de tres
quintos en el Senado. Es evidente que no ha habido consenso entre el
PP y el PSOE.
-¿Qué espera de la nueva ponencia sobre el Estatut que hará María
Emilia Casas?
-Se le ha encomendado una misión imposible porque veo muy
complicado, vistos los antecedentes de los borradores, que se pueda
aprobar lo que no se ha hecho antes.
-La presidenta ha asegurado que habrá sentencia antes del verano.
¿Qué puede ocurrir?
-Posiblemente se acuda a otro tipo de votación sobre el proyecto, se
limen algunas asperezas o se modulen determinados conceptos que
lleven a conseguir la mayoría necesaria para aprobar el borrador de
sentencia. La presidenta, en un ejercicio de responsabilidad, ha
asumido esa ponencia consciente de su dificultad.
-¿Por qué se ha llegado a esta situación de misión imposible?
-Porque al TC se le ha trasladado un conflicto político que nunca
debía haberse producido. Y ello porque el Estatut podría contradecir
el modelo territorial que desde 1992, al menos, PSOE y PP cerraron
con los pactos autonómicos.
-¿Cómo se podría haber evitado ese conflicto?
-Quizás manteniendo la misma línea que se había revelado útil para
la integración de todas las sensibilidades autonómicas.
-Por la forma de actuar de algunos magistrados del TC se percibe que
son terminales de los partidos políticos...
-La crisis institucional parece que viene producida porque un
teórico magistrado adscrito ideológicamente a uno de los dos bloques
no vota con arreglo a lo que se esperaba que hiciera desde el
momento al que fue adscrito a ese bloque progresista.
-Para evitar enfrentamientos entre jueces progresistas y
conservadores, ¿qué deben tener en cuenta los partidos políticos
para elegir a los magistrados?
-Los partidos, en un ejercicio de responsabilidad, deben reflexionar
y elegir para el TC a los mejores juristas del Derecho español. Para
ello, hay que tener en cuenta los méritos y la capacidad profesional
de los candidatos y no los criterios de su adscripción partidista y
visión sectaria. Así será más fácil llegar a un acuerdo.
-¿Hay que esperar a que se celebren las elecciones catalanas para
que el TC resuelva el Estatut?
-No. El Tribunal Constitucional actúa, o mejor dicho, no debería
proceder con arreglo a criterios de oportunidad, sino conforme a los
principios de legalidad y constitucionalidad.
-¿Cree que en las últimas deliberaciones los magistrados han sido
perturbados en su independencia?
-Si se percibe que los magistrados del TC están siendo sometidos a
una presión externa, es que algo está fallando en el sistema. Pero
el problema no es tanto del que presiona, que dentro del juego
político se puede entender. El problema está en si uno se deja
presionar.
-¿Piensa que el TC es un órgano jurisdiccional que actúa con
criterios políticos?
-Es el máximo intérprete de la Constitución española, que es una
norma de contenido político. Por esta razón, tiene la difícil tarea
de resolver asuntos concretos con una materia prima de trabajo que
son normas de contenido exclusivamente político. Pero aplica
criterios jurisdiccionales.
Séptimo asalto en busca de sentencia del Estatut
Ricardo Coarasa La Razón 7 Junio 2010
Casas someterá el jueves al Pleno del TC su borrador del fallo, que
cuenta con escasas posibilidades de éxito. La alternativa, votar
artículo por artículo.
Casi tres años y medio después, el Tribunal Constitucional (TC)
sigue a vueltas con el Estatut. Dos ponentes no han sido capaces de
conseguir el ansiado consenso y ahora le toca el turno a la
presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, que está dispuesta
a echar el resto para que la sentencia se conozca antes de las
vacaciones de verano.
Pero lo tendrá muy difícil, porque las posiciones de los diez
magistrados que tienen en su mano la resolución están enquistadas
desde hace meses. El próximo jueves, Casas someterá al criterio de
sus compañeros su borrador de sentencia –el séptimo en total–, pero
las fuentes consultadas no ocultan su pesimismo respecto al éxito de
la iniciativa. La falta de consenso podría acarrear, incluso, que el
texto ni siquiera llegase a votarse.
De hecho, el borrador de Casas es muy parecido al que defendió la
magistrada Elisa Pérez Vera, que declaraba la inconstitucionalidad
de 15 preceptos del Estatuto de Cataluña y que consiguió la mayoría
necesaria para plasmarse en sentencia. El objetivo de la presidenta
del TC es conseguir sumar al bloque progresista al magistrado Manuel
Aragón, elegido a propuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero
que no parece dispuesto a avalar la definición de Cataluña como
nación del preámbulo del Estatut. Como tampoco el polémico artículo
8, que establece que Cataluña, «definida como nacionalidad en el
artículo primero, tiene como símbolos nacionales la bandera, la
fiesta y el himno».
Voto de calidad
Casas contará con el apoyo de los «progresistas» Elisa Pérez Vera,
Pascual Sala y Eugeni Gay, pero necesita sumar un apoyo más, pero
parece imposible que lo encuentre entre los conservadores Vicente
Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez
Zapata. Le quedan, por tanto, el vicepresidente, Guillermo Jiménez,
y el propio Manuel Aragón. Esa precariedad podría hacer la votación
innecesaria (Casas sólo podría desequilibrar la balanza con su voto
de calidad en caso de empate a cinco). En ese caso, la presidenta
del TC, empeñada en enmendar el desprestigio al que se enfrenta por
este motivo la institución que preside, recurriría al plan B.
La intención de Casas es votar entonces uno a uno los artículos
impugnados por el PP, para ir circunscribiendo los puntos de
desencuentro que impiden el acuerdo. Previsiblemente, el Pleno
continuará al menos el viernes a la espera de un acercamiento de
posturas que se antoja complicado. Casas intenta así que la
sentencia se notifique antes del verano para que no interfiera en
las próximas elecciones catalanas, que se celebrarán en otoño. De
otro modo, el fallo debería esperar hasta finales de año.
El plan B no convence
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Sevilla Javier Pérez Royo rechazó ayer la idea de que el Tribunal
Constitucional acabe votando el Estatut «artículo por artículo», ya
que, según él, esta opción acarrearía una sentencia sin ninguna
coherencia. En declaraciones a la televisión autonómica TV3
recogidas por Efe, Pérez Royo alertó de que «esto no se ha hecho
nunca» y de que los magistrados del TC «se están inventando una
fórmula que realmente sería ad hoc», exclusivamente creada para
juzgar el Estatut. Según él, si la presidenta del TC, María Emilia
Casas, decide aplicar esta fórmula «inventada» «habrá 14 ó 17 ó 21
sentencias» dentro de un mismo fallo, ya que la votación artículo
por artículo llevará a configurar un texto contradictorio entre sí.
Los 13 millones de euros que el Gobierno de Patxi López destina a
promocionar el euskera crearían 3.250 puestos de trabajo en el País
Vasco
EIG. Raúl González Zorrilla. Periodista Digital 7 Junio 2010
Desde sus inicios, el Gobierno socialista de Patxi López se
encuentra incomprensiblemente acomplejado por "no ser demasiado
nacionalista" y, consecuentemente, no pierde oportunidad para
demostrar que, a pesar de apoyarse en el PP, sigue siendo más vasco
que nadie.
En este sentido, décadas de manipulación histórica y años sucesivos
de confundir obscenamente el mito, la ensoñación y el irracionalismo
esencialista del PNV con la civilidad democrática y el respeto
institucional, han llevado a que en el País Vasco se entienda como
dogma algo que, simplemente, es una burda mentira: que el idioma de
los vascos es el euskera. En Euskadi conviven dos idiomas oficiales,
el español y el vascuence, y ambos dos son las lenguas de los vascos
por mucho que esto indigne a los más mostrencos y reaccionarios del
lugar. Pero, además, el único idioma que los ciudadanos vascos, como
el resto de los ciudadanos españoles, estamos obligados a aprender y
conocer, es el castellano, tal y como lo señala la Constitución en
su artículo 3.1.
Uno de los grandes éxitos del nacionalismo vasco desde el inicio de
la Transición, reforzado por la incapacidad del ordenamiento
institucional español para imponer y hacer valer en el País Vasco
los mas elementales principios democráticos, ha sido el de hacer
creer a todo el mundo, no nacionalistas incluidos, que el único
idioma con derechos en Euskadi es el euskera, mientras que el
español, el segundo idioma más hablado del mundo, es algo así como
una rémora de "los invasores" contra la que hay que luchar siempre
que se pueda.
Así las cosas, durante casi cuarenta años de administraciones
nacionalistas, los fondos económicos que se han destinado a
implantar entre los ciudadanos vascos un idioma, el euskera, que
resulta intelectualmente ajeno a la mayor parte de la población de
esta comunidad y cuya importancia cultural en el mundo globalizado
que vivimos es absolutamente nula, son difícilmente calculables.
Todo ello, además, para alcanzar unos resultados lamentablemente
patéticos desde un punto de vista estadístico y absolutamente
aberrantes desde un punto de vista educativo: por un lado, tras
cuatro décadas de totalitarismo idiomático nacionalista, menos del
20% de los ciudadanos vascos utiliza habitualmente el euskera,
mientras que, por otra parte, todos los niños vascos que hoy por hoy
deseen educarse en la escuela pública de esta autonomía han de
hacerlo en este idioma, porque, actualmente, ningún estudiante en
Euskadi puede llevar adelante sus cursos íntegra y exclusivamente
en... castellano.
Lejos de acabar con esta utilización espuria del euskera llevada a
cabo por el nacionalismo vasco, el Ejecutivo socialista insiste,
sacando pecho, en el mismo comportamiento indecente y grotesco.
Ahora, la Administración liderada por Patxi López acaba de presentar
una partida presupuestaria de 12.690.000 euros destinada a
promocionar y fomentar el uso del euskera en las empresas publicas y
privadas, en las asociaciones y en las distintas instituciones
municipales de Euskadi. Todo esto, claro está, independientemente de
otras tantas y casi incontables partidas que se destinan a la
promoción rastrera del euskera en los centros de enseñanza, en la
televisión pública, en el funcionariado, en la Ertzaintza... Además,
y como si esta dotación económica para revitalizar un idioma
minoritario, innecesario y folclórico no fuera una infamia en los
tiempos que corren, la viceconsejera de Política Lingüística,
Lourdes Auzmendi, ha explicado que la situación de crisis económica
apenas ha provocado una mínima reducción presupuestaria y ha
destacado "el gran esfuerzo" realizado desde su departamento para
mantener dichas ayudas.
Lo que no dice el Ejecutivo de Vitoria es que las instituciones
calculan que un millón de euros de inversión pública destinada a
impulsar el empleo se traduce, aproximadamente, en la creación de
250 puestos de trabajo. Pues bien, si el Gobierno de Patxi López en
vez de destinar 13 millones de euros a promover y reforzar un idioma
carente de valor como herramienta comunicativa y que únicamente
sirve para reforzar las estrucuturas de poder creadas por el
nacionalismo más radical, hubiera dirigido ese montante a la
creación de nuevos puestos de trabajo, se hubieran podido poner en
marcha en Euskadi la friolera de... 3.250 empleos.
No sabemos, en fin, cuánto nos ha costado a los ciudadanos, a lo
largo de los últimos cuarenta años, esta querencia totalitaria para
que la mayoría de los vascos abandonemos nuestra lengua materna y
pasemos a farfullar un idioma cuyo único valor, el paleolingüístico,
ha sido también dilapidado por la normalización lingüística
nacionalista. Pero sí sabemos lo que nos va a costar a todos los
vascos promover, impulsar y alentar la utilización del euskera en el
año 2010, en medio de la peor crisis económica que vive Europa desde
hace casi un siglo: 3.250 puestos de trabajo.
Manuel Nevot: "La Generalitat obra de manera arbitraria contra todo
lo que huele a español"
Este empresario asegura que no pagará la multa lingüística
Álvaro Rubiowww.lavozlibre.com 7 Junio 2010
Madrid.- El empresario Manuel Nevot, multado por no tener un rótulo
en catalán en su establecimiento, asegura que no piensa pagar la
multa lingüística que le impuso la Generalitat.
Considera que el Gobierno de Cataluña obra de una manera "arbitraria
y contra todo lo que sea y huela a español".
La administración catalana multó con 400 euros en 2006 al
propietario de Finques Nevot por supuestamente no tener un cartel en
catalán en la puerta de su negocio, situado en Vilanova i la Geltrú
(Barcelona), y con 400 euros más por no anunciar que en su
establecimiento disponían de hojas de reclamación en ese idioma.
Nevot pagará la multa por no tener el rótulo que confirmara que en
ese establecimiento existe libro de reclamaciones. "Haré efectivo el
pago de esta segunda sanción de 400 euros, incrementada con el 5 por
ciento", explicó Nevot, "pero en cuanto a la primera sanción por
tener el letrero principal en español, me niego taxativamente a
pagarla ya que tengo el letrero en catalán", añade el empresario.
Ahora Nevot está esperando a que el Tribunal Constitucional se
pronuncie ante el recurso interpuesto con la ayuda de la asociación
Convivencia Cívica Catalana. Manuel cree que el Constitucional
emitirá una sentencia "favorable para hacer que las sanciones por no
rotular en catalán no sean efectivas".
Asegura que si el Constitucional no falla a su favor recurrirá a
Estrasburgo según proceda y siempre con el asesoramiento de sus
abogados.
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