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Crisis nacional
El mal de las autonomías
Pío Moa Libertad Digital 10 Junio 2010
Las autonomías son perfectamente llevaderas, incluso productivas,
con tres condiciones: a) que no socaven la unidad nacional; b) que
no atenten contra las normas democráticas y la igualdad ciudadana
ante la ley, y c) que no se vuelvan demasiado gravosas
económicamente. ¿Han cumplido estas condiciones? Las han cumplido
bastante mal y con tendencia a empeorar, con una deriva
balcanizante, corruptora y antidemocrática. En los mismos partidos
otrora nacionales, PSOE y PP, las secciones regionales, que adoptan
el nombre de la respectiva autonomía, tienden a fragmentar el
partido, dotándose de una capacidad de presión que rebaja la labor
de dirección central a la de simple coordinación de oligarquías
locales. En una democracia menos deforme que la española actual, se
habrían realizado hace tiempo balances de la experiencia autonómica,
sacado las consecuencias y propuesto las correcciones pertinentes.
En cambio, a falta de tales estudios, asistimos al chantaje de
políticos autonómicos, que, como Montilla, amenazan con medidas cada
vez más separatistas si se somete su estatuto a las condiciones
mínimas de legalidad constitucional.
El problema autonómico nació de una sobrevaloración de las presiones
nacionalistas-separatistas en Cataluña y Vascongadas. Durante la
guerra civil y el franquismo, estos nacionalismos quedaron en
testimoniales, debido a que la vívida experiencia alejó de ellos a
la población: de otro modo habrían hecho oposición al franquismo,
como hizo el PCE, lo que no ocurrió. La excepción fue la ya tardía
de la ETA, ligada, y no por casualidad, al terrorismo; como, en
menor medida, ocurrió en Cataluña, Galicia y Canarias. El rebrote de
los nacionalismos hacia el final del régimen de Franco se debió ante
todo al sector "progre" de la Iglesia, que los amparó y promovió,
como hizo con el terrorismo o el comunismo. A su vez, el PCE los
apoyó como instrumento para atacar a Franco, y los habría apoyado el
PSOE de Felipe González de no haber sido por su casi nula
influencia. Significativamente, todos estos partidos declararon tabú
la palabra "España", y la sustituyeron por la torpe expresión
"Estado español".
Al llegar la transición, todas estas fuerzas rupturistas –y
antiespañolas– fueron afortunadamente vencidas en una primera fase.
Pero los vencedores abandonaron enseguida la iniciativa en la lucha
de las ideas, volviéndose psicológicamente dependientes de las
izquierdas y los nacionalistas, quienes, sin el menor respeto a la
verdad, se proclamaban los auténticos abanderados de la democracia.
Suárez inició la línea de las claudicaciones, uno de cuyos
resultados fue una Constitución mediocre y contradictoria, con un
estado de las autonomías a las que se abría la posibilidad de
usurpar las competencias nacionales hasta la práctica liquidación de
estas.
La actual crisis económica, unida a la política y moral, puede ser
la ocasión de hacer, por fin, un balance claro que permita corregir
algunas de las enormes jorobas que le han salido al sistema
democrático. De otro modo, solo cabe esperar una mayor
descomposición nacional, de la que se nutran los famosos "demonios
familiares".
Impuestos para encubrir el despilfarro
EDITORIAL Libertad Digital 10 Junio 2010
Está visto que, con la encomiable excepción de Castilla-La Mancha,
las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas no están
dispuestas a ninguna clase de ajuste en sus cuentas que no pase por
una nueva subida de impuestos. Este miércoles, las Juntas de
Extremadura y Andalucía se han sumado al aumento de la presión
fiscal que, con la misma demagógica excusa de gravar más "a los más
ricos", ya han llevado a cabo comunidades como Cataluña, Asturias o
Baleares.
Si en el caso de la Generalitat, "los ricos" a los que hay que hay
que dar una nueva vuelta de tuerca fiscal son los que perciben unas
rentas superiores a los 120.000 euros anuales, en el caso de las
Juntas de Extremadura y Andalucía este grupo ya lo integran quienes
tengan unas retribuciones superiores a los 60.000 y 80.000 euros,
respectivamente. A esta subida del tipo marginal del IRPF en el
tramo autonómico se sumarán una serie de nuevos impuestos y tasas
que van desde los que gravan los depósitos bancarios hasta las
bolsas de plástico, pasando, entre otros, por el que gravará la
venta de determinados hidrocarburos.
Ante esta irresponsable subida fiscal, no sabemos qué nos parece más
bochornoso: o que los socialistas la justifiquen con algo tan
encomiable como la reducción del déficit público o que lo hagan con
algo tan demagógico como es afirmando que sólo va a afectar a los
"ricos".
Al margen de que en Extremadura y Andalucía, como en el resto de
España, "los que más tienen" ya pagaban mucho más, tanto en términos
relativos como en absolutos, esta nueva presión fiscal lo que va a
hacer es que muchos exitosos profesionales opten por votar con los
pies hacia comunidades en las que prosperar no esté tan fiscalmente
penalizado. Otro tanto se podría decir del Impuesto de los depósitos
en las entidades de crédito andaluzas: al margen de otras
consideraciones, como la doble imposición, este gravamen lo que va a
incentivar es el desvío de dichos depósitos a otras comunidades en
las que no se penalice tan irresponsablemente al ahorro. Y de ello
quienes van a salir perjudicados son el conjunto de los andaluces.
En lugar de buscar la reducción del déficit por la irresponsable vía
de un aumento de impuestos (que bien pueden tener incluso efectos
recaudatorios contraproducentes), lo que deberían hacer las
comunidades autónomas, especialmente la andaluza, la catalana y la
extremeña, es poner coto al despilfarro en el que siguen inmersas:
recortar consejerías, deshacerse de televisiones tan sectarias como
deficitarias, suprimir fundaciones, consorcios, empresas públicas y
organismos autonómicos que les han llevado a estar entre las
autonomías con mayor déficit y endeudamiento de España. Si en
Andalucía se encuentra el mayor número de funcionarios de nuestro
país, en Extremadura, con una población mucho menor, hay un
funcionario por cada tres asalariados.
La Comunidad de Madrid, en cambio, es el mejor ejemplo de que la
reducción del déficit no pasa por un aumento de los impuestos sino
más bien por todo lo contrario: habiendo, no ya mantenido, sino
reducido el tramo autonómico del IRPF, y habiendo suprimido muchos
otros impuestos, la comunidad que preside Esperanza Aguirre es la
única de España que cumple los requisitos de déficit autonómico
fijados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este
estableció el tope en el 2% del PIB regional y mientras Madrid lo
tiene situado en el 0,7%, Extremadura y Andalucía lo tienen en el
2,7% y 2,9%, respectivamente. Por no hablar del de Cataluña, el más
alto de España, que se sitúa en el 3,8%.
Que la vía de la reducción del déficit pasa, especialmente en el
caso de las autonomías, por la reducción del gasto, lo demuestra
también elocuentemente el silenciado estudio El coste del Estado
Autonómico, recientemente publicado por la Fundación Progreso y
Democracia. Tomando como base de referencia, no un ideal teórico
sino lo que hacen las tres comunidades más eficientes, el estudio
llega a la conclusión de que si todas las comunidades fuesen tan
eficientes como ellas en el terreno del gasto corriente y del
personal, se podrían ahorrar nada menos que 26.108 millones de
euros, es decir, un ahorro del 2,6% del PIB nacional obtenido sólo
por mejoras de funcionamiento interno.
A la vista, sin embargo, del pseudo plan de ajuste aprobado por el
Gobierno, no es de esperar que Zapatero vaya a meter en cintura a
nuestras despilfarradoras comunidades autónomas. Lo que cabe esperar
de él es que las siga en la demagogia y en la irresponsabilidad de
elevar los impuestos.
Los nuevos ricos.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Junio 2010
Siguiendo las instrucciones de los Sindicatos de clase UGT y CCOO,
los Gobiernos socialistas de las CCAA de Cataluña, Andalucía y
Extremadura a la que seguirán en breve Baleares, se han lanzado a
una competición de subida selectiva de impuestos a los llamados
"ricos". ¿Y quiénes son esos nuevos ricos según estos bandoleros
disfrazados de políticos?, pues nada menos que los trabajadores
sujetos a nómina o autónomos que declaren ingresos por encima de
60.000 euros en Extremadura, 80.000 euros en Andalucía o los 120.000
euros anuales en Cataluña.
Así que la locura de la fiscalidad ha acabado imponiéndose en un
País totalmente desgobernado por el Sr. Zapatero, que muestra su
debilidad extrema no ya a nivel del Congreso de los Diputados, sino
también a nivel confederal con sus compañeros de partido. Porque al
aprobarse estas leyes discriminatorias, se está incumpliendo uno de
los principios básicos constitucionales que es el de la igualdad de
los españoles en derechos y obligaciones ante la Ley. Una aberración
y discriminación que nunca deberá ser admitida.
Además, en Andalucía se penaliza fiscalmente el ahorro, con una
doble imposición adicional a la que ya ejerció el Gobierno del Sr.
Zapatero al elevar del 18 al 19 o 20%. Y esto, sumado al incremento
del IVA a partir del próximo mes de julio en dos puntos, pasando del
18 al 20%. Y todo en la vieja receta socialista de aplicar la subida
de impuestos con tal de no reprimir el gasto incontrolado y el
despilfarro obsceno y suntuario como el del Alcalde de Valdepeñas, o
el Alcalde de Madrid con más de 1.200 asesores contratados.
No deja de ser una hipócrita y demagógica forma de oprimir a los
trabajadores que, al estar sujetos a una nómina y retenciones
obligatorias, son la masa más supervisada y controlada . Nadie puede
escapar al "Gran Hermano" que es el fisco y solo hay que ver cómo
los borradores son el fiel reflejo del tipo de control financiero al
que estamos sometidos. Pero es que considerar que alguien que
ingresa 60.000 euros brutos anuales es "rico", simplemente es una
burla. Si el Gobierno de España consiente en este despropósito,
estará cometiendo una dejación de funciones y no estará defendiendo
a los ciudadanos en sus derechos constitucionales.
Es tremendamente grave el que en esta época de crisis, la casta
política socialista, a la que sí se le puede calificar de "nuevos
ricos", cometa este atropello y abuso de poder. Con este tipo de
actuaciones, lo que se está favoreciendo es la insumisión ciudadana
y la constatación de que en España, las autonomías, además de una
fuente inagotable de gasto y de nido de aprovechados, son un error
político que debe replantearse y cuestionarse como sistema de
descentralización. Lo que debió ser un acercamiento y facilidad de
gestión para los ciudadanos, se ha convertido en un coto privado de
reparto de prebendas, prevaricaciones y corrupción al por mayor.
Un Gobierno de España que merezca tal nombre no puede admitir este
desbarajuste fiscal y el que se permita este libertinaje a la hora
de suplir los ingresos con todas las ocurrencias impositivas que las
desequilibradas mentes de los dirigentes locales o autonómicos
puedan imaginar. Hay un límite de tolerancia con los desmanes de los
dirigentes y ese se ha sobrepasado ya.
Según el PSOE, un catalán rico vale por dos
extremeños
José Antonio Gundín Semanal Digital 10 Junio 2010
Después de haber metido la pata tantas veces por no hacer caso de su
oficina económica, Zapatero sigue ahora a pies juntillas sus
consejos y recomendaciones. Entre ellas, la de no subir alocadamente
los impuestos "a los ricos", como le vienen pidiendo con insistencia
Blanco, Pajín y Rubalcaba. En vista de lo cual, los barones del PSOE
han decidido hacer la guerra por su cuenta y han levantado la veda
de "la caza del rico".
Tras adelantarse Montilla, urgido por unos socios radicales que
necesitan desayunarse un par de ricachos todas las mañanas para la
acidez de estómago, le han seguido Areces, también necesitado de
echarle carnaza capitalista a IU ante el impetuoso regreso de
Álvarez Cascos; Griñán, que teme el avance de Arenas en Andalucía,
desesperado por movilizar a sus paniaguados con dosis altas
"revanchina" en vena; y Fernández Vara, el "bellotari" veloz que,
tras recetarle a Zapatero un par de consejos sobre sus ministros, se
ha entregado al noble oficio de Robin Hood desde la oficina del
sheriff. Con lo cual, el mito de las dos Españas cobra nuevos bríos
y fundamentos, pues ahora también hay una España que sube los
impuestos, la socialista, y otra que no los toca, la del PP.
Es de suponer que de esta manera los barones del PSOE habrán calmado
su mala conciencia, en la creencia de que los descamisados
recuperarán la confianza en ellos y harán cola el día de las
elecciones para volverles a votar como sus salvadores. Ellos sabrán,
pero hay algo en todo este circo populista que no acaba de cuadrar,
que repugna a la lógica, como es el concepto tan dispar que tienen
los socialistas de lo que es un individuo rico. Así, para los
socialistas catalanes, el burgués al que hay que sacar las mantecas
es aquel que gana más de 120.000 euros al año, cifra a partir de la
cual han fijado una nueva escala de gravamen. Pero para sus
compañeros extremeños, el rico es el que gana más de 60.000 euros,
con lo cual se llega a la conclusión de que un catalán equivale a
dos extremeños. Delicada ecuación que, a buen seguro, levantará
ampollas y suspicacias en Extremadura, pues nadie quiere ser menos
que nadie, aunque se trate de ricos capitalistas. Eso de que un
potentado extremeño sea la mitad que uno catalán suena a humillación
y agravio. Y tampoco le puede sonar bien a un andaluz que sus ricos
sean inferiores a los asturianos, pues aquellos ganan 80.000 y estos
100.000 euros.
En vista del tomate, los barones del PSOE deberían celebrar un
congreso para definir con precisión y consensuadamente quién es
rico, o sea, a quién se le puede freír a impuestos sin herir los
sentimientos patrios y no ir dando sablazos por ahí sin ton ni son.
Esto de hacer de Robin Hood en el siglo XXI es un fastidio, ya no se
sabe quién es rico y quién es un pobre contribuyente de clase media.
Engañados, manipulados y con alma de
esclavos
Francisco Rubiales Periodista Digital 10 Junio 2010
Sentí el "mono" del periodismo y decidí cubrir la huelga de ayer
como un reportero profesional, tal como hacía en mis tiempos
jóvenes, cuando trabajaba para la agencia EFE, y me llevé sorpresas
mayúsculas al descubrir en las manifestaciones a demasiados
huelguistas desinformados, manipulados y engañados y a muchos
infiltrados profesionales, que ni siquiera eran funcionarios.
Estuve por el centro de Sevilla hablando con decenas de
manifestantes y tomando nota de lo que gritaban y de lo que decían
en sus pancartas y pasquines. Descubrí con estupor que demasiados
manifestantes estaban manipulados y que sus tesis y conclusiones
nada tenían que ver con la jornada de protesta ni con la realidad.
Desde el principio comprobé que los dos sindicatos mayoritarios
(CC.OO. y UGT), que son minoritarios en el sector público, lo
dirigían casi todo, que estaban logrando imponer su estilo y sus
tesis y que utilizaban con eficacia a militantes profesionales para
tergiversar, manipular y conducir a los manifestantes hacia tesis
increíbles, irreales, tendenciosas y cargadas de parcialidad.
Culpaban de la crisis a los bancos y a los empresarios. Gritaban que
"es el momento de lo público" y repetían que la crisis deben pagarla
"los ricos". Pregunté a diez pequeños líderes por qué no culpaban al
gobierno y a Zapatero, que son los verdaderos culpables del
desastre, y me respodieron cosas alucinantes: "Zapatero no manda ni
tiene poder; quien manda y gobierna son los bancos". "El gobierno ha
dado 900.000 millones de euros a los bancos y se lo han quedado".
"Zapatero no tiene culpa de nada; la culpa es de la derecha",
repetía un tipo gordo, con una pegatina de UGT en el pecho.
Pregunté a uno de esos militantes sindicales si todos eran
funcionarios y me dijo que "no todos porque muchos compañeros
estamos aquí para solidarizarnos". Después averigüe que el trabajaba
en la hostelería y que estaba acompañado en el acto celebrado en la
Plaza Nueva de muchos sindicalistas liberados de la industria. Uno
de ellos me explicó que "los empresarios no sirven para nada porque
no crean empleo.Lo único que hacen es forrarse. El único que da
trabajo es el sector público", afirmó. Le miré a los ojos y me quedé
aterrado porque el tipo no mentía; se creía lo que estaba diciendo.
Nunca en mi vida he visto más manipulación, mentira, engaño y
espíritu esclavo en una manifestación sindical que, en teoría, debía
respaldar una huelga contra los recortes del gobierno a los
funcionarios y empleados públicos. La protesta parecía dirigida
contra los bancos, contra los ricos, contra la derecha y contra los
empresarios, pero no contra Zapatero y su gobierno, que son los
responsables del desempleo masivo, los que han llevado a España
hasta la ruina y los que ahora, para reparar sus abusos, desmanes y
daños a la economía nacional, recortan el salario de los que
trabajan en el sector público.
Miles de pasquines con forma de billete de 500 euros llenaban las
calles del centro de Sevilla y en ellos podía leerse algo tan
alucinante como que "es el momento de lo público". No encontré a un
solo manifestante dispuesto a admitir que la empresa privada es
necesaria o que crea empleo. Todos parecían adictos a la teta del
Estado.
Con gente así, España no tiene futuro. Con ideas así, España ni
siquiera es ya una nación, sino un rebaño de corderos torpes,
manipulados, engañados y esclavizados por el poder político
gobernante.
No sería justo terminar la crónica sin admitir que también había
funcionarios en las manifestaciones del centro de Sevilla, sobre
todo de la sanidad y de la enseñanza, pero sus voces y
reivindicaciones apenas sobresalían, apagadas por las consignas
esclavas lanzadas por los liberados y agitadores profesionales de
los sindicatos subvencionados del régimen de Zapatero.
Nota: esta información, subjetiva y redactada para un blog personal,
es solo una crónica de las manifestaciones que se produjeron ayer en
el centro de Sevilla,en la Plaza Nueva y alrededores, entre las
11.30 y las 13.00 horas, aproximadamentre, redactada tras decenas de
diálogos con manifestantes, sobre todo con aquellos que parecían
liderar a los grupos y controlar los mensajes. No pretende ser en
modo alguno un resumen de la jornada, ni una versión completa de lo
que ocurrió en la ciudad ese día de huelga teórica contra Zapatero y
su gobierno.
Voto en Blanco
No estamos para huelgas
EDITORIAL La Razón 10 Junio 2010
Los sindicatos eligieron el día de ayer para calibrar el clima
ciudadano de cara a una huelga general y para verificar su dudosa
capacidad de movilización. El paro en la función pública, convocado
por las centrales sindicales, se convirtió en una contundente
censura a UGT y CC OO, que pudieron comprobar el abismo que los
separa del auténtico sentir de esos 2,5 millones de funcionarios
públicos que estaban llamados a la huelga. Pese a la inevitable
guerra de cifras, durante la jornada fue un clamor que el
seguimiento de la convocatoria resultó residual, casi inexistente si
descontamos a los liberados y los afiliados a las centrales. Según
el recuento del Gobierno, sólo el 11,8% del colectivo afectado no
acudió a su trabajo, aunque otras estimaciones lo redujeron al 5%.
En todo caso, porcentaje esclarecedor sobre las intenciones del
grupo más perjudicado por el plan de ajuste.
Este primer ensayo demostró que no existe un clima de huelga
general, porque la sociedad siente que no es lo que precisa España
en momentos tan críticos. La pobre respuesta al paro no puede ser,
sin embargo, interpretada como una suerte de comprensivo aval para
el Gobierno, ni mucho menos. Los funcionarios están irritados y
sienten con toda la razón que están pagando las consecuencias de la
incompetencia de los gobernantes socialistas. Pero convertir esa
indignación en conflictividad social sólo empeoraría una situación
de por sí muy delicada. UGT y CC OO, con sus respectivos líderes
Méndez y Toxo, han salido muy tocados de este test. No es para
menos. Si su poder de convocatoria fue ayer muy exiguo es porque su
complacencia hacia el Gobierno durante estos seis años ha minado la
confianza de los trabajadores.
Quienes han mirado para otro lado cuando la economía española se
desfondaba y quienes se hacían cómplices entusiastas de una política
que ha llevado el paro a cotas históricas no podían esperar ayer una
movilización masiva. Ejemplo de ese seguidismo que han practicado
con el Gobierno socialista es la noticia que publica hoy LA RAZÓN,
según la cual Méndez y Zapatero habrían pactado que la huelga
general fuera convocada una vez concluida la Presidencia española de
la UE y llevada a cabo en septiembre. Queda claro, por tanto, que
las prioridades de los sindicalistas no han sido los intereses de
los trabajadores, sino las marcadas por la estrategia del Gobierno.
En ese contexto, nada más lógico que su prestigio, credibilidad y
razón de ser estén más cuestionados que nunca por los propios
trabajadores. Aunque hay razones para ser escépticos sobre la
capacidad de autocrítica de esta cúpula sindical que se comporta
como una casta privilegiada y subvencionada, sus afiliados harían
bien en exigir responsabilidades a sus dirigentes y en propiciar la
transición y modernización pendientes hacia un liderazgo sin
injerencias partidistas. El 8-J, primer paro general contra
Zapatero, ha probado que el país no cree en huelgas generales ni las
necesita. Lo que pide es un cambio político que genere la confianza
imprescindible dentro y fuera de nuestras fronteras y que sea capaz
de impulsar las reformas estructurales necesarias para reactivar la
economía.
Nuestros héroes sindicalistas
HERMANN TERTSCH ABC 10 Junio 2010
RESULTA siempre un poco curioso ver como algunos tienen que hacer
triples saltos mortales para disculpar u ocultar sus mentiras,
tergiversaciones y formas torticeras de exposición. Emocionados
estamos muchos con el hecho de que la huelga de funcionarios sólo la
hayan seguido aquellos que no la pagan. Los liberados sindicales.
Esos héroes de nuestro tiempo más mediocre. Esos monstruos de la
lucha obrera que saben que siempre van a cobrar y comer. Esas
figuras siniestras que intimidan en las empresas públicas a los
trabajadores auténticos. Y que hace tiempo que en las privadas no se
les hace mínimo ni maldito caso, cuando no se ha decidido, con muy
buen criterio, su desaparición. Por inútiles, inválidos y
contraproducentes. Y por la amenaza que siempre suponen para la
libertad del trabajador independiente, libre y comprometido con un
proyecto de empresa.
Nuestros sindicatos libres, que en su día fueron dirigidos por gente
digna, que realmente se jugaban libertad y hacienda en la última
fase de la dictadura, hoy son muy parecidos a aquellos sindicatos de
estibadores del Chicago de los años veinte. O a los verticales del
franquismo que con tanto éxito infiltraron. Muchachotes pagados,
viejetes enfadados y nostálgicos de la Unión Soviética y mujeres
dedicadas a gritar, también por supuesto subvencionadas y educadas
en el odio. Para que digan que no sabemos bucear en la historia. Y
encima jaleando lemas muy vulgares y tristes y encabezados por esos
dirigentes ignaros y alguno que nos recuerda realmente lo que es el
espíritu de Atapuerca. Es decir, unos renovadores puros para una
sociedad moderna con propuestas valientes de renovación.
Encima no tienen unos personajes que los cubran y den lustre como en
su día hacía Al Capone, Dios le tenga en la gloria a este ilustre
pecador. No tienen a nadie que pudiera darles auténtico glamour de
liberadores de la clase obrera. Porque los líderes sindicales no dan
sólo lástima sino pura compasión cuando demuestran el grado de
articulación de su pensamiento. Compasión o, siendo generosos,
podríamos decir que piedad.
Pero hay que recordar también, sin abusar de la virtud cristiana,
que viven mucho mejor que todos aquellos a los que torticeramente
dicen representar. No los financia la mafia, cierto. Pero sí el
Gobierno y muy bien. Comprenderán que esto quita mucho brillo y
esplendor a la lucha heroica de todos los pesebristas supuestamente
obreros y que no salen de los despachos de los líderes de unos
sindicatos que representan poco menos que a nadie de esta clase
trabajadora, salvo a sí mismos, a sus liberados y a sus protegidos.
Y a quienes se encargan de pasarles la parte del erario público que
todos nosotros les pagamos con una religiosidad que ellos no suelen
compartir.
En fin, el ridículo de la huelga de funcionarios está hecho y muchos
estarán encantados. La huelguita ha parido un par de sentencias o
juicios. Unos dicen que el ridículo fue estupendo. Siempre hay gente
así. Dicen que todo fue un éxito. Allá ellos. Otros saben que el
Gobierno ha recibido un gran favor con la impotencia de esas tristes
y sectarias organizaciones, porque podrá cumplir lo que desde fuera
de nuestro país se le impone porque toda Europa, Estados Unidos y
hasta China son conscientes del peligro que supone este Gobierno
insensato.
De momento sabemos ya que los sindicatos paniaguados del Gobierno no
sirven para nada. Ni siquiera cuando fingen rebelión contra la mano
que los alimenta. Pero además sabemos que la inmensa mayoría de los
españoles, que desprecia a organizaciones que existen para que unos
personajes perfectamente prescindibles coman, no tienen compasión
con la mamandurria. Buena suerte a todos los Méndez, Toxo y
compañía. Tendrán entusiastas que quieran pegar a quienes les dicen
verdades. Cada vez más, se supone. Pero su ridículo mendaz, su nula
representatividad y su retórica grotesca y zafia ya no tiene un
pase. Y se ha visto.
Administración racional
EDITORIAL El Correo 10 Junio 2010
Urge que Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos reordenen sus
servicios
La disposición mostrada ayer por el presidente Rodríguez Zapatero
para proseguir reajustando la Administración General del Estado no
puede obedecer sólo a la imperiosa necesidad de reducir sus costes
de funcionamiento ordinario, ha de responder también al ineludible
redimensionamiento de unas estructuras que han crecido de forma
imparable a cuenta del espejismo con el que el conjunto de la clase
política contemplaba un futuro en permanente crecimiento. El mismo
diagnóstico puede aplicarse al conjunto de las administraciones,
cuyos responsables tienden ahora a salvar el obstáculo del
respectivo déficit público minimizando los esfuerzos de reordenación
institucional. Y hay un factor que retarda las medidas: el temor a
que los recortes dejen en evidencia organigramas inflados y
entramados de gestión altamente ineficientes.
Además, la dinámica según la cual nadie quiere adelantarse en el
adelgazamiento del poder institucional está conduciendo a una
actuación tan tardía como limitada. Algunas intenciones tímidamente
avanzadas en nuestra comunidad corren el riesgo de desvanecerse por
compromisos partidistas en año electoral o por la convicción de que
Euskadi podría desentenderse de los esfuerzos del resto de las
administraciones españolas. Si se opta por considerar que no es el
momento de revisar a fondo los organigramas forales, o por aducir
que resultaría prematuro adelgazar su estructura, nunca se
encontrará el instante adecuado. Resulta imposible objetivar de
forma operativa el capítulo de las competencias exclusivas, dada la
concurrencia de actuaciones institucionales e incluso sus
duplicidades, si no es mediante la necesaria delimitación
legislativa que ponga al día la LTH y proceda a la redacción de la
Ley Municipal. Pero, antes de redefinir el marco competencial desde
el punto de vista legal, lo que resulta urgente es que Gobierno
vasco, diputaciones y ayuntamientos acometan la racionalización de
los servicios que prestan de forma consensuada, comenzando cada uno
de ellos por renunciar a actuaciones manifiestamente superfluas o
prescindibles.
Castellano para «bobos»
JOB VERMEULEN Los estudiantes aprovecharon los descansos entre
pruebas para repasar las materias
E. ARMORA | BARCELONA ABC Cataluña
.Que la prueba de castellano de Selectividad es más fácil que la de
catalán no es una falacia. Quien lo crea así, sólo tiene que revisar
los cuestionarios de ambas materias en los últimos años. Ayer,
primer día del nuevo modelo de exámenes, que ofrece a los alumnos la
posibilidad de mejorar nota, la diferencia de nivel entre las
pruebas de ambas asignaturas fue, si cabe, más acusada.
Al menos esa fue la impresión de alumnos y profesores consultados
por este diario. A algunos de los examinados como Marga (prefiere
que no aparezca su apellido) la escasa dificultad de la prueba le
pareció «insultante».
«Exageradamente fácil» «Ha sido exageradamente fácil. Ni que
fuéramos bobos», indicó al ser preguntada por este diario. En los
pasillos de la Facultad de Económicas de la Universitat de Barcelona
(UB), donde se habilitaron varios tribunales, esa fue la percepción
generalizada. Los alumnos (cerca de 26.000 que ayer estrenaron el
nuevo modelo) entraron con nervios y salieron como si abandonaran el
spa. «Si todos son como éste, estamos salvados», dijo Pedro en tono
de guasa. «Qué fuerte lo de las frases que estaban mal redactadas.
¿Quién dice sofases o usa la expresión «me preocupa de que»?»,
comentó en tono jocoso.
Sandra, Lidia y Laura, tres alumnas del IES Merc_ Rodoreda,
coincidieron también en que el listón estuvo «soprendentemente bajo»
en la prueba de castellano. Les dieron a elegir entre un artículo
periodístico de Juan Goytisolo sobre las nuevas tecnologías o un
fragmento de la comedia de 1932 de Miguel Mihura «Tres sombreros de
copa». Las tres optaron por Goytisolo. A un minuto de volver al
aula, su gestó dejó de ser relajado. «Ahora catalán, que siempre es
más difícil». dijo Sandra. Sus peores presagios se cumplieron.
Aún con el buen sabor de boca del texto de Goytisolo, ella y sus
colegas comenzaron a tragar saliva ante los artículos 11 y 12 del
Proyecto de ley de Acceso al entorno de discapacitados usuarios de
perros de asistencia y un fragmento de «La Bogería» de Narcís Oller
de 1899. Los exámenes de lengua acabaron con el de inglés, un texto
periodístico sobre adolescentes británicos. Hoy, los alumnos se
enfrentan a las materias optativas y mañana a las específicas para
subir nota. Sandra, Lidia y Laura están decididas a aprovechar esa
oportunidad.
«Dicen que es optativo pero es obligatorio porque se presenta todo
el mundo», apuntaron las estudiantes.
Lo que vale el voto de un diputado
P. Tamburri www.gaceta.es 10 Junio 2010
La manifestación que convocó el Parlamento Foral fue para decir que
Navarra no es negociable
Durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero
Navarra se convirtió en uno de los ejes de la política nacional. El
presidente del Gobierno convirtió la negociación con ETA en una de
sus prioridades –quizás la esencial, ya que se trataba de cambiar
radicalmente España– y nadie ignora que ETA considera innegociable
la adhesión de Navarra al proyecto abertzale.
Aquella aventura zapaterista terminó, como todas, mal. La verdad es
que desde 2007 Navarra dejó de estar tan evidentemente en peligro de
entrega inmediata. Lo triste del caso es que la buena noticia no
surgió de un examen de conciencia de Zapatero, sino de las
exigencias de la misma ETA y de la contundencia de los defensores de
Navarra. La banda puso a la negociación con el Estado y el PSOE
“líneas rojas” y plazos que Zapatero no podía permitirse. La buena
disposición de ZP se hizo evidente cuando el Parlamento Foral
convocó una manifestación para recordar que Navarra no es
negociable, y una riada humana llenó las calles, con Miguel Sanz y
Mariano Rajoy. No estuvieron los líderes socialistas, una señal muy
clara de que Zapatero sí la consideraba negociable.
Entre las elecciones municipales y forales de 2007 y el otoño de
2008 Navarra volvió a ser escenario decisivo de la política
española. Lo fue sin embargo de otra manera: los socialistas
renunciaron en el verano a apoderarse del Gobierno regional
aliándose con los abertzales de Nafarroa Bai, porque aunque
numéricamente era posible, Zapatero no podía permitirse una foto
dándose la mano con Patxi Zabaleta. El juego socialista fue desde
entonces otro, y su premio el divorcio forzado –y doloroso para
muchos miles de navarros– entre UPN y el PP. UPN gobierna ahora
Navarra como fuerza exclusivamente regional, se apoya en el PSOE
local y a menudo con su diputado y su senadora al PSOE nacional. La
otra parte del divorcio refundó el PP navarro, una voz nacional en
la política foral.
El voto más caro de nuestra historia es el de mi amigo Carlos
Salvador en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de mayo. Unión
del Pueblo Navarro decidió abstenerse en la tramitación del
tijeretazo de un Zapatero convertido de repente a la austeridad. Esa
abstención permitió en que la nueva política de ZP no fuese
derrotada. José Javier Uranga ha reconocido algo que muchos vemos
ahora como él: “UPN cambió con su voto, el único que tiene, la
historia de la Transición democrática; mantuvo al Gobierno que había
sido su enemigo directo”.
Se ha escrito bastante sobre las consecuencias políticas del voto de
UPN. El tema es importante, pero a los navarros les preocupa más el
precio del proceso: las pensiones congeladas, las ayudas suprimidas
y los sueldos recortados dependen de ese voto. Como dependerá de la
política de Zapatero que las obras públicas sigan o se olviden. Es
cierto que también un voto negativo de UPN habría tenido un impacto
económico: el descrédito internacional de un Gobierno incapaz de
empezar un mínimo ajuste financiero habría podido llevarnos en la
dirección griega aún más rápidamente.
Lo innegable es que el voto de Carlos Salvador vale. No es teatro ni
mucho menos el debate interno en Unión del Pueblo Navarro sobre ese
voto y otras decisiones políticas presentes o por venir. Ninguna de
las dos posibilidades era buena y se trataba de elegir entre males.
De hecho, ninguna de las dos posibilidades casaba bien con el
programa social y económico que PP-UPN llevó a las elecciones
generales de marzo de 2008, en las que resultaron elegidos –con el
aval personalísimo de Miguel Sanz– tanto Carlos Salvador como el
líder del PPN Santiago Cervera. Por eso es comprensible la aspereza
del debate en torno a ese voto, que en efecto ha prolongado la
agonía de Zapatero y que puede cambiar algunas cosas en la política
navarra.
Roberto Jiménez advirtió en público a UPN el 25 de mayo que había
que apoyar a Zapatero al grito de “la abstención es de cobardes”.
Conocida es la envergadura académica e intelectual del líder
socialista, pero convendría recordarle que la abstención socialista
en 2007 permitió que Miguel Sanz formase Gobierno. Y desde entonces
es cada vez menos creíble que el PSOE pacte con los abertzales,
sencillamente porque el precio electoral, en Navarra y fuera, sería
brutal. En cuestiones esenciales, como el rechazo al aborto y al
nacionalismo, UPN y PP siguen yendo por el mismo camino; y creo que
objetivamente UPN poco debe temer ya –si es que debió temerlo alguna
vez– del chantaje socialista. Suprimida la coacción, comprobada la
importancia de la política nacional para Navarra y de todos los
votos navarros en la política nacional, es hora de volver a pensar y
a pesar las cosas. Navarra ha marcado el rumbo de España más de una
vez, pero la condición necesaria para ello fue siempre la unidad de
los votos nacionales en la hoy Comunidad Foral.
* P. Tamburri es profesor de Historia.
Centenario
¿De qué presumen?
Emilio Campmany Libertad Digital 10 Junio 2010
Este jueves, los socialistas han celebrado en el Congreso de los
diputados los cien años del Grupo Parlamentario Socialista. Se
supone que tal día como hoy, hace cien años, se formó en la Carrera
de San Jerónimo el primer grupo del PSOE. Como ocurre con casi todo
lo socialista, es falso. La fecha que se conmemora es la de la
primera vez que un diputado del PSOE logró un escaño. Y lo alcanzó
porque el partido se presentó en lo que se llamó la "conjunción" con
los republicanos.
Por aquel entonces, el PSOE era un partido marxista revolucionario
que, por medio de su sindicato UGT, le disputaba a los anarquistas
el encabezamiento de la revolución. No era lo que se dice un partido
moderado, pero al menos Pablo Iglesias era un obrero de verdad
porque todavía no se habían inventado los sindicalistas liberados.
Los discursos conmemorativos han estado muy bien, tanto por lo que
han dicho como por lo que han callado. Por ejemplo, nadie ha
celebrado que el PSOE fue aliado del dictador Primo de Rivera.
Tampoco han contado que su alianza con el reformismo burgués para
traer la Segunda República era un movimiento meramente táctico a la
espera de desencadenar la revolución proletaria que esperaban
encabezar tras desembarazarse de los anarquistas. No han recordado
el levantamiento que en 1934 promovieron contra esa misma Segunda
República de la que hoy se dicen herederos y que trataron de
destruir prácticamente desde sus comienzos.
Nada han dicho de la revolución iniciada a partir de las elecciones
de febrero de 1936, ni de las constantes llamadas a la Guerra Civil
de Largo Caballero. Tampoco han hablado de las vacaciones que el
partido se tomó durante la dictadura de Franco, ni se han
congratulado de que el partido es hoy lo que es gracias a la
financiación de potencias extranjeras temerosas de que el Partido
Comunista acaparara el voto de la izquierda. Y tampoco han dicho
que, para poder recibir el dinero, tuvieron que renunciar a
regañadientes al marxismo.
Sí han reconocido que los ideales de Pablo Iglesias siguen hoy
vigentes en el partido socialista, que es tanto como decir que
siguen creyendo en la revolución marxista, que es en lo que creía el
tipógrafo. Pero lo mejor, como siempre, ha sido cuando les ha dado
por mentar la soga en casa del ahorcado. Bono ha afirmado que "somos
y debemos seguir siendo una mayoría de cemento de fortaleza", que
muy bien podía haber dicho "de cemento de ático del barrio de
Salamanca". Y Alonso ha acusado a Aznar y a Bush de ser los "autores
intelectuales de la crisis", olvidando lo interesante que sería
saber quiénes fueron los autores intelectuales del 11-M, que son
quienes les pusieron donde hoy están y que seguimos sin saber
quiénes fueron porque ellos se niegan a investigarlo.
Tampoco han tenido empacho en invitar al ministro socialista que fue
condenado por secuestro, que francamente no es una acción muy
democrática, aunque sí muy leninista y no digamos estalinista.
Y como traca final, se les ha aparecido quien presidió el Gobierno
de los GAL, Felipe González en persona. Viene el hombre de llamar
necio a Zapatero por rectificar un día sí y otro también. Y ahora,
por ser conciliador, se ha dejado caer en el Congreso de los
Diputados a decirle que, cuando el país y el partido están en
dificultades, él se siente "más disponible". Como diría Revilla,
éste quiere volver. Y éstos son los que han de sacarnos de la
crisis.
Nuestra lengua común: el español
Ricardo Carreras www.lavozlibre.com 10 Junio 2010
Español es el nombre más apropiado para denominar a nuestra lengua.
Siempre desde el respeto a todas las demás opiniones -muy
especialmente el derecho de cada uno a llamar a su lengua materna
como le dé la gana- , hay numerosos argumentos para que así sea.
Hay que explicar primero que la confusión viene de lejos. En 1492,
además de descubrir América, España protagoniza un acontecimiento
cultural de singular importancia -lo cual a su vez demuestra que no
fue casualidad, sino causalidad que fuera España quien descubriera
América, ya que era la única nación tecnológicamente capaz de
emprender esa epopeya, al igual que Estados Unidos y La Unión
Soviética siglos después serían los únicos capaces de protagonizar
la carrera espacial.
Me refiero a la publicación de la primera gramática no clásica, la
del nunca debidamente ponderado Antonio de Nebrija. Pero ocurrió que
el gran sabio, por agradar a su señora, la reina Isabel, atribuye
injustamente a Castilla la paternidad del romance que hablamos hoy,
y le llama 'Gramática de la Lengua Castellana'. Lo hace con mala
conciencia y advierte él mismo que es injusto bautizarla -hasta
entonces se hablaba de romances- así, ya que además de ser la lengua
de Castilla, la hablan entonces también como lengua materna
aragoneses, navarros y otros españoles. De esos polvos vienen estos
lodos.
Vayamos con los argumentos. En primer lugar, por su origen. El
español nace y crece en una extensa zona que hoy corresponde con
varias regiones españolas, no sólo con Castilla. La parte central de
la península habla desde hace al menos doce siglos variedades
dialectales de un mismo romance, un proto-español que se divide en
varias modalidades dialectales -romances riojano, navarro-aragonés,
leonés, castellano e incluso mozárabe. Estas modalidades se fusionan
para forman el español. Por ello, español no sólo es el nombre
idóneo para designar nuestra lengua actual, sino también para
designar a esta misma lengua en su evolución histórica.
Español, no castellano, son las jarchas medievales. Un proto-español
en su modalidad de romance mozárabe y, como tal, muy influido por el
árabe, como era de esperar, ya que lo hablaban los cristianos que
vivían bajo dominio árabe.
Español, no castellano, son las glosas emilianenses. Si hubiera que
escoger una modalidad, antes serían romance riojano o
navarro-aragonés que romance en su variedad castellana, como han
demostrado numerosos expertos.
En segundo lugar, por su desarrollo. A partir de finales del siglo
XV, el español es la lengua franca de toda España. A su desarrollo
contribuyen españoles de todas las regiones -y también de América,
pero ese es otro tema.
En español -dado que era la lengua materna de la mayoría de los
aragoneses o navarros desde hace siglos- escribe Jerónimo de Zurita
los Anales de la Corona de Aragón. Aragoneses son los hermanos
Argensola, que van a Madrid a enseñar el español, o el gran Gracián.
Además de cómo lengua materna, como lengua culta la usan
voluntariamente catalanes, gallegos, valencianos o mallorquines. Por
ejemplo, el afamado -entonces- escritor catalán Juan Boscán
Almogávar -en catalán Joan Boscà i Almogàver-, nacido en Barcelona
en 1492, que no se limita a escribir también en español, sino que
sólo escribe en español.
Por cierto, es extraño, si no conociéramos 'el percal' del
nacionalismo periférico que, a pesar de su talento y fama, este
insigne e innovador intelectual catalán no tenga una calle en su
Barcelona natal -a la que tanto amó y donde publicó algunas de sus
obras- ni en el resto de Cataluña. Pero claro, es imperdonable que
hablara de España en sus obras y que escribiera en español.
Así que no es justo denominar castellano a una lengua que nació en
una extensa parte de España y han desarrollado españoles de todas
las regiones.
Además de su origen y desarrollo, otra razón para llamar español a
nuestra lengua es que así lo denomina la inmensa mayoría de los
hispanohablantes de todo el mundo. Si el mundo de los
hispanoparlantes fuera una democracia y votáramos todos, desde luego
que ganaría el término de español. Así figura en las constituciones
de la mayoría de los países hispanos. Sólo aquí nos andamos con
complejos. Menudo gol metieron los nacionalistas periféricos al
llamar 'castellano' a nuestra lengua en la Constitución. El
castellano es el español que se habla en Castilla. Ya lo dijo Cela y
lo dirá cualquier filólogo digno de tal nombre.
Y sin embargo, el principal argumento para llamar a nuestra lengua
español es otro.
Se trata de la única lengua que hablamos y entendemos todos los
españoles. Así lo entendió Juan Boscán y millones de españoles antes
y después de él.
Llamar castellano al español, además de ser injusto, significa, para
todos los no-castellanos, distanciarse de nuestra lengua materna.
Significa considerarla un poco más extraña. Un poco menos materna.
Por contra, llamarla español es reforzar lo que tenemos en común,
nuestra identidad nacional.
Hay otras lenguas españolas. Todas deben respetarse. Ninguna debe
reprimirse. Pero España no es Suiza. Las otras lenguas españolas no
son iguales a nuestra lengua común. El español por antonomasia es
superior a ellas. No porque lo hablemos como lengua materna 450
millones de personas. No porque sea una de las tres lenguas más
importantes del mundo. Sino porque hoy, como ayer, es la única
lengua que nos une.
Somos una nación (1)
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 10 Junio 2010
Está claro que somos una nación. La cuestión está en el sujeto:
¿quiénes somos una nación? ¿Unos son nación y otros no? ¿Lo somos
todos y cada uno? ¿Somos de una o de varias naciones a la vez? ¿Lo
somos por nacimiento? ¿Por residencia? ¿Por opción personal? ¿Por
ser diferentes en algo? ¿Por no ser menos que nadie? ¿Porque está
escrito en no sé qué texto que lo dice? ¿O porque sí?
Es la típica cuestión absurda, sin sentido. Ser nación, ¿es mucho,
es poco? ¿Es más que ser región? ¿Por qué? Para los nacionalistas,
el ser nación es un dato indudable, evidente, que no admite
controversia. Cataluña es una nación y punto. O España es una nación
y punto. Los sociatas, animados de un santo celo contemporizador,
hemos sacado lo de 'nación de naciones', que queda bonito, aunque no
más claro: es como decir 'nube de nubes'. Luego está lo de 'me
siento', que ya es el colmo, porque transfiere un concepto
sociológico al terreno subjetivo, a las devociones particulares,
cuando no ensoñaciones o fantasías. Hay quien dice, con todo el
aplomo, "para mí, Cataluña es una nación". Y yo digo, ¿y qué carajo
importa que lo sea para ti? Lo importante es que lo sea, o en qué
sentido lo es, o qué importa que lo sea, o qué entiende la gente
cuando dice la palabra nación.
Para empezar, nación viene de natus, nacido, y equivaldría a natura,
naturaleza. Pues ahí lo tengo claro, el sujeto de la frase es toda
la humanidad. La humanidad es una sola nación, todos somos
compatriotas. Decir que los españoles son de distinta nación, o sea
naturaleza, que los franceses es una aberración. Sería bonito poder
decir que sólo hay una nación sobre la tierra, pero el uso actual de
la palabra no lo permite. Actualmente, nación se usa como sinónimo
de Estado soberano y suele ponerse en mayúscula: las Naciones Unidas
es un ejemplo claro. Es un reflejo de la revolución francesa: la
Nación como conjunto de ciudadanos, sujeto de la soberanía. Pero,
fruto de la tradición del pensamiento romántico alemán, se usa
también nación en sentido étnico, y de ella se predica la capacidad
de constituir un estado soberano, o sea una Nación. De ahí que haya
'naciones sin Estado', o sea naciones que no son Nación. Y ahí está
el lío.
La categoría de 'nación étnica' es poco fiable. Está al alcance del
discurso de cualquier iluminado, y lo mismo se puede aplicar a
Cataluña o a los Países Catalanes que al Empordà, al Valle de Arán o
a la isla de Tabarca. Y aún habría liantes que hablarían de la
'nación culé'. O sea que en Europa podríamos llegar a tener entre
doscientas y quinientas naciones. Por otro lado, desde el
nacionalismo sólo se puede aceptar el Estado plurinacional si se
niega su calidad de nación, o sea que España es un estado, pero no
es una nación. Ése es el uso actual en Cataluña, entre los políticos
y demás: nunca se refieren a España como Nación. ¡Pero eso choca con
la primera línea de la Constitución! Y con el uso internacional más
o menos establecido.
Si hemos de pelearnos, que sea por realidades, no por palabras.
Deberíamos ser capaces de quitarles hierro -o sea, capacidad de
conflicto- a las palabras. Podríamos aplicar la palabra 'nación'
solamente a los grupos étnicos, y reservar la palabra 'estado' para
el organismo del poder soberano y constituido. Pero es muy duro ir
contra el uso consolidado por los siglos. Desde esta columna ínfima,
propongo reservar la palabra 'nación' para las entidades soberanas
ya constituidas, los estados, y recurrir a la palabra 'patria' para
referirse al grupo étnico, que puede aspirar a formar una nación -un
estado- en el futuro. Patria tiene el componente sentimental que
cuadra bien con la querencia subjetiva: "mi patria es..." no tiene
por qué coincidir con la que dice el DNI. Y las patrias no tienen
por qué ser exclusivas: uno podría ser a la vez patriota catalán,
patriota español, patriota europeo. Aunque la Trinca declaraba que
es imposible tener "dos patrias a la vez y no estar loco"...
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Editorial La Razón 10 Junio 2010
Impuestos ideológicos
Las comunidades socialistas se han lanzado en las últimas semanas a
una espiral de subida de impuestos con un doble objetivo. Por un
lado, se trata de aumentar la recaudación para cubrir los rotos
financieros de su gestión y, por otro, esa vuelta de tuerca fiscal
tiene un claro componente ideológico. El mensaje del Gobierno tras
el tijeretazo social de que los que más tienen deben realizar un
mayor esfuerzo ha sido recogido por las administraciones periféricas
del partido con rapidez. Hay una intención de trasladar a ese
electorado militante, agotado y desencantado por los planes de
ajuste contra los pensionistas, los dependientes y los funcionarios,
que el PSOE quiere levantar todavía la bandera de la justicia
impositiva para que los ricos no se vayan de rositas en esta crisis
y que corran también con los gastos del descalabro. Por esa razón,
los gobiernos del PSOE más a la izquierda se han apresurado a
anunciar subidas del IRPF para, en teoría, los que más poseen.
Cataluña, Asturias, Andalucía y Extremadura han decidido aplicar un
nuevo tramo para las rentas superiores a 120.000 euros, 100.000,
80.000 y 60.000, respectivamente.
De esas cuatro administraciones, en Cataluña y Asturias las mayorías
socialistas están en manos de la izquierda extrema, lo que pone de
relieve el objetivo
electoralista y demagógico de las propuestas. En cualquier caso,
estamos ante iniciativas simplistas, que serán ineficaces en el
capítulo de la recaudación por su relativo impacto financiero, y
estériles como lavado de imagen para un partido que perdió hace
tiempo la batalla de la confianza y la credibilidad incluso entre
sus votantes. El apoyo de la gente no se gana con propuestas
coyunturales e improvisadas para salvar la cara, sino con rigor.
Las administraciones socialistas tienen alternativas serias para
sanear las cuentas como es la reducción de sus estructuras,
absolutamente desajustadas a las necesidades y las urgencias
actuales. La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, se cargaría de
autoridad moral y de razones si se aplicara el tijeretazo a un
organigrama de Gobierno que es el más voluminoso y caro de España.
Cataluña, Asturias, Andalucía y Extremadura tienen en su mano dar
ejemplo de austeridad y de sacrificio a la sociedad antes de
exprimir a los ciudadanos y ahuyentar a los capitales tan necesarios
cuando la economía no va. Es tan sencillo también como seguir los
pasos de la Junta de Castilla-La Mancha, única administración del
PSOE que ha tomado ese camino.
La mayoría de los socialistas, sin embargo, cree más en asfixiar al
contribuyente, especialmente a las clases medias, que en apretarse
el cinturón de verdad. No es lo justo, ni siquiera lo eficiente,
pero es lo más sencillo. El Gobierno andaluz ha dispuesto nuevos
impuestos a los depósitos bancarios y a las bolsas de plástico de un
solo uso y la aplicación del denominado «céntimo sanitario», y el de
Asturias quiere explotar los impuestos de Sucesiones o
Transmisiones. La apuesta por la presión fiscal para aliviar las
graves urgencias financieras es un error porque la reactivación
económica y la confianza de los ciudadanos necesitan estímulos e
incentivos, no yugos ni confiscaciones.
Gloria Lago: 'Heroísmo y silencio', columna
de Andrés Freire en ABC
ANDRÉS FREIRE. ABC Galicia 10 Junio 2010
"Un coche roto, unas pintadas, amenazas en pasquines y en su casa,
insultos, ataques, presiones. ¿Qué delito ha cometido Gloria Lago
para merecer tanto ataque? En el fondo, no es otro que el que llevó
a Sócrates a la cicuta: «No cree en los dioses en los que la polis
cree». ¡Y en menudos dioses cree hoy nuestra polis galaica!
Identidad, Historia, Pueblo, Lengua... Dioses arcaicos y
reaccionarios que un europeo del siglo XXI no puede decir en voz
alta sin provocar risas o espanto.
Gloria Lago, junto a unos pocos, osó hace años romper el vano
consenso de la mal llamada normalización lingüística. Un consenso
que se basaba en leyes importadas de Cataluña a las que nadie hacía
caso, y el reparto de sinecuras al nacionalismo para mantenerlo
callado. Cuando el bipartito quiso apretar las clavijas con esas
leyes, cuando alguien en respuesta dijo «basta», se acabó al momento
la preciada tolerancia gallega, y apareció entre nosotros la torva
faz del feo odio.
No protesto hoy contra la muchachada radical nacionalista. Ya
tenemos leyes e incluso fiscales para detenerlos. Protesto, en
cambio, por el silencio cómplice de muchos. Los muchos que atizan el
odio con insultos impropios de una sociedad democrática. Los muchos
que aseguran ser progresistas y tolerantes pero nada dicen contra
esos ataques, callando y otorgando con su silencio.
Baste como prueba su iracunda respuesta a quienes han alertado del
peligro de batasunización en Galicia. En vez de aceptar la obviedad,
en vez de observar las pintadas y pasquines de nuestras calles, las
incipientes bombas, las manifestaciones sitiadas por furia
vociferante, en vez de reconocer la verdad que grita ante sus ojos,
se rasgaron hipócritas las vestiduras y protestaron no por la
violencia, sino a quien alertaba de esa violencia. ¿Acaso piensan,
en el fondo, que necesitan de las amenazas de unos pocos para que la
mayoría acobardada acepte su proyecto nacionalista?
¿Y qué decir de los otros, los equidistantes? Se sirvieron de Gloria
Lago y sus gentes para ganar las elecciones y hoy la motejan de
«radical». Su «radicalidad» consiste en solicitar el derecho a ser
educado en la lengua materna, lengua oficial de Galicia. Tan radical
es esa propuesta que es un derecho reconocido en todos los países,
exceptuando la extravagante España.
Todos sabemos a dónde conduce el camino que algunos llevan tiempo
hollando. Lo hemos visto en otros tiempos, lo vemos en tierras
cercanas. Sin embargo, cierta Galicia persiste en pensar que el
individuo no cuenta, lo importante es la tribu; que la libertad es
irrelevante si obstaculiza la construcción nacional; que la
educación ha de ser instrumento de adoctrinamiento patriótico...
Cierta Galicia persiste, en fin, en esa quincalla volkish cuyas
consecuencias conocemos demasiado bien.
Ante tanto ataque y acoso, muchos prefieren mirar a otro lado.
Permítanme que sea yo, desde esta modesta columna, quien salude el
coraje heroico de quien se enfrenta, valiente y casi sola, a tanto
fanatismo.
Cataluña
Adéu, Espanya
José García Domínguez Libertad Digital 10 Junio 2010
Cada loco con su tema. Así la Mesa del Parlamento de Cataluña, que
acaba de dar pábulo institucional a la convocatoria de un referéndum
de autodeterminación "vinculante". Ilustrativo, revelador pleonasmo
que recuerda a ciertos preadolescentes en la edad del pavo; esos
que, tras amenazar mil veces con fugarse de casa, proclaman,
solemnes, que "esta vez va en serio" ante la paciente mirada de papá
y mamá.
En fin, una asonada virtual, otra, que, huelga decirlo, cuenta con
la connivencia activa del tribuno más venerado por el clarividente
pueblo español, el beatífico Duran Lleida. Y es que el voto de su
partida, Unió, ha devenido determinante con tal de admitir a trámite
la enésima performance secesionista de la hégira de Montilla.
Demolidos, entonces, los últimos puentes que aún mantenían en
contacto al sentido de la realidad con el del ridículo, CiU no habrá
de ir al notario, sino al psiquiatra, tras consumar el muy
presumible apaño postelectoral con Rajoy. Trastorno bipolar agudo
dicen que se llama el cuadro.
Aunque más de una vez se ha dicho aquí que nada cabría objetar a
esos alardes de onanismo tribal siempre que el interrogante impreso
en las papeletas respondiera, más o menos, a la siguiente obviedad
fáctica: ¿Está usted dispuesto a que Cataluña sea expulsada mañana
mismo de la Unión Europea, excluidas sus cuatro provincias del uso
del euro en tanto que unidad de cuenta, y gravadas sus exportaciones
con aranceles y contingentes en verdad lacerantes, todo ello por mor
de la oprimida identidad nacional de Manuela de Madre, Celestino
Corbacho, Justo Molinero y Alfons López Tena, entre otros deudos en
línea directa de Wifredo el Velloso y Doña Petronila de Aragón?
Porque esa súbita moda, la de los plebiscitos de la Señorita Pepis
que tanto furor viene causando en la plaza de un tiempo a esta
parte, se sustenta sobre una premisa quimérica. Pues quieren creer
sus promotores que ha llegado, tal como soñara el gran filósofo
doméstico Francesc Pujols, el radiante día a partir del cual todo
les va a salir gratis a los hijos de esta ínsula Barataria. Todo.
Desde la pitanza, las copas y el resopón hasta la deslealtad hacia
España y la permanente juerga sediciosa. Lo dicho, cosas de la edad
del pavo.
José García Domínguez es uno de los autores del blog
Heterodoxias.net.
Concluye sin votación el primer pleno del
TC sobre el Estatut con Casas como ponente
El pleno del Tribunal se ha reunido hoy sin que se hayan registrado
avances que permitan una próxima notificación de la sentencia, a
pesar de las esperanzas de Casas
EFE | MADRID ABC 10 Junio 2010
El pleno del Tribunal Constitucional, que se ha reunido hoy para
retomar sus deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña, ha
finalizado sobre las 14:00 horas sin que se hayan registrado avances
que permitan una próxima notificación de la sentencia.
Fuentes del tribunal han informado de que durante la reunión de hoy,
que ha durado algo menos de cuatro horas, los magistrados han
examinado además la petición de la Generalitat de Cataluña de que el
magistrado Pablo Pérez Tremps, adscrito al sector progresista y
recusado por el PP, pueda participar en la sentencia si ésta se vota
por partes.
El Gobierno catalán justifica su petición, que ha llegado hoy al
Constitucional, en el hecho de que Pérez Tremps fue recusado por
elaborar -antes de ser elegido magistrado- un informe sobre la
acción exterior y las relaciones con la Unión Europea de la
Generalitat, por lo que, de votarse por bloques, podría participar
en los debates sobre el resto de los artículos del Estatut.
La vuelta de Pérez Tremps a las deliberaciones posibilitaría la
formación de una clara mayoría progresista, ya que su voto se
sumaría a los de la primera ponente de la sentencia, Elisa Pérez
Vera; la presidenta, María Emilia Casas, y los magistrados Pascual
Sala, Eugeni Gay y Manuel Aragón.
La reunión de hoy, tras la que sigue sin haber sentencia, era la
primera que tenía lugar para debatir monográficamente sobre el
Estatut desde que, el pasado 19 de mayo, Casas asumió la ponencia de
la resolución, tras la renuncia primero de Pérez Vera y luego del
conservador Guillermo Jiménez.
El borrador en el que Casas lleva trabajando varias semanas, con la
intención de que el tribunal pudiera notificar la sentencia antes
del verano y, por tanto, antes de que comience la precampaña de las
elecciones autonómicas catalanas previstas para el próximo otoño.
El texto, según fuentes consultadas en el tribunal, es similar a los
de Pérez Vera, a los que la presidenta siempre dio su apoyo y que en
su última versión anulaba una quincena de artículos del Estatut y
condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a la
interpretación que se les diera en las leyes que deben desarrollar
la norma estatutaria.
Para lograr el consenso que su antecesora no consiguió, sin embargo,
Casas pretendía «suavizar» los puntos que resultaron más polémicos
en las propuestas anteriores, como el referido a la inclusión del
término «nación» en el preámbulo, que hizo que Manuel Aragón se
negara a sumar su voto al de sus compañeros de sector, abortando así
la posibilidad de aprobar la sentencia.
En su empeño de que sea el actual Tribunal Constitucional el que
resuelva el tema del Estatut, la presidenta ha planteado también la
posibilidad de que se lleve a cabo una votación del texto «por
bloques», ya sea capítulo a capítulo o artículo por artículo,
alternativa a la que ninguno de los magistrados que forman el pleno
se ha opuesto.
Es ahí donde se enmarca la última petición de la Generalitat, que ha
visto en ese sistema de votación una puerta abierta a permitir la
reincorporación de Pérez Tremps a los debates.
Sin embargo, en el caso de que el pleno no acceda a revisar la
recusación de este magistrado, la votación por bloques daría como
resultado una sentencia falta de coherencia interna, admiten fuentes
del tribunal, que señalan que junto a partes aprobadas por una
mayoría conservadora habría otras que saldrían adelante sólo con los
votos de los progresistas. Unos y otros, además, plantearían
numerosos votos particulares en los puntos en los que sus tesis
salieran derrotadas.
El Constitucional también está a la espera de recibir las
alegaciones de las partes personadas en el proceso a los recursos
presentados por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña a su
negativa a declararse incompetente para resolver el tema del
Estatut.
Tanto el Gobierno catalán como la Cámara autonómica consideran que,
una vez reactivado por el Senado el proceso de renovación del
tribunal, el actual Constitucional debe dejar la tarea a los nuevos
magistrados.
Debate sobre el Estatut de Cataluña
Termina sin acuerdo el Pleno del Tribunal
Constitucional
www.gaceta.es 10 Junio 2010
Tras casi cuatro horas de reunión, los diez magistrados que tienen
la obligación de dictaminar sobre este asunto concluyeron su
cónclave sin que por el momento haya trascendido el contenido del
mismo.
El Pleno del Tribunal Constitucional agotó hoy su última
convocatoria de Pleno sin lograr sacar adelante la sentencia que
debe resolver el recurso que interpuso hace hace casi cuatro años el
PP contra el Estatut de Cataluña.
Tras casi cuatro horas de reunión, los diez magistrados que tienen
la obligación de dictaminar sobre este asunto concluyeron su
cónclave sin que por el momento haya trascendido el contenido del
mismo, si se llegó a deliberar a fondo sobre el borrador de la
presidenta, María Emilia Casas, o si se adoptó algún acuerdo
concreto sobre la posibilidad de votar el texto artículo por
artículo.
El único dato aportado de forma oficial por el gabinete de prensa
del alto tribunal es que no existe aún sentencia y que los
magistrados no llegaron a votar el borrador en la reunión de hoy. El
Pleno no continuará eta tarde, no está previsto que se reúna mañana
ni tampoco hay fecha fijada para una nueva convocatoria.
Fuentes del alto tribunal señalaron que, en principio, ninguno de
los diez magistrados que deliberan sobre este asunto es contrario a
ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por
precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ) que señala que "la votación, a juicio del presidente
(del tribunal), podrá tener lugar separadamente sobre los distintos
pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte
de la decisión que haya de dictarse". Este artículo añade que, en
este caso de votación por partes, emitirá su opinión "primero el
ponente y después los demás magistrados por orden inverso al de su
antigüedad", mientras que quien presida los debates votará el
último. Además, precisa que ""empezada la votación, no podrá
interrumpirse sino en caso de fuerza mayor".
Recursos pendientes
El Pleno de hoy comenzó a celebrarse pasadas las 10.00 horas a pesar
de estar aún pendientes de resolución los recursos de súplica
planteados tanto por el Gobierno como por el Parlamento catalanes
contra la negativa del tribunal a declararse incompetente para
dictar sentencia sobre este asunto, puesto que la tramitación de
estos incidentes no tiene carácter suspensivo (artículo 93.2 de la
LOTC). A este recurso se une la carta remitida anoche por la
Generalitat solicitando que se anule la recusación del magistrado
Pablo Pérez-Tremps (que se aprobó a instancias del PP) alegando que,
ya que este magistrado sólo asesoró en los aspectos del Estatut
relativos a las relaciones exteriores de la comunidad autónoma,
podría estar presente en la votación relativa a los artículos que no
se refieran a éste aspecto.
Las mismas fuentes señalaron que es poco probable que la carta se
estudiara en el Pleno de hoy, ya que se trata de un escrito
informal. No obstante, y pese a que acabe dándose la votación del
borrador por partes, la petición de la Generalitat no tendría mucho
sentido, puesto que las deliberaciones no tienen por qué darse en
bloques temáticos, ya que podrían agruparse varios artículos sobre
los que, por ejemplo, hubiera unanimidad sobre su
inconstitucionalidad, con independencia de la temática de los
mismos.
El pasado martes, el Tribunal Constitucional acordó dar un plazo de
tres días a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a los siete
recurrentes del Estatut de Cataluña (el PP, el Defensor del Pueblo y
las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y
Valencia) para que se pronuncien sobre los recursos interpuestos
sobre la cuestión de competecia. Estos recursos plantean falta de
legitimidad del tribunal por haber extinguido varios magistrados,
entre ellos su presidenta, el mandato para el que fueron designados
por las Cortes. Por esta razón, y pese a que no tienen carácter
suspensivo, es probable que el tribunal haya optado hoy por no
deliberar sobre el último borrador de la sentencia hasta haber
solventado esta incidencia procesal.
El contenido de la ponencia que se traía hoy al Pleno no modifica
sustancialmente el presentado hace unos meses por la magistrada del
denominado 'sector progresista' de este órgano Elisa Pérez Vera, que
fue tumbado por seis votos a cuatro pese a contener la anulación de
varios de los preceptos de la norma catalana.
Fuentes del TC señalaron que el texto que presenta Casas, que es la
séptima versión de sentencia que se discute, es prácticamente
idéntico al de su antecesora Pérez Vera, ya podría incluir la
declaración de inconstitucionalidad de unos 15 preceptos y otra
veintena podrían ser sometidos a interpretación.
Formas de voto
Por ello, y en previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso
necesario, la presidenta estaría dispuesta a votar artículo por
artículo con tal de lograr de una vez una sentencia antes del
próximo verano, según manifestó ella misma hace un par de semanas a
un grupo de periodistas.
Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el
pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el
vicepresidente de este órgano y magistrado del "bloque conservador",
Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de
someterlo a votación.
Ese día, y tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal
Constiucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el
magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por
la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la
declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y
la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el
empleo del término "nación" en el Preámbulo de la norma.
Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar
la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para
lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el
elaborado por Elisa Pérez-Vera, fue rechazado el pasado 16 de abril
por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro
modificaciones desde su redacción inicial, mientras que el segundo
ni siquiera fue sometido formalmente a consideración. La fuerte
división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el
Estatut -queda fuera Pablo Pérez-Tremps, recurrido por el PP, y hay
una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo-,
permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que
ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en
el tribunal de garantías.
Casas, junto con el vicepresidente Jiménez y los magistrados Vicente
Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, es una de los magistrados de este
órgano cuyo mandato concluyó en diciembre de 2007 sin que el Senado,
a quien corresponde su renovación, haya podido alcanzar el consenso
necesario para conseguirlo. El PSOE en el Senado manifestó su
voluntad de no oponerse, en principio, a tomar en consideración a
los dos candidatos propuestos por el PP para renovar el órgano
(Francisco Hernando y Enrique López), aunque el pasado martes la
Mesa del Senado descartó al segundo por no reunir los requisitos
exigidos para el cargo.
La ponencia de Pérez-Vera fue apoyada, además de por su autora, por
la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia
progresista Eugenio Gay y Pascual Sala. En contra lo hicieron los
magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado,
todos ellos situados en el sector conservador del tribunal. En un
tercer bloque "ideológico" se situarían Jiménez y sus compañeros del
'sector conservador' Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes
(pese a que éste último había sido colocado siempre hasta ahora en
el ala progresista), que habrían colaborado estrechamente en la
elaboración del borrador que fue desechado el la última reunión que
el Constitucional celebró sobre el Estatut el pasado día 19.
López pondrá fin a la imposición del
euskera en comercios y empresas
PP y PSE aprueban hoy en la Cámara de Vitoria la anulación de las
sanciones a los establecimientos que no rotulen o atiendan en las
dos lenguas oficiales. Las medidas se incluyen en un decreto
aprobado por el tripartido de Ibarretxe en 2008, que iba a entrar en
vigor en julio.
ITZIAR REYERO | VITORIA ABC 10 Junio 2010
El Gobierno de Patxi López eliminará, en el plazo de un año, todas
aquellas medidas que obliguen a usar el euskera a comercios y
empresas de gran tamaño afincadas en el País Vasco, y que fueron
aprobadas en la etapa final del tripartito de Ibarretxe siguiendo el
modelo vigente en Cataluña. Como primer paso, la Consejería de
Cutura ha anunciado que demorará el decreto de 2008 que regula las
sanciones a los "infractores" de esta ley, que iba a entrar en vigor
a partir de julio, y que hubiera afectado a unos 2.000
establecimientos. Entre otras cuestiones, el decreto preveía multas
para quienes no rotulasen y atendieran al ciudadano en las dos
lenguas oficiales.
Hoy, el Parlamento de Vitoria apruebe hoy una moción pactada por PP
y PSE, en la que instan al Gobierno vasco a eliminar de la ley todas
las medidas coercitivas y sancionadoras del uso del euskera en los
comercios. Esta iniciativa supera en ambición a la proposición
presentada por UPyD, que pedía la derogación de las sanciones. "No
se trata sólo de eliminar las multas, sino de acabar con una
imposición", señalaron fuentes de la Ejecutiva del PP vasco
consultadas por este diario. Las mismas voces celebraron que los
socialistas hayan accedido "por fin" a modificar este "atropello"
lingüístico.
Precisamente, esta reforma legal constituye una de las exigencias de
los populares plasmadas en el Acuerdo de Bases por el cambio
político que aupó al socialista Patxi López al Gobierno vasco. Nada
más aprobarse el citado decreto, en junio de 2008, el PP exigió su
retirada al entender que se trataba de una norma propia del
"fascismo". "Es inadmisible que se obligue o se multe a una persona
a hablar en euskera aludiendo a los supuestos derechos lingüísticos
de los vascoparlantes. Y menos en el ámbito privado de su trabajo o
empresa", declaró a ABC Iñaki Oyarzábal.
El debate para la modificación de esta ley, que apoyarán PP, PSE y
UPyD, suscitará previsiblemente duras críticas por parte de las
formaciones nacionalistas, que han reprochado al actual Ejecutivo
que no haya "tomado ninguna iniciativa para defender los derechos
lingüísticos de los usuarios y consumidores" vascoparlantes. El PNV
acusó recientemente al lendakari López de "seguir los dictados del
PP" en esta cuestión.
Los cuestionarios para la elección de
lengua en Galicia ya están en las aulas
Solo existirá libertad lingüística en la etapa de Educación Infantil
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 10 Junio 2010
Madrid.- Los cuestionarios para que los padres de los alumnos de
Educación Infantil puedan elegir el idioma de estudio ya están en
los colegios y se pueden recoger en las secretarías de los centros o
descargarse de la página 'web' de la Consejería de Educación.
Solo los progenitores de los pequeños de tres años podrán hacer uso
de ese cuestionario después de que Alberto Núñez Feijóo decidiera
reducir la libertad lingüística al ciclo Infantil, una etapa que no
es obligatoria en la enseñanza educativa.
Los cuestionarios los deberán entregar en la secretaría de su centro
correspondiente entre el 20 y el 30 de junio, coincidiendo con el
plazo de matrícula.
Después de que el Decreto de Plurilingüismo entrara en vigor el
pasado 25 de mayo en medio de las críticas de nacionalistas y
defensores de la libertad lingüística, los gallegos han visto como
se daba carpetazo a la era de imposición llevada a cabo por el
bipartito.
Aun así la actual norma no contenta a los que han luchado por
defender el derecho a elegir el idioma de estudio. Galicia Bilingüe,
guiada por su presidenta Gloria Lago, ha calificado en numerosas
ocasiones a Feijóo de "mentiroso" por prometer durante su campaña
electoral libre elección de lengua y finalmente reducirla a Eduación
Infantil. Por ese motivo y por considerar el decreto "insuficiente"
recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Los sindicatos CIG-Ensino, CC.OO., STEG, FETE-UGT hicieron los mismo
y ante esas acciones el secretario general de Política Lingüística,
Anxo Lorenzo, asegura que el decreto del plurilingüismo en la
enseñanza no universitaria "seguirá adelante" y matiza que depende
"de la administración de Justicia indicar cual es el camino" que
seguirán los contenciosos.
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