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Desgracias y torpezas del inepto Zapatero
Francisco Rubiales Periodista Digital 18 Junio 2010
La derrota de la selección española de fútbol, a la que llaman "la
roja", y la decepción ante una reforma laboral que todos consideran
"insuficiente", ponen a la España de Zapatero todavía más de
rodillas y presa del desencanto. La agonía del "Zapaterismo" está
resultando insoportable y demoledora. España pasa por uno de los
peores momentos de su historia moderna.
Ayer, 16 de junio de 2010, fue un día terrible para España, para
Zapatero y para su gobierno porque convergieron los dos grandes
traumas del "Zapaterismo": la mala suerte (España perdió su partido
inaugural contra Suiza, en el mundial de Sudáfrica) y la torpeza
(España perdió la oportunidad de aprobar un reforma laboral que
vigorice el deprimido mercado de trabajo y relance la contratación).
La ineptitud del gobierno empieza a resultar insoportable para
todos: para la sociedad española, para los socios de España en el
mundo y para la economía internacional.
Zapatero no deja de afirmar que él tiene suerte y que siempre gana.
Debe ser el argumento que necesita para disimular su malísima
fortuna (excusa innecesaria, acusación evidente), demostrada con
creces a lo largo de su gobierno, en el que ha estropeado todo lo
que tocaba. Había planificado cuidadosamente que el anuncio de la
reforma laboral coincidiera con la victoria futbolística de España
contra Suiza, para disimular así la pérdida de derechos de los
trabajadores y la demolición de su política social, pero el destino
le deparó un derrota en lo deportivo y una derrota, todavía peor, en
lo político y en lo social, con una reforma que no solucionará ni
uno solo de los problemas laborales que impiden a España despegar y
crear empleo.
El de Zapatero, además de un gobierno sin fortuna, es un gobierno
torpe. El problema de España es de crecimiento y no de despido, pero
la reforma únicamente ha afrontado el problema del despido,
abaratándolo, pero a costa de las finanzas públicas, sin crear una
nueva modalidad de empleo que permita a las empresas contratar
masivamente sin contraer obligaciones insoportables para tiempos de
incertidumbre y crisis.
Casi la totalidad de los economistas y expertos repiten sin cesar el
argumento clave de nuestra economía, pero Zapatero y su gobierno
permanecen sordos y ciegos: "Si España no crece, no creará empleo y
sin crear empleo tendrá que necesitar enormes masas de dinero para
subvencionar el paro, lo que le obligará a pedir dinero en los
mercados sin poder pagarlo, lo que lleva directamente al colapso y a
la bancarrota".
Todo el mundo sabe, menos Zapatero, que lo que España necesita es
ser más competitiva y reactivar su economía. El país, mal gobernado,
está siendo llevado, con firmeza desoladora, hacia el matadero.
Zapatero aparece hoy ante muchos españoles como un "desgraciado" que
estropea todo lo que toca y que ha hundido con sus decisiones de
gobierno la economía, el empleo, el prestigio de la política y de
los políticos, el prestigio internacional de España, la
credibilidad, la confianza y la esperanza.
Pero lo peor para España y para Zapatero es que el día de hoy puede
ser todavía peor que el de ayer, aunque parezca imposible. Bruselas,
que analizará la reforma laboral recién aprobada, y los mercados,
que tendrán que asumir una subasta de deuda española a largo plazo,
le harán saber con claridad que sus medidas son inútiles e
insuficiente.
El "pobre" Zapatero ha asumido todo el desgaste de hacer la reforma,
pero sin solucionar ni uno solo de los problemas, ni obtener
reconocimeinto alguno por su esfuerzo. Es el fruto de la torpeza.
La nueva reforma, aprobada ayer bajo presiones de Europa y del Fondo
Monetario Internacional (FMI) es un bodrio que no soluciona problema
alguno ni gusta a nadie. Había que solucionar tres problemas y abrir
una esperanza, pero no ha hecho nada de esos. Los tres problemas
eran la "negociación colectiva", rígida y centralizada, lenta e
incapaz de adaptar el mercado a las peculiaridades de cada empresa;
la terrible "dualidad" que separa a los trabajadores españoles en
"fijos" y "temporales"; y crear una "flexibilidad para la
contratación" que se adaptara a los tiempos de crisis y quitara a
los empresarios el miedo a contratar.
La reforma no soluciona ninguno de los problemas y únicamente abre
una vía para que las empresas agobiadas expulsen a sus trabajadores
con menos indemnización.
Todo un desastre más para la arrodillada España y para un gobierno
que está abrasado, que concita el desprecio y el rechazo de la
mayoría de los españoles y que ya solo cuenta con el sostén de los
cientos de miles de enchufados que ordeñan a diario la teta del
Estado sin aportar nada útil y de los millones de fanáticos sin
cultura y cargados de odio que, para desgracia de España,
constituyen el principal soporte político y social de la izquierda
en el poder.
Con sus errores y daños a España, Zapatero está logrando el
"milagro" de que muchos españoles olviden las miserias del Partido
Popular, un partido decepcionante e incapaz de ilusionar con sus
propuestas y planteamientos, y se sientan dispuestos a votar al
mediocre Rajoy, sólo para librarse de un Zapatero que es visto cada
día por más gente como la peor "plaga" de España.
Voto en Blanco
NINGÚN PARTIDO SE HACE ECO
El Congreso ignora las críticas de las
víctimas del 11-M al Ministerio de Interior
El pasado 2 de junio, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M
entregó en el Congreso una carta para todos los partidos políticos,
en la que se denunciaba la táctica obstruccionista que Interior está
siguiendo en la querella presentada contra dos mandos policiales.
Los partidos se mantienen callados.
LUIS DEL PINO Libertad Digital 18 Junio 2010
En julio de 2009, la asociación presidida por Ángeles Domínguez, que
agrupa a más de 600 víctimas de la masacre del 11-M, presentaba una
querella contra el ex-comisario de los Tedax, Juan Jesús Sánchez
Manzano, y su jefa de laboratorio por los presuntos delitos de falso
testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y manipulación de
pruebas, en relación con las investigaciones del 11-M. Esa denuncia
de las víctimas se basaba en la desaparición de las muestras de los
trenes y en la no realización de análisis periciales exhaustivos con
vistas a determinar el explosivo que se usó en el atentado. La
querella fue admitida a trámite y se encuentra en estos momentos en
fase de instrucción.
Sin embargo, las investigaciones llevan cuatro meses paralizadas,
debido a las trabas que está poniendo el Ministerio de Interior. La
juez que instruye el caso le ha solicitado en tres ocasiones que
certifique cuáles eran los protocolos de actuación de los Tedax y si
éstos obligaban a conservar las muestras recogidas en los trenes del
11-M, que han desaparecido a toneladas. Pero el ministerio dirigido
por Alfredo Pérez Rubalcaba se ha escudado en la Ley de Secretos
Oficiales para negar a la juez los datos solicitados. Y ello a pesar
de que las partes relevantes de esos protocolos de actuación son
bien conocidas.
Tal y como publicó en su día Libertad Digital, esa información que
el Ministerio de Interior se niega a certificar por ser "secreta"
fue, sin embargo, aportada por el Gobierno como respuesta a una
pregunta parlamentaria de la diputada popular Alicia Castro en el
año 2006. Asimismo, el propio comisario Sánchez Manzano aportó los
correspondientes textos supuestamente "secretos" en un oficio
dirigido al juez Del Olmo y que figura adjunto al sumario del 11-M.
Todo ello pondría de manifiesto que, lejos de tratar de proteger
información secreta, lo que el Ministerio de Interior estaría
haciendo es dilatar la instrucción de la causa y ganar tiempo.
Ante esa situación, las víctimas del 11-M dirigieron el pasado 2 de
junio una carta a los portavoces de todos los grupos parlamentarios,
incluidos los del grupo mixto, poniendo en su conocimiento los
hechos, y solicitándoles que hicieran uso de sus facultades para
exigir al Ministro de Interior que cese en su táctica
obstruccionista.
Sin embargo, dos semanas después, ningún partido se ha puesto en
contacto con la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M para
interesarse por el asunto ni para ofrecer su colaboración. De hecho,
tan sólo Durán Lleida se ha dignado a contestar, con una escueta
respuesta de compromiso en la que confirma que ha recibido la carta
de la Asociación y le comunica que se la ha pasado a la Portavoz de
Interior de su grupo.
El asunto es especialmente sangrante, por cuanto el próximo día 27
de junio se celebra en el Congreso el día de supuesto homenaje a las
víctimas del terrorismo, con lo que se dará la paradoja de que
nuestros representantes políticos se dediquen a homenajear
solemnemente a unas víctimas cuyas demandas de justicia ignoran
olímpicamente.
Los hombres buenos
RAFAEL L. BARDAJÍ ABC 18 Junio 2010
¿Se puede defender a Israel en medio del tsunami de cólera que ha
levantado su asalto a la «flotilla de la libertad»? Para los
fundadores de la Iniciativa Amigos de Israel no sólo es posible,
sino deseable. ¿Qué pueden tener en común José María Aznar, alma de
esta iniciativa, el premio Nobel de la Paz David Trimble, el
filósofo-político italiano Marcelo Pera, el antiguo embajador
americano en la ONU John Bolton, el ex presidente de Perú Alejandro
Toledo, el historiador británico Andrew Roberts, el financiero
Robert Agostinelli, el exministro español Carlos Bustelo o el
teólogo americano George Weigel, entre otros? Que no son judíos.
Y, sin embargo, se han embarcado en una cruzada antipopular. Porque,
como dicen, defender hoy a Israel es defender a Occidente. Porque es
en Israel donde chocan las platas tectónicas de nuestro tiempo:
islamismo contra modernidad, corrupción frente a prosperidad,
arcaísmo contra innovación, radicalismo contra tolerancia. En suma,
tiranía frente a libertad. No hay por qué secundar todas sus
decisiones para darse cuenta de que si Israel desapareciera,
Occidente, nuestro mundo, dejaría de ser lo que es. Porque la
realidad es que las fuerzas del islamismo radical que rodean a
Israel desde el norte y el sur hasta Irán, no se contentarían con la
destrucción de Israel, lo siguiente sería poner fin a nuestro modo
de vida secular y decadente a sus ojos.
¿Quién se aprieta el cinturón? Las
Comunidades disparan su deuda un 28% en sólo tres meses
La Razón 18 Junio 2010
Ni recorte social, ni tijeretazo, ni austeridad en el gasto. El
agujero de las comunidades autónomas es cada vez mayor, hasta el
punto de que la deuda de los gobiernos regionales se ha disparado un
28 por ciento en sólo un trimestre. Los ayuntamientos tampoco le van
a la zaga. La España de las Autonomías no se aprieta el cinturón.
La deuda de las comunidades autónomas sigue creciendo. En concreto,
se incrementó un 28,4 por ciento de enero a marzo de 2010 respecto
al mismo período de 2009. Las CC.AA. deben un total de 94.621
millones de euros, lo que supone el 9 por ciento del Producto
Interior Bruto (PIB).
Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada, con 25,079 millones
de euros, equivalente al 26,5 por ciento del total de la deuda
acumulada de las comunidades autónomas.
En lo que respecta a los ayuntamientos, la deuda total es de 36.085
millones de euros en el primer trimestre del año, lo que equivale a
un 3,4 por ciento del PIB, un 15 por ciento más que en el mismo
período del año pasado. Por su parte, la ciudad de Madrid debe 7.314
millones de euros, un 14,1 por ciento más, y supone una cantidad
mayor que la de todas las CC.AA., salvo Cataluña.
De esta forma, el endeudamiento autonómico se ha acentuado como
consecuencia de la crisis económica, que está provocando un
incremento de los gastos y una caída muy importante de la
recaudación. Los datos del Banco de España muestran además que desde
el año 1995 el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer,
y ha batido en cada ejercicio récords históricos, a pesar del
compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos
años.
La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el primer
trimestre fue nuevamente Cataluña, con 25.079 millones de euros,
cantidad que representa el 26,5 por ciento del total de la deuda
acumulada en el conjunto de las comunidades. Después de Cataluña, se
situó Valencia (15.356 millones de euros), que vuelve a ocupar el
segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 11.712
millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,1 por ciento del
total del endeudamiento regional.
A continuación, figuran Andalucía (10.788 millones de euros),
Galicia (5.244 millones), Castilla-La Mancha (4.155 millones),
Baleares (3.546 millones), Canarias (3.483 millones), País Vasco
(3.317 millones), Castilla y León (3.141 millones de euros), Aragón
(2.234 millones), y Murcia (1.687 millones).
Completan la lista Navarra (1.495 millones), Extremadura (1.085
millones), Asturias (1.077 millones), La Rioja (627 millones) y
Cantabria (595 millones).
En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad autónoma
logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año, y destaca el
incremento del 103 por ciento en el caso de Canarias, el 73,6 por
ciento de Navarra o el 58,2 por ciento de Murcia.
Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana vuelve un trimestre
más a situarse a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen
que alcanza el 15,1 por ciento de su PIB, seguida de Baleares
(13,5%), Cataluña (12,9%), Castilla-La Mancha (11,9%), y Galicia
(9,6%), todas ellas por encima de la media (9%). Los porcentajes son
menores en Canarias (8,4%), Navarra (8,2%), La Rioja (8%), Andalucía
(7,6%), Aragón (6,9%), Murcia (6,3%), Madrid y Extremadura (6,2% en
ambos casos), Castilla y León (5,6%), País Vasco (5,1%), Asturias
(4,7%) y Cantabria (4,4%).
La deuda de los ayuntamientos también crece
Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de
36.085 millones de euros en el primer trimestre en relación a igual
periodo de 2009, el equivalente al 3,4 por ciento del PIB, lo que
representa un aumento del 15 por ciento sobre el mismo periodo del
ejercicio precedente. Del total de la deuda de las corporaciones
locales, la mayor parte (29.660 millones) corresponde a los
ayuntamientos, con un incremento del 14,9 por ciento, y de esta
cifra, 15.235 millones pertenecen a capitales de provincia.
La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes
(Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó
los 10.915 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,7
por ciento.
Destaca, sobre todo, el incremento del 18,3 por ciento de la deuda
del consistorio de Málaga, que sumó 725 millones de euros, y el de
Madrid, que elevó su endeudamiento un 14,1 por ciento, hasta los
7.314 millones de euros. De esta forma, la deuda del consistorio de
la capital es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña,
Comunidad Valenciana y Andalucía.
Además, es más de diez veces superior a la deuda del ayuntamiento de
Barcelona, que se situó en 703 millones de euros, un 5,9 por ciento
más que en el primer trimestre de 2009.
Rosa Díez: «El despilfarro autonómico
empeora la confianza en España»
Barcelona - Efe La Razón 18 Junio 2010
La presidenta de UPyD, Rosa Díez, ha sostenido hoy que el
"despilfarro" económico que supone el desarrollo autonómico "sin
control" empeora la crisis económica y agrava la falta de confianza
que sufre España en los mercados financieros internacionales.
En el Fórum Europa en Barcelona, Díez ha afirmado que el proceso de
descentralización que "ha dejado en manos de las comunidades la
mayor parte del gasto público y las competencias esenciales pone en
riesgo el mantenimiento de los servicios fundamentales".
La diputada de UPyD se ha preguntado si tiene sentido que el
Gobierno central "no pueda actuar" sobre más de la mitad de su
presupuesto y ha defendido que el Estado recupere y blinde las
competencias en materias como educación, sanidad, medio ambiente,
protección civil, urbanismo y función pública.
Díez ha defendido que hay muchos gastos "evitables" que deberían
haberse recortado antes de adoptar las medidas contra la crisis
acometidas por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, entre
los que ha destacado el "derroche" de las televisiones públicas.
La líder de Unión Progreso y Democracia ha subrayado que en algunas
comunidades hay "hasta tres canales que han producido unas pérdidas
en 2008 de 1.600 millones de euros".
"Yo las cerraría", ha afirmado Rosa Díez, quien, preguntada por su
postura sobre la privatización de las cadenas, ha puesto en duda que
alguna empresa privada esté dispuesta a hacerse cargo de las
televisiones públicas que son deficitarias.
La presidenta de UPyD ha propuesto una reforma constitucional que
defina y concrete los "techos competenciales" de las comunidades
autónomas y "cierre" la distribución de competencias para reservar
la prevalencia "exclusiva e intransferible" del Estado en las
materias "clave para el interés general".
Por otro lado, Díez ha lamentado que el presidente español no haya
comenzado a tomar medidas contra la crisis económica hasta que se lo
ha impuesto la Unión Europea, y ha asegurado que su formación
todavía no ha decidido el sentido de su voto sobre la reforma
laboral propuesta por el Gobierno.
En ese sentido, Díez ha recordado que aboga por tramitar la reforma
en el Congreso de manera que sea posible el "debate" para mejorar el
texto, que en su opinión no soluciona el principal problema del
mercado laboral español, la dualidad entre contratos fijos y
temporales.
En referencia al semestre de presidencia española de la UE que ha
concluido esta semana, la líder de Unión Progreso y Democracia ha
juzgado que ha sido un mandato "perfectamente prescindible que no ha
dejado ninguna huella".
LA MÁS ALTA DE LA HISTORIA
¿Austeridad? La deuda de las CCAA roza los
95.000 millones
La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 28,4% en el primer
trimestre del año en comparación con igual periodo de 2009, hasta
registrar 94.621 millones de euros (el 9% del PIB), la cifra más
alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.
EUROPA PRESS Libertad Digital 18 Junio 2010
De esta forma, el endeudamiento autonómico se ha acentuado como
consecuencia de la crisis económica, que está provocando un
incremento de los gastos y una caída muy importante de la
recaudación.
Los datos del Banco de España muestran además que desde el año 1995,
el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en
cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de
estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.
La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el primer
trimestre fue nuevamente Cataluña, con 25.079 millones de euros,
cantidad que representa el 26,5% del total de la deuda acumulada en
el conjunto de las comunidades.
Después de Cataluña, se situó Valencia (15.356 millones de euros),
que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya
deuda ascendió a 11.712 millones de euros. Entre las tres, acumulan
el 55,1% del total del endeudamiento regional.
A continuación, figuran Andalucía (10.788 millones de euros),
Galicia (5.244 millones), Castilla-La Mancha (4.155 millones),
Baleares (3.546 millones), Canarias (3.483 millones), País Vasco
(3.317 millones), Castilla y León (3.141 millones de euros), Aragón
(2.234 millones), y Murcia (1.687 millones).
Completan la lista Navarra (1.495 millones), Extremadura (1.085
millones), Asturias (1.077 millones), La Rioja (627 millones) y
Cantabria (595 millones). En cuanto a la evolución de la deuda,
ninguna comunidad autónoma logró reducir su endeudamiento respecto
al pasado año, destacando el incremento del 103% en el caso de
Canarias, el 73,6% de Navarra o el 58,2% de Murcia.
Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana vuelve un trimestre
más a situarse a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen
que alcanza el 15,1% de su PIB, seguida de Baleares (13,5%),
Cataluña (12,9%), Castilla-La Mancha (11,9%), y Galicia (9,6%),
todas ellas por encima de la media (9%).
Los porcentajes son menores en Canarias (8,4%), Navarra (8,2%), La
Rioja (8%), Andalucía (7,6%), Aragón (6,9%), Murcia (6,3%), Madrid y
Extremadura (6,2% en ambos casos), Castilla y León (5,6%), País
Vasco (5,1%), Asturias (4,7%) y Cantabria (4,4%).
La deuda de los ayuntamientos crece un 15%
Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de
36.085 millones de euros en el primer trimestre en relación a igual
periodo de 2009, el equivalente al 3,4% del PIB, lo que representa
un aumento del 15% sobre el mismo periodo del ejercicio precedente.
Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte
(29.660 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento
del 14,9%, y de esta cifra, 15.235 millones pertenecen a capitales
de provincia. La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000
habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza)
alcanzó los 10.915 millones de euros, lo que supone un incremento
del 12,7%.
Destaca, sobre todo, el incremento del 18,3% de la deuda del
consistorio de Málaga, que sumó 725 millones de euros, y el de
Madrid, que elevó su endeudamiento un 14,1%, hasta los 7.314
millones de euros.
De esta forma, la deuda del consistorio de la capital es superior al
de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y
Andalucía. Además, es más de diez veces superior a la deuda del
ayuntamiento de Barcelona, que se situó en 703 millones de euros, un
5,9% más que en el primer trimestre de 2009.
El Día del Respeto a la Propia Lengua
Pedro Mª Larrauri www.lavozlibre.com18 Junio 2010
El 16 de junio de 1976, miles de escolares negros tomaron las calles
de Soweto (Johannesburgo), en una marcha pacífica en la que pedían
el derecho a ser educados en su propia lengua. No aceptaban la
imposición del gobierno de los nacionalistas 'afrikaners' de
estudiar en idioma 'afrikaan', declarado lengua propia y oficial de
Sudáfrica.
La policía tiroteó a aquellos manifestantes y, en las dos semanas de
protestas que siguieron al suceso, más de cien personas murieron y
más de mil resultaron heridas. Ese mismo año, la asamblea de la ONU
proclamó esa fecha el Día Internacional de la Solidaridad con el
Pueblo Sudafricano y después se declaró, el 16 de junio, Día del
Niño Africano. La masacre de Soweto fue el comienzo del fin del
régimen del apartheid.
Aunque muy cruel, la lucha valió la pena. En la actualidad, hay en
ese país 11 lenguas oficiales y, aunque el inglés es el idioma común
y el más hablado, se respeta el derecho a ser educado en la lengua
materna o tribal y en cada ciudad hay diversos colegios de diversas
lenguas, según la demanda.
Es triste comprobar que Núñez Feijóo comparte los criterios de los
'afrikaners' y del apartheid y nos sigue impidiendo a miles de
familias gallegas que nuestros hijos reciban la educación en su
propia lengua, imponiendo la que los políticos impropiamente llaman
lengua propia de Galicia -los territorios no hablan, hablan las
personas-. Y es vergonzoso que nos prometiera libertad lingüística a
cambio del voto y que después de obtener mayoría absoluta no haya
cumplido su palabra.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Su ponencia avala el preámbulo, los
símbolos 'nacionales' y la lengua
Casas receta dos tazas de 'Estatut' a los magistrados del
Constitucional
EDITORIAL – EL MUNDO.18 Junio 2010
DE NADA ha servido a la presidenta del Constitucional que el Pleno
del Tribunal tumbase, hace sólo dos meses, el borrador presentado
por la magistrada Elisa Pérez Vera que avalaba la mayor parte del
Estatuto catalán. Si los magistrados no querían una taza, María
Emilia Casas les receta dos. Y es que la ponencia que les ha
entregado trata de colar como constitucionales el preámbulo del
texto, la definición de los «símbolos nacionales» y la marginación
del castellano con la imposición, en la práctica, del monolingüismo.
De entrada, la posición de fuerza de Casas, avalando los aspectos
más soberanistas del Estatuto, demuestra su fracaso. Lejos de buscar
consensos trata de salvar a toda costa el Estatut, y echará mano
para ello del voto de calidad. Después de cuatro años, ese detalle
revela a las claras su incapacidad. Pero teniendo en cuenta que los
artículos se votarán uno a uno, es más que probable que el Tribunal
acabe alumbrando un auténtico monstruo de Frankenstein. Dada la
correlación de fuerzas, pueden caer enunciados soberanistas a la vez
que se da el visto bueno a competencias propias de una nación
soberana. Casas no podía acabar de una forma más deshonrosa su paso
por el Constitucional, prestándose a una operación política para
salvar la cara a Zapatero. Desde luego, tenemos la única presidenta
de un Tribunal Constitucional que en lugar de velar por la Carta
Magna alienta su destrucción. Que la vergüenza le acompañe siempre.
Órdago de María Emilia Casas en favor de un
Estatut soberanista
Someterá a votación, artículo por artículo, una ponencia aún más
favorable al texto que la ya rechazada de Elisa Pérez Vera
MARÍA PERAL – EL MUNDO.18 Junio 2010
La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas,
convocó ayer al Pleno para el próximo lunes y días sucesivos con el
fin de someter a votación su ponencia sobre el Estatuto de Cataluña.
En ella plantea que 13 preceptos sean declarados inconstitucionales
y otros 24 sometidos a interpretación, una propuesta algo más
complaciente con el Estatut que el texto de Elisa Pérez Vera, aunque
muy similar en sus líneas esenciales. Casas, que repartió su
ponencia a las 23 horas del miércoles, no lleva al fallo las
matizaciones sobre la autodefinición de Cataluña como nación, tal
como reclama Manuel Aragón.
Es el último intento de que el actual TC se pronuncie sobre el
Estatuto catalán antes de que se convoquen las elecciones
autonómicas.
Empieza la cuenta atrás. María Emilia Casas, presidenta del Tribunal
Constitucional (TC), entregó a los magistrados en torno a las 23
horas del miércoles su ponencia sobre el recurso interpuesto por el
PP contra el Estatuto de Cataluña, y ayer por la mañana convocó al
Pleno para el lunes próximo y días sucesivos, según precisa la
convocatoria.
No es usual en el TC que las propuestas de resolución se distribuyan
tan tarde salvo cuando se trata de recursos electorales, sometidos a
plazos muy perentorios. Casas optó por repartir su ponencia en la
noche del miércoles, en vez de esperar a ayer por la mañana, porque
se había comprometido con los magistrados a que les haría llegar el
texto a principios de esta semana y no pudo acabarlo ni el lunes ni
el martes.
No quería retrasarlo más y agotó hasta casi la medianoche para dar a
conocer su propuesta, en la que se ha encerrado a trabajar desde que
el 19 de mayo se certificó el fracaso de la segunda ponencia,
elaborada por el vicepresidente, Guillermo Jiménez.
El emplazamiento del Pleno para el lunes y fechas sucesivas se
interpreta en el Tribunal en el sentido de que Casas se dispone a
afrontar la última oportunidad de que el actual Constitucional se
pronuncie sobre la controvertida ley catalana, una última
oportunidad en la que ella misma se juega su prestigio.
La presidenta del TC decidió asumir la ponencia en una situación ya
muy deteriorada tras el rechazo del quinto texto presentado por la
primera ponente, Elisa Pérez Vera, y el posterior fracaso de la
propuesta de Jiménez, que ni siquiera se sometió a votación.
La ponencia de Casas asume, aunque con algunas modificaciones de
argumentación y con cambios de redacción, el escrito de Pérez Vera y
el fallo es sustancialmente el mismo, aunque se inclina algo más a
favor del Estatuto catalán.
Si la ponencia de Pérez Vera proponía declarar inconstitucionales 14
preceptos, la de Casas salva uno de ellos, el referido al artículo
218.2. En él se atribuyen a la Generalitat competencias en materia
de financiación local, competencias que pueden incluir la capacidad
legislativa para establecer y regular tributos municipales.
Este precepto -inconstitucional según la ponencia de Pérez Vera- no
pasa a engrosar el bloque de interpretaciones conformes sino que es
considerado directamente constitucional en la propuesta de Casas.
Las interpretaciones conformes (mecanismo por el que el Tribunal
indica cómo debe ser entendida y aplicada una norma para que sea
considerada acorde con la Constitución) se reducen de 25 a 24. Casas
rescata el artículo 34, referido a los derechos lingüísticos de los
consumidores y usuarios, y respalda su constitucionalidad.
El artículo 34 obliga a la «disponibilidad lingüística» a las
empresas y establecimientos abiertos al público en Cataluña, que
deben estar en condiciones de utilizar tanto el catalán como el
castellano según la lengua que emplee el cliente. En la ponencia de
Pérez Vera, este artículo se sometía a una interpretación conforme
según la cual el deber de disponibilidad lingüística no permite
imponer obligaciones individuales de uso de cualquiera de las
lenguas oficiales en Cataluña.
Casas da el mismo tratamiento que Pérez Vera al concepto de nación
que aparece en el preámbulo y al artículo 8.1, relativo a los
símbolos nacionales de Cataluña. Ambos son objeto de una
interpretación conforme que reduce el término «nacionales» a su
«sentido simbólico» y desprovee al preámbulo de toda eficacia
jurídica. La presidenta no lleva estas matizaciones a su propuesta
de fallo, en contra de lo que reclama el magistrado Manuel Aragón.
Los preceptos que se propone declarar inconstitucionales
La ponencia sobre el Estatuto de Cataluña elaborada por la
presidenta del Tribunal Constitucional propone declarar
inconstitucionales los siguientes preceptos o partes de preceptos
(en este último caso, el inciso que se considera contrario a la
Constitución se indica en cursiva): Artículo 6.1. La lengua propia
de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso
normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios
de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua
normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la
enseñanza.
Artículo 76.4. Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias
tienen carácter vinculante con relación a los proyectos de ley y las
proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten a
derechos reconocidos por el Estatuto.
Artículo 78.1. El Síndic de Greuges [defensor del pueblo] tiene la
función de proteger y defender los derechos y las libertades
reconocidos por la Constitución y el presente Estatuto. A tal fin
supervisa, con carácter exclusivo, la actividad de la Administración
de la Generalitat (...)».
Artículo 97. El Consejo de Justicia de Cataluña (CJC) es el órgano
de gobierno del poder judicial en Cataluña. Actúa como órgano
desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin
perjuicio de las competencias de este último, de acuerdo con lo
previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Artículo 98.2 y 3. Las atribuciones del CJC respecto a los órganos
jurisdiccionales situados en el territorio de Cataluña son, conforme
a lo previsto en la LOPJ, las siguientes: a) participar en la
designación del presidente o presidenta del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC), así como en la de los presidentes de
Sala de dicho Tribunal Superior y de los presidentes de las
Audiencias Provinciales; b) proponer al CGPJ y expedir los
nombramientos y los ceses de los jueces y magistrados incorporados a
la carrera judicial temporalmente (...); c) instruir expedientes y,
en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre jueces y
magistrados en los términos previstos por las leyes; d) participar
en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales,
ordenar, en su caso, su inspección y vigilancia (...); e) informar
sobre los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de los
órganos de gobierno de los tribunales y juzgados de Cataluña (...)
3. Las resoluciones del CJC en materia de nombramientos,
autorizaciones, licencias y permisos deben adoptarse de acuerdo con
los criterios aprobados por el CGPJ.
Artículo 95.5 y 6. El presidente o presidenta del TSJC es el
representante del poder judicial en Cataluña. Es nombrado por el
Rey, a propuesta del CGPJ y con la participación del CJC (...). 6.
Los presidentes de Sala del TSJC son nombrados a propuesta del CGPJ
y con la participación del CJC (...).
Artículo 99.1. El CJC está integrado por el presidente o presidenta
del TSJC, que lo preside (...)».
Artículo 100.1. Los actos del CJC serán recurribles en alzada ante
el CGPJ, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de
competencias de la Comunidad Autónoma.
Artículo 101.2. El CJC convoca los concursos para cubrir plazas
vacantes de jueces y magistrados en Cataluña en los términos
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Artículo 111. En las materias que el Estatuto atribuye a la
Generalitat de forma compartida con el Estado, corresponden a la
Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la
función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como
principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley,
excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la
Constitución y el presente Estatuto. (...)
Artículo 120.2. Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de
ahorro con domicilio en Cataluña, la competencia compartida sobre la
actividad financiera, de acuerdo con los principios, reglas y
estándares mínimos que establezcan las bases estatales (...).
Artículo 126.2. Corresponde a la Generalitat la competencia
compartida sobre la estructura, la organización y el funcionamiento
de las entidades de crédito que no sean cajas de ahorro (...) de
acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos fijados en
las bases estatales.
Artículo 206.3. Los recursos financieros de que disponga la
Generalitat podrán ajustarse para que el sistema estatal de
financiación disponga de recursos suficientes para garantizar la
nivelación y solidaridad a las demás Comunidades Autónomas, con el
fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios
sociales esenciales del Estado del bienestar prestados por los
diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares
en el conjunto del Estado, siempre y cuando lleven a cabo un
esfuerzo fiscal también similar. (...).
EL PLENO DEL TC ESTUDIARÁ EL TEXTO EL LUNES
María Emilia Casas presenta una ponencia
soberanista sobre el ‘Estatut’
Redacción. El Confidencial 18 Junio 2010
El Tribunal Constitucional celebrará un pleno a comienzos de la
próxima semana para estudiar los recursos de súplica interpuestos
por la Generalitat relativos a la sentencia del Estatut de Cataluña
y para someter a votación la ponencia elaborada por María Emilia
Casas. Esta última fue entregada a los demás miembros del TC el
miércoles por la noche, ya que no quería retrasar más su fallo.
Según El Mundo, la presidenta, al contrario que los escritos de
algunos de sus antecesores, estaría a favor de un Estatut
soberanista. Plantea que 13 de los preceptos se declaren
inconstitucionales, mientras que otros 24 serían sometidos a
interpretación, muy en la línea con la ponencia de Elisa Pérez Vela,
que ya fue rechazada. Así, se pretende someter a votación artículo
por artículo.
La ponencia de María Emilia Casas es la última oportunidad para
desbloquear el caso del Estatut antes de las elecciones autonómicas
de Cataluña. Ante el fracaso de los textos de otros miembros del
Tribunal Constitucional, a la presidenta no le quedó más remedio que
afrontar en solitario una ponencia de consenso en la que se juega
parte de su prestigio.
La inclusión de Pérez-Tremps
Otros temas que se podrían tratar en el pleno del TC de la semana
que viene son la falta de competencia que el Gobierno catalán
atribuye a este órgano para dictar sentencia por estar un tercio de
sus magistrados fuera de mandato, y la negativa del tribunal a
reintegrar en las deliberaciones al recusado Pablo Pérez-Tremps.
La Generalitat de Cataluña anunció ayer por la tarde la
interposición del recurso relativo a Pérez-Tremps, después de que el
pasado viernes el Constitucional rechazara su petición para volver a
incluir a este magistrado, que fue apartado de la discusión de la
sentencia sobre el Estatut instancias del PP por haber realizado
labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la
norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la
Unión Europea.
En la misma sesión, el TC tiene previsto resolver el recurso de
súplica presentado tanto por la Generalitat como por el Parlamento
Catalán contra la decisión de éste órgano de no declarase
incompetente.
Companys presidiario
Eduard Escartín La Razón 18 Junio 2010
El pasado 6 de junio se cumplieron 75 años de la condena a 30 años
de reclusión mayor al ex presidente de la Generalitat Lluís Companys
y todos los consejeros de su gobierno, excepto el más culpable,
Josep Dencàs, que estaba huido. El 6 de junio de 1935 el tribunal de
garantías constitucionales, máximo órgano jurídico de la República,
juzgó a Companys por la intentona golpista del 6 de octubre de 1934
con su proclama del Estat Català dentro de la República federal y la
tentativa de sublevar a la guarnición de Cataluña mandada por el
general Batet contra el gobierno de la República.
Companys fue juzgado según el código de justicia militar y fue
condenado por rebelión militar. No se ha resaltado suficiente que en
este juicio Companys tenía muchas probabilidades para ser condenado
a la última pena como líder de un levantamiento que produjo casi 40
muertos. Por el contrario, el fiscal de la República, Lorenzo
Martínez Gallardo, un gran profesional, alegó que los verdaderos
cabecillas militares del levantamiento estaban huidos en rebeldía, o
sea Dencàs, por lo que se le aplicaba a Companys la pena menor, la
de presidio.
Ante tanta beatificación de Companys sería muy útil difundir la
requisitoria del fiscal en la que se demuestra la puñalada que el
presidente de la Generalitat propinó a la legalidad republicana.
Los coordinadores de Política Lingüística
dimiten en bloque ante el nuevo decreto
Renuncian a su puesto a partir de septiembre al considerar que "se
cierra un ciclo". La CIG atribuye la dimisión a "dificultades y
falta de apoyo" para impulsar el gallego en las aulas
SELINA OTERO / AGENCIAS | A CORUÑA / SANTIAGO La Opinión 18 Junio 2010
Los coordinadores de normalización de la lengua, vinculados a la
Secretaría xeral de Política Lingüística como apoyo a los centros
educativos, renuncian a su puesto a partir de septiembre,
coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo decreto del gallego.
Los cinco asesores lingüísticos (cuatro provinciales y uno de la
central de Santiago) comunicaron ayer a los centros educativos, a
través de una carta de despedida, su dimisión en bloque al
considerar que, con el nuevo decreto, "se cierra un ciclo en materia
de normalización" de la lengua gallega. Los coordinadores,
profesores que prestan labores de asesores técnicos desde hace tres
años en comisión de servicios, volverán el próximo curso académico a
sus puestos de docentes, dos años antes de finalizar la duración de
las coordinaciones que sacaron por concurso público.
En la misiva remitida a los colegios, aseguran que se trata de una
dimisión "bien reflexionada y acordada conjuntamente", convencidos
de estar en la recta final de un periodo "de trabajo en común
durante tres años y que a partir del nuevo curso se abrirá con
nuevos objetivos que también necesitarán de la implicación de
todos". Los coordinadores agradecen a los centros su "trabajo y
esfuerzo normalizador que incluía compromiso, voluntarismo y apuesta
por una pedagogía innovadora que colocase, en el ámbito escolar y
extraescolar, a la lengua gallega como protagonista, desde la
defensa sin complejos de nuestro idioma propio".
Mientras la Consellería de Educación asegura que, de momento, no le
consta ningún documento formal de presentación de dimisión, fuentes
próximas al equipo de coordinadores provinciales explican que "las
dificultades" para llevar a cabo tareas de normalización lingüística
del gallego bajo las directrices y la filosofía del nuevo decreto de
la lengua, así como la "falta de apoyos", han llevado a los asesores
técnicos a renunciar a sus puestos el próximo curso.
También esta semana la Consellería de Educación envió una circular a
los centros educativos anunciando la supresión de las aulas en
gallego en el segundo ciclo de Educación Infantil en contextos
castellanohablantes, una línea ubicada principalmente en colegios de
A Coruña, Vigo Ferrol, Lugo y Ourense.
Los propios padres eran los que solicitaban la escolarización de sus
hijos en estas clases, modalidad puesta en marcha por el bipartito
que en el curso pasado pusieron en práctica 42 centros educativos y,
en el actual, se imparte en más de 30.
Israel es parte integral de Occidente aunque esté enclavado en
Oriente Medio. La única diferencia con el post-modernismo en el que
nos regocijamos los europeos, genéticamente pacifista y apaciguador,
es que los israelíes saben que para seguir existiendo tiene que
recurrir al uso de la fuerza. El grupo en torno a Aznar no sólo
demuestra coraje, sino claridad moral y liderazgo. Por Israel, por
Occidente.
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