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Última prórroga para el TC
Hay algo incuestionable: el Estatuto catalán tiene preceptos
inconstitucionales, y lo que discuten los magistrados del Tribunal
Constitucional es cuántos deben ser anulados
Editoriales ABC 22 Junio 2010
EL Tribunal Constitucional continuará hoy, y durante los próximos
días, sus deliberaciones sobre la propuesta de sentencia que ha
preparado su presidenta, María Emilia Casas, para la resolución del
recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña. La principal novedad
frente a otros intentos fallidos de aprobar una decisión mayoritaria
es que ahora es probable que se vote la constitucionalidad del
Estatuto artículo por artículo, y no el borrador de sentencia en
bloque. Este método de decisión es el único que puede desatascar la
situación del TC porque no hay otro que permita formar mayorías
definidas. Esta posibilidad disgusta al tripartito catalán, empeñado
en torpedear las deliberaciones del TC con recursos dilatorios, que
se suman a la campaña de presión política y de denigración de sus
magistrados, configurando todos estos ataques una agresión sin
precedentes al pilar del Estado constitucional, que es la supremacía
de la Constitución. En gran medida se ha llegado a esta situación
por la falta de determinación de la presidencia del TC para abordar
las medidas necesarias para resolver pronto y sin más desgaste del
necesario. El procedimiento de votar cada artículo por separado
debió utilizarse antes, porque desde hace muchos meses era patente
la división interna del TC.
En todo caso, hay algo incuestionable a estas alturas: el Estatuto
tiene preceptos inconstitucionales, y lo que discuten los
magistrados es cuántos deben ser anulados. Por tanto, la
Constitución va a ser el parámetro de validez del Estatuto, no la
voluntad «soberana» del Parlamento ni de los ciudadanos catalanes.
Las reglas del Estado constitucional se basan en que toda norma debe
respetar la Constitución, sin excepciones, y que solo existe una
soberanía nacional, que es la del pueblo español. Sea votando en
bloque el borrador de sentencia, sea votando artículo por artículo,
el deber del TC es preservar la superioridad de la Constitución
sobre cualquier ley, incluido un Estatuto aprobado por referéndum.
El riesgo que han de evitar los magistrados al dictaminar la
constitucionalidad de cada artículo es el de crear una sentencia
internamente contradictoria e inaplicable, lo que podría suceder si
se formaran distintas mayorías, a favor o en contra, para preceptos
relacionados entre sí, de manera que unos fueran declarados
inconstitucionales y otros no. Habrá que confiar en el sentido de la
responsabilidad de los magistrados para actuar en consonancia con la
trascendencia de la decisión que tienen que tomar. No es su
prestigio profesional lo que está en juego, sino la continuidad de
España como el Estado definido constitucionalmente por los españoles
en 1978.
Terrorismo
Maniobra Eguiguren-Rubalcaba
GEES Libertad Digital 22 Junio 2010
En Colombia, Santos ha sido claro al anunciar cuál va a ser su
política frente a las FARC: su aniquilación. Hereda de Uribe unas
FARC a la defensiva, expulsadas de buena parte del territorio, pero
que siguen tendiendo la mano al gobierno para lograr "la paz".
Santos no es tan ingenuo. Si la política de seguridad uribista –de
la que él, además, es artífice– ha funcionado para causar daños a la
criminal banda, lo más lógico es continuar con ella hasta que los
miembros de las FARC estén en la cárcel, huidos o muertos. No es
verdad que en Colombia haya que buscar la reconciliación para acabar
con la violencia de las FARC; acabar con las FARC es la única forma
de conseguir la reconciliación.
En nuestro país, el Gobierno ha elegido un camino bien distinto. En
el caso español, Zapatero partía de una posición infinitamente
mejor, no sólo en términos absolutos –ETA nunca ha sido las FARC–,
sino en términos relativos, pues la banda nacionalista vasca se
encontraba en el año 2004 al borde mismo de la extinción; al borde
de la derrota y la aniquilación. No vamos a repetir una historia más
o menos conocida, pero sí a recordar que lo que Zapatero repitió
entonces era que había que "normalizar" la política vasca mediante
la inclusión en las instituciones de la izquierda abertzale y la
modificación del estatus jurídico vasco y navarro, esto es, la
convicción de que ETA era, al fin y al cabo, la expresión de un
conflicto que habría que resolver para acabar con el terrorismo. Que
es lo que Eguiguren siempre ha defendido. Que es lo que Zapatero
siempre ha defendido. Y que es lo que Rubalcaba siempre ha
coordinado como ministro de Interior.
Ahora otra vez. La maniobra Eguiguren-Rubalcaba ha sido representada
este fin de semana en la Cadena SER: el primero anuncia que la
izquierda abertzale está por fin dispuesta a participar en el juego
democrático; el segundo lo que anuncia es que aún no ha llegado el
momento, y que el brazo político de ETA está "verde". El primero
laxo, permisivo, como corresponde al que se ve periódicamente con
los asesinos; el segundo pretendidamente duro y firme. Sólo
pretendidamente: los dos coinciden en el hecho de que el fin es que
vuelva a las instituciones. Simplemente discrepan en el cuándo, que
Eguiguren quiere ya y Rubalcaba algo después.
Eguiguren puede permitirse defender que Batasuna esté en las
instituciones mientras se negocia con ETA. No así el ministro. No
así otra vez, al menos. Rubalcaba se ha visto envuelto ya en tres
escándalos por los que debería estar, como mínimo, dimitido hace
tiempo: el primero, el de la verificación del alto el fuego del año
2006, cuando el ministro anunció que ETA había abandonado sus
criminales actividades; después se ha sabido que era falso, que los
informes de las FCSE decían justo lo contrario y que incluso
Interior disfrazó ataques (el de la ferretería de Barañain en abril)
y sembró la duda sobre su autoría. El segundo, el caso Faisán, donde
la cúpula de Interior se ve salpicada en un delito de colaboración
con banda armada. El tercero, la acusación de que los enviados por
el Gobierno –que supuestamente él controlaba y coordinaba– dieron a
ETA la fórmula de ANV para burlar la Ley de Partidos en 2007. Por
cosas menores, ministros y secretarios de Estado de otros países
dimiten, son procesados o ambas cosas a la vez. Un ministro del
Interior no puede ser sospechoso de estar más cerca de ETA que de
quienes la combaten.
A propósito de la presencia de ETA en las instituciones, Rubalcaba
vuelve a caminar por la cuerda floja. La Ley de Partidos ha sido un
instrumento fundamental para arrinconar a ETA, y hoy sigue siendo un
medio óptimo para llevar a ETA a la extinción, a su aniquilación, en
términos del colombiano Santos. Más aún: sólo se acabará con ETA
manteniendo a su brazo político prohibido. Y aquí empiezan los
problemas, porque Eguiguren jamás ha creído en la Ley de Partidos,
pero Rubalcaba dice creer en ella. No lo demuestra.
Si se trata de derrotar a ETA no basta con decir que "la izquierda
abertzale está verde", sino de afirmar que la izquierda abertzale
nunca volverá a pisar una institución democrática. Si se cree en la
Ley de Partidos, no se cree ahora pero no dentro de una semana, dos
meses o un año. Hace unos días observamos a Rajoy, Mayor Oreja y
Acebes afirmar de manera absoluta que Batasuna no debe volver a las
instituciones. Si Rubalcaba estuviese tan seguro de encontrarse en
la misma onda de derrota de la banda que sus antecesores, su
negativa sería tan absoluta como la de ellos. Pero no. Lo es tan
relativa como la de Eguiguren. Lo cual sitúa al ministro en una
posición esencialmente distinta a la de los ministros que pasarán a
la historia como los que buscaron la derrota etarra.
Lo cual tiene tres vertientes: la estratégica muestra que Rubalcaba
no participa de la misma política antiterrorista llevada a cabo
antes de las negociaciones de Zapatero. La política tiene que ver
con la firmeza, y muestra que Rubalcaba está más cerca de permitir a
Batasuna volver a las instituciones que de impedirlo. La penal va
por otros derroteros, y tiene que ver con las repercusiones penales
que debieran tener los escándalos en los que se ve envuelto el
Ministerio de Interior en relación con ETA, que nos recuerdan a los
que tuvieron lugar en los últimos años de la etapa de Felipe
González. Mientras, la Maniobra Eguiguren-Rubalcaba continúa.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.
EA, caballo de Troya de Batasuna
EDITORIAL Libertad Digital 22 Junio 2010
Con las elecciones municipales a menos de un año vista, las
terminales políticas de la ETA están buscando ya el modo de
revalidar legalmente su presencia en los ayuntamientos. Es más que
posible que la jugada que tan buenos resultados les rindió hace tres
años –la operación de esconderse tras las viejas siglas de ANV– no
pueda repetirse en el futuro, así que los líderes de Batasuna tratan
por todos los medios de encontrar una franquicia en la que
esconderse para conseguir concejalías y acceso a los presupuestos.
Esta franquicia podría ser la moribunda Eusko Alkartasuna (EA),
partido fundado por el ex lehendakari Carlos Garaikoetxea tras su
salida del PNV hace ya un cuarto de siglo. Sería una simbiosis de la
que ambos partidos se beneficiarían. Batasuna pondría el puñado de
votos de sus incondicionales, suficientes para alcanzar algunas
alcaldías y varios centenares de concejales. EA, por su parte,
contribuiría con unas siglas sólo en apariencia moderadas y, sobre
todo, con el pasaporte a la legalidad plena, que el aparato político
de la ETA necesita para amamantarse. Se colarían, por lo tanto, toda
la antigua Batasuna por este resquicio sin que nadie pudiese hacer
nada para impedirlo.
Hasta aquí todo bien, la renovada estrategia electoral de la ETA, su
penúltima treta para colarse en las instituciones, parece imposible
de neutralizar. Pero no, no debería ser así. Si el Polo Soberanista
que ambas formaciones formaron el pasado domingo tiene la intención
de concurrir a las elecciones presentando candidatos de Batasuna –o
de cualquiera de sus marcas blancas– la Fiscalía General del Estado
tendría que intervenir de inmediato. No quedaría otro remedio, pues
bastante ridículo se hizo ya en el año 2007 permitiendo que muchos
de los candidatos de ANV se metiesen de lleno en las corporacioneso.
Las circunstancias, además, han cambiado, (o eso proclama el PSOE)
desde los tiempos de la negociación en los que todo estaba permitido
para el entorno etarra. El Gobierno dice mantener una postura firme
frente al terrorismo y no estar tentado lo más mínimo a negociar con
la banda. Pero, por desgracia, los hechos hacen pensar más bien lo
contrario. El PSOE vasco se ha atrevido a actuar por su cuenta y
muchos son los indicios que llevan a pensar que, al menos su
presidente Jesús Eguiguren, mantiene conversaciones con líderes de
Batasuna en vista a resucitar la mesa de negociación con la que la
propia ETA acabó suspendiendo unilateralmente la tregua-trampa.
Tal y como ha señalado el popular Antonio Basagoiti, si la lista que
el Polo Soberanista presenta a los comicios está “contaminada” por
personajes llegados desde Batasuna, es necesario denunciarla sin más
demora e ilegalizarla. Si perseveran en esa actitud, la única
defensa que le queda al Estado de Derecho sería aplicar la Ley, en
este caso la de Partidos, y hacer caer todos su peso sobre EA, que
se habría convertido en un caballo de Troya dentro del cual se
escondería el brazo político de los terroristas. No hay, en
definitiva, muchas más opciones a este nuevo desafío que ha
presentado la banda a través de sus organizaciones interpuestas.
Ahora sólo resta saber si, por este orden, el PSOE, la Fiscalía y el
propio Zapatero están a la altura de que la circunstancia exige.
Camino de Damasco
Luis del Pino Libertad Digital 22 Junio 2010
Independientemente de cuáles sean las razones de fondo que han
llevado al SUP a decidir querellarse contra Sánchez Manzano, lo
cierto es que dicha querella constituye, desde todos los puntos de
vista, un reconocimiento de que teníamos razón aquellos que tanto
tiempo llevamos denunciando irregularidades en la investigación de
los atentados del 11-M.
El mismo sindicato policial que tanto cargó en su día contra quienes
investigamos la masacre reconoce ahora que existe una actuación
"cuando menos poco profesional o negligente respecto al control de
los restos de los explosivos del 11-M".
Ese cambio de postura deja a los pies de los caballos al ex-jefe de
los Tedax en la causa que se sigue contra él a instancias de las
víctimas de la masacre, como también deja con el culo al aire a
algunos que, desde determinadas instancias mediáticas, no dudaron en
jalear los intentos de amedrentar a los escasos periodistas que nos
hemos atrevido a plantar cara a una versión oficial infumable.
Porque no estamos hablando de supuestas negligencias menores que
pudieran afectar a tal o cual prueba más o menos periférica, sino
que hablamos de la desaparición de más de 90 toneladas de restos de
los trenes, es decir, de la desaparición del propio escenario del
crimen. Y hablamos también de que se rompieron todos los protocolos
y no se realizaron los análisis preceptivos, en los laboratorios que
para tal fin tiene habilitados la Policía Científica.
Como resultado, seguimos sin saber, seis años después de la masacre,
ni siquiera qué explosivo se utilizó en los trenes o cómo estaban
confeccionadas las bombas que sirvieron para asesinar a 193 personas
y torcer el rumbo de la Historia de España. Cuestionar, como ha
decidido hacer ahora el SUP, la actuación de quien tenía la
obligación de custodiar las pruebas fundamentales del caso, es un
reconocimiento implícito de que la investigación del 11-M estuvo
viciada desde el principio. Todo ello, como digo, con independencia
de si las intenciones del SUP al personarse en la causa contra
Sánchez Manzano son loables o torticeras.
Pero es nuestra obligación, por supuesto, entrar a analizar cuáles
pueden ser esas intenciones. Y, teniendo en cuenta que el SUP no ha
retirado aún las denuncias contra los periodistas que señalamos en
su día esas irregularidades que ahora el SUP repudia, cabe sospechar
que algún tipo de gato hay encerrado en esa sorprendente decisión
del sindicato policial.
¿Qué puede haber llevado al SUP a protagonizar esa aparente caída
del caballo? Por supuesto, una posibilidad sería que dicho sindicato
quisiera hacerse presente en una causa que cada vez se le está
complicando más a Sánchez Manzano, con el fin de controlar daños y
"marcar" procesalmente a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del
11-M, que fue quien en su día presentó la querella.
La segunda posible razón sería el deseo de desvincularse de ese
Sánchez Manzano por quien el SUP sacó la cara en su momento, ante la
certeza, cada vez mayor, de que la juez podría decidir procesarle.
En caso de que se procesara al ex-jefe de los Tedax, el SUP - del
que Sánchez Manzano ni siquiera es afiliado - podría verse salpicado
mediáticamente; de ahí, quizá, el deseo de marcar distancias,
personándose como acusación popular.
Una tercera razón podría ser que el movimiento táctico del SUP
responda a una jugada estratégica de más calado, impulsada desde
instancias próximas al Gobierno y destinada a utilizar a Sánchez
Manzano como cortafuegos: "hubo negligencias, sí" - nos estarían
diciendo - "y ahí tenéis al responsable. Pero la versión oficial es
cierta en su mayor parte, haya muestras de los trenes o no las
haya".
Me resulta muy triste, la verdad, tener que analizar de ese modo una
decisión de un sindicato policial y buscarle las vueltas a algo que,
en principio, no tendría por qué tener segundas lecturas, pero es
que la historia pasada no nos deja, por desgracia, demasiado margen
para la ingenuidad.
Reconozco que por algo se empieza siempre. Y estoy dispuesto a
creerme que el SUP ha visto de repente la luz. Estoy dispuesto a
creerme que ha decidido de pronto escuchar el clamor de tantas
víctimas de la masacre y exigir toda la verdad sobre ese atentado
monstruoso.
Pero, a la luz del comportamiento pasado de ese sindicato, mucho me
temo que hacen falta gestos adicionales para convencernos a todos de
que realmente han emprendido su particular camino de Damasco.
Para convencernos de que de verdad están dispuestos a no olvidar lo
inolvidable. Y a ayudar a que la sociedad tampoco lo olvide.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Son ETA.
Consuelo Sánchez-Vicente Periodista Digital 22 Junio 2010
MADRID, 20 (OTR/PRESS)
Lo de siempre, sin sorpresas. No se esperaba en realidad que la
llamada izquierda abertzale se desmarcase de ETA, solo Eguiguren,
Jesús Eguiguren, la "vía Chusito" del nuevo intento de ETA de volver
a engañarnos con la paz según los escritos incautados a miembros de
la banda ya detenidos. No se esperaba y no ha sucedido. Solo el
presidente de los socialistas vascos y cabeza de puente de la
negociación del fallido "proceso de paz" de Zapatero, cree que
ponerle una pista de aterrizaje a la banda terrorista ETA ayudará a
que dejen las armas. Sin entrar en la consideración moral que a cada
uno nos merezca tal idea, y voluntarismos bienintencionados aparte,
que no todo es impostura y cinismo entre los partidarios de ese
aeropuerto: mi impresión es que, aunque sea de buenísima fe,
Eguiguren se engaña. Que ve molinos y son gigantes.
Como el mismo Eguiguren ha dicho este domingo, treinta años viviendo
(es un decir: eso no es vida) con escolta porque ETA te quiere
matar, con una diana día y noche en la nuca, le tienen "obsesionado"
con ver o ayudar a acercar el final de la violencia. El mal llamado
final dialogado de la violencia, hay que repetirlo una vez más: no
es violencia sino terrorismo lo que hace ETA, como tampoco hay
bandos, ni guerra. Solo una partida de canallas que extorsionan y
matan, asesinos, eso son los etarras.
Y eso es también Batasuna, según sentencia firme del Tribunal
Supremo. No cómplices, ni tampoco cooperadores, ni siquiera
cooperadores necesarios. Hay que dar y ganar también la batalla del
lenguaje. Batasuna y sus mil listas blancas "negras"- la
autodenominada arteramente izquierda abertzale - es, según la máxima
instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento jurídico, ETA. Ni
de izquierdas ni menos aún abertzales, que significa "patriota" en
vasco.
Lo de esta mafia no tiene un ápice de ideología, y cómo se nombran,
izquierda abertzale, es una mera apropiación indebida de dos
términos - uno castellano, el otro vasco - dignos y honorables. En
el PP y en el Gobierno, que esta legislatura reman felizmente juntos
contra ETA, tienen más que claro qué tendría que cambiar para que
esa autodenominada izquierda abertzale pueda presentarse de nuevo a
las elecciones vascas: que cumplan la ley, es decir, que sean
Aralar, ni una duda de que repudian y condenan a ETA, dicen, y esa
es la respuesta.
El Estado Vasco
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 22 Junio 2010
El 14 de mayo de 2006, dirigentes de ETA aparecieron entrevistados
en el diario Gara sin hacer ninguna mención al Estado vasco. La
expresión tampoco apareció en ninguno de los ocho comunicados, los
dos 'zutabes' y un folleto difundidos por la banda terrorista a lo
largo de ese año. El 5 de enero de 2008 apareció una nueva
entrevista a cabecillas etarras y en ella había quince menciones al
Estado vasco, al Estado independiente o al Estado de Euskal Herria.
El acuerdo suscrito el domingo por Batasuna y Eusko Alkartasuna
tiene como «objetivo estratégico» la «constitución del Estado
vasco», según se afirma. El documento revela, una vez más, la
capacidad de ETA y su entorno de imponer el lenguaje político en la
agenda nacionalista.
Ocurrió lo mismo con el uso exclusivo de la expresión Euskal Herria
utilizada por ETA en sustitución de Euskadi a partir del segundo
trimestre de 1992 y que acabó generalizándose en una buena parte del
nacionalismo. En los 24 comunicados difundidos por ETA durante 1991
y el primer trimestre de 1992 aparece 21 veces Euskadi y 18 Euskal
Herria. En los siete comunicados elaborados entre abril y diciembre
de 1992 aparece 77 veces Euskal Herria y ninguna Euskadi. Como si
las realidades políticas se crearan a base de repetir la palabra
mágica una y otra vez. Algo parecido ha hecho la banda con la idea
del Estado vasco.
La expresión apareció en documentos internos de ETA en el verano de
2006, durante la tregua, cuando la banda perfiló el proyecto que
reclamaba la «autonomía a cuatro» (el País Vasco más Navarra) con
reconocimiento del derecho de autodeterminación, proyecto que haría
público Batasuna en febrero de 2007.
ETA elaboró la propuesta pensando no tanto en que podía conseguir
sus objetivos a corto plazo por cesión de los Gobiernos español y
francés, sino «como instrumento de lucha para alimentar la nueva
fase del enfrentamiento», tal y como señala un documento interno
fechado en agosto de 2006. Es ese documento el que, por vez primera,
refleja el concepto de Estado vasco, ya que ETA expresa que su
propuesta debe «establecer una nueva base política para crear un
Estado vasco independiente y soberano».
La banda terrorista se ve como vanguardia ideológica que arrastra al
resto del nacionalismo a la aceptación de su terminología y sus
planteamientos. Documentos como el suscrito el domingo entre Eusko
Alkartasuna y los herederos de la ilegalizada Batasuna le ratifican
en esa percepción.
Responsabilidad de Casas
José Antonio VERA La Razón 22 Junio 2010
A estas alturas empieza a dar lo mismo que las deliberaciones del TC
sobre el Estatut se aplacen un día o cuatro. El daño ha sido ya
perpetrado y es irreparable. El tribunal está tocado en su imagen, y
mucho más quien lo preside y sobre quien recae el peso de la
responsabilidad en la elaboración de la ponencia: la presidenta
María Emilia Casas. Circula el run run de que esta vez habrá
sentencia, aunque sea en votación uno por uno de los artículos, con
incontables votos particulares y el riesgo de parir un engendro
incoherente incluso con más materia inconstitucional que la
planteada por las ponencias anteriores. Da igual, lo importante es
que haya resolución y que el Alto Tribunal haga su trabajo.
Cualquier fallo será criticado y tendrá partidarios y adversarios.
Las críticas nacionalistas van a existir, pues lo que quieren es que
el Estatut sea declarado constitucional, incluso en los aspectos en
que no lo es. El desprestigio ya se ha logrado. La responsabilidad
principal recae sobre Casas por permitir las presiones, pastelear
cuando no correspondía, dejarse llevar por el ambiente, buscar una
solución «interpretativa» y carecer de personalidad para imponer que
el caso se resolviera hace meses. O sea, diciendo con claridad qué
aspectos se ajustan a la Constitución y cuáles no.
Los recursos de la Generalitat obligaron ayer al Pleno a aplazar el
debate
¿Eguiguren va por libre?
Carmen GURRUCHAGA La Razón 22 Junio 2010
El líder del PSE, Jesús Eguiguren, sigue empeñado en defender la
existencia de un cambio radical en Batasuna encaminado a desligarse
de ETA, aunque sólo él lo ve con esa claridad. El domingo, el brazo
político de ETA tuvo la oportunidad de demostrar esa determinación
para alejarse de los pistoleros anunciándolo en un acto que celebró
con EA para crear el embrión de un pretendido futuro estado vasco.
Y, sin embargo, la desaprovechó, algo que no extrañó a ningún
observador político. Si realmente hubieran querido dar pábulo a esas
presuntas intenciones habría sido suficiente con que en el texto del
acuerdo existieran unas pocas palabras por las que se condena
explícitamente la violencia de ETA. Al no ser así, resulta más
plausible pensar que Batasuna está genéticamente incapacitada para
apartarse de la banda y no está en condiciones de convencer a esta
de que deje las armas. Son demasiados años de intentonas
protagonizadas por bienintencionados que al equivocarse siempre en
sus conjeturas han insuflado oxígeno a ese mundo, desgastado por la
acción policial y judicial. Y pese a tantos antecedentes frustrados
Eguiguren sigue empeñado en llevar la contraria a Rubalcaba,
convencido de que la izquierda abertzale avanza rápidamente hacia su
desvinculación de la violencia, por lo que los partidos políticos
deben estar preparados para liderar el fin de ETA. Hay algo difícil
de entender. ¿Por qué le permiten a Eguiguren ir por libre, pese a
la confusión y división que genera su postura?
El proceso y sus distintas velocidades
Regina Otaola Libertad Digital 22 Junio 2010
Muchos se han pronunciado ya sobre las discrepancias entre Rubalcaba
y Eguiguren, discrepancias que yo creo que no son tales. Se trata
tan sólo de “distintas velocidades” dependiendo del “ámbito de
actuación”, según la jerga al uso de los negociadores de “la Paz”.
Pero en el fondo coinciden, y así lo declara Rubalcaba cuando
reconoce que “las cosas van bien, pero van más lentas de lo que
Jesús cree”, ¡no lo dirá por la velocidad a la que le han aplicado
la Ley de Dependencia a Díez Usabiaga!
Al parecer, “Txusito” ha metido la quinta y “obsesionado y
trastornado”, según confiesa, pretende conducir el proceso por donde
solía, y Rubalcaba va en cuarta pero haciendo el mismo recorrido y
buscando lo mismo: el acuerdo con ETA-Batasuna.
Una vez más hay que recordar que Batasuna es una organización
satélite de ETA y que por tanto nunca condenará a ETA porque es ETA
y sería como condenar su propia existencia como partido político,
que sólo obedece a las necesidades y demandas de la organización
terrorista. Batasuna hará lo que ETA quiera, como sabe Aralar, ¿no
lo sabe EA?, y como lo sabe la escisión de EA, Hamaikabat, todos
ellos “izquierda abertzale”. Ahora Eusko Alkartasuna le ha alquilado
las siglas a ETA, eso es todo. Y todo esto lo saben Rodríguez
Zapatero y Pérez Rubalcaba, Patxi López y Rodolfo Ares y Jesús
Eguiguren, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.
El espectáculo es bochornoso, desde luego, aunque nos estemos
acostumbrando a las más graves tropelías después de 6 años de
Gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿No habíamos quedado que sólo cabía
la derrota del terrorismo, y no "la solución dialogada"? Para los
socialistas, por lo que vemos, esto es una quimera que a veces
conviene sostener de cara a los españoles, pero no creen en ello y
ésa es la baza a la que juega ETA desde hace ya demasiado tiempo.
Esta mañana habla el secretario de Organización del PSE, Mikel
Torres, y suelta: "Yo creo que Jesús Eguiguren ha ido más allá de la
temporada en la que estamos. Él quiere jugar a un futuro, que
esperemos que sea cercano, en el que, por fin, él cree que se puede
tener una solución válida a ese tema, pero ni es el momento, ni, por
supuesto, se puede jugar ahora a esas cosas". Y continúa: "Sin duda,
teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido en los años
anteriores, con el último proceso que iniciamos, y que ya no se va a
volver a abrir esa puerta, él ha jugado en el presente a una cosa de
futuro que todavía no se puede plantear".
Y a la par, el portavoz del PSE José Antonio Pastor, que también
entiende que “no hay tanta distancia como la que se pretende” entre
Eguiguren y Rubalcaba, se atreve a declarar al respecto: “En
cualquier caso, hay una cosa coincidente que es que no es el momento
de hablar con ETA”. ¿No habíamos quedado que con ETA no se acababa
hablando, sino derrotándola con el Estado de Derecho?
El TC confía ahora en poder dictar la
sentencia del Estatut la próxima semana
Ricardo Coarasa La Razón 22 Junio 2010
Los magistradosse reúnen de nuevo hoy, pero deben resolver antes las
pretensiones del Gobierno catalán.
El Tribunal Constitucional (TC) ha entrado en la que puede ser la
semana decisiva para alumbrar la sentencia del Estatut... sin poder
debatir sobre tan espinoso asunto. En la primera reunión del Pleno
del Alto Tribunal con el séptimo borrador sobre la mesa –elaborado
por la presidenta del TC, María Emilia Casas– las prioridades, como
se esperaba, eran otras: sobre todo, desbrozar el camino de los
recursos de última hora planteados por la Generalitat. El Gobierno
catalán está empeñado en que el Constitucional se declare
incompetente para dictar el fallo (dado que cuatro de sus
magistrados están en funciones y que el Senado ha puesto en marcha
la renovación) y que el magistrado recusado Pablo Pérez Tremps se
incorpore a las inevitables deliberaciones artículo por artículo.
El Pleno del TC ya desestimó ambas pretensiones, pero la Generalitat
y el Parlamento catalán recurrieron en súplica, lo que obliga a los
magistrados a pronunciarse de nuevo, demorando el debate sobre la
sentencia, que acumula ya dos años y medio de deliberaciones y
cuatro desde que el PP presentó su recurso de inconstitucionalidad.
Fuentes del Alto Tribunal confirmaron ayer que ambos recursos «están
sin resolver» tras tres horas de reunión y que los diez magistrados
con derecho a voto retomarán hoy la cuestión, por lo que es
previsible que ni siquiera hoy puedan entrar en harina con la
propuesta elaborada por Casas. Pero después de tantos meses de
bloqueo en el TC se barrunta que las próximas dos semanas pueden ser
claves para que la sentencia sea, por fin, una realidad. De hecho,
según esas mismas fuentes la resolución se dictará «entre esta
semana y la próxima». A ese optimismo moderado contribuye la fórmula
elegida por Casas para no cosechar un nuevo fiasco: la votación
artículo por artículo, que anticipa una sentencia muy dividida, con
profusión de votos particulares y con alrededor de una veintena de
artículos declarados inconstitucionales.
En su recurso de súplica, la Generalitat ha pedido al Tribunal
Constitucional que, antes de tomar una decisión sobre la
rehabilitación de Pérez Tremps, consulte al Ministerio Fiscal en
relación a lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el
«voto fraccionado», que según el Ejecutivo de Montilla abriría la
puerta a que el magistrado pudiese votar en aquellos artículos sobre
los que no se pronunció en su informe.
El PP insiste en el Senado: López es apto
- El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, registró
ayer en la Cámara Alta el segundo recurso contra la inadmisión de
Enrique López como candidato al Tribunal Constitucional. En su
escrito, los populares alegan que los artículos 112.3 y 159.2 de la
Constitución establecen que el requisito para ser miembro del TC es
«exactamente el mismo» que para formar parte del CGPJ, del que López
fue portavoz. Así, consideran que el magistrado cumple el requisito
legal: «más de quince años de ejercicio profesional» o «en su
profesión» y achacan el rechazo de su candidatura a cuestiones
«políticas». Finalmente, afirman que la «excesiva demora» del Senado
«ha contaminado» el actual procedimiento, por lo que exigen que se
abra «sin dilación» un nuevo proceso de designación de candidatos.
Informa M. Casado
Lenguas cooficiales en el Senado
El PSOE y los nacionalistas se salen con la
suya
www.gaceta.es 22 Junio 2010
El Senado usará las lenguas cooficiales en el debate de las mociones
en los plenos a partir de 2011 ya que, previsiblemente, el PSOE
contará con el apoyo de la Entesa, CiU y PNV para aprobar las dos
enmiendas a la Reforma del Reglamento de la Cámara Alta que recogen
esta propuesta.
El Senado usará las lenguas cooficiales en el debate de las mociones
en los plenos a partir de 2011 ya que, previsiblemente, el PSOE
contará con el apoyo de la Entesa, CiU y PNV para aprobar las dos
enmiendas a la Reforma del Reglamento de la Cámara Alta que recogen
esta propuesta.
La portavoz adjunta del PSOE, Ruth Porta, ha confirmado a Efe que
mañana -cuando finaliza el plazo de presentación de enmiendas- su
grupo registrará dos, para limitar el uso de las lenguas al debate
de las mociones, y retrasar la entrada en vigor de esta medida al 1
de enero de 2011.
Porta ha confiado en que la Entesa, CiU y el PNV, con cuyos
portavoces ha mantenido contactos en los últimos días, apoyen estas
dos enmiendas del PSOE que supondrían un avance "importante" en el
uso de las lenguas, sin que se produjera un aumento añadido en el
presupuesto de la Cámara para el servicio de traductores.
Los proponentes, encabezados por el senador de la Entesa Miquel
Bofill (ERC) consideran "muy de mínimos" la propuesta del PSOE,
aunque valoran el avance que supondrá que las lenguas cooficiales
estén presentes en el pleno de la Cámara, según fuentes de este
grupo parlamentario.
Porta ha recalcado que el PSOE ha dejado "claro" a Bofill que su
grupo no aceptará que esta propuesta se extienda al Congreso de los
Diputados.
El pasado 28 de abril, el pleno del Senado aprobó, con el voto en
contra del PP, la toma en consideración de la iniciativa para
reformar el Reglamento de la Cámara y ampliar el uso de las lenguas
cooficiales presentada por 34 senadores nacionalistas.
El PSOE, que ha solicitado sucesivamente la ampliación del plazo de
enmiendas para buscar un acuerdo marco, entregó la semana pasada un
documento a estos 34 senadores en el que explica su propuesta.
Este grupo explica que, "dado que ésta es una normativa del Senado y
para el Senado" el uso de las lenguas cooficiales "no debería
afectar a otras instituciones del Estado, concretamente al Gobierno
de España, que participa o puede participar en las sesiones
plenarias de la Cámara".
En consecuencia, circunscribe la utilización del euskera, el
gallego, el catalán y el valenciano a los debates de las mociones, y
deja fuera la sesión de control al Gobierno.
Sobre el coste de la medida, el PSOE argumenta que el objetivo de su
propuesta es que no represente "ningún incremento" del volumen del
gasto en los presupuestos de la Cámara y pospone su entrada en vigor
hasta 2011.
Recomienda asimismo que la Mesa del Senado busque fórmulas de
colaboración con los parlamentos autonómicos que dispongan de
plantillas de traductores, una medida que daría aún "mas carácter
territorial" a la Cámara Alta, según ha asegurado Porta.
La radiotelevisión catalana, en la cuerda
floja por fomentar el independentismo
Impulso Ciudadano solicita una investigación al Consejo Audiovisual
porque considera que no garantiza el pluralismo y la neutralidad
Álvaro Rubio www.lavozlibre.com 22 Junio 2010
Madrid.- El Diputado del Grupo Mixto, José Domingo, solicita al
Consejo Audiovisual de Cataluña que examine si la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) fomenta el independentismo
en Cataluña.
La petición tiene su origen en la parcial y privilegiada cobertura
informativa dada por TV3 y Cataluña Radio de las consultas
independentistas celebradas en diversos municipios de la periferia
de Barcelona durante este pasado fin de semana y en la reiterada
emisión del reportaje ‘Adiós España’ en TV3 durante los días 3 y 8
de junio de 2010.
El Presidente de Impulso Ciudadano, lamenta que los responsables de
la CCMA sirvan de "altavoz continuado y desmesurado" a los
promotores de la independencia de Cataluña.
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, establece que los
sujetos que participan en la prestación de servicios audiovisuales
deben respetar los principios, los valores, los derechos y las
libertades establecidas por la normativa comunitaria, la
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Además debe
garantizar el pluralismo y la neutralidad.
Para Impulso Ciudadano estos requisitos no se están cumpliendo, pues
asegura que el tratamiento informativo dado por la Corporación a las
consultas independentistas "ratifica una clara línea editorial
tendente a promover en la sociedad catalana las tesis que sustentan
los defensores de la independencia de Cataluña".
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