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Zapatero, ante su último fracaso
Editoriales ABC 29 Junio 2010
La conclusión política de esta sentencia es que el PP tenía razones
suficientes para denunciar la inconstitucionalidad del Estatuto y
que su recurso ante el TC fue un servicio al Estado
LA sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de
Cataluña ha ratificado la decisión de todos cuantos presentaron
contra él un recurso de inconstitucionalidad. Aunque la decisión
final haya limitado la anulación a catorce artículos e interpretado
una treintena más —abusando así del peligroso método de la sentencia
interpretativa que declara constitucional no lo que dice la norma,
sino cómo debe ser aplicada—, el Estatuto de Cataluña lesionaba
gravemente la Constitución Española de 1978 y gracias a los recursos
—encabezados por el PP— se ha reparado en parte esta vulneración. En
efecto, el Poder Judicial se mantendrá unitario para todo el
territorio nacional, sin caer en el sistema confederal que preveía
el Estatuto, auténtica ruptura de la unidad jurisdiccional del
Estado.
También gracias al recurso del PP, el Estatuto no será la base legal
de la imposición monolingüística que defienden el socialismo y el
nacionalismo catalanes. Y queda meridianamente claro que Cataluña no
es una nación más que en el diccionario nacionalista y en el terreno
de los símbolos. La inclusión de este término en el Preámbulo del
Estatuto es, según el TC, irrelevante porque no tiene valor
jurídico, sino testimonial. Gracias a esta declaración, la
presidenta del TC, María Emilia Casas, logró el apoyo del magistrado
Manuel Aragón, hasta ayer baza principal de quienes confiaban en que
el Alto Tribunal aprobara un pronunciamiento más defensivo del orden
constitucional y del Estado. En suma, casi la mitad de los artículos
impugnados por el PP tenían tachas de inconstitucionalidad.
La conclusión política inmediata de esta sentencia es que los
recurrentes tenían razones más que suficientes para denunciar la
inconstitucionalidad del Estatuto, que su recurso ha sido un
servicio al Estado y a la Nación, y que el TC ha reparado en parte
la frivolidad con la que Rodríguez Zapatero embarcó a España en una
aventura confederal, cuyo objetivo no era otro que sellar una
política duradera de pactos con el nacionalismo catalán. Al final,
ni una cosa ni otra. El Estatuto con el que se identifica el PSOE,
según su secretaria de Organización, atacaba bases esenciales del
Estado y su responsabilidad política por haber aprobado esta ley es
innegable.
Ahora vendrá una estrategia de propaganda tendente a mitigar los
efectos políticos de la sentencia del TC, refugiándose en la minoría
del llamado bloque conservador —cuyos cuatro integrantes han
anunciado votos particulares a la decisión— y en el limitado número
de artículos anulados en proporción a los que fueron impugnados.
Será la enésima maniobra de distracción para evitar asumir el daño
que el Gobierno y el PSOE han causado a la estabilidad del Estado
introduciendo en su ordenamiento jurídico un auténtico «caballo de
Troya» contra la soberanía del pueblo español y la unidad
constitucional.
La satisfacción impostada del Gobierno socialista ya contó ayer con
las primeras reacciones exacerbadas del tripartito catalán y del
nacionalismo, convocando a la sociedad catalana a arremeter contra
el TC. Su estrategia más reciente ha consistido en negar al TC
cualquier legitimidad para decidir sobre el Estatuto, porque había
sido votado en referéndum por los catalanes. También este desafío se
ha saldado con una derrota de los postulados social-nacionalistas,
porque queda claro que la Constitución está por encima de cualquier
ley aprobada por el Parlamento, aunque sea ratificada en referéndum.
Solo las reformas constitucionales aprobadas por el pueblo español,
titular de la única soberanía nacional existente en España, quedan
al margen de la competencia del TC.
Una vez que se conozcan los criterios interpretativos aprobados por
el TC para la treintena de artículos que la sentencia acomoda a la
Constitución, podrá valorarse de qué manera se gestionará el día
siguiente a la sentencia. Porque hay dos opciones: o meter a
Cataluña en un proceso de insubordinación constitucional, o abrir un
período de recomposición del Estado autonómico. La responsabilidad
de elegir correctamente es solo de los gobiernos central y
autonómico, y especialmente del PSOE y del PSC. Mariano Rajoy ha
hecho lo que tenía que hacer: defender, y con éxito, el interés
nacional. El problema es ahora de los socialistas entre sí, porque
tendrán que resolver sus contradicciones internas. El TC ha
despejado del escenario catalán una incógnita que condicionaba el
período preelectoral y las relaciones entre partidos. Al PP ya no se
le puede exigir que retire el recurso, porque está resuelto, ni
reprocharle que lo interpusiera, porque tenía razones para hacerlo.
Pese a que el TC ha reducido la intensidad de los daños causados por
el Estatuto, la sentencia se queda corta, porque queda en pie buena
parte de una norma estatutaria que se generó como competidora de la
Constitución. Por eso, su vicio de inconstitucionalidad era mucho
más radical que parcial.
La sentencia y la farsa
Fermín Bocos Periodista Digital 29 Junio 2010
A reserva del conocimiento del contenido completo de la sentencia
del TC sobre el Estatuto de Cataluña, la primera impresión que tiene
uno tras conocer el fallo es que la política reafirma su gran deuda
con la farsa. Con el teatro en su máxima expresión. Teatral ha sido
la salida en tromba de los principales dirigentes políticos
catalanistas. Montilla, Mas y Puigcercós. En el caso del presidente
de la "Generalitat", el señor José Montilla, cordobés de nacimiento,
salida doblemente teatral porque un minuto después de conocer el
fallo -ignorante, por lo tanto, del contenido completo de la
sentencia- ya tenía preparado un largo discurso centrado en los
supuestos agravios infringidos por el TC "al pueblo de Cataluña". Lo
tenía todo previsto, hasta la convocatoria de una manifestación.
Teatral, también, la comparecencia de la vicepresidenta Fernández de
la Vega. Salió a escena a la misma hora que Montilla para decir
exactamente todo lo contrario que su correligionario. Para ella, la
sentencia es una derrota del PP.
Y ¿qué dice el PP? Pues, según Federico Trillo, inspirador del
recurso, el TC les da la razón en lo que se la da, aunque nada dice
de lo que se les niega. A todo esto, como actriz de reparto, Alicia
Sánchez Camacho, cabeza del PP en Cataluña, dice estar contenta
porque ahora, según su decir, el "Estatut" ya es constitucional. Y
lo es -podríamos añadir- pese a que mantiene que el catalán es la
lengua "vehicular" en Cataluña (¿no era, también, lengua oficial el
castellano?); pese a que consagra la bilateralidad
Estado-Generalitat en las relaciones económicas y pese a que
mantiene un preámbulo que dice que el "Parlamento de Cataluña
declara que Cataluña es una nación". El TC proclama que dicho
preámbulo "carece de eficacia" jurídica. No que hay dos exegetas que
coincidan al interpretar qué significado tiene está conclusión que
preña una duda. Si fuera cierto que carece de "eficacia jurídica,
¿qué sentido tiene mantenerlo, habida cuenta de que el artículo 2 de
la Carta Magna proclama que la Constitución se fundamenta en la
indisoluble unidad de la Nación española y lo escribe, así, con
mayúscula que no admite plural?
Hablando de preámbulos y de intereses lo explicaba muy bien Jacinto
Benavente en el primer cuadro de los "Intereses creados". Porque de
eso se trata. De salvar cada uno lo suyo. Ya verán como Rajoy, a
quien las encuestas llevan a hombros -y está pensando en que el año
que viene puede necesitar el apoyo de CiU para llegar a La Moncloa-
no dice nada de la sentencia o a lo sumo pide a los suyos sosiego,
tranquilidad y calma. Ya digo, una farsa. Pero una farsa peligrosa
porque juega con sentimientos y emociones muy arraigadas entre la
gente. En los dos bandos.
Estatutos zapateristas
Lo previsible es que después de una primera fase de condenas, al
final todo retome el cauce electoral
VALENTÍ PUIG ABC 29 Junio 2010
HA sido el estatuto de la incertidumbre constitucional y del
abstencionismo refrendario. Cuatro años han hecho falta para llegar
a la sentencia de ayer por la tarde. Se puede considerar el parto de
una criatura con elementos clónicos, dotada de extremidades
litigantes, concebida por bloques y de una formalidad amplia en
ambigüedades. Digamos que es un ente interpretativo. Prevalece
jurídicamente el término «nacionalidad» sobre el de «nación», que no
es vinculante. Ahora bien, si el término «nación» «carece de
eficacia jurídica», ¿por qué queda plasmado en el estatuto? Es sobre
el poder judicial catalán donde el Tribunal Constitucional ha sido
más explícito.
Es muy llamativo que el TC ratifique el carácter vehicular de la
lengua catalana, siendo la sociedad real catalana ejemplarmente
bilingüe. Esa es una realidad que no puede ser rectificada con
elementos de ortopedia y que afecta a los derechos de los padres.
Las sociedades tienen su aliento y sus tiempos, que van más allá de
las construcciones jurídicas. Son los usos y costumbres, las «mores»
que Tocqueville anteponía a las leyes.
El PSOE de Zapatero jugó con los límites de la Constitución para
ratificarse en su territorio electoral catalán. En fin, practicó el
particularismo, lo que hubiese chocado a Don Indalecio Prieto. Los
datos históricos son una evidencia: ni el PSOE ni la UGT lograron
una implantación significativa en Cataluña hasta conseguir penetrar
electoralmente ya en los inicios de la transición democrática y como
fruto de la imbricación con el socialismo catalanista, del que
deriva la fórmula PSC-PSOE. Para poner en marcha el nuevo proceso
estatuario, el PSC-PSOE recurrió a una alianza con el republicanismo
secesionista de ERC y el ecocomunismo. Eso fue el segundo
tripartito, del que dimanan los contenidos más exóticos del nuevo
«Estatut». Ha sido el «Estatut» de Zapatero. En general, las
consecuencias jurídicas son de peso y las políticas serán más
gestuales y sonoras que significativas y sustanciales. Los partidos
políticos conocen el grado de desafecto de la sociedad catalana, el
fracaso de las movilizaciones independentistas y la gravedad
prioritaria del impacto de la crisis económica en Cataluña, sumada a
recientes escándalos de corrupción. Lo previsible es que, después de
una primera fase de condenas y lamentos, al final todo retome el
cauce electoral, aunque es inevitable que aflore periódicamente la
sentencia, como arma arrojadiza.
Considerada la indiferencia de la sociedad catalana, el
«establishment» nacionalista urdió un afán determinista: una
linealidad histórica requería de ese nuevo estatuto como elemento
«sine quan non». Entonces Pasqual Maragall no se recataba en
reconocer que el proyecto estatuario era «politique des
politiciens». Seguramente sabía que esa es una expresión que en
Francia tiene una connotación que no es positiva, pero le daba
exactamente igual. Pero el «Estatut» no podía atribuirse
exclusivamente al apartado «cosas de Pasqual». Se apuntó Montilla,
cuando Zapatero ya surfeaba a sus anchas en la renovación al sesgo
de la trama constitucional.
www.valentipuig.com
El término ‘nación’ es incluído en el
Preámbulo del Estatut de Cataluña
RedacciónMinuto Digital 29 Junio 2010
El Tribunal Constitucional ha sacado adelante por mayoría una
sentencia que avala la inclusión en el Preámbulo del Estatut de
Cataluña del término “nación”, si bien deja claro que la misma
carece de eficacia jurídica interpretativa, dada la indisoluble
unidad de la nación española.
Esta interpretación restrictiva ha contado con el apoyo de seis de
los magistrados, los del bloque “conservador” más Manuel Aragón
Reyes, y el voto en contra de los magistrados progresistas.
La sentencia del Estatut declara inconstuticionales 14 artículos de
la norma, somete a interpretación 23 y cuatro disposiciones
adicionales y desestima el resto de los artículos recurridos por el
PP.
Los magistrados votaron el fallo en cuatro bloques, siendo el que
aglutina los inconstitucionales el único que obtuvo el apoyo de ocho
magistrados, en el resto de votaciones (sobre artículos que pasan el
filtro de constitucionalidad, los más de treinta que tendrán una
redacción interpretativa y sobre el Preámbulo, donde se incluye el
término ‘nación’) se saldó con un resultado de seis votos frente a
cuatro.
CRÍTICAS DE LOS DEFENSORES DEL ESPAÑOL
La Asociación por la Tolerancia, que viene denunciando la
discriminación del castellano en Cataluña, ha criticado que el
Tribunal Constitucional haya mantenido que el catalán es “la lengua
de uso normal” en esta comunidad autónoma.
Eduardo López, presidente de esta asociación, se refería así al
hecho de que el Constitucional haya anulado sólo la expresión “y
preferente” del artículo 6 del Estatut.
Este artículo, referido a “La lengua propia y las lenguas
oficiales”, dice textualmente lo siguiente: “La lengua propia de
Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso
normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios
de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua
normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la
enseñanza”.
En este sentido, Eduardo López se preguntó por qué los magistrados
mantienen que el catalán es la lengua de “uso normal”, ya que cabe
preguntarse entonces si el castellano es la lengua “anormal, la
extraña”.
El presidente de la Asociación por la Tolerancia ha expresado su
temor a que el fallo del Constitucional sirva a los nacionalistas
para seguir discriminando al español en Cataluña.
… Y A LOS NACIONALISTAS NO LES GUSTA
El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni
Durán i Lleida ha dicho que el texto que dejan los magistrados tras
su decisión “no es el que nos complace”.
Durán i Lleida ha afirmado en declaraciones a Radio Nacionalque la
sentencia “llega tarde y mal”, después de casi cuatro años y a pocos
meses de que se convoquen las elecciones autonómicas catalanas.
Aseguró que la sentencia merece una “reacción” del pueblo catalán
ante la supresión de varios de los artículos aprobados por el
Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, que los propios
ciudadanos ratificaron en referéndum.
“Es prematuro anticipar cuál debe ser la reacción, hay que hacer una
lectura más exhaustiva del fallo que no conozco en su literalidad y
después de la propia sentencia”, dijo. “Sería un poco temerario
decir si la sentencia está en la calle o no está en la calle”.
Sin embargo, advirtió de que CiU no comparte “algunos de los
aspectos” del fallo de los magistrados del TC y reclamó “una
respuesta unitaria de todas las fuerzas políticas catalanas que
hemos defendido la constitucionalidad del Estatuto”.
Una sentencia trascendental
Luis Miguez Macho Semanal Digital 29 Junio 2010
Al leer las primeras noticias relativas al fallo del Tribunal
Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña,
estoy seguro de que muchos lectores habrán pensado: "Ya está. El
parto de los montes". Cuatro años de espera para al final descubrir
que, como titula algún periódico, "el Tribunal Constitucional avala
la mayor parte del Estatut".
No obstante, algo más debe de haber que estos apresurados –e
interesados- titulares y el impostado triunfalismo de algunos
miembros del Gobierno. Varios artículos declarados
inconstitucionales, otros sometidos a interpretación conforme a la
Constitución, la declaración de Cataluña como nación privada de todo
valor jurídico, incluso del meramente interpretativo, y la reacción
de los nacionalistas catalanes (en los que incluyo al PSC),
dispuestos a seguir hasta el aburrimiento con la pantomima que les
ha hecho perder en el resto de España aquel halo de seny que
tuvieron en la Transición y que les había convertido en ejemplo a
seguir en otras Comunidades autónomas.
La realidad es ésta. De los preceptos del nuevo Estatuto catalán
impugnados por el PP, casi la mitad, es decir, unos cincuenta, han
sufrido reproches de inconstitucionalidad por parte del Tribunal
Constitucional, que han llevado o a su anulación o a su
reinterpretación obligatoria. Por lo tanto, la tesis que ha
mantenido públicamente el actual ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, sobre la completa y perfecta constitucionalidad del texto
que contribuyó de manera decisiva a forjar no ha sido compartida por
el alto Tribunal. De hecho, es la primera vez que se anulan
preceptos de un Estatuto de Autonomía.
Pero, con todo, lo más importante no es esto, sino el que la
sentencia se haya dictado finalmente. Aunque parezca increíble,
habíamos llegado al punto de que se cuestionaba seriamente, y no
sólo en el plano político, sino también en el jurídico, que el
Tribunal Constitucional estuviese legitimado para controlar la
constitucionalidad del nuevo Estatuto catalán, sobre la base de
peregrinos argumentos como el que haya sido sometido a referéndum o
su supuesto carácter de "pacto entre Cataluña y España".
Con esta sentencia queda claro que, jurídica y políticamente, nada
hay por encima de la Constitución, expresión de la voluntad
constituyente del único titular de la soberanía, el Pueblo español
en su conjunto. Ni una parte del mismo ni la mayoría política de
turno (que cambiará) pueden prevalecer sobre esa voluntad soberana.
Queda igualmente claro que, desde el punto de vista jurídico y
político, no existe más nación que la Nación española. Por supuesto
que cada uno puede mantener el concepto de nación que le venga en
gana; pero el concepto jurídico y político de nación no es ni
discutido ni discutible, como afirmó en una desafortunada ocasión el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sino que es
el que se desprende de la Constitución, que lo identifica con el
Pueblo español en su conjunto, titular de la soberanía. En
definitiva, el pretendido Estado plurinacional confederal no tiene
cabida en el texto constitucional.
Ningún medio de comunicación contará tampoco el resto de la
historia: que muchas de las cláusulas del nuevo Estatuto catalán no
corregidas por el Tribunal Constitucional están condenadas a la
inoperancia, porque su efectividad depende de la modificación de
leyes estatales que o nunca se llevará a cabo, o si se hace, es
perfectamente reversible por la voluntad de una mayoría
parlamentaria posterior.
Llega así al desastre otro de los grandes proyectos políticos de
José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno tendrá que fingir que no
ha pasado nada, qué remedio. Queda por ver si los nacionalistas
catalanes están dispuestos a hacerle pagar el fiasco de la única
forma viable, que no es con una revolución imposible en un país
democrático desarrollado y bien acomodado, sino con un simple y
civilizado adelanto electoral.
Tarde, mal y a rastras
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 29 Junio 2010
A falta de conocer con detalle lo que ayer tarde decidió el Tribunal
Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía catalán es posible
realizar una valoración de urgencia respecto de un pronunciamiento
que se ha producido con cuatro años de retraso. Ese es, de hecho, el
primer dato relevante: que, por primera vez en su historia, el
Constitucional ha sido literalmente incapaz de cumplir en tiempo y
forma la importante misión institucional que tiene encomendada, lo
que ha determinado que el máximo intérprete de nuestra ley
fundamental se haya dejado en este pleito una buenísima parte de su
prestigio.
Del tribunal se esperaba que decidiese, con criterio jurídico, si el
Estatuto de Cataluña cabía todo él en la Constitución o si, como
sostenía el recurso del PP y sostienen muchísimos juristas que no
tienen con ese partido ninguna relación, bastantes de sus
previsiones chocan de un modo frontal con nuestro texto
constitucional. El hecho de que el alto tribunal haya juzgado que
tan solo catorce artículos del Estatuto vulneran las previsiones
constitucionales permite poner en duda muy seriamente, sin embargo,
que el órgano de control de la constitucionalidad haya actuado
llevado solo de un juicio jurídico y no político. Al final, da la
sensación de que las fuertes presiones políticas a favor del
Estatuto a las que el tribunal ha estado sometido han inclinado la
balanza a favor de un pronunciamiento que contribuye a reventar las
costuras de la Constitución y que deja en letra muerta muchos de sus
contenidos materiales. Siguiendo su línea histórica, el Tribunal
Constitucional debería haber contribuido a encajar las piezas de un
puzle muy complejo como es el del Estado autonómico español. Sin
embargo, hay muchas razones para creer que el tribunal, por razones
políticas que están en la mente de millones de españoles, ha
renunciado a cumplir con su función y ha dado con ello un impulso
formidable a la destrucción de un modelo de descentralización que,
tras este pronunciamiento errado y timorato, queda en manos de la
incontrolable dinámica política que el nacionalismo ha impuesto a
España. Este, y no otro, es el verdadero fondo del asunto.
Inconstitucional
El veredicto parte de un principio más político que jurídico: tratar
de contentar a todos a base de no dejar satisfecho a nadie
IGNACIO CAMACHO ABC 29 Junio 2010
PARCIALMENTE inconstitucional: ése es el veredicto objetivo. Sírvase
cada cuál sus conformidades y reparos a tenor de sus propios
prejuicios; enfóquese la sentencia desde un punto de vista
cuantitativo o cualitativo para adecuarlo a interpretaciones de
parte; considérese muy importante, poco importante o relativo el
sentido de la depuración; al final, lo único que queda claro es que
el Estatuto de Cataluña contiene una quincena de preceptos que no
encajan con la Constitución española y más de treinta que requieren
de una corrección de sus criterios mediante interpretaciones y
coletillas. Ahora viene un debate político cargado de farfolla,
demagogia y consignas; ha sido un pleito tan confuso y tan largo que
su resolución promete tanto embrollo como la norma que lo ha
provocado.
Para lograr un veredicto tras cuatro años de bloqueo, la presidenta
del Constitucional ha alumbrado una sentencia-pastel, aunque se
trata de un pastel cocinado con demasiada lentitud y servido quizá
demasiado tarde. Un fallo que parte de un principio más político que
jurídico: tratar de contentar a todos a base de no dejar satisfecho
a nadie. De un Estatuto bodrio, farragoso y prolijo, y de un
tribunal desautorizado y desgastado no cabía esperar mucho más. Al
final, el colapso había llegado a un punto en que cualquier
sentencia era mejor que ninguna sentencia, y en ese sentido el TC ha
terminado guiándose por la necesidad de acabar de una vez para
aliviar una tensión insostenible.
Sea como fuere, medio centenar de artículos han sido anulados,
retocados o corregidos, y algunos de ellos contienen aspectos
nucleares de la intención soberanista que inspiró el Estatuto. Se
revoca el poder judicial catalán, se anulan las competencias de
autonomía financiera —por mayoría de ocho a dos— y se desregula,
negándole eficacia jurídica y carácter vinculante, el principio
esencial de que Cataluña es una nación. Eso es una purga como un
castillo, una poda sustancial se mire por donde se mire, y
constituye la demostración de que los recursos eran procedentes
porque el texto contenía aspectos incompatibles con el vigente marco
legal de superior rango.
A partir de aquí, todo es opinable, y va a ser opinado a tenor de
las conveniencias de parte propias de una precampaña electoral. Al
nacionalismo catalán y a los soberanistas radicales les conviene el
victimismo; a los socialistas les interesa resaltar la convalidación
de una parte del articulado cuantitativamente amplia y el PP puede
presumir de haber logrado embridar cuestiones determinantes para la
unidad del Estado. Por encima de esa cháchara inevitable, la única
realidad objetiva es que el Estatuto de Cataluña ha resultado ser
inconstitucional. Poco, mucho, a medias; pero inconstitucional, al
fin y al cabo.
Cuatro años de política
EDITORIAL Libertad Digital 29 Junio 2010
Hace cuatro años, un mes después de que el Estatuto de Zapatero
fuese aprobado en un referéndum en el que no participó ni la mitad
del censo electoral, el Partido Popular y el Defensor del Pueblo
presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional para que dirimiese con la mayor diligencia posible la
legalidad de ciertos conflictos que el Estatuto presentaba con la
Carta Magna. Meses más tarde, a esos dos recursos se le unirían
otros nuevos provenientes de distintas comunidades autónomas que
fueron admitidos a trámite por el Alto Tribunal.
Desde entonces los recursos al Estatuto de Zapatero han dormido el
sueño de los justos en las estanterias del Constitucional, un sueño
alterado sólo por las continuas recusaciones y recursos para apartar
a magistrados que pudiesen ser incómodos en la sentencia final. En
circunstancias normales, si el Tribunal se hubiese limitado a
tramitar un asunto jurídico, la resolución no se habría demorado más
de un mes. Pero no, este asunto ha traspasado la línea de lo
judicial para penetrar en el ámbito de lo político, campo donde se
ha desatado una feroz batalla entre los verdaderos amos del poder
judicial en España, cuya independencia sólo figura ya sobre el
papel.
A destacar el lamentable papel que finalmente han decidido
desempeñar en todo este sainete el magistrado Manuel Aragón, quien
durante cuatró años bloqueó una resolución casi con seguridad muy
parecida a la que ha terminado apoyando, y el vicepresidente del
Constitucional, Guillermo Jiménez, quien ha terminado votando a
favor de la ponencia de Casas muy probablemente para evitar que la
sentencia se aprobara por el voto de calidad de la presidencia,
quedando así retratada la enorme politización del órgano.
A falta de la sentencia definitiva y echando una mirada a la
ponencia que presentó Elisa Pérez Vera, muy parecida, por lo demás,
a la que al final ha terminado pergeñando la presidenta María Emilia
Casas, todo indica que el nacionalismo catalán ha obtenido una
victoria histórica. La práctica totalidad del Estatuto de Zapatero
se salva tal cual fue concebido por la Generalidad. Sólo un
artículo, el referido al Consejo de Justicia de Cataluña, queda
inhabilitado, lo que muestra a las claras el corporativismo
profesional de los magistrados. A otros catorce artículos se los
somete a un maquillaje ligero, puramente terminológico y que, en
ocasiones, tramposo como sucede con el artículo 6 en el que,
dependiendo del apartado, se anula (art. 6.1) o se mantiene (art.
6.2) el deber de conocer la lengua catalana, por muy abiertamente
inconstitucional que sea este segundo precepto.
Las partes más abiertamente anticonstitucionales y las que más
polémica han levantado quedan en el limbo de la ambigüedad al
declararse interpretables. Es el caso de la bilateralidad
"España-Cataluña" o el sistema de financiación. Esto no es, ni de
lejos, una victoria constitucionalista como podría imaginarse. Muy
al contrario, esta falta de concreción a lo único que va a invitar
es al cambalache político con los nacionalistas, muy necesarios para
que Zapatero en los dos años que quedan de legislatura pueda
atornillarse al poder pase lo que pase.
Respecto al uso del término Nación aplicado a una comunidad
autónoma, la catalana queda definitivamente consagrada como tal en
el preámbulo del Estatuto de Zapatero. El Tribunal Constitucional no
ha declarado como inconstitucional este punto a pesar de que Nación
sólo puede haber una según la Constitución, ya que considera que tal
apelación se encuentra contenida solamente en el preámbulo que "en
ningún caso es jurídicamente vinculante". Nos encontraríamos una vez
más ante el mismo efecto que en puntos anteriores, la imprecisión
podría dar lugar a negociaciones posteriores ya totalmente
políticas.
Por encima de las cuestiones jurídicas, el verdadero ganador de todo
este episodio ha sido, una vez más, el nacionalismo catalán. Saliese
lo que saliese podrían seguir quejándose y ejerciendo de víctimas de
un presunto Estado centralista que sólo existe en sus ensoñaciones,
pero del que viven muy bien. Zapatero se lo ha puesto en bandeja,
porque él y nadie más que él es el responsable de este despropósito
que tendrá para España severas consecuencias en el medio y largo
plazo. Estos cuatro años de política han sido sólo el principio de
un problema muy serio que no tardará en manifestarse.
Cataluña como problema o por qué lo peor de
Zapatero no es la Economía
Jesús Cacho El Confidencial 29 Junio 2010
Seguramente serán millones los españoles que a partir de hoy
comenzarán a visualizar en toda su dimensión la tragedia que para el
porvenir colectivo van a terminar significando los ocho años de
presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Porque lo malo del
personaje, que también, no es su penosa no-gestión de la crisis
económica, con ser ello grave en tanto en cuanto afecta directamente
al bienestar de todos. Al final, la crisis que padecemos se
terminará superando, por duros que sean los años de estancamiento
que debamos superar por delante. Lo peor de los seis años y pico que
lleva ZP de presidente del Gobierno es el fenomenal lío político en
que ha metido a la nación con la ruptura del marco constitucional
pactado entre todos en 1978. Lo de la Economía tiene remedio;
tardío, pero tiene remedio. Lo de Cataluña, no. Mucho me temo que
no. Es la herencia de discordia que este personaje infame deja a
España y a los españoles.
Dejó escrito Pío Baroja en sus Memorias que, poco antes de la
proclamación de la II República, Ortega y Gasset pensaba en un
cambio mágico para el país. “Yo auguraba algo muy malo y acerté”,
dice el novelista de Vera de Bidasoa. “Estaba inclinado a pensar que
sólo los Gobiernos viejos y llenos de experiencia pueden dar una
vida tranquila a los pueblos. Este convencimiento mío procedía de
que, en mi juventud, había leído varias historias de la Revolución
francesa, lo que no habían hecho mis compañeros, y a mí aquella
Revolución me parecía un esquema que se repetiría en los pueblos de
Europa siempre que se intentase un cambio político de esa índole,
con sus tres fases: utopía, revolución y reacción”.
Al margen de su empeño en reescribir la Guerra Civil desde la
exclusiva óptica de quienes la perdieron, nadie sabe lo que hay de
utopía en el magín de un tipo tan pobremente avituallado desde el
punto de vista intelectual. El caso es que este licenciado en
Derecho por León, que no es precisamente Yale, en su empeño por
reformar la Constitución del 78 por la puerta de servicio preparó en
2006 un desaguisado -la revolución- con el Estatuto de Cataluña,
cuyas consecuencias –la reacción- ayer noche empezamos ya a calibrar
tras el encendido discurso del presidente de la Generalitat, José
Montilla. Zapatero dejará a los españoles empobrecidos para una
década y políticamente divididos, enfrentados, para varias
generaciones, y ello en el mejor de los casos.
El texto del Estatuto catalán no tenía convalidación posible desde
el punto de vista Constitucional. O se derogaba la Constitución y
prevalecía el Estatut o viceversa. Encajar el texto catalán en la
horma constitucional era misión imposible. Y conste que han sido
muchos los compatriotas que, en aras a un arreglo fraternal, han
defendido una interpretación abierta de la Constitución. Ayer mismo
me escribía un amigo palentino enamorado de Cataluña, como yo mismo:
“Creo que debieran llegar a una solución de síntesis. A dictar una
sentencia que intentara encajar lo máximo del estatuto catalán en
una interpretación abierta y dinámica de la Constitución. Se
trataría de interpretarla de forma que, sin traicionarla, le diera
más vida y recogiera mejor la realidad. Sería una síntesis
jurídicamente creativa y políticamente integradora de una compleja y
real pluralidad. Sin desarmar el Estado de todos, recogería la
legítima diversidad que lo compone”.
Declaración de guerra de Montilla
Tal ha sido el trabajo, en el fondo, de la denostada Maria Emilia
Casas. La interpretación más favorable de la Constitución hacia el
del texto autonómico, lograda después de que la presidenta del
Constitucional consiguiera abducir para sus tesis al conservador
Guillermo Jiménez y al progresista Manuel Aragón, los dos vocales
del alto tribunal que han terminado “cambiando de bando” tal vez
inmolando sus prejuicios en el altar de la concordia, no ha servido
para nada. La declaración de guerra del señor Montilla anoche mismo
habla a las claras del empecinamiento de una clase política
–abocada, además, a elecciones autonómicas casi inminentes- que
parece dispuesta a romper todas las compuertas de la convivencia
dentro del marco constitucional.
Recogemos los frutos podridos de la política de un personaje que
llegó en 2004 a la presidencia del Gobierno sabiendo muy poco o nada
de la Historia de España y de lo peligroso que a lo largo de los
siglos ha resultado siempre abrir la puerta a los demonios
familiares históricos de los españoles, a los que es menester
mantener en todo momento bien cerrados bajo siete llaves. Zapatero
es el gran responsable del enfrentamiento que se avecina porque fue
él, conviene recordarlo, quien actuó de motor de un nuevo Estatuto
que apenas interesaba al 6% de la población catalana cuando estaba
siendo discutido en el Parlament.
Aquel Estatuto parecía embarrancado, más muerto que vivo, hasta que
el Presidente del Gobierno no tuvo mejor idea que llamar una
infausta noche a Moncloa a Artur Mas (CiU) y darle nueva vida,
enloquecida vida a una especie de prolija Constitución que invade
algunos derechos fundamentales de la persona que en Europa se
consideraban sagrados desde la Revolución francesa, un proyecto que
únicamente convenía a su mentor en Madrid y a una clase política
alejada de las preocupaciones diarias de la gente y empeñada en
juegos de poder en su personal provecho.
El culpable tiene nombre: Rodríguez Zapatero
Aunque moleste mucho a los nacionalistas, es inevitable recordar
aquí que los votantes dieron mayoritariamente la espalda al Estatuto
en el referéndum celebrado en junio de 2006: únicamente votó el
48,85% de un censo electoral de 5.202.291 personas, de las cuales
1.882.650 respaldaron el texto con un “sí”, lo que equivale a decir
que solo el 36,18% del censo aprobó el Estatuto o, lo que es lo
mismo, uno de cada tres catalanes. Porcentajes estos, por lo demás,
significativamente peores que los registrados en el referéndum
celebrado en 1979 para aprobar el Estatuto nacido de la Constitución
del 78, que contó con la participación del 59,7% de los catalanes,
el 88,15% de los cuales aprobaron el texto.
El recordatorio anterior es doloroso, lo sé, pero la lección que
cabía extraer de la consulta de junio de 2006 es que el catalán de a
pié no necesitaba ningún nuevo Estatuto, porque ya tenía uno y había
demostrado funcionar aceptablemente bien. Tres años de Gobierno
tripartito y ríos de tinta, cientos de horas de televisión y miles
de horas de radio no consiguieron movilizar a los votantes en apoyo
de un texto que la inmensa mayoría consideraba innecesario. Aquella
lección no fue ni escuchada ni atendida, y de aquellos polvos vienen
estos lodos.
Conviene recordar, también, que ZP negó su apoyo al Plan Ibarretxe
en el Parlamento de la nación por llegar a Madrid con el respaldo de
solo el 51% del parlamento vasco. El daño que la irresponsable
conducta política del inquilino de Moncloa ha ocasionado a los
españoles tiene difícil arreglo. Y bien, ¿qué hacemos ahora, señor
Zapatero? ¿Qué hará usted ahora, aparte de obsequiarnos con alguna
de sus famosas frases entre lo lapidario y lo bobo? No es que sea
usted el único culpable, no señor, de lo ocurrido, pero la sentencia
del Constitucional conocida ayer en sus líneas maestras es una
enmienda a la totalidad de su estrategia de demolición de la
Constitución del 1978, un clamoroso fracaso personal que debería
conducirle, si tuviera usted vergüenza, a convocar elecciones
generales y a irse a su casa de inmediato. Dimisión. Los españoles,
catalanes y no catalanes, no nos merecemos tanta desgracia.
La FUNDACIÓN DENAES reclama una reforma
constitucional ya que la sentencia del estatuto catalán agrava el
problema político
Fundación DENAES
29 Junio 2010
La sentencia dictada por los magistrados del tribunal constitucional
no resuelve el problema político e institucional existente en
España. «No se puede pedir a los jueces nombrados por políticos que
resuelvan un problema político», afirmo Santiago Abascal, Presidente
de la Fundación DENAES, para la defensa de la Nación española.
La sentencia dictada por los magistrados del tribunal constitucional
no resuelve el problema político e institucional existente en
España. «No se puede pedir a los jueces nombrados por políticos que
resuelvan un problema político», afirmo Santiago Abascal, Presidente
de la Fundación DENAES, para la defensa de la Nación española.
Para el Presidente de Fundación DENAES la sentencia es solo un paso
más en el camino de la disgregación, y en la demostración inapelable
de que la clase política catalana, en su mayoría, está de espaldas
al, por otra parte nebuloso, proyecto común de España. La sentencia
es solo el certificado de defunción del consenso creado alrededor de
la Constitución del ’78.
Para Fundación DENAES la sentencia puede considerarse un apaño que
ha dividido en dos mitades al Tribunal Constitucional. «Un apaño
—afirma Abascal— no es jamás una solución ni para la pervivencia de
la Nación Española, ni para la convivencia democrática, ni para la
vigencia de la Constitución del ‘78».
La Fundación DENAES cree que la sentencia consagra la inestabilidad
de las relaciones entre Cataluña y el resto de España en todos los
órdenes: económicas, políticas e institucionales. «Es evidente que
los nacionalistas tienen activada una estrategia basada en la
consecución de objetivos que les lleve de forma progresiva a la
separación de España».
Para la Fundación DENAES la única salida es promover una reforma
Constitucional sobre la base de la restauración del Estado nacional
español. Esta reforma debe contener la recuperación de competencias
esenciales, como por ejemplo educación, para el Estado. Asimismo
esta reforma constitucional debería implicar una modificación de
todos los estatutos de autonomía para adaptarlos a esa nueva
realidad constitucional y verdaderamente democrática y soberana que
hiciera de España un estado viable y una nación unida.
fundacion@nacionespanola.org
www.denaes.es
Los nacionalistas catalanes son, más que insaciables, inaguantables
Señora Cataluña: deje de refunfuñar y, si
no está a gusto, ¡váyase!
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 29 Junio 2010
Están amenazando con que la señora Cataluña se enfadará mucho y
reaccionará si el Tribunal Constitucional se atreve a tocarle el
culo, digo el estatuto.
Ya está hecho. El Tribunal Constitucional, dominado por andaluces,
como decía el racista Enric Juliana, ha reconocido el aborto del
estatuto catalán. Cataluña es independiente de hecho; debe serlo
también de derecho para que el resto de los españoles tiremos las
autonomías por la borda y nos salvemos.
ZParo llegó con la finalidad de pacificar las relaciones con las
comunidades autónomas agriadas por el neocentralismo (sic) de Aznar.
Pues ya vemos la paz y la unidad que reinan entre los hombres y las
tierras de España, como dijo Franquito. Tal vez para ser libres
tengamos que hacer como el lobo atrapado en un cepo: amputarnos una
extremidad.
Los nacionalistas catalanes son, más que insaciables, inaguantables.
Y están amenazando con que la señora Cataluña se enfadará mucho y
reaccionará si el Tribunal Constitucional se atreve a tocarle el
culo, digo el estatuto.
A las chulerías de Carod, Joan Laporta y de Montilla, que no
valdrían más que para conserjes en una oficina municipal -y que me
perdonen los conserjes-, les contesto lo siguiente:
¡¡QUE SE VAYAN DE UNA PUÑETERA VEZ Y QUE NOS DEJEN EN PAZ!!
Que se queden con los aeropuertos, con el oasis, con el Barça, con
el Archivo de Salamanca, con el aeropuerto de Lérida, con la tumba
del golpista Companys, con el cava, con Montserrat, con las
autopistas de peaje que construyó Pujol, con La Caixa, con sus
embajaditas, con sus selecciones de bolos, con Gas Natural, con el
Liceu, con Pascual Estevill, con los bienes religiosos de la Franja,
con la infanta Cristina y Urdangarín...
¿CUÁNDO VAN A COGER LA PUERTA Y MARCHARSE?
Ya está bien de insultos, de mentiras, de chantajes, de engaños, de
robos, de amenazas...
Y quienes se abstienen en las elecciones -la mitad del censo- que se
joroben. Haber espabilado.
¿A QUE NO TIENEN AGALLAS PARA PROCLAMARSE INDEPENDIENTES?
Nos asustan los progres con que Expaña se romperá si el TC raspa un
poco del nuevo estatuto catalán. No es que se hayan vuelto
patriotas; es que sin los diputados socialistas catalanes, sin los
de CiU, sin los de ERC y sin el de ICV, el PSOE perdería el
Gobierno. Y para mantenerse cogidos a la teta, los progres están
dispuestos a entregar todo el Estado a una oligarquía y destrozar la
Nación. Para evitar el desastre, el magistrado socialista Pascual
Sala -el mismo que redactó la sentencia que anuló la condena a los
Albertos- ha parado una sentencia adversa. ¡La Constitución es un
chicle!
¡¡LO REPITO: QUE SE VAYAN!!
(Y la izquierda expañola apoyando una norma que va contra la
igualdad. ¡Así son los progres!)
Una ley ejemplar
JOSÉ MARÍA CALLEJA El Correo 29 Junio 2010
La nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, recién aprobada, sitúa a
España como el país que mejor trata a sus víctimas y se convierte en
un modelo para otros países que sufren el mismo problema. Esta norma
establece un reconocimiento político, moral y económico que concede
a las víctimas muy importantes compensaciones, les otorga una
estatura simbólica y trata de reparar su pérdida en la mayor medida
posible.
Le ley ha sido aprobada por todos los grupos del Congreso y ha
permitido una imagen inédita: todos los políticos en sintonía tras
un mismo fin. Esta foto de unidad demuestra hasta qué punto el
discurso político de apoyo a las víctimas está incorporado por todos
los partidos, izquierda y derecha; nacionales o autonómicos,
españoles o nacionalistas vascos y catalanes. Nadie plantea
diferencias importantes, porque se ha conseguido que las víctimas
sean patrimonio de todos los demócratas.
Esta imagen de unánime unidad está lejos de los 'años de plomo',
cuando la banda terrorista ETA mataba y mataba en medio de la
indiferencia de la mayoría de la población, cuando nuestro aparato
legal no estaba preparado para las dimensiones del ataque y con los
partidos incapaces de legislar desde el punto de vista de quienes
peor lo pasaban. Baste decir que la primera asociación de víctimas
del terrorismo se creó en 1980; la ejemplar Ana María Vidal Abarca
fue su promotora. En aquel año ETA asesinó a 92 personas y había
cinco organizaciones terroristas diferentes, unidas por un mismo
fin: el asesinato. Los crímenes eran algo diario y se mataba de uno
en uno o de diez en diez. Para ese año el terrorismo llevaba veinte
de vigencia y centenares de víctimas.
Fueron aquellas asociaciones clandestinas, como lo era la forma de
tratarlas; no existía casi ni el concepto de víctima del terrorismo
y circulaban coartadas criminales como el 'algo habrá hecho', que
descargaba en la víctima la culpa de su asesinato y eximia al
victimario, presentado como héroe y no como criminal.
La ley cierra un ciclo, establece un estatus nuevo, modélico y
reparador, y se aprueba en uno de los momentos de máxima debilidad
del terrorismo. Las noticias que llegan de la banda son en forma de
detenciones, capturas en el momento adecuado: antes de que se
ejecute el crimen. Llevamos casi un año sin atentados mortales en
España y dentro del entorno político crecen los que han llegado ya a
la conciencia de su derrota y al intento de salvar los muebles desde
la vía política. La población vasca y del resto de España se conduce
con absoluta indiferencia respecto de los criminales, de los que
sólo quieren saber el día y la hora en que darán por terminado este
sangriento y antiguo partido que nunca debió empezarse.
El Poder Judicial de Cataluña tampoco pasa
el filtro del Constitucional
Considera la creación del Consejo de Justicia de la comunidad
autónoma es incostitucional
Efe www.lavozlibre.com 29 Junio 2010
Barcelona.- El desarrollo de la Administración de Justicia
autonómica y el Poder Judicial autónomo en Cataluña previstos en el
Estatut tampoco han pasado el examen del Constitucional.
Seis de los 14 preceptos que el TC ha declarado contrarios a la
Carta Magna tienen relación con las modificaciones que en materia de
Justicia introdujo la norma estatutaria en 2006, entre ellas la
creación del Consejo de Justicia de Cataluña (CJC) como órgano de
gobierno del Poder Judicial catalán.
En concreto, son los artículos 95.5 y 95.6, 97, 98.2 (a,b,c,d y e),
el 99.1, el 100.1 y el 101.1 y 101.2, que han sido declarados nulos,
regulaban la creación y competencias del "Consejo de Justicia de
Cataluña" con funciones que, según la Constitución, corresponden al
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El CGPJ es en el artículo 122 de la Carta Magna el "órgano de
gobierno" del Poder Judicial en España y, entre sus competencias,
están los nombramientos de los presidentes de Tribunales Superiores
de Justicia, potestad que el Estatut también transfería al Consejo
de Justicia de Cataluña.
Asimismo, supera también las previsiones constitucionales la
regulación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la
previsión del Estatut (artículo 95) para que los nombramientos del
presidente del Tribunal Superior de Justicia y los de sus salas se
realicen a propuesta del CGPJ y "con la participación" del CJC.
Entre los artículos declarados inconstitucionales están también el
76.4, que establece el carácter vinculante de los dictámenes del
Consejo de Garantías Estatutarias, y el 78.1, que otorga al Síndic
de Greuges la supervisión "con carácter exclusivo" de la actividad
de la Generalitat, invadiendo así competencias del Defensor del
Pueblo, que también recurrió el Estatut.
La regulación en materia fiscal prevista en la carta estatutaria
también ha suspendido la prueba en el TC, que considera
inconstitucional el artículo 218.2 cuando afirma que las
competencias financieras de la Generalitat pueden "incluir la
capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios
de los gobiernos locales".
Se anula también el artículo 206.3, que establece que la Generalitat
aportará recursos financieros para garantizar la nivelación y
solidaridad a las demás Comunidades Autónomas (...), "siempre y
cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar".
Además, es inconstitucional el artículo 111 sobre "competencias
compartidas" que atribuye a la Generalitat de forma compartida con
el Estado potestades legislativas, reglamentarias y ejecutivas "como
principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley,
excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la
Constitución y el presente Estatuto".
El catalán deja de ser lengua 'preferente'
en Cataluña
Susituyen ese término pero mantienen que éste es el idioma de uso
normal en los entes públicos
www.lavozlibre.com 29 Junio 2010
Barcelona.- La sentencia sobre el Estatuto de Cataluña aprobada este
por el Tribunal Constitucional rechaza, por ocho votos a favor y dos
en contra, que el catalán sea la lengua "preferente" en Cataluña.
En el artículo 6.1, que regula que la lengua propia de Cataluña es
el catalán, el Constitucional elimina la expresión "y preferente",
pero mantiene que ésta es "la lengua de uso normal de las
Administraciones y de los medios de comunicación".
Así, la redacción definitiva de este artículo quedaría de la
siguiente manera: "La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como
tal, el catalán es la lengua de uso normal de las Administraciones
públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es
también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de
aprendizaje en la enseñanza".
La lengua es uno de los puntos más conflictivos en la sentencia del
Estatut de Cataluña. Son muchas las reacciones ante la decisión
tomada por el Tribunal Constitucional ante esta medida.
El PSOE y PP, en Madrid, se han mostrado satisfechos con el fallo
por distintos motivos. Los populares creen que el TC les da en parte
la razón, y el PSOE aplaude que el grueso del texto no se haya
modificado. En Cataluña, el mismo partido lo analiza de diferente
forma.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, José Montilla, acata
pero no se resigna a lo que sentencia el Tribunal Constitucional.
Montilla llama a la movilización en la calle con las elecciones en
el horizonte catalán, mientras que CIU no quiere perder la baza
electoral que les puede devolver el gobierno y, de momento, se suma
a la calle.
La anomalía como sistema
Hasta en Estados Unidos, el secretario del Tesoro cita expresamente
a España como excepcionalidad
HERMANN TERTSCH ABC 29 Junio 2010
NO fuimos pocos los españoles, civiles y militares, que reaccionamos
con perplejidad ante el nombramiento en su día como ministra de
Defensa de una política socialista, Carmen Chacón, que sólo había
destacado por su sectarismo, su pacifismo antimilitarista y el
nacionalismo catalán que con tanto celo practican los charnegos. Ese
celo, tan propio de Montilla, la llevó a solidarizarse con el actor
Pepe Rubianes cuando este entonó su célebre «Puta España». Más de
1.700.000 citas tiene el «Puta España» en Google. Más de 21.000
citas relacionan el «Puta España» con la ministra de Defensa.
Estarán de acuerdo con que da cierta impresión de que se eligió al
animal equivocado para cuidar a las gallinas. Ahora parece que
existe un inmenso interés por quitar a Ejército y Guardia Civil el
lema de «Todo por la Patria». Debe de molestar a alguien este lema
tradicional, tan querido y tan lógico para unas fuerzas militares
dedicadas precisamente a eso, a darlo todo, incluida la vida, por la
Patria. Pero no, «Todo por la Patria» parece un lema ofensivo para
algunos. Y «Puta España», un lema al que adherirse. Reconocerán aquí
una cierta anomalía. Pero ésta se ha convertido ya en sistema.
Patrocinada por Zapatero, que es en sí la mayor anomalía que sufre
este país. La que nos aleja cada vez más de la normalidad de los
países desarrollados de nuestro entorno.
Curiosa anomalía también la que supone que nuestro Parlamento
celebre una solemne ceremonia, bajo presidencia del Rey, en honor de
las víctimas —que por supuesto aplaudimos—, pero siga sin revocar el
permiso que dio a Zapatero para negociar con la banda. ¿Cuánto hemos
de esperar para que se revoque esa vergonzosa resolución? Quizá
tanto como para saber quiénes fueron los altos mandos policiales que
colaboraron con ETA en el escándalo Faisán y quién les dio la orden.
El hecho de que mandos policiales colaboren con los asesinos de sus
subordinados resulta una anomalía tan macabra que sólo se puede
explicar como acto de suprema obediencia. Por eso nos preguntamos a
quién debían obediencia. A las víctimas no se las honra sólo con
sentidos homenajes, sino persiguiendo a sus verdugos y quienes
colaboran con ellos. La anomalía que suponemos ya en Europa es la
que habíamos logrado dejar de ser durante la transición y que
precisamente los enemigos de la transición se han ocupado de
reimplantar. Hasta en Estados Unidos, el secretario del Tesoro cita
expresamente a España como excepcionalidad. Con Grecia. Anomalía son
sin duda ciertos personajes de este Gobierno que producen vergüenza
ajena cuando hablan aquí y vergüenza nacional cuando lo hacen fuera.
En fin, el catálogo es ya infinito porque lo ha generado la
subcultura ideológica y el desprecio a la cultura, a la tradición
intelectual, a la verdad y al valor de la palabra de ZP y su tropa.
Los políticos españoles merecen un castigo
masivo en las urnas
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Junio 2010
Obligados por la crisis, la escasez de dinero y la intervención
exterior, que les impone ser austeros, los políticos españoles solo
practican "ajustes" temporales que pretenden abandonar cuando la
prosperidad retorne. Los ciudadanos, sin embargo, deberíamos
exigirles cambios de política definitivos, que terminen con el
abuso, con privilegios inapropiados y con el cúmulo de injusticias e
irregularidades que caracterizan a la degradada e inmoral democracia
española, en la que las cautelas y controles al poder no funcionan y
el protagonismo ciudadano ha sido sustituido por la dictadura de los
políticos y de sus partidos.
No han cambiado, ni admiten culpas, ni la necesidad de cambios
profundos, ni quieren ser verdaderos demócratas. Sólo ahorran y son
más prudentes porque no tienen otro remedio. Siguen siendo déspotas,
temporalmente cautos.
La desvergüenza de la "casta" política española no tiene límites.
Cuando los parados siguen creciendo, la pobreza continua haciendo
estragos, las empresas siguen desapareciendo y medio país está al
borde de la quiebra, los políticos españoles anuncian que recortarán
un 15 por ciento en los fondos que el Estado aporta a los partidos
políticos para que los empleen en propaganda electoral.
Lo que el pueblo desea es que esos gastos superfluos y abusivos
dejen de ser sufragados por el erario público y que el escaso dinero
existente sea empleado en paliar el dolor y el sufrimiento de los
ciudadanos. Lo que el pueblo quiere en estos momentos es que los
partidos y los sindicatos se financien con las cuotas de sus
afiliados y simpatizantes, sin distraer recursos públicos que
deberían emplearse en causas más nobles y éticas.
Los políticos españoles no tienen conciencia del inmenso malestar
que inunda la sociedad, ni del profundo rechazo que generan. Si
realizaran una investigación sociológica científica, descubrirían
que el número de los que les odian crece como la espuma, que los
políticos no son ya el tercer gran problema del país, como reflejan
las encuestas maquilladas por el poder, sino el primero, el gran
problema de España, porque ellos son los culpables de todos los
demás dramas y carencias, desde la situación económica al desempleo,
sin olvidar el avance de la pobreza, la caída de los valores, la
decadencia, la desconfianza y la corrupción generalizada.
En estas circunstancias de crisis y de angustia, dedicar decenas de
millones de euros del erario público en sufragar la mentira
colectiva de los partidos políticos, las promesas que nunca se
cumplen, la lluvia de carteles electorales inútiles y contaminantes
y esos mítines a los que solo acuden los fieles, plataformas de la
mentira y del engaño sin interés alguno para el ciudadano, es un
verdadero delito contra la decencia y la razón.
Con su repugnante comportamiento y con su insoportable falta de
sensibilidad, los políticos españoles demuestran no solo que están
alejados de la realidad, y divorciados de la ciudadanía, sino que
son opresores, arrogantes y horteras, incluso en tiempos de crisis,
a pesar de sus sonados fracasos, cuando los ciudadanos ya los
rechazan masivamente.
Nuestros políticos merecen un castigo tan duro que nunca más puedan
olvidarlo. Tienen que aprender que la mentira y la traición tienen
un alto precio en política. El comportamiento de la "casta" política
española es de una indignidad hiriente y de un descaro insultante.
Cuando el país está de rodillas, desconsolado ante el presente y
temblando de miedo ante el futuro que los mismos políticos, con su
mal gobierno, nos han deparado, la "casta" sigue despilfarrando y
aprobando medidas que producen indignación y vómito a la ciudadanía.
Han hecho pagar sus propios errores a los pensionistas, a los
funcionarios y a la ciudadanía en general, reduciendo los sueldos y
aumentando los impuestos hasta límites de abuso, mientras ellos se
niegan a asumir la austeridad, a reducir el número de altos cargos y
ministerios, a despedir a los miles de asesores y enchufados que
sobran, a viajar en los medios públicos y a reducir el gasto de
manera drástica, como la situación económica exige. Cada día pueden
leerse en la prensa noticias que indignan sobre viajes de ministros
en aviones militares, desplazamientos de altos cargos en
helicópteros públicos, remodelaciones millonarios de despachos y
edificios públicos, comilonas, regalos a amigos, concursos públicos
amañados y un largo etcétera que demuestra hasta que punto los
políticos españoles han perdido el norte, se han alejado de los
ciudadanos y se han convertido en una casta arrogante y opresora que
ampara la corrupción, que nada en la arbitrariedad y que nada tiene
que ver con la auténtica democracia.
Están pidiendo a gritos un castigo y la mejor forma de castigarlos
es llenando las urnas, cuando se abran, de votos en blanco y de
votos nulos de reproche, de papeletas que contengan cualquier frase
o leyenda que refleje el desprecio que los verdaderos ciudadanos
sienten por sus pésimos gobernantes.
Es la hora del voto de protesta en cualquiera de sus modalidades
(blancos, nulos o de reproche), es la hora de que los políticos sean
obligados a abandonar sus burbujas alienadas de lujo y privilegios y
choquen de frente con la realidad de una sociedad que los rechaza y
desprecia, que les quiere castigar por sus muchos errores y
traiciones: por haber asesinado la democracia y haberla sustituido
por una oligocracia de partidos, por habernos conducido hacia la
pobreza y el fracaso, por haber abandonado el servicio público y
haberlo sustituido por el privilegio, por haber inundado España de
corrupción y abuso, por habernos arrebatado la confianza, la
esperanza y la alegría, por haber abrazado la mentira,
convirtiéndola en una política de gobierno, y por haber transformado
la noble política en una verdadera pocilga.
Voto en Blanco
Una salida de izquierdas para la crisis
Javier Orrico Periodista Digital 29 Junio 2010
La idea vendría a ser ésta: ahorrar es de derechas; gastar, de
izquierdas. A partir de esta simpleza, empezarían los matices. La
derecha limitaría el llamado gasto social (pensiones, sanidad,
educación, subsidios varios), y reduciría el Estado, privatizando
servicios y bajando los impuestos para dar oportunidades de negocio
a la clase dominante a la que pertenece. Al contrario, la izquierda
incrementaría el gasto social, subiría los impuestos y agigantaría
el Estado, creando cada vez más nichos de compromiso público (lo que
otros llaman el pesebre), extendiendo sus tentáculos y subvenciones
a todos los ámbitos de la sociedad, ocupando crecientemente los
espacios de libre iniciativa, e invirtiendo ingentes cantidades en
aparatos ideológicos que convenzan al ciudadano de las ventajas de
la estatalización, para ser guiados en la vida por el Estado Gran
Hermano que les proveerá de cuanto necesiten.
La derecha liberal, por tanto, dejaría a los hombres abandonados a
su suerte, les haría dueños y responsables de su destino; la
izquierda les resolvería la vida.
Así, cuando desde la izquierda más ortodoxa se reclama una salida
social para la crisis, lo que se está pidiendo es más gasto público,
más impuestos, más subsidios, más endeudamiento que permita seguir
tutelando a la sociedad. Esta misma semana lo reiteraban desde
Izquierda Unida (a la que ya le están preparando la traición desde
dentro sus socios catalanes) aprovechando la presencia en Murcia de
Felipe Alcaraz, buen novelista, del que en su día me leí “Sobre la
autodestrucción y otros efectos” (Akal, 1975), relato marxista sobre
la decadencia 'científica' de la burguesía, que, en efecto, se hizo
de izquierdas.
Y una semana antes, invitado por un sindicato de obreros de la
enseñanza –en la enseñanza ya no hay maestros ni profesores, se
llaman a sí mismos “trabajadores de la enseñanza”, lo cual define
muy bien la proletarización de la docencia-, aparecía por estos
lares un economista de la Universidad Autónoma de Barcelona que
demandaba las siguientes medidas para hacer frente a nuestra ruina:
más impuestos y más funcionarios. Como lo están leyendo y en
titulares.
El genio, aun de aspecto no muy espabilado, se llama Albert Recio, y
es nada menos que “trabajador de la enseñanza” de ¡Economía
Aplicada! El dato y el genares podrían, quizás, explicarnos por qué
no hay una sola de nuestras universidades entre las primeras
trescientas del mundo, por qué hemos llegado a donde estamos
dirigidos por tales eminencias, y acaso también por qué a la
Generalidad de Cataluña ya no hay banco en el mundo que le fíe un
puñetero euro.
Ya lo saben ustedes. El que pensara que Zapatero nos había arruinado
por gastarse lo que no tenía ni era suyo, y que la única salida
posible era ahorrar los gastos innecesarios, todo ese ingente
aparato de compra de voluntades y conciencias que ha dispuesto cual
hijo pródigo, con el apoyo inmarcesible de sus clones autonómicos,
estaba equivocado: la solución es endeudarse más y contratar a más
servidores públicos. Luego se les deja de pagar y tampoco pasa nada.
No es necesario que cobren, puesto que tienen garantizado el
trabajo.
El zapaterismo, de hecho, ha emprendido este camino, esta auténtica
tercera vía con la que el Líder Zupremo siempre soñó. Un socialismo
liberal y hasta libertario, un socialismo flexible para el que bajar
impuestos era de izquierdas hasta que se lanzó a subirlos, un
ZoZialismo de rostro humano, de mucho rostro, capaz de adaptarse a
la cambiante realidad como hace él cada día.
No estoy, por ello, de acuerdo con quienes dicen que Z se ha pasado
a la derecha: Zapatero no se ha puesto a ahorrar, no ha eliminado
ninguno de esos gastos ideológicos que para él son imprescindibles.
Además de que la izquierda y la derecha posmodernas ya no se definen
por lo que hacen, sino por quién lo hace, lo que ZP ha abierto es un
camino nuevo: recortar, que no es lo mismo que ahorrar. Recortar lo
que sí es necesario: los sueldos de la gente, las pensiones de los
viejos, las prestaciones por una dependencia que nunca llegará a
independencia, las inversiones productivas. Pero las subvenciones no
se tocan.
Confieso mi estupor ante lo que queda de la izquierda, una agonía
travestida, un mero sectarismo al que su incompetencia ha dejado
desnudo, y que aún se atreve a insistir en su morralla ideológica
post-berlinesa. Ríamos por no llorar. Zapatero no es más que el
niñato rico que dilapida la herencia de sus adustos padres hasta que
los bancos dejan de prestarle. Es una historia tan vieja como el
mundo. ZP ha sido escrupulosamente de izquierdas, según los baremos
de sus voceros, durante todos estos años: gastó, compró, contrató e
invitó a la fiesta a sus amiguitos autonómicos (incluyendo a los
socialdemócratas de derechas), a la Alianza de Civilizaciones y a
media humanidad. Y cuando los negocios que lo alimentaban se
hundieron, a lo que él mismo contribuyó desacreditandolos, siguió
gastando en alocada espiral hasta dirigirnos a la ruina, que no
pagará él, sino nosotros.
Así pues, si las salidas de izquierdas para la crisis consisten en
llevarnos a la ruina o recortar los salarios y las pensiones, que
viene a ser lo mismo, entonces la sinistra saldrá de esta crisis
muerta para muchos años. Y Zapatero será su enterrador: él, que ha
reconocido, con su giro imposible, con su desvergüenza, que el
socialismo sólo es una imparable maquinaria de gasto, de pesebre
expandido, incapaz de crear riqueza, que hace del Estado no un
instrumento de equilibrio social, sino un botín para piratas.
Crisis nacional
La reforma autonómica
Ignacio Moncada Libertad Digital 29 Junio 2010
Son muchas las reformas necesarias para una salida rápida de la
crisis económica y política en la que chapoteamos desde hace años.
Algunas tienen que tomarse con urgencia, como la reforma laboral, la
reestructuración del gasto público o la despolitización de las cajas
de ahorros. Pero no podemos olvidarnos de que, entre la vorágine de
medidas apremiantes, también es necesario ir esbozando las reformas
necesarias a medio plazo. Se trata de la reforma de la Seguridad
Social, la energética, la educativa, la fiscal, la reforma del
mercado interno, de la Justicia, y, tal vez la más importante, la
del modelo de Estado. Precisamente ahora, en plenas turbulencias
nacionales en torno a la sentencia del Estatuto de Cataluña, es un
buen momento para ir planteando la reforma autonómica.
Es habitual escuchar que el Estado de las autonomías ha traído la
prosperidad a España. La afirmación tiene truco. El nacimiento de
nuestro modelo de Estado coincidió con la puesta en marcha de la
democracia, y por tanto con una gran expansión de la libertad
política y económica. Es probable que la aportación de las
autonomías en términos de prosperidad haya sido poco significativa
en comparación con la llegada de la libertad. En mi opinión, la
Transición fue un gran paso, pero nada más que un paso. Las naciones
prósperas no se forjan de la noche a la mañana, sino mediante un
proceso de mejora continua de las instituciones y del marco
económico y político que puede durar siglos. Hay que detectar los
fallos de la Transición y reformarlos para seguir avanzando. Y la
reforma del sistema autonómico es una de nuestras tareas pendientes.
El Estado de las autonomías ha tenido efectos negativos tanto en el
ámbito económico como en el político. En términos económicos, ha
funcionado como un sumidero de gasto público. El problema no es que
los líderes autonómicos sean más despilfarradores que los demás
políticos, sino que el sistema ha generado unos incentivos
perversos. Lo normal es que si un gobernante quiere elevar el gasto
público, debe soportar el coste electoral de subir los impuestos.
Esto no existe en las autonomías, pues la recaudación está
centralizada en la Administración Central. Para un presidente
autonómico, el gasto es gratuito en términos electorales, y por
tanto se lanzan a gastar hasta instalarse en el despilfarro
permanente. Existen dos soluciones posibles: o se centralizan
ingresos y gastos, o se descentralizan ambos. Yo soy partidario de
la segunda opción. Si cada región se encarga de recaudar lo que
gasta, en primer lugar, se limitará la propensión al gasto público.
Pero además permitirá introducir la posibilidad de que las regiones
compitan entre sí, de tal forma que se incorporan incentivos a bajar
los impuestos y a generar un marco económico más competitivo.
En términos políticos, el sistema autonómico ha favorecido el
mercadeo de competencias entre políticos. Cada vez es más habitual
que los partidos minoritarios apoyen medidas nefastas para el país a
cambio de una inyección autonómica de competencias, permitiendo la
proliferación de duplicidades que provocan una sangría en las
finanzas públicas. Como en el caso anterior, éste es el resultado de
un perverso sistema de incentivos. La solución es tan sencilla en la
teoría como difícil de aplicar en la situación actual: hay que
blindar en la Constitución las competencias de los distintos niveles
del Estado, de forma que dejen de ser una mercadería parlamentaria.
Así no sólo se ganará en estabilidad política, sino en certidumbre
económica, y por tanto, en prosperidad.
Es necesario reformar el sistema autonómico, por tanto,
incrementando la corresponsabilidad fiscal para controlar el gasto
público e incrementar la competitividad; y cerrando las competencias
autonómicas a nivel constitucional para impedir el mercadeo
parlamentario. Aún quedarían cosas por hacer, y esquinas por limar,
pero el día que esa reforma impensable se lleve a cabo habremos dado
otro paso de gigante en el camino a la prosperidad.
Ignacio Moncada es ingeniero industrial por ICAI y trabaja en la
gestión de proyectos energéticos internacionales.
Islamismo
El exterminador de Alcalá
José García Domínguez Libertad Digital 29 Junio 2010
Cierto hijo de Alá, un tal Abu Omar Hussein, parece que imán de los
fieles en Alcalá de Henares, gusta de ver lapidadas a adúlteras,
homosexuales y demás transgresores de la ley del Profeta. E igual
complacen en grado sumo a ese Abu las mutilaciones de manos, brazos
y otros miembros de los impíos, costumbres ilustradas que ansía
difundir en España, tal como se desprende de una deposición suya en
el periódico local alcalaíno. Loables querencias, las de Abu, que,
por lo demás, vienen siendo premiadas con una subvención anual del
Ministerio de Justicia. Cinco mil euros, sólo durante el ejercicio
pasado.
Ese asunto, el de la barbarie islamista, constituye la prueba de
hasta qué grado se han invertido los valores que en tiempos
distinguieran a la izquierda de la derecha. Y es que si los
conservadores comparecieron ante el tribunal de la Historia en
calidad de abogados del orden establecido frente al desafío de los
progresistas, ahora sucede justo lo contrario. Hoy, es la derecha
quien encarna la libertad intelectual ante la esclerosis moral
llamada "corrección política", el sucedáneo ideológico al que se ha
aferrado la izquierda toda tras el colapso del socialismo. Algo nada
baladí, por cierto. A fin de cuentas, la corrección política, esa
constante perversión de la democracia en nombre del desprecio a la
cultura occidental, representa la mayor amenaza totalitaria que haya
sufrido Europa desde la eclosión de los fascismos en los años veinte
del siglo pasado.
Pues, a ojos de sus devotos locales, las leires, las bibianas, los
caamaños, los joseluises, tardíos imitadores de una plaga ya
hegemónica entre la progresía atlántica, la verdad objetiva carece
de interés alguno. Que Abu predique a voz en grito el crimen, se les
antoja baladí. Nada importa, en realidad, el contenido expreso de
palabras, ideas o hechos. Sólo su relación de fuerza frente al canon
occidental resulta éticamente relevante: cualquier minoría, por
principio, posee la razón; sensu contrario, la mayoría –tanto da
cultural, étnica, religiosa o moral– deviene invariable reo de
culpabilidad. Razón última, por ejemplo, de que la izquierda
bienpensante se alinease con el asesino marroquí de aquel Theo van
Gogh que osó insultar al islam. O del feliz idilio entre nuestro
Caamaño y el airado Abu. Y aún no hemos visto nada.
José García Domínguez es uno de los autores del blog
Heterodoxias.net.
"República"
Santos Juliá va enterándose
Pío Moa Libertad Digital 29 Junio 2010
En un reciente artículo, Santos Juliá parece que empieza a enterarse
de que en la "república", como bautiza, según tradición
propagandística, al Frente Popular, los republicanos eran pocos e
impotentes frente a los partidos revolucionarios, a quienes culpa,
con cierta injusticia, de los incontables crímenes perpetrados por
entonces. ¡Algo es algo! Aunque, la verdad, poco todavía.
Inmediatamente nos suelta el cuento de que los crímenes de la
izquierda fueron la "consecuencia inmediata de la rebelión militar".
¡Qué mala memoria! ¿Y los incontables asesinatos y agresiones de las
izquierdas contra las derechas desde el comienzo de la república? ¿Y
el terrorismo desatado por el PSOE en 1934, antes de emprender la
guerra civil? ¿Y la oleada de asesinatos que siguió a las elecciones
del Frente Popular, apoyados por la policía? Mal que le pese a
Juliá, quienes empezaron los crímenes y trataron de organizar la
guerra civil fueron las izquierdas, como he documentado
exhaustivamente. No todas las izquierdas propiamente republicanas,
claro está, pero sí las obreristas y revolucionarias, con las cuales
se aliaron, precisamente, aquellas izquierdas. ¿Cómo alguien que
quiere pasar por historiador puede olvidar estos hechos cruciales,
como si los crímenes empezaran solo al reiniciarse la guerra civil
en 1936?
Con sentimentalismo barato, Juliá califica de "horrible" nuestro
pasado. Pues no. Hubo hechos horribles, cierto, como suele ocurrir
en las guerras, pero también hechos heroicos, aparte de que la
guerra duró solo algo menos de tres años de "nuestro pasado". Y lo
"nuestro" fue mucho menos de lo ocurrido en casi toda Europa muy
poco después de nuestra guerra civil. Ahora bien, dado que tales
cosas suelen suceder cuando la legalidad se viene por tierra y cada
bando lucha por su existencia, Juliá debería enterarse de cómo se
destruyó la legalidad republicana. En cambio, da como un hecho la
desvergonzada afirmación de Osorio de que "ellos (los nacionales)
comenzaron". Pues no: empezaron los llamados republicanos, que
usaban con falsedad ese nombre, porque eran solo republicanos de
izquierda, y el grueso de los republicanos era de centro derecha.
Una usurpación entre tantas. Y comete Juliá otra falsificación al
restringir las matanzas y crímenes izquierdistas a "los primeros
meses de la guerra", cuando prosiguieron hasta el final mismo,
cuando los izquierdistas escapaban hacia los Pirineos fusilando de
paso a los prisioneros, o cuando se mataban entre ellos mismos en
Madrid.
Tampoco parece muy enterado Juliá cuando distingue en los nacionales
una especial vesania "implacable y metódica política de limpieza"
aparte de los "50.000 fusilados tras inicuos consejos de guerra una
vez la guerra terminó". A ver si algún día nos especifica de dónde
saca esa cifra, al margen de las "investigaciones" subvencionadas
por el poder. Y nos aclara también si entre esos "españoles
fusilados" no habría algún que otro culpable de delitos espantosos.
Juliá trata de explicar, por Dionisio Ridruejo, unas matanzas
realizadas por los nacionales, que alcanzarían el grado de
genocidio... pero que nunca existieron en tal grado. "La historia se
ha contado ya mil veces", dice Juliá. Se ha falseado mil veces,
debería decir. Dejo aquí sus fantasías sobre los contactos de
posguerra entre algunos ex franquistas y la oposición o el exilio:
aquella oposición nunca fue democrática en modo alguno. Como, en el
fondo, tampoco lo es Juliá, por mucha sensiblería que derroche. La
falsedad no es democrática y solo sirve para envenenar a la gente,
sobre todo la falsedad sentimental.
Menos mal que Juliá respeta la transición, al contrario que los
estafadores de la "memoria histórica". Pero olvida nuevamente, vaya
por Dios, que la transición se hizo desde la legalidad franquista,
no desde la "republicana", como persisten en bautizar a la del
Frente Popular. Y que se hizo por iniciativa de los franquistas y en
contra de los rupturistas. Por lo tanto no se hizo "recusando la
herencia recibida", como pretende Juliá, sino sobre la base de ella.
La oposición seguía sin ser democrática, y de haberse impuesto sus
rupturas, la descomposición democrática que hoy sufrimos se habría
producido inmediatamente después de la transición, como ocurrió con
la república.
Quedémonos, en fin, con el reconocimiento por Juliá, aun si algo
confuso, de que las principales fuerzas del Frente Popular no eran
republicanas. Y lamentemos que Juliá ignore –voluntariamente,
supongo– la enorme responsabilidad de los republicanos de izquierda
en los aciagos sucesos. Por ejemplo, muchas chekas y la matanza de
la cárcel Modelo procedieron muy directamente de aquellos
republicanos a quienes Juliá intenta exculpar. Más historia, señor
Juliá, y menos cuentos.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
El estatut era inconstitucional ...y lo
sigue siendo
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 29 Junio 2010
Nada más conocerse la sentencia comenzó a funcionar la propaganda. Y
uno no puede dejar de comprender el clamoreo del Gobierno intentando
hacer pasar como una derrota del PP lo que es un grave tropezón suyo
y de Zapatero, autor intelectual de este monumental desaguisado, que
tras las sentencia, no se puede ser optimista, lo seguirá siendo.
Pero hay un hecho evidente. Había razones para el recurso de
inconstitucionalidad , 14 artículos han sufrido esa tacha, y cerca
de otros 30 han sido “interpretados” para que así puedan caber
aunque sea a pescozones. O sea, que había razones para el recurso,
más de 40 razones algunas de ellas avaladas, los preceptos que
claramente conculcaban la ley máxima de todos los españoles por 8 de
los 10 magistrados y más allá de alineamientos ideológicos. El
Estatut era inconstitucional en esos preceptos. Eso está juzgado. Y
para algunos, entre los que me cuento, lo sigue siendo en otros.
Comprendo, digo, el clamoreo para tapar la evidencia y aún más en
clave interna, electoral y política pues el PSOE ha de ponerse esta
venda de “hemos ganado” cuando el PSC (y dos ministros, Chacon y
Corbacho pertenecen a él) se ha echado al monte nacionalista
gritando que les han violado. Tienen que decir eso, lo suyo de
siempre, que “no ha pasado nada” que deja de inmediato en entredicho
un Montilla que se rasga las vestiduras y pretende liderar una
especie de revuelta que ni siquiera CiU escenifica con tanto
espumarajo. ERC si, claro.
La sentencia ha llegado aderezada con todo tipo de triquiñuelas que
serán motivo de numerosos conflictos jurídicos en el futuro. El
termino nación del preámbulo se mantiene pero se le deja nulo de
valides jurídica, se elimina la “preferencia” del catalán sobre el
castellano pero se le permite “vehicular” la enseñanza y se es mucho
más implacable en la unidad jurisdiccional del conjunto del Estado.
Los organismos “independientes” y “soberanos” en este aspecto, a los
jueces le tocaban la toga, son eliminados sin contemplaciones.
También los asuntos tributarios sufren recortes.
En suma, que como en los embarazos, el Estatut lo estaba. Lo poquito
que quiera decir el Gobierno o que ya ha parido incluso y hay niños
suyos correteando por todas partes, que otros señalan con bastante
razón y tras atroz retraso en poner las medidas necesarias para
interrumpir el embarazo. El Constitucional, más vale tarde que
nunca, ha emitido su juicio. Y , aunque sea de los que vea la
botella más vacía que llena no dejo de congratularme por al menos
haberlo hecho, aunque desesperantemente tarde, con cierto aseo. Es
importante que se hayan roto los bloques en algunos supuestos: el de
los artículos declarados inconstitucionales y que se hayan producido
mayorías (6-4) con trasvase de opiniones del uno al otro. Y ha sido
de agradecer que al final y tras cuatro años se hayan dado alguna
prisa y hayan entendido que el asunto no podía seguir pudriéndose
más tiempo. Era lo que pretendían Montilla y los nacionalistas e
independentistas catalanes , que no hubiera sentencia alguna, que
era lo mismo que decir que el Tribunal Constitucional no era
competente para hablar de Cataluña.
Así pues que no es mal día. Me quedo, ya digo, con dos hechos
meridianamente claros: Había razones para el recurso y hay
sentencia. Ahora ya lo que hay son elecciones. Y el todavía
presidente Montilla lo que teme es que las tiene muy perdidas y
tanto, porque perderlas las perdió por goleada también la vez
pasada, que ni con alianzas desquiciadas con ERC podrá mantener el
poder. Que es lo que duele.
El órdago soberanista, en pie
Editorialwww.gaceta.es 29 Junio 2010
El causante final del desaguisado no es otro que el hombre que dio
alas al Estatut: Zapatero
No hemos pretendido ser agoreros, ni jugar a Casandra, pero LA
GACETA lo venía anunciando desde hacía meses, la sentencia del
Estatut iba a tener mucho de lampedusiana: que todo cambie para que
no cambie nada. Una retoque para guardar ciertas apariencias,
dejando intacto el corazón soberanista del Estatut. El resultado
después del largo e indecente culebrón que terminó ayer con la
sentencia de seis votos a favor y cuatro en contra tiene tres
consecuencias muy negativas: una amenaza para la convivencia
nacional, la confirmación del descrédito de una institución como el
Tribunal Constitucional y, finalmente, el estímulo del órdago
separatista del nacionalismo catalán, que lejos de contentarse sube
el listón de sus peticiones.
La sentencia emitida ayer por el Tribunal Constitucional avala buena
parte del contenido del Estatut y sólo criba el articulado sobre los
poderes autonómicos de la Justicia. Al menos, pone los puntos sobre
las íes al negar a Cataluña la última instancia judicial de la
casación. Ya es algo. Admite el término “nación”, uno de los grandes
caballos de batalla del largo litigio, aunque subraye que el término
“no tenga eficacia jurídica”. Y reconoce expresamente la
“indivisibilidad de la nación española”. Pero puede que todo esto
sea un juego ambivalente, sujeto a la interpretación. Es la opinión
de destacados especialistas, como el antiguo presidente del tribunal
Rodríguez Bereijo, que insiste en la importancia doctrinal del
Preámbulo, tal como subraya la jurisprudencia del Alto Tribunal.
La suma de chapuzas sólo puede engendrar una nueva chapuza aún mayor
y ésa es la sensación que transmite la sentencia. Y de graves
consecuencias para España. No es habitual en regímenes democráticos
un nivel de inseguridad institucional como el que hemos vivido en
estos casi cuatro años. Inseguridad creada, en primer lugar, con la
propia figura del Estatut, que según diversos constitucionalistas
implica invalidar la Carta Magna en Cataluña; y, en segundo lugar,
con la tomadura de pelo del tribunal, su parálisis derivada del
grado de partidismo de sus desprestigiados miembros, y su
escandalosa tardanza en emitir el fallo.
La farsa ha tenido destacados Polichinelas, a cual más patético, con
María Emilia Casas oficiando este cierre en falso. El fallo final ha
sido posible gracias a los votos de los magistrados Guillermo
Jiménez y Manuel Aragón, que han coadyuvado a desbloquear el impasse
y a que salga el resultado. Por no hablar de quienes, desde el
nacionalismo catalán o el PSC han presionado de forma intolerable
sobre los jueces.
Pero si hubiera que buscar un culpable del fracaso que implica el
Estatut, bendecido por la sentencia, no es otro que Zapatero, la
persona que acumula todas las responsabilidades de los fiascos
(económicos, políticos, institucionales) que, como una plaga
bíblica, azotan a España.
El líder socialista fue quien dio alas al Estatut, al asegurar que
bendeciría la reforma que saliera del Parlament. Un montaje del
tripartito fraguado a espaldas de la mayor parte de la ciudadanía
catalana, como demuestran el exiguo apoyo que recibió en las
encuestas previas, y el manifiesto desinterés que despertó el
referéndum, con una participación inferior al 50%.
Pero implicaba una severa amenaza contra el diseño del Estado
surgido en la Transición. Tanto por el contenido, desde el concepto
de Nación, puesto en tela de juicio por Zapatero, hasta los ataques
a la unidad del poder judicial. Pero también por el contexto
político en el que se enmarcaba, y no por casualidad: tras una
tregua de la banda terrorista ETA para Cataluña, después del famoso
viaje de Carod, y con el Plan Ibarretxe en ristre, y en paralelo con
una negociación de Zapatero con la banda.
La mancha original del Estatut, impulsado por Zapatero, puede
explicar los zigzags, tejemanejes y presiones que han marcado la
deriva del Tribunal Constitucional durante tres años y siete
ponencias. Con contaminaciones tan burdas como la de Pérez Tremps,
recusado por el Partido Popular por haber firmado un contrato con la
Generalitat. O a presiones cercanas a las prácticas mafiosas como la
campaña orquestada contra García-Calvo, juez contrario al Estatut, a
través de los servicios de Inteligencia, como reveló ÉPOCA en su
momento.
Si en el último año han apretado el acelerador parece que ha sido
por razones políticas: la renovación que favorecería al ala
progresista de la actual composición del tribunal. Con estos
mimbres, la sentencia iba a ser inevitablemente política. Es decir,
acomodaticia.
La prueba es que, en muchos aspectos, la sentencia no soluciona el
daño hecho en estos años en los que el Estatut ha operado como una
norma constituyente, por la vía de los hechos consumados. Un caso
emblemático es el castellano ya ha sido laminado por el catalán, y
continuará siendo multado como si fuera una lengua de segunda.
Los nacionalistas han subido su apuesta soberanista (“ahora, la
autodeterminación” amenaza Convergència i Unió; y Montilla llama a
la movilización de los catalanes), pero gran parte del daño ya
estaba hecho previamente.
En efecto: España no se rompe, pero es
gracias al TC, no a Montilla
José Antonio Gundín Semanal Digital 29 Junio 2010
Zapatero llegó al Gobierno hace seis años prometiendo que
solucionaría para varias generaciones la tensión nacionalista que
Aznar había generado, sobre todo en Cataluña, con una frase que ha
pasado a la historia: "Aprobaré en Madrid lo que el Parlament
apruebe en Cataluña". Hoy, tras la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el Estatut, Cataluña está incendiada por los
cuatro costados; su presidente, el cordobés José Montilla, ha
llamado poco menos que a la rebelión; los nacionalistas han
desempolvado sus ropajes a base de retales de supuestos agravios y
presuntos derechos; y los independentistas se frotan las manos a la
espera de aumentar la cosecha. Nunca como hasta ahora, en estos
treinta años que han transcurridos desde el "Ja soc aquí" de
Tarradellas, ha habido tanta tensión entre Cataluña y el resto de
España por obra y gracia de los aprendices de brujo.
A expensas de un análisis más pormenorizado y en detalle de la
sentencia, que sólo será posible una vez que se publique dentro de
unos días, parece bastante claro que el fallo del Tribunal
Constitucional desactiva el núcleo duro del Estatut al anular
catorce artículos y someter a interpretación otra treintena. En
total, unos cincuenta artículos, lo que supone casi la mitad de los
que fueron recurridos. Algunos recortes son de gran importancia,
como dejar vacía de contenido y eficacia jurídica el término
"nación" atribuido a Cataluña; o suprimir el carácter preferente del
catalán y limitar sus competencias en el Poder Judicial.
Es comprensible que a los nacionalistas catalanes, desde CiU a ERC,
les haya sentado muy mal la sentencia, pues no es eso lo que el
Gobierno socialista de Madrid les había prometido. Pero lo que no
tiene justificación alguna es el exabrupto en forma de declaración
institucional de Montilla. En vez de actuar como representante del
Estado en Cataluña, que eso es precisamente la Generalitat, el
político cordobés ha reaccionado como un "hoolligan" del
nacionalismo, como alguien necesitado de sobreactuar para tapar con
gritos su fracaso real y su pésima gestión. Porque éste es un
fracaso de los socialistas, tanto de Madrid como de Cataluña, que no
han sabido ni liderar el proceso con sentido de Estado ni han dado
la talla como gobernantes. Nunca una comunidad ha tenido dirigentes
tan mediocres, que sólo destacan en el ejercicio de engaño y la
impostura.
En todo este largo, lamentable e impresentable proceso del Estatut
de Cataluña sólo ha habido dos instituciones, con sus dos
presidentes al frente, que han actuado con el coraje, la
determinación y la responsabilidad necesarios: Mariano Rajoy, líder
del PP, y Enrique Múgica, Defensor del Pueblo. Contra viento y
marea, el político popular mantuvo el recurso ante el
Constitucional, lo que le valió insultos y descalificaciones como
"anticatalán" y "catalanofobo". Pues bien, no iba muy desencaminado
y hoy todos los españoles, los catalanes incluidos, deberán
reconocer que Rajoy cumplió con su deber y su responsabilidad de
velar por el cumplimiento de la Constitución.
En contra de lo que pregonan los nacionalistas, que hablan de
ruptura, de humillación y de otras catástrofes, Cataluña es más
España que ayer porque su Estatuto es más constitucional tras haber
sido sometido a las reglas del juego democrático. Pero sobre todo
porque quien prevaleció ayer fue la arquitectura del Estado de
Derecho que se ha dado el pueblo español, único sujeto de soberanía,
en el que está subsumido el pueblo catalán, que por sí solo no tiene
ni soberanía ni capacidad para alterar una realidad que le supera,
España. Así consta en la Constitución y no serán los toques a rebato
de un político cordobés quien lo tuerza por un puñado de votos. Por
cierto: en efecto, España no se rompe. Ahora así.
El Constitucional sentencia
La decisión sobre el Estatut no debería avivar desafíos de incierto
resultado
EDITORIAL El Correo 29 Junio 2010
La decisión del Tribunal Constitucional que, por seis votos a
cuatro, avala la mayor parte del Estatuto aprobado por el Parlamento
de Cataluña y por las Cortes españolas y refrendado por la
ciudadanía catalana pone fin en el terreno jurídico a la
injustificable inseguridad legal que pesaba sobre la norma
autonómica. El hecho de que el contenido literal de la sentencia y
de los votos particulares vaya a demorarse varios días obliga a
analizar con cautela el alcance del fallo, que recorta 15 artículos
de la ley estatutaria, fuerza una reinterpretación de otra treintena
y remarca que la inclusión en el preámbulo del término 'nación'
carece de validez jurídica al tiempo que incluye una mención expresa
a la indivisibilidad constitucional del Estado español. Pero a la
espera de conocer el texto exacto de la resolución del TC, inclinada
finalmente hacia la denominada mayoría progresista en la que se
encuadra la presidenta de la institución, María Emilia Casas, el
fallo tiene la virtualidad de zanjar un debate judicial que se había
prolongado de manera inasumible durante cuatro años. Un largo tiempo
en el que la dilación del Tribunal sólo ha contribuido a dañar su
credibilidad en medio de una continuada diatriba política,
provocando, además, la paradoja de que un texto cuya
constitucionalidad estaba siendo cuestionada hubiera entrado en
vigor y estuviera aplicándose con la legitimidad propia de la
aprobación parlamentaria y ciudadana. Pero una vez producida la
sentencia, los actores directamente concernidos deben conducirse con
extrema responsabilidad para no agravar con sus posiciones las
divergencias a las que pueda dar lugar una decisión jurídica que
estaba condenada a no satisfacer después de todas las zozobras
provocadas por la turbulenta gestación y refrendo del Estatut. Esta
apelación afecta al Gobierno de Zapatero en un momento muy delicado
de la legislatura; al PP, principal recurrente de la norma
estatutaria; y singularmente a la Generalitat y a los partidos
catalanes, ya en la precampaña para las autonómicas. La actuación
del Constitucional se ajusta al funcionamiento del Estado de
Derecho, y como tal debe ser respetada sin incurrir en la tentación
de avivar desafíos de resultado tan incierto como inquietante.
En ES LA MAÑANA DE FEDERICO
Requero: "Ya no será el Waterloo del
Estatut sino una guerra de guerrillas"
El magistrado, José Luis Requero, ha valorado en esRadio la gravedad
de la sentencia del TC sobre el Estatut. Considera que "a partir de
ahora va a regir un estado federal" y que creará una inseguridad
jurídica "tremenda". "Esto en insalvable por muchas interpretaciones
que quieran hacer", dijo.
LIBERTAD DIGITAL- ESRADIO 29 Junio 2010
José Luis Requero, ex portavoz del CGPJ y juez de la Audiencia
Nacional, valoró en Es la Mañana de Federico una sentencia del
Estatut que, a su juicio, generará "una inseguridad jurídica
tremenda". De hecho, se mostró muy crítico con los 27 artículos que
el Constitucional considera interpretables. Para él, este hecho es
"una escapatoria", una maniobra que la experiencia "demuestra que se
convierte en una estafa".
De este modo, Requero afirmó que todo lo ocurrido es "fruto de la
partitocracia" en un Tribunal Constitucional donde "prevalece más la
fuerza de la idea política que la razón jurídica". Así, critica que
esta interpretación deja abiertos temas clave como los derechos
históricos, la bilateralidad o las provincias.
El magistrado de la Audiencia Nacional insistió en que las
sentencias interpretativas "van a dar lugar a una inseguridad
jurídica tremenda" y cree que a partir de ahora, una vez aprobado el
Estatut, va a ser "ley a ley y decreto a decreto donde nos vamos a
jugar lo que es España". La clave, en su opinión, estará "en la
letra pequeña" o como definió Requero: "ya no será el Waterloo del
Estatut sino la guerra de guerrillas de pequeñas normas".
En la entrevista indicó que todo esto "va a acabar mal" porque "la
Constitución ha sido vaciada de contenido porque se ha dicho que una
norma que la reinterpreta sustituye a un estado autonómico por uno
federal". Y es que cree que ahora todas las comunidades no van a
querer un modelo inferior al de Cataluña, refiriéndose a la clausula
Camps del estatuto valenciano.
En este sentido, el ex portavoz del Consejo General del Poder
Judicial define el estatut como un "proyecto de Constitución, de un
estado que pretende ser soberano y que se vincula a España por
conveniencia y que le dice como va a estar presente en el Estado".
Por ello, se mostró contundente al afirmar que "esto es insalvable
por muchas interpretaciones que se quieran hacer".
DESDE LEVANTE
¿Existe persecución del castellano en la
Comunidad Valenciana?
Una familia residente en el municipio alicantino de Biar demanda a
la Generalitat Valenciana por no poder escolarizar en castellano a
su hijo que tendrá que estudiar en valenciano.
David Lozano Semanal Digital 29 Junio 2010
Si atendemos a una denuncia interpuesta por una organización la
respuesta al titular de este artículo es simplemente: "sí". Sin
embargo, a día de hoy, no creo que realmente exista ese desprecio a
la lengua española en la Comunidad Valenciana y, ni siquiera, tengo
constancia de que estén documentados problemas de convivencia entre
castellano y valenciano-parlantes. Pero considero que el Gobierno
valenciano debería evitar lo que me parecen "malentendidos" como el
que les voy a contar a continuación y que ponen muy en tela de
juicio la política lingüística del Consell de Francisco Camps en
general y del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en
particular.
Los hechos nos trasladan a la alicantina población de Biar. Allí,
los abogados de la Asociación Nacional por la Libertad Ligüística
han presentado una denuncia, en nombre de su asociada Isabel Aracil,
contra la Generalitat Valenciana por, según mantiene la demanda, "la
imposibilidad en Biar de escolarizar a su hijo para que estudie en
lengua castellana". En este sentido, el presidente de la mencionada
asociación, Pablo Yáñez, ha señalado que Biar está considerado por
la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià como un "municipio
valenciano hablante" por lo que "no es obligatorio" la existencia en
los colegios de una línea de educación en lengua castellana, algo
que su organización de inicio ya considera como
"anticonstitucional".
Los trámites de la demanda se iniciaron hace algunas semanas cuando
se interpuso un recurso contencioso-administrativo en el
Procedimiento de Protección de Derechos Fundamentales ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV),
que admitió a tramite la petición de la madre del niño escolarizado,
tal y como han asegurado desde la asociación a El Semanal Digital.
La argumentación, que no es nueva ni mucho menos, de la demanda
explica que "el pleno desarrollo de la personalidad humana del niño,
objetivo de la educación tal y como establece la Constitución
Española en el apartado segundo del artículo 27, difícilmente se
conseguirá imponiendo una lengua sobre la oficial del Estado".
La demanda también reivindica "la libertad de residencia y
circulación por el territorio nacional de los padres, vulnerada en
el caso de que la imposibilidad de escolarizar a su hijo en
castellano les obligue a abandonar la Comunidad Valenciana" o el
municipio en el que residen para buscar un colegio en el que su hijo
pueda formarse en castellano. Además, la demanda invoca, también, al
artículo 139 de la Constitución para que el TSJCV garantice que
"ninguna autoridad pública podrá adoptar medidas que directa o
indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y
establecimiento de las personas en todo el territorio español". La
asociación solicita, además, a través de la demanda, que "se eleve
cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que
anule la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià".
La Generalitat subvenciona con un millón de
euros el independentismo en el exterior
www.gaceta.es 29 Junio 2010
Las cantidades corresponden a los años 2009 y 2010. Estas
organizaciones agrupan a 15.000 personas. La de Quebec promovió un
referéndum independentista.
Los catalanes residentes fuera de su tierra se cuentan
aproximadamente en torno a los 400.000, de los que sólo 15.000 son
miembros de la red de 117 agrupaciones y casales reconocidos por la
Generalitat de Cataluña. Entre los años 2009 y 2010, el Departamento
de Vicepresidencia, a través de su oficina de Asuntos Exteriores y
Cooperación, de la que Josep Lluís Carod-Rovira es el máximo
responsable, ha desembolsado más de un millón de euros en concepto
de ayudas a estas comunidades de catalanes en el exterior, conocidas
como casales.
Las subvenciones, que este año han ascendido a 527.090 euros, se
otorgan con la finalidad de financiar la realización por parte de
los casales de actividades sociales o culturales extraordinarias,
pagar los gastos de reforma y rehabilitación de sus sedes, locales e
instalaciones, o en concepto de ayudas sociales.
El abanico de actividades subvencionadas por la Generalitat es muy
amplio, y abarca desde la celebración por la Comunidad Catalana de
Colombia de un concurso de cocina catalana –con un coste de 3.000
euros– a la participación del Casal Cataluña de Paraná en el “Taller
de capacitación de directivos de las Comunidades Catalanas del
Exterior del Cono Sur” –con un coste de 12.000 euros–.
Entre otras partidas subvencionadas, se pueden encontrar también
unas “Jornadas de poesía contemporánea catalana y mexicana” que
organizó el Orfeón Catalán de México con un coste de 7.000 euros;
una campaña de lectura dirigida por el Centro de Cultura Catalana de
Andorra por valor de 4.000 euros; o la participación del Centro
Catalán de Caracas en el XXXI Festival Internacional de Danzas, con
un coste de 20.000 euros.
Además, los catalanes y sus descendientes se ven beneficiados por
las ayudas asistenciales que otorga el Gobierno de José Montilla. En
2010 estas ayudas han alcanzado los 127.600 euros, y casi la
práctica totalidad ha sido destinada a los afiliados a la Sociedad
de Beneficencia de Naturales y Descendientes de Catalanes de La
Habana, que han recibido 110.000 euros. Esta agrupación, pionera
entre las asociaciones del exterior, fue fundada en 1840 y
actualmente cuenta con 1.417 socios, de los que sólo 63 son
naturales de Cataluña. El resto son descendientes de catalanes y
catalanófilos.
Entre las distintas comunidades a las que se han otorgado las
ayudas, la que se ha visto más beneficiada es la cubana, que ha
obtenido un total de 120.380 euros sólo en 2010. La preferencia por
esta agrupación ya la evidenció Carod-Rovira en julio de 2009,
cuando durante un viaje a Cuba para participar en el programa
cultural “La huella catalana en el Caribe”, aprovechó para visitar a
los catalanes del casal de La Habana.
Independencia
Hay casales que dedican las ayudas recibidas a algo más que
promocionar y mantener la cultura catalana en el exterior. Algunos,
como el Casal Català del Quebec, promueven abiertamente la
independencia de Cataluña. El 9 de enero de este año, la asamblea
general del casal acordó organizar el 25 de abril un referéndum por
la independencia en el que, además de los catalanes, podrían votar
los catalanófilos. El resultado: 33 votos a favor, 1 en contra y dos
en blanco. Además, en esa misma asamblea los catalanes de Quebec se
adhirieron oficialmente al editorial pro Estatuto “La dignidad de
Cataluña”, publicado conjuntamente por 12 periódicos catalanes en
noviembre del 2009. Este año el casal ha recibido 8.800 euros en
subvenciones; en los últimos tres años, la cifra aumenta hasta
alcanzar los 27.000 euros.
Por su parte, el Casal dels Països Catalans de La Plata, en
Argentina, también ha promovido sin pudor la independencia mediante
conferencias. Así, el 14 de mayo del 2009, el casal organizó junto
al Centro Vasco Euzko Etxea de La Plata la conferencia “Euskal
Herria y Catalunya, dos naciones sin Estado” en la Universidad
Nacional de La Plata. Los oradores fueron Leandro Etchichury y
Gustavo Capdevila, ambos acérrimos defensores de la independencia de
vascos y catalanes. Etchichury, autor del libro Patria vasca y
libertad. Política, identidad y violencia en el Occidente europeo,
ha publicado en Gara y es miembro del nacionalista Centro de
Estudios de la Cultura y el Nacionalismo Vasco Arturo Campion.
Capdevila es miembro por Sudamérica de las Comunidades Catalanas en
el Exterior y vicepresidente del casal, y un fecundo articulista en
la web Rebelion.org, con más de una cuarentena de textos en su
haber. El Casal dels Països Catalans de La Plata ha recibido en los
últimos dos años un total de 27.200 euros, y en su boletín
informativo de julio del 2009 aseguran que “gozamos de un alto
concepto ante la Generalitat”.
El Casal Catalán de Córdoba, también en Argentina, fomenta la
independencia incluyendo en sus boletines informativos la clásica
arenga “Visca Catalunya Lliure!” (‘¡Viva Cataluña Libre!’) o
artículos del diario Avui a favor de la autodeterminación catalana.
Las subvenciones que ha recibido este casal entre 2009 y 2010 rozan
los 62.000 euros. Por otro lado, el Casal dels Països Catalans a
California, creado en 2005, opta en su web por eslóganes
reivindicativos menos típicos, como el que exige una Cataluña “de
Salses a Guardamar y de Fraga a Mahón”.
No cuadra
Si bien hay casales que mantienen una apretada agenda y una intensa
vida a la catalana, otros pasan inadvertidos la mayor parte del año.
El Casal Catalán de Cultura de Copenhague recibió en 2009 la
cantidad de 11.450 euros en subvenciones. Sin embargo, según su web,
ese año el casal sólo realizó unas pocas actividades
extraordinarias, todas de bajo coste, como la proyección de dos
películas, una cena de Navidad, una fiesta de San Juan, sardanas al
aire libre o una feria de productos catalanes, entre otras varias.
También la Catalan Association of China, ubicada en Hong Kong,
recibió en 2009 una subvención de 7.450 euros, que parece no
corresponderse con el elenco de actividades realizadas ese año.
Según su página web, tan sólo participó en la organización de un
acto extraordinario: un concurso de fotografía en el que los
participantes debían hacer una instantánea que permitiera descubrir
la herencia cultural de Hong Kong. El concurso, de nombre
International Heritage Photographic Experience fue patrocinado junto
a la Generalitat de Cataluña y el Consejo de Europa.
El casal de La Plata organizó una conferencia con el independentista
Gustavo Capdevila como orador.
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