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Esto es sólo el principio
César Vidal La Razón 1 Julio 2010
Por fin hay sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto
de Cataluña y creo que a pocos sorprenderé si digo que pocas veces
en mi vida he sentido tanta vergüenza ajena. Sí, ya sé que los
nacionalistas catalanes andan diciendo que es una estocada
constitucionalista y que van a echarse a la calle y tampoco se me
oculta que el PP proclama que es una victoria siquiera parcial.
Tinglado de la antigua farsa. En realidad, ese fallo no es un ápice
menos que la voladura del orden constitucional. No voy a referirme a
las razones jurídicas para esa afirmación aunque salta a la vista
que España ha dejado de ser una nación de ciudadanos libres e
iguales. Voy a detenerme más bien en las económicas.
A día de hoy, España está obligada, entre otras cuestiones, a llevar
a cabo la reforma fiscal más drástica de todo el mundo desarrollado,
a eliminar un déficit que es más del triple del alemán y a
enfrentarse con el problema que significan cinco millones de
parados. La aprobación del estatuto es una batería de torpedos
contra la línea de flotación de esos objetivos. En primer lugar,
implica un gasto salvaje que queda en manos de personas tan
manirrotos y derrochones como los nacionalistas catalanes. El
disparate de las veguerías es declarado como no inconstitucional
igual que el pagar a Cataluña inversiones durante siete años
mientras se paralizan las del resto de España.
Además, el resto de España se compromete a inyectar dinero en
Cataluña eternamente de manera tal que una región que cada vez está
peor gestionada no descienda en el listado de las CC AA y, como
guinda del pastel, se entrega al gobierno catalán el montante de una
serie de impuestos precisamente cuando el poder central debería
recuperarlos siquiera porque los está subiendo. Todo ello cuando
hace apenas unos días Montilla no ha conseguido que la banca
internacional preste a Cataluña ni un euro porque no confían en
ella.
¿Qué significa todo esto? Significa que en medio de la peor crisis
económica de las últimas décadas, el fallo del Tribunal
Constitucional consagra vaciar los bolsillos de todos los españoles
para sostener los carísimos delirios de grandeza de gente que
insiste en que son una nación distinta de España. Esa simple
circunstancia se traduce en que el nacionalismo catalán nos va a
mantener sumergidos en la recesión durante décadas. Por desgracia,
es sólo el principio. Durante los próximos años nos veremos
empantanados en centenares de procesos – ¡justo lo que necesita la
administración de justicia! – entre un nacionalismo que sabe que ha
ganado y un agónico poder central que pretenderá sobrevivir siquiera
a ratos. Y a eso se sumará el pistoletazo de algunas CCAA – ya lo ha
anunciado Valencia– por no quedarse atrás en la rebatiña localista
de los recursos de todos.
Quisiera equivocarme, pero después de que el Tribunal Constitucional
haya accedido a dinamitar el orden constitucional de 1978 tan sólo
vendrá el sálvese quién pueda en medio de un empobrecimiento
nacional generalizado. Hubo quien dijo que ZP impulsó el estatuto de
Cataluña convencido de que sería una baza ideal para ofrecérsela a
una ETA dispuesta a pactar. Se quedaron cortos. Ni la ETA más
entusiasmada hubiera podido jamás pensar en una España más
aniquilada que la que surge después del fallo del Tribunal
Constitucional sobre el estatuto.
El parto de los montes
Joaquín Leguina www.gaceta.es 1 Julio 2010
La sentencia no librará a los comerciantes de pagar multas por
rotular “Casa Pepe”.
El largo tiempo que se ha tomado el Tribunal Constitucional (TC)
para dictar sentencia sobre el Estatuto catalán resulta
incomprensible, y más a la vista de los resultados, pero esa demora
no justifica las descalificaciones sin medida y sin cuento que el TC
ha recibido por parte de los grupos nacionalistas (nacionalistas de
vieja data y nacionalistas sobrevenidos, como es el PSC), porque el
asunto no tiene vuelta de hoja: cuando hay dudas (y aquí las había,
y muchas) acerca de si una ley o parte de ella encaja en la
Constitución, quienes estén legitimados para hacerlo pueden recurrir
al TC para que éste dirima el contencioso y eso –y sólo eso– es lo
que ha ocurrido con el Estatuto.
Por otro lado, cualquier persona medianamente informada sabe que las
sentencias del TC vienen siendo muy condescendientes con los
intereses nacionalistas. Y ésta del 28-VI-2010 no es una excepción.
En efecto, el TC ha resultado ser un actor decisivo a la hora de
tutelar los derechos fundamentales, para adecuar el derecho procesal
y la legalidad punitiva (el Código Penal); también el Derecho
laboral e incluso el Derecho parlamentario; pero su labor en lo
tocante a la articulación territorial del Estado ha sido muy
discutible. El TC también eliminó la supletoriedad del Derecho
estatal alterando el sentido federal del Estado (sentencia 118 de
1996 y 61 de 1997) y en su sentencia 247 de 2007 dejó escrito que si
un Estatuto de Autonomía invade materias reservadas a una ley
orgánica, el atropello no lo invalida, simplemente, lo hace
ineficaz.
Es bajo estos antecedentes como hay que leer la sentencia actual.
Volvamos, pues, a ella, al parto de la burra, es decir, al fallo que
se difundió el lunes 28 de junio y veamos si el TC ha desactivado
todos los torpedos anticonstitucionales que contenía el Estatuto
catalán.
El TC ha declarado inconstitucionales 14 artículos (uno en su
totalidad, el 97) y otros 27 sólo pueden usarse interpretándolos
como señala el TC. El concepto de nación (Preámbulo) y el uso del
catalán (artículo 6) son puestos en su sitio en el fallo. Asimismo
quedan eliminados el apartado 4 del artículo 76 (Consejo de
Garantías estatutarias), el apartado 1 del artículo 78 (Síndic de
Greuges), el artículo 97 y buena parte de los artículos 98, 99, 100
y 101 (Consejo de Justicia de Cataluña), el 111 respecto a las
competencias compartidas, el 120 sobre Cajas de Ahorros y el 206
sobre fiscalidad. Sería largo detallar aquí las interpretaciones de
los otros 27 artículos del Estatuto cuestionados (interpretados) por
el TC, pero digámoslo de una vez, estamos ante una sentencia light
que a nadie satisface y a todos molesta. Lo cual puede ser una
virtud, pero no dejará tranquilo al gallinero nacionalista.
Montilla, nada más conocer el fallo, declaró estar indignado con la
sentencia (“acatamos, pero no compartimos ni renunciamos”), lo cual
no le impide considerar que la sentencia significa “una derrota para
el PP”. Nada nuevo bajo el sol: ya estamos acostumbrados a ver a los
políticos catalanes caminando con una mano por el cielo y otra por
el suelo.
Jordi Pujol, el gran timonel de la política catalana, padre y tutor
de la endogamia hoy reinante, facedor de sospechosas unanimidades,
ha dicho que “esta sentencia es una derrota de magnitud histórica
que supone una humillación colectiva a Cataluña y que rompe el
consenso constitucional”. Así, como suena, sin ponerse colorao.
Siguiendo al boss, la dirección de CiU ha calificado de “gravísima”
la situación. Y mayor indignación si cabe han mostrado los de ERC en
defensa de un texto al que, entonces, se opusieron tanto en las
Cortes como en el referéndum en el que participó –conviene
recordarlo– poco más de un tercio de los censados.
Queda claro que esta sentencia –como todo lo que ocurre en el ancho
mundo– servirá para incrementar (¿hasta qué cotas?) el victimismo
del que se nutre (casi exclusivamente) el cuerpo místico del
nacionalcatalanismo.
A su vez, las fiebres pre-electorales servirán para poner a hervir
el puchero con esa butifarra dentro. “Una derrota de magnitud
histórica” no se merece menos, pero todos sabemos que aquello –como
en el bolero– “es puro teatro”. Ni la sentencia servirá para detener
la persecución del castellano ni los comerciantes se verán libres de
pagar multas por rotular “Casa Pepe”… y lo que es más grave, estas
bravatas de ahora servirán para seguir haciendo lo que les viene en
gana sin que nadie en el Estado pruebe a plantarles cara y verles
cumplir con los versos cervantinos: “Y luego, en continente/caló el
chapeo, requirió la espada,/miró al soslayo, fuese y no hubo nada”.
Porque eso harían, de ello estoy convencido.
Por otro lado, sabemos ya que los políticos catalanes, miembros en
el fondo de una sola cofradía, hacen como los teros “que en un lao
pegan los gritos y en otro ponen los huevos”. Así que hablemos de
eso, de los huevos, por ejemplo, de los de Millet y su expolio del
Palau de la Música o de los muy variados huevos pretorianos,
dedicados –en buen amor y mutua compañía juntos y revueltos (CiU y
PSC)– a saquear las arcas públicas de municipios varios.
Hablemos de los huevos que tiene la endogamia política, ella sí,
preocupante.
La letra pequeña
El veredicto ha tumbado la intención de levantar de tapadillo una
Constitución paralela
IGNACIO CAMACHO ABC 1 Julio 2010
LA escandalera victimista de los partidos catalanes, con Montilla a
la cabeza, ante la sentencia del Estatuto responde con toda certeza
a una táctica de sobreactuación preelectoral, llena de aspavientos y
gesticulación dramatizada para sacar partido de una supuesta
agresión españolista; sin embargo sería una simplificación analizar
ese descontento desde el prisma único de la impostura. El
soberanismo ha percibido con claridad que, aunque el veredicto
mantenga buena parte de los privilegios concedidos por la
irresponsabilidad de Zapatero, también ha desactivado el dispositivo
simbólico que la dirigencia política catalana había construido al
amparo de la calentura estatutaria. El fallo del TC ha respaldado la
mayoría de la letra pequeña que establece pautas muy avanzadas y
discutibles de autogobierno, pero ha tumbado la intención de
levantar de tapadillo una Constitución paralela que estableciese de
facto una especie de Estado confederal. Y aunque el aval de
numerosas franquicias autonomistas dé pábulo al pesimismo de quienes
esperaban una desautorización radical de la propuesta, ha rechazado
las más peligrosas pretensiones segregacionistas y establecido con
claridad la prevalencia de la única nación española.
Eso lo ha percibido la clase dirigente catalana como un serio revés
a sus aspiraciones de construcción nacional. Tiene motivos. Las
«pequeñas» objeciones del Constitucional pueden dar lugar a una
impugnación severa de las leyes elaboradas al amparo del desarrollo
estatutario; de ahí que sea tan importante para los partidos
nacionalistas controlar el poder que deberá negociar el inminente
laberinto normativo derivado de la sentencia. Ellos saben que el
impulso otorgado por Zapatero a la deconstrucción del Estado
nacional español ha quedado frenado en las vallas del veredicto, y
tratan de presionar al presidente para que se las salte como antes
se saltó los límites de la razón política. El silencio —tres días
ya— del jefe del Gobierno indica una seria preocupación por la
evaluación del alcance del fallo, que amenaza además con abrir una
brecha entre los socialistas. La voluntad agitadora de un Montilla
acorralado revela casi una sedición frente al liderazgo nacional del
partido. El Estatuto sigue atravesado como un camión con las ruedas
pinchadas en la accidentada deriva del zapaterismo.
Desde Madrid es fácil y tentador lamentarse por la fragmentación de
España con genérica consternación jeremíaca. Pero la situación es
más positiva que antes de la sentencia, no menos. No es un mal
menor, sino un dique real a las pretensiones de construir un Estado
dentro —en realidad casi fuera— del Estado. Y un varapalo más que
serio al liviano relativismo con que el presidente había tratado
nada menos que el concepto de la nación que gobierna. Todavía.
La consumación de un golpe de estado (II):
Pueblos de primera y de segunda
Luis del Pino Libertad Digital 1 Julio 2010
Si algo bueno tienen los nacionalistas es que se les entiende todo.
De Pujol o de Maragall se podrá decir cualquier cosa, menos que no
hayan sido claros en sus manifestaciones acerca de las intenciones
reales de los nacionalistas y la prevista evolución del "problema
territorial" español. Recientemente, Pujol recordaba una obviedad,
que él aplica, por supuesto, a Cataluña: "Un gobierno debe tener
proyecto de país y, si no lo tiene, es un mal gobierno". Esa actitud
impregna, desde la Transición, la política de los sucesivos
gobiernos catalanes, independientemente del partido al que
pertenezcan. Impregna, de hecho, las actuaciones de todos y cada uno
de los miembros de esa oligarquía política, mediática, financiera y
empresarial que detenta el poder en Cataluña.
Pasqual Maragall, debido a sus circunstancias, ha sido quizá el más
verborreico, dejándonos perlas como la de que el nuevo Estatuto
catalán resolvía el problema territorial para otros veinticinco años
(pero no más, por supuesto) o como aquello de que las selecciones
deportivas "del resto de España" deberían buscarse un nombre nuevo.
Pasqual Maragall, por cierto, ya nos vaticinó cuál sería la
resolución de Tribunal Constitucional en su carta de despedida,
publicada en La Vanguardia el 30 de mayo de 2007: "El Estatut lo
tocarán, pero poco". Clarividente pronóstico, aunque en realidad no
resulta extraño: el final del proceso estaba previsto desde que se
puso en marcha.
Pero las declaraciones que me interesa comentar son otras. Esta
semana hemos tenido otro ejemplo de meridiana claridad nacionalista,
con las palabras del republicano Ernest Benach, presidente del
Parlamento de Cataluña. Después de conocida la sentencia del
Estatuto, ha descrito el problema de fondo de una forma, a mi
juicio, imposible de mejorar.
El Estatuto, ha declarado Benach, "era un pacto entre los
representantes del pueblo de Cataluña en el Parlament y los de los
pueblos de España a través las Cortes", un pacto que había sido
"refrendado por los ciudadanos".
No se puede expresar mejor la esencia del problema. Efectivamente,
el Estatuto es un pacto alcanzado por la clase política catalana y
la clase política española. Con una importante asimetría: el
resultado de ese pacto fue sometido a ratificación por parte "de los
ciudadanos"... de Cataluña. Pero nadie ha consultado en ningún
momento a los ciudadanos españoles, para conocer su opinión al
respecto. Hay pueblos de primera, a los que se consulta o cuyo
refrendo se busca, y pueblos de segunda, cuya opinión es irrelevante
o incluso indeseada.
El resultado ha sido, por supuesto, la puesta en marcha de un
auténtico "proceso constituyente " de la Nación catalana, sometido a
consulta popular, al mismo tiempo que se "deconstruía" esa otra
Nación llamada España, sin que la clase política española se haya
dignado a preguntarnos a los españoles si estábamos de acuerdo o no
con esa deconstrucción. Una secesión encubierta, decidida y
autorizada por nuestros representantes políticos al margen de los
procedimientos legales y de espaldas a esos ciudadanos a los que se
supone que representan.
Poco importa si la participación de los catalanes en ese "proceso
constituyente" fue mínima (sólo 1 de cada 3 electores censados
dieron su aprobación al nuevo Estatuto), como también importa poco
que el Partido Popular recogiera en su día 5 millones de firmas en
contra del nuevo Estatuto, una muestra de rechazo difícilmente
superable y que apunta a que jamás se habría autorizado esa reforma
constitucional encubierta si se la hubiera sometido a referéndum en
toda España.
Lo importante, al final, es que el marco legal resultante de la
culminación de ese proceso de reforma estatutaria acaba con la
Constitución del 78 por acuerdo interno de la clase política, sin
que se hayan respetado los procedimientos de reforma marcados en la
propia Constitución. La clase política española ha usurpado así, de
forma directa, esa soberanía nacional que, según el artículo 2 de
nuestra Carta Magna, "reside en el pueblo español, del que emanan
los poderes del Estado."
El proceso que ha terminado desembocando en el reciente
pronunciamiento del Tribunal Constitucional representa así, se mire
como se mire, un auténtico autogolpe de estado, destinado a
preservar los delicados equilibrios de poder en que se asienta la
política española desde hace 30 años. Un golpe de estado palaciego,
ejecutado desde el poder, pero golpe de estado a la postre. Porque
no se puede definir de otra manera una serie de actuaciones
tendentes a subvertir la legalidad constitucional mediante el
recurso a la política de los hechos consumados.
Contra la Constitución, nada
El Editorial La Razón 1 Julio 2010
Sería muy deseable que los gobernantes y cuantos desempeñan
funciones institucionales actuaran con responsabilidad y moderaran
sus ímpetus partidistas ante la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El espectáculo
protagonizado durante las últimas horas por dirigentes
nacionalistas, altos cargos de la Generalitat y del Parlamento
catalán, así como por algunos ministros es impropio del puesto que
ocupan: como representantes que son del Estado, cada cual en su
medida, deberían servir con sus intervenciones públicas a los
intereses de ese Estado, que no son otros que la legalidad
constitucional y el respeto a las reglas de juego democráticas.
Lamentablemente, no está siendo así y se ha llegado a decir,
incluso, que la sentencia supone nada menos que una ruptura del
«pacto» entre Cataluña y España, como si ambas fueran realidades
separadas y como si hubiera pactos más relevantes y superiores al de
la Constitución. No ha estado acertado el primer representante del
Estado en Cataluña, el presidente de la Generalitat, en su
declaración institucional, que tenía expresiones que son tan
prescindibles como impropias, y no lo es tampoco que haya convocado
a una «masiva manifestación» de repulsa el próximo 10 de julio. La
sentencia del Tribunal Constitucional podrá gustar más o menos,
podrá parecerle insuficiente a unos y rigurosa a otros, pero nadie
está legitimado para burlarla mediante atajos populistas. Además de
una irresponsabilidad, resulta inaceptable la actitud de confrontar
al «pueblo catalán» con el Tribunal Constitucional y a la «voluntad
popular expresada en referéndum» con la sentencia.
Nada de esto sucede ni puede suceder porque el único pueblo
soberano, creador de la arquitectura constitucional, es el español,
al que pertenecen los catalanes, y la única ley de leyes de nuestra
nación es la Constitución, la cual regula y delimita todos los
procesos electorales y estatutarios, así como la función primordial
que reserva al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la
norma. Por tanto, no hay ni puede haber choque de legitimidades. Sí
hay, y en demasía, demagogia, sectarismo político y nacionalismo que
confían en pescar en aguas revueltas. Lo que de verdad necesita
Cataluña ahora no son radicalismos ni enfrentamientos, sino madurez
y congruencia para aplicar la sentencia, para revisar a su luz las
45 leyes promulgadas desde hace cuatro años y para plantear, desde
la lealtad, los problemas que puedan subsistir. No hay que perder de
vista que lo que preocupa a los catalanes es la crisis económica y
la eficacia en la gestión para salir de ella.
En contra de lo que propaga la voracidad nacionalista, el Estatuto
no es ahora peor que hace 24 horas; por el contrario, es mejor en la
medida en que es más constitucional y, por tanto, más ajustado a
derecho y menos causa de discriminación. La sentencia era relevante
no sólo para Cataluña, sino porque también afecta al resto de los
españoles. El árbitro ha dictado su veredicto y la única actitud
democrática admisible es acatarlo, aplicarlo y poner punto final al
experimento que ha causado más daño que beneficio.
La verdad sobre la democracia robada
(lección básica que debería enseñarse en Educación para la
Ciudadanía)
Francisco Rubiales Periodista Digital 1 Julio 2010
El robo de la democracia es uno de los más sucios y vergonzosos
episodios de la historia de la delincuencia mundial. Es un capítulo
abierto en la Historia de la ignominia que algún día, cuando la
Justicia vuelva a reinar, tendrá que ser castigado con todo rigor.
Una de mis tesis favoritas es que casi todos los males que aquejan a
nuestro mundo, desde la actual crisis económica al desempleo masivo,
la crueldad, la violencia, el hambre, la injusticia y la
desigualdad, tienen su origen en una fechoría histórica de grandes
proporciones: "el gran robo de la democracia", que fue creada por
los hombres y las mujeres libres y que después nos fue arrebatada
por los políticos. Ese es el pecado de origen que marca a la actual
casta política y la convierte en despreciable. La historia de ese
gran robo merecería estudiarse en todas las escuelas y ser la
primera lección de la asignatura "Educación para la Ciudadanía".
Cuando el empleado de una empresa hace mal su trabajo y causa daños
a la organización, es despedido sin contemplaciones porque ha
fracasado. Nuestros políticos han fracasado y hecho tan mal su
trabajo que han arruinado la empresa (España), pero ellos no dimiten
porque se han apropiado de la empresa y la gestionan sin ética ni
decencia.
Ha tenido que llegar la crisis y la ruina para que muchos descubran
la gran traición de la casta política a los ciudadanos, el gran robo
de esa empresa común, creada por los ciudadanos, que es el Estado
democrático.
"El robo de la democracia" es uno de los más sucios y vergonzosos
episodios de la historia de la delincuencia mundial. Es un capítulo
abierto en la Historia de la ignominia que algún día, cuando la
Justicia vuelva a reinar, tendrá que ser castigado con todo rigor.
Hasta que los ladrones no restituyan lo que un día rapiñaron, no son
otra cosa que usurpadores ilegítimos de una propiedad ajena, simples
ladrones impunes, amparados por una ley injusta que ellos mismos han
dictado.
Un día, los ciudadanos libres y responsables del mundo, cansados de
ser exterminados por el poder absoluto y de soportar agresiones,
vejaciones, injusticias y desmanes de los poderosos, decidieron
crear la democracia, un sistema equilibrado, basado en la ética y en
la justicia, e ideado para que podamos convivir en paz, a pesar de
las discrepancias, y para impedir que el poder volviera a ser
despótico y absoluto.
Pero nosotros, los ciudadanos, fundadores de la democracia y también
dueños de esa gran empresa común que es el Estado, emanación de la
nación de hombres y mujeres libres, hemos vuelto a ser oprimidos
tras haber sido despojados de nuestras acciones por los
administradores de la empresa (los políticos), que han dejado de ser
nuestros empleados para convertirse ellos en los dueños. Han sido
desleales, estafadores y ladrones porque se han usurpado la
propiedad ajena, se han apropiado de la empresa, han expulsado a los
verdaderos accionistas y han cambiado las reglas del juego para
manejar la propiedad a su antojo.
La democracia, cuando fue creada por los ciudadanos libres, fue
ideada así:
•Los ciudadanos decidieron organizar la democracia en el Estado, que
es la empresa común, con el fin de cuidar el bien común y garantizar
la convivencia, la justicia y el orden. Sabedores del peligro que
encierra el entregar poder a unos administradores, los ciudadanos
establecieron numerosos controles y cautelas para evitar que los
grandes objetivos dejaran de cumplirse.
•La primera regla y la principal es que la empresa común, el Estado,
es propiedad de los ciudadanos, que son los "soberanos (dueños de la
soberanía y de las acciones), a los que los administradores, como en
cualquier empresa, deben rendir cuentas con lealtad y obediencia.
Otras reglas importantes eran las siguientes:
--- Los administradores son elegidos libremente por los ciudadanos,
que procurarán escoger a los mejores sin interferencia alguna. Las
elecciones deben ser plenamente libres y los ciudadanos propietarios
podrán siempre revocar el mandato a sus representantes elegidos,
especialmente si pierden la confianza depositada en ellos. Los
ciudadanos son los únicos electores legítimos.
--- Como los ciudadanos no se fiaban de los administradores,
decidieron que los grandes poderes delegados (Legislativo, Ejecutivo
y Judicial) fueran independientes y que se vigilaran entre sí.
--- Como todavía tenían miedo a ser traicionados, establecieron que
los representantes tenían la obligación de defender el bien común
por encima de todo y de garantizar los grandes valores y el respeto
a los derechos fundamentales del ser humano: igualdad, fraternidad,
libertad, limpieza, honradez, pulcritud en el manojo de los asuntos
públicos, etc.
--- A pesar de esas cautelas, los propietarios exigieron que
existiera también una prensa libre e independiente, dotada de
libertades especiales, cuyas dos misiones principales eran informar
con veracidad, para que los ciudadanos siempre estuvieran al tanto
de lo que ocurre, condición imprescindible para tomar decisiones
correctas, y, además, fiscalizar permanentemente a los grandes
poderes, apostando luz y taquígrafos, conscientes los propietarios
de que la luz y la verdad impiden la suciedad, las mentiras, las
traiciones y las trampas, vicios que proliferan en la opacidad.
--- Conscientes de que algún día se producirían problemas, aclararon
que la empresa quedaba sujeta al "Imperio de la ley", siendo esa ley
igual para todos, para propietarios y para administradores, sin
privilegios ni ventajas para ningún miembro de la comunidad.
--- Llenos de desconfianza, a pesar de los muchos controles y
cautelas, decidieron que debería existir una sociedad civil fuerte,
que funcionara con independencia y al margen de los administradores
del Estado, cuya misión principal era servir de contrapeso y de
control suplementario al siempre temido poder de los
administradores.
--- Finalmente, se advirtió a los representantes que sus mandatos
tenían que ser temporales y que sólo podrían intervenir en la vida
de la comunidad cuando fuera estrictamente necesario, ya que los
ciudadanos propietarios estaban seguros de poder convivir en paz y
armonía, sin necesitar interferencias externas.
El final de la historia es trágico y de una gran vileza: como temían
los ciudadanos, el desastre se produjo, a pesar de todos los
controles y cautelas, Los administradores (los políticos) se
organizaron entre ellos, arrebataron el control a los dueños de la
empresa y establecieron, a su vez, privilegios, cautelas y nuevas
reglas para afianzar el robo de la empresa a sus dueños legítimos.
Comparemos aquella democracia original ideada por los fundadores,
transparente, descentralizada, limpia y sometida a sus propietarios
legales, al bien común y a la decencia, con el bodrio inmoral,
injusto y canalla que los administradores infieles han terminado
creando, tras robar la empresa a sus dueños, a los que, además, han
sometido y obligado a pagar cada vez más impuestos, que no siempre
utilizan para reforzar el bien común y la convivencia, sino que, a
menudo, sirven para ampliar las injusticias, las arbitrariedades,
las ventajas y los privilegios de los ladrones.
Tras arrebatar la empresa común a sus legítimos dueños, los
administradores (los políticos) se organizaron para cambiarlo todo y
sustituyeron la democracia original por otro sistema que a ellos les
convenía: una dictadura de partidos políticos más o menos disfrazada
de democracia representativa y camuflada de legalidad. La fuerza de
los ciudadanos fue suplantada por la fuerza de los partidos,
convertidos en verdaderas mafias de poder. Las elecciones libres
fueron alteradas de manera que son los partidos los que elaboran las
listas, arrebatando así a los ciudadanos su derecho original a
elegir a los mejores. Los partidos eliminaron la separación de
poderes y los controlan todo lo que pueden. Buena parte de la prensa
libre ha sido comprada y sometida, impidiéndole sus dos misiones
claves: informar con veracidad y fiscalizar a los poderosos. La ley
dejó de ser igual para todos y se aplica "según convenga" al poder.
Los administradores recaudan el dinero de la comunidad y no siempre
lo emplean en el bien común. Algunos administradores han eliminado
también el límite de los mandatos y, en la práctica, pueden
permanecer en el poder hasta que la muerte les visite. Enumerar la
lista de alteraciones y suciedades instauradas por los
administradores infieles sería interminable, pero cabe mencionar
algunas: la corrupción y la mentira anidaron en su sistema, muchos
ciudadanos fueron oprimidos y hasta asesinados a millones por
algunos administradores especialmente crueles y delictivos (Hítler,
Stalin, Mao y otros) y se autoadjudicaron tantas ventajas y
privilegios que llegaron a superar en desmanes y abusos a los
antiguos monarcas absolutos y a la nobleza predadora.
Desde que consumaron el robo del Estado, los administradores no han
dejado de avanzar por el sucio camino de la deslealtad y de la
infidelidad. Se suben los sueldos, no responden de sus errores,
engañan a los antiguos propietarios, se autoadjudican una autoridad
que no poseen y someten a los antiguos dueños, además de endeudarse
hasta la locura, de apropiarse del dinero común y de emplearlo en
afianzar su poder y en ampliar sus lujos y privilegios: pensiones,
millones de servidores públicos, ejército propio, fuerzas de
seguridad, que muchas veces emplean para amedrentar y aplastar a los
antiguos dueños, si es que se atreven a protestar y otros muchos
privilegios que les convierten ante los ojos de los verdaderos
dueños en usurpadores arrogantes, infieles, desleales y opresores.
Esta es, queridos lectores y alumnos, resumida y suavizada, la sucia
historia del gran robo del Estado democrático por parte de la actual
casta política profesional, uno de los crímenes más horrendos de la
Historia.
Voto en Blanco
La agencia Moody's rebaja la calificación
de cinco comunidades autónomas
Las afectadas debido a un "deterioro duradero" son Madrid, Castilla
y León, Extremadura, Murcia y Castilla La Mancha
Ep www.lavozlibre.es 1 Julio 2010
Madrid.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado
el rating de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León,
Extremadura y Murcia de 'Aa1' a 'Aa2' y la nota de la deuda de
Castilla La Mancha de 'Aa2' a 'Aa3', todas ellas con perspectiva
negativa, debido a la expectativas de un "deterioro duradero" de las
finanzas de estas regiones.
La agencia considera que, dado el ritmo y la magnitud de este
deterioro, su posición presupuestaria con respecto a otras
instituciones similares a nivel internacional se está
"deteriorando".
Así, destaca que la significativa caída de los ingresos fiscales en
2010-2011 tendrá un impacto recurrente en los déficits financieros
de los próximos años. En opinión de Moody's, esta tendencia, junto
con el subsiguiente recurso a la deuda, será difícil de frenar, dado
el débil crecimiento económico que se prevé para los próximos años.
Asimismo, la puesta en revisión de cara a una posible rebaja del
rating de la deuda soberana española anunciada por la agencia de
calificación crediticia, que refleja la fragilidad de las
expectativas de la recuperación económica del país a medio plazo,
han motivado la puesta en perspectiva negativa de la nota de las
cinco comunidades.
Por otro parte, la agencia apunta que las decisiones del Gobierno de
implementar importantes medidas para reducir el déficit se aplicarán
también en las diferentes regiones, lo que contribuirá a alcanzar su
objetivo conjunto de reducción del déficit en 11.000 millones de
euros entre 2010 y 2011. Además, con el fin de aumentar su
vigilancia, el Ejecutivo autorizará los planes de endeudamiento a
largo plazo de las comunidades en concordancia con los límites de
déficit.
"ESCENARIO INCIERTO".
Moody's considera que alcanzar estos objetivos de déficit dependerá
ampliamente de la reactivación de los ingresos fiscales en
2010-2011, un "escenario incierto" dada la debilidad de las
previsiones económicas para los próximos años. Además, añade que
también dependerá de la eficacia de los planes de recorte del gasto
que muchas regiones han emprendido recientemente a nivel individual.
Según el escenario dibujado por Moody's, las regiones españolas
incrementarán sus niveles de deuda en 2010 y 2011, lo que conducirá
a un incremento del ratio medio de deuda sobre ingresos corrientes
hasta el 100% en 2011, frente al 54% que alcanzó a finales de 2009.
Asimismo, subraya que, para evaluar la eficacia de las medidas de
ahorro, Moody's vigilará la ejecución de los presupuestos regionales
en 2010 y los presupuestos preliminares para 2011, que se lanzarán a
finales de año. "Esto nos ayudará a evaluar la necesidad de nuevas
decisiones sobre los ratings", añade.
EVALUACIÓN POR COMUNIDADES.
Respecto a Castilla La Mancha, la agencia considera que está "bajo
presión" para lograr sus objetivos de déficit del 2,4% del PIB
regional en 2010 y del 1,3% en 2011 establecidos por el Gobierno
central, debido a las continuas pérdidas en la recaudación de
impuestos indirectos y a los rígidos gastos operativos, que
provocaron un saldo de ahorro bruto de signo negativo y un
considerable aumento del déficit de la Comunidad en 2009 (17% de los
ingresos corrientes).
En el caso de Castilla y León, explica que la rebaja obedece al
"importante deterioro" de sus finanzas previsto para 2010, lo que
coincide con las propias expectativas de la Comunidad realizadas en
su presupuesto para 2010 de un incremento de su déficit financiero
en comparación con el registrado en 2009. Además, espera un aumento
significativo de la deuda agregada neta directa e indirecta desde el
33% de sus ingresos corrientes de 2009 hasta cerca del 50%.
Para Extremadura, Moody's prevé que la deuda agregada aumente en
torno a 400 millones de euros en 2010, lo que significa que el ratio
de deuda directa e indirecta sobre ingresos corrientes de la
autonomía aumentará hasta cerca del 35%, desde el 24% registrado en
2009. Así, apunta que, aunque el ratio de deuda se mantiene bajo,
existen "incertidumbres" de cara al ejercicio fiscal 2011, en un
contexto en el que la Comunidad depende más de las transferencias
corrientes y de capital que otras regiones españolas.
Por otro lado, señala que Madrid es la única autonomía que ha
cumplido con el objetivo de déficit sobre PIB en 2009, pero prevé
que su ahorro bruto en relación con sus ingresos corrientes se sitúe
en el -1% en 2010 y su déficit financiero esté en torno al 9%,
frente al 6% de 2009. En su opinión, esto generará un rápido aumento
de la ratio de deuda neta directa e indirecta sobre ingresos
corrientes hasta el 80%, desde el 68% estimado para el año anterior.
Respecto a Murcia, la agencia destaca el descenso de su ratio de
ahorro bruto sobre ingresos corrientes hasta cerca del -8% previsto
en su presupuesto de 2010, después de haber alcanzado un ahorro
bruto del 4,5% en 2009. Además, señala que la Comunidad Autónoma
prevé un déficit para 2010 cercano al 17% de los ingresos
corrientes, desde el 6,4% de 2009, debido en gran medida a las
presiones sobre algunas partidas de gasto del presupuesto y a un
descenso sostenido de sus ingresos corrientes, lo que aumentará el
ratio de deuda neta directa e indirecta sobre ingresos corrientes
desde el 34% de 2009 a cerca del 55% en 2010.
Xavier Pericay recibe el Premio de la
Asociación por la Tolerancia por su defensa de la libertad
De su carrera se pueden recopilar obras en castellano y en catalán
www.lavozlibre.es 1 Julio 2010
Madrid.- La Asociación por la Tolerancia ha celebrado la XVI edición
de los premios que la organización celebra cada año. El Premio a la
Tolerancia ha recaído en esta ocasión en en filólogo Xavier Pericay.
Los miembros del jurado han destacado su fuerte compromiso con la
defensa de la libertad. Un hecho que le ha tenido siempre en el
punto de mira de los nacionalistas, que le consideran un disidente.
Esto quedó bien reflejado en su libro de memorias 'Filología
Catalana'.
El catalán Xavier Pericay es, además de filólogo, escritor y
periodista. Los libros y artículos que ha escrito a lo largo de su
carrera se caracterizan por su honestidad intelectual, así como por
ofrecer el análisis, reflexión y críticas a los más variados asuntos
sobre política, sociedad y cultura. Un librepensador que forjó sus
ideas con los estudios de la época de la Ilustración.
En su carrera se pueden recopilar obras en castellano y en catalán.
Domina ambos idiomas hasta tal punto que ha traducido libros en las
dos direcciones. Al catalán ha llevado obras de Stendhal, Gide y
Balzac. Mientras que al castellano ha traducido obra de Josep Pla.
Ahora, podrá añadir a su currículum este premio por la tolerancia.
Xavier Pericay fue elegido entre un jurado compuesto por
personalidades como Francesc de Carreras (Catedrático de Derecho
Constitucional), Elvira Fuentes (ex presidenta de Asociación por la
Tolerancia) o Ildefonso Falcones (Abogado y escritor). El flamante
ganador se suma al palmarés de Iván Tubau, Fernando Savater,
Francesc de Carreras y Gregorio Peces-Barba, últimos premiados.
María San Gil ve pistas de una nueva
negociación con ETA
Madrid - Efe La Razón 1 Julio 2010
La ex presidenta del PP vasco María San Gil ha dicho hoy que hay una
"serie de pistas" que llevan a pensar que existe una "clara
voluntad" de que se genere un nuevo proceso de negociación con ETA y
con los "batasunos", sumándose así a la tesis del eurodiputado
popular Jaime Mayor Oreja.
San Gil, que lleva más de dos años apartada de la política, ha hecho
estas reflexiones en un almuerzo informativo en el que ha apuntado
que el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, sigue siendo el "ariete
que va marcando", al igual que hizo en la anterior negociación con
la banda, "el camino que hay que seguir".
Ha dicho que le "sorprende sobremanera" que Eguiguren sea todavía
presidente del PSE y que siga ejerciendo el papel político que tiene
cuando "habla clarísimamente de contactos y de puestas en común" con
la banda y de que "no se arrepiente" de aquella negociación.
En este sentido, San Gil ha emplazado al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, a cesar a Eguiguren de su cargo si es
que le parece "de pena" que el presidente del PSE quiera negociar
con ETA.
"No me creo que (Alfredo Pérez) Rubalcaba esté tan enfadado con
Eguiguren y que siga en su sitio", ha sentenciado, antes de apuntar
que, al final, ha llegado a la conclusión de que "pruebas son
amores" y de que "aquí hay poca prueba".
La ex presidenta del PP, que ha roto su silencio por primera vez
desde hace tiempo para hablar sobre el terrorismo de ETA, ha
rechazado de esta forma cualquier negociación con los terroristas
durante un coloquio en el que ha insistido en que con ellos de lo
único que hay que hablar "es dónde y cuándo entregan las armas".
"Tenemos la responsabilidad moral de no volver a equivocarnos", ha
subrayado San Gil, antes de expresar su convencimiento de que "ETA
no tiene voluntad de dejar las armas", sino "de intentar conseguir
un proyecto político mediante una tregua, mediante asesinatos o
mediante lo que sea".
Atentos y vigilantes
Por ello, la ex dirigente vasca, que no tiene tan claro que el fin
de ETA "sea tan inmediato" como auguran algunos políticos, ha
advertido de que "hay que estar vigilantes" y ser "muy precavidos"
para "no volver a caer en el mismo error" de negociar con la banda
terrorista.
Según San Gil, se ve claramente la "necesidad imperiosa" que tienen
los terroristas de volver a las instituciones para gobernar y
mandar, así como para tener el aporte económico que les hace falta
para seguir subsistiendo.
En cuanto a pistas que le llevan a pensar en una futura negociación
con ETA, la ex dirigente del PP vasco ha citado el que se mantenga a
ANV en los ayuntamientos y la liberación de los terroristas Iñaki de
Juana Chaos y de Rafael Díez Usabiaga.
San Gil ha hecho estas reflexiones en un almuerzo con motivo de la
presentación del libro "El Zapatazo. La negociación: el fin de ETA",
escrito por los periodistas Fernando Jaúregui y Manuel Ángel
Menéndez y publicado por ediciones "Península", a la que han
asistido numerosas personas, entre ellas varias víctimas del
terrorismo.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
La chapuza y el Estatut
Esther Esteban www.lavozlibre.es 1 Julio 2010
En mi tierra cuando ocurre algo como lo sucedido con el Estatut se
dice que "para este viaje no había hecho falta alforjas". Cuatro
años de espera, el prestigio del Tribunal Constitucional por los
suelos, la evidencia de una descarada polinización de la justicia y
el bochorno generalizado de la ciudadanía viendo como una de las más
importantes instituciones del país estaba enferma del peor de los
males: el sectarismo, son algunas de las consecuencias de esta larga
espera que ha concluido con una gran chapuza, una componenda, un
apaño para salir del paso.
Que el gran argumento sea que ¡Por fin! hay una sentencia, aunque
gracias a su indefinición dibuje un horizonte plagado de pleitos
para interpretarla, da una idea del calibre del despropósito. Es
verdad que gracias al empeño de uno de los magistrados, Manuel
Aragón, tanto la definición de "Nación" -que está incluida en el
preámbulo- como las referencias a la "realidad nacional catalana"
carecen de eficacia jurídica, pero también lo es que deja en el
limbo nada menos que 27 preceptos referidos a los derechos
históricos y mantiene los artículos referidos a la bilateralidad
entre Cataluña y el Estado lo cual no es moco de pavo.
Es verdad que entre los artículos declarados inconstitucionales se
señala claramente que el catalán no será, tal como se afirmaba, la
lengua preferente en Cataluña pero permite mantener la ley de
normalización que impide a los padres escolarizar a sus hijos en
castellano. En resumen que con esta sentencia y, en sus artículos
más conflictivos, se puede interpretar una cosa o la contraria, ver
la botella medio llena o medio vacía según convenga y eso significa,
ni más ni menos, que las relaciones entre España y Cataluña estarán
sometidas a una enorme tensión ya que cada cual contará la feria
según le va y al final se tendrá que dirimir casi todo lo
fundamental en los tribunales.
En cuanto a la reacción política, mal asunto si la cosa se plantea
entre vencedores y vencidos. Aquí no gana nadie porque pierden los
ciudadanos de Cataluña, que tienen motivos para sentirse indignados
porque sus gobernantes, en plena crisis económica, en vez de
ocuparse de sus problemas reales llevan cuatro años agazapados tras
los debates identitarios. Resulta llamativa, y mucho, la reacción
del Gobierno hablando de derrota del PP, cuando solamente con que
uno de los artículos hubiera resultado inconstitucional ya podrían
argumentar que mereció la pena presentar el recurso y nadie puede
quitarle razones cuando el retoque puede afectar a más de 40. Lo más
peculiar de las primeras reacciones ha sido el fuego amigo entre el
PSC y el PSOE, entre Montilla y Zapatero. El presidente de la
Generalitat no se cortó un pelo a la hora de lanzarle sus dardos
envenenados a Zapatero que, finalmente, es el responsable último del
desaguisado. Fue él quien por ganar un puñado de votos dijo en
Cataluña que aceptaría el Estatut que saliera de allí sin tocarle
una coma, y no cumplió. El fue quien puso la mano en el fuego sobre
la constitucionalidad del texto y ahora ha quedado en evidencia y
también fue el quien ha permitido en su inconsciencia que se abran
en canal todos los estatutos de autonomía. Ahora todos en su pecado,
tendremos la penitencia.
Estatut
Importancia de la nación
Pío Moa Libertad Digital 1 Julio 2010
¿Por qué muestran los separatistas tan obstinado empeño en adjudicar
a ciertas regiones el término "nación"? No por un tonto capricho de
prestigio, sino porque ahí está la base de todo su programa. Desde
el final del Antiguo Régimen se considera que la soberanía la
ostenta la nación, o sea el pueblo, que en este sentido son términos
sinónimos. Si consideramos que la nación es España, como prueba la
historia, entonces Cataluña, Vascongadas, Galicia, Andalucía,
Canarias, etc., son regiones, y todas ellas independientes y
soberanas en tanto que partes de España, es decir, que comparten la
independencia y soberanía españolas. Pero si las consideramos
naciones, entonces no son independientes, sino que se hallan
sometidas, de mejor o peor grado, a un yugo externo. A partir de
ahí, todas las reivindicaciones son posibles, dentro de un ataque
general y persistente contra la unidad de España, cuya historia se
presenta de forma absolutamente negativa. En tal caso la nación
española tiende a diluirse o limitarse a algunas regiones
particulares.
Hace unos días, al discutir en VEO7 el fallo (¡y tan fallo!) del
Tribunal dizque Constitucional, llamé la atención sobre este punto
absolutamente clave, porque todo lo que está sucediendo no es sino
consecuencia de la invención de una nación catalana por parte de
unos políticos cuya calificación más precisa es la de corruptos, y
con el apoyo de otros no menos corruptos en el resto de España,
empezando por los políticos, que no jueces, del Tribunal mencionado.
Y subrayé el alcance político y jurídico del término para evitar que
la discusión girase en torno a divagaciones e interpretaciones de
leguleyos. El Tribunal, anticonstitucional y antiespañol, se retrató
al negar valor jurídico al término "nación" que figura en el
preámbulo del estatuto, cuando se trata del núcleo y el espíritu de
todo el estatuto, que no es ya de autonomía, sino de estado libre
asociado. El preámbulo no es asunto secundario, pues marca la
orientación general y el espíritu de los artículos concretos,
totalmente impregnados inequívoca y a menudo textualmente, de ese
espíritu "nacional", es decir, antiespañol. Evidentemente, cuando
vemos a políticos y leguleyos diciendo que el término "nación" es lo
de menos, que carece de importancia práctica, o son verdaderos
cretinos o están haciendo el juego conscientemente al separatismo.
En realidad, los secesionistas, aunque tenaces y constantes, son
pocos y se enfrentan a la inercia histórica y al sentimiento que
sigue siendo mayoritario en Cataluña y demás regiones, como vemos
por el fracaso de sus parodias de referendos secesionistas o en el
del propio estatuto, votado afirmativamente por poco más del 35% de
los catalanes. Fracasan, pero consiguen otro objetivo: desafiar
impunemente la ley y la Constitución y demostrar que allí son ellos
los que mandan, guste o no guste a la gente, porque carecen de
oposición mínimamente articulada.
El problema de España, hoy, no es otro que el de la ausencia de una
verdadera oposición, una alternativa clara y convincente que dé
cauce al profundo descontento de millones de personas con una clase
política corrompida hasta el tuétano, una verdadera chusma. Porque
argumentos y hechos para defender la nación española frente a los
falsarios y balcanizantes sobran y son conocidos, aunque ningún
líder ni partido político los utilice hoy por hoy.
El 'molt' impresentable
Román Cendoya www.gaceta.es 1 Julio 2010
Montilla, como todos sus predecesores, está siendo otro insolidario
'Molt Finansable'.
La sentencia del Constitucional impide que la casta política
nazionalista catalana disponga de los órganos judiciales que
necesitaba para, entre otras cosas, tapar la incuantificable
cantidad de choriceo económico, que han perpetrado a las arcas
públicas bajo la omertá del seny catalán. Antes que la nación les
importa la pasta. Montilla, como todos sus predecesores, está siendo
otro insolidario Molt Finansable. Cataluña, por mucho que lo
repitan, no es una nación. Cataluña, por mucho que parte de su
población se eche a la calle, seguirá siendo una región más de la
nación española. Es más, todo lo que son políticamente los
Montillas, Carod, Más y compañía emana de la decisión soberana del
pueblo español recogida en la Constitución Española de 1978.
La actitud de Montilla respecto a la sentencia del Constitucional es
impropia de alguien que recibe el trato de Molt Honorable. De eso no
tiene nada. El cordobés sobrevenido en catalán es Molt
Impresentable. Un tramposo que exige que, si las leyes no le dan la
razón, se cambien acomodándose a su voluntad para poder continuar en
el poder. Utiliza a la ciudadanía, excitando sus peores instintos,
para poder seguir en política. Ese sitio en el que la norma es que
una panda de personajes, que nunca debieron llegar allí, se sirvan
de lo público diciendo que sirven al público. Montilla es un pésimo
ejemplo para la ciudadanía. El cordobés catalán es tan nazionalista
como los que lo son por irracionalidad de origen. Los nazionalistas
son unos brutos intelectuales que hacen del sentimiento ideología.
Unos primitivos que creen que por nacer en un sitio son diferentes a
los demás. Y por supuesto mejores. Los nazionalistas catalanes son
unos insolidarios totalitarios que quieren imponer sus normas por
razones de origen. Montilla es un acomplejado social que ha abrazado
el peor nazionalismo catalán, radicalizado por su acomplejante
origen en Iznájar. Los conversos siempre son los peores.
La puerta de atrás
Maria Luisa García Franco www.gaceta.es 1 Julio 2010
El entorno de la banda terrorista lleva tres décadas manejando
fondos públicos.
A pesar de que hay partidos, como EA, que ofrecen el prestigio
democrático de sus siglas a quienes pretenden representar a los
terroristas en las instituciones, y de que también hay dirigentes
políticos, como el socialista Jesús Eguiguren, que proponen tratar a
la izquierda abertzale como si no fuera el brazo político de los
asesinos, 2011 podría ser el año a partir del cual el entorno de ETA
dejara de manejar fondos públicos. Desde la Transición, la izquierda
abertzale ha tenido siempre algún pie en las instituciones. Cuando
los proetarras no pudieron mantenerse en los ayuntamientos en 2003,
seguían estando en el Parlamento vasco, y cuando les fue imposible
volver a la Cámara de Vitoria en 2009, ya se habían vuelto a colar
en los ayuntamientos.
En 2003 se aplicó la Ley de Partidos, pero en 2005 el Gobierno de
Zapatero miró para otro lado cuando los proetarras cambiaron de
careta para burlar la legalidad. En ese momento, el Ejecutivo
socialista exploraba la posibilidad de una salida dialogada para
ETA. Fracasada esa vía, en las elecciones autonómicas de 2009 los
proetarras desaparecieron del Parlamento vasco.
Ahora no se sabe bien cuáles son los intereses del Gobierno, pero el
discurso oficial del ministro del Interior coincide con la
estrategia de acoso a ETA que defiende el Partido Popular. Por eso,
socialistas y populares están de acuerdo en reformar la Ley
Electoral para impedir que los proetarras utilicen alguna de las
múltiples argucias que han puesto en práctica para burlar la ley u
otras nuevas. Pérez Rubalcaba ha apuntado a la posibilidad de que se
presenten listas “sucias” de EA y ha advertido que esta vez no habrá
“puerta de atrás” para entrar en las instituciones. Si ese fuera el
único mensaje que transmitieran los socialistas, nos lo creeríamos,
pero como no lo es, será mejor que esperemos a ver qué pasa.
El ex presidente de EE UU asegura que da igual lo que sentencie el
Tribunal Constitucional
Carter agradece los 100.000 euros de la
Generalitat: «La cultura catalana perdurará mil años»
Barcelona - Efe La Razón 1 Julio 2010
El ex presidente de EE UU Jimmy Carter recibirá esta noche un premio
de 100.000 euros de la Generalitat, un buen motivo para hablar del
"carácter único" de la cultura, la sociedad y la lengua catalanas.
Según el premio Nobel de la Paz 2002, este carácter se perpetuará y
será "admirado" durante mil años más "con independencia de lo que
sentencie el Tribunal Constitucional (TC)" sobre el Estatut de
Cataluña.
Carter, que se encuentra en Barcelona para recibir el Premio
Internacional Catalunya 2010 que otorga anualmente la Generalitat,
ha aconsejado en rueda de prensa a los ciudadanos catalanes que sean
"pacientes" y acepten la decisión del TC pese a la "angustia que ha
causado, especialmente entre los dirigentes políticos".
El ex presidente demócrata ha establecido un paralelismo entre el
fallo del tribunal español y las "decisiones muy erróneas que ha
tomado en el último año el Tribunal Supremo" de los Estados Unidos
respecto a la financiación de campañas políticas y la tenencia de
armas.
El premio nobel de la paz en 2002 ha señalado que "de ninguna manera
un tribunal puede modificar de forma dramática la cultura básica, el
compromiso, la herencia y el patrimonio del pueblo catalán", y ha
recomendado "paciencia y confianza" a los ciudadanos ante el recorte
del Estatut.
Preguntado por si el Centro Carter -una organización sin ánimo de
lucro impulsada por el ex presidente- estaría dispuesto a enviar
observadores internacionales para velar por la transparencia de un
hipotético referéndum por la independencia de Cataluña, el ex
mandatario norteamericano ha asegurado que "sí, si fuera preciso".
Quiere ayudar para "que la voluntad del pueblo catalán se exprese"
El nobel ha precisado que si las "autoridades convenientes" lo
solicitaran su fundación "estaría dispuesta a venir aquí para ayudar
a asegurarse de que la voluntad del pueblo catalán se expresa de
manera adecuada".
Carter también se ha referido a la situación política internacional
para argumentar que "Israel debería retirarse de los territorios
ocupados. No sólo de Palestina, sino también de Líbano y Siria, y
vivir en paz con sus vecinos".
Sobre la situación en Irán, el ex presidente de EE UU ha recomendado
mantener "las máximas relaciones diplomáticas posibles" con el
gobierno de Teherán, así como continuar ejerciendo presión
internacional para que el régimen iraní no continúe el desarrollo de
su arsenal militar.
Carter recibirá esta tarde de manos del presidente de la
Generalitat, José Montilla, el Premio Internacional Cataluña, dotado
con 100.000 euros y una escultura cedida por el artista Antoni
Tàpies, y que distingue cada año a personas que impulsan valores
culturales, científicos o humanos en todo el mundo.
El galardón fue impulsado en 1989 por el escritor Baltasar Porcell,
de quien hoy se cumple un año desde su fallecimiento, y ha recaído
en ediciones anteriores en personalidades destacadas como el
filósofo inglés Karl Popper, el oceanógrafo francés Jacques-Yves
Cousteau y el videoartista norteamericano Bill Viola.
Zapatero se guarda un as bajo la manga para
el Estatut
Recibirá al presidente Montilla dispuesto a adoptar iniciativas que
permitan reforzar el desarrollo de la norma
Efe www.lavozlibre.es 1 Julio 2010
Zapatero se guarda un as bajo la manga para el Estatut
Con el Estatut, Zapatero se guarda un as bajo la manga Zapatero se
guarda un as bajo la manga para el Estatut
Madrid.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
expresó su satisfacción por el fallo del Constitucional sobre el
Estatut, que "garantiza" el máximo autogobierno de Cataluña, y se ha
mostrado dispuesto a adoptar iniciativas que permitan reforzar el
desarrollo de la norma. Esto hace indicar que Zapatero y Montilla
intentarán ponerse de acuerdo para desarrollar el Estatuto corregido
por el TC por encima de la declaración de inconstitucionales de 14
de sus artículos, entre ellos el de la lengua catalana como
preferente y el establecimiento de que el término 'nación' carece de
valor legal en el preámbulo.
En una comparecencia ante los periodistas tras mantener un encuentro
con el ex primer ministro británico y enviado especial del Cuarteto
para Oriente Medio, Tony Blair, el jefe del Ejecutivo ha respondido
así al ser preguntado por la posibilidad de impulsar cambios
legislativos para salvar las partes del Estatut cuestionadas por el
Tribunal Constitucional.
Zapatero ha dicho que recibirá al presidente catalán, José Montilla,
para analizar la sentencia y "en su caso -ha dicho- si hubiera que
tomar alguna iniciativa para reforzar el esfuerzo de desarrollo del
Estatuto que hemos hecho".
El presidente del Gobierno ha aprovechado para pedir a los líderes
políticos catalanes que se tomen el tiempo necesario para leer la
sentencia, que es -ha afirmado- una "sentencia para la
tranquilidad".
Ha hecho además un llamamiento a la prudencia por parte de todos
para hacer pronunciamientos "más definitivos" cuando se pueda leer y
analizar a fondo la sentencia y ha considerado esta actitud
"bastante recomendable".
El jefe del Ejecutivo ha destacado que el fallo garantiza "el máximo
autogobierno que Cataluña ha tenido en su historia dentro de la
España constitucional" ya que viene a garantizar más del 90 por
ciento del contenido del Estatut.
Además, según Rodríguez Zapatero, la primera conclusión de lo
conocido hasta ahora es que el Estatut es "básicamente
constitucional en su inmensa mayoría".
Para el jefe del Gobierno, el fallo demuestra asimismo "que no
había, como algunos decían, ningún riesgo para la unidad de España"
y representa "un reconocimiento del autogobierno dentro del marco
constitucional, un alto autogobierno", lo que ha considerado "muy
importante".
Ha vaticinado, sobre la base de las dos experiencias vividas con la
aprobación del Estatut y la financiación autonómica, que cuando se
"serenen las aguas, pases los días" y se lea la sentencia se verá
que es el fin de todo un proceso de "ampliación de la
descentralización política" y de reconocimiento de más identidad de
Cataluña dentro de la España constitucional y democrática.
Ha recordado que cuando se puso en marcha el Estatut se puso en duda
que se pudiera aprobar, cuando se aprobó, a algunos en Cataluña no
les gustó y "hoy parece que en Cataluña todo el mundo lo defiende",
lo mismo que ocurrió -ha dicho- con la financiación autonómica, que
primero se dijo que sería "insolidaria o insuficiente" para Cataluña
y finalmente hubo acuerdo.
En definitiva, para Rodríguez Zapatero, se ha demostrado que la
España constitucional es "fuerte e integradora" y así lo ha
interpretado el TC.
Es fuerte, ha proseguido, porque reconoce amplias cotas de
autogobierno y es integradora porque lo hace desde una perspectiva
de vertebración del Estado.
Ha insistido en su reflexión sobre lo que fue el debate del Estatut
y la financiación autonómica y ha vuelto a decir que éste va a ser
el tercer episodio que va a tener el mismo resultado final.
"Conseguido el objetivo", ha apostillado.
Los colegios extranjeros darán euskera como
materia obligatoria
Educación se ha reunido con los centros para negociar la
introducción progresiva de la lengua vasca y los objetivos a
alcanzar
M. F. VALLEJO | VITORIA. El Correo 1 Julio 2010
Los colegios extranjeros autorizados para impartir enseñanza en
Euskadi deberán incluir el euskera dentro de su programa de materias
obligatorias. Los responsables educativos quieren que estos centros
implanten de forma progresiva la enseñanza de la lengua vasca entre
el próximo curso y el año académico 2011-2012. Con ese fin, han
comenzado a mantener reuniones con sus responsables.
Hasta ahora los colegios extranjeros en Euskadi -americano, inglés,
francés o alemán- decidían si impartían euskera y de qué forma: si
era optativa o no y durante cuantos cursos. En la mayoría de los
casos, se planteaba como una asignatura optativa en la que
establecían unas metas a alcanzar modestas. Una buena parte de sus
alumnos acaban la enseñanza obligatoria sin tener unos conocimientos
mínimos. Los estudiantes no necesitan el euskera para superar la
selectividad ya que hacen pruebas de acceso a la Universidad
específicas de los países a los que pertenece su centro o están
exentos.
La autonomía de la que disfrutan para elegir sus programas
educativos responde a que son centros privados, los únicos de la
comunidad que no están financiados por el Gobierno vasco. Las cuotas
que pasan a los padres son, por ese motivo, muy altas. En algunos
casos, entre los 800 y por encima de los 1.000 euros, con los
servicios de comedor y transporte incluidos.
El decreto de currículum aprobado por el Departamento de Educación
abría la vía para que el Gobierno vasco marque la obligación de que
estos alumnos aprendan los dos idiomas oficiales en Euskadi. La
nueva normativa especifica que «el departamento determinará, de
acuerdo con sus competencias, las enseñanzas de lengua y cultura
española y vasca que deban impartir». La consejería defiende que la
introducción de las enseñanzas del currículum vasco son
«prescriptivas para todos los centros educativos extranjeros», según
detalla Isabel Celaá en una respuesta a una pregunta realizada por
el parlamentario del PP, Iñaki Oyarzábal.
Competencia lingüística
«La asignatura de lengua vasca y literatura no puede tener el
carácter de optativa en los centros docentes extranjeros autorizados
en la comunidad», añade la consejera. Fuentes de Educación
indicaron, sin embargo, que la implantación se hará de forma
«gradual» y «sin imposiciones».
El departamento ha comenzado a dar los primeros pasos para impulsar
la euskaldunización de este grupo de escolares. Se ha reunido con
los representantes de los centros, «con el fin de establecer una
regulación que logre el objetivo perseguido respetando, en la mayor
medida posible, las diversas situaciones que se dan en cada uno de
ellos», explica la titular del área en su respuesta parlamentaria.
La meta que marca el Gobierno vasco a los colegios extranjeros es
que sus alumnos desarrollen «la competencia lingüística» en los dos
idiomas oficiales al final de la educación obligatoria, a los 16
años. Los responsables del Ejecutivo autónomo reconocen las
dificultades que tendrán estos centros privados para incorporar en
sus programas el euskera, por lo que aclaran que les darán «la
autonomía suficiente» para introducir los «diferentes idiomas» según
su propio proyecto lingüístico.
La Generalitat consuma su desafío
lingüístico
Barcelona - Marcos Pardeiro La Razón 1 Julio 2010
Vota el Código de Consumo y la ley del cine / Al menos ocho de las
normas de la Generalitat, en el aire
Con 117 votos a favor y 17 en contra, la Ley del Cine Catalán fue
aprobada ayer en el Parlament de Cataluña. Los votos favorables del
tripartito y de CiU hicieron posible que saliera a delante una ley
marcada por la polémica. Pese al barniz cultural que se quiso dar a
la nueva legislación, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, aseguró
en su intervención en el pleno que éste es el momento de «las
decisiones valientes para construir el futuro. Hay que tomar
actitudes valientes después de la sentencia del Tribunal
Constitucional».
Precisamente la decisión del TC estuvo planeando durante el debate
previo a la votación. En este sentido el consejero de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, puntualizó que la ley forma parte del «despliegue
del Estatut». En ese «despliegue» entran, entre otros aspectos, el
propiciado por el muy discutido artículo 18: la obligación de que la
mitad de las películas extranjeras que se exhiban en Cataluña estén
dobladas o subtituladas en catalán. También se incluye la creación
de fondos de fomento a la producción y a la distribución
independiente.
Tresserras remarcó que la ley cumple todas las recomendaciones del
Consejo de Garantías Estatutarias por lo que no es
anticonstitucional ni antiestatutaria. El consejero ve en todo esto
«un acceso democrático a la cultura» y «una corrección de una
anomalía».
Pese a las críticas de CiU –tildando al tripartito de
«electoralista»– y del PP –que recordó los problemas que puede
generar el artículo 18 tras la sentencia del Constitucional–, para
la consejería la ley era una prioridad. Puigcercós recordó que
«vivir en catalán no es fácil y me he llegado a sentir forastero en
mi propio país por una situación de indiscriminación». El sector
perjudicado, el de los empresarios de las salas de cine, se
pronunciará hoy en rueda de prensa sobre la ley.
La Ley del Cine fue aprobada justo antes de que el Parlament sacara
adelante el Código de Consumo de Cataluña, el cual se inspira en
parte en el artículo 34 del Estatut (sobre los derechos lingüísticos
de los consumidores), que el TC ha sometido a intepretación en su
fallo, lo que levantó críticas por «desacato». El Código fija el
derecho a ser atendido en catalán en los comercios.
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